Los negocios de Kirchner durante la dictadura
A qué se dedicaba el Presidente mientras los que él hoy reivindica luchaban contra la dictadura. El método Martínez de Hoz para acumular 21 propiedades. Su polémica relación con funcionarios del Proceso.
Por Franco Lidner
Los Kirchner no siempre fueron tan “progres”. Hace treinta años, cuando otros “desaparecían” por culpa de la dictadura o debían refugiarse en el extranjero, ellos se fueron de La Plata a Río Gallegos. No tuvieron que esconderse, sino que enseguida empezaron a ganar buen dinero.
Pusieron un estudio de abogados. Y en apenas cinco años, entre 1977 y 1982, lograron la hazaña de multiplicar su patrimonio y de comprar 21 propiedades.
¿Cómo hicieron Néstor y Cristina para prosperar en medio del terror imperante? ¿No era que habían pertenecido a la camada de jóvenes revolucionarios que por esos tiempos se jugaban la vida?
La verdad es tan sombría que el Presidente nunca quiso referirse a ella. Pero resulta necesario saber qué hizo durante la dictadura militar un hombre que se muestra tan obsesionado por reparar las injusticias de esa época.
Cobrador. El joven matrimonio se instaló en Santa Cruz algunos meses después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Se habían conocido en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y llevaban un año de casados.
En la esquina ventosa de 25 de Mayo y Maipú, en el centro de Río Gallegos, abrieron el Estudio Kirchner e incursionaron en un rubro para el que se necesita un estómago fuerte: cobranzas y recupero.
Tan eficiente se mostró Néstor en esos menesteres que los clientes se multiplicaron: entre otros, Automotores de Dios, Casa Sancho, de artículos para el campo, y el comercio de electrodomésticos Bercon.
Cuando algún comprador no pagaba la cuota mensual del artículo adquirido, allí aparecía Kirchner tocando a la puerta de su casa para llevarse el bien en cuestión, con la misma vehemencia con que hoy castiga a opositores, empresarios y periodistas. Pero sus mejores empleadores de entonces eran los bancos Cabildo y Patagónico, y las financieras Sic, de Bahía Blanca, y Finsud.
Cuando empezó a manejar esas cuentas, Kirchner vislumbró las enormes posibilidades que ofrecía la especulación financiera. Eran los tiempos de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura que hoy es satanizado por el Presidente.
Pero allá por 1977, cuando Martínez de Hoz liberó la tasa de interés, sin saberlo le hizo un gran favor al abogado Kirchner. Las disposiciones del ministro permitían indexar las deudas de dinero según la inflación.
El golpe de gracia para los deudores llegó con la circular 1050 del Banco Central en 1980, que terminó hundiendo a miles de ahorristas (ver recuadro). Como la inflación llegaba al 100 por ciento anual, las cuotas mensuales –indexadas según esa cifra– les resultaban imposibles de pagar a muchos deudores, a quienes en consecuencia se les remataban las propiedades dadas en garantía.
En ese contexto de desgracia ajena, el abogado Kirchner compró 21 de los inmuebles que hoy relucen en su impresionante declaración jurada: una en el ’77, cinco en el ’78, cuatro en el ’79, tres en el ’80, cinco en el ’81 y tres en el ’82, por un total actual de 227.702 pesos de valor fiscal, aunque no real.
¿Cómo hizo? La clave está en su asesoramiento legal a la financiera Finsud, lo cual le permitía contar con información privilegiada sobre quiénes dejaban de pagar sus cuotas.
Varias fuentes que frecuentaban a Kirchner por esos años, incluso una que colaboró en su estudio, confirman el modus operandi empleado por el abogado para adquirir la gran mayoría de esas propiedades a precios ínfimos. Hablan de unas quince del total de 21, entre casas, departamentos y lotes.
