Con este post quiero recojer sus opiniones sobre un tema que nos atañe a toda la sociedad y especialmente a quienes en algún minuto fueron y seguiran siendo victimas de algún hecho de sangre, ya que eso no se olvida....o si
Pena capital en EE.UU.: ¿cuánto vale una muerte?
El Estado de Texas, en Estados Unidos, gastó unos US$1.286,86 en su última pena capital: la ejecución a comienzos de marzo de Keith Thurmond.
El Estado de Texas, en Estados Unidos, gastó unos US$1.286,86 en su última pena capital: la ejecución a comienzos de marzo de Keith Thurmond.
Thurmond, un técnico en aires acondicionados de 52 años, fue sentenciado a muerte en 2002 por haber estrangulado a su esposa y a su amante durante una discusión por la custodia de los niños.
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Troy Davis y el drama de las ejecuciones en EE.UU.
Ejecutan al hombre al que miles querían salvar
El condenado a muerte que era defendido por una de sus víctimas
El miércoles 7 de marzo, funcionarios de la prisión de Texas inyectaron una serie de tres drogas en su brazo.
El costo de estas drogas aumentó 15 veces su valor desde el año 2010, cuando el Estado las pagaba en US$86.
Esto se debe a que la droga que se utilizaba para sedar al paciente, thiopental sodium, fue sacada del mercado ese año.
Como resultado, Texas y otros estados debieron recurrir a otro sedante, pentobarbital. Esta droga es significativamente más cara y puede ser que pronto sea imposible de adquirir por las prisiones donde se ejecuta a los condenados a muerte.
"Aunque sea una cantidad pequeña si uno la mira en relación a todo el proceso, esto representa otro incremento en el costo que hace a la ejecuciones menos confiables y más caras", dice Richard Dieter, el director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte en Washington DC.
"En un análisis costo-beneficio, la balanza se inclina en contra del mantenimiento de la pena capital".
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Esto se debe a que la droga que se utilizaba para sedar al paciente, thiopental sodium, fue sacada del mercado ese año.
Como resultado, Texas y otros estados debieron recurrir a otro sedante, pentobarbital. Esta droga es significativamente más cara y puede ser que pronto sea imposible de adquirir por las prisiones donde se ejecuta a los condenados a muerte.
"Aunque sea una cantidad pequeña si uno la mira en relación a todo el proceso, esto representa otro incremento en el costo que hace a la ejecuciones menos confiables y más caras", dice Richard Dieter, el director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte en Washington DC.
"En un análisis costo-beneficio, la balanza se inclina en contra del mantenimiento de la pena capital".
Extensas investigaciones han sugerido que la pena de muerte es mucho más cara para los contribuyentes que la cadena perpetua, debido sobre todo al eterno proceso legal involucrado.
Este proceso está originado, fundamentalmente, en lo que los críticos de las ejecuciones califican como un modo barbárico y anticuado de castigo en un sistema legal sofisticado, orientado de forma ostensible a proteger los derechos del acusado, prevenir el castigo de un inocente y ejecutar seres humanos sin causarles demasiado dolor físico ni sufrimiento.
Las ejecuciones se han vuelto más sofisticadas con los años.
Más allá de Texas, la mayoría de los 34 estados que incluyen en sus leyes la pena capital rara vez la aplican. Pero incluso éstos deben gastar miles de millones de dólares para mantener la condena a muerte en contra de las apelaciones del condenado, así como también en ubicar al interno en un lugar seguro y -en los que ellos consideran- humano.
California, por ejemplo, ha gastado unos US$4.000 millones desde 1978 en el financiamiento de su sistema de ejecuciones, pero solo ha ejecutado a 13 prisioneros, según publicaron en un estudio el juez federal Arthur Alarcon y la profesora en Leyes Paula Mitchell.
En esa investigación se indica que en ese mismo periodo, al menos 78 condenados a muerte murieron de causas naturales, suicidio u otras razones mientras esperaban su ejecución.
En el estado de Washington, un fiscal indicó ante un comité de abogados que los casos de pena capital son al menos cuatro veces más costosos de presentar para la Fiscalía que un proceso por homicidio que no incluya la ejecución del condenado.
"La enrarecida naturaleza de los casos de pena de muerte provoca la presentación de más recursos y la existencia de un mayor apoyo para el acusado, que suma más tiempo y dinero al proceso", informó esta comisión estatal en 2006.
