La reacción del gobierno después del paro confirma las razones que llevaron a la huelga general. Cristina Kirchner no admite que 10 millones de trabajadores hayan paralizado el país contra su política. El impuesto al salario, la destrucción de las asignaciones familiares y los ajustes e impuestazos provinciales responden a la necesidad de pagar a los usureros de la deuda y a los vaciadores del transporte y la energía.
La tendencia a la huelga se abrió paso gracias, en parte, a la disgregación de la burocracia sindical. Se reforzó el protagonismo de los cuerpos de delegados y sindicatos de base, por un lado, y de los piquetes, por el otro. El clasismo ha jugado un rol sin precedentes en un paro nacional.
Las declaraciones “unitarias” de Gerardo Martínez con el moyanismo muestran el temor de que la división de la burocracia potencie a la izquierda en los sindicatos. Los “unidos y organizados” del movimiento obrero como Yasky o Pianelli han salido muy golpeados de la huelga.
El paro deja planteada la continuidad de la lucha. Moyano salió a enfriar un posible paro de 36 horas. Al mismo tiempo, surgen reivindicaciones “puentes” como los 4.000 pesos de compensación anual por inflación y ganancias, o un doble aguinaldo, o un simple adicional, como plantea el cuerpo de delegados de Sociales-UBA. La burocracia de petroleros de Neuquén lanzó paros progresivos por un adicional de zona.
Otro tema que queda planteado después del paro son las paritarias (las patronales plantean un “cepo” del 20%). Bancarios reclama un modesto 25% y un adicional. La renovación sindical que plantea Palazzo exige asambleas en los bancos y plenarios de delegados en todo el país.