C- CUESTIONES ECONÓMICAS
Para lograr una mejora sustancial en las condiciones de vida de la población es necesario
articular las políticas en el marco de un proyecto integral de desarrollo. Si bien cada área tiene sus
políticas específicas, ni lo social ni lo económico concebidos individualmente, pueden generar
cambios sólidos.
Es necesario implementar un abordaje conjunto entre las políticas de desarrollo económico
y social para avanzar con equidad e innovación hacia un mejor país para todos y todas.
Con el objetivo común de lograr una distribución más equitativa de los recursos e ingresos,
debemos fortalecer las relaciones intersectoriales de cooperación, coordinación y
complementariedad entre los diferentes actores económicos y sociales. Nuestra idea de la
producción acentúa la importancia de las cadenas de valor en los sistemas productivos, alejándose
de concepciones segmentadas de la producción.
En materia de políticas sociales adoptamos una perspectiva multidisciplinaria con enfoque
de derechos. Nuestro objetivo es pasar de una sociedad de beneficiarios, característicos de una
política social prebendaria, a una sociedad de ciudadanos y ciudadanas ejerciendo derechos.
1. Propuesta macroeconómica
La política macroeconómica se propone generar las condiciones para alcanzar un
crecimiento sostenido, con generación de empleo que desemboque en una mejora de la
distribución del ingreso y la erradicación la pobreza. Es una propuesta macroeconómica que
prioriza la reducción de la pobreza como objetivo final.
La visión de largo plazo que se requiere para alcanzar los objetivos enunciados toma a la
sustentabilidad y a la estabilidad macroeconómica como base del verdadero crecimiento y del
desarrollo. Entre los determinantes profundos del crecimiento se destacan: el papel de las
instituciones (las reglas del juego), la estabilidad de las políticas macroeconómicas y el papel que
puedan cumplir las políticas activas en impulsar el crecimiento.
El armado de cualquier estrategia requiere precisar el diagnóstico de cuál será el punto de
partida, o sea la situación del país en 2012. El rumbo económico actual tiene una dinámica
inequívocamente divergente. Las mejoras en el ambiente externo (alto precio de los granos y dólar
mundialmente devaluado) contribuyen a prolongar la vida del modelo actual, pero difícilmente
puedan romper el círculo vicioso actual que propaga el financiamiento inflacionario del gasto
creciente.
La recuperación económica pos colapso de la convertibilidad ha sido significativa. Pero los
avances iniciales muestran desde hace no menos de tres años un estancamiento, particularmente
en lo que tiene que ver con indicadores sociales. Resulta inaceptable que con semejante
recuperación uno de cada tres argentinos viva todavía en la pobreza y ello no haya cambiado en los
últimos años.
La economía se ha recuperado en 2010, luego de haber entrado en recesión en la última
mitad de 2008 y buena parte de 2009, aunque deberá abordar el próximo gobierno déficit fiscal,
presiones inflacionarias crecientes, escaso crecimiento del empleo y aumento de situaciones de
conflictividad social.
La inflación elevada no es neutral, particularmente tiene efectos sobre la distribución del
ingreso y la pobreza. La inflación no provoca una crisis inmediata sino que va debilitando el tejido
social de manera progresiva. Esto no parece ser reconocido por el gobierno que privilegia el
cortoplacismo por encima de las construcciones a largo plazo.
La clave entonces consiste en el diseño de un conjunto equilibrado de políticas que logre
cumplir con: crecimiento con reducida inflación, creación de empleo que permita reducir la
pobreza y la indigencia y una mejora en la distribución del ingreso. No obstante, la situación de
exclusión social en que se encuentra una amplia franja de la población impone un condicionante
adicional en el diseño de la estrategia macro: aún el mejor esquema macroeconómico resulta
insuficiente por sí solo para eliminar la indigencia y reducir significativamente la pobreza.
Resulta imprescindible implementar entonces políticas universales que garanticen ingresos
y acceso a servicios esenciales en salud, educación y vivienda al conjunto de la población. Está
comprobado que las políticas fiscales más efectivas son las políticas de gasto público que reasignan
las prioridades hacia objetivos sociales.
La política macroeconómica se basará en: 1) el establecimiento de un esquema metas de
inflación que actúe como un ancla de las expectativas inflacionarias; 2) intervenciones cambiarias
con un objetivo para el sendero del tipo de cambio que garantice la sustentabilidad externa e
impulse la generación de empleo; 3) una regla fiscal que garantice la sustentabilidad de la deuda a
la vez que constituya un apoyo para la política monetaria y cambiaria.
