Hola compañeros de Taringa! Hoy me toca compartir con ustedes, merced al compañero @iams34 que me ha proporcionado los links al material, tres muy ilustrativos artículos de Luis Britto García acerca de que es en realidad la CIDH, organismo que por su sigla significa: "Comisión Interamericana de Derechos Humanos" y es dependiente de la OEA.
Espero agenden el post dentro en sus favoritos, vale tenerlo cerca para tener en claro los verdaderos intereses injerencistas que están detrás de esta Comisión y Corte tutelada desde el país norteño y que pone su objetivo en primera instancia sobre Venezuela. Gracias.
1*
-¿Qué son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
-Organismos que dependen de la Organización de Estados Americanos, ente con sede en Washington dedicado fundamentalmente a validar las políticas de Estados Unidos, el cual paga la más de la mitad de su presupuesto.
¿La Comisión y la Corte Interamericana de la OEA defienden los Derechos Humanos?
-Sólo si los viola un Estado. Si los violan un empresario, un terrateniente, un banquero o una transnacional, se cruzan de brazos. Tampoco se ocupan del derecho al trabajo, a la tierra, al agua, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la cultura a la información veraz: a todo lo que hace la vida digna y posible.
¿La Comisión Interamericana es imparcial?
-Ni remotamente. Durante las décadas horribles de la Cuarta República, cuando había masacres, campos de concentración, torturas, miles de desaparecidos y suspensiones de garantías que duraban años, la Comisión procesó sólo seis denuncias, una de ellas interpuesta por el terrorista Orlando Bosch y otra por el terrorista Posada Capriles. Durante la década del gobierno bolivariano, cuando todas esas prácticas desaparecieron, la Comisión procesa 66 denuncias contra Venezuela.
¿La Comisión y la Corte son eficaces?
-Sólo para defender los derechos del capital. Nunca se pronunció contra la dictadura de los Somoza, pero sí condenó a la Revolución Sandinista. Cuando el presidente Chávez fue secuestrado por golpistas fascistas, la Comisión no movió un dedo para expedir una medida cautelar a su favor, a pesar de que se lo exigió la organización colombiana Minga. Nada hizo cuando el presidente Manuel Zelaya fue secuestrado. Cuando el presidente Rafael Correa fue secuestrado y balaceado por golpistas fascistas, tampoco movió un dedo. Cuando Correa ganó legítimamente una demanda contra monopolios comunicacionales que lo calumniaron, allí sí salió la Comisión a pedir que los perdonara.
¿La Comisión Interamericana acoge denuncias válidas?
-En su Informe de 2011 para el Examen Periódico Universal, la CIDH nos acusa en 233 párrafos. En 205 trata casos en los cuales no se han agotado los recursos internos, que su propio Estatuto le prohíbe conocer. En 225 no precisa hechos tales como nombres, fechas, lugares ni otros datos, que su Estatuto exige para admitir denuncias. En 182 casos, juzga sobre suposiciones de hechos futuros e inciertos, que “podrían” acontecer. En la casi totalidad, se funda en rumores o recortes de prensa, que ningún tribunal digno de tal nombre acoge como prueba. Incluso objeta proyectos de leyes, cuya sanción depende de la Asamblea Nacional, y no de una oficina en Washington.
¿La Comisión está prejuiciada contra Venezuela?
-En el citado Informe nos colocan junto a Colombia, Honduras y Haití, como países que presentarían “situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales”. Asimilarnos a países ocupados por Estados Unidos o a gobiernos surgidos de golpes o en guerra civil es una torpe injuria.
¿Quién paga a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana?
La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana dependen de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la cual Estados Unidos aporta anualmente unos $44,2 millones, más de la mitad del presupuesto de aquella. El National Endowment for Democracy (NED) sufraga con cantidades todavía no precisadas pero que deben ser sustanciales una miríada de ONGs que fraguan incontables acusaciones contra Venezuela. Esos jugosos estipendios podrían verse reducidos a iniciativa del congresista Connie Mack, de Florida, para quien “La OEA es una organización en América Latina que ha fracasado” (AFP, 3-5-2012). Por la plata baila el perro, y por el dólar acosa a Venezuela la Comisión Interamericana.
¿Podemos evitar que Venezuela sea juzgada por organismos que no reconocen su soberanía?
-Nada más fácil. El artículo 236 de la Constitución establece que “Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República (…) 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales”. Así como puede celebrarlos, puede denunciarlos. El artículo 187 de dicha norma pauta que “Corresponde a la Asamblea Nacional: (…) 18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución”. Así como aprueba su celebración, puede aprobar su denuncia.
¿Sólo Venezuela formula críticas contra los procedimientos ilegales de la Comisión y la Corte Interamericana?