Cuando la financiera le avisaba a Kirchner que algún deudor había dejado de pagar la cuota mensual del crédito que le habían otorgado, él se reunía con el moroso en cuestión y le explicaba sus pocas opciones: podía resignarse a que le remataran la propiedad y así perder casi todo el valor del inmueble, o también podía venderla a un precio bastante menor al que tenía en realidad.
El comprador era el propio Kirchner. De ese modo, el deudor en aprietos al menos se quedaba con algo de dinero. Y el abogado sumaba metros y más metros cuadrados, eludía el trámite del remate y luego renegociaba la deuda del inmueble con sus patrones de Finsud. Era una práctica cuestionable, pero no penada por la legislación provincial de ese entonces.
¿Qué hubiera sido de la actual fortuna de Kirchner sin el esquema financiero implantado por Martínez de Hoz?
Allá por 1980, el joven Néstor iba a ejecutar la casa de una deudora de Finsud que no quiso llegar a un arreglo. La mujer, Ana Victoria, viuda de un diputado provincial, Olaf Aaset, demandó a Kirchner por supuesta subversión económica.
La causa se tramitó en el juzgado federal de Río Gallegos, a cargo de Federico Pinto Kramer, el mismo que muchos años después defendería como abogado a Lino Oviedo, el colorido líder y golpista paraguayo.
Victoria aseguraba que el 30 por ciento de intereses mensuales que la financiera le cobraba por una deuda contraída era demasiado, y argumentaba que ya había pagado una parte, aunque no encontraba el comprobante.
Pinto Kramer parecía indignado y el caso incluso amenazaba con llegar a las páginas del diario La Opinión Austral, el más importante de la provincia. Pero el padre de Kirchner, quien también se llamaba Néstor, logró convencer al director de ese medio, Alberto Raúl Segovia, para que no incinerara al joven cobrador.
El juez también terminó apiadándose y cerró el caso, así como la deudora salvó su casa. El abogado de ella era Rafael Flores, quien se destacaría luego como el principal adversario de Kirchner en la provincia.
Lo curioso de la historia es que el hijo de doña Ana Victoria no es otro que Henry Olaf Aaset, alias “Pilo”, un ex opositor del todopoderoso gobernador Kirchner que terminó siendo su abogado, y que hoy milita en las filas de Compromiso K, la corriente de “ultras” que impulsa la reelección del Presidente.
“Eso es mentira, no hubo ninguna demanda contra Kirchner”, dice Aaset.
NOTICIAS: Pero nos lo confirmó el abogado que llevó adelante esa causa…
Aaset: Ah, hablaron con Rafael Flores.
NOTICIAS: ¿Cómo? ¿Usted dice que no existió la causa, pero sabe quién fue el
abogado?
Aaset: No sé de lo que hablan. ¡Lo desmiento!
NOTICIAS: ¿Es verdad que usted lo llamaba “Robin Hood trucho” a Kirchner, porque decía que les sacaba a los pobres para darles a los ricos?
Aaset: Bueno… Alguna cosa así habré dicho en algún momento.
Rafael Flores aún conserva copia de aquel viejo expediente contra Kirchner,
a la que tuvo acceso esta revista.
La Reina. En la división de tareas, Néstor se ocupaba de adquirir casas a precio de remate y Cristina estaba concentrada en deudores de otros rubros.
Todas las tardes, casi sin falta, la joven abogada con aires de diva iba al juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Río Gallegos, que abría a partir de las 13 y estaba a cargo de Augusto Fernández Bibot.
Allí revisaba los expedientes de los morosos para ver cómo evolucionaban los juicios ejecutivos que los Kirchner les habían iniciado en nombre de sus clientes.
Cristina pasaba horas allí adentro y ya parecía parte del decorado. Llegaba con una extensa lista de deudores –hasta 150 en las mejores épocas– y abandonaba el juzgado al atardecer con los nombres de sus próximas presas: en un buen día podían salir unas diez o quince órdenes de embargo.
