Aumentó un 35% la cantidad de extranjeros expulsados de la Argentina
En lo que va del año se deportó a 152 extranjeros que cometieron delitos. En las fronteras se rechazó el ingreso de 8.200 personas con antecedentes penales.
Los números son irrefutables: desde que el presidente Mauricio Macri emitió el decreto migratorio en los primeros días de este año para habilitar la expulsión de aquellos extranjeros que cometen delitos o tienen causas penales avanzadas en el país, la cantidad de inmigrantes deportados por la Argentina aumentó un 35% comparado con el 2016. Y la proyección para este año es que haya un incremento de expulsados del 70% respecto del año pasado.
Mientras a junio de 2016 había 113 extranjeros expulsados por haber cometido delitos o por tener condenas, en lo que va de este año esa cantidad se incrementó a 152 expulsiones. De la totalidad de los extranjeros en la mira de la justicia que había en el país, 32 fueron expulsados compulsivamente como lo prevé el decreto 70/2017 y el resto por tener un proceso de expulsión avanzado, en acuerdo de las partes de los extranjeros acusados de delitos y con condenas firmes.
Por otra parte, el Ejecutivo incrementó en un 22% el rechazo en puestos de frontera al ingreso de extranjeros con causas penales o antecedentes judiciales vinculados al delito. Así, en lo que va del año se prohibió el ingreso de 8.200 personas que tenían causas judiciales y querían ingresar al país por diferentes lugares de las fronteras.
Los datos surgen de un informe del gobierno que elaboró la Dirección de Migraciones y al que tuvo acceso Infobae. Allí se destaca que de la mayoría de los expulsados los que tenían condenas eran 52 y estaban acusados de tenencia de estupefacientes, 15 por robo agravado, 12 por homicidios agravado, 11 por abuso sexual y el resto por otros delitos. En tanto, la mayoría de los extranjeros expulsados eran paraguayos y le siguen ciudadanos de Perú, Bolivia, Colombia, Uruguay, Chile y Alemania.
Por otra parte, el informe destaca que la mayoría tenían antecedentes penales por delitos de narcotráfico.
Según los datos comparativos en 2016, donde aún no regía el mencionado decreto, hubo 231 expulsiones. Pero hasta junio de ese año había 113. De esta manera, en la proyección lineal los funcionarios del gobierno evalúan que el numero de 2017 daría un incremento de alrededor del 70% respecto del 2016. Es que se sabe que se iniciaron más procedimientos de expulsión y ahora son más cortos los trámites. Así, se proyectan unas 400 expulsiones este año contra las 231 que hubo en la totalidad del año pasado.
Sustancialmente esto se debe a la instrumentación del decreto a través del cual el residente que hubiese sido condenado, en la Argentina o en el exterior, aunque dicha condena no se encuentre firme, respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas, debe dejar el país. Además, hay un trabajo muy aceitado que se está realizando entre la Dirección de Migraciones y los jueces federales para poner en marcha la norma.
Por otro lado, y según cifras oficiales, se estima que hay un 26% del universo de presos del Servicio Penitenciario Federal que son extranjeros. La intención del Gobierno es identificar además a aquellos que tienen condenas pero que por el fárrago legal siguen libres y se les podría expulsar de inmediato.
Los principales puntos del decreto 70/2017:
1- Si el residente que hubiese sido condenado, aunque dicha condena no se encuentre firme, respecto de delitos distintos a los enumerados en el inciso b) y que merezcan para la legislación argentina penas privativas de la libertad.
2- Aquellos extranjeros que con la finalidad de obtener un beneficio migratorio o la ciudadanía argentina se hubiese articulado un hecho o un acto simulado o éste hubiese sido celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento o se hubiese presentado documentación material o ideológicamente falsa o adulterada o hubiese omitido informar sobre la existencia de antecedentes penales.
3- El residente que hubiese sido condenado, en la Argentina o en el exterior, aunque dicha condena no se encuentre firme, respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.
En el Ejecutivo aseguran que no existe "una persecución a extranjeros o inmigrantes" sino que por el contrario, evalúan, se trata de un sistema para bajar la delincuencia y como contrapartida destacan que la Argentina es uno de los países de la región con mayor cantidad de habilitación de residencias para extranjeros. Según datos oficiales, entre 2016 y 2017 hubo 285.000 radicaciones aprobadas para extranjeros que quieren residir en el país.
Argentina: Llama la atención expulsión de paraguayos
En los últimos 15 días, más de 100 paraguayos, en su mayoría paseros, fueron expulsados del lado argentino en la zona fronteriza del sur. La Gobernación de Itapúa ya solicitó ayuda a la Cancillería.
Muchos conciudadanos ya fueron notificados por Migraciones de Argentina de su expulsión del país, lo que implica que no pueden volver a ingresar por un periodo de 5 años.
Más de 100 paraguayos recibieron la nota en los últimos 15 días, por lo que se acudió a la Cancillería, para que interceda con autoridades aduaneras bonaerenses.
