Por la nacionalización de Ledesma, bajo control obrero
Con las recientes declaraciones de Blaquier y los testimonios de los gendarmes del batallón de Orán, ha quedado confirmada la participación de la patronal del ingenio Ledesma, aportando sus propios vehículos y combustible para los de la gendarmería, en los operativos represivos que siguieron al golpe de marzo del 76. El fiscal ha planteado que ya hay pruebas suficientes como para que Blaquier vaya detenido. Los cargos se han ampliado ahora a privación ilegitima de la libertad, secuestro y tortura.
Los juicios alcanzan también la responsabilidad de Minera Aguilar por el crimen del dirigente obrero Avelino Bazán.
El inicio de los juicios de lesa humanidad en Jujuy es fruto de una lucha de treinta y seis años, encabezada por los familiares y amigos de los detenidos desaparecidos en el ingenio.
El Partido Obrero esta empeñado y participa activamente de la lucha para que Blaquier vaya preso por sus crímenes de ayer y también por los de hoy, perpetrados en complicidad con la policía provincial -las cuatro muertes en el desalojo de las ocupaciones de tierras, hace menos de dos años.
Los intendentes K con Blaquier
Ledesma, la empresa de los Blaquier, realizó una movilización en apoyo de la continuidad de la empresa y de sus puestos de trabajo, supuestamente amenazados por la “persecución política y judicial”. En realidad, por ahora Blaquier está en libertad, su ingenio tiene ganancias récord por el alto precio del azúcar y los subsidios a la producción de biocombustibles (aunque, a juzgar por lo que ya ocurrió con el biodiesel, la crisis fiscal ha comenzado a poner en duda estos “regalos”). El choque del gobierno con Blaquier es un asunto de negocios, no de derechos humanos.
Pero no sólo los gerentes de la empresa salieron a presionar a trabajadores y vecinos para que vayan a la marcha. Los intendentes K de la zona, que responden al gobernador K Fellner, se sumaron “entusiastamente” junto con sus vastos aparatos políticos. Fellner, sin embargo, se vanagloria de que su gobierno ha designado al juez Poviñas, que lleva adelante los juicios donde está imputado Blaquier.
¿Cuál es la verdadera posición de los K con relación a Blaquier? ¿La de los que vociferan que lo quieren ver preso o la de los intendentes que han salido a bancarlo y a meterle presión a los trabajadores para que cierren filas con su patrón genocida?¿La de los discursos de Fellner o la de la Dirección de Rentas de este mismo gobernador que no le cobra a Ledesma ni siquiera el impuesto a los ingresos brutos que en la provincia paga cualquier comerciante?
El imperio de los Blaquier se construyó sobre la base de la expulsión de pequeños productores y comunidades originarias de sus tierras, sin pagar impuestos y con la complicidad del poder político. El kirchnerismo ha sido su socio durante todos estos años, hasta hace muy poco. En su agitación contra Blaquier, el gobierno sospecha que el dueño de Ledesma se ha pasado al bloque patronal que exige una devaluación inmediata. Blaquier, de todos modos, defenderá su impunidad con todos los recursos económicos y políticos con que cuenta dentro y fuera de la provincia, entre ellos, todo el elenco político de los kirchneristas jujeños. La lucha por cárcel a Blaquier exige, por lo tanto, denunciar esta complicidad política oficial, o sea, la independencia política frente al gobierno y el régimen que reforzó a Blaquier durante casi una década. La nacionalización de Ledesma bajo control y obrero, y sin resarcimiento a los genocidas, es un acto de reparación histórica del pueblo de Jujuy y el punto de partida insoslayable de una transformación social en la provincia.
Un juicio a fondo contra Ledesma colocaría en el banquillo a todo el régimen político que aún hoy lo sostiene, más allá de las “puestas en escena” de la Cámpora y companía.”Justicia por Mariano, justicia por el apagón; Cárcel a Pedraza y a Blaquier”, es nuestra consigna.
