El Gobierno presentó una denuncia contra diputados opositores por la frustrada sesión de la reforma previsional
Para la oposición palos, prisión y ahora denuncias
El Gobierno utilizó el último día hábil del año para presentar una denuncia penal contra 11 diputados de la oposición, principalmente del bloque del FpV-PJ, por los delitos de “atentado agravado de funcionario público, resistencia o desobediencia, y encubrimiento”. La llamativa decisión –no se recuerda un antecedente parecido desde el retorno democrático– está basada en la tumultuosa sesión del pasado 14 de diciembre, cuando se impidió el debate de la reforma previsional que finalmente fue aprobada a la otra semana. “Dicha actuación es profundamente antidemocrática y constituye un pésimo antecedente institucional. Queremos decirle a toda la sociedad argentina que estamos ante un nuevo capítulo de persecución política y judicial a dirigentes opositores, llevado adelante por el Presidente de la Nación que claramente no tolera las voces que lo critican y piensan distinto”, señaló el bloque del FpV-PJ en un comunicado.
El escrito fue presentado por el subsecretario de articulación con los Poderes Judiciales y los ministerios del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache, un funcionario de Patricia Bullrich. La causa quedó radicada en el juzgado de María Servini de Cubría. Entre los denunciados por el Poder Ejecutivo se encuentran los diputados del bloque FpV-PJ Leopoldo Moreau, Mayra Mendoza, Máximo Kirchner, Horacio Pietragalla, Andrés Larroque, Daniel Filmus, Axel Kicillof y Marcos Cleri; y los del bloque del FIT, Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Curiosamente, también incluyeron al ex vicegobernador Gabriel Mariotto, que no es diputado.
El Gobierno señala cinco hechos ocurridos en el Congreso con los que intentan demostrar que los diputados opositores buscaron generar violencia, incluso facilitar el ingreso de manifestantes al recinto, siempre con el objetivo de hacer fracasar la sesión.
El primer hecho ocurrió pasadas las 13.30 del jueves 14 cuando sostienen que varios de estos diputados, incluyendo las mujeres Myriam Bregman y Mayra Mendoza, “se abalanzaron” sobre los gendarmes pertrechados como para la guerra que formaban el cordón de seguridad alrededor del Congreso. Según el testimonio de los atribulados gendarmes, no sólo se les fueron encima sino que también les decían que Macri era la dictadura.
El segundo episodio fueron las amenazas que el primer alférez Carlos Gabriel López, jefe de la Segunda Sección contra Disturbios del escuadrón de Gendarmería, dice haber recibido de parte de Leopoldo Moreau. “Se me acerca y emana insultos de todo tipo hacia mí persona y hacia los gendarmes que integramos la institución”, contó López, según la denuncia. También que Moreau le dijo que lo iba a dejar sin trabajo.
Como tercer hecho señalan al diputado Pietragalla tratando de impedir que la Gendarmería detuviera a manifestantes.
Lo mismo respecto a los diputados Cleri y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) cuando se agarraron de los barrotes de un camión para pedir por la liberación de los detenidos que se llevaban.
El quinto episodio se refiere al impedimento de la sesión propiamente dicho. Para justificar que esto pueda ser un delito, en la denuncia sostuvieron que los diputados hicieron lo posible porque no se sesionara, incluso intentando habilitarle el paso a manifestantes dentro del Congreso. “No puede descartarse como hipótesis delictiva la participación de estos funcionarios en el ilícito cometido por los particulares que intentaron perturbar el orden de la sesión legislativa”, sostiene el escrito.
Tanto en los mensajes de Rossi como en el comunicado que emitió el bloque destacaron lo insólito que el Gobierno considerara grave el accionar de los diputados y no así la brutal represión de las fuerzas de seguridad. Incluso, recuerdan que Rossi junto a sus compañeros de bloque hicieron la denuncia correspondiente por la violencia de Gendarmería y las lesiones que sufrieron los diputados. Rossi concluyó reclamándole a Macri que retire la denuncia “en beneficio de la democracia, la independencia de poderes y la República. No hay democracia sin oposición política y sin que está pueda ser ejercida libremente”.