En el Informe del "Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana", de 13 de diciembre de 2011, los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú recomiendan a dicha Comisión: “a) Reflexionar sobre la eficacia del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH en la promoción de los derechos humanos en el hemisferio. b) Revisar los criterios, metodología y procedimiento para la elaboración del Capítulo IV, incluyendo el uso de fuentes públicas y privadas. c) Ampliar el espectro del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH para que se analice de manera objetiva e integral la situación de los derechos humanos en todos los Estados de la región, independientemente de que sean estados parte o no de los instrumentos interamericanos de derechos humanos. d) Considerar en la elaboración del Capítulo IV no solo derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales”. No es desdeñable que tantos y tan importantes países ordenen a un organismo que reconsidere su eficacia, sus criterios, metodologías, alcances y estrechez de miras. Son países que comprenden cerca de la mitad del territorio y de la población de América Latina y el Caribe.
-¿Si nos salimos de la Comisión y de la Corte quedaremos aislados?
-Ni Estados Unidos ni Canadá se han sometido jamás a la Comisión ni a la Corte Interamericana. Mejor aislarlos a ellos.
2*
PANORAMA/ Miércoles 02 de mayo de 2012 11:26 AM
Yesibeth Rincón / Maracaibo
Luis Britto García, miembro del Consejo de Estado, señaló que hay una “conspiración de alto nivel” contra el país.
El historiador y académico Luis Britto García considera “un honor” que un “ciudadano de a pie”, como se describe a sí mismo, integre el Consejo de Estado, instancia con funciones consultivas que tendrá el Ejecutivo y sobre el que existía una mora constitucional de más de 12 años.
Britto, doctor en derecho, evaluará, como primera tarea, junto con el Presidente, el vicepresidente y el periodista José Vicente Rangel, la salida de Venezuela de la Cidh. Ayer, conversó, vía telefónica con PANORAMA, sobre esta instancia.
— ¿Cuáles son las tareas que va a tener el Consejo de Estado?
— El Consejo de Estado es un órgano previsto en la Constitución, no se tiene que confundir con el Consejo Federal de Gobierno. Es una instancia consultiva integrada por el Presidente y vicepresidente, pero además tiene un miembro designado por el TSJ, otro por la AN y los otros nombrados por el Presidente. Sus funciones son consultivas, preparar informes sobre los casos que le consulten los poderes públicos, en especial el Ejecutivo; diseñar sugerencias sobre políticas. No tomaremos decisiones, vamos a recomendar o señalar determinados cursos de acción al Ejecutivo y él decidirá si se acoge a los señalamientos.
— ¿Cuándo tendrán la primera reunión con el vicepresidente?
— Todavía no lo sé, porque éste es un órgano nuevo, que estaba en la Constitución pero no se había habilitado. No sé cuándo comenzará a funcionar ni con cuánta periodicidad, eso lo decidirán el Presidente y el vicepresidente. Es más, sus funciones son ad honorem.
— ¿Por qué cree que este consejo no se había creado antes?
— No lo sé, todavía hay muchos mandatos de la Constitución que se vienen a articular con mucho retraso. Muy fundamental era la Policía Nacional y sin embargo eso vino a crearse como una década después. Creo que también es el caso de este órgano, me parece muy bien que se haya decidido ponerlo a funcionar y para mi es un honor.
— El Presidente habló de un plan conspirativo y de desestabilización, ¿es por eso que se pone a funcionar esta instancia?
— No necesariamente. Hay planes conspirativos de gran magnitud instaurados contra la República, por ejemplo, un posible golpe judicial a través de cortes internacionales. Eso es una conspiración de alto nivel que en este momento se está ejecutando contra Venezuela y justamente dentro de la primera petición que le hace el Presidente a este organismo está cómo salirnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana, que está avanzando este tipo de iniciativas contra el país.
— ¿Y qué significa para el país salir de la Cidh y de la Corte IDH?
— Esa decisión tendría que ser decidida por una mayoría de la Asamblea Nacional porque el Parlamento ratificó el Tratado por el que nos sometimos a eso y la Asamblea debería también hacer lo que se llama la denuncia del Tratado. Una vez que sea denunciado van a seguir las causas en curso, pero únicamente por el lapso de un año, lo que no se podrá es introducir nuevas causas contra Venezuela. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de que nos saliéramos? EE UU nunca ha pertenecido o ha estado bajo la jurisdicción de la Corte o de la Cidh y no le ha sucedido nada. Canadá tampoco ha suscrito un acuerdo que lo someta a estos organismos y no le ha pasado nada.
— ¿Salir de la Cidh implicaría salir de la Corte y además de la OEA?
