Compartimos la segunda parte de un informe de
Télam
con los puntos destacados de la década ganada que festejamos este 25 de mayo.
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Comunicación audiovisual, todo lo que hay que saber
Damián Loreti, Diego de Charras, Luis Lozano, Pagina 12, 24 de octubre 2012
La sanción de la ley 26.522 puso en juego la facultad del Estado para regular la actividad de los medios de comunicación audiovisuales desde un paradigma de derechos humanos. Desde que comenzó a debatirse el proyecto hasta hoy pasaron más de tres años y esta potestad estatal todavía resulta cuestionada, tanto desde las empresas mediáticas con posiciones dominantes en el mercado como por parte de algunos referentes políticos. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana han señalado en más de una oportunidad que la actividad de los medios de comunicación no sólo puede, sino que debe ser regulada por el Estado a través de políticas públicas respetuosas de los estándares internacionales . Las medidas estatales deben tener como finalidad el fomento del pluralismo y la diversidad de voces y deben tender a garantizar condiciones de igualdad en el acceso al debate público. En esta línea, los Estados no sólo están obligados a abstenerse de limitar el ejercicio del derecho a la comunicación por cualquier medio, sino que además deben implementar políticas públicas destinadas a revertir las asimetrías existentes en el acceso al debate público. La intervención de los Estados se torna, por lo tanto, imprescindible para garantizar un reparto equitativo de los medios y reconocer la diversidad de las manifestaciones culturales.
En este sentido, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) promueve la participación de diferentes actores en la prestación de servicios de comunicación y garantiza que el sector comercial siga siendo económicamente viable. Sin embargo, una arquitectura legal construida a lo largo de más de tres décadas a la medida de quienes debían ser regulados y controlados por el Estado indica que democratización no era una variable a tener en cuenta a la hora de pensar los medios y su vínculo con el acceso al debate público. En este escenario, el cambio de paradigma que implicó la sanción de la LSCA requiere un diálogo permanente entre el Estado y la sociedad civil para generar políticas públicas que impulsen el proceso democratizador.
Concentración, pluralismo y diversidad
El fomento de la diversidad de voces y el pluralismo como presupuestos básicos del ejercicio del derecho a la comunicación se ha convertido en un desafío central frente a las lógicas de globalización, integración comercial y libre comercio. En sus Indicadores de Desarrollo Mediático aprobados en 2008, la Unesco sostiene que para incrementar el pluralismo y la diversidad en un sistema de medios “las autoridades responsables de ejecutar las leyes antimonopolios cuentan con las atribuciones suficientes, por ejemplo, para negar las solicitudes de licencias y para exigir la desinversión en las operaciones mediáticas actuales cuando la pluralidad esté comprometida o se alcancen niveles inaceptables en la concentración de la propiedad” . Cualquier parecido con la realidad argentina es pura coincidencia.
La concentración de la propiedad de medios de comunicación, no absoluta pero sí tendencialmente, deviene en homogeneización de contenidos, marginación de voces disidentes a partir de alianzas comerciales y/o políticas, subsidios cruzados que canibalizan mercados, competencia desleal e incremento de las barreras de entrada para nuevos actores. Algo que en Argentina ya vivimos.
Sin embargo, los cultores de la autorregulación encuentran sólo deficiencias coyunturales del mercado, cuya solución ubican en la propia matriz mercadocéntrica y la mayoría de las veces aparece asociada a una ampliación de las posibilidades tecnológicas. La experiencia de las últimas décadas, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, ha demostrado la escasa validez de estas posturas: en ningún caso el avance tecnológico ha implicado, por su mera aparición, una democratización de las comunicaciones.
El rol de los medios y los procesos de concentración de la propiedad, así como el análisis de las alianzas políticas y económicas y su impacto sobre los contenidos, definen un escenario en el que, una vez más, la intervención del Estado se vuelve imprescindible para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación, entendido como un derecho humano fundamental.
Miradas desde el paradigma de derechos humanos
La LSCA puso de manifiesto la necesidad de construir un consenso social amplio que garantice el reconocimiento de la comunicación y la cultura como elementos centrales en el marco de un Estado de derecho, que de ninguna manera pueden quedar supeditados a las lógicas de la explotación comercial en desmedro del bienestar común. Así lo entendieron los principales actores de los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos, quienes opinaron sobre la ley desde una perspectiva de defensa de la libertad de expresión. Al respecto aparecen dos referencias clave.
Para el relator especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, “la Argentina está sentando un precedente muy importante. No sólo en el contenido de la ley, porque el proyecto original que vi es lo más avanzado que hay en el mundo en ley de telecomunicaciones, sino además en el procedimiento que se siguió, el proceso de consulta a nivel popular. Me parece que ésta es una ley realmente consultada con su pueblo”. En cuanto al texto de la ley, La Rue reconoció que “garantiza el pluralismo, que todas las voces tengan acceso. Reconoce que tiene que haber tres tipos de medios: comerciales, comunitarios y públicos. Y los convierte en ley. Ante una progresiva concentración monopólica y oligopólica de medios, no sólo en América latina, creo que esta ley es un gran avance” .
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA sostuvo, en su informe del año 2009, que “esta reforma legislativa representa un importante avance respecto de la situación preexistente en Argentina. En efecto, bajo el marco normativo previo, la autoridad de aplicación era completamente dependiente del Poder Ejecutivo, no se establecían reglas claras, transparentes y equitativas para la asignación de las frecuencias ni se generaban condiciones suficientes para la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de presiones políticas” .
Pese a los insistentes argumentos respecto del supuesto control que la ley impondría sobre los contenidos de los medios audiovisuales, a diferencia de otras legislaciones o proyectos de la región, no aparece en toda la norma ningún artículo que pueda resultar incompatible con las disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre este punto. Tampoco contempla, dentro de los diferentes tipos de servicios de comunicación, restricciones en cuanto a potencia, cobertura territorial o acceso a fuentes de financiamiento ni establece un plazo de duración de los permisos excesivamente breve que impida la realización de los proyectos comunicacionales presentados al momento de concursar la licencia o que dificulte, en el caso de los medios comerciales, el desarrollo de un negocio rentable. Es decir que, en sintonía con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, la ley asegura previsibilidad y certeza jurídica para quienes poseen o adquieren una licencia. Los derechos y obligaciones establecidos en la norma son claros y precisos; se contemplan procedimientos transparentes y respetuosos del debido proceso –que permiten, entre otras cosas, revisar judicialmente cualquier decisión adoptada en el ámbito administrativo– y garantiza que mientras se usa la frecuencia no serán exigidos más requerimientos que los establecidos en la ley.
La LSCA incorpora un enfático reconocimiento acerca de la importancia del pluralismo y la diversidad. Además de los compromisos recogidos por la ratificación de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco , la ley recoge lo dicho por los relatores de Libertad de Expresión de ONU, OEA, Europa y Africa que, en el año 2001, en su Declaración Conjunta recomendaron: “La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión”.
En relación con la universalidad del acceso a los medios de comunicación como un soporte fundamental para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión, que la ley establece en los artículos 2, 3, 72 y 153, afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 5/85: “Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera fuera la forma que pretenda adoptar” .
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el pasado 22 de mayo, al resolver el resonado expediente por la vigencia de la medida cautelar por el artículo 161 para el Grupo Clarín, entendió que “no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Ello resulta necesario, porque en todo el derecho comparado existen normas de organización del mercado en el campo de los medios de comunicación, sin que su constitucionalidad haya sido cuestionada de modo genérico. Debe existir una afectación concreta de la libertad de expresión para invalidar una norma de regulación de la competencia, lo que en el caso no se ha demostrado” .
El espacio público construido por los medios de comunicación asume hoy una centralidad primordial para conformar nuestra percepción de la realidad social y política, para determinar la agenda pública de necesidades a ser atendidas y desde donde la ciudadanía obtiene buena parte de las herramientas que la ayudan a aprehender el universo de la cotidianidad. Ese debe ser el lugar de la democracia, el pluralismo y la diversidad. Los negocios son otra cosa.
