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Programa de Historia Argentina (2da. parte)

Política socioeconómica:
Aspectos económicos
La Argentina entre 1880 y las vísperas de la guerra del 14 comparada consigo misma o con el resto del mundo exhibe índices de crecimiento económico impresionantes. La Argentina económica se orientó hacia las exportaciones.
En un país donde predomina una estructura agro - exportadora (modelo agro - exportador 1850-1930), se sobre entiende que ello implica un escaso desarrollo de las actividades industriales. Todos estos desarrollos agro - exportadores tienen por causa esencial el acelerado desarrollo industrial moderno que comenzó en Gran Bretaña.
La revolución industrial produce tanto un brusco crecimiento de la población como un no menos espectacular desarrollo de actividades que requieren enormes masas de materias primas, produciendo una creciente demanda que es la que induce el desarrollo de actividades agro - exportadoras en muchas zonas del mundo.

Aspectos de la estructuración interna de sociedades agro - exportadoras:

1. Ocupación de nuevas áreas geográficas para el desarrollo de actividades agro - exportadoras. Se recurrió también a una verdadera importación de mano de obra, mediante un masivo proceso inmigratorio proveniente principalmente de España e Italia.

2. Unificación del mercado interno que se realizó mediante el ferrocarril y con un trazado estructural apropiado a la función agro - exportadora dentro del mundo, es decir destinado a sacar hacia los puertos las materias primas de producción local e introducir en el mercado interno las manufacturas provenientes de los centros industriales capitalistas. En el caso argentino: el claro predominio del puerto de Bs. As dio al trazado del ferrocarril la forma de un abanico con vértice en dicho puerto.

3. El tráfico de ida y vuelta por vía marítima se hizo mediante la moderna navegación a motor (inicialmente vapores) y cuando la naturaleza misma de la materia prima de agro - exportación lo requirió, se recurrió a decisivas innovaciones tecnológicas por ej. La refrigeración de las carnes.

El período de la economía agro - exportadora (1850-1930) tuvo dos etapas que se han denominado "el ciclo de la lana y el ciclo de la carne y los cereales”. E l período que corresponde a la década del 80’ concuerda con la etapa del ciclo de las carnes y los cereales.
EL ganado vacuno, que había sido desplazado desde la pampa húmeda a las tierras marginales, durante la segunda etapa vuelve a las tierras ricas, desplazando a las ovejas hacia la Patagonia, Corrientes, Catamarca, etc. Las características del ganado vacuno en la segunda etapa del período, no se trataba como antes, de los viejos vacunos criollos, ahora era animales mestizados, las razas británicas cómo: Shorthon, Hereford, etc.
La pampa húmeda estaba distribuida entre la agricultura (especialmente cereales, trigo y maíz) y ganado vacuna. La agricultura dio un nuevo impulso a la demanda de mano de obra (agricultura, ganadería, ferrocarriles, frigoríficos en materia de carne, silos y molinos en materia de cereales) y con ello el aumento de la población.
Es imposible explicarse la historia política Argentina sin referencia a este marco económico. La exportación de lanas introdujo a la producción Argentina dentro de los abatares del mercado mundial capitalista.
En el siglo XIX éste estaba sometido a crisis periódicas de expansión y contracción, ocurriendo en esta fase que caían los volúmenes y los precios de las materias primas.
Hacia la mitad del ciclo de la lana, un sector de los productores argentinos cuya expresión política más relevante fue el grupo parlamentario liderado por Vicente Fidel López, planteó por primera vez una postura económica nacionalista y proteccionista, destinada a la promoción de una industria textil argentina que actuara como reaseguro de la producción lanera ante los avatares del mercado mundial y los proteccionismos foraños.
A partir de 1880 se inicia una etapa de expansión económica en la Argentina, que se prolonga hasta la 1ra. Guerra Mundial, con excepción de la crisis de 1885 - 1890. La expansión se debió fundamentalmente al desarrollo económico ganadero, ya que Argentina era proveedora esencial de materias primas para Europa, particularmente de Gran Bretaña, quién invertía en nuestro país capitales, como por ejemplo, en 1880 la inversión fue de 25 millones de libras esterlinas, y en 1885 de 45 millones. Estos capitales se utilizaron para pagar deudas contraídas con empréstitos anteriores, la extensión de vías ferroviarias y la creación de bancos.
El ferrocarril y la mano de obra de la inmigración aumentaron la superficie cultivada en Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. Así aumentó la producción y posterior exportación de trigo, maíz y lino.
Al fundarse en 1890, un momento de inflexión entre el ciclo de la lana y el de la carne / cereales bien puede decirse que la U.C.R. nace sintetizando experiencias.
Pero también la situación económica social generó problemas y conflictos. En los últimos años del siglo XIX la prohibición británica de importar ganado en pie de la Argentina produjo una enorme transferencia de ingresos de los ganaderos hacia el grupo frigorífico británico. El acrecimiento de la mano de obra de origen inmigratorio había sido acompañado de un importante desarrollo sindical, que desplegaba lucha por las reivindicaciones obreras, lo que obligaba al régimen a oscilar entre una creciente represión o estudiar posibles concesiones.
La transformación demográfica del país respondía a los intensos cambios producidos desde que comenzaron a refinarse los ganados vacunos y ovinos y a extenderse las áreas de cultivo de cereales. En 1883 se instalaron los primeros frigoríficos argentinos, que al cabo de poco tiempo fueron sobrepasados por los que se crearon con capitales británicos y norteamericanos para servir a la demanda del mercado inglés. Quedaron en su poder los dos grande sistemas industriales de carácter moderno que se habían organizado hasta entonces: los ferrocarriles y los frigoríficos, pero al mismo tiempo surgieron entre 1880 y 1890, especialmente en Buenos Aires, otras industria menores, especialmente en el campo de las artes gráficas, de la alimentación, de la construcción y del vestido.
A partir de esto se comienzan a advertir las consecuencias de los cambios provocados por la política económica- social que habían adoptado las minorías dirigentes. El naciente proletariado industrial comenzaba a exigir mejoras y manifestaba su actitud a trabes de las huelgas. Eran generalmente obreros extranjeros quienes la desencadenaban, y la política comenzó variar el contenido gracias a las ideas y al lenguaje que introdujeron esos inmigrantes urbanos que habían adquirido en sus países de origen.