— De la OEA no necesariamente. Esos son organismos jurisdiccionales. EE UU está en la OEA y no se somete a la Cidh ni a la Corte. Seguiríamos en la OEA, aunque es un organismo cada vez más desacreditado por sus mismas políticas de destrucción contra los países no afectos a Estados Unidos. En la Cumbre de Cartagena hubo una cantidad de países que no asistieron, algunos por ser discriminados por ese sistema, como Cuba; y otros por solidaridad.
— Usted dijo que esa Corte está prejuiciada contra Venezuela, ¿de qué manera?
— La Corte en las actuaciones que ha tenido ha demostrado un extraordinario prejuicio contra nuestro país. Durante todas las violaciones de derechos humanos de la cuarta república apenas procesaron seis denuncias y actualmente tiene en curso 66 denuncias contra Venezuela, eso es absolutamente desproporcional. Por otro lado, admiten denuncias sin tener precisado el nombre de las supuestas víctimas, basadas en rumores y notas de prensa; denuncias sobre las cuales no se ha pronunciado la jurisdicción interna venezolana. Para evitar que haya fallos contradictorios en una corte internacional tienes que esperar a que el país tenga una sentencia firme y definitiva, pero no, ellos se ponen a admitir denuncias sobre casos que la justicia venezolana no ha resuelto, creando contradicciones. Por lo tanto, tenemos que salir de ese organismo que no reconoce la soberanía de Venezuela.
— ¿Y cuál es el procedimiento a seguir ahora?
— Se eleva la solicitud a la AN, el Parlamento la considerará y si lo cree pertinente sancionará el Tratado.
— ¿Se votaría por mayoría absoluta o simple?
— Sería simple porque así como no se exige una mayoría absoluta para la ratificación del Tratado tampoco se debe pedir esa mayoría para separarnos de la instancia.
NOTICIA
En la Gaceta Oficial número 39.912 del lunes 30 de abril que circula el día este miércoles, se designa como integrantes principales del Consejo de Estado a José Vicente Rangel, Roy Chaderton, Germán Mundaraín, Carlos Rafael Giacopini y Luis Britto García.
Como miembros suplentes del Consejo figuran Imelda Rincón, Soraya E Achkar, Miguel Ángel Pérez Abad, Samuel Moncada y Jesús Rafael Martínez Barrios.
El pasado 30 de abril, el primer Mandatario Nacional encomendó al vicepresidente Elías Jaua “presidir el Consejo de Estado. Me corresponde a mi hacer algunas designaciones, he pedido al doctor Rangel que se incorpore, he pedido al doctor Britto García que se incorpore”.
El Consejo de Estado, establecido en el artículo 251 de la Constitución de 1999, “es el órgano superior de consulta del Gobierno y la Administración Pública Nacional” encargado de estudiar “asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requiera su opinión“.
3*
Un cero a la izquierda
¿Soy el único que defiende la tesis de que Venezuela debe retirarse de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? No. El ciudadano Presidente de la República Hugo Chávez Frías sostuvo en el Consejo de Ministros de fecha 17 de septiembre de 2011, en presencia de Evo Morales, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos “no vale nada y forma parte del pasado”. También declaró categóricamente que “Aquí gracias a Dios hay un sistema legal y un Estado e instituciones que han demostrado que funcionan”. Y resumió su posición ante la Corte Interamericana, afirmando que “para mí es un cero a la izquierda”.
Sistema legal e instituciones que funcionan
¿Por qué menciona el Presidente que tenemos un sistema legal y un Estado e instituciones que han demostrado que funcionan? Porque la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sostienen que ni el sistema legal ni las instituciones ni el Estado venezolano funcionan, y que por lo tanto la Comisión y la Corte (o un golpe o una fuerza invasora de ocupación) deben suplantarlos. Veamos cómo intenta hacerlo. El artículo 46, literal a) de la Convención Americana de los Derechos Humanos prohibe a la Comisión y a la Corte Interamericanas conocer de casos sobre los cuales no hayan decidido en forma definitiva los tribunales nacionales. La Comisión lo viola sistemáticamente. En su Informe para el Examen Periódico Universal, acusa a Venezuela en 233 párrafos. De ellos, 205 párrafos se refieren a casos en los cuales no se han agotado los recursos internos. Vale decir, Comisión y Corte actúan ilegalmente como si el sistema judicial venezolano no existiera, decidiendo antes que éste, y creando el riesgo de emitir sentencias paralelas y contradictorias. Quien no respeta sus propias normas, quiere violentar las ajenas.