Reestatización de las AFJP
La reestización del sistema de AFJP en Argentina en 2008
Eduardo Basualdo, CIFRA - Centro de Investigación y Formación de la República Argentina Cuaderno de Trabajo Nro. 2, noviembre de 2009
La reestatización del sistema jubilaciones a fines de octubre de 2008 significó la recuperación del sistema previsional en manos del Estado nacional. Como se analizó en el capítulo anterior, con la reforma previsional impulsada por el gobierno de C. Men%m, se había instaurado un régimen de carácter mixto (capitalización y reparto), basado en la capitalización individual como elemento central de la futura jubilación del trabajador. Los principales argumentos en favor de la reforma, planteaban que el régimen de capitalización permitiría la reducción del déficit crónico del sistema previsional, el incremento de su cobertura y un aumento del ahorro interno en el país, además de garantizar mayores ingresos para los jubilados y pensionados al momento del retiro. Se sostenía al mismo tiempo que la reforma del sistema, al dinamizar el mercado domestico de capitales, impulsaría el crecimiento económico, impactando positivamente en las condiciones de vida de la población en su conjunto.
Hoy, más de una década después, se hizo evidente que ninguno de estos argumentos se cumplió en la práctica. Más bien sucedió todo lo contrario: se observó una reducción en el nivel de cobertura, una alta concentración del mercado de las AFJP que minó los tan aclamados “beneficios de la competencia”, un incremento en los costos del sistema por el alto peso de las comisiones de las administradoras sobre los aportes realizados por sus afiliados, una profundización del déficit del sistema estatal por el enorme giro de fondos hacia las AFJP, un inexistente fomento del mercado de capitales. Para los efectivamente afiliados al régimen de capitalización los resultados tampoco fueron prósperos. Sus jubilaciones no resultaron necesariamente mayores que las de quienes permanecieron en el sistema de reparto. Adicionalmente, con el impulso del Decreto 1495/01, las AFJP lograron avanzar sobre las cuentas individuales deduciendo parte de su comisión directamente del saldo de la cuenta aquel afiliado que dejaba de aportar durante cierta cantidad de tiempo.
Resulta claro, entonces, que mientras las consecuencias de la reforma previsional de 1994 fueron marcadamente negativas para los ingresos del Estado y de la clase trabajadora, esto no fue así para el sector financiero y el capital concentrado local e internacional, beneficiados por la proliferación de negocios financieros.
Luego de este racconto, no es necesario aclarar por qué la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a través de la Ley 26.425 de 2008, ha significado una medida progresiva para el conjunto de los trabajadores de nuestro país. De hecho, ha implicado que el sistema previsional vuelva a concebirse como un régimen solidario financiado a través de la transferencia intergeneracional. A su vez, la reestatización del sistema implicó que los fondos que administraban las AFJP fueran traspasados hacia las arcas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y, con ello, surgieron una serie de debates públicos acerca de la propiedad y el uso de dichos fondos. En la primera sección del presente capítulo, buscando aportar información a estos debates, se compara la composición de la cartera de inversiones de las AFJP con la cartera actual en manos de la ANSES y se da cuenta de la forma en que se han utilizado los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) desde la re-estatización del sistema hasta la actualidad. En base a esta información, es posible analizar el modo en que el gobierno nacional ha utilizado los fondos de la ANSES como instrumento de política económica.
Como se podrá observar, los resultados indican que, desde el traspaso de las colocaciones de las AFJP a la ANSES, el gobierno no ha modificado sustancialmente la composición de la cartera. Tampoco ha mostrado capacidad (o voluntad) para emplear los fondos disponibles ni para generar un impacto positivo en la economía real ni para alcanzar una recomposición real de los ingresos de los jubilados actuales. Si bien la reestatización del sistema de jubilaciones y pensiones ha sido, sin lugar a dudas, la medida más relevante en términos de política previsional de las últimas décadas, no se puede dejar de mencionar la importancia de la Ley de Movilidad Jubilatoria sancionada el pasado año.
La mencionada ley implicó un avance para los trabajadores, ya que la evolución de los ingresos de la población pasiva no dependen ya de la decisión discrecional del Poder Ejecutivo, como había acontecido a lo largo de las últimas décadas.
Asignación Universal por Hijo
En Argentina, la asignación por hijo restaura los lazos familiares con las escuelas
Marcela Valente, The Guardian, 5 de septiembre de 2011
Los pagos de efectivo a los padres en condición de pobreza hacen que sus niños mantengan la asistencia escolar y los chequeos de salud están teniendo un impacto positivo. Los pagos condicionales de dinero en efectivo a las familias pobres con niños en Argentina han "tenido un impacto" muy positivo, dijo entusiásticamente Graciela Dulcich, directora de una escuela primaria en un barrio pobre en las afueras de Buenos Aires.
"Una vez que los niños se matriculan en la escuela, la responsabilidad es nuestra, y si ellos pierden la clase por más de tres días, nosotros tenemos que mover cielo y tierra para averiguar qué está pasando, y para hacer que comiencen nuevamente", explicó la misma.
Durante los últimos 35 años, Dulcich ha trabajado en escuelas públicas en barrios de bajos recursos en los suburbios de la capital, como la escuela número 34, donde ella actualmente se desempeña como directora en San Isidro, un distrito de Buenos Aires marcado por fuertes contrastes sociales. En el año 2009, el gobierno de centro-izquierda de Cristina Fernández presentó la Asignación Universal por Hijo (AUH), que otorga 220 pesos (53 dólares) mensuales por cada hijo menor de 18 años, llegando al máximo de cinco, para padres que están desempleados o trabajan en el sector informal de la economía.
En caso de hijos discapacitados, la asignación mensual es cuatro veces mayor. La AUH luego fue extendida a los hijos de empleadas domésticas, embarazadas, y miembros de cooperativas con bajos recursos. La transferencia de dinero, recibida actualmente por las familias de más de 3.6 millones de niños y adolescentes, está sujeta a la asistencia escolar y a la actualización de vacunas y chequeos médicos. Estudios independientes demuestran que la AUH ha conducido a una drástica reducción –entre 55 % y 70 %- de la pobreza extrema, así como a una significante reducción en los niveles de pobreza y desigualdad.
Pero el impacto no sólo se ha sentido en las familias en situación de pobreza que han sido favorecidas por la ayuda mensual en efectivo que completa los ingresos que son capaces de obtener trabajando. Los efectos también se sintieron en las escuelas, especialmente en el nivel primario, donde la AUH ha producido un gran salto en la matriculación. Y, de acuerdo con Dulcich, “una vez que la escuela logra que los niños entren, los ganó de nuevo”- en otras palabras, incluso si faltan una semana de tres, ellos están en el sistema, y están en seguimiento.
“Hacemos todo tipo de cosas para lograr que asistan a clase”, desde animarlos y aplaudir todos los días a los que van, hasta llamar por teléfono o incluso visitar las casas de los que faltaron a clase, dijo la directora. Ella explicó que el ministerio de Educación solicita reportes mensuales de asistencia. “Si le comunico al ministerio que hay chicos que abandonaron, o que algunos repitieron el año, me reprenden y me solicitan un informe detallado. Esta es la presión que enfrentamos, por la cual tiene que hacerse todo lo que fuera posible para asegurar que los chicos vayan a la escuela”, dijo Dulcich.
Las escuelas primarias también pueden enviar a los niños a psicólogos o a trabajadores sociales, y ofrecer a las familias orientaciones médicas o de cuestiones odontológicas, así como consejos sobre diferentes problemas. Con respecto a las familias de los chicos que habitualmente faltan a clase, y “no tienen la cultura de una asistencia regular”, se realiza un gran esfuerzo en términos de seguimiento de la situación, explicó Dulcich. Muchas de esas familias se ganan la vida clasificando basura en la calle de los materiales reciclables vendibles como el papel y cartón- son conocidos como “cartoneros” en Argentina- trabajo que a menudo realizan los niños junto a sus padres.
“Pero para las madres que nunca se rinden, las que nos preguntan si pueden dar la dirección y número de teléfono de la escuela como referencia cuando van a buscar trabajo, la AUH es muy valorada”, ella dijo. Estas mujeres, expresa Ducich, “ahora envían a sus hijos a la escuela con todos los útiles necesario, y vienen para decir que su hijos perdieron su lápiz rojo, por ejemplo-una actitud impensable en el pasado. Las familias ahora se sienten menos marginadas, e incluso realizar contribuciones voluntarias regulares” a la asociación de padres, conocida como “cooperadora” en Argentina.