Bolilla 5

Problemas sociales. Semana trágica. Gestión económica y financiera de Marcelo T. de Alvear. Decisión del partido gobernante. Problemas sociales y legislación del trabajo:
En 1893 Yrigoyen fue presidente del partido de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires y luego del suicidio de su tío Leandro N. Alem (1896) pasó a ser el líder indiscutido del partido o, como él prefería llamarlo, "del movimiento Radical; en su lucha contra la oligarquía gobernante"
La UCR siguió la política de abstenerse de participar tanto en las elecciones como en el gobierno hasta que se satisficieran sus demandas de un sufragio más amplio, elecciones libres y honestidad en el gobierno
Yrigoyen rechazó nombramientos de los presidentes Luis Sáenz Peña y Carlos Pellegrini; luego de la promulgación de la ley de reforma electoral de 1912, los radicales iniciaron su acción política y eligieron presidente a Yrigoyen en 1916.
Su primera presidencia (1916-1922) cubrió la época difícil de la Primera Guerra Mundial, con sus desastrosas consecuencias; conservó la neutralidad Argentina pero la nación sufrió trastornos económicos debido a que sus habituales compradores europeos no podían transportar las mercaderías; cuando la situación se regularizó y las demandas del mercado aumentaron.
Yrigoyen -un precursor del nacionalismo económico- trató de elaborar acuerdos comerciales que beneficiaran a los agricultores argentinos y a los comerciantes; también envió un representante a la asamblea de organización de la Liga de las Naciones pero lo llamó de vuelta cuando las sugerencias argentinas parecieron ser ignoradas.
En la política interior, la posición de Yrigoyen fue dificultada por el hecho de que el Congreso y casi todas las provincias aún estaban bajo el dominio conservador; hizo pleno uso de sus poderes constitucionales de intervención.
En veinte oportunidades, a veces reiteradamente en la misma provincia, si consideraba que su gobierno era ilegítimo; sus críticos lo acusaron de emplear su poder con fines políticos para fortalecer la UCR. En 1919 las tensiones sociales estallaron en una serie de huelgas que fueron reprimidas despiadadamente por el gobierno, que recurrió a la ayuda de las fuerzas armadas.
Una reforma importante que aconteció durante la primera presidencia fue la de las universidades; las facultades (acusadas de tener apoyo e intereses oligarcas) fueron despojaras de gran parte de su poder y la administración universitaria pasó a ser mucho más democrática. En 1922 Yrigoyen cedió la presidencia a Marcelo Torcuato de Alvear, pero permaneció políticamente poderoso como presidente del partido Radical. En 1928 el partido se dividió entre los personalistas que querían a Yrigoyen como presidente nuevamente y los antipersonalistas (conducidos por Alvear) que lo rechazaban. Pero fue elegido nuevamente.
La segunda presidencia de Yrigoyen (1928-1930) fue breve y estéril, casi un fracaso; frente a los agudos problemas económicos (depresión mundial), sociales y financieros y a la creciente oposición política de otros partidos, ofreció poca conducción y menos acción; se atribula este comportamiento a su edad avanzada y a su salud frágil.
Una revolución de oficiales militares conducidos por Uriburu lo removió de su cargo el 6 de septiembre de 1930, con la total aprobación del pueblo; encarcelado en la isla Martín García, Yrigoyen primero rechazó la absolución que le ofrecieron pero luego regresó a Buenos Aires para morir en 1933.