Asegurar la independencia del poder judicial
Así, violando una vez más su propia normativa, el 25 de septiembre la Comisión acepta una denuncia de Allan Brewer Carías, que no ha agotado la jurisdicción interna. Para aceptar esta denuncia inadmisible según las normas que la rigen, la Comisión alega que Venezuela debería “Adoptar medidas para asegurar la independencia del poder judicial”. Con lo cual da por sentado, antes de conocer el caso, que dicha independencia no existiría y que nuestro Poder Judicial debería ser suplantado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte no puede suplantar a nuestros tribunales Pero la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 1265/2008 estableció que en caso de evidenciarse una contradicción entre la Constitución y una convención o tratado internacional, “deben prevalecer las normas constitucionales que privilegien el interés general y el bien común, debiendo aplicarse las disposiciones que privilegien los intereses colectivos (…) sobre los intereses particulares”. Luego, en sentencia de 18 de diciembre de 2008 del expediente N°08-1572, juzga que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede pretender excluir o desconocer el ordenamiento constitucional interno, pues la Convención coadyuva o complementa el texto fundamental que, en el caso de nuestro país, es “la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico” (artículo 7 constitucional)”. Sin embargo, escuchamos al presidente de la Comisión Interamericana sostener en sesión de 27 de marzo, que el tratado internacional debe aplicarse aunque lo contradiga el derecho interno. Con este pronunciamiento, previo al debate, de una vez también pretende la Comisión anular nuestra Constitución y nuestro Poder Legislativo.
El TSJ insta a retirarnos de la Corte Interamericana
Ahora bien, anteriormente el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1942/2003 decidió: “Consecuencia de lo expuesto es que en principio, la ejecución de los fallos de los Tribunales Supranacionales no pueden menoscabar la soberanía del país, ni los derechos fundamentales de la República”(Subrayado en la sentencia). Y en definitiva decide que procede denunciar la Convención Interamericana, en los siguientes términos: “Igualmente con base en el mismo principio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se solicita al Ejecutivo Nacional proceda a denunciar esta Convención, ante la evidente usurpación de funciones en que ha ocurrido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el fallo objeto de la presente decisión; y el hecho de que tal actuación se fundamenta institucional y competencialmente en el aludido Tratado. Así se decide”.
Severas críticas de los países latinoamericanos
¿Solamente Venezuela formula críticas contra los procedimientos ilegales de la Comisión y la Corte Interamericana? En el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana, de 13 de diciembre de 2011, los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú recomiendan a dicha Comisión: “a) Reflexionar sobre la eficacia del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH en la promoción de los derechos humanos en el hemisferio. b) Revisar los criterios, metodología y procedimiento para la elaboración del Capítulo IV, incluyendo el uso de fuentes públicas y privadas. c) Ampliar el espectro del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH para que se analice de manera objetiva e integral la situación de los derechos humanos en todos los Estados de la región, independientemente de que sean estados parte o no de los instrumentos interamericanos de derechos humanos. d) Considerar en la elaboración del Capítulo IV no solo derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales”. No es una minucia instar a un organismo a que reconsidere su eficacia, sus criterios, metodologías, alcances y estrechez de miras. Son países que comprenden cerca de la mitad del territorio y de la población de América Latina y el Caribe. Seguramente tampoco les hará caso una Comisión que nada hizo ante la petición de la Minga de los Movimientos Sociales para que adoptara medidas cautelares en protección del secuestrado presidente Hugo Chávez Frías, y cuya única medida con respecto al golpe contra el presidente electo Rafael Correa, se limitó a solicitar a éste que suspendiera la ejecución de la sentencia por difamación contra un diario ecuatoriano que tergiversó los hechos. Tampoco han hecho nada ni Comisión ni Corte con respecto a los tres millares de víctimas fatales de la dictadura chilena. Es insultante que se digan defensores de Derechos Humanos organismos que permanecen sordos, mudos y ciegos ante hechos semejantes.
Decidámonos
¿Por qué tenemos que reconocer organismos que no reconocen que Venezuela es soberana? Ya el Poder Ejecutivo y el Judicial han manifestado el propósito de excluirnos de esos tribunales que pretenden suplantar al sistema judicial venezolano. Tal decisión debe ser perfeccionada por el Poder Legislativo. Para retirarnos de la Convención Americana basta que lo decida la Asamblea Nacional, según el artículo 187, numeral 18 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Según el artículo 78 de la Convención Americana, se requiere para ello el preaviso de un año; las causas ya entabladas seguirán su curso, pero no se podrán iniciar nuevas demandas. Sería oportuno que adoptáramos dicha decisión en conjunto con otros países que han formulado severas críticas contra esos organismos y han sido víctimas de sus decisiones ilegales. Sería conveniente que lo hiciéramos con la mayor prontitud, para evitar que, como sucedió con el CIADI, cada nueva condena injusta cause mayores y más contundentes daños a Venezuela, e incluso que, como ya lo han hecho, pretendan invalidar decisiones atinentes ni más ni menos que a los procesos electorales de nuestro país. Decidámonos, antes que la Corte pretenda decidir que no somos soberanos.