En el país de las escuelas públicas, la cooperadora recibe dinero de los padres de los estudiantes para hacer los arreglos necesarios y comprar los materiales cuando el presupuesto de la escuela no alcanza.
Los retos en la escuela secundaria
Pero en el nivel secundario ha sido más difícil lograr la asistencia constante por medio de la AUH. Aunque la asignación ha ayudado a reducir la pobreza, lo que en sí mismo favorece un entorno de aprendizaje, los retos son más complicados.
Jessica Malegarie, de la Fundación Cimientos (Fundación para la Igualdad de Oportunidades Educativas), que trabaja con adolescentes, dijo que la AUH "ayuda pero no resuelve" los problemas en la escuela secundaria, donde la deserción y los índices de repitentes son elevados.
La fundación provee un salario de 185 pesos (US$45) por mes a 3.050 jóvenes de todo el país para contribuir a que permanezcan en la escuela. Esta asistencia no es incompatible con la AUH, la cual es recibida por la mitad de las familias de los beneficiarios de la fundación. Sin embargo, la estructura de la escuela secundaria, donde hay diferentes maestros para cada tema, que además enseñan en más de una escuela, implica que la relación con cada estudiante sea menos personalizada. Este y otros factores afectan la asistencia regular, dijo Malegarie. Los índices de deserción en la escuela secundaria son entre dos y tres veces más altos que en el nivel primario.
Malegarie, directora de los programas de la fundación, dijo que la AUH "ha sido muy positiva, porque ha reducido las tasas de pobreza y necesidad, al mismo tiempo que sitúa la cuestión de la educación en la agenda pública, exigiendo la asistencia de los alumnos". Malegarie también reconoce que la asignación condujo a un incremento en la inscripción. Pero también destacó que para mantener a los adolescentes en la escuela, "se debe lograr un compromiso por parte del menor y su familia, lo que requiere trabajar de cerca con ellos".
La escuela secundaria "fue pensada para otro tipo de estudiante, con diferentes características socioeconómicas y culturales" a las que se ven hoy en muchas zonas, dijo, agregando que se necesitan programas tutoriales, y que los maestros deberían poder pasar más tiempo en las escuelas. IPS habló con una mujer que está enfrentando este problema: su hijo de 15 años quiere dejar la escuela. Su madre, una empleada doméstica, está preocupada porque perdería la AUH, pero no ha podido convencerlo de seguir yendo a clase. "Le dije que si él no sigue estudiando, tendrá que salir y trabajar, pero no llego a ningún lado con él", dijo la madre, quien prefirió conservar el anonimato.
Los padres reciben 80% de la AUH todos los meses. El resto es retenido hasta el principio del año escolar en marzo, El padre o tutor legal recibe el monto acumulado presenta una constancia de asistencia y un certificado de vacunación. "Ese control", dijo Dulcich, "se hace solo una vez al año, pero nos supervisan todos los meses para ver que está pasando con los niños que están inscriptos. Por eso, desde mi punto de vista, es sin duda muy positivo - no solo respecto al futuro, sino también respecto al presente". "Una vez que la familia 'descubre' la escuela, la cual los ayuda a solucionar varios problemas y brinda apoyo, no se van más. Porque las cosas no son como solían ser – las escuelas ahora cumplen con muchas funciones sociales", dijo la directora.
Matrimonio Igualitario
Discurso Partido Socialista
Diputado Cuccovillo, Versión Taquigráfica - Hora 01:09 Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Cuccovillo.-
Señor presidente: desde el bloque del Partido Socialista venimos a dar el total apoyo a este dictamen de mayoría, destacando fundamentalmente que este es un trabajo de nuestros compañeros, como el ex diputado Di Pollina y más recientemente la compañera Augsburger, fruto del esfuerzo y la militancia al servicio de la aprobación de esta iniciativa.
Estuve escuchando distintas exposiciones: me pareció importante la del señor diputado Felipe Solá, con la que estoy en total acuerdo por las emociones que me generó; rescato también la intervención del señor diputado Roy Cortina que dio fundamento a los irrefutables avances científicos, históricos y sociales del ser humano; la señora diputada Chieno abundó en datos estadísticos acerca de la vida familiar y el niño, y la señora diputada Puiggrós habló desde el conocimiento de las distintas construcciones de la vida familiar.
Algunos pensamos quizás que la vida transcurre siempre igual, pero la construcción social, el matrimonio y los estados son construcciones culturales, y no siempre fueron iguales. No fueron iguales hace treinta, cincuenta o cien años, y mucho menos hace doscientos o mil. Por lo tanto, cuando hablamos de la familia como una cuestión, eterna no es así; solamente sucede en las películas. Muchos diputados y diputadas han avanzado sobre las cuestiones de los derechos y la igualdad. Yo me pregunto qué aporte puedo hacer. La verdad es que quiero avanzar en mi condición de padre de un hijo gay, un hijo que entiendo que debe tener igualdad de derechos que el resto de mis hijos.
Tengo tres hijos: dos varones y una mujer. Uno de mis hijos varones es gay, un ser humano que yo considero que tiene igualdad de derechos y de sentimientos que el resto de mis hijos. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
El señor diputado Solá habló de hipocresía; por eso sentí que me identificaba mucho con su pensamiento y sus emociones. En general trato de no ser duro porque creo que las cuestiones culturales son muy difíciles de transformar, y entiendo a quienes no están de acuerdo con este proceso.
Conversando con algunos de mis compañeros les decía que la verdad es que hubiese querido que quienes hoy están en desacuerdo con este proyecto tuvieran mayores fundamentos desde lo científico, es decir, fundamentos concretos. Reconozco en muchos de mis colegas, quizás en todos, una gran sinceridad y una gran militancia en sus convencimientos, pero entiendo que no hay elementos científicos concretos ni emotivos que avalen su posición en la vida cotidiana.
Este hijo mío tiene los mismos derechos que el resto de la sociedad.
Seguramente habrá muchos hijos, hermanos y padres que están en su misma situación. Cuando nos turnamos para cuidar a mi nieto, mi hijo mayor no piensa que el que irá a cuidarlo en los días que tenemos asignados es un tío gay que puede contagiar o deformar al niño. La verdad es que no siento que piense así. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Entonces, señoras diputadas y señores diputados, haciendo una referencia al respeto que tengo por las diferencias, porque entiendo que las culturas a veces tardan siglos en modificarse debido a que son muy resistentes, pienso que el matrimonio es una institución cultural armada por el ser humano y que se fue modificando a lo largo de los tiempos. Solamente hay que estudiarlo, hay que leerlo, hay que investigarlo y despojarse de ciertas cuestiones emotivas o fundamentalistas.
Es desde este punto de vista que quiero hablar: desde el punto de vista de la igualdad de derechos, de lo cotidiano. La señora diputada Satragno nos hablaba muy correctamente del sufrimiento de quienes viven esta situación, del sufrimiento de las familias. Yo me he encontrado con madres que tenían dificultades para expresar la situación de su hija o de su hijo.
Recientemente la madre de un activo dirigente gay, amiga mía, me contó que hace pocos años se encontró con esa realidad y le costaba enormemente aceptarla, pero seguramente le costaba más por el qué dirán desde afuera, por cómo podía ser juzgado desde afuera. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que si es gay es buen trabajador, estamos haciendo una discriminación, porque ese buen trabajador tuvo que hacer mérito desde la infancia para que no lo noten diferente y tuvo que sufrir desde la infancia… (Aplausos en las bancas y en las galerías.) …para cubrir las diferencias que pudiera haber tenido en una sociedad que lo discriminaba.
Por eso me parece que esto es un gran avance de la sociedad argentina hacia la igualdad. Este debate serio que hemos dado en esta Cámara con quienes no están de acuerdo con esta iniciativa es un gran avance. Hoy puedo parafrasear a Alejandro Rossi, quien en la comisión decía algo así como “Hoy me siento un poco mejor porque creo que hemos avanzado; más allá de que pensemos distinto podemos sentirnos un poco más iguales.” El bloque del Partido Socialista, respetando el trabajo que ha hecho Silvia Augsburger y el que hiciera Vilma Ibarra en el otro dictamen, así como el de tantos otros diputados y diputadas, adelanta su apoyo al dictamen de mayoría. (Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al diputado)
Recuperación de Empresas Nacionales
Lo que nos pertenece
Mario Rapoport, Página 12, 17 de abril de 2012
YPF, creada en 1922, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, con yacimientos descubiertos a partir de 1907, fue conducida inicialmente por un patriota visionario, el general Enrique Mosconi, brindando una base para nuestra industrialización e independencia económica y dando empleo a muchos argentinos.
