La misma jueza que había forzado la participación del Gobierno de la Ciudad para destrabar el conflicto ahora le exige a Mauricio Macri que utilice el dinero que deposita el gobierno nacional para los subterráneos.
La jueza Patricia López Vergara le ordenó al Gobierno de la Ciudad que dé uso a los 210 millones de pesos que el gobierno nacional giró desde principios de año, en concepto de subsidios, para los subtes. La administración macrista deberá utilizarlos para volver a poner en marcha 20 formaciones que fueron sacadas de servicio por falta de mantenimiento. Los fondos son parte del acuerdo que el gobierno porteño y el nacional firmaron para el traspaso de la red, por el cual la Nación se comprometió a mandar 30 millones por mes para hacer obras que mejoren la calidad del servicio.
Este es el segundo fallo con que López Vergara le indica a Mauricio Macri que debe ocuparse de los subtes. A principios de mes ya le había ordenado a la Secretaría de Trabajo porteña que interviniera ante el paro que hizo colapsar al sistema de transportes de la ciudad. En aquel momento, los trabajadores y Metrovías pudieron firmar un acuerdo que permitió levantar la huelga, aunque en base a un paquete que por falta de financiamiento quedó atado con alfileres. Como parte del mismo expediente –que se inició por un pedido de amparo de la legisladora María José Lubertino en favor de los usuarios–, ahora la jueza le dice a la Ciudad que debe dar un segundo paso.
“Despropósito”
El fallo todavía no se expide sobre la cuestión de fondo –es decir sobre el tema del traspaso de la Nación a la Ciudad y a quién corresponde la titularidad de los subtes–, sino que plantea que existe el riesgo de que los subtes vuelvan a paralizarse por conflictos gremiales o jurisdiccionales. “El Estado no puede permanecer impasible ante este peligro en ciernes”, advierte.
Que ante este panorama los subsidios enviados por la Nación no se usen a la jueza le parece un despropósito. “Nos hallamos enfrentados al hecho de que hace siete meses se viene acumulando dinero en la cuenta (del fondo fiduciario) sin que tal cuantiosa suma se aplique a las inversiones de infraestructura de la red de subterráneo”, recuerda.
Luego les ordena a las autoridades porteñas que destraben el uso de los 210 millones, “solicitando su entrega (al Banco Nación) con la urgencia que el caso amerita”.
La magistrada pone específicamente que se deben usar para mantenimiento. Y agrega que “deberá tener prioridad la puesta en funcionamiento de las veinte formaciones retiradas por Metrovías y la infraestructura, a fin de resguardar la seguridad en la prestación del servicio, con miras al cuidado y protección de usuarios, trabajadores y bienes”.
Como cualquier escrito judicial, éste es tedioso. No sólo por el lenguaje del Derecho, sino además porque todo el relato del conflicto (de lo retorcido que se volvió el problema) es en sí mismo agotador. Pero cuando puede la jueza se divierte. Por ejemplo, dice que el esfuerzo puesto en las audiencias y gestiones extraoficiales que se vienen haciendo para tratar de resolver las cosas le recuerdan a una reflexión de Alicia en el País de las Maravillas: “Aquí se necesita correr todo lo que puedas para quedarte en el mismo sitio”.
En otro párrafo avizora que en el caso de que el acuerdo que permitió levantar la huelga se caiga, habrá que pasar por un nuevo paro. “Sería como estar inmerso en esa conocida frase de James Joyce, ‘la historia es una pesadilla de la que estoy tratando de despertar’.”