Luego de su muerte, su prestigio entre la gente fue ampliamente restablecido. En 1956, se publicaron doce volúmenes de sus obras completas, Pueblo y gobierno.
En 1916 se impone, tras elecciones nacionales, la formula Yrigoyen-Luna. Ganaron con el 45% de los votos, situación que dejaba a Irigoyen con debilidad política, sin mayoría en el parlamento y con muchas provincias en manos de la oposición conservadora, que controlaba también a la Corte Suprema de Justicia.
El radicalismo emprendió una política democratizadora, presentando varios proyectos de ley como reparto de tierra para beneficiar la colonización agrícola-ganadera, intentó que los contratos de arrendamiento tuvieran una extensión mínima de tres años, e intentó realizar una reforma agraria, pero todos estos proyectos no se concretaron por el profundo rechazo de la oposición.
En 1919, Yrigoyen presentó un proyecto que establecía normas a las que debía ajustarse el régimen legal del petróleo e imponía el principio del dominio estatal sobre los yacimientos de hidrocarburos. En 1922 el Poder Ejecutivo creo la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

La Reforma Universitaria:
Hasta la llegada del radicalismo al gobierno, solo jóvenes pertenecientes a las clases dirigentes realizaban estudios universitarios.
Dos fueron las causas que dispararon la reforma universitaria, una, la clase media deseaba el ascenso social de sus hijos, y el otro un cambio en el régimen universitario vigente (Univ. De Córdoba) el que adolecía de un programa de estudio anacrónico, por falta de actualización y renovación de los docentes y directivos.
El 16 de mayo de 1918 los estudiantes cordobeses constituyeron un Comité Pro-reforma, y se agruparon en una Federación Universitaria. Estos tuvieron la adhesión de sus pares porteños, de distintas organizaciones obreras y de políticos destacados como Leopoldo Lugones y Alfredo Palacios. El gobierno de Irigoyen, identificado con un concepto nacional de la cultura, consideró que la educación debía estar al alcance de todo el mundo y sostuvo la autonomía de la Universidad frente al Estado.
El movimiento universitario reformista, renovó los programas de estudio y posibilitó la apertura de la universidad a mayor cantidad de estudiantes.

La Semana Trágica:
La huelga iniciada en diciembre de 1918 en los talleres metalúrgicos Pedro Vasena e Hijos (Pompeya) por obreros que pretendían mejoras en sus condiciones de trabajo y salarios, finalizó con un conflicto sindical generalizado. Las industrias metalúrgicas buscaban bajas costos puesto que la guerra había afectado profundamente (dependía de la importación de carbón y materias primas de alto precio).
La represión gubernamental, utilizando al ejército, cobró la vida de numerosos obreros.
Miembros de la elite, preocupados por el clima revolucionario, crearon la Liga Patriótica Argentina, una banda terrorista armada compuesta por miembros de la oligarquía, jefes de la marina y del ejército y representantes de la iglesia. Los miembros de La Liga, atacaron e incendiaron los lugares de reunión como sindicatos, bibliotecas obreras, sinagogas, barrios judíos y conventillos, bajo la mirada cómplice de la policía y el respaldo de políticos, legisladores, militares y miembros de comités radicales.