Con esa información de último momento, el cobrador Kirchner iba a reclamar el bien embargado: una heladera, una bicicleta, a veces algún auto. Lo acompañaba su chofer Rudy Ulloa Igor, hoy convertido en millonario y jefe de Compromiso K.
Siempre salían airosos. Los vecinos de Río Gallegos ya los miraban con cierto temor.
Allá por 1981, un vengador anónimo le arrojó una bomba molotov al Estudio Kirchner, al que el matrimonio ya había asociado a un abogado de prestigio como Domingo “Chacho” Ortiz de Zárate.
La bomba no produjo destrozos, pero puso en guardia a los Kirchner. Les gustaba explicar que se había tratado de una atentado político por razones insondables, pero la verdad era otra: el autor, un militante en la izquierda del peronismo, estaba entre los perjudicados por los juicios ejecutivos y los embargos de Néstor y Cristina.
Horas después del fallido golpe, el hombre se sinceró con sus amigos: “Me acabo de mandar una cagada”. Su hija hoy trabaja en la agencia oficial Télam.
Otra advertencia había ocurrido un año antes, en 1980, cuando los Kirchner se toparon con un explosivo que por fortuna no llegó a activarse en su estudio.
Ellos sospechaban de dónde venía el mensaje. En esa época, Surco, una constructora que tenía la licitación para varias obras provinciales, había entrado en una zona de riesgo financiero. Lo que se estilaba en esos casos era una especie de convocatoria privada, donde todos salieran beneficiados sin necesidad de acudir a la Justicia.
Uno de los acreedores de la constructora era el Banco Patagónico, para el que trabajaban los Kirchner. El joven Néstor, desconociendo ese preacuerdo, se adelantó a todos y pidió la quiebra de la empresa, y así provocó que cayera Surco y también los contratos que había firmado con Santa Cruz.
Fue un desastre. A su socio Ortiz de Zárate y a su mujer Cristina les juró que la quiebra de esa constructora había sido acordada por todos los bancos acreedores.
Además de comprar propiedades y perseguir a los deudores que creaba el sistema financiero de Martínez de Hoz, el Estudio Kirchner protagonizó un caso atípico. Defendió a un jefe de la Policía Federal en Río Gallegos, de apellido Gómez Ruoco. Se lo acusaba de varias violaciones de menores.
El que tomó el caso no fue Néstor, sino su socio Ortiz de Zárate. Y el fiscal fue el joven Rafael Flores, el mismo que poco antes había representado a la deudora que denunció a Kirchner por subversión económica.
Pidió 20 años de prisión para el policía y le dieron 18, a pesar de la curiosa defensa ejercida por el estudio del hoy Presidente, que consideró que el sexo oral al que fue forzado una de las mujeres abusadas en realidad no podía calificarse de violación.
Por entonces corría 1981 y el actual abanderado de los derechos humanos defendía a un policía de la dictadura. Es cierto que cualquier hombre tiene derecho a la defensa, pero el propio Presidente contrarió ese principio cuando echó a Carlos Sánchez Herrera, su ex procurador del Tesoro, porque se descubrió que alguna vez había sido el abogado de un represor.
Los contactos. Los Kirchner no sólo hacían buenos negocios asociados a bancos y financieras, sino que mantenían excelentes vínculos con el poder militar de la provincia. Néstor era amigo del intendente de Río Gallegos, Pablo Sancho, impuesto por los generales del Proceso.
Además trabajaba como abogado de Casa Sancho y perseguía a los morosos que le debían plata a ese comercio, así como su hijo Máximo hoy está asociado con el vástago del ex intendente, Carlos Sancho, en la inmobiliaria que se ocupa de cobrar los alquileres de la veintena de casas familiares en el sur.
Sancho hijo, desmejorado de salud, es vicegobernador de Santa Cruz y le debe su entrada al mundo K a la relación de su padre, el ex intendente de la dictadura, con el joven Néstor.