Este proceso está originado, fundamentalmente, en lo que los críticos de las ejecuciones califican como un modo barbárico y anticuado de castigo en un sistema legal sofisticado, orientado de forma ostensible a proteger los derechos del acusado, prevenir el castigo de un inocente y ejecutar seres humanos sin causarles demasiado dolor físico ni sufrimiento.
Las ejecuciones se han vuelto más sofisticadas con los años.
Más allá de Texas, la mayoría de los 34 estados que incluyen en sus leyes la pena capital rara vez la aplican. Pero incluso éstos deben gastar miles de millones de dólares para mantener la condena a muerte en contra de las apelaciones del condenado, así como también en ubicar al interno en un lugar seguro y -en los que ellos consideran- humano.
California, por ejemplo, ha gastado unos US$4.000 millones desde 1978 en el financiamiento de su sistema de ejecuciones, pero solo ha ejecutado a 13 prisioneros, según publicaron en un estudio el juez federal Arthur Alarcon y la profesora en Leyes Paula Mitchell.
En esa investigación se indica que en ese mismo periodo, al menos 78 condenados a muerte murieron de causas naturales, suicidio u otras razones mientras esperaban su ejecución.
En el estado de Washington, un fiscal indicó ante un comité de abogados que los casos de pena capital son al menos cuatro veces más costosos de presentar para la Fiscalía que un proceso por homicidio que no incluya la ejecución del condenado.
"La enrarecida naturaleza de los casos de pena de muerte provoca la presentación de más recursos y la existencia de un mayor apoyo para el acusado, que suma más tiempo y dinero al proceso", informó esta comisión estatal en 2006.
El costo de la ejecución en sí varía de estado en estado, pero es relativamente pequeño en relación a lo que las autoridades estatales gastan en el camino a dicha ejecución.
El estado de Washington gastó US$97.814 para ejecutar a Cal Brown en 2010.
La mayoría de esa suma fue para pagar al personal, pero las autoridades también tuvieron que contratar iluminación y nuevas vallas para la demostración en las afueras de la prisión, una carpa para los medios de comunicación, comida para los equipos de seguridad especial y asistencia psicológica para sus empleados, detalló Maria Peterson, vocera del Departamento de Penales de Washington.
Incluso el thiopental sodium usado para sedar al acusado de homicidio costó US$861,60 señaló Peterson.
El fusilamiento de Ronnie Lee Gardner en 2010 le costó a Utah US$165.000. La mayoría del dinero también fue en este caso para los empleados del penal, pero US$25.000 fueron destinados a los materiales utilizados en la ejecución, incluyendo la silla donde fue colocado y el uniforme que vistió, dijo un vocero penitenciario al diario Salt Lake Tribune.
La ejecución del violador y asesino Robert Coe en 2000 le salió a Tennessee US$11.668, según un informe del contralor del estado. La cifra incluye suministros médicos, personal y las drogas utilizadas ese día.
El costo de las drogas para las ejecuciones en Texas, Ohio, Oklahoma y otros estados se ha elevado, ya que los productores sacaron sus productos del mercado porque no deseaban suministrar fármacos que se utilizaban para terminar con vidas.
Texas y otros estados cambiaron el sedante para hacerle perder el conocimiento al ejecutado de thiopental sodium a pentobarbital el año pasado luego de que el único laboratorio en Estados Unidos que manufacturaba la droga, Hospira, dijo que la retiraba del mercado para evitar una pelea con las autoridades en Italia, donde se producía la droga.
En diciembre, la Comisión Europea ordenó a las compañías de la Unión Europea que querían exportar drogas que podían ser usadas en inyecciones letales que se aseguraran que sus productos no iban a ser usados en ejecuciones.
El estado de Washington gastó US$97.814 para ejecutar a Cal Brown en 2010.
La mayoría de esa suma fue para pagar al personal, pero las autoridades también tuvieron que contratar iluminación y nuevas vallas para la demostración en las afueras de la prisión, una carpa para los medios de comunicación, comida para los equipos de seguridad especial y asistencia psicológica para sus empleados, detalló Maria Peterson, vocera del Departamento de Penales de Washington.
Incluso el thiopental sodium usado para sedar al acusado de homicidio costó US$861,60 señaló Peterson.