Un esquema de metas de inflación es aplicable a una economía como la de Argentina si se
lo adapta apropiadamente, incorporando la política cambiaria como instrumento independiente,
sin descartar los controles a la cuenta financiera internacional, al mismo tiempo que se decida
reforzar, en lugar de relajar, aspectos más tradicionales de la política macro, como una política
fiscal que garantice la sustentabilidad fiscal ínter temporal y que a la vez constituya una
herramienta de política anticíclica.
La política cambiaria, a través de las intervenciones en el mercado cambiario, estará
orientada principalmente a impulsar el crecimiento económico que sea externamente sostenible.
Esta política garantiza la sustentabilidad externa e impulsa el empleo al estar el tipo de cambio
asociado al precio relativo de los factores productivos (salario/renta).
Las principales políticas macroeconómicas (cambiaria, monetaria y fiscal) constituyen el
tronco fundamental del esquema propuesto, pero son necesariamente complementadas por otras
en el cumplimiento de los objetivos últimos.
Coparticipación Federal
En el marco actual otro aspecto que deberá reconsiderar es la situación de las provincias. Es
bien conocida la tendencia que viene mostrando la distribución de los recursos tributarios
recaudados a nivel nacional en perjuicio de las provincias y a favor de la nación (Tesoro Nacional,
Seguridad Social, otros). Las provincias que durante los años noventa recibían en promedio cerca
del 35% de la recaudación nacional, en la última década redujeron la percepción hasta llegar a
menos del 25% en 2009 y 2010.
Las transferencias discrecionales no contribuyen a la eficiencia ni a criterios objetivos de
redistribución, ni siquiera pueden considerarse propios de una sociedad democrática y menos aún
de un federalismo verdadero. Así como la política macroeconómica, particularmente la política
cambiaria, no resulta neutral a los intereses de las provincias, la política de transferencias no
automáticas debe ser necesariamente revisada y modificada por un sistema que evite este tipo de
discrecionalidad.
2. Propuesta Fiscal
Nuestro sistema tributario es regresivo. Observamos a través de los años una
profundización en la concentración de las riquezas y rentas y por ende una ampliación en los
niveles de desigualdad social. Entre sus características principales podemos citar:
a) Regresividad fiscal: menos de un tercio de la recaudación proviene de impuestos
directos, es decir, es muy baja la participación de los impuestos a las rentas y sobre los patrimonios
en el total de la recaudación nacional. Revertir la regresividad fiscal requiere de reformas en:
impuesto a las ganancias en personas físicas; Impuesto al Valor Agregado; impuesto a los débitos y
créditos; impuestos patrimoniales; impuesto a la herencia.
b) Estrecha base tributaria: la ampliación de la base tributaria en pos de mayor equidad y
menor impacto de la presión fiscal, requiere de la revisión del tratamiento a las rentas de capital,
colocaciones financieras, rentas provenientes de recursos naturales (mineras, pesquera, petrolera),
frente al impuesto a las ganancias y al resto del sistema.
c) Alta Evasión Fiscal: el nivel de incumplimiento fiscal en Argentina es muy alto. A esto
debemos adicionar el alto porcentaje de empleo no registrado que tiene mayor impacto entre los
sectores de más bajos ingresos. La evasión y el trabajo ilegal afectan la equidad horizontal y
obstaculizan la redistribución del ingreso.
La lucha contra la evasión fiscal requiere del fortalecimiento de los organismos fiscales
nacionales (AFIP; DGI; ANA; ANSES), Unidad de Información Financiera (UIF) y tribunales fiscales y
de la constitución del organismo fiscal federal que indica la Constitución.
La política fiscal se estructurará a partir de:
• Asegurar el nivel de recaudación proyectado: para ello se efectuará una revisión de
sustentabilidad del plan de acción en curso por parte del organismo recaudador.
• Lucha contra la mora, el fraude, la evasión y elusión fiscal. Para ello se trabajará en el
fortalecimiento del sistema de ingresos públicos bajo una concepción federal. Se redefinirá el plan
estratégico del organismo administrador de los recursos tributarios de recaudación, con el objetivo
central de impulsar el cumplimiento de los contribuyentes; control de la mora, fraude, evasión y
elusión fiscal.
3. Propuesta Productiva
En el período 2002/10, además de registrarse altas tasas de crecimiento del PBI, de los
niveles de empleo, de mejoras en los indicadores sociales, se ha recuperado, en parte, la política
monetaria, se ha menguado la incidencia del endeudamiento externo y se han creado condiciones
para políticas públicas activas. Sin embargo, no hay un modelo de país de largo plazo, ni una
situación equilibrada en lo social y en lo territorial. No obstante, el sistema actual, con sus logros y
sus desafíos, es la plataforma desde la cual plantear una etapa superadora.