Para la oposición palos, prisión y ahora denuncias
El Gobierno utilizó el último día hábil del año para presentar una denuncia penal contra 11 diputados de la oposición, principalmente del bloque del FpV-PJ, por los delitos de “atentado agravado de funcionario público, resistencia o desobediencia, y encubrimiento”. La llamativa decisión –no se recuerda un antecedente parecido desde el retorno democrático– está basada en la tumultuosa sesión del pasado 14 de diciembre, cuando se impidió el debate de la reforma previsional que finalmente fue aprobada a la otra semana. “Dicha actuación es profundamente antidemocrática y constituye un pésimo antecedente institucional. Queremos decirle a toda la sociedad argentina que estamos ante un nuevo capítulo de persecución política y judicial a dirigentes opositores, llevado adelante por el Presidente de la Nación que claramente no tolera las voces que lo critican y piensan distinto”, señaló el bloque del FpV-PJ en un comunicado.
El escrito fue presentado por el subsecretario de articulación con los Poderes Judiciales y los ministerios del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache, un funcionario de Patricia Bullrich. La causa quedó radicada en el juzgado de María Servini de Cubría. Entre los denunciados por el Poder Ejecutivo se encuentran los diputados del bloque FpV-PJ Leopoldo Moreau, Mayra Mendoza, Máximo Kirchner, Horacio Pietragalla, Andrés Larroque, Daniel Filmus, Axel Kicillof y Marcos Cleri; y los del bloque del FIT, Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Curiosamente, también incluyeron al ex vicegobernador Gabriel Mariotto, que no es diputado.
El Gobierno señala cinco hechos ocurridos en el Congreso con los que intentan demostrar que los diputados opositores buscaron generar violencia, incluso facilitar el ingreso de manifestantes al recinto, siempre con el objetivo de hacer fracasar la sesión.
El primer hecho ocurrió pasadas las 13.30 del jueves 14 cuando sostienen que varios de estos diputados, incluyendo las mujeres Myriam Bregman y Mayra Mendoza, “se abalanzaron” sobre los gendarmes pertrechados como para la guerra que formaban el cordón de seguridad alrededor del Congreso. Según el testimonio de los atribulados gendarmes, no sólo se les fueron encima sino que también les decían que Macri era la dictadura.
El segundo episodio fueron las amenazas que el primer alférez Carlos Gabriel López, jefe de la Segunda Sección contra Disturbios del escuadrón de Gendarmería, dice haber recibido de parte de Leopoldo Moreau. “Se me acerca y emana insultos de todo tipo hacia mí persona y hacia los gendarmes que integramos la institución”, contó López, según la denuncia. También que Moreau le dijo que lo iba a dejar sin trabajo.
Como tercer hecho señalan al diputado Pietragalla tratando de impedir que la Gendarmería detuviera a manifestantes.
Lo mismo respecto a los diputados Cleri y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) cuando se agarraron de los barrotes de un camión para pedir por la liberación de los detenidos que se llevaban.
El quinto episodio se refiere al impedimento de la sesión propiamente dicho. Para justificar que esto pueda ser un delito, en la denuncia sostuvieron que los diputados hicieron lo posible porque no se sesionara, incluso intentando habilitarle el paso a manifestantes dentro del Congreso. “No puede descartarse como hipótesis delictiva la participación de estos funcionarios en el ilícito cometido por los particulares que intentaron perturbar el orden de la sesión legislativa”, sostiene el escrito.
Tanto en los mensajes de Rossi como en el comunicado que emitió el bloque destacaron lo insólito que el Gobierno considerara grave el accionar de los diputados y no así la brutal represión de las fuerzas de seguridad. Incluso, recuerdan que Rossi junto a sus compañeros de bloque hicieron la denuncia correspondiente por la violencia de Gendarmería y las lesiones que sufrieron los diputados. Rossi concluyó reclamándole a Macri que retire la denuncia “en beneficio de la democracia, la independencia de poderes y la República. No hay democracia sin oposición política y sin que está pueda ser ejercida libremente”.