El fusilamiento de Ronnie Lee Gardner en 2010 le costó a Utah US$165.000. La mayoría del dinero también fue en este caso para los empleados del penal, pero US$25.000 fueron destinados a los materiales utilizados en la ejecución, incluyendo la silla donde fue colocado y el uniforme que vistió, dijo un vocero penitenciario al diario Salt Lake Tribune.
La ejecución del violador y asesino Robert Coe en 2000 le salió a Tennessee US$11.668, según un informe del contralor del estado. La cifra incluye suministros médicos, personal y las drogas utilizadas ese día.
El costo de las drogas para las ejecuciones en Texas, Ohio, Oklahoma y otros estados se ha elevado, ya que los productores sacaron sus productos del mercado porque no deseaban suministrar fármacos que se utilizaban para terminar con vidas.
Texas y otros estados cambiaron el sedante para hacerle perder el conocimiento al ejecutado de thiopental sodium a pentobarbital el año pasado luego de que el único laboratorio en Estados Unidos que manufacturaba la droga, Hospira, dijo que la retiraba del mercado para evitar una pelea con las autoridades en Italia, donde se producía la droga.
En diciembre, la Comisión Europea ordenó a las compañías de la Unión Europea que querían exportar drogas que podían ser usadas en inyecciones letales que se aseguraran que sus productos no iban a ser usados en ejecuciones.
La compañía india Kayem Pharmaceuticals también ha informado que no venderá más thiopental sodium a las prisiones estadounidenses.
No está claro por cuánto tiempo estará en el mercado el pentobarbital, el actual reemplazo de esa droga.
La única compañía aprobada por los reguladores de drogas en Estados Unidos para comercializar ese sedante en el país, el gigante farmacéutico danés Lundbeck, acaba de vender esa droga a la compañía Akorn, con sede en Illinois. Akorn se comprometió a poner restricciones al producto para que no termine en prisiones de estados que aprueban la pena capital.
Ahora, los compradores deben firmar un documento afirmando que utilizarán esa droga, usada normalmente para tratar la epilepsia y otras condiciones, en sus propios pacientes y no la revenderán sin autorización.
"Barbitúricos"
La dificultad para obtener estas drogas ilustra los problemas inherentes a la inyección letal como método de ejecución, dice Kent Scheiddeer, director legal de la Fundación Legal para la Justicia Criminal, que apoya la pena de muerte.
"Se debe a un procedimiento que cada vez se vuelve más médico cuando no tendría que tener nada que ver con la medicina", agrega.
"Se supone que tiene que ser un castigo. Me parece que estamos equivocados y ahora tenemos todas estas complicaciones adicionales. Compañías, especialmente en Europa, tratando de suspender la oferta e interferir así en temas que no son en absoluto asunto de ellos", señala Scheidegger, quien no cree que las ejecuciones se detendrán por la ausencia de drogas.
El abogado piensa que en las ejecuciones simplemente se pueden cambiar los ingredientes del cóctel letal.
"Cualquier barbitúrico puede hacerlo", concluyó.
No está claro por cuánto tiempo estará en el mercado el pentobarbital, el actual reemplazo de esa droga.
La única compañía aprobada por los reguladores de drogas en Estados Unidos para comercializar ese sedante en el país, el gigante farmacéutico danés Lundbeck, acaba de vender esa droga a la compañía Akorn, con sede en Illinois. Akorn se comprometió a poner restricciones al producto para que no termine en prisiones de estados que aprueban la pena capital.
Ahora, los compradores deben firmar un documento afirmando que utilizarán esa droga, usada normalmente para tratar la epilepsia y otras condiciones, en sus propios pacientes y no la revenderán sin autorización.
"Barbitúricos"
La dificultad para obtener estas drogas ilustra los problemas inherentes a la inyección letal como método de ejecución, dice Kent Scheiddeer, director legal de la Fundación Legal para la Justicia Criminal, que apoya la pena de muerte.
"Se debe a un procedimiento que cada vez se vuelve más médico cuando no tendría que tener nada que ver con la medicina", agrega.
"Se supone que tiene que ser un castigo. Me parece que estamos equivocados y ahora tenemos todas estas complicaciones adicionales. Compañías, especialmente en Europa, tratando de suspender la oferta e interferir así en temas que no son en absoluto asunto de ellos", señala Scheidegger, quien no cree que las ejecuciones se detendrán por la ausencia de drogas.
