Lo propuso el salteño Alfredo Olmedo y fue acompañado por legisladores de distintos bloques, incluido un radical. Pero el oficialismo anticipó que no dará quórum.
El polémico diputado Alfredo Olmedo, del bloque Salta Somos Todos, pidió una sesión especial para el miércoles próximo para tratar proyectos como la pena de muerte y la castración química de violadores, y como era de prever, estalló un escándalo.
Ante los femicidios y las violaciones que sacuden a la opinión pública, Olmedo puso sobre la mesa la intención de tratar una ristra de proyectos de ley sobre “ofensores sexuales” según definió, que no tienen dictamen, la mayoría de su autoría pero también de Victoria Donda, Sergio Massa y los radicales Diego Mestre y Gabriela Burgos, entre otros.
En el pedido de sesión, acompañaron a Olmedo con sus firmas diputados de distintas bancadas y monobloques, como Julio Raffo, Luis Beder Herrera, la socialista Lucila Duré, Darío Giustozzi, Néstor Tomassi, Pedro Miranda, Héctor Tentor, el misionero Jorge Franco, Jorge Taboada, Carlos Selva, Alejandro Snopek, Ivana Bianchi y el puntano Luis Lusquiños.
Curiosamente aparece también la firma de un radical, el presidente de la comisión de Seguridad interior, el mendocino Luis Petri.
Desde Cambiemos se anticipó que no se dará quórum a la sesión. Y la radical jujeña Gabriela Burgos, presidenta de la comisión de Legislación Penal, puso el grito en el cielo. En un duro comunicado manifestó su “más enérgico rechazo” al pedido por considerarlo “una falta de respeto al trabajo que viene realizando la Cámara” en el “debate y la búsqueda de consensos”.
“La Cámara no es un circo como pretende el diputado Olmedo”, arremetió Burgos.
“En el temario considerado, y en una clara muestra del desconocimiento absoluto tanto del funcionamiento de esta Cámara como lo que firman y aprueban los mismos diputados, figuran proyectos que ya fueron debatidos y aprobados, y otros que no tienen estado parlamentario, por lo que es imposible legalmente darles tratamiento. El resto de los expedientes no cuenta con dictamen de comisión, muchos de los cuales se vienen discutiendo desde hace tiempo en las comisiones correspondientes”, sostuvo Burgos.
Agregó: “Es importante comunicar con veracidad a los ciudadanos y contarles que se viene trabajando de forma responsable y seria en proyectos de pornografía infantil y agravantes para delitos sexuales; en la creación de un registro público de violadores, consensuado con todas las fuerzas políticas y próximo a tener dictamen; en la prohibición de salidas transitorias a condenados por delitos sexuales, ya aprobada por Diputados y con modificaciones en el Senado; en la sanción de delitos sexuales informáticos como el sexting; en un nuevo régimen de protección de víctimas; y en modificaciones al artículo 119 del Código Penal sobre penetración oral forzada, que tiene sanción de ley”.
“Peor aún -añadió- es que los diputados que solicitaron la sesión especial pretenden, entre otros temas, facilitar un debate en el recinto sobre la instauración de la pena de muerte y la castración física y química para condenados por delitos sexuales, inadmisibles e incompatibles con un Estado de Derecho respetuoso de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y que representan un enorme retroceso en materia de Derechos Humanos”.
“Como jujeña, no puedo sino repudiar absolutamente la propuesta del diputado salteño de construir una cárcel para condenados por delitos sexuales y narcotraficantes en la Puna Argentina, sin fundamentos, elementos o estudios que avalen su instalación. Como madre, siento una profunda tristeza al ver que las trágicas y horrorosas muertes de mujeres y niñas de las que hemos sido prácticamente testigos en los últimos tiempos, puedan ser utilizadas para la obtención de un rédito político, de un voto más. El Congreso no es una bandeja de disc jockey donde se pueden mezclar discrecionalmente leyes sin un tratamiento previo ni trabajos de consensos”, completó Burgos.
