Continuación de http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/3682175/Historia-Argentina:- Rivadavia -Vs_-Rosas-(Parte-1).html
Obra del Dr. José María Rosa - "Analisis Historico de la Dependencia Argentina" (1974)
Fuente II: http://www.pensamientonacional.com.ar/biblioteca_josemariarosa/Analisis/Analisis.htm
La Enfiteusis
En julio de 1821 el gobierno de la Provincia de Buenos Aires designa una comisión de Hacienda para establecer el monto de la deuda interna nacional. Consistía ésta en cupones de la “Caja Nacional” de Pueyrredón del año 1818, letras de tesorería en descubierto, jornales de soldados, créditos de proveedores y hasta expedientes coloniales anteriores a 1810.
La Comisión de Hacienda se expide en octubre (1821): hay cerca de 1.600.000 pesos de deuda interna nacional (exactamente $ 1.598.224,4 1/2); y el gobierno dicta el 30 de octubre la ley que crea la Caja de Amortización de Fondos Públicos encargada de canjear los créditos por certificados de “fondos públicos” que rentarían el 4 %, loa anteriores a 1810, y 6 % los posteriores. Se emiten cinco millones de certificados: dos millones son canjeados por los créditos impagos (después del informe de la Comisión se descubren – y reconocen – otros $ 400.000 tal vez para redondear los dos millones), y los restantes tres millones entregados en pago de gastos extraordinarios realizados en 1822.
Los fondos públicos estaban garantizados con especial hipoteca “sobre toda la propiedad mueble e inmueble de la provincia” (art. 2º), gozaban el privilegio de recibirse a la par en pago de derechos aduaneros, y sus servicios de intereses “son pagados con la misma puntualidad que los consolidados ingleses”, informa Robertson al Foreign Office. No debe extrañar, por lo tanto, que su cotización subiera a más de 90 %. Resultó un excelente negocio comprar créditos contra la Nación a los titulares de los derechos a 80 y 45 %, y canjearlos por “fondos públicos”, y “quienes atendieron las recomendaciones de Robertson se beneficiaron grandemente”. “Una mitad de los “fondos públicos” – informa en 1824 el Cónsul Parish al Foreign Office – se supone que está en manos inglesas”. La otra mitad la tendrían los comerciantes criollos vinculados al exterior, y los funcionarios del gobierno. Por un estado de los bienes de Rivadavia en 1882 se lo sabe titular de 200 mil pesos en “fondos públicos”.
Esa operación, cumplida con seriedad británica, era garantizada, como dijimos, por especial hipoteca sobre la tierra pública; Por decreto del 17 de abril (de 1822) se inhibió la provincia para disponer de su propiedad: se prohibió a sí misma “dar títulos de propiedad, ni rematar, ni admitir denuncia de terreno alguno”.
La provincia inmovilizó su tierra pública. Si no se podía vender el suelo, debería buscar otra manera de hacerlo producir y se pensó en arrendarlo. Un decreto del lº de julio “consultando el medio que más puede en lo sucesivo aumentar el valor de la propiedad más cuantiosa del Estado”, ordenó “poner (las tierras públicas) en enfiteusis con arreglo a la minuta de la ley sobre terrenos”. Esta minuta había facultado al Escribano Mayor de Gobierno a extender escrituras de arrendamiento, con mención del canon a convenirse, a todos los que denunciasen terrenos baldíos; nada decía de la extensión máxima a conferirse, ni de la duración del arrendamiento, ni la obligación de poblar, quedando el canon sujeto a un acuerdo entre el denunciante y la provincia. No se trataba, por lo tanto, de un plan de colonización agraria, sino de un simple recurso financiero.
Por decreto del 27 de setiembre de 1824 se fijó el mínimo – no el máximo – a darse en enfiteusis: “No podía ser menor de media legua de frente por legua y media de fondo” (lo que se llamaba “una suerte de estancia”), no fuera a crearse un proletariado rural aprovechando las facilidades de la ley de terrenos. Las extensiones menores denunciadas como baldíos pertenecerían al lindero a “quien el gobierno considere con más derecho”.
No fueron muchas las solicitudes de enfiteusis entre 1821 y 1825; apenas de algunos propietarios por baldíos fiscales contiguos a sus propiedades. Es que la gran extensión de tierra sin dueño estaba más allá de los fortines y los indios andaban bravos esos años. La antigua frontera de 1810 que corría al norte del Salado por los fortines Chascomús, Ranchos, Monte, Lobos, Carmen de Areco, Salto y Rojas, se mantenía sin variantes diez años después de la Revolución. Solamente algunos estancieros emprendedores y en buenos términos con los indios (Rosas, Ramos Mexía, Anchorena) se habían arriesgado a poblar el sur.
En 1821, Las Heras, dada la posibilidad de una guerra con el Brasil, buscó la mediación pacifista con los indios por medio de Juan Manuel de Rosas , encomendándole un tratado de paz y limitación de “fronteras”; Rosas, que hablaba la lengua indígena y era respetado y estimado por los caciques, consiguió reunirlos en diciembre en un gran “parlamento” junto a la laguna del Guanaco. Tuvo un notable triunfo diplomático pues los indios reconocieron la soberanía argentina, juraron la bandera azul y blanca y se comprometieron a cesar en sus malones y rechazar una posible invasión brasileña, a cambio de una ayuda anual de azúcar, alcohol y carne de yegua que les pasaría el gobierno. Quedó señalada la nueva “frontera”: de Bahía Blanca a la laguna del Potroso (Junín), pasando por el Volcán (cercanías de Balcarce), Tandil y Cruz de Guerra (25 de Mayo). Se ganó, por lo tanto, toda la extensión entre la vieja línea y la Sierra abriéndose posibilidades de llegar a Bahía Blanca.