El abogado piensa que en las ejecuciones simplemente se pueden cambiar los ingredientes del cóctel letal.
"Cualquier barbitúrico puede hacerlo", concluyó.
La realidad en mi querido Chile (es una vergüenza )
Revelan que mantener un preso cuesta hasta $ 550 mil mensuales,los costos asociados a internos de cárceles condicionadles son más altos. Ministro de Justicia asegura que es "dinero botado" cuando no se rehabilitan.
Hasta $ 550 mil, equivalentes a tres sueldos mínimos de $ 182 mil, puede llegar a costar mensualmente mantener un preso en el sistema penitenciario.
Así lo reveló el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien dijo que el Estado desembolsa entre $ 350 mil hasta $ 550 mil al mes, por cada uno de los cerca de 54 mil internos en las cárceles chilenas.
El análisis se hizo tras la muerte de 81 reos en la cárcel de San Miguel. El ministerio comenzó un plan de disminución de la sobrepoblación y de mejoramiento de las medidas de rehabilitación y reinserción.
"Lo que es absurdo es que estemos gastando hasta 550 mil pesos en una persona que sale peor de lo que entra. Sale mejorada en su carácter delincuencial. Ese monto es un dinero botado, si los internos no tienen rehabilitación", señaló Ribera.
Según cifras entregadas por el Ministerio de Justicia, Gendarmería gasta, mensualmente, $ 284.511 en los presos de las cárceles tradicionales, como la Ex Penitenciaría, sólo por concepto de gastos de residencia, horas de trabajo de los gendarmes y alimentación.
En cambio, en las cárceles concesionadas como Santiago Uno, es de $ 415.895.
A estas cifras hay que sumar los costos extras de lavandería, seguridad, capacitación, talleres y salud. El saldo final es de $ 350 mil en cárceles tradicionales y $ 550 mil en concesionadas.
"Los cambios dependen del valor de la construcción y la mantención de los reos. Hay penales en Chile en que la población es insignificante, pero el personal para la mantención es muy alto. Como los de la XI y XII Región", señaló el ministro.
Ribera indicó que para disminuir el hacinamiento y mejorar la reinserción se van a construir tres cárceles modelo, cuya capacidad va desde 1.800 hasta 2.400 internos.
Hasta ahora, la única que está en vías de construirse es la de Panguilemo en la VII Región, dado que en el caso de los proyectos de Alhué y Chillán Viejo, Justicia está buscando otros terrenos para emplazarlos. "En estos recintos, los reos tienen necesariamente que estudiar o trabajar", manifestó.
Según la directora del área Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, Ana María Morales, los costos asociados a internos de las cárceles concesionadas son más altos, porque tienen una mejor calidad de vida, dado que no hay hacinamiento.
Morales precisó que en California, Estados Unidos, se paga US$ 3 mil ($ 1.410.000) mensualmente por cada interno y que en Inglaterra, la cifra llega a US$ 4 mil ($ 1.880.000).
"Se ha invertido en mejorar las condiciones en las que viven los internos. Sin embargo, el nivel de hacinamiento hace que todas aquellas mejoras, con el tiempo, se tornen insuficientes y lleven al Estado a estar invirtiendo constantemente en las cárceles", dijo la especialista de Paz Ciudadana.
Así lo reveló el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien dijo que el Estado desembolsa entre $ 350 mil hasta $ 550 mil al mes, por cada uno de los cerca de 54 mil internos en las cárceles chilenas.
El análisis se hizo tras la muerte de 81 reos en la cárcel de San Miguel. El ministerio comenzó un plan de disminución de la sobrepoblación y de mejoramiento de las medidas de rehabilitación y reinserción.
"Lo que es absurdo es que estemos gastando hasta 550 mil pesos en una persona que sale peor de lo que entra. Sale mejorada en su carácter delincuencial. Ese monto es un dinero botado, si los internos no tienen rehabilitación", señaló Ribera.
Según cifras entregadas por el Ministerio de Justicia, Gendarmería gasta, mensualmente, $ 284.511 en los presos de las cárceles tradicionales, como la Ex Penitenciaría, sólo por concepto de gastos de residencia, horas de trabajo de los gendarmes y alimentación.
En cambio, en las cárceles concesionadas como Santiago Uno, es de $ 415.895.