Las Huelgas Patagónicas:
La inquietud laboral creció a partir de 1919, La Liga, apoyados por los conservadores, presionó al gobierno para que abandonara su política social (consistente en escuchar a la patronal y a los sindicatos) y paternalista (buscaba parecer como protectora de los trabajadores).
En este marco a fines de 1921, en la Provincia de Sta. Cruz, estalló una larga huelga de peones de estancia, apoyados por la organización sindical de los obreros frigoríficos del sur. Los trabajadores se enfrentaron a los estancieros y a las sociedades anónimas dueñas de las tierras y del gran comercio. La protesta obrera se había extendido y perjudicaba numerosos intereses.
El gobierno radical envío al Tte. Cnel. Héctor B.Varela quién frente a un regimiento de caballería ejecutó una de las represiones más salvajes que se recuerde, con torturas y fusilamientos masivos (se calcularon más de 2.000 muertos)

Las Huelgas del Quebracho
La base fundamental de la producción de la empresa inglesa La Forestal era la explotación del quebracho colorado. Las condiciones laborales de los trabajadores de dicha empresa eran penosas, los hacheros vivan en ranchos de rama y troncos y la jornada laboral era muy extensa. Además no se les pagaba con moneda nacional, sino con vales que solo podían canjear en los almacenes de la empresa, donde los precios de los productos eran carísimos.
Entre 1920 y 1921 la organización obrera debió recurrir a la clandestinidad ya que la policía de la empresa reprimía con mucha saña cualquier tipo de movimiento sindical de los obreros.
Los obreros presentaron sus condiciones y reclamos a La Forestal y ante la negativa de retomar a sus trabajos a pesar de las presiones, La Forestal recurrió a la policía provincial y trajo rompe huelgas de Corrientes, Chaco y Santiago del Estero para poner en funcionamiento las fábricas detenidas.
La policía privada contratada por dicha empresa, llamada “Penachos colorados” llegaron y cometieron todo tipo de atropellos, robaron, quemaron ranchos, suprimieron los trenes aguateros (dejando a todas las familias sin provisión de agua potable) etc.
Como la huelga continuaba, el gobierno de Yrigoyen intervino enviando al Regimiento 12 de Infantería. Esto ocasionó que la huelga fuera aplastada y los dirigentes fueran encarcelados y un gran número de obreros fueran dejados cesantes.

