reforma a la ley de amparo: ¿un like para el PRI?

Reforma a la ley de amparo: ¿un "like" para el PRI?

¿De donde viene dicha reforma?

Así como la reforma laboral y la educativa, esta reforma viene de las "sugerencias" de la OCDE quien recomendó eliminar la figura de "suspensión" del juicio de amparo.




En materia de mercado laboral, la OCDE dice:

Ampliar el alcance de los contratos a corto plazo y el trabajo a tiempo parcial, que pueden servir para estimular la participación de las mujeres en el mercado laboral.
Introducir nuevos tipos de contratos laborales de capacitación, tales como los contratos de aprendiz. También se podrían implantar periodos de prueba, siempre que se diseñen de manera tal que faciliten la transformación de los contratos temporales en contratos de trabajo a largo plazo y se prevenga su uso indebido.

Y el gobierno neoliberal sigue su recomendación:



En materia de educación, la OCDE dice:

Mejorar los programas de formación y capacitación del profesorado, así como el proceso de asignación de personal docente a las escuelas. Estos cambios deben acompañarse de un sistema de evaluación bien concebido y rigurosamente aplicado.
Crear un sistema coherente de formación técnica y profesional que haga hincapié en la calidad docente, mejore la certificación de los conocimientos y elabore un mecanismo unificado de consultas con el empresariado para facilitar las prácticas profesionales.

Y el gobierno neoliberal sigue sus recomendaciones:



Hay que estar ATENTOS a las "recomendaciones" de la OCDE ya que, entre líneas, esconde los verdaderos propósitos de atender a las necesidades de las élites de poder a nivel mundial (Puedes leer la fuente).

La OCDE también se preocupa por la falta de competencia en el sector telecomunicaciones y de ahí surge la modificación a la ley de amparo:

Esta debilidad del sector de las telecomunicaciones guarda estrecha relación con la insuficiente competencia en este ámbito y con un régimen de inversión relativamente restrictivo que, en el caso de la telefonía fija, impone límites a la propiedad extranjera. Por otra parte, el desarrollo de una competencia eficaz se ve dificultada por el uso abusivo del derecho de amparo, ya que las empresas recurren a procedimientos judiciales para poner trabas a la aplicación de las decisiones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), el organismo regulador de las telecomunicaciones, y de la Comisión Federal de Competencia.

En resumen, si lees entre líneas, "apagas la tele y enciendes tu mente", la OCDE quiere la eliminación de políticas que impidan a los extranjeros apoderarse de los bienes nacionales. La OCDE no se preocupa por la democratización de los medios de comunicación, los monopolios, los bajos salarios, la especulación y todas las causas (bien fundamentadas) de nuestro estancamiento económico y de la crisis mundial; no se preocupa por una educación que fomente la formación de individuos críticos, autosuficientes, verdaderamente competitivos con el corporativismo, ellos quieren la formación técnica barata de individuos que el monopolio necesita (para que los altos costos de capacitación de una empresa los absorba la sociedad). La OCDE tan solo obedece a la necesidad de implementar el neoliberalismo, sistema que por demás ha demostrado su obsolencia y fracaso con la crisis mundial actual con la excesiva acumulación de poder y riquezas en las manos de unos cuantos.

Desgraciadamente, durante las últimas décadas cada vez más tierras laborables han sido engullidas por grandes corporaciones y gobiernos corruptos. Cientos de millones de personas han sido desplazadas de sus tierras hacia áreas de alta concentración urbana. Al mismo tiempo, es cada vez más difícil iniciar un negocio propio ya que corporaciones globales monolíticas han llegado a dominar casi cada sector de la economía mundial. Por lo tanto más gente que nunca en todo el mundo se ve obligada a trabajar para “el sistema” sólo para subsistir.

Sería una gran cosa poder vivir en un mundo en el cual se aliente a los que viven en la pobreza a comenzar a poseer tierras, a crear negocios y a crear mejores vidas para sí mismos. Pero en su lugar, las cosas van en otra dirección. La riqueza se concentra más y más en manos de la elite, y la clase media comienza a ser eliminada incluso en naciones prósperas como EE.UU.

Siendo realistas, precisamente esa excesiva acumulación de riqueza nos dejó a TODOS con las manos atadas ante los designios de las élites de poder, quienes nos "hacen el favor" generar empleos. La democracia ya ni se acerca a la idea de ser "el gobierno del pueblo". Es necesario "trabajar para el sistema solo para subsistir".



La amenaza de siempre de "los que generan empleos" de irse a China es muy seria: China es un paraíso fiscal y de explotación laboral; viviendo en un mundo globalizado y para competir con ella (siguiendo bajo el esquema neoliberal) debemos ponernos a su altura. ¿Y cuán grande es esa "altura"?:

...Resumiendo, vamos a acabar trabajando por una miseria si queremos competir con la gente que trabaja por una miseria...

