La desaparición de los superávits gemelos y el avance del déficit configuran un escenario de escasez de recursos y peleas entre distritos.
La desaparición de los superávits gemelos y el avance del déficit viene empujando a la Nación a recortar fondos a las Provincias, que asfixiadas por las necesidades financieras optan por desatar una guerra fiscal para recuperar recursos coparticipables y previsionales.
El gasto del Gobierno kirchnerista sigue creciendo por encima del 30 por ciento anual, en línea con la inflación, mientras el ingreso de fondos por recaudación impositiva se ralentiza por el freno de la economía, lo que genera un descalabro a la hora de efectuar pagos puntuales.
Aunque a ritmo más lento que en 2011, la administración kirchnerista sigue emitiendo deuda intraestatal para poder financiarse y sin ir más lejos este mismo lunes el Ministerio de Economía colocó una Letra del Tesoro por 160,6 millones de pesos íntegramente en el Instituto Nacional de Reaseguros. Lo hizo a través de una resolución conjunta de las Secretarías de Hacienda y de Finanzas, publicada hoy en el Boletín Oficial: este título de deuda tiene fecha de emisión el 22 de agosto de 2012, a 182 días de plazo.
La deuda del Estado nacional con diferentes organismos de sector público superó en los primeros ocho meses del año los 24.000 millones de pesos, un nivel similar al del mismo período de 2011, que finalizó con un total de $ 44.900 millones. En ese contexto, las provincias de San Luis, Córdoba y Santa Fe reflotaron sus litigios contra el Gobierno nacional en la Corte Suprema de Justicia, lugar al que en los próximos días llegará Corrientes, para que la Nación deje de recortar el giro de la coparticipación.
Córdoba denunció el Pacto Fiscal suscripto entre la Nación y las Provincias en 1992, por el cual cedieron el 15 por ciento de
la coparticipación a la ANSES e intimó a la Casa Rosada a dejar de retenerle recursos. La administración del entonces presidente Carlos Menem había impulsado el Pacto para, según los fundamentos, atender el déficit que se generaría en el sistema de reparto al crear las ahora desaparecidas AFJP, al desviarse aportes a las administradoras privadas.
Gracias a estos fondos, la ANSES pudo mostrar un superávit de 0,4 por ciento del PBI entre 1994 y 2008, según reportó la
consultora Ecolatina en un informe. Con la reestatización de las jubilaciones en 2008 la ANSES pasó a percibir la totalidad de los aportes y a su vez continuó recibiendo el 15 por ciento de la coparticipación, por lo que de esa forma el organismo asumió nuevos gastos, financió al Tesoro y triplicó su superávit.
Como las provincias enfrentan este año necesidades por unos 30.000 millones de pesos extra, comenzaron a formular distintos reclamos para poder hacerse con los 24.000 millones que hoy resignan con el Pacto Fiscal. Sin embargo, según economistas de Ecolatina, es un juego de "suma cero" porque lo que reciben las provincias lo pierde la Nación y la Casa Rosada podría responder cortando las transferencias no automáticas dejando inalterado los déficits provinciales.
Igualmente, en sus respuestas ante la Corte Suprema la Rosada viene argumentando que el Pacto sigue vigente a menos que todas las provincias deseen finalizarlo e incluso de tener éxito el reclamo de Córdoba, el fallo alcanzaría sólo a esa provincia, que pide en total unos 2.050 millones. Esta puja se enmarca dentro de una tendencia de concentración de la recaudación en la Nación que viene acentuándose en los últimos años: entre 2002 y 2011 entre el Tesoro y ANSES "captaron" el 70 por ciento del aumento de la presión tributaria de impuestos y derechos al comercio exterior.
Si las Provincias vuelven a recibir esos fondos dejaría de "incumplirse" la Ley de Coparticipación, que estipula que las
gobernaciones deben recibir al menos el 34 por ciento de los recursos tributarios nacionales, evaluó la consultora. No onbstante, la caída del Pacto fiscal implicaría desfinanciar a la ANSES por lo que las soluciones llegarán sólo a través de un acuerdo concreto entre el Gobierno kirchnerista y las 24 gobernaciones provinciales.
La situación pone en evidencia dos problemas de fondo a resolver, indicaron los economistas consultados: ampliar el empleo formal, para reducir el peso de los impuestos en los ingresos de la ANSES; y avanzar en la discusión de una nueva Ley de Coparticipación, para que evitar la concentración excesiva de recursos en un solo nivel.