PRESIDENCIA DE MARCELO T. DE ALVEAR (1922 –1928)
Con el arribo a la Presidencia de Marcelo T. de Alvear, las medidas adoptadas contemplaron los gustos de la clase conservadora.
Eran tiempos de prosperidad y de una gran riqueza que continuaba mal repartida. La protesta social continuaba, durante el período de Alvear se realizaron 519 huelgas que involucraron a más de 400.000 trabajadores.
Durante esta presidencia, el coronel Mosconi fue nombrado director de YPF, de este modo condujo la primera empresa petrolera estatal del mundo.
SEGUNDO GOBIERNO DE YRIGOYEN
El Presidente Yrigoyen asume por 2da vez en 1928 a los 77 años de edad.
Su breve gestión se desarrolló dentro de un panorama económico mundial muy complicado y desfavorable para la Argentina. A pesar de ello, el gobierno radical intentó una política progresista. Ordenó la creación de 1700 escuelas, dictó medidas que favorecieron a los chacareros y agricultores y creo el Instituto del Petróleo.
Hacia 1930 el modelo agroexportador que había redituado fabulosas ganancias (importación de materias primas y exportación de carnes y cereales) evidenciaba su límite ya que las condiciones del comercio internacional habían cambiado, y las exportaciones disminuyeron y la rentabilidad era mucho menor. Esta situación produjo que los salarios sufrieran una leve pérdida y apareció el desempleo.
Algunos sectores de la dirigencia política y militar comenzaron a pensar que las democracias liberales no garantizaban un orden y decidieron que el instrumento para desalojar al radicalismo del gobierno era el ejército. Así fue que el radical Leopoldo Melo, el conservador Manuel Fresco, el Gral. Agustín P. Justo y el General José F. Uriburu realizaron un golpe cívico-militar el 6 de septiembre de 1930, contaron además con la adhesión de los estudiantes universitarios y civiles conducidos por la dirigencia opositora. Yrigoyen renunció ese mismo día.
El primer decreto del Gral. Uriburu, nuevo presidente de facto, fue disolver el congreso.
La Restauración Conservadora (Uriburu)
Una vez en el gobierno Uriburu propuso reformar la Constitución, creo la Legión Cívica (un cuerpo paramilitar de miles de hombres, imitando los ejércitos de Musolini y de Hitler) y desarrolló una política represiva en lo político y sindical. Creo una sección en la policía destinada a perseguir a dirigentes gremiales y opositores en general. Introdujo el uso de la picana eléctrica en los interrogantes y decretó la pena de muerte y hubo varios fusilados.
También dictó un decreto confidencial, en el que el gobierno se haría cargo de todas las deudas privadas de los oficiales de ejército.
En febrero de, la convocatoria a elecciones en la Pcia. de Bs. As., dio el triunfo del radicalismo. Las clases dirigentes prefirieron regresar a la democracia formal, con gobiernos y parlamentos sustentados en el “Fraude electoral”, que lo llamaron “patriótico”.
Ante el fracaso de Uriburu, apareció una figura de recambio, el Gral. Agustín P. Justo, quién con el Julio A. Roca hijo, integrará las formula para las fraudulentas elecciones de noviembre de 1931. Por supuesto Justo asumió la presidencia en 1932.
Justo, representaba las aspiraciones de la oligarquía criolla y las necesidades del gobierno inglés. No le preocupaba ni la miseria, ni el hambre, ni la desocupación que había en el país.
En lo político, este gobierno se vio favorecido por la inexistencia de una oposición efectiva. Alvear, conductor del Partido Radical renunció a acciones agitadoras y los socialistas, muerto Juan B. Justo, dividieron el partido y perdieron el consenso.
Para dar una solución a la situación económica, Argentina firmo un tratado con Inglaterra (Tratado Roca-Runciman-, a cambio del compromiso ingles de continuar comprando la misma cantidad de carne enfriada y no imponer nuevos gravámenes sobre las exportaciones de nuestro país, y la Argentina trataría con especial cuidado a las empresas británicas. Nuestro país destinaría para la compra de productos británicos todo el dinero de las exportaciones, no reduciría las tarifas de los ferrocarriles ingleses, mantendría libre de derechos de aduana al carbón y resguardaba los intereses de la industria frigorífica inglesa.
A este pacto se lo calificó como “estatuto legal del coloniaje”.

La Década Infame (El fraude económico)
Los numerosos escándalos que abundaron en los años 30 llevaron a algunos autores a llamarla La década infame. Fueron dos los de mayor repercusión: el referido a las carnes y los frigoríficos y el de los transportes. Con relación al primero, se investigó y probó una serie de irregularidades: los frigoríficos extranjeros llevaban una doble contabilidad, en la falsa, mostraban escasas ganancias y las pérdidas, mientras que en la real, las ganancias eran mayores y se enviaban a las casas matrices del extranjero. Respecto al transporte, en 1939 se aprobó una ley por la cual se establecía la “Coordinación de transporte de la Ciudad de Bs.As., por ella, una empresa inglesa que controlaba parte de los transportes porteños, pasó a monopolizar la totalidad de los servicios en Cap. Federal.