El juicio de amparo es un recurso legal que garantiza los derechos de cualquier individuo frente a las prácticas negligentes de "ciertas" autoridades. Cuando alguien se ampara el juicio, ley ó veredicto que procede en su contra (o a su favor, según sea víctima ó victimario) debe "suspenderse" hasta que el amparo sea resuelto.




Lamentablemente este recurso es un arma de doble filo pues un criminal puede ampararse. Torciendo completamente el objetivo del amparo, puede ser una excusa para legalizar la impunidad.

Las reformas a la Ley de Amparo

El juicio de amparo es una institución fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y del orden político constitucional. Su función protectora no la iguala ningún otro tipo de juicios ni el derecho de cada quien es mejor servido. Es, ante todo, una institución política, pues deriva directamente del Pacto Fundamental, que es la Constitución Política de la República. Por supuesto que se trata de decir el derecho en su más alta cumbre de interpretación; pero es, en principio, un muro de contención en defensa del ciudadano y de la persona humana en contra de la arbitrariedad del poder político.

El proveimiento básico que va acompañando al juicio de amparo es la suspensión del acto que se reclama como violatorio de derechos e intereses legítimos (que, para el caso, son exactamente lo mismo). Ese acto puede ser una ley o cualquier decisión de autoridad. Como tiene su fundamento en la Constitución, no es posible concebir siquiera que pueda haber un amparo en contra de la Carta Magna como, a veces, algunos sugieren. Es contra leyes, de cualquier tipo, o contra actos de autoridades ejecutivas o administrativas, judiciales y legisladoras. La suspensión puede operar de modo precautorio y se le llama suspensión provisional, mientras no se resuelve el fondo del juicio, o definitiva cuando así lo dicta el fallo final sobre la reclamación.

El problema de la justicia, decía Piero Calamandrei, muchas veces es el litigio de las causas y la tendencia a servirse de los detalles del procedimiento para engañar a los jueces o presionarlos o acortar o alargar los juicios, según su propia conveniencia. Así se ha visto que la suspensión, frecuentemente, es reclamada para encubrir intereses ilegítimos o bastardos.

Hay, en el espectro económico de México, negocios que funcionan sobre la base de una suspensión provisoria de actos reclamados, como los casinos que proliferaron desde la gestión de Creel en Gobernación o las televisoras que viven al amparo de suspensiones conseguidas en los tribunales. O bien, enteras ramas de la economía que gozan de concesiones de explotación y uso de bienes de la Nación (así, con mayúscula, como sujeto originario de la ciudadanía que da origen a todo nuestro sistema político y jurídico y como está en el 27 constitucional) que interponen infinidad de juicios que lastiman los intereses nacionales o ponen entre paréntesis la rectoría constitucional del Estado en materia de desarrollo.

Como casi todas las instituciones jurídicas, el juicio de amparo ha tenido que soportar el abuso de los privados y también su paulatina obsolescencia porque lo complicado de su desenvolvimiento y su artificioso tecnicismo lo ponen fuera del alcance de la ciudadanía común y corriente (pobre, para decirlo en plata), cosa que desdice su original propósito que es servir a las mayorías y fungir como barrera a la arbitrariedad. La reforma en curso de la Ley de Amparo, que viene cocinándose desde hace 12 años y que ha experimentado largos periodos de sabotaje, con todas sus deficiencias, viene a remediar, por lo menos en parte, esa situación.

Muchas de las modificaciones que se plantean tienden a ampliar sensiblemente la operatividad del amparo en nuestro sistema de justicia, como el llamado amparo colectivo, la redefinición (aunque todavía no lograda por completo) de lo que es el interés legítimo, la incitación del Congreso o del Ejecutivo para que la Corte resuelva con prontitud juicios relevantes sometidos a su consideración y la causa del medio ambiente como interés legítimo identificable, entre otras. Pero lo más relevante es el conjunto de limitaciones que el nuevo artículo 129 de la Ley de Amparo (de aprobarse en el Senado) establece al otorgamiento de la suspensión del acto que se reclama.

Para empezar (rubros en los cuales también se ha abusado del amparo), no habrá suspensión cuando se trate de centros de vicio o lenocinio; de actividades relacionadas con el narcotráfico; de la consumación o continuación de delitos y sus efectos; del alza de precios de artículos de primera necesidad o de consumo necesario; del combate de epidemias y enfermedades exóticas; de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; del cumplimiento de órdenes militares en situaciones de emergencia nacional; de intereses de menores o incapacitados o del pago de alimentos; de la introducción de mercancías prohibidas; de la continuación del procedimiento de extinción de dominio sobre bienes de la Nación.

