Más de la mitad del salario, confiscado por el Estado

Ni Scioli ni Macri quieren tocar el régimen impositivo 30 de abril de 2015 | Edición Impresa #1361 | Por Christian Rath ¿Qué diferencias existen, en cuanto al régimen impositivo que rige en el país, entre Macri y Scioli? En la única declaración que se le conoce sobre el punto, el líder del PRO planteó dos compromisos. Uno, la eliminación del impuesto a las ganancias a los trabajadores, aunque, aclaró a continuación, esto no significa la derogación lisa y llana del impuesto al trabajo, sino su adecuación en función de la inflación. Otro, una nueva base impositiva para favorecer a las pyme. El gobernador de la provincia de Buenos Aires compartió esta posición casi en un todo. Sobre el impuesto a las ganancias planteó que "nada quita que se pueda trabajar en escalas" y en cuanto a las pyme, defendió su propia reforma impositiva, que habría concretado en "la provincia" lo que el PRO promete hacia el futuro. La legislación bonaerense exime a las pyme dedicadas a la industria y a la producción primaria con facturación anual menor a 40 millones de pesos. Sin embargo, los trabajadores no sufren sólo la confiscación del impuesto a las ganancias. La mayor recaudación al Estado en el ámbito federal, según los propios datos oficiales, proviene de los impuestos al trabajo en forma de aportes y contribuciones a la seguridad social y representan más del 31% del total. El segundo rubro en importancia es el impuesto al valor agregado (IVA), que es del 21% -la Argentina está en el lote de los diez países de mayor tasa del IVA en el mundo- y cubre el 26% de los ingresos federales. A lo que debe sumarse que impuestos adicionales sobre cigarrillos, bebidas alcohólicas y combustibles líquidos significan otro 5% de los ingresos totales y, por último, el impuesto al cheque (otro 6%). Un tercer rubro son los impuestos a la renta, que representan el 21% de los recursos recaudados. Se calculan, al igual que en muchos países, sobre los ingresos corporativos de empresas e ingresos personales. El gobierno sostiene que ha sido el único que gravó la renta financiera, pero es una impostura: gravó en 2013 sólo las utilidades que se distribuyen entre los socios de las empresas y la compraventa de acciones que no cotizan en Bolsa, dejando fuera la mayoría de los activos financieros. Más allá de las declaraciones sobre la importancia de reducir impuestos, no existe ningún compromiso efectivo de parte de los contendientes principales de la campaña electoral para eliminar un régimen que hace que el Estado se apodere de más del 50% del ingreso del trabajador. Existen dos razones poderosísimas para esta actitud. Por un lado, nadie quiere tocar intereses que afecten al capital. Por otro, es una estructura impositiva no sólo concebida contra el trabajador, sino con impuestos que son difíciles de evitar o evadir. En oposición al régimen confiscatorio de salarios e ingresos de trabajadores y jubilados, el PO plantea un sistema impositivo fundado en impuestos directos a las ganancias capitalistas, a las ganancias de capital por transacciones financieras de cualquier tipo, a las grandes fortunas, a la renta del sueldo y a los patrimonios ociosos. Esto incluye la realización de un censo que saque a luz la concentración de propiedad habitable sin usar en las grandes ciudades y la adopción de un impuesto confiscatorio que obligue a ponerlas en alquiler o venta. Lea la Prensa Obrera