En Londres los comisionistas del empréstito habían dado, el 1º de julio de 1824, validos de los “amplios poderes” otorgados por la ley, “todos los bienes, rentas, tierras y territorios” de Buenos Aires como garantía del empréstito concertado con Baring: el Bono General estableció, pues, una segunda hipoteca a favor de los tenedores de títulos exteriores sobre la tierra ya gravada con primera hipoteca en garantía de los títulos internos.
A fines de 1824 se reúne el Congreso Nacional. Por Ley de Consolidación de la Deuda de 15 de febrero de 1826, extiende a toda la nación la garantía hipotecaria que gravaba a la tierra de Buenos Aires. “Queda especialmente afectada al pago de la deuda nacional la tierra y demás bienes inmuebles de propiedad pública cuya enajenación se prohíbe”. El reglamento de la ley de fecha 6 de marzo debido a Rivadavia – presidente de la República desde el 8 de febrero – destaca que “están especialmente Hipotecadas todas las tierras y demás bienes inmuebles”.
La tierra ganada a los indios en Buenos Aires y la seguridad por la paz del Guanaco, fue la causa de muchas concesiones de enfiteusis a partir de 1825 en los partidos de Dolores, Monsalvo (sur de Dolores), Lobería, Volcán (sobre la sierra de este nombre) y Fuerte Independencia (Tandil). Era zona fronteriza y no todas pueden considerarse en rigor “latifundio” por su sola extensión. Pero casi todas tomaron ese carácter porque sus concesionarios no las explotaban directamente, limitándose a subarrendarlas o dejarlas improductivas a la espera que pasasen los 88 años de la amortización del empréstito.
Las concesiones de enfiteusis no se redujeron a las tierras ganadas a los indios. Agrimensores hábiles localizaban baldíos en regiones colonizadas de antiguo, y hubo solicitudes – y concesiones – de enfiteusis en Luján, Cañuelas, Chascomús y hasta San Isidro, Quilmes y Chacarita.
El más importante de los concesionarios, por la localización y calidad de las tierras, era la Sociedad Rural Argentina, entidad por acciones creada en julio para explotar la enfiteusis y hacerse dar las mejores concesiones. No explotaba establecimientos ganaderos, pues su negocio consistía en subarrendar, pleitear con vecinos y esperar la valorización.
Las tierras ganadas a los indios estaban desiertas, pero no ocurría igual con las localizadas dentro de la primera línea de fronteras. Eran “baldíos” ocupados por criollos sin más título que una larga posesión, un rancho y algún rodeo de vacas. Muchos de ellos, si no todos, eran propietarios por posesión larga y pacífica, pero no habían gestionado su título.
El 28 de septiembre (1825) el gobierno de Las Heras dispuso que “quienes sin previo aviso se hallasen ocupando terrenos del Estado” gestionasen dentro de seis meses su concesión en enfiteusis bajo amenaza de desalojo. Ninguno lo hizo: posiblemente se creerían propietarios, o no leerían el Registro Oficial, o no tendrían la extensión mínima de una “suerte de estancia” para pedir la enfiteusis, o carecían de padrinos hábiles para sacarles adelante el expediente. En consecuencia, el 15 de abril del año siguiente (1826), Rivadavia , ya presidente de la República y dueño de Buenos Aires por la ley de capitalización, “en vista de no haberse ejecutado con todo rigor” el decreto del 28 de septiembre pasado, dispuso “desalojar irremisiblemente” por la fuerza pública a los intrusos, y entregar sus tierras a “quienes las habían solicitado en enfiteusis”.
Anotemos el primer efecto social de la enfiteusis: el desalojo de los que trabajaban la tierra para dársela a quienes especulaban con ella.
Ya estaba todo dispuesto para estabilizar las concesiones. La ley de enfiteusis dictada por el Congreso Nacional el 18 de mayo (de 1826) estableció en veinte años la duración de las concesiones, debiendo tasarse cada diez por un jury compuesto por vecinos del partido y titulares de derechos; el monto del arrendamiento anual sería el 8 % de la tasación en los campos de pastoreo y 4 % en los de agricultura; se daban facilidades para el pago del primer año abonándoselo en cuotas al solventarse la 2ª y 3ª anualidades.
Tampoco decía nada del máximo a conferirse ni de la obligación de poblar. La de 1826, como la de 1822, no era una ley de colonización, sino un expediente financiero para sacar provecho a una prenda hipotecada.
No gustó a algunos diputados que no se fijara un mínimo de extensión a la tierra a concederse: el viejo y sensato Passo habló así: “Creo que no es conveniente – dijo en la sesión del 11-5-26 – que haya grandes propietarios y un montón de hombres pobres alrededor..... creo que en un buen sistema de población las tierras deben repartirse procurando que se formen fortunas mediocres”. Agüero, ministro de gobierno, aceptó “que hay ciudadanos que tienen en enfiteusis extensiones inmensas y todas yermas en perjuicio de la población”; pero a su juicio el canon movible cada diez años corregiría el abuso.