"Es como que de alguna manera se ha comenzado a perseguir a los paraguayos que se dedican al trabajo en pasos fronterizos y, sencillamente, expulsarlos de la República Argentina", dijo el gobernador de Itapúa, Federico Vergara, en comunicación con la 970 AM este miércoles.
Los motivos presentados por el Gobierno vecino son, en algunos casos, la violación de la Ley Migratoria: no haber realizado la entrada y/o salida del país, no haber presentado documentaciones que corresponden al proceso migratorio, haber hecho declaraciones falsas (declararse como turistas), pero en realidad ir para trabajar y, en otros casos más graves, por poseer procesos judiciales, en su mayoría por ingreso ilegal de mercaderías.
Lo que llama la atención de las autoridades es que en las últimas dos semanas mencionadas se recrudecieron los controles, más aun, teniendo en cuenta que no existe manera legal de comprobar el ingreso al país, porque todo queda en el sistema y cámaras de seguridad, pero el que ingresa no tiene ningún comprobante, ninguna forma ni sello.
También les sorprende la coincidencia de lo acontecido días atrás en la frontera, tras una fuerte intervención de autoridades de la capital federal sobre personal del área urbana de Posadas, donde funcionarios aduaneros fueron procesados y apartados de su cargo por ingreso de contrabando del lado paraguayo.
"Parece ser que hay una especie de represalia", pese a que alegan un supuesto nuevo decreto reglamentario de la ley migratoria, manifestó el gobernador.
Dijo que hace días conversó con el gobernador de la Provincia de Misiones, Argentina, quien le explicó que lastimosamente los de Migraciones dependen de Capital Federal y no se reportan a la autoridades regionales.
"El tratado del Mercosur a veces es letra muerta en cuanto al tránsito de personas, pero bueno, ya estamos un poco acostumbrados a eso", lamentó.
Así también, advirtió que si Paraguay toma las mismas medidas, comenzaría a expulsar a trabajadores y estudiantes argentinos de nuestro país porque, probablemente, tampoco hagan todas las declaraciones de rigor o no paguen todos los tributos.
Expulsión de inmigrantes: la solución de Cambiemos para el delito
Desde organizaciones de derechos humanos denuncian que un decreto de Macri permite que sean echadas del país personas sin condena firme. ¿Cuál es la verdadera incidencia de los extranjeros en los delitos? Lucía Galoppo, abogada de refugiados y migrantes, responde y asegura: “son el chivo expiatorio”
Redacción Canal Abierto | En la administración Cambiemos, la expulsión de inmigrantes fue en aumento. Gracias al decreto 70/2017 que impulsó el presidente Mauricio Macri en enero de este año, el procedimiento se facilitó al punto que no requiere estar condenado. Esto contradice abiertamente la Ley de Migraciones, la Constitución y múltiples tratados internacionales. Pero eso no lo detiene.
“Lo que es grave de este decreto es que facilita la expulsión de inmigrantes por haber cometido delitos, por haber estado involucrado en delitos o por haber sido denunciado, porque no se requiere la condena firme para la expulsión. Con lo cual una persona que está procesada pero no ha llegado al fin de su juicio puede ser expulsada por decisión del Poder Ejecutivo”, explica Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), una de las organizaciones que impulsó un amparo para impugnar el decreto y lleva adelante la campaña #SerMigrante no es delito.
Según un informe publicado recientemente por Infobae, en 2015 sólo hubo dos inmigrantes deportados del país; en 2016, el número llegó a 33; y en lo que va de 2017, ya son 65 los extranjeros expulsados. Esto representa un aumento del 3.150% en dos años. Sin embargo, sólo el 6,2% de la población carcelaria es migrante y es muy poco significativa la participación en delitos de este colectivo. Entonces, ¿por qué las expulsiones?
“Cuando hay un contexto de crisis siempre es lo más sencillo culpar a la minoría, sobre todo aquella minoría que no tiene derecho a voto”, asegura Galoppo.
En esta entrevista, qué significa el DNU 70/2017, por qué las organizaciones de derechos humanos lo consideran inconstitucional y cuáles son las verdaderas razones del Gobierno para impulsarlo.
Argentina: jugador fue expulsado a los 10 segundos de haber ingresado 
Martín Alegre, jugador de Madariaga de Paso de los Libres, vio dos amarillas en una misma jugada frente a Tiro Federal de Merecedes
En el encuentro entre Madariaga y Tiro Federal por el Torneo provincial de Corrientes sucedió una de las situaciones más insólitas del año: un jugador del elenco de Paso de los Libres fue expulsado a los 10 segundos de haber ingresado.
El conjunto vestido de violeta realizó una sustitución: Martín Alegre reemplazó a Jonathan Duarte, pero ingresó sin la orden del árbitro, Víctor Cordero, y antes de que su compañero saliera del campo de juego. Ante esta acción, fue obligado a reingresar y fue amonestado.
Tras volver a pisar la cancha, Alegre pasó por al lado del juez y se excedió verbalmente, por lo que Cordero le enseñó la segunda tarjeta amarilla y, posteriormente, la roja.
De esta manera, el portador del dorsal número 13 debió abandonar el partido sin siquiera haber tocado la pelota.
Fuentes:
