20.10.2012 | Para "ahorrar" gastos por 315 millones de euros dejarán a 3000 trabajadores en la calle
La comunidad de Valencia echará al 40% de los empleados públicos
La crisis española sigue su derrotero sin prisa y sin pausa. Ahora, la Generalitat valenciana anunció un colosal recorte en su personal y el cierre de 46 empresas y dependencias estatales. Hace poco pidió rescate a Madrid.
Por:
Tiempo Argentino
La crisis económica continúa golpeando a España a medida que se profundizan los recortes que promueve el gobernante Partido Popular a nivel nacional y regional. Un nuevo capítulo de esta historia se dio ayer en el sudeste de la península ibérica. La Generalitat de la Comunidad Valenciana anunció, por decreto, el despido de 3000 empleados del sector público, el 40 % de la plantilla, mediante la eliminación de 46 empresas públicas con el objetivo de ahorrar hasta 315 millones de euros, 100 de ellos por la reducción de personal, otros 200 por optimización de la gestión y 15 más por "sinergias", según dijeron las autoridades.
La noticia fue dada a conocer por el conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, en declaraciones a la prensa local. Buch explicó que el personal funcionario y laboral de las entidades de derecho público que se extinguen, y cuyas funciones no pasen a ser desempeñadas por otras entidades de derecho público, se adscribirán con la misma condición en la Administración de la Generalitat.
Además, prometió que el personal de las entidades de derecho público, cuyas funciones pasen a ser desempeñadas por otra entidad, prestarán sus servicios con idéntica condición en el nuevo ente. Pero al menos 3000 quedarán en la calle.
Si bien parte de los trabajadores ya fueron despedidos en expedientes de regulación de empleo (ERE) –el eufemismo usado para los despidos– el grueso de los despidos tendrá lugar en las próximas semanas. Entre los ya censanteados hay personal de dependencias como el Instituto Valenciano de la Vivienda, la Ciudad de las Artes y las Ciencias o Ciegsa (una empresa pública creada con el objetivo de construir nuevos centros educativos). Buch anticipó que una vez finalizada esta suerte de reestructuración o, más concisamente, de contundente reducción del sector público valenciano, este quedará compuesto en 30 entidades, frente a las 76 que había al inicio de la Legislatura.
Consultado respecto de la posibilidad de que haya despidos de directivos de entes públicos, el consejero de Economía respondió afirmativamente al decir que "si desaparecen 46 entes, habrá 46 directores que dejarán de serlo". Cuestionado por los objetivos concretos de la reestructuración, Buch destaco que "se busca hacer más con menos", mediante la eliminación de duplicidades estructurales "y el aprovechamiento al máximo de las sinergias".
Buch explicó que los expedientes de regulación de empleo se plantearán en su mayoría a lo largo del mes de noviembre y su costo estimado es de entre 85 y 100 millones de euros, una cantidad similar al ajuste estimado que se espera obtener en gastos de personal.
En estas cuentas no no están incluidos ni lod despidod de Ràdio Televisió Valenciana, que afectan a 1200 de los 1800 empleados que tiene el ente y que ya fue aprobado y está pendiente de aplicación, ni la regulación prevista en la Agéncia Valenciana de Turisme, que cuenta con cerca de 300 empleados.
La Comunidad Valenciana es la segunda región más endeudada, después de Cataluña, con una deuda de más de 21 mil millones de euros, un 20,8 % de su PIB. En julio se convirtió en la primera en pedir un rescate al gobierno español, por valor de 3500 millones de euros. «
Dpa, Télam y Efe
asturias y baleares, al rescate
La comunidad autónoma de Baleares y el Principado de Asturias se sumaron al pedido de rescate a Madrid. La región insular, gobernada por José Ramón Bauzá del PP, y la comunidad minera, conducida por el socialista Javier Fernández, solicitaron adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) por un valor de 355 y 261,7 millones de euros.
El FLA fue creado en julio por el gobierno español como instrumento temporal para que las comunidades autónomas en problemas hagan frente a sus pagos ante la falta de liquidez. Está dotado de 18 mil millones de euros.
Baleares y Asturias son la séptima y octava comunidad que se acogen al rescate. Antes lo hicieron Cataluña (5023 millones), Andalucía (4906), Comunidad Valenciana (3500), Castilla-La Mancha (800), Islas Canarias (757) y Murcia (300 millones).
Las comunidades tendrán un plazo máximo de diez años, más dos de gracia, para devolver el dinero del fondo. El vicepresidente económico balear, José Ignacio Aguiló, negó que se reclame un rescate. "Pueden llamarle como quieran, pero no es un rescate", se defendió.