La aplicación de la ley resultó un fracaso, incluso desde un punto de vista exclusivamente financiero. Las tasaciones, realizadas por los mismos vecinos, fueron naturalmente bajas. Pero ni siquiera así los enfiteutas pagaron la disminuida cuota de su canon. En realidad el alquiler de la tierra no era pagado por nadie: en las primeras concesiones de 1822 se había fijado $ 80 la legua que nadie (o muy pocos) cumplieron. Rafael Saavedra, encargado provincial de recibirlo, informaba al gobierno en 1825 que “este ramo (el cobro del canon) es un ente ficticio o fantasma inanimado. ... por la poca delicadeza de los individuos a quienes se les ha concedido (la tierra), o por efecto de la corrupción general de los años que nos han precedido”. No obstante haberse fundado en 1826, por decreto precedido de extensos considerandos, el Departamento Topográfico y Estadístico que llevaría el Gran Libro de la Propiedad Pública, en sustitución de la vieja Comisión de Tierras manejada a la criolla, el nuevo organismo burocrático no sirvió para gran cosa. Lo denuncia el 13 de febrero de 1828 el Colector de Impuestos de Dorrego, don Manuel José de la Valle (padre del general Lavalle): al desorden administrativo de la presidencia, dice la Valle, deberían sumarse “los efugios de que se han valido los interesados para retardar el pago”, pese a que los enfiteutas sacaban dinero de la tierra sin trabajarla, “pues se han creído autorizados para subarrendar los terrenos que no han querido o no han podido poblar”.
Dorrego, enredado en problemas internacionales, no pudo desgravar la hipoteca sobre la tierra. Se limitó a reglamentar la enfiteusis, tratando de hacer con ella una política de colonización estableciendo un máximo de doce leguas por concesión. Vencido el golpe unitario de 1828, Viamonte hace dictar en septiembre de 1829 al Senado Consultivo una ley (conjeturablemente proyectada por Rosas), dando en propiedad a quienes cumplieron diversos requisitos de colonización y defensa, pequeños lotes de “una suerte de estancia” (media legua por legua y medio) en la frontera de los indios. Fue la primera medida oficial que abrogaba la hipoteca sobre la tierra pública. No se pudo cumplir de inmediato, tal vez por mediar ingerencias diplomáticas. Pero llegado Rosas al gobierno, la pone en vigencia en junio de 1832.
La Colonización
Una de las preocupaciones constantes de Rivadavia fue siempre traer colonos del norte, con el objeto de “mejorar la raza” nativa. El 26 de julio de 1821, siendo Ministro de Gobierno de Buenos Aires propone a la Junta de Representantes una ley para “negociar el transporte de familias industriosas del norte de Europa que aumenten la población de la provincia”, proyecto que es sancionado por la Junta el 22 de agosto.
De inmediato Rivadavia escribe a Beaumont – 24 de septiembre – a fin de que se pusiera al habla con sus agentes particulares en Londres – Hullet Brothers – que tenían instrucciones para llevar a efecto el negocio de colonización. Surgen inconvenientes pues Beaumont exige la propiedad de la colonia, y acababa de inmovilizarse la tierra pública de Buenos Aires en garantía de la deuda pública, pero Rivadavia encuentra la solución: se daría la tierra en enfiteusis a la sociedad colonizadora – aún no formada – sin el pago del canon ni ninguna clase de impuesto durante cuatro años; los gastos de traslado de los colonos serían por cuenta del gobierno, asistiéndolos además con 200 pesos por matrimonio y 100 pesos a los solteros a su llegada a Buenos Aires. La sociedad colonizadora tendría preferencia en obtener la propiedad de la tierra, una vez levantada la garantía hipotecaria que pesaba sobre la misma.
La perspectiva de poblar nuestro país con las razas viriles del norte entusiasmaba a Rivadavia . Pero la tarea de arraigar esas razas exigía una previa de desarraigar a los nativos. La prepara el 19 de abril de 1822 con el decreto de Vagos que considera vagabundo a todo “hijo del país de la clase a que pertenezca” que no encontrase padrinos influyentes. Como “los vagabundos son un obstáculo real a los adelantamientos del país y una causa que impide o retarda el complemento de la Reforma General que se ha iniciado” el gobierno los arrojaba al ejército de línea por ocho años, o “a trabajos públicos en contingentes forzados”.
En abril, el ministro transfiere sus poderes a una Comisión llamada de Emigración en cuyo nombre el comerciante Lezica, jefe de la Casa Lezica y Compañía donde Rivadavia tenía intereses, emprende viaje a Londres. Llega en junio y se pone en contacto, por intermedio de Hullet, con Barber Beaumont. Encuentra allí a John Robertson y Félix Castro, comisionado de Buenos Aires para contratar el empréstito de un millón de libras, que no se dedicaban solamente a los negocios financieros y tanto el uno como el otro se habían entusiasmado con la perspectiva de brillantes negocios de colonización. Castro, que ha ganado una fortuna con el corretaje del empréstito, entra en sociedad con Beaumont y Lezica en Londres, mientras Roberson se va a su Escocia natal para invertir su gran fortuna ganada con el empréstito y sus actividades mercantiles trashumantes, en una vasta empresa colonizadora de brillantísimas posibilidades.