A estas cifras hay que sumar los costos extras de lavandería, seguridad, capacitación, talleres y salud. El saldo final es de $ 350 mil en cárceles tradicionales y $ 550 mil en concesionadas.
"Los cambios dependen del valor de la construcción y la mantención de los reos. Hay penales en Chile en que la población es insignificante, pero el personal para la mantención es muy alto. Como los de la XI y XII Región", señaló el ministro.
Ribera indicó que para disminuir el hacinamiento y mejorar la reinserción se van a construir tres cárceles modelo, cuya capacidad va desde 1.800 hasta 2.400 internos.
Hasta ahora, la única que está en vías de construirse es la de Panguilemo en la VII Región, dado que en el caso de los proyectos de Alhué y Chillán Viejo, Justicia está buscando otros terrenos para emplazarlos. "En estos recintos, los reos tienen necesariamente que estudiar o trabajar", manifestó.
Según la directora del área Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, Ana María Morales, los costos asociados a internos de las cárceles concesionadas son más altos, porque tienen una mejor calidad de vida, dado que no hay hacinamiento.
Morales precisó que en California, Estados Unidos, se paga US$ 3 mil ($ 1.410.000) mensualmente por cada interno y que en Inglaterra, la cifra llega a US$ 4 mil ($ 1.880.000).
"Se ha invertido en mejorar las condiciones en las que viven los internos. Sin embargo, el nivel de hacinamiento hace que todas aquellas mejoras, con el tiempo, se tornen insuficientes y lleven al Estado a estar invirtiendo constantemente en las cárceles", dijo la especialista de Paz Ciudadana.
EN EL 2009 HABÍAN MAS DE 50000 REOS EN CHILE ,POR LO TANTO EL ESTADO GASTO ,O MEJOR DICHO EL QUE HICIMOS TODOS LOS CHILENOS FUE DE $27.500.000.000 O $55.000.000 MILLONES DE LOS VERDES
Quizás muchos me pueden criticar de ver solo números y no personas ,lamentablemente eso también ocurre desde el otro lado ..las victimas tienen que esperar un eternidad para que lo casos se resuelvan y ademas las condenas son SON UN CHISTE ...
ASÍ VIVEN EN LA CANA LOS ASESINOS DE DANIEL ZAMUDIO
En arroz con pollo arvejado, ensalada y jalea consistió el menú de ayer de los cuatro presuntos asesinos de Daniel Zamudio Vera (24).
La rutina de los imputados, detallaron al diario La Cuarta fuentes de Gendarmería, es la normal dentro de ese recinto penitenciario donde cumplen prisión preventiva.
Esta comienza a las ocho de la mañana con el desencierro, viene la cuenta diaria de internos y después el desayuno. Entre mediodía y 13 horas almuerzan y posteriormente vuelven a sus celdas. De 14 a 17 horas salen de nuevo y luego son enjaulados para pasar la noche.
Explicaron que no están incomunicados, ni siquiera Patricio Ahumada Garay, sindicado como el líder de la golpiza y el más agresivo.
Él pasa sus días en una celda de 3x3 metros del Módulo Nº 14 y sale al patio.
Angulo, Mora y López están en diferentes celdas, pero compartidas con otros dos internos.
El miércoles Ahumada fue visitado por su defensor público, Néstor Pérez. La colega de este último, Karen Fernández, hizo lo propio con Fabián Mora Mora y Raúl López Fuentes. El cuarto implicado, Alejandro Angulo Tapia, tiene abogado particular.
Los defensores de los imputados dicen que ellos están afectados por el fallecimiento de Zamudio.
La rutina de los imputados, detallaron al diario La Cuarta fuentes de Gendarmería, es la normal dentro de ese recinto penitenciario donde cumplen prisión preventiva.
Esta comienza a las ocho de la mañana con el desencierro, viene la cuenta diaria de internos y después el desayuno. Entre mediodía y 13 horas almuerzan y posteriormente vuelven a sus celdas. De 14 a 17 horas salen de nuevo y luego son enjaulados para pasar la noche.
Explicaron que no están incomunicados, ni siquiera Patricio Ahumada Garay, sindicado como el líder de la golpiza y el más agresivo.
Él pasa sus días en una celda de 3x3 metros del Módulo Nº 14 y sale al patio.