Mosconi se interesó en el petróleo cuando trabajaba para el incipiente servicio aeronáutico del ejército y un oscuro gerente de la Texaco, empresa estadounidense a la que se le compraba en ese entonces gasolina, se negó a proveerla bajo el pretexto de que el organismo estatal se había excedido en los límites de crédito otorgados. Entendiendo que las Fuerzas Armadas podían paralizar sus actividades por esas circunstancias, se le reveló a sí mismo la necesidad de un abastecimiento permanente de aquellos productos, cada vez más indispensables desde el punto de vista estratégico, mediante la creación de una empresa estatal.
Mosconi se dio cuenta de que las compañías norteamericanas e inglesas que dominaban el mercado, unas más brutalmente y otras con mayor suavidad, terminaban ahogando al país con sus cuerdas como las viudas negras a sus amantes de turno. Negras de ese líquido tan precioso como el petróleo. Debemos recordar que desde los comienzos del siglo XX los supuestos del libre comercio, definidos brillantemente por Adam Smith, no fueron horadados por las ideas de Carlos Marx, sino por la acción de un demiurgo ambicioso e implacable como lo llamaba Bertrand Russell, el norteamericano John D. Rockefeller. Este llegó a monopolizar a través de su Standard Oil la casi totalidad de la capacidad refinadora, los oleoductos, el transporte y el 85 por ciento de los recursos petroleros de su país y luego se lanzó al mundo compitiendo con los no menos voraces intereses holando-ingleses de la Royal Dutch Shell. El libre comercio podía servir para la teoría, pero John D. y la Shell preferían la práctica del monopolio.
Yrigoyen intentó enfrentarlos a través de un proyecto de nacionalización del oro negro argentino. El manejo del recurso estratégico se había convertido en uno de los ejes de la agenda política y transformado en bandera del antiimperialismo. Diego Luis Molinari decía en el Senado “que no se instituye un monopolio del Estado para aplastar a una industria privada de tales o cuales individuos: estamos en la alternativa de elegir entre el monopolio extranjero y el monopolio del Estado, que es, en definitiva, el monopolio del pueblo argentino”. Pero el caudillo radical se encontró con una muralla de políticos venales que, además de acusarlo de decrépito, organizaron con paciencia un golpe de Estado para echarlo del poder en septiembre de 1930. El gabinete del nuevo presidente, José Félix Uriburu, lucía con la presencia de varios abogados o representantes de las empresas extranjeras. En su época se decía que en ese golpe había “olor a petróleo”: era quizás el perfume más cotizado de entonces y lo siguió siendo hasta ahora.
La historia de YPF sufrió varios avatares, pasando por el fracasado contrato con la Standard Oil de California, al final del gobierno de Perón, que no ponía en juego a la compañía estatal, pero sí le otorgaba una concesión importante a esa empresa; los contratos petroleros firmados por Frondizi; y la anulación de esos contratos bajo el gobierno de Illia.
La necesidad del abastecimiento petrolero en la época de la industrialización previa al golpe del ’76 estaba metafóricamente simbolizada por una acertada expresión de Horacio Giberti. “Si la industria es el motor del avión, su combustible es la energía y, precisamente, por falta de petróleo, el avión de la economía argentina no alcanzó a despegar.”
Ya con la última dictadura militar, que desindustrializó el país, predominó el desmantelamiento expreso de YPF a fin de garantizar el costoso endeudamiento externo. Una empresa exhausta, pero todavía potencialmente pródiga quedaba como última joya de la corona cuando el gobierno de los noventa optó por obviar la importancia económica y estratégica de este recurso natural y no renovable permitiendo la privatización primero y su extranjerización después.
Mientras que países vecinos como Brasil con Petrobras, Venezuela con Pvdsa y México con Pemex mantenían el petróleo en manos del Estado, la Argentina lo vendía apresuradamente para intentar salvar una falsa estabilización cambiaria, aunque sus ingresos no sirvieron para conformar ni la última propina de la deuda externa.
Repsol-YPF pasó a poseer un considerable poder de mercado, parecido al que tenía su predecesora estatal. Se reemplazaba la lógica del interés nacional por el de la ganancia empresarial. La producción se destinaba esencialmente a la exportación, a fin de aprovechar el vertiginoso alza del precio del crudo, mientras se dejaba de lado la constitución de reservas indispensables para el futuro. Al mismo tiempo se disminuía la exploración de riesgo y se reducía en forma considerable la cantidad de años que aquellas reservas podían cubrir. Además, la renta petrolera se reciclaba fuera del circuito productivo nacional, privilegiando la remisión de utilidades y los precios de transferencia. Las retenciones eran un paliativo desde el punto de vista fiscal, que no resolvían ni la posibilidad de absorber el aumento del valor del crudo, ni la cuestión principal que era el control por parte del Estado de un recurso cada vez más escaso e imprescindible para la nueva etapa de desarrollo económico del país. Hoy las críticas que nos vienen de España y del Viejo Mundo son muchas, pero no olvidemos que los gigantes que veía el Quijote en su delirio no eran más que molinos de viento. El gobierno argentino no está expropiando una empresa, sino recuperando algo que les pertenece al país y a su pueblo. Los molinos de viento están en otra parte y es posible que muevan como fantasmas la crisis europea. Mientras, nosotros nos quedamos con lo que nos pertenece.
La década ganada
Discurso de la Presidenta de la Nación en el Congreso
Cristina Fernández de Kirchner, Inauguración del 131° período de sesiones ordinarias del Congreso
Muy buenos días a todos y a todas. Señores gobernadores; señores miembros del cuerpo diplomático; organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos; señoras y señores legisladores y legisladoras; pueblo de mi Patria; mis queridos jóvenes como siempre, muchas gracias a todos realmente: una vez más, en el marco de lo que dispone la Constitución Nacional en su artículo 99 inciso 8°, vengo a dar cuenta del estado de la Nación y asimismo a dar apertura a este nuevo año legislativo, el 131° período ordinario de este Parlamento Argentino, maravilloso Parlamento Argentino. Y también a proponer, tal cual lo indica el inciso, las cuestiones que de acuerdo a mi pensamiento, a lo que queremos hacer como acción de gobierno, poner a consideración eventualmente normativas a este Parlamento.
Este no es un año cualquiera, esta no es una sesión o un período de sesiones cualquiera, este 131 período de sesiones ordinarias legislativas coincide con dos aniversarios muy fuertes, para mí como militante política, para mi generación y creo que para todos los argentinos. Este año se van a cumplir 30 años de la recuperación democrática de la República Argentina; 30 años que los argentinos recuperamos el derecho a la vida, que nos había sido arrebatado por el terrorismo de Estado; 30 años en que hemos recuperado la libertad; 30 años en que hemos recuperado a la soberanía popular como única fuente legítima del poder público en la República Argentina.
También en unos días más, apenas unos meses, el 25 Mayo de este año vamos a cumplir 10 años desde el momento en que un hombre se sentó en este mismo lugar, con bastante menos votos que esta Presidenta por cierto pero con una voluntad, una capacidad y una convicción en el futuro basado precisamente en su memoria que no reconocía límites. Y daba comienzo también entonces ese 25 de Mayo un proyecto político abarca activo a toda la Nación donde ya íbamos a la lucha por la igualdad, íbamos a la lucha por un mayor desarrollo económico, social y cultural, por las terribles frustraciones que habíamos vivido los argentinos aún en períodos democráticos. Yo quiero saludar a todas las fuerzas políticas de origen democrático de nuestro país por estos 30 años y por estos 10 años en que los argentinos hemos recuperado tantos derechos y tantas conquistas sociales.
Desarrollo y crecimiento son las dos palabras que creo más sintetizan estos últimos 10 años.