Entre los logros cabe señalar que la Argentina se ha transformado en un productor de
“clase mundial” en industrias asociadas a la explotación de recursos naturales, de insumos
industriales y algunos servicios. En cuanto a su dinámica, se destaca el sector agropecuario que ha
superado en los últimos años incluso la tasa de expansión de comienzos del siglo XX. En su
dinámica operó un comportamiento muy dinámico en términos de incorporación de tecnología
(semillas transgénicas, siembra directa) que la coloca en la vanguardia de la revolución biológica
aplicada al agro.
Los cambios operados al interior del sector incluyen también modificaciones en la
organización de la producción con nuevos roles, actores e incluso instituciones. Precisamente las
integraciones con la industria y servicios son múltiples y las opciones y alternativas para crecer en
productos de medio o alto valor agregado en los mercados internacionales son posibles.
Quedan pendientes los déficit, producto de las características estructurales de la economía
que se vinculan con: empleo insuficiente y de baja calidad; vulnerabilidad del sector externo; bajo
desarrollo tecnológico y fuerte heterogeneidad.
El principal desafío es la generalización al resto del tejido económico de las características
de los casos exitosos. La construcción de este sendero no es automática, exige un sistema de
economía integrada, o sea un modelo de mayor equilibrio social, territorial y productivo. Estos
equilibrios significan una mayor equidad distributiva (integración social), un desarrollo
geográficamente más armónico (integración territorial) y un tejido empresarial más interconectado
(integración productiva).
Esta construcción requiere:
• Contar con una nueva alianza publico privada donde lo privado tenga una fuerte impronta
de capitales nacionales con arraigo local y localización equilibrada.
• Actividades económicas con capacidad de generar externalidades en base a domino de
innovaciones, captar rentas internacionales y romper las dicotomías entre campo e industria,
industria y servicios, producción y bancos en pos de actividades dinámicas tecnológicamente,
generadoras de ocupación y equilibradotas del desarrollo.
Con su implementación, se deberían alcanzar cuatro metas:
• Empleo creciente e inclusivo. La forma esencial de inclusión social y económica pasa
indudablemente por la cantidad y calidad del empleo generado. Se requiere de una estructura
productiva que sustente empleo creciente e inclusivo en condiciones de formalidad.
• Interconexión (sinergia) entre sectores productivos. La capacidad de generar riqueza y
bienestar generalizado es un desafío sistémico, para lo cual los sectores productivos, lejos de ser
enclaves aislados, se relacionan entre sí y se apalancan mutuamente.
• Rebalanceo de la localización. El desarrollo equilibrado implica promover inversiones en
aquellas regiones más rezagadas, lo que puede asociarse a implementar incorporación de valor
agregado a la producción basada en los recursos naturales en los mismos lugares de producción.
• Generación de excedente económico. El mismo está en la base de generar un proceso de
reinversión, necesaria para impulsar la innovación tecnológica y la generación de futuros motores
de crecimiento de la economía.
La política productiva a desarrollar partirá de pensar a la Cadena de Valor Global como la
unidad operativa básica y se apoyará en cuatro orientaciones básicas:
• Aumentar el nivel de integración de complejos clave. El objetivo es generar una trama
económica más densa que genere más y mejor empleo. La presencia de empresas en las distintas
etapas de una cadena de valor permitirá una mayor generación de valor que permitirá generar
mayores empleos y mejor remunerados.
• Subir en la cadena de valor agregado internacional. Es la recomendación correspondiente
cuando se opera desde la perspectiva internacional. La inserción del país en el mundo está
relacionada con el papel que juegan sus empresas en cadenas de producción que están
crecientemente fragmentadas y distribuidas geográficamente.
• Vincular cadenas diferentes de manera que se generen sinergias y retroalimentaciones
que aumenten la productividad de ambas. Obviamente, este tipo de estrategia apunta
directamente al objetivo de evitar los enclaves de alta productividad aislados del resto de un tejido
económico.
• Favorecer el desarrollo de cadenas emergentes, aquellas que tienen una presencia
incipiente, pero donde el país cuenta con ventajas para llevarlas a un mayor nivel de desarrollo.
Probablemente el caso más notorio es el del software y tercerización de procesos de negocios.
4. Sistema financiero, deuda pública y economía social
No es posible sostener un proceso de expansión económica ni garantizar mayores niveles
de bienestar social sin acceso al crédito. En este sentido, el sistema bancario y financiero debe
brindar apoyo y asistencia a la actividad productiva y a las familias, privilegiando los créditos
hipotecarios para vivienda única familiar, las pequeñas y medianas empresas, las entidades de la
economía social y los sectores productivos más postergados del interior, quienes tienen un acceso
muy limitado al crédito y a tasas prohibitivas.