Angulo, Mora y López están en diferentes celdas, pero compartidas con otros dos internos.
El miércoles Ahumada fue visitado por su defensor público, Néstor Pérez. La colega de este último, Karen Fernández, hizo lo propio con Fabián Mora Mora y Raúl López Fuentes. El cuarto implicado, Alejandro Angulo Tapia, tiene abogado particular.
Los defensores de los imputados dicen que ellos están afectados por el fallecimiento de Zamudio.
SOBRE LA CADENA PERPETUA
Hay distinciones que dan que pensar. Por ejemplo, muchos grupos de derechos humanos luchan por la abolición de la pena de muerte, pero dejan intacta la cuestión de la cadena perpetua. En el fondo, ¿qué diferencia hay entre la muerte física y la muerte de la libertad? Más bien poca, pero muchos de los que no se atreven a apoyar la pena de muerte porque les parece algo atroz, por una cuestión de derechos humanos, apoyan o guardan silencio sobre la cadena perpetua y sobre el sistema penitenciario en general. Es un lavado de conciencia. Podemos justificar el hacinamiento durante 30 años de un preso, que quede sin libertad durante el resto de su vida, pero nos llevamos las manos a la cabeza cuando en EEUU, en China o en Irán ejecutan a una persona.
En España la mitad de los presos están infectados con el virus del sida, a sabiendas de las autoridades penitenciarias (según otros datos, el 70%). Hay quien discute si eso es una política de exterminio o no. Da igual, aunque no hubiera sida ni torturas en las cárceles, el problema no es sólo la muerte física, sino la muerte política, civil, social. Sabemos desde hace mucho (y lo sabemos mejor después de Foucault y su magnífico Vigilar y castigar) que el discurso de la rehabilitación es falso, que la cárcel no es una forma de re-inserción, ni de cambio, ni de re-educación. Es un centro de tortura psicológica y física, de venganza, de ejercicio impune, gratuito e inútil de la violencia y el terror por parte del Estado. Y también una máquina de producción de individuos aislados, jerarquizados, obligados al trabajo, normalizados. Es la naturalización del poder de castigar.
Los buenos ciudadanos que abominan de la violencia visible no dudan, por el contrario, en legitimar pasiva o activamente el sistema penitenciario, con argumentos menos delicados que los del Ministerio de Justicia, pero más sinceros: "que se joda ese cabrón, que se pudra en la cárcel, eso es peor que la muerte" y otras lindezas, que son el verdadero trasfondo de las intenciones de esa institución. Es decir, violencia, pulsión de muerte legitimada, limpia, invisible. Uno de los efectos más desgraciados de ese discurso es precisamente la alianza que se da entre los ciudadanos y los gobernantes a favor de la represión y en contra de los "anormales", de los "delincuentes". El racismo de Estado está en la base de ese afán de depuración: los súbditos lo aprenden rápido. Esto es muy grato a los políticos (y a los policías, valga la redundancia). Las manadas de lobos autodenominadas "patrullas de defensa" que se dedican a quemar chabolas de gitanos presuntamente traficantes, las manifestaciones ciudadanas pidiendo más policía en las calles, los muchachos en las aceras pidiendo firmas "contra la droga", genocidas profesionales como Georges Bush luciendo un lacito azul contra "el" terrorismo (no contra el que él mismo o Corcuera practican), todas esas situaciones que vivimos hoy sellan un lazo perfecto entre los ciudadanos y el poder, muy conveniente para el funcionamiento disciplinario de éste.
Cuando pedimos la libertad para los insumisos presos, o la no aplicación de la pena de muerte (causas que, por supuesto, son muy defendibles) no deberíamos pasar por alto el efecto que se produce por exclusión: se diría que los que están presos por motivos que no son de conciencia o políticos deben seguir en la cárcel, o que la cadena perpetua puede sobrevivir para otros, etc. Por otra parte, es peligroso diferenciar de esta manera, con el criterio "de conciencia". ¿Por qué robar no puede ser considerado una opción de conciencia, o una opción política? En todo caso es sorprendente que un pueblo pueda legitimar esa barbarie que son las cárceles. Y no hablo de la hipócrita intención de humanizarlas, porque la cárcel en sí misma es inhumana, o lo que es peor, el inicio de la segregación está en conceptos como el de "naturaleza humana". A la vez estos pueblos se autodenominan democráticos, libres, respetuosos con los derechos humanos, etc. En este sentido hay que poner de manifiesto lo ridículo que es criticar sólo la pena de muerte y justificar al mismo tiempo el sistema penitenciario (por otra parte, es también ridículo plantear la democracia desvinculada de la cuestión de la propiedad; para tristeza de los psocialistas, aún quedan lectores de Marx).