Espero agenden el post dentro en sus favoritos, vale tenerlo cerca para tener en claro los verdaderos intereses injerencistas que están detrás de esta Comisión y Corte tutelada desde el país norteño y que pone su objetivo en primera instancia sobre Venezuela. Gracias.
1*
TODO LO QUE USTED QUERÍA SABER SOBRE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LA OEA / Pero no se atrevía a preguntar
-¿Qué son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
-Organismos que dependen de la Organización de Estados Americanos, ente con sede en Washington dedicado fundamentalmente a validar las políticas de Estados Unidos, el cual paga la más de la mitad de su presupuesto.
¿La Comisión y la Corte Interamericana de la OEA defienden los Derechos Humanos?
-Sólo si los viola un Estado. Si los violan un empresario, un terrateniente, un banquero o una transnacional, se cruzan de brazos. Tampoco se ocupan del derecho al trabajo, a la tierra, al agua, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la cultura a la información veraz: a todo lo que hace la vida digna y posible.
¿La Comisión Interamericana es imparcial?
-Ni remotamente. Durante las décadas horribles de la Cuarta República, cuando había masacres, campos de concentración, torturas, miles de desaparecidos y suspensiones de garantías que duraban años, la Comisión procesó sólo seis denuncias, una de ellas interpuesta por el terrorista Orlando Bosch y otra por el terrorista Posada Capriles. Durante la década del gobierno bolivariano, cuando todas esas prácticas desaparecieron, la Comisión procesa 66 denuncias contra Venezuela.
¿La Comisión y la Corte son eficaces?
-Sólo para defender los derechos del capital. Nunca se pronunció contra la dictadura de los Somoza, pero sí condenó a la Revolución Sandinista. Cuando el presidente Chávez fue secuestrado por golpistas fascistas, la Comisión no movió un dedo para expedir una medida cautelar a su favor, a pesar de que se lo exigió la organización colombiana Minga. Nada hizo cuando el presidente Manuel Zelaya fue secuestrado. Cuando el presidente Rafael Correa fue secuestrado y balaceado por golpistas fascistas, tampoco movió un dedo. Cuando Correa ganó legítimamente una demanda contra monopolios comunicacionales que lo calumniaron, allí sí salió la Comisión a pedir que los perdonara.
¿La Comisión Interamericana acoge denuncias válidas?
-En su Informe de 2011 para el Examen Periódico Universal, la CIDH nos acusa en 233 párrafos. En 205 trata casos en los cuales no se han agotado los recursos internos, que su propio Estatuto le prohíbe conocer. En 225 no precisa hechos tales como nombres, fechas, lugares ni otros datos, que su Estatuto exige para admitir denuncias. En 182 casos, juzga sobre suposiciones de hechos futuros e inciertos, que “podrían” acontecer. En la casi totalidad, se funda en rumores o recortes de prensa, que ningún tribunal digno de tal nombre acoge como prueba. Incluso objeta proyectos de leyes, cuya sanción depende de la Asamblea Nacional, y no de una oficina en Washington.
¿La Comisión está prejuiciada contra Venezuela?
-En el citado Informe nos colocan junto a Colombia, Honduras y Haití, como países que presentarían “situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales”. Asimilarnos a países ocupados por Estados Unidos o a gobiernos surgidos de golpes o en guerra civil es una torpe injuria.
¿Quién paga a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana?
La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana dependen de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la cual Estados Unidos aporta anualmente unos $44,2 millones, más de la mitad del presupuesto de aquella. El National Endowment for Democracy (NED) sufraga con cantidades todavía no precisadas pero que deben ser sustanciales una miríada de ONGs que fraguan incontables acusaciones contra Venezuela. Esos jugosos estipendios podrían verse reducidos a iniciativa del congresista Connie Mack, de Florida, para quien “La OEA es una organización en América Latina que ha fracasado” (AFP, 3-5-2012). Por la plata baila el perro, y por el dólar acosa a Venezuela la Comisión Interamericana.
¿Podemos evitar que Venezuela sea juzgada por organismos que no reconocen su soberanía?
-Nada más fácil. El artículo 236 de la Constitución establece que “Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República (…) 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales”. Así como puede celebrarlos, puede denunciarlos. El artículo 187 de dicha norma pauta que “Corresponde a la Asamblea Nacional: (…) 18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución”. Así como aprueba su celebración, puede aprobar su denuncia.
¿Sólo Venezuela formula críticas contra los procedimientos ilegales de la Comisión y la Corte Interamericana?