El 7 de septiembre llega Rivadavia a Londres. En noviembre, entre Beaumont, Lezica, Castro y Hullet han constituido la Río Plate Agricultural Association, con un millón de libras de capital, para el negocio de comprar propiedades o concesiones de enfiteusis y poblarlas con agricultores ingleses llevados al Plata mediante ventajas que les daría el gobierno argentino. Se formó el directorio y se repartieron entre los fundadores las acciones liberadas; Beaumont era presidente con quinientas acciones liberadas, Rivadavia no figura entre los ejecutivos pero Lezica y Castro – con ochocientas acciones liberadas a su nombre – están como directores “juntamente con cuatro barones ingleses de la más alta respetabilidad”. La empresa se presentaba bajo los más risueños auspicios y Hullet, encargado del lanzamiento de las acciones las colocó en la bolsa arriba de la par.
Rivadavia había asegurado formalmente que el gobierno argentino, donde influía, daría a la sociedad en perpetuidad “las tierras del convento suprimido de San Pedro”. Empezaron por lo tanto a reclutarse agricultores; era momento propicio porque la crisis industrial había paralizado muchos brazos y la desocupación y el hambre eran considerables. Agentes de la Agricultural anotaban en los suburbios fabriles a quienes quisieran ir, con viaje pago y un pequeño adelanto al embarcarse: la primera tanda de sesenta “agricultores” de los suburbios de Glasgow se embarcó en febrero de 1825; a fin de año, la segunda desde Liverpool que llegaban a doscientos, y en marzo de 1826 la tercera, también de doscientos. Piloteaba esta última Barber Beaumont junior. Debía ocuparse de los primeros Sebastián Lezica, regresado al país con ellos.
Mientras tanto los hermanos Robertson (John en Escocia y William en Buenos Aires) trabajaban en la empresa suya. William obtiene del gobierno de Las Heras un decreto – 19 de enero de 1825 – dando facilidades de transporte y adelanto de dinero a los inmigrantes, adquiere 16 mil hectáreas de tierra desierta en Monte Grande por 60 mil pesos, y el 22 de mayo John embarca en Leith los primeros 220 escoceses “destinados a poblarla y enriquecerla”.
El primer contingente de ingleses debería ir a San pedro. A su llegada a Buenos Aires nadie se hizo cargo de los viajeros, quienes abandonados a su suerte acabaron enrolándose en los cuerpos de línea o en la marina, o se quedaron trabajando de artesanos en la ciudad. Solamente unos pocos consiguieron llegar a San Pedro para enterarse que allí nadie sabía nada de la concesión.
Ante las quejas de Londres, Lezica adquiere para la Agricultural un campo de Entre Ríos “a un alto precio”, donde mandará el segundo contingente proveniente de Liverpool. Lo hace directamente desde Ensenada para impedir que los nuevos inmigrantes se dejen seducir por los antiguos, captados por Buenos Aires, y se nieguen a trabajar el campo. El expediente no resulta. Aunque el campo en Entre Ríos por lo menos estaba, Lezica no envió los enseres y útiles de labranza remitidos por la Agricultural desde Londres, que prefirió embargar previsoramente para cobrarse sus gastos.
La vida se hizo dificultosa para los ingleses en Entre Ríos, y acabaron por abandonar la colonia e irse a Buenos Aires a ganar buenos salarios como peones de saladeros, o abrir talleres de baja artesanía.
Finalmente, llegó Beaumont junior con el último lote. No había sido feliz en su viaje, pues la mayor parte de sus colonos prefirieron volverse a Londres al saber que había guerra entre la Argentina y Brasil. Solamente con cincuenta inmigrantes pudo llegar a la Argentina para encontrarse con que las dos tandas anteriores habían fracasado, los “agricultores” no querían salir de Buenos Aires, Lezica se había quedado con el dinero para gastos, y embargado los enseres porque se consideraba perjudicado. Oyó decir que, a cambio de la concesión de San Pedro se daría a los inmigrantes una isla en el Río Negro – posiblemente Choele Choel – pero se enteró que el Río Negro estaba todavía en poder de los indios.
Sin embargo Rivadavia , ahora presidente de la República, parecía interesarse en la Agricultural. Quería colonizar tierras de enfiteusis con los colonos ingleses, aunque Beaumont senior no había visto un negocio en la enfiteusis por más de asegurarle Rivadavia que la empresa obtendría el derecho de propiedad, al pagarse la totalidad del empréstito dentro de 88 años. Posiblemente pensaría conceder a la Agricultural las grandes concesiones que iba a dar a la Sociedad Rural Argentina en la cual estaba interesado. Pero Beaumont junior está en julio de 1826 – al tiempo de fundarse la Rural – desilusionado de negocios de colonización: solamente espera de la amistad de Rivadavia “salvar lo restante de nuestros bienes” y volver a Londres.
La Agricultural había fracasado: a la “association” se la llevó el crack bursátil londinense y a los colonos se los tragó la tierra generosa. El 7 de junio de 1827, Beaumont, “ligero de corazón y de bolsillo” se volvió a Londres. Allí escribiría sus andanzas por tierras del Plata y su experiencia con los nativos “amigos de los ingleses”.
Tampoco dio resultado la colonización de escoceses en Santa Catalina, donde los hermanos Robertson invirtieron íntegra su considerable fortuna en un negocio que creyeron seguro y provechoso. Muy pocos se avinieron a trabajar la tierra ajena en este país tan pródigo con el esfuerzo propio. La colonia se diluirá en 1828.
