Una juez sigue adelante con la querella por delitos de lesa humanidad. Hoy toma declaración a doce personas en el consulado.
La causa abierta contra el franquismo en Argentina prosigue su marcha. Las maniobras del ex magistrado Baltasar Garzón, que ha convertido al país iberoamericano en su particular aquelarre propagandístico, han influido lo suficiente como para que una juez argentina no eche en saco roto el proceso que él mismo abrió en España, cuando se atribuyó competencias para investigar los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil.
El Supremo le absolvió de un presunto delito de prevaricación aunque la mayoría de la Sala Penal reconoció que en las pesquisas hubo “graves errores”. El fallo no afectó al objetivo propuesto por el ex magistrado y ahora, más allá de perecer, ha tomado cuerpo en manos de una juez, María Servini de Cubría, con la que ya contactó 22 años atrás cuando, bajo la alargada sombra de Menem, la argentina se interesó por un caso de blanqueo de dinero conocido como Yomagate y que afectaba de lleno a la familia del ex presidente argentino. Baltasar Garzón investigaba desde la Audiencia Nacional. Uno y otro forjaron la sintonía necesaria como para que este nuevo cruce de caminos cuaje en lo necesario.
La juez, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires que investiga la querella por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura del general Franco, hechos denunciados por diversas asociaciones de víctimas del franquismo, tomará desde hoy, y durante tres días más, declaración por videoconferencia a doce personas para, en función de los resultados, incluir o no las imputaciones en la querella que llegó a su despacho allá por el mes de abril de 2010.
Desde esa fecha, el camino ha sido todo lo tortuoso (archivos, recursos, reaperturas, ...) que puede ser una causa que podía invadir la competencia de otro país (España) y que se remonta al verano de 1975. Las declaraciones tendrán lugar desde este jueves en el consulado de Argentina en Madrid aunque, según confirmó una de las abogadas, se estaría a la espera de un trámite protocolario que podría retrasarlas algunos días. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores aseguraron a LA GACETA que en este caso concreto no tenían competencia alguna y el consulado no contestó a la llamada de este periódico. Todo indica, entonces, a que el pistoletazo de salida será esta mañana.
“Es el mismo procedimiento que Garzón siguió con Pinochet”, detalló hace algunos días José María Galante, miembro de la asociación La Comuna, que figura entre los promotores de la querella y que solicita además a la magistrada que libre órdenes de detención internacional para nueve españoles vinculados con el régimen de Franco.
Rodolfo Martín Villa
Entre los españoles para quienes han solicitado a la juez la extradición se encuentra José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Utrera Molina fue ministro de Vivienda y secretario general del Movimiento. Lo curioso del caso es que también piden la extradición para Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación con Adolfo Suárez, y para Fernando Suárez, acusado de haber firmado cinco sentencias de muerte, que se ejecutaron el 27 de septiembre de 1975.
A día de hoy ni la Fiscalía ni los órganos judiciales se han pronunciado sobre las actuaciones de Servini de Cubría.