Otro contacto que le acercaba negocios al estudio de Kirchner era Armando “Bombón” Mercado, por entonces su cuñado. El marido de la hermana Alicia manejaba el Sindicato Unido Petroleros del Estado (SUPE) en Santa Cruz, enrolado en la ortodoxia anti izquierdista del peronismo.
Y desde allí no sólo le acercó inquilinos de la empresa YPF a la flamante veintena de propiedades de Néstor, sino que los contrató a él y a Cristina como abogados del gremio.
En la lista de amistades políticas también se destacan el fallecido tío de Kirchner, Manuel López Lestón, un ex funcionario del gobierno de facto del general Alejandro Lanusse, y Hugo Muratore, ex secretario general de la gobernación de Santa Cruz en tiempos de la dictadura de 1976.
Muratore luego fue jefe de los diputados oficialistas del gobernador Kirchner, antes de que el patagónico se reconvirtiera en “progre”.
La militancia setentista de Néstor, al menos en los papeles, se limita a un año en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional (FURN), antes de que asumiera Perón en 1973 y ese grupo se uniera a la Juventud Universitaria Peronista
(JUP).
Por esos lejanos tiempos debe haber sido el único militante que compraba dólares y se divertía calculando día a día las ganancias que le dejaban.
Es verdad que estuvo preso en Río Gallegos a comienzos de la dictadura del ’76: estuvo demorado algunas horas y lo trataron bien. El militar que lo interrogaba conocía a su familia y a la del otro preso express, Rafael Flores.
Papá Kirchner era acomodador de cine y empleado del correo, y el abuelo Carlos había sido prestamista y uno de los enemigos de los obreros de la Patagonia Rebelde (ver recuadro). A él también lo habían llamado usurero.
Las postrimerías de la dictadura tampoco encontraron a los Kirchner dentro del sector más “progre” del peronismo. Néstor y Cristina recibieron al precandidato Ítalo Luder en Río Gallegos al grito de “Isabel conducción, lo demás es traición”.
Empujados por el cuñado K, “Bombón” Mercado, además promovieron un polémico acto de desagravio al sindicalista “Fito” Ponce, un emblema de la derecha del movimiento al que el candidato Alfonsín acababa de acusar de participar de un supuesto “pacto sindical-militar” para impedir que el radical llegara al poder.
A Ponce además se lo acusaba de haber integrado la temible Triple A de los tiempos de López Rega, que masacraba a los grupos de la izquierda peronista. De ese acto en Río Gallegos, y de la participación de los Kirchner, aún quedan evidencias en los
archivos periodísticos de Santa Cruz.
Preguntas. ¿Por qué el Presidente más revisionista de la historia argentina presume de tener un pasado que no se parece en nada al real? ¿Acaso lo hace para acomodar sus antecedentes al discurso que exhibe hoy?
Lo cierto es que Néstor y Cristina lograron prosperar en los tiempos más oscuros de la Argentina, cuando otros militantes se exiliaban o se escondían.
Esta es la verdadera historia del hombre que vive obsesionado con los años setenta y que le pregunta a todos qué hicieron durante la dictadura. Ahora se sabe con más detalle lo que hizo él.
Porque la deuda externa de mi pais crecio en 20 mil millones de dolares...
Porque cristina compre esto
mientras tanto en chaco, donde pagaron 2.5 millones de pesos para un programita de tv
Porque este es su vicepresidente electo por ella
Nuevas denuncias contra Boudou
Piden investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito y por sus acusaciones; hay otra causa pendiente.
Los problemas judiciales para el vicepresidente Amado Boudou amenazan con multiplicarse. A la causa en la que se lo investiga por supuestas negociaciones incompatibles con su cargo, se sumaron otras dos denuncias : una por enriquecimiento ilícito, que esta semana cobrará un nuevo impulso, y otra, presentada tras las acusaciones que formuló anteayer en el Senado, por los supuestos delitos de sedición, incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacción.
La última presentación fue del dirigente Juan Ricardo Mussa, un denunciante habitual, que recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi.