Algo similar a lo ocurrido con los ingleses de Beaumont y los escoceses de Robertson, pasaría con los irlandeses ovejeros de O’Brien en Santa Catalina, los alemanes sembradores de trigo que Carlos Heine instaló en la Chacarita y las muchachas del Highland que habrían de ordeñar vacas santafesinas. Nadie pudo trabajar a gusto o no quiso hacerlo para otros, y todos acabaron estableciéndose por su cuenta.
La colonización efectuada con el doble propósito de redondear un negocio y extranjerizar el país, produjo el efecto contrario. Los empresarios se arruinaron y resultó tan fuerte la personalidad del país que los extranjeros abandonados a sí mismos acabaron por olvidar sus costumbres y su lengua y adoptaron los hábitos y modalidades de la tierra. En poco tiempo se hicieron tan argentinos como el más gaucho u orillero, y sus hijos e hijas no se diferenciarían en nada de éstos.
La “River Plate Minning Association”
Rivadavia, ministro de Rodríguez, dictó un decreto el 24 de noviembre de 1828, autorizándose a sí mismo para “promover la formación de una sociedad en Inglaterra, destinada a explotar las minas de oro y plata que existan en las Provincias Unidas”, no dando importancia al hecho de que por ser él ministro y Rodríguez gobernador de la Provincia de Buenos Aires, mal podría especular sobre las minas de las Provincias Unidas. Previamente habían sido publicadas en los diarios de Londres algunas cartas, como la de Ignacio Núñez – Secretario de Rivadavia – que transcribe J. A. Beaumont en un casi desconocido libro titulado Travels in Bnenos-Ayres and the adjacent province of the Río de la Plata – Londres, 1828 –, en las que describía la enorme e inexplotada riqueza minera de Sud América, especialmente el cerro Famatina. Júzguese el entusiasmo que despertarían párrafos como éste: “podemos afirmar sin hipérbole que estas minas contienen la más grande riqueza del universo. Basta con esta aserción afirmada por muchísimos testigos: en algunos lugares el oro fluye con la lluvia; y en otros, las pepitas ruedan de los cerros”.
En cumplimiento de ese decreto, Rivadavia va en junio de 1824 a Europa. Allí forma con los banqueros Hullet Brothers tres compañías para explotar las riquezas argentinas (llamadas: Building River Plate Association; River Plate Agricultural Association y River Plate Minning Association), destinada esta última a explotar las fabulosas riquezas del Famatina. Y acepta el cargo de presidente del directorio con 1.200 libras de sueldo, reteniendo acciones de fundador. La Minning adquirió la concesión del monopolio minero en el Río de la Plata, pagando 85 mil libras a Hullet Brothers, agentes financieros de Rivadavia .
Vuelve a Buenos Aires en octubre de 1825 y “como encuentra que el orden provincial, la ley fundamental y el gobierno del general Las Heras son un obstáculo insalvable a la realización de lo que trae proyectado – él mismo lo dice – derroca por confabulación y por medios irregulares al régimen provincial, la ley fundamental y al gobernador Las Heras, dando cuenta a los señores Hullet Hermanos de que ahora ya tiene en sus manos cómo hacer efectivo lo convenido”.
Son curiosas las cartas que Rivadavia envía, por entonces, a los banqueros Hullet. No son documentos desconocidos, pues se encuentran en la “Historia” de López (pág. 78 y ss.). El 6 de noviembre de 1825, escribe: “El negocio que más me ha ocupado, que más me ha afectado y sobre el cual las prudencia no me ha permitido llegar a una solución, es el de la Sociedad de Minas.... a vuelta de un poco de tiempo más, y con el establecimiento del gobierno nacional, todo cuanto debe desearse se obtendrá”.
Las preocupaciones de Rivadavia las motivaba la circunstancia de que, desde 1822, una compañía criolla explotaba los yacimientos – no muy florecientes por cierto – del cerro Famatina. Y que la Ley Fundamental dictada durante su ausencia, al mantener el régimen federal, permitía a La Rioja disponer de sus riquezas. Era prudente no precipitar la entrega del cerro, pues uno de los accionistas de la empresa riojana era Facundo Quiroga, no muy accesible por cierto a componendas con los banqueros del Támesis. Pero con el establecimiento de un gobierno nacional con jurisdicción sobre las minas de La Rioja, y facultad para disponer de ellas, todo cuanto debe desearse se obtendrá. Los compromisos con los banqueros ingleses lo obligaron por lo tanto a trastrocar todo el régimen político del país, a fin de que la compañía de la cual se hallaba a sueldo pudiera explotar el Famatina. Nada le importó de sus propias declaraciones federales en el Congreso de Córdoba de 1821, nada del tratado del Cuadrilátero de 1822, nada de la Ley Fundamental basada en el federalismo: para retornar el hilo de sus negociaciones con los banqueros ingleses era necesario volver al centralismo directorial. Y volvió. Es curioso, como lo dice el propio López, que el 6 de noviembre de 1825, absolutamente nada había trascendido aún sobre el establecimiento de un “gobierno nacional”, y menos sobre el régimen unitario. Los únicos que sabían su próxima implantación eran Bernardino Rivadavia y la Casa Hullet Brothers.
