Las que deberán poner a remojar todas las policías municipales de la entidad ante la decisión del Gobernador Roberto Borge Angulo de no cesar ni dar tregua en las acciones que se han puesto en marcha en Quintana Roo para combatir al crimen organizado. Y es que existe información seria y debidamente documentada, que permite establecer que la infiltración de la delincuencia no es un problema privativo de Benito Juárez sino también, por citar algunos ejemplos, de las corporaciones responsables de la seguridad pública de Cozumel, Solidaridad e Isla Mujeres.
Incluso, tal como lo demuestra el aumento en el consumo de estupefacientes en demarcaciones que hasta hace unos años eran consideradas libres de este flagelo, la permeabilidad delincuencial también se estima está presente en Othón P. Blanco, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.
En este sentido, todos los presidentes municipales deberán estar muy pendientes del desempeño de sus elementos policiales, e incluso promover procesos internos de supervisión para establecer en qué porcentaje se han infiltrado los grupos delictivos y poner a disposición a quienes se les compruebe algún vínculo con el hampa.
Por cierto, precisamente por esa intención del Gobernador de no dar marcha atrás en el combate a la delincuencia organizada, no se descarta una nueva purga en las policías municipales, pero esta de mayores dimensiones, para garantizar la seguridad de la población.
Obviamente, es necesario que exista voluntad de los Ediles, quienes deberán dejar de lado los pretextos para reconocer esa injerencia de las organizaciones criminales en las policías pues, a fin de cuentas, a quienes deben proteger es a los quintanarroenses.
¿No lo cree así, amable lector?