Leer el discurso completo
Racinguistas Ricoteros Peronistas
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Comunicación audiovisual, todo lo que hay que saber
Damián Loreti, Diego de Charras, Luis Lozano, Pagina 12, 24 de octubre 2012
La sanción de la ley 26.522 puso en juego la facultad del Estado para regular la actividad de los medios de comunicación audiovisuales desde un paradigma de derechos humanos. Desde que comenzó a debatirse el proyecto hasta hoy pasaron más de tres años y esta potestad estatal todavía resulta cuestionada, tanto desde las empresas mediáticas con posiciones dominantes en el mercado como por parte de algunos referentes políticos. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana han señalado en más de una oportunidad que la actividad de los medios de comunicación no sólo puede, sino que debe ser regulada por el Estado a través de políticas públicas respetuosas de los estándares internacionales . Las medidas estatales deben tener como finalidad el fomento del pluralismo y la diversidad de voces y deben tender a garantizar condiciones de igualdad en el acceso al debate público. En esta línea, los Estados no sólo están obligados a abstenerse de limitar el ejercicio del derecho a la comunicación por cualquier medio, sino que además deben implementar políticas públicas destinadas a revertir las asimetrías existentes en el acceso al debate público. La intervención de los Estados se torna, por lo tanto, imprescindible para garantizar un reparto equitativo de los medios y reconocer la diversidad de las manifestaciones culturales.
En este sentido, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) promueve la participación de diferentes actores en la prestación de servicios de comunicación y garantiza que el sector comercial siga siendo económicamente viable. Sin embargo, una arquitectura legal construida a lo largo de más de tres décadas a la medida de quienes debían ser regulados y controlados por el Estado indica que democratización no era una variable a tener en cuenta a la hora de pensar los medios y su vínculo con el acceso al debate público. En este escenario, el cambio de paradigma que implicó la sanción de la LSCA requiere un diálogo permanente entre el Estado y la sociedad civil para generar políticas públicas que impulsen el proceso democratizador.
Concentración, pluralismo y diversidad
El fomento de la diversidad de voces y el pluralismo como presupuestos básicos del ejercicio del derecho a la comunicación se ha convertido en un desafío central frente a las lógicas de globalización, integración comercial y libre comercio. En sus Indicadores de Desarrollo Mediático aprobados en 2008, la Unesco sostiene que para incrementar el pluralismo y la diversidad en un sistema de medios “las autoridades responsables de ejecutar las leyes antimonopolios cuentan con las atribuciones suficientes, por ejemplo, para negar las solicitudes de licencias y para exigir la desinversión en las operaciones mediáticas actuales cuando la pluralidad esté comprometida o se alcancen niveles inaceptables en la concentración de la propiedad” . Cualquier parecido con la realidad argentina es pura coincidencia.
La concentración de la propiedad de medios de comunicación, no absoluta pero sí tendencialmente, deviene en homogeneización de contenidos, marginación de voces disidentes a partir de alianzas comerciales y/o políticas, subsidios cruzados que canibalizan mercados, competencia desleal e incremento de las barreras de entrada para nuevos actores. Algo que en Argentina ya vivimos.
Sin embargo, los cultores de la autorregulación encuentran sólo deficiencias coyunturales del mercado, cuya solución ubican en la propia matriz mercadocéntrica y la mayoría de las veces aparece asociada a una ampliación de las posibilidades tecnológicas. La experiencia de las últimas décadas, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, ha demostrado la escasa validez de estas posturas: en ningún caso el avance tecnológico ha implicado, por su mera aparición, una democratización de las comunicaciones.
El rol de los medios y los procesos de concentración de la propiedad, así como el análisis de las alianzas políticas y económicas y su impacto sobre los contenidos, definen un escenario en el que, una vez más, la intervención del Estado se vuelve imprescindible para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación, entendido como un derecho humano fundamental.
Miradas desde el paradigma de derechos humanos
La LSCA puso de manifiesto la necesidad de construir un consenso social amplio que garantice el reconocimiento de la comunicación y la cultura como elementos centrales en el marco de un Estado de derecho, que de ninguna manera pueden quedar supeditados a las lógicas de la explotación comercial en desmedro del bienestar común. Así lo entendieron los principales actores de los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos, quienes opinaron sobre la ley desde una perspectiva de defensa de la libertad de expresión. Al respecto aparecen dos referencias clave.
Para el relator especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, “la Argentina está sentando un precedente muy importante. No sólo en el contenido de la ley, porque el proyecto original que vi es lo más avanzado que hay en el mundo en ley de telecomunicaciones, sino además en el procedimiento que se siguió, el proceso de consulta a nivel popular. Me parece que ésta es una ley realmente consultada con su pueblo”. En cuanto al texto de la ley, La Rue reconoció que “garantiza el pluralismo, que todas las voces tengan acceso. Reconoce que tiene que haber tres tipos de medios: comerciales, comunitarios y públicos. Y los convierte en ley. Ante una progresiva concentración monopólica y oligopólica de medios, no sólo en América latina, creo que esta ley es un gran avance” .
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA sostuvo, en su informe del año 2009, que “esta reforma legislativa representa un importante avance respecto de la situación preexistente en Argentina. En efecto, bajo el marco normativo previo, la autoridad de aplicación era completamente dependiente del Poder Ejecutivo, no se establecían reglas claras, transparentes y equitativas para la asignación de las frecuencias ni se generaban condiciones suficientes para la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de presiones políticas” .
Pese a los insistentes argumentos respecto del supuesto control que la ley impondría sobre los contenidos de los medios audiovisuales, a diferencia de otras legislaciones o proyectos de la región, no aparece en toda la norma ningún artículo que pueda resultar incompatible con las disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre este punto. Tampoco contempla, dentro de los diferentes tipos de servicios de comunicación, restricciones en cuanto a potencia, cobertura territorial o acceso a fuentes de financiamiento ni establece un plazo de duración de los permisos excesivamente breve que impida la realización de los proyectos comunicacionales presentados al momento de concursar la licencia o que dificulte, en el caso de los medios comerciales, el desarrollo de un negocio rentable. Es decir que, en sintonía con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, la ley asegura previsibilidad y certeza jurídica para quienes poseen o adquieren una licencia. Los derechos y obligaciones establecidos en la norma son claros y precisos; se contemplan procedimientos transparentes y respetuosos del debido proceso –que permiten, entre otras cosas, revisar judicialmente cualquier decisión adoptada en el ámbito administrativo– y garantiza que mientras se usa la frecuencia no serán exigidos más requerimientos que los establecidos en la ley.
La LSCA incorpora un enfático reconocimiento acerca de la importancia del pluralismo y la diversidad. Además de los compromisos recogidos por la ratificación de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco , la ley recoge lo dicho por los relatores de Libertad de Expresión de ONU, OEA, Europa y Africa que, en el año 2001, en su Declaración Conjunta recomendaron: “La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión”.
En relación con la universalidad del acceso a los medios de comunicación como un soporte fundamental para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión, que la ley establece en los artículos 2, 3, 72 y 153, afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 5/85: “Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera fuera la forma que pretenda adoptar” .
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el pasado 22 de mayo, al resolver el resonado expediente por la vigencia de la medida cautelar por el artículo 161 para el Grupo Clarín, entendió que “no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Ello resulta necesario, porque en todo el derecho comparado existen normas de organización del mercado en el campo de los medios de comunicación, sin que su constitucionalidad haya sido cuestionada de modo genérico. Debe existir una afectación concreta de la libertad de expresión para invalidar una norma de regulación de la competencia, lo que en el caso no se ha demostrado” .
El espacio público construido por los medios de comunicación asume hoy una centralidad primordial para conformar nuestra percepción de la realidad social y política, para determinar la agenda pública de necesidades a ser atendidas y desde donde la ciudadanía obtiene buena parte de las herramientas que la ayudan a aprehender el universo de la cotidianidad. Ese debe ser el lugar de la democracia, el pluralismo y la diversidad. Los negocios son otra cosa.