En el Informe del "Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana", de 13 de diciembre de 2011, los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú recomiendan a dicha Comisión: “a) Reflexionar sobre la eficacia del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH en la promoción de los derechos humanos en el hemisferio. b) Revisar los criterios, metodología y procedimiento para la elaboración del Capítulo IV, incluyendo el uso de fuentes públicas y privadas. c) Ampliar el espectro del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH para que se analice de manera objetiva e integral la situación de los derechos humanos en todos los Estados de la región, independientemente de que sean estados parte o no de los instrumentos interamericanos de derechos humanos. d) Considerar en la elaboración del Capítulo IV no solo derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales”. No es desdeñable que tantos y tan importantes países ordenen a un organismo que reconsidere su eficacia, sus criterios, metodologías, alcances y estrechez de miras. Son países que comprenden cerca de la mitad del territorio y de la población de América Latina y el Caribe.
-¿Si nos salimos de la Comisión y de la Corte quedaremos aislados?
-Ni Estados Unidos ni Canadá se han sometido jamás a la Comisión ni a la Corte Interamericana. Mejor aislarlos a ellos.
2*
HAY PLANES CONSPIRATIVOS CONTRA LA REPÚBLICA (Venezuela)
PANORAMA/ Miércoles 02 de mayo de 2012 11:26 AM
Yesibeth Rincón / Maracaibo
Luis Britto García, miembro del Consejo de Estado, señaló que hay una “conspiración de alto nivel” contra el país.
El historiador y académico Luis Britto García considera “un honor” que un “ciudadano de a pie”, como se describe a sí mismo, integre el Consejo de Estado, instancia con funciones consultivas que tendrá el Ejecutivo y sobre el que existía una mora constitucional de más de 12 años.
Britto, doctor en derecho, evaluará, como primera tarea, junto con el Presidente, el vicepresidente y el periodista José Vicente Rangel, la salida de Venezuela de la Cidh. Ayer, conversó, vía telefónica con PANORAMA, sobre esta instancia.
— ¿Cuáles son las tareas que va a tener el Consejo de Estado?
— El Consejo de Estado es un órgano previsto en la Constitución, no se tiene que confundir con el Consejo Federal de Gobierno. Es una instancia consultiva integrada por el Presidente y vicepresidente, pero además tiene un miembro designado por el TSJ, otro por la AN y los otros nombrados por el Presidente. Sus funciones son consultivas, preparar informes sobre los casos que le consulten los poderes públicos, en especial el Ejecutivo; diseñar sugerencias sobre políticas. No tomaremos decisiones, vamos a recomendar o señalar determinados cursos de acción al Ejecutivo y él decidirá si se acoge a los señalamientos.
— ¿Cuándo tendrán la primera reunión con el vicepresidente?
— Todavía no lo sé, porque éste es un órgano nuevo, que estaba en la Constitución pero no se había habilitado. No sé cuándo comenzará a funcionar ni con cuánta periodicidad, eso lo decidirán el Presidente y el vicepresidente. Es más, sus funciones son ad honorem.
— ¿Por qué cree que este consejo no se había creado antes?
— No lo sé, todavía hay muchos mandatos de la Constitución que se vienen a articular con mucho retraso. Muy fundamental era la Policía Nacional y sin embargo eso vino a crearse como una década después. Creo que también es el caso de este órgano, me parece muy bien que se haya decidido ponerlo a funcionar y para mi es un honor.
— El Presidente habló de un plan conspirativo y de desestabilización, ¿es por eso que se pone a funcionar esta instancia?
— No necesariamente. Hay planes conspirativos de gran magnitud instaurados contra la República, por ejemplo, un posible golpe judicial a través de cortes internacionales. Eso es una conspiración de alto nivel que en este momento se está ejecutando contra Venezuela y justamente dentro de la primera petición que le hace el Presidente a este organismo está cómo salirnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana, que está avanzando este tipo de iniciativas contra el país.
— ¿Y qué significa para el país salir de la Cidh y de la Corte IDH?
— Esa decisión tendría que ser decidida por una mayoría de la Asamblea Nacional porque el Parlamento ratificó el Tratado por el que nos sometimos a eso y la Asamblea debería también hacer lo que se llama la denuncia del Tratado. Una vez que sea denunciado van a seguir las causas en curso, pero únicamente por el lapso de un año, lo que no se podrá es introducir nuevas causas contra Venezuela. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de que nos saliéramos? EE UU nunca ha pertenecido o ha estado bajo la jurisdicción de la Corte o de la Cidh y no le ha sucedido nada. Canadá tampoco ha suscrito un acuerdo que lo someta a estos organismos y no le ha pasado nada.
— ¿Salir de la Cidh implicaría salir de la Corte y además de la OEA?