Lo que tiene al borde de la locura a los sectores empresariales beneficiarios de concesiones sobre bienes nacionales (incluidos el subsuelo y el espectro radioeléctrico) es la fracción XIII del artículo citado que, a la letra, establece: no procederá la suspensión cuando "se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes del dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Está claro que un bien de la Nación afectado por un suspensión queda fuera, prácticamente, del dominio de la misma y pone en entredicho la rectoría del Estado en la economía, en representación de la Nación. Una suspensión permite al privado adueñado de ese bien seguir disfrutándolo hasta que una sentencia no ponga fin al litigio. Está también claro que el negar la suspensión implica para el privado el abandono de ese bien, de igual manera, hasta que se decide en sentencia. El problema es que la suspensión, en sí misma, constituye en estos casos un privilegio por encima de la soberanía nacional.

Y vienen las amenazas de las élites de poder...

Los voceros del sector empresarial, particularmente el que está ligado a las telecomunicaciones y al subsuelo, están que bufan porque, para ellos, la reforma del artículo 129 es atentatoria contra el desarrollo económico del país y pone en peligro de quiebra a muchas empresas que viven en suspensión de actos reclamados. Gerardo García Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, anticipó que el nuevo ordenamiento vulnerará la confianza de los inversionistas.

El diputado panista Mario Sánchez, ex presidente del CCE, estimó desde la tribuna que "por orden de ley [sic] se estaría dejando sin protección efectiva a concesionarios de bienes del dominio directo en todos los casos. Tal decisión representa un grave atentado contra el desarrollo económico nacional en materia de concesiones, en la explotación y tratamiento de aguas, recolección y disposición de basura, minas, gas, energía, telecomunicaciones, radio y televisión".

El mismo artículo 129 propuesto, en su párrafo final, establece: "El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social". En este caso, como se denunció en tribuna, deberían quedar las comunidades indígenas y los ejidos o los grupos sociales que pudieran ser concesionarios de bienes del dominio directo. Por ahora, quedan a merced de lo que considere el juzgador.

Ya veremos lo que decide el Senado una vez que reciba la minuta de la Cámara.


Que el estado mexicano pueda recuperar los bienes propiedad de la nación, es recuperar de cierta forma la soberanía. Esto sería ideal con un gobierno enteramente democrático, sin embargo sabemos que no es así . Un gobierno "ideal" democrático es la extensión de la voluntad del pueblo y es el administrador de los recursos del pueblo, recursos que deben invertirse en solucionar los problemas sociales; la sociedad resuelve sus problemas (nadie le soluciona los problemas a nadie) pero necesita a su representante (el gobierno) para encausar sus recursos hacia la solución de esos problemas... Si la voluntad del pueblo es ganar 7 pesos por hora, quebrar a PEMEX, tener cada mes un gasolinazo, erogar millones de pesos al Teletón...

Sabemos que este gobierno fué impuesto por las élites de poder, sabemos que Televisa ejerce poder sobre Peña Nieto, sobre los diputados y senadores (mediante sus telebancadas). Esta reforma puede ser una excusa para retirar concesiones y dárselas al duopolio televisivo.

Como quizás sabes, Televisa estuvo detrás del intento de Calderón de retirarle la conseción de banda ancha a MVS.







Dentro de un estado neoliberal sumamente corrompido, un estado militar - represivo, y sometido a las élites de poder, esta reforma puede ser un arma de doble filo para vender los bienes, propiedad de la nación, al mejor postor; puede ser una excusa para favorecer todavía más a los monopolios. Y puede ser la antesala a la privatización de PEMEX.






Dicen que la burra no era arisca, hasta que la hicieron...

El doble filo de las reformas a la ley de amparo

Una votación legislativa puso del mismo lado de la cancha a los diputados de oposición y a los de la llamada “telebancada”: las reformas a la Ley de Amparo que, entre otras cosas, eliminan la “suspensión provisional”. El mensaje era obvio: evitar los abusos contra … los abusos de la autoridad. Con esto, dicen los diputados de la “telebancada”, el poder del Ejecutivo será absoluto para decidir sobre las telecomunicaciones. La izquierda y organizaciones no gubernamentales, en tanto, se oponen a quitar el último reducto de lucha de las comunidades que defienden sus tierras de las devastadoras obras mineras, hidroeléctricas o petroleras.

El lunes 11, en una comida con senadores del PRD, el director de Información de Grupo Televisa y estratega jurídico de la empresa, Javier Tejado Dondé, advirtió a los legisladores de izquierda: “A nosotros no nos preocupa la reforma de la Ley de Telecomunicaciones. Vamos a aceptar la competencia. Es más preocupante la reforma a la Ley de Amparo que van a aprobar en la Cámara de Diputados. Le van a dar todo el poder a Peña Nieto. Le darán un poder ilimitado”.