Reestatización de las AFJP
La reestización del sistema de AFJP en Argentina en 2008
Eduardo Basualdo, CIFRA - Centro de Investigación y Formación de la República Argentina Cuaderno de Trabajo Nro. 2, noviembre de 2009
La reestatización del sistema jubilaciones a fines de octubre de 2008 significó la recuperación del sistema previsional en manos del Estado nacional. Como se analizó en el capítulo anterior, con la reforma previsional impulsada por el gobierno de C. Men%m, se había instaurado un régimen de carácter mixto (capitalización y reparto), basado en la capitalización individual como elemento central de la futura jubilación del trabajador. Los principales argumentos en favor de la reforma, planteaban que el régimen de capitalización permitiría la reducción del déficit crónico del sistema previsional, el incremento de su cobertura y un aumento del ahorro interno en el país, además de garantizar mayores ingresos para los jubilados y pensionados al momento del retiro. Se sostenía al mismo tiempo que la reforma del sistema, al dinamizar el mercado domestico de capitales, impulsaría el crecimiento económico, impactando positivamente en las condiciones de vida de la población en su conjunto.
Hoy, más de una década después, se hizo evidente que ninguno de estos argumentos se cumplió en la práctica. Más bien sucedió todo lo contrario: se observó una reducción en el nivel de cobertura, una alta concentración del mercado de las AFJP que minó los tan aclamados “beneficios de la competencia”, un incremento en los costos del sistema por el alto peso de las comisiones de las administradoras sobre los aportes realizados por sus afiliados, una profundización del déficit del sistema estatal por el enorme giro de fondos hacia las AFJP, un inexistente fomento del mercado de capitales. Para los efectivamente afiliados al régimen de capitalización los resultados tampoco fueron prósperos. Sus jubilaciones no resultaron necesariamente mayores que las de quienes permanecieron en el sistema de reparto. Adicionalmente, con el impulso del Decreto 1495/01, las AFJP lograron avanzar sobre las cuentas individuales deduciendo parte de su comisión directamente del saldo de la cuenta aquel afiliado que dejaba de aportar durante cierta cantidad de tiempo.
Resulta claro, entonces, que mientras las consecuencias de la reforma previsional de 1994 fueron marcadamente negativas para los ingresos del Estado y de la clase trabajadora, esto no fue así para el sector financiero y el capital concentrado local e internacional, beneficiados por la proliferación de negocios financieros.
Luego de este racconto, no es necesario aclarar por qué la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a través de la Ley 26.425 de 2008, ha significado una medida progresiva para el conjunto de los trabajadores de nuestro país. De hecho, ha implicado que el sistema previsional vuelva a concebirse como un régimen solidario financiado a través de la transferencia intergeneracional. A su vez, la reestatización del sistema implicó que los fondos que administraban las AFJP fueran traspasados hacia las arcas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y, con ello, surgieron una serie de debates públicos acerca de la propiedad y el uso de dichos fondos. En la primera sección del presente capítulo, buscando aportar información a estos debates, se compara la composición de la cartera de inversiones de las AFJP con la cartera actual en manos de la ANSES y se da cuenta de la forma en que se han utilizado los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) desde la re-estatización del sistema hasta la actualidad. En base a esta información, es posible analizar el modo en que el gobierno nacional ha utilizado los fondos de la ANSES como instrumento de política económica.
Como se podrá observar, los resultados indican que, desde el traspaso de las colocaciones de las AFJP a la ANSES, el gobierno no ha modificado sustancialmente la composición de la cartera. Tampoco ha mostrado capacidad (o voluntad) para emplear los fondos disponibles ni para generar un impacto positivo en la economía real ni para alcanzar una recomposición real de los ingresos de los jubilados actuales. Si bien la reestatización del sistema de jubilaciones y pensiones ha sido, sin lugar a dudas, la medida más relevante en términos de política previsional de las últimas décadas, no se puede dejar de mencionar la importancia de la Ley de Movilidad Jubilatoria sancionada el pasado año.
La mencionada ley implicó un avance para los trabajadores, ya que la evolución de los ingresos de la población pasiva no dependen ya de la decisión discrecional del Poder Ejecutivo, como había acontecido a lo largo de las últimas décadas.
Asignación Universal por Hijo
En Argentina, la asignación por hijo restaura los lazos familiares con las escuelas
Marcela Valente, The Guardian, 5 de septiembre de 2011
Los pagos de efectivo a los padres en condición de pobreza hacen que sus niños mantengan la asistencia escolar y los chequeos de salud están teniendo un impacto positivo. Los pagos condicionales de dinero en efectivo a las familias pobres con niños en Argentina han "tenido un impacto" muy positivo, dijo entusiásticamente Graciela Dulcich, directora de una escuela primaria en un barrio pobre en las afueras de Buenos Aires.
"Una vez que los niños se matriculan en la escuela, la responsabilidad es nuestra, y si ellos pierden la clase por más de tres días, nosotros tenemos que mover cielo y tierra para averiguar qué está pasando, y para hacer que comiencen nuevamente", explicó la misma.
Durante los últimos 35 años, Dulcich ha trabajado en escuelas públicas en barrios de bajos recursos en los suburbios de la capital, como la escuela número 34, donde ella actualmente se desempeña como directora en San Isidro, un distrito de Buenos Aires marcado por fuertes contrastes sociales. En el año 2009, el gobierno de centro-izquierda de Cristina Fernández presentó la Asignación Universal por Hijo (AUH), que otorga 220 pesos (53 dólares) mensuales por cada hijo menor de 18 años, llegando al máximo de cinco, para padres que están desempleados o trabajan en el sector informal de la economía.
En caso de hijos discapacitados, la asignación mensual es cuatro veces mayor. La AUH luego fue extendida a los hijos de empleadas domésticas, embarazadas, y miembros de cooperativas con bajos recursos. La transferencia de dinero, recibida actualmente por las familias de más de 3.6 millones de niños y adolescentes, está sujeta a la asistencia escolar y a la actualización de vacunas y chequeos médicos. Estudios independientes demuestran que la AUH ha conducido a una drástica reducción –entre 55 % y 70 %- de la pobreza extrema, así como a una significante reducción en los niveles de pobreza y desigualdad.
Pero el impacto no sólo se ha sentido en las familias en situación de pobreza que han sido favorecidas por la ayuda mensual en efectivo que completa los ingresos que son capaces de obtener trabajando. Los efectos también se sintieron en las escuelas, especialmente en el nivel primario, donde la AUH ha producido un gran salto en la matriculación. Y, de acuerdo con Dulcich, “una vez que la escuela logra que los niños entren, los ganó de nuevo”- en otras palabras, incluso si faltan una semana de tres, ellos están en el sistema, y están en seguimiento.
“Hacemos todo tipo de cosas para lograr que asistan a clase”, desde animarlos y aplaudir todos los días a los que van, hasta llamar por teléfono o incluso visitar las casas de los que faltaron a clase, dijo la directora. Ella explicó que el ministerio de Educación solicita reportes mensuales de asistencia. “Si le comunico al ministerio que hay chicos que abandonaron, o que algunos repitieron el año, me reprenden y me solicitan un informe detallado. Esta es la presión que enfrentamos, por la cual tiene que hacerse todo lo que fuera posible para asegurar que los chicos vayan a la escuela”, dijo Dulcich.
Las escuelas primarias también pueden enviar a los niños a psicólogos o a trabajadores sociales, y ofrecer a las familias orientaciones médicas o de cuestiones odontológicas, así como consejos sobre diferentes problemas. Con respecto a las familias de los chicos que habitualmente faltan a clase, y “no tienen la cultura de una asistencia regular”, se realiza un gran esfuerzo en términos de seguimiento de la situación, explicó Dulcich. Muchas de esas familias se ganan la vida clasificando basura en la calle de los materiales reciclables vendibles como el papel y cartón- son conocidos como “cartoneros” en Argentina- trabajo que a menudo realizan los niños junto a sus padres.
“Pero para las madres que nunca se rinden, las que nos preguntan si pueden dar la dirección y número de teléfono de la escuela como referencia cuando van a buscar trabajo, la AUH es muy valorada”, ella dijo. Estas mujeres, expresa Ducich, “ahora envían a sus hijos a la escuela con todos los útiles necesario, y vienen para decir que su hijos perdieron su lápiz rojo, por ejemplo-una actitud impensable en el pasado. Las familias ahora se sienten menos marginadas, e incluso realizar contribuciones voluntarias regulares” a la asociación de padres, conocida como “cooperadora” en Argentina.