El 27 de enero de 1826 (diez días antes de su elección presidencial), Rivadavia , quien, según López, había “removido los elementos inquietos que bullían en el nuevo Congreso”, escribe a sus corresponsales ingleses: “Ya no puedo demorar por más tiempo la instalación del gobierno nacional.... y luego que sea nombrado procederé a procurar la sanción de la ley para el contrato de la compañía”.
Se hace elegir presidente el 6 de febrero y otorga inmediatamente la ley que declara propiedad nacional “las tierras públicas y demás bienes inmuebles”. Alborozado, escribe entonces a Hullet Brothers, el 14 de marzo, al poco tiempo de promulgar la ley: “Las minas son ya, por ley, propiedad nacional, y están exclusivamente bajo la administración del presidente”.
Famatina fue concedida a la Minning. Pero cuando los ingenieros ingleses llegaron a La Rioja para iniciar sus trabajos, se encontraron con que Quiroga desconocía y desacataba las resoluciones presidenciales. Ese alzamiento contra su autoridad indignó a Rivadavia , ¡ tanto trabajo, tantos viajes, tantos arreglos institucionales para que un caudillo bárbaro le impidiera coronar su obra!
Y se hizo dictar una ley, que lo autorizaba a disponer de 50.000 pesos, para ayudar al “ejército presidencial” de Lamadrid – que se había apoderado de Tucumán – a tomar el Famatina y derrotar a Quiroga. Claro está que en el texto de la ley se decía otra cosa: “que era para hacer las diligencias necesarias a fin de averiguar si es realizable la empresa de establecer una comunicación permanente por agua desde los Andes hasta esta Capital”. Pero a nadie se le ocultaba el verdadero destino de esos fondos: López, haciéndose eco de “una persona que actuó mucho en esa época” – indudablemente su padre –, cuenta la verdad sobre el fantástico proyecto del canal a los Andes, que consistía simplemente en disponer de los fondos suficientes para quitar a Quiroga de en medio. Pero de cualquier manera, don Bernardino logró con esa ley dos objetivos: arbitrar los medios para apoderarse del Famatina, y dejar un proyecto más para entusiasmo de quienes juzgan la historia por la exterioridad de los documentos oficiales.
No obstante todo se vino abajo. Los ingenieros ingleses, en su rápida excursión al Famatina, habían comprobado que allí “el oro no afloraba con la lluvia”, que sus riquezas eran bien ilusorias y que no era fácil tratar con nativos como Facundo. Por otra parte, la guerra con el Brasil seguía, mientras el presidente empleaba las tropas nacionales en voltear situaciones “federales” del interior, como lo hizo Lamadrid en Tucumán. Sobrevino la desconfianza de los caudillos. Luego el tratado García. En 28 y 26 de junio de 1827, Dorrego publicó en El Tribuno la memoria del capitán Head, presentada en la quiebra de la Minning (en la cual se probaba la hasta entonces desconocida participación de Rivadavia ).
El 27 renunciaba Rivadavia a la presidencia, en medio del escándalo consiguiente.
La Minning había quebrado y sus síndicos demandaron daños y perjuicios al gobierno nacional por la suma de 52.520 libras. Dorrego, al dar cuenta de esta demanda en su mensaje a la Legislatura, lo hizo con bien graves palabras: “El engaño de aquellos extranjeros, y la conducta escandalosa de un hombre público del país, que prepara esta especulación, se enrola en ella y es tildado de dividir su precio, nos causa un amargo pesar, más pérdidas que reparar en nuestro crédito”, sin imaginarse quizá que diciendo eso dictaba su sentencia de muerte si otra vez los Agüero, los del Carril y los Varela (es decir: el círculo rivadaviano) volvían a encontrarse en el poder.
La guerra argentino-brasileña
La guerra argentino-brasileña había empezado en enero de 1826. La dependencia financiera y económica de ambos Estados hacia Inglaterra hacían de Cánning su árbitro.
No había querido impedirla. Es cierto que el bloqueo brasileño de Buenos Aires (indudable por la superioridad naval del Imperio) perjudicaría el comercio inglés de exportación e importación, pero los mercaderes podrían sacrificar su ganancia de un año o dos a los intereses superiores del Reino Unido. La guerra, manejada con habilidad, redundaría en la erección de una “zona libre” (y por lo tanto bajo el influjo inglés) de la estratégica provincia disputada.
Mediante ayudas bélicas y retaceos diplomáticos, hábilmente alternados, haría que ambos contendientes ganasen la guerra y estuvieran agradecidos a Londres: los argentinos por echar a los brasileños de la Provincia Oriental y los brasileños por echar a los argentinos de la Provincia Cisplatina. Y la República del Uruguay nacería bajo la protección británica.
Con precisas instrucciones para ese arbitraje, llega a Buenos Aires el 16 de septiembre de 1826, John Ponsonby, Barón de Imokilly, revestido de la jerarquía de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario.
Era un notable diplomático de carrera, mas no lo traían exclusivamente sus méritos personales al Río de la Plata: las funciones en Buenos Aires podían ser cumplidas con más tino por el modesto y hábil Woodbine Pariah. Una intriga cortesana obligaba al destierro del Lord a un punto muy alejado de Londres.