Tejado, articulista cuyos textos se publican en El Universal, dijo que se iba a generar un “encontronazo” entre las dirigencias empresariales, que para esa hora ya manifestaban en los principales noticiarios de radio y televisión su oposición a una parte de esa reforma.

La cúpula empresarial encabezada por Claudio X. González, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios –que reúne a los 36 grupos económicos más fuertes del país– y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, hicieron su último esfuerzo para frenar las modificaciones a las fracciones XI y XIII del artículo 129 de la Ley de Amparo. Se reunieron al mediodía del lunes 11 con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Querían parar el cambio pero el exgobernador de Hidalgo les dijo que ya no podía dar marcha atrás a la iniciativa.

Para el sector empresarial y los grandes concesionarios el problema no era toda la iniciativa aprobada en el Senado en octubre de 2011, sino las modificaciones al artículo 129 que prohíben la figura de la “suspensión del acto reclamado” cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes del dominio público referidos en el artículo 27 constitucional, es decir petróleo, agua, espectro radioeléctrico, minas, ferrocarriles, aviación, etc.

Eliminar la figura de la “suspensión” fue una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos al gobierno de Peña Nieto. El exsecretario de Hacienda José Ángel Gurría la cabildeó con la nueva administración y se incorporó en el texto del Pacto por México, firmado con las dirigencias del PAN y del PRD.

El compromiso 80 del Pacto lo estableció así, genéricamente: “Se llevará a cabo una reforma integral a la Ley de Amparo para hacerla compatible con las recientes reformas constitucionales”.

Lo que ninguno de los dirigentes del sector empresarial esperaba era que en la sesión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del miércoles 6 se incorporaran las modificaciones al artículo 129. Legisladores del PAN, PRD y PT expresaron su preocupación por que el PRI pretenda otorgarle un “garrote” al titular del Ejecutivo para actuar contra televisoras, telefonía, bancos, compañías aéreas, transporte federal, minas, energía y todos los que legalmente exploten los llamados bienes de la nación estipulados en el artículo 27.

“El 99% de la Ley de Amparo ya está procesada, consensuada y existe voluntad de toda la Cámara de Diputados para discutirla en el pleno y aprobarla” el martes 12, declaró el diputado perredista Fernando Zárate Salgado.

Zárate reconoció que sólo existe controversia en dos supuestos: “Uno, el artículo 5, que amplía el amparo a particulares; y número dos, la eliminación de la suspensión específicamente en lo que toca a los concesionarios del artículo 27”.

De pronto las posiciones de algunos legisladores de izquierda coincidieron con los de la cúpula empresarial e, incluso, con las de Televisa.

“El que no tengan la suspensión significa, de entrada, que no pueden frenar el acto de autoridad hasta que el juicio se resuelva, varios meses o años después. La suspensión es una garantía de audiencia y para detener actos arbitrarios que se habían estado dando; ha habido abusos por parte de algunos operadores, pero ahora se ve que llegan con una posición muy fuerte los diputados priistas”, declaró Tejado a Radio Fórmula un día antes de la aprobación.

En paralelo el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, y algunos legisladores declararon que era necesario modificar el mecanismo de la suspensión porque varios concesionarios lo habían utilizado para “presionar” o “especular” con decisiones de la autoridad, para frenar licitaciones que abrieran la competencia o para sentarse a negociar con el gobierno desde una posición de fuerza.

Sólo en el último año la Cofetel enfrentó 450 acciones legales contra el proyecto de Televisión Digital Terrestre, de resoluciones y planes emitidos por el pleno. Uno de los casos más escandalosos fue en 2010, cuando Iusacell, de Ricardo Salinas Pliego, obtuvo una suspensión que le impidió a Nextel explotar los títulos de concesión derivados de la Licitación 21. La presión de Salinas Pliego rompió la sociedad Nextel-Televisa, forzó un acuerdo con la telefónica dirigida por Gustavo Cantú y derivó en la “megafusión” de Televisa-Iusacell anunciada en 2011.

Otro caso fue el amparo que interpuso Telcel contra el Plan Técnico de Interconexión de la Cofetel en 2009. La compañía logró la suspensión y el plan que permitiría disminuir las tarifas de interconexión se frenó

La Suprema Corte de Justicia estableció desde junio de 2010 que no procedía la suspensión en un juicio de amparo cuando una empresa concesionaria de telecomunicaciones pretenda dejar sin efecto los actos de autoridad. La votación fue muy cerrada en ese momento: cinco votos contra seis de los 11 ministros integrantes de la Sala Superior.


¿Un "like" para el PRI (contra los incontables "don't like" )?: en el futuro veremos. Quizá un futuro muy muy cercano (¿meses?, ¿semanas?). Lo cierto es que, que ante tanto cambio, hay que estar ATENTOS: INFÓRMATE E INFORMA