En el país de las escuelas públicas, la cooperadora recibe dinero de los padres de los estudiantes para hacer los arreglos necesarios y comprar los materiales cuando el presupuesto de la escuela no alcanza.
Los retos en la escuela secundaria
Pero en el nivel secundario ha sido más difícil lograr la asistencia constante por medio de la AUH. Aunque la asignación ha ayudado a reducir la pobreza, lo que en sí mismo favorece un entorno de aprendizaje, los retos son más complicados.
Jessica Malegarie, de la Fundación Cimientos (Fundación para la Igualdad de Oportunidades Educativas), que trabaja con adolescentes, dijo que la AUH "ayuda pero no resuelve" los problemas en la escuela secundaria, donde la deserción y los índices de repitentes son elevados.
La fundación provee un salario de 185 pesos (US$45) por mes a 3.050 jóvenes de todo el país para contribuir a que permanezcan en la escuela. Esta asistencia no es incompatible con la AUH, la cual es recibida por la mitad de las familias de los beneficiarios de la fundación. Sin embargo, la estructura de la escuela secundaria, donde hay diferentes maestros para cada tema, que además enseñan en más de una escuela, implica que la relación con cada estudiante sea menos personalizada. Este y otros factores afectan la asistencia regular, dijo Malegarie. Los índices de deserción en la escuela secundaria son entre dos y tres veces más altos que en el nivel primario.
Malegarie, directora de los programas de la fundación, dijo que la AUH "ha sido muy positiva, porque ha reducido las tasas de pobreza y necesidad, al mismo tiempo que sitúa la cuestión de la educación en la agenda pública, exigiendo la asistencia de los alumnos". Malegarie también reconoce que la asignación condujo a un incremento en la inscripción. Pero también destacó que para mantener a los adolescentes en la escuela, "se debe lograr un compromiso por parte del menor y su familia, lo que requiere trabajar de cerca con ellos".
La escuela secundaria "fue pensada para otro tipo de estudiante, con diferentes características socioeconómicas y culturales" a las que se ven hoy en muchas zonas, dijo, agregando que se necesitan programas tutoriales, y que los maestros deberían poder pasar más tiempo en las escuelas. IPS habló con una mujer que está enfrentando este problema: su hijo de 15 años quiere dejar la escuela. Su madre, una empleada doméstica, está preocupada porque perdería la AUH, pero no ha podido convencerlo de seguir yendo a clase. "Le dije que si él no sigue estudiando, tendrá que salir y trabajar, pero no llego a ningún lado con él", dijo la madre, quien prefirió conservar el anonimato.
Los padres reciben 80% de la AUH todos los meses. El resto es retenido hasta el principio del año escolar en marzo, El padre o tutor legal recibe el monto acumulado presenta una constancia de asistencia y un certificado de vacunación. "Ese control", dijo Dulcich, "se hace solo una vez al año, pero nos supervisan todos los meses para ver que está pasando con los niños que están inscriptos. Por eso, desde mi punto de vista, es sin duda muy positivo - no solo respecto al futuro, sino también respecto al presente". "Una vez que la familia 'descubre' la escuela, la cual los ayuda a solucionar varios problemas y brinda apoyo, no se van más. Porque las cosas no son como solían ser – las escuelas ahora cumplen con muchas funciones sociales", dijo la directora.
Matrimonio Igualitario
Discurso Partido Socialista
Diputado Cuccovillo, Versión Taquigráfica - Hora 01:09 Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Cuccovillo.-
Señor presidente: desde el bloque del Partido Socialista venimos a dar el total apoyo a este dictamen de mayoría, destacando fundamentalmente que este es un trabajo de nuestros compañeros, como el ex diputado Di Pollina y más recientemente la compañera Augsburger, fruto del esfuerzo y la militancia al servicio de la aprobación de esta iniciativa.
Estuve escuchando distintas exposiciones: me pareció importante la del señor diputado Felipe Solá, con la que estoy en total acuerdo por las emociones que me generó; rescato también la intervención del señor diputado Roy Cortina que dio fundamento a los irrefutables avances científicos, históricos y sociales del ser humano; la señora diputada Chieno abundó en datos estadísticos acerca de la vida familiar y el niño, y la señora diputada Puiggrós habló desde el conocimiento de las distintas construcciones de la vida familiar.
Algunos pensamos quizás que la vida transcurre siempre igual, pero la construcción social, el matrimonio y los estados son construcciones culturales, y no siempre fueron iguales. No fueron iguales hace treinta, cincuenta o cien años, y mucho menos hace doscientos o mil. Por lo tanto, cuando hablamos de la familia como una cuestión, eterna no es así; solamente sucede en las películas. Muchos diputados y diputadas han avanzado sobre las cuestiones de los derechos y la igualdad. Yo me pregunto qué aporte puedo hacer. La verdad es que quiero avanzar en mi condición de padre de un hijo gay, un hijo que entiendo que debe tener igualdad de derechos que el resto de mis hijos.
Tengo tres hijos: dos varones y una mujer. Uno de mis hijos varones es gay, un ser humano que yo considero que tiene igualdad de derechos y de sentimientos que el resto de mis hijos. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
El señor diputado Solá habló de hipocresía; por eso sentí que me identificaba mucho con su pensamiento y sus emociones. En general trato de no ser duro porque creo que las cuestiones culturales son muy difíciles de transformar, y entiendo a quienes no están de acuerdo con este proceso.
Conversando con algunos de mis compañeros les decía que la verdad es que hubiese querido que quienes hoy están en desacuerdo con este proyecto tuvieran mayores fundamentos desde lo científico, es decir, fundamentos concretos. Reconozco en muchos de mis colegas, quizás en todos, una gran sinceridad y una gran militancia en sus convencimientos, pero entiendo que no hay elementos científicos concretos ni emotivos que avalen su posición en la vida cotidiana.
Este hijo mío tiene los mismos derechos que el resto de la sociedad.
Seguramente habrá muchos hijos, hermanos y padres que están en su misma situación. Cuando nos turnamos para cuidar a mi nieto, mi hijo mayor no piensa que el que irá a cuidarlo en los días que tenemos asignados es un tío gay que puede contagiar o deformar al niño. La verdad es que no siento que piense así. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Entonces, señoras diputadas y señores diputados, haciendo una referencia al respeto que tengo por las diferencias, porque entiendo que las culturas a veces tardan siglos en modificarse debido a que son muy resistentes, pienso que el matrimonio es una institución cultural armada por el ser humano y que se fue modificando a lo largo de los tiempos. Solamente hay que estudiarlo, hay que leerlo, hay que investigarlo y despojarse de ciertas cuestiones emotivas o fundamentalistas.
Es desde este punto de vista que quiero hablar: desde el punto de vista de la igualdad de derechos, de lo cotidiano. La señora diputada Satragno nos hablaba muy correctamente del sufrimiento de quienes viven esta situación, del sufrimiento de las familias. Yo me he encontrado con madres que tenían dificultades para expresar la situación de su hija o de su hijo.
Recientemente la madre de un activo dirigente gay, amiga mía, me contó que hace pocos años se encontró con esa realidad y le costaba enormemente aceptarla, pero seguramente le costaba más por el qué dirán desde afuera, por cómo podía ser juzgado desde afuera. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que si es gay es buen trabajador, estamos haciendo una discriminación, porque ese buen trabajador tuvo que hacer mérito desde la infancia para que no lo noten diferente y tuvo que sufrir desde la infancia… (Aplausos en las bancas y en las galerías.) …para cubrir las diferencias que pudiera haber tenido en una sociedad que lo discriminaba.
Por eso me parece que esto es un gran avance de la sociedad argentina hacia la igualdad. Este debate serio que hemos dado en esta Cámara con quienes no están de acuerdo con esta iniciativa es un gran avance. Hoy puedo parafrasear a Alejandro Rossi, quien en la comisión decía algo así como “Hoy me siento un poco mejor porque creo que hemos avanzado; más allá de que pensemos distinto podemos sentirnos un poco más iguales.” El bloque del Partido Socialista, respetando el trabajo que ha hecho Silvia Augsburger y el que hiciera Vilma Ibarra en el otro dictamen, así como el de tantos otros diputados y diputadas, adelanta su apoyo al dictamen de mayoría. (Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al diputado)
Recuperación de Empresas Nacionales
Lo que nos pertenece
Mario Rapoport, Página 12, 17 de abril de 2012
YPF, creada en 1922, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, con yacimientos descubiertos a partir de 1907, fue conducida inicialmente por un patriota visionario, el general Enrique Mosconi, brindando una base para nuestra industrialización e independencia económica y dando empleo a muchos argentinos.