— De la OEA no necesariamente. Esos son organismos jurisdiccionales. EE UU está en la OEA y no se somete a la Cidh ni a la Corte. Seguiríamos en la OEA, aunque es un organismo cada vez más desacreditado por sus mismas políticas de destrucción contra los países no afectos a Estados Unidos. En la Cumbre de Cartagena hubo una cantidad de países que no asistieron, algunos por ser discriminados por ese sistema, como Cuba; y otros por solidaridad.
— Usted dijo que esa Corte está prejuiciada contra Venezuela, ¿de qué manera?
— La Corte en las actuaciones que ha tenido ha demostrado un extraordinario prejuicio contra nuestro país. Durante todas las violaciones de derechos humanos de la cuarta república apenas procesaron seis denuncias y actualmente tiene en curso 66 denuncias contra Venezuela, eso es absolutamente desproporcional. Por otro lado, admiten denuncias sin tener precisado el nombre de las supuestas víctimas, basadas en rumores y notas de prensa; denuncias sobre las cuales no se ha pronunciado la jurisdicción interna venezolana. Para evitar que haya fallos contradictorios en una corte internacional tienes que esperar a que el país tenga una sentencia firme y definitiva, pero no, ellos se ponen a admitir denuncias sobre casos que la justicia venezolana no ha resuelto, creando contradicciones. Por lo tanto, tenemos que salir de ese organismo que no reconoce la soberanía de Venezuela.
— ¿Y cuál es el procedimiento a seguir ahora?
— Se eleva la solicitud a la AN, el Parlamento la considerará y si lo cree pertinente sancionará el Tratado.
— ¿Se votaría por mayoría absoluta o simple?
— Sería simple porque así como no se exige una mayoría absoluta para la ratificación del Tratado tampoco se debe pedir esa mayoría para separarnos de la instancia.
NOTICIA
En la Gaceta Oficial número 39.912 del lunes 30 de abril que circula el día este miércoles, se designa como integrantes principales del Consejo de Estado a José Vicente Rangel, Roy Chaderton, Germán Mundaraín, Carlos Rafael Giacopini y Luis Britto García.
Como miembros suplentes del Consejo figuran Imelda Rincón, Soraya E Achkar, Miguel Ángel Pérez Abad, Samuel Moncada y Jesús Rafael Martínez Barrios.
El pasado 30 de abril, el primer Mandatario Nacional encomendó al vicepresidente Elías Jaua “presidir el Consejo de Estado. Me corresponde a mi hacer algunas designaciones, he pedido al doctor Rangel que se incorpore, he pedido al doctor Britto García que se incorpore”.
El Consejo de Estado, establecido en el artículo 251 de la Constitución de 1999, “es el órgano superior de consulta del Gobierno y la Administración Pública Nacional” encargado de estudiar “asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requiera su opinión“.
3*
PARA RETIRARNOS DE LA TRAMPA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE LA OEA
Un cero a la izquierda
¿Soy el único que defiende la tesis de que Venezuela debe retirarse de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? No. El ciudadano Presidente de la República Hugo Chávez Frías sostuvo en el Consejo de Ministros de fecha 17 de septiembre de 2011, en presencia de Evo Morales, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos “no vale nada y forma parte del pasado”. También declaró categóricamente que “Aquí gracias a Dios hay un sistema legal y un Estado e instituciones que han demostrado que funcionan”. Y resumió su posición ante la Corte Interamericana, afirmando que “para mí es un cero a la izquierda”.
Sistema legal e instituciones que funcionan
¿Por qué menciona el Presidente que tenemos un sistema legal y un Estado e instituciones que han demostrado que funcionan? Porque la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sostienen que ni el sistema legal ni las instituciones ni el Estado venezolano funcionan, y que por lo tanto la Comisión y la Corte (o un golpe o una fuerza invasora de ocupación) deben suplantarlos. Veamos cómo intenta hacerlo. El artículo 46, literal a) de la Convención Americana de los Derechos Humanos prohibe a la Comisión y a la Corte Interamericanas conocer de casos sobre los cuales no hayan decidido en forma definitiva los tribunales nacionales. La Comisión lo viola sistemáticamente. En su Informe para el Examen Periódico Universal, acusa a Venezuela en 233 párrafos. De ellos, 205 párrafos se refieren a casos en los cuales no se han agotado los recursos internos. Vale decir, Comisión y Corte actúan ilegalmente como si el sistema judicial venezolano no existiera, decidiendo antes que éste, y creando el riesgo de emitir sentencias paralelas y contradictorias. Quien no respeta sus propias normas, quiere violentar las ajenas.