La sociedad puede llegar a creer que la pérdida de la libertad justifica la pérdida de los demás derechos fundamentales (como decía el famoso filósofo del Derecho Felipe González refiriéndose a los presos de ETA: "ésos no tienen ningún derecho"; los GAL demostraron que llevaba razón). Así se explica que no causen alarma ni "clamor popular" noticias como las aparecidas el verano pasado: "Los fiscales aceptan que cuatro presos de Valladolid lleven esposas en la cárcel" (EL PAIS, 25.8.93), "Una prisión de Madrid (Valdemoro) utilizará jaulas para los presos más peligrosos" (EL PAIS, 8.7.93), jaulas hechas con chapa horadada con agujeros de 1 cm. de diámetro, vigiladas con dos cámaras de vídeo, ¡para estar en el patio! Esta última noticia era especialmente reveladora: estos presos (que EL PAIS denominaba "superpeligrosos", que están 22 horas al día aislados y a los que se saca en estas jaulas al patio, "no van a estar desamparados: dispondrán de educadores..." Que Antonio Asunción nos cuente cómo educar a alguien en esas condiciones (¡el discurso de la rehabilitación ataca de nuevo!). "Se trata de proteger a los que hacen vida normal" declaran desde Instituciones Penitenciarias (penitencia, está claro). Típico ejemplo de cómo camuflar el castigo con el argumento de la seguridad. Primero se encarcela para proteger a la sociedad (de gente tan peligrosa como los insumisos, los vendedores de hachís o los presos preventivos -13.600 en España, la mitad esperando juicio-). Luego, dentro de las cárceles, se quiere proteger a los presos de otros presos, cárceles dentro de cárceles, homotecia interna de la represión social, fractalidad penal que llega hasta los pliegues del cerebro, al manicomio, donde se protege a los recluidos de sí mismos mediante la aplicación de drogas devastadoras (medicamentos, las llaman) que inutilizan el cerebro de los encerrados (en el manicomio de Plasencia, por poner un ejemplo, hay en la actualidad "enfermos" que llevan ingresados allí casi toda su vida sin diagnóstico de locura).
Todo esta gestión de la muerte la lleva a cabo gente respetable, gente honrada, gente normal.
En España la mitad de los presos están infectados con el virus del sida, a sabiendas de las autoridades penitenciarias (según otros datos, el 70%). Hay quien discute si eso es una política de exterminio o no. Da igual, aunque no hubiera sida ni torturas en las cárceles, el problema no es sólo la muerte física, sino la muerte política, civil, social. Sabemos desde hace mucho (y lo sabemos mejor después de Foucault y su magnífico Vigilar y castigar) que el discurso de la rehabilitación es falso, que la cárcel no es una forma de re-inserción, ni de cambio, ni de re-educación. Es un centro de tortura psicológica y física, de venganza, de ejercicio impune, gratuito e inútil de la violencia y el terror por parte del Estado. Y también una máquina de producción de individuos aislados, jerarquizados, obligados al trabajo, normalizados. Es la naturalización del poder de castigar.
Los buenos ciudadanos que abominan de la violencia visible no dudan, por el contrario, en legitimar pasiva o activamente el sistema penitenciario, con argumentos menos delicados que los del Ministerio de Justicia, pero más sinceros: "que se joda ese cabrón, que se pudra en la cárcel, eso es peor que la muerte" y otras lindezas, que son el verdadero trasfondo de las intenciones de esa institución. Es decir, violencia, pulsión de muerte legitimada, limpia, invisible. Uno de los efectos más desgraciados de ese discurso es precisamente la alianza que se da entre los ciudadanos y los gobernantes a favor de la represión y en contra de los "anormales", de los "delincuentes". El racismo de Estado está en la base de ese afán de depuración: los súbditos lo aprenden rápido. Esto es muy grato a los políticos (y a los policías, valga la redundancia). Las manadas de lobos autodenominadas "patrullas de defensa" que se dedican a quemar chabolas de gitanos presuntamente traficantes, las manifestaciones ciudadanas pidiendo más policía en las calles, los muchachos en las aceras pidiendo firmas "contra la droga", genocidas profesionales como Georges Bush luciendo un lacito azul contra "el" terrorismo (no contra el que él mismo o Corcuera practican), todas esas situaciones que vivimos hoy sellan un lazo perfecto entre los ciudadanos y el poder, muy conveniente para el funcionamiento disciplinario de éste.