Mussa pidió que se cite a testimoniar al presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; al dueño de Boldt, Antonio Tabanelli; al procurador general de la Nación, Esteban Righi; a los miembros del estudio de abogados García, Labat, Musso y Righi, y a Héctor Magnetto, CEO de Clarín, todos aludidos por el vicepresidente en sus denuncias públicas. "Boudou, en una inusual forma, amenazó, coaccionó y violó prohibiciones e incompatibilidades castigadas en la ley de ética pública y en el Código Penal", señaló Mussa.
La otra denuncia de enriquecimiento ilícito lleva ya un mes. Recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo y el fiscal a cargo es Jorge Di Lello. La presentación fue realizada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y el periodista Cristian Sanz.
El juez Lijo le remitió la denuncia al fiscal, que antes de pedir alguna medida de prueba requirió que se certificara en todos los juzgados federales de Comodoro Py si había alguna causa similar. Se realizó esta medida, en particular con la causa que está en manos del juez Rafecas para determinar si son objeto de investigaciones, además del caso Ciccone, los bienes de Boudou. Apenas se reanude la actividad judicial la semana próxima, y con la certeza de que no hay otro expediente, el fiscal analiza impulsar la nueva denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Para ello prepara requerir una batería de medidas de prueba, muchas de ellas previstas por la propia Procuración General de la Nación en un manual de políticas y procedimientos para investigar casos de enriquecimiento ilícito.
La denuncia reúne las informaciones que se fueron publicando sobre las sociedades comerciales en las que participa el vicepresidente y otras vinculadas con personas que serían de su conocimiento.
Además, pide que se investigue la compra de su departamento de Puerto Madero, allanado el miércoles último, y la supuesta adquisición de "terrenos en el exclusivo country del Partido de la Costa, denominado Costa Esmeralda".
También solicitó que se indague sobre "su participación accionaria directa o indirecta" en las sociedades investigadas en el caso Ciccone. La denuncia menciona a los titulares de esas sociedades y la forma en que se entrecruzan sus nombres en otras empresas. La denuncia se refiere a "suculentas sumas de dinero depositadas en cuentas bancarias locales, como Banco de la Nación Argentina, Banco Francés, American Express y Citibank, lo que no se condice con su sueldo de empleado público".
Además, Boudou tiene otra causa abierta en el juzgado de Claudio Bonadio por problemas de papeles con un auto que era de su propiedad.
LOS CARGOS
Negociaciones incompatibles. La investigación está a cargo del juez Daniel Rafecas, junto con el fiscal Carlos Rívolo, en relación con el levantamiento de la quiebra de la empresa Ciccone. Quieren saber si el vicepresidente se interesó en el asunto para favorecerse él o a terceros. También se investiga si hubo lavado de dinero por parte de los empresarios.
Enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo tiene esta causa desde hace un mes. El fiscal Jorge Di Lello analiza pedir medidas sobre el patrimonio del vicepresidente, una vez que certifique que no se investiga otra denuncia similar.
Coacción y sedición. La denuncia recayó en el juez Marcelo Martínez de Giorgi, por las últimas denuncias del vicepresidente contra el juez Rafecas, empresarios y funcionarios.
Porque este es uno de sus soldaditos
El por entonces Intendente de Quilmes, Anibal Fernandez se escapaba de su puesto en el baul de un auto con causas por corrupcion y narcotrafico, imagen de diarios del 26 y 27 xde Octubre de 1994.
Porque esta señora es una terrorista reconocida
Porque estas personas hablan de derechos humanos, pero los derechos se los dan a los que matan y violan
estaba preso, pero lo dejaron salir, porque es buena gente...
Por eso, no quiero a esta mujer en el gobierno de mi país
Cierro los comentarios porque los choriparacitos k arrancan el forobardo para poder denunciar el post y que lo borren, tratando de ocultar una realidad
cierro los comentarios porque como siempre los choripaneros denuncian lo que no les gusta y me lo van a borrar..