No quería quedarse mucho tiempo y puso de inmediato sus cartas en la mesa. Había venido a desmembrar la Provincia Oriental y el 20 de septiembre, apenas llegado, hace saber a Rivadavia que no habría más guerra y la Argentina reconocería la segregación oriental y de paso la navegación libre de los ríos. También había dicho lo mismo a los brasileños, a su paso por Río de Janeiro, pero en forma diplomática; en Buenos Aires no eran necesarias las formas. Por supuesto, Rivadavia estuvo de su parte, pues la guerra perturbaba sus propósitos de pasar a la historia con empresas civilizadoras y reformas institucionales: “El Presidente acogió mis palabras en la forma más favorable que me era dado esperar – informa Ponsonby a Cánning – y habló muy extensamente a favor de la paz y con mucha vehemencia de las dificultades de la guerra y los peligros que su continuación encerraba para las instituciones de la república”. Convino con Ponsonby en terminar la guerra – aún no iniciada – con un stalemate (tablas en ajedrez). Ponsonby indicó el nombre del comisionado que iría a Río de Janeiro a hacer la paz: Manuel José García “correcto y honorable caballero... con títulos suficientes para merecer mi confianza (la de Ponsonby)... cuya coincidencia con todas mis opiniones sobre la política que debe seguir el país lo señalan como especialmente apropiado para la misión”.
Pero ocurría que Pedro I no aceptaba el stalemate de Cánning: había jugado con imprudencia la carta napoleónica de una guerra triunfante, y no podía retroceder sin peligro para su corona y la unidad brasileña. Solamente una victoria podía apuntalarlo; pero una victoria no era posible sin el franco apoyo inglés. El emperador estaba dispuesto a pagar el precio que Inglaterra le pidiera. Sir Charles Stuart, embajador inglés en Río, vio la ocasión de prorrogar dos tratados leoninos: uno de comercio y otro sobre esclavos, de la época portuguesa. En el de comercio se harían concesiones exorbitantes más allá de los propósitos de Cánning: los residentes ingleses tendrían extraterritorialidad para ser juzgados por sus leyes; un Juez Conservador de la Nación Inglesa entendería especialmente en sus asuntos, las mercaderías inglesas no sufrirían gravámenes aduaneros mayores del 15 % sin reciprocidad con las producciones brasileñas en Inglaterra (por lo tanto el azúcar brasileño – principal exportación de entonces – seguiría gravado en los puertos ingleses para favorecer el azúcar de Jamaica). Era una prórroga aumentada y corregida, del tratado angloportugués de 1809, impuesto al Regente Juan como pago de la protección de la escuadra británica en las guerras contra Napoleón. Tan graves eran sus cláusulas que al mismo Cánning le parecieron “odiosas e impolíticas”.
El otro tratado era sobre tráfico de esclavos: perjudicaba en nombre “de la humanidad” la economía brasileña que descansaba en el trabajo servil para producir azúcar y algodón, y además era depresivo de la soberanía brasileña pues autorizaba a los cruceros británicos a visitar cualquier buque brasileño en alta mar y capturarlo si llevaba esclavos.
No se ocultaba a ningún brasileño que ambos tratados significaban concesiones a Inglaterra a cambio de una victoria sobre la Argentina, pues poseían la suficiente mentalidad nacional para discriminar sus intereses de los británicos. Mas era un toma y daca conveniente: por quince años (plazo de ambos convenios) Brasil estaría hipotecado a Inglaterra, pero después de una victoria en el Plata y consolidada su unidad y afirmado el emperador podía rescatar su soberanía. No obstante encontraron gran resistencia en el Parlamento brasileño, pero Pedro I se movió con energía para hacerlos aprobar “por razones superiores”. El 28 de noviembre (1826) fue ratificado el de tráfico; cuatro días después Cánning escribe a Ponsonby: “Parece sumamente conveniente que V. E. abandone este asunto (la mediación con independencia del Uruguay) por completo”. Inglaterra abandonaba la política del stalemate para contribuir a la victoria imperial y al afianzamiento de Pedro I. “Me entero con profundo pesar – contesta Ponsonby a Cánning el 6 de febrero – que he obrado con el Brasil en contra de sus deseos”, y ordenó que García no fuera a Río por el momento. Lo haría apenas las inminentes victorias militares brasileñas obligasen a pedir la paz.
Con dinero abundantemente provisto el emperador reforzó la escuadra bloqueadora de Buenos Aires puesta a las órdenes del almirante Mariath, y armó un formidable ejército de mercenarios alemanes e irlandeses que conducidos por el marqués de Barbacena aplastarían a las tropas mal armadas y peor pagadas de Alvear. Pero las cosas no ocurrieron como habían sido planeadas: a pesar del abandono del gobierno, Brown derrota a Mariath en Juncal el 9 de febrero, y Alvear a Barbacena el 20 en Ituzaingó. Cánning, que ocupa la jefatura del gabinete desde principio de año, se pone serio: si las cosas seguían así Rivadavia ganaría la guerra y los argentinos entrarían victoriosos en Río de Janeiro.
Pero a Rivadavia , no obstante las victorias, no le interesa ganar la guerra, pues la constitución unitaria votada por el Congreso en diciembre había sido unánimemente rechazada por las provincias que también habían desconocido su autoridad presidencial; una liga de gobernadores dirigida por Bustos se había formado para expulsarlo y “continuar la guerra con Brasil”. Solamente con el regreso del ejército de línea, cuya ofieialidad pertenecía en su mayor parte a la burguesía, podría evitarse el desmoronamiento del partido de las luces. Y así a los dos meses escasos de Ituzaingó, García va a Río de Janeiro a firmar la victoria de Brasil.