Cuando pedimos la libertad para los insumisos presos, o la no aplicación de la pena de muerte (causas que, por supuesto, son muy defendibles) no deberíamos pasar por alto el efecto que se produce por exclusión: se diría que los que están presos por motivos que no son de conciencia o políticos deben seguir en la cárcel, o que la cadena perpetua puede sobrevivir para otros, etc. Por otra parte, es peligroso diferenciar de esta manera, con el criterio "de conciencia". ¿Por qué robar no puede ser considerado una opción de conciencia, o una opción política? En todo caso es sorprendente que un pueblo pueda legitimar esa barbarie que son las cárceles. Y no hablo de la hipócrita intención de humanizarlas, porque la cárcel en sí misma es inhumana, o lo que es peor, el inicio de la segregación está en conceptos como el de "naturaleza humana". A la vez estos pueblos se autodenominan democráticos, libres, respetuosos con los derechos humanos, etc. En este sentido hay que poner de manifiesto lo ridículo que es criticar sólo la pena de muerte y justificar al mismo tiempo el sistema penitenciario (por otra parte, es también ridículo plantear la democracia desvinculada de la cuestión de la propiedad; para tristeza de los psocialistas, aún quedan lectores de Marx).
La sociedad puede llegar a creer que la pérdida de la libertad justifica la pérdida de los demás derechos fundamentales (como decía el famoso filósofo del Derecho Felipe González refiriéndose a los presos de ETA: "ésos no tienen ningún derecho"; los GAL demostraron que llevaba razón). Así se explica que no causen alarma ni "clamor popular" noticias como las aparecidas el verano pasado: "Los fiscales aceptan que cuatro presos de Valladolid lleven esposas en la cárcel" (EL PAIS, 25.8.93), "Una prisión de Madrid (Valdemoro) utilizará jaulas para los presos más peligrosos" (EL PAIS, 8.7.93), jaulas hechas con chapa horadada con agujeros de 1 cm. de diámetro, vigiladas con dos cámaras de vídeo, ¡para estar en el patio! Esta última noticia era especialmente reveladora: estos presos (que EL PAIS denominaba "superpeligrosos", que están 22 horas al día aislados y a los que se saca en estas jaulas al patio, "no van a estar desamparados: dispondrán de educadores..." Que Antonio Asunción nos cuente cómo educar a alguien en esas condiciones (¡el discurso de la rehabilitación ataca de nuevo!). "Se trata de proteger a los que hacen vida normal" declaran desde Instituciones Penitenciarias (penitencia, está claro). Típico ejemplo de cómo camuflar el castigo con el argumento de la seguridad. Primero se encarcela para proteger a la sociedad (de gente tan peligrosa como los insumisos, los vendedores de hachís o los presos preventivos -13.600 en España, la mitad esperando juicio-). Luego, dentro de las cárceles, se quiere proteger a los presos de otros presos, cárceles dentro de cárceles, homotecia interna de la represión social, fractalidad penal que llega hasta los pliegues del cerebro, al manicomio, donde se protege a los recluidos de sí mismos mediante la aplicación de drogas devastadoras (medicamentos, las llaman) que inutilizan el cerebro de los encerrados (en el manicomio de Plasencia, por poner un ejemplo, hay en la actualidad "enfermos" que llevan ingresados allí casi toda su vida sin diagnóstico de locura).
Todo esta gestión de la muerte la lleva a cabo gente respetable, gente honrada, gente normal.
TODA VIDA ...VALE TANTO COMO CUALQUIER OTRA ,QUIEN LE QUITA LA VIDA A OTRA DEBE SER CASTIGADO DE UNA FORMA TAL QUE PERMITA DAR PAZ A LOS FAMILIARES Y NO QUEDE LA SENSACIÓN DE QUE TODA LA CULPA LA TIENE LA SOCIEDAD