En este sentido, las políticas destinadas a las PYMES y al sector de la economía social
ocupan en nuestro país una posición subordinada respecto de los objetivos de la política
macroeconómica y de competitividad. La importancia que tanto las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) como las organizaciones de la economía social (cooperativas y mutuales)
revisten para el desarrollo productivo y el bienestar del conjunto de la población hace necesario
que el Estado promueva su desarrollo y consolidación. De esta forma, resulta imprescindible
implementar una política de promoción y apoyo a estos sectores fundamentales en el proceso de
democratización de la economía y desarrollo de un modelo productivo solidario, integrado y
diversificado.
Asimismo, debe encararse una profunda reforma del sistema financiero que permita
recuperar el crédito para el sector productivo y las familias, que estimule una banca pública, de
desarrollo y fomento de la banca cooperativa.
Propuestas
• Sanción de una nueva Ley de Entidades Financieras que reconozca su importancia crucial
para el desarrollo económico y social equitativo.
• Fortalecimiento de la banca pública y promoción de créditos a PYMES, jóvenes
emprendedores, entidades de la economía social, entre otros sectores que tienen acceso limitado
a fuentes de financiamiento.
• Conformación de una Comisión Bicameral de investigación de la legitimidad de la deuda
externa.
• Créditos blandos con sentido social, que posibiliten la compra de la vivienda familiar y el
apoyo a los deudores hipotecarios para evitar el remate de la vivienda familiar única.
• Formación de redes solidarias que promuevan una amplia cooperación entre las entidades
de la economía social y las PYMES, con las universidades públicas y organismos estatales de
asistencia técnica, a fin de que las mismas puedan acceder al conocimiento y las capacidades
productivas.
• Apoyo integral del acceso al conocimiento a través de programas de capacitación sobre
gestión industrial y comercial, normas de calidad y comercio exterior.
• Régimen de promoción impositiva destinado las PYMES. Garantizar una línea de créditos a
tasas accesibles y subsidiadas para las micro, pequeñas y medianas empresas.
• Apoyo a los proyectos de recuperación de empresas por parte de los trabajadores a través
de la sanción de un régimen de fomento y asistencia técnica y financiera para estos
emprendimientos.
• Promoción de redes de empresas recuperadas.
• Respaldo a proyectos autogestionados que generen empleo y una producción con mayor
valor agregado.
• Apoyo a la banca cooperativa y mutual. Fomento y estímulo a las Cajas de Crédito
Cooperativas.
5. Inserción Internacional
Los valores de igualdad, justicia social, sostenibilidad y libertad son propios de la visión
progresista para la construcción de un mundo mejor y más próspero. Es necesario explorar y
definir el rol y la relación de la Argentina con la región y con el mundo al servicio del bienestar y la
seguridad de la ciudadanía, al mismo tiempo que incremente la riqueza y la autonomía de nuestro
país. Debemos integrar nuestros intereses políticos, culturales, económicos y de seguridad a los
intereses de la política exterior sobre la base de consensos básicos y esfuerzos sostenidos.
Propuestas
• Reivindicación de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas. Instar a las partes a
cumplir con la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
• Promover la institucionalización para la coordinación de la política exterior en el
MERCOSUR.
• Fortalecer institucionalmente UNASUR para diseñar políticas comunes y la acción común
entre los países miembros.
• Aportar y trabajar para la construcción de un orden internacional seguro y estable a través
de la reforma de las organizaciones internacionales con el objetivo de lograr una representación
acorde con las condiciones actuales.
• Promover la transparencia en las instituciones abocadas a la gobernabilidad global.
• Participar activamente en todas las organizaciones para promover la paz y la seguridad
internacional, la democracia, los derechos humanos, los derechos sociales, la igualdad de
oportunidades, medio ambiente.
• Rechazar las intervenciones unilaterales y acompañar las tareas para evitar los genocidios,
las masacres, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad.
• Promover una inserción económica y comercial que contribuya a los objetivos nacionales
y favorezca una distribución equitativa de los productos de la globalización con todas las regiones
y, en especial, una mayor colaboración Sur-Sur.
• Fortalecer el régimen de no-proliferación nuclear y la eliminación de las armas de
destrucción masiva.
• Participar y apoyar los esfuerzos para lograr acuerdos internacionales en materia de
cambio climático que contribuyan a un desarrollo equilibrado y donde la contribución se
corresponda con la realidad de cada país.
• Rechazar y combatir el terrorismo, el narcotráfico y la violencia asociada que afecta y
deteriora las condiciones de vida de importantes sectores sociales.
http://www.argentinaelections.com/wp-content/uploads/2011/07/Plataforma-Program%C3%A1tica-FAP-2011.pdf