La “murga tumbera”: siempre, la selectividad
La aparición, a través de una tapa de Clarín, del video que muestra a presos condenados por femicidios o violaciones y homicidios bailando y tocando el bombo al compás de consignas kirchneristas en actos proselitistas del partido de gobierno, desató una de esas polémicas mediáticas donde es más lo que se contrabandea que lo que se dice.
En lugar de concluir, como lo muestran las imágenes, que además de sacar presos de la cárcel para robar o para trabajar en cocinas de drogas, como tantas veces se ha comprobado (recordar el emblemático caso Dolly, o el preso de Coronda mandado “en comisión” por el servicio penitenciario de Santa Fe a “trabajar” en Avellaneda), usan a determinados detenidos para hacer propaganda partidaria, el “debate” se centró en si los presos (todos) tienen o no derecho a salidas transitorias, laborales, familiares o para participar de actividades culturales.
No se puso en discusión, por ejemplo, el largo tiempo que debimos movilizarnos para lograr que a Karina Germano, la “Galle”, e le reconociera el derecho a salidas transitorias, ni la infinidad de veces que denunciamos, junto a organizaciones anticarcelarias como la Agencia Walsh, que no se autorizaba a presas, por ejemplo, a concurrir –con custodia, claro- a recibir premios por su labor literaria. Es más. Cuando Ricardo “Chacho” Berrozpe ya había obtenido de la Cámara de Casación penal su excarcelación, y sólo faltaba que se notificara la cámara criminal de Mar del Plata para que recuperara su libertad en la causa que lo tuviera imputado por la manifestación contra Bush (Mar del Plata, 2004), fue necesario que su defensa depositara la plata necesaria para la nafta del móvil que lo llevaría, tardíamente, al velorio de su madre.
Se soslaya, deliberadamente, en este tipo de “grandes debates”, que los policías procesados y hasta condenados por homicidios de gatillo fácil o por torturas y torturas seguidas de muerte no deben preocuparse por salidas transitorias, porque, directamente, y a pesar de la gravedad de sus crímenes, no van presos. Pregunten a Jorge Ramón Fernández o Ramón Nicolosi (caso Durán, condenados a perpetua y liberados anticipadamente); al oficial Gnopko (condenado a perpetua en el caso Gallardo y nunca preso); a Oscar Ayunta del grupo Halcón (condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Christopher Torres y nunca preso) y tantísimos otros.
Si vamos a discutir las cárceles, hablemos del hacinamiento, de la comida apestosa, de las torturas, de las requisas invasivas, de los asesinatos. Es decir, de lo que le pasa a cualquier preso pobre. A esos que no son privilegiados para ir a actos políticos, ni son, a su vez, la fuerza de choque para disciplinar a los que se niegan a “transar con la gorra” y sus jefes políticos.
La aparición, a través de una tapa de Clarín, del video que muestra a presos condenados por femicidios o violaciones y homicidios bailando y tocando el bombo al compás de consignas kirchneristas en actos proselitistas del partido de gobierno, desató una de esas polémicas mediáticas donde es más lo que se contrabandea que lo que se dice.
En lugar de concluir, como lo muestran las imágenes, que además de sacar presos de la cárcel para robar o para trabajar en cocinas de drogas, como tantas veces se ha comprobado (recordar el emblemático caso Dolly, o el preso de Coronda mandado “en comisión” por el servicio penitenciario de Santa Fe a “trabajar” en Avellaneda), usan a determinados detenidos para hacer propaganda partidaria, el “debate” se centró en si los presos (todos) tienen o no derecho a salidas transitorias, laborales, familiares o para participar de actividades culturales.
No se puso en discusión, por ejemplo, el largo tiempo que debimos movilizarnos para lograr que a Karina Germano, la “Galle”, e le reconociera el derecho a salidas transitorias, ni la infinidad de veces que denunciamos, junto a organizaciones anticarcelarias como la Agencia Walsh, que no se autorizaba a presas, por ejemplo, a concurrir –con custodia, claro- a recibir premios por su labor literaria. Es más. Cuando Ricardo “Chacho” Berrozpe ya había obtenido de la Cámara de Casación penal su excarcelación, y sólo faltaba que se notificara la cámara criminal de Mar del Plata para que recuperara su libertad en la causa que lo tuviera imputado por la manifestación contra Bush (Mar del Plata, 2004), fue necesario que su defensa depositara la plata necesaria para la nafta del móvil que lo llevaría, tardíamente, al velorio de su madre.
Se soslaya, deliberadamente, en este tipo de “grandes debates”, que los policías procesados y hasta condenados por homicidios de gatillo fácil o por torturas y torturas seguidas de muerte no deben preocuparse por salidas transitorias, porque, directamente, y a pesar de la gravedad de sus crímenes, no van presos. Pregunten a Jorge Ramón Fernández o Ramón Nicolosi (caso Durán, condenados a perpetua y liberados anticipadamente); al oficial Gnopko (condenado a perpetua en el caso Gallardo y nunca preso); a Oscar Ayunta del grupo Halcón (condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Christopher Torres y nunca preso) y tantísimos otros.
Si vamos a discutir las cárceles, hablemos del hacinamiento, de la comida apestosa, de las torturas, de las requisas invasivas, de los asesinatos. Es decir, de lo que le pasa a cualquier preso pobre. A esos que no son privilegiados para ir a actos políticos, ni son, a su vez, la fuerza de choque para disciplinar a los que se niegan a “transar con la gorra” y sus jefes políticos.