Vuelve con el tratado el 20 de junio: la Cisplatina sería brasileña. Rivadavia prepara el ambiente para su aprobación por el Congreso. Pero las cosas se han puesto espesas: la opinión pública porteña ha celebrado con demasiada convicción a Juncal e Ituzaingó para resignarse ahora a aceptar que se ha perdido la guerra. El 22, Ponsonby llama a la fragata inglesa Forte a estacionarse frente a Buenos Aires para cuidar el orden; ya se oyen gritos en las calles contra Inglaterra y contra el Presidente. El 28, aparecen cartelones que descartan la culpa de Rivadavia , engañado por García e Inglaterra: “García nos ha vendido – los traduce Ponsonby en su informe al Foreign – y los ingleses tienen su parte en el despojo. Si no abrimos el ojo tendremos los tiempos de Beresford otra vez”. Ponsonby corre al fuerte, pero Rivadavia , ocupado en su mensaje al Congreso no puede recibirlo y le señala audiencia para el día siguiente. Extrañado habla con el general Cruz, ministro de Relaciones Exteriores, que le confiesa “abruptamente” que se había resuelto “denunciar el tratado”; también que los cartelones habían sido confeccionados en la imprenta oficial. Comprende que Rivadavia , en un intento desesperado de recobrar popularidad, quiere darle la zancadilla: “Estando ( Rivadavia ) en sus últimas boqueadas pero aún no muerto – informa al Foreign – vio en el rechazo del convenio de García una última esperanza de salvarse apelando a las pasiones patrióticas y presentándose él mismo como el salvador de la Patria”. De inmediata escribe a “Su Excelencia excusándole de la perturbación de una audiencia”, y se retira a esperar los acontecimientos.
Nadie cree en la conversión patriótica de Rivadavia , aunque su mensaje del 24, denunciando el tratado García, fuera de vibrante tono nacionalista y los discursos de los diputados unitarios en el Congreso traslucieron un emocionado y ofendido civismo. El 25, Dorrego, misteriosamente informado, publica en El Tribuno las hasta entonces desconocidas cartas de Rivadavia a Hullet Brothers, que demostraban la participación personal del Presidente en un negocio de las minas de Famatina y cómo había trastrocado el régimen político del país para que la compañía inglesa que él presidía tuviera la jurisdicción del cerro argentífero. El escándalo es imponente y viene a sumarse a la conmoción por la derrota diplomática. El 26, Rivadavia presenta con altivez su renuncia: “Me es penoso no poder exponer a la faz del mundo los motivos que justifican mi irrevocable resolución”. Fue aceptada por la casi unanimidad del Congreso (48 votos en 50). No volvería a desempeñar otro cargo público.
Ponsonby no alcanzaba a entenderse con el Presidente sustituto López, ni con su ministro Anchorena, ni menos con Dorrego, gobernador de la reestablecida Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores en agosto, que quieren seguir la guerra “hasta sus últimas posibilidades”, más ahora que la paz reina en el interior como consecuencia de la caída del partido presidencial. Brasil, para apurar a Inglaterra, ha terminado por firmar el 17 de agosto el tratado de comercio hasta entonces retenido, cuyas ventajas encomia el Board of Trade. Ahora más que nunca Gran Bretaña debería darle la victoria al Imperio. Pero las cosas no andaban bien en el Plata: “Es la jactancia republicana en todo su vigor”, describe Ponsonby el momento al nuevo Canciller, Lord Dudley of Ward. Uno de los federales, sobre todo, lo impresiona no obstante ser un simple comandante de campaña: Juan Manuel de Rosas . “He hablado con él – dice a Dudley – porque estoy seguro de que con el tiempo ha de jugar un papel de gran importancia”.
Dorrego quiere seguir la guerra, pero Ponsonby le demostrará que no es posible sin la anuencia británica: da instrucciones al Banco Nacional – dirigido por ingleses y anglófilos – de “no facilitarle crédito sino por pequeñas sumas para pagos mensuales” a fin de “hacerlo trabajar para la paz”. Pero esta paz ya no podía ser la victoria del emperador: los mercenarios resultaron pésimos guerreros, la situación interna del Imperio era difícil y se hacía claro que Brasil jamás obtendría una victoria militar. A Lord Dudley le fue fácil obligar al emperador al stalemate con el “estado independiente”, aunque a Pedro I le costó la corona.
Con ingenuidad, Dorrego quería desatarse las ligaduras coloniales: tenía los “factores de poder” en contra: “Mi propósito – escribe Ponsonby a Dudley el 2 de diciembre de 1827 – es conseguir medios de impugnar al coronel Dorrego si llega a la temeridad de insistir sobre la continuación de la guerra”; y más tarde “veré su caída con placer”. Y aún después de resignarse Dorrego al stalemate y enviar a Balcarce y a Guido a hacer una paz “honorable” a Río de Janeiro, Ponsonby, que ya ha movido los “factores de poder” para dar un golpe al peligroso gobernante argentino, anuncia a Londres: “Dorrego será desposeído de su puesto y muy pronto”.
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A continuación, comienza el análisis económico de la política de Juan Manuel de Rosas (PARTE 3)
Espero que les guste!