Mosconi se interesó en el petróleo cuando trabajaba para el incipiente servicio aeronáutico del ejército y un oscuro gerente de la Texaco, empresa estadounidense a la que se le compraba en ese entonces gasolina, se negó a proveerla bajo el pretexto de que el organismo estatal se había excedido en los límites de crédito otorgados. Entendiendo que las Fuerzas Armadas podían paralizar sus actividades por esas circunstancias, se le reveló a sí mismo la necesidad de un abastecimiento permanente de aquellos productos, cada vez más indispensables desde el punto de vista estratégico, mediante la creación de una empresa estatal.
Mosconi se dio cuenta de que las compañías norteamericanas e inglesas que dominaban el mercado, unas más brutalmente y otras con mayor suavidad, terminaban ahogando al país con sus cuerdas como las viudas negras a sus amantes de turno. Negras de ese líquido tan precioso como el petróleo. Debemos recordar que desde los comienzos del siglo XX los supuestos del libre comercio, definidos brillantemente por Adam Smith, no fueron horadados por las ideas de Carlos Marx, sino por la acción de un demiurgo ambicioso e implacable como lo llamaba Bertrand Russell, el norteamericano John D. Rockefeller. Este llegó a monopolizar a través de su Standard Oil la casi totalidad de la capacidad refinadora, los oleoductos, el transporte y el 85 por ciento de los recursos petroleros de su país y luego se lanzó al mundo compitiendo con los no menos voraces intereses holando-ingleses de la Royal Dutch Shell. El libre comercio podía servir para la teoría, pero John D. y la Shell preferían la práctica del monopolio.
Yrigoyen intentó enfrentarlos a través de un proyecto de nacionalización del oro negro argentino. El manejo del recurso estratégico se había convertido en uno de los ejes de la agenda política y transformado en bandera del antiimperialismo. Diego Luis Molinari decía en el Senado “que no se instituye un monopolio del Estado para aplastar a una industria privada de tales o cuales individuos: estamos en la alternativa de elegir entre el monopolio extranjero y el monopolio del Estado, que es, en definitiva, el monopolio del pueblo argentino”. Pero el caudillo radical se encontró con una muralla de políticos venales que, además de acusarlo de decrépito, organizaron con paciencia un golpe de Estado para echarlo del poder en septiembre de 1930. El gabinete del nuevo presidente, José Félix Uriburu, lucía con la presencia de varios abogados o representantes de las empresas extranjeras. En su época se decía que en ese golpe había “olor a petróleo”: era quizás el perfume más cotizado de entonces y lo siguió siendo hasta ahora.
La historia de YPF sufrió varios avatares, pasando por el fracasado contrato con la Standard Oil de California, al final del gobierno de Perón, que no ponía en juego a la compañía estatal, pero sí le otorgaba una concesión importante a esa empresa; los contratos petroleros firmados por Frondizi; y la anulación de esos contratos bajo el gobierno de Illia.
La necesidad del abastecimiento petrolero en la época de la industrialización previa al golpe del ’76 estaba metafóricamente simbolizada por una acertada expresión de Horacio Giberti. “Si la industria es el motor del avión, su combustible es la energía y, precisamente, por falta de petróleo, el avión de la economía argentina no alcanzó a despegar.”
Ya con la última dictadura militar, que desindustrializó el país, predominó el desmantelamiento expreso de YPF a fin de garantizar el costoso endeudamiento externo. Una empresa exhausta, pero todavía potencialmente pródiga quedaba como última joya de la corona cuando el gobierno de los noventa optó por obviar la importancia económica y estratégica de este recurso natural y no renovable permitiendo la privatización primero y su extranjerización después.
Mientras que países vecinos como Brasil con Petrobras, Venezuela con Pvdsa y México con Pemex mantenían el petróleo en manos del Estado, la Argentina lo vendía apresuradamente para intentar salvar una falsa estabilización cambiaria, aunque sus ingresos no sirvieron para conformar ni la última propina de la deuda externa.
Repsol-YPF pasó a poseer un considerable poder de mercado, parecido al que tenía su predecesora estatal. Se reemplazaba la lógica del interés nacional por el de la ganancia empresarial. La producción se destinaba esencialmente a la exportación, a fin de aprovechar el vertiginoso alza del precio del crudo, mientras se dejaba de lado la constitución de reservas indispensables para el futuro. Al mismo tiempo se disminuía la exploración de riesgo y se reducía en forma considerable la cantidad de años que aquellas reservas podían cubrir. Además, la renta petrolera se reciclaba fuera del circuito productivo nacional, privilegiando la remisión de utilidades y los precios de transferencia. Las retenciones eran un paliativo desde el punto de vista fiscal, que no resolvían ni la posibilidad de absorber el aumento del valor del crudo, ni la cuestión principal que era el control por parte del Estado de un recurso cada vez más escaso e imprescindible para la nueva etapa de desarrollo económico del país. Hoy las críticas que nos vienen de España y del Viejo Mundo son muchas, pero no olvidemos que los gigantes que veía el Quijote en su delirio no eran más que molinos de viento. El gobierno argentino no está expropiando una empresa, sino recuperando algo que les pertenece al país y a su pueblo. Los molinos de viento están en otra parte y es posible que muevan como fantasmas la crisis europea. Mientras, nosotros nos quedamos con lo que nos pertenece.
La década ganada
Discurso de la Presidenta de la Nación en el Congreso
Cristina Fernández de Kirchner, Inauguración del 131° período de sesiones ordinarias del Congreso
Muy buenos días a todos y a todas. Señores gobernadores; señores miembros del cuerpo diplomático; organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos; señoras y señores legisladores y legisladoras; pueblo de mi Patria; mis queridos jóvenes como siempre, muchas gracias a todos realmente: una vez más, en el marco de lo que dispone la Constitución Nacional en su artículo 99 inciso 8°, vengo a dar cuenta del estado de la Nación y asimismo a dar apertura a este nuevo año legislativo, el 131° período ordinario de este Parlamento Argentino, maravilloso Parlamento Argentino. Y también a proponer, tal cual lo indica el inciso, las cuestiones que de acuerdo a mi pensamiento, a lo que queremos hacer como acción de gobierno, poner a consideración eventualmente normativas a este Parlamento.
Este no es un año cualquiera, esta no es una sesión o un período de sesiones cualquiera, este 131 período de sesiones ordinarias legislativas coincide con dos aniversarios muy fuertes, para mí como militante política, para mi generación y creo que para todos los argentinos. Este año se van a cumplir 30 años de la recuperación democrática de la República Argentina; 30 años que los argentinos recuperamos el derecho a la vida, que nos había sido arrebatado por el terrorismo de Estado; 30 años en que hemos recuperado la libertad; 30 años en que hemos recuperado a la soberanía popular como única fuente legítima del poder público en la República Argentina.
También en unos días más, apenas unos meses, el 25 Mayo de este año vamos a cumplir 10 años desde el momento en que un hombre se sentó en este mismo lugar, con bastante menos votos que esta Presidenta por cierto pero con una voluntad, una capacidad y una convicción en el futuro basado precisamente en su memoria que no reconocía límites. Y daba comienzo también entonces ese 25 de Mayo un proyecto político abarca activo a toda la Nación donde ya íbamos a la lucha por la igualdad, íbamos a la lucha por un mayor desarrollo económico, social y cultural, por las terribles frustraciones que habíamos vivido los argentinos aún en períodos democráticos. Yo quiero saludar a todas las fuerzas políticas de origen democrático de nuestro país por estos 30 años y por estos 10 años en que los argentinos hemos recuperado tantos derechos y tantas conquistas sociales.
Desarrollo y crecimiento son las dos palabras que creo más sintetizan estos últimos 10 años.
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Racinguistas Ricoteros Peronistas
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