El Estado Interventor:
La gran depresión, afectó los precios de nuestras exportaciones, el gobierno de Justo mantuvo el pago de la deuda externa, la situación hacía imposible que los ingresos públicos continuaran dependiendo del crédito externo y de los gravámenes a las importaciones.
Las primeras medidas habían sido adoptadas por Uriburu al establecer el impuesto al rédito y decretado el control de cambios por la cual la compra-venta de la divisa extranjera estaba en manos del Estado.
Además se creó el Banco Central de la Rep. Arg. cuyo directorio estaba compuesto mayoritariamente por directivos de bancos privados. Sus funciones eran el manejo de la moneda, el crédito y el valor del peso, la regulación del papel circulante y la regulación de las tasas de interés.
Se crearon además una serie de entidades reguladoras denominadas “juntas nacionales” destinadas a fomentar ciertas actividades privadas y estatales y controlar la calidad de los productos (Ej. Junta Nacional de Carnes y Junta Nacional de Granos).
También fue fomentada la radicación de las industrias para favorecer la elaboración de aquellos productos que ya no podían importarse, el Estado se ocupó de ampliar la red caminera, facilitando el ingreso de personas y productos a centros urbanos. Parte de las medidas adoptadas contribuyeron al desarrollo del mercado interno.
La industria textil, de notorio crecimiento, ocupó parte del vacío dejado por la alimenticia. Otra rama que creció sorprendentemente fue la química. Así fue que con el transcurso del tiempo la industria se convirtió en el sector líder de la economía. Por otra parte esto influyo para que la mano desocupada encontrara empleo, y de ese modo los productos de nuestra industria encontraban compradores en el mercado interno.

Crisis mundial de 1930:

Segundo Gobierno De Yrigoyen (1928-1930)
Yrigoyen fue reelegido con el 57,4 % de los votos y volvió al poder con 76 años.
Tuvo que gobernar en uno de los períodos más complejos de la historia argentina, ya que la crisis mundial, iniciada en 1929 (Crack del ‘29), también afectó gravemente a nuestro país. La recesión económica norteamericana repercutió en los mercados europeos y sudamericanos en forma notable. Los capitales extranjeros retornaron a sus países de origen para favorecer las respectivas economías, y la dependencia económica nacional sufrió un gran deterioro. Cayeron los precios agropecuarios y mermaron considerablemente las exportaciones, acentuándose la crisis interna con el fracaso de la cosecha.
Los efectos de la crisis fueron graves, se produjo el colapso del sector agroexportador.
Así, el país comenzó a endeudarse, el gobierno perdió apoyos internos, y los golpistas –principalmente, los sectores conservadores y militares- encontraron un buen sustento para el golpe militar que derrocaría al presidente Yrigoyen.

El creciente descontento
El Gobierno debió enfrentar los conflictos derivados de la crisis: desocupación, inflación y aumento de la deuda estatal. Los descontentos crecieron, e Yrigoyen debió soportar el embate de instituciones como la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina, la renta aduanera disminuyó en 46 millones de pesos en poco tiempo.
Diarios opositores acusaron al Presidente de "dictador". A la acción subversiva se sumó la agitación estudiantil y la influyente prédica de ciertos sectores antidemocráticos vinculados con el fascismo italiano, que presionaron sobre los militares. Mítines políticos opositores, grupos universitarios y grupos nacionalistas provocaron disturbios reclamando la renuncia de Yrigoyen. Solo los socialistas auténticos y los demócratas progresistas reclamaron calma.
Las luchas obreras fueron permanentes. Las numerosas huelgas no sólo buscaban mejorar el salario: también aspiraban a reducir la jornada de trabajo, mejorar las condiciones higiénicas, lograr el reconocimiento de las organizaciones gremiales...
Los trabajadores –muchos de ellos ya en sindicatos recibían influencia de socialistas y anarquistas. Frente a numerosos conflictos gremiales y a las huelgas, el presidente Yrigoyen se movió con un criterio personal conciliador.
En 1930, el país vivía un momento clave. La crisis internacional, con sus secuelas sociales de desocupación y miseria se sumaron a los inconvenientes de la última etapa de la gestión presidencial. Yrigoyen, ya anciano y enfermo se empeñaba en resolver personalmente todas las cuestiones de estado ocasionando demoras e ineficiencia en su resolución. También se lo acusó de rodearse de ineptos obsecuentes que obstaculizaban su gobierno.
Se inició así una acción opositora en la que intervinieron miembros del Congreso, la prensa, el Partido Socialista independiente y grupos nacionalistas, estos grupos constituían una nueva fuerza desprendida del conservadorismo, que simpatizaba con las ideas fascistas de Mussolini