Asegurar la independencia del poder judicial
Así, violando una vez más su propia normativa, el 25 de septiembre la Comisión acepta una denuncia de Allan Brewer Carías, que no ha agotado la jurisdicción interna. Para aceptar esta denuncia inadmisible según las normas que la rigen, la Comisión alega que Venezuela debería “Adoptar medidas para asegurar la independencia del poder judicial”. Con lo cual da por sentado, antes de conocer el caso, que dicha independencia no existiría y que nuestro Poder Judicial debería ser suplantado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte no puede suplantar a nuestros tribunales Pero la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 1265/2008 estableció que en caso de evidenciarse una contradicción entre la Constitución y una convención o tratado internacional, “deben prevalecer las normas constitucionales que privilegien el interés general y el bien común, debiendo aplicarse las disposiciones que privilegien los intereses colectivos (…) sobre los intereses particulares”. Luego, en sentencia de 18 de diciembre de 2008 del expediente N°08-1572, juzga que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede pretender excluir o desconocer el ordenamiento constitucional interno, pues la Convención coadyuva o complementa el texto fundamental que, en el caso de nuestro país, es “la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico” (artículo 7 constitucional)”. Sin embargo, escuchamos al presidente de la Comisión Interamericana sostener en sesión de 27 de marzo, que el tratado internacional debe aplicarse aunque lo contradiga el derecho interno. Con este pronunciamiento, previo al debate, de una vez también pretende la Comisión anular nuestra Constitución y nuestro Poder Legislativo.
El TSJ insta a retirarnos de la Corte Interamericana
Ahora bien, anteriormente el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1942/2003 decidió: “Consecuencia de lo expuesto es que en principio, la ejecución de los fallos de los Tribunales Supranacionales no pueden menoscabar la soberanía del país, ni los derechos fundamentales de la República”(Subrayado en la sentencia). Y en definitiva decide que procede denunciar la Convención Interamericana, en los siguientes términos: “Igualmente con base en el mismo principio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se solicita al Ejecutivo Nacional proceda a denunciar esta Convención, ante la evidente usurpación de funciones en que ha ocurrido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el fallo objeto de la presente decisión; y el hecho de que tal actuación se fundamenta institucional y competencialmente en el aludido Tratado. Así se decide”.
Severas críticas de los países latinoamericanos
¿Solamente Venezuela formula críticas contra los procedimientos ilegales de la Comisión y la Corte Interamericana? En el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana, de 13 de diciembre de 2011, los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú recomiendan a dicha Comisión: “a) Reflexionar sobre la eficacia del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH en la promoción de los derechos humanos en el hemisferio. b) Revisar los criterios, metodología y procedimiento para la elaboración del Capítulo IV, incluyendo el uso de fuentes públicas y privadas. c) Ampliar el espectro del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH para que se analice de manera objetiva e integral la situación de los derechos humanos en todos los Estados de la región, independientemente de que sean estados parte o no de los instrumentos interamericanos de derechos humanos. d) Considerar en la elaboración del Capítulo IV no solo derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales”. No es una minucia instar a un organismo a que reconsidere su eficacia, sus criterios, metodologías, alcances y estrechez de miras. Son países que comprenden cerca de la mitad del territorio y de la población de América Latina y el Caribe. Seguramente tampoco les hará caso una Comisión que nada hizo ante la petición de la Minga de los Movimientos Sociales para que adoptara medidas cautelares en protección del secuestrado presidente Hugo Chávez Frías, y cuya única medida con respecto al golpe contra el presidente electo Rafael Correa, se limitó a solicitar a éste que suspendiera la ejecución de la sentencia por difamación contra un diario ecuatoriano que tergiversó los hechos. Tampoco han hecho nada ni Comisión ni Corte con respecto a los tres millares de víctimas fatales de la dictadura chilena. Es insultante que se digan defensores de Derechos Humanos organismos que permanecen sordos, mudos y ciegos ante hechos semejantes.
Decidámonos
¿Por qué tenemos que reconocer organismos que no reconocen que Venezuela es soberana? Ya el Poder Ejecutivo y el Judicial han manifestado el propósito de excluirnos de esos tribunales que pretenden suplantar al sistema judicial venezolano. Tal decisión debe ser perfeccionada por el Poder Legislativo. Para retirarnos de la Convención Americana basta que lo decida la Asamblea Nacional, según el artículo 187, numeral 18 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Según el artículo 78 de la Convención Americana, se requiere para ello el preaviso de un año; las causas ya entabladas seguirán su curso, pero no se podrán iniciar nuevas demandas. Sería oportuno que adoptáramos dicha decisión en conjunto con otros países que han formulado severas críticas contra esos organismos y han sido víctimas de sus decisiones ilegales. Sería conveniente que lo hiciéramos con la mayor prontitud, para evitar que, como sucedió con el CIADI, cada nueva condena injusta cause mayores y más contundentes daños a Venezuela, e incluso que, como ya lo han hecho, pretendan invalidar decisiones atinentes ni más ni menos que a los procesos electorales de nuestro país. Decidámonos, antes que la Corte pretenda decidir que no somos soberanos.
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