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Autor: Mila Dosso
Hay que matarlos a todos
En las últimas dos semanas hemos sido víctimas de la mediatización y justificación de los dichos de Susana Giménez en torno al asesinato de uno de sus asistentes.
“Colmada” de dolor y bronca “la diva” dijo que los políticos “tienen que dejarse de joder con los Derechos Humanos y esas estupideces” y que “los que matan deben morir”. Alguien dijo: “la señora debió estar muy dolida como para hacer esas declaraciones”.
Es cierto, pero ¿hasta dónde el dolor justifica el pedido de muerte? ¿Hasta qué punto una figura tan mediática y con mucha influencia por su llegada directa a la gente puede emitir tamaña opinión? Ya deberíamos haber aprendido la lección. Por el contrario, seguimos dando la imagen de sociedad primitiva que aún hoy discute la propiedad de la vida humana.
Pero lo peor, y más vergonzoso, llegó cuando Susana dio una conferencia de prensa para “aclarar” (léase justificar) su posición. Alegó sentirse enojada pero que por ser católica estaba en contra de la pena de muerte. O sea, ni eso cierra, porque se está a favor de la vida por el simple hecho de ser humano, no por mandato religioso.
Pero no terminó ahí, igualmente siguió repitiendo que para ella “el que mataba tenía que morir”. ¿En qué quedamos? ¿Cómo se puede dar el lujo del doble discurso en una cuestión tan fundamental?
Y para colmo, aseguró que ella ¡es representante del pueblo argentino! Todos los medios y la farándula salieron a defenderla: “déjenla en paz”, repitieron.
¿En paz? Ella todos los días los vive en paz en su mansión blindada. Obviamente no representa al 80% de la población. Terroríficamente, bastó que la diva diera esta “conferencia de prensa” para que, al otro día, los mediocres se pelearan por ver quién la repetía primero, y quién pensaba más acorde al inconsciente asesino de “Su”.
Sus palabras tuvieron tal efecto que generó un debate en el que los misiles verbales fueron y vinieron a granel: funcionarios judiciales, la mismísima presidenta, artistas y artistejos, periodistas y periotruchos, opinólogos de toda pelambre se ensartaron en el debate sobre la legitimidad de la pena de muerte o más “mano dura” y otras discusiones que, en pleno siglo XXI, deberían estar largamente superadas.
Si más policía y más mano dura solucionaran el conflicto, entonces, ¿qué es lo que funciona mal en países que aplican esas medidas, como EE. UU? donde siguen subiendo los índices de delincuencia.
Es ridículo plantear la inseguridad como una aparente guerra tácita entre “ellos” y “nosotros”. Hasta le yerran en quienes son en verdad “ellos”: es más fácil señalar al pibe paquero que al señor de traje.
También se quejó la señora de que los derechos sean sólo para los ladrones. Hagámonos cargo de nuestras obligaciones como ciudadanos. Es insensato hablar de Derechos Humanos en tercera persona como si tuvieran patas y eligieran a quienes proteger y a quienes no. Pero peor aún es decir que son una estupidez.
No dejemos que la farándula y lo mediático nos limiten y manejen, porque su único valor es el rating: así como ayer vendió el conflicto sojero, ahora pondrán de moda pedir la pena de muerte por la inseguridad
En esta materia es lo mismo una Viviana Canosa que un Joaquín Morales Solá: los dos engañan, los dos mienten, los dos destruyen, los dos tergiversan la información.
Y que no se olvide la “diva” que esa justicia a la que acusa porque deja libres a los delincuentes, es la misma y corrupta justicia que la dejó libre a ella y a todos sus amigos que debieron estar presos por contrabando agravado por el uso de franquicias para discapacitados en la compra de autos lujosos. Eso que hicieron no solo es delito, sino de una inmoralidad inmensa, ya que le daban unos pocos y mugrosos pesos a gente inválida que vivía en ranchos con pisos de tierra para que firmaran que querían comprar autos como mercedes o bmw. Gracias a esa justicia corrupta, (que ella también depravó, o no hubiese salido sin condena) hoy está libre. No critiquemos según de qué lado del mostrador nos toca estar.
Si la ley es fruto del contrato que los hombres tienen para organizar su sociedad, del consenso popular, y encima elaborada por los representantes elegidos por el pueblo, entonces es inadmisible que la pena sea considerada como venganza de la sociedad.
El delito es como una enfermedad en el cuerpo social: ¿para qué sirve el derecho penal, para qué sirve la pena y, sobre todo, para qué sirve la pena de muerte? Todo el mundo -y en todo el mundo- lo ha hecho notar: las penas no asustan a los delincuentes ni les sirven de amenaza. El que comete un delito no piensa en eso y menos si sabe que tiene todas las de ganar al quedar impune.
Desde ya que todos los razonamientos de los más importantes penalistas del mundo con convicciones humanistas acerca de que la pena debe ser, ante todo, educativa, y debe servir para rehabilitar al delincuente y reintroducirlo en la vida social como un hombre nuevo, no son convincentes en absoluto (aunque siempre quise y quiero creerlo).
Pero el derecho penal moderno tiene, en todo momento, el mismo enemigo irreconciliable: el deseo de venganza. En primer lugar, al ofendido no se le puede ocurrir que se deba ser racional y generoso con el que lo ha agraviado. Y, luego, nuestras sociedades enceguecidas y azuzadas por los medios, que no pueden admitir que se pueda hacer algo con el delincuente para rehabilitarlo.
Directamente hay que amputarlos. Matarlos.
Los delitos y las penas, decía, deben estar previstos en la ley (esa convicción dio origen a un aforismo emblemático de los foros de la abogacía: nullum crimen, nulla poena, sine legge, “no hay crimen, no hay pena, sin una ley”). Esas leyes no deben ser dictadas por el juez que juzga al acusado ni, mucho menos, por quienes detentan el poder en la sociedad.
Si de eso se trata, la pena debe ser como una operación que subsane el daño causado. De ahí nació la concepción humanista de la pena como sanción que no es vengativa, sino regenerativa y preventiva. Al órgano dañado, hay que curarlo, no extirparlo.
La pena como venganza es pura barbarie y no hay modo de justificarla de otra manera. El derecho está destinado a organizar y a regular la convivencia social. Mal se ve un estado de derecho que sólo obedece a instintos oscuros que anidan en los hombres.
Aumentar la severidad de las penas hasta hacerlas monstruosamente crueles e inhumanas, según algunos, sirve para amedrentar a los posibles delincuentes. Una anécdota cuenta que en una Facultad de Abogacía un alumno presentó una tesis con el título: "Los efectos educativos de la pena de muerte". El profesor, cuando le tocó el turno de oír los argumentos, dijo: "Pues, ¡qué bien educado queda un cabrón al que le cortan la cabeza!".
Cesare Beccaria consideraba que la pena como castigo o como venganza y, en especial, la pena de muerte, era una auténtica guerra de una parte de la sociedad contra otra. En un pasaje de su memorable obra “De los delitos y de las penas”, se preguntaba: "¿Por qué parece que en el presente sistema criminal, según la opinión de los hombres, prevalece la idea de la fuerza y de la prepotencia sobre la de la justicia…?" En un verdadero sistema criminal, remataba, hay un valor que debe estar por encima de los demás: el "interés de la verdad". ¿Cuántos inocentes en la historia fueron injustamente condenados por delitos que no cometieron ni pensaron cometer?
Esta tragedia de la ciencia penal, al no atinar a definir lo que es la pena, en realidad, es una tragedia de la sociedad de nuestros tiempos. Sigue siendo una guerra de una parte de la sociedad en contra de otra. Eso no es derecho
Cambiar de posición en un asunto tan grave como es la vigencia o no de la pena de muerte, porque la sociedad está irritada ante el crecimiento de la inseguridad y en particular ante la impunidad de quienes cometen crímenes aberrantes, eso es oportunismo político, aquí y en China, independientemente de que intente edulcorarse con advocaciones a los sentimientos de la gente y a “no temerle a la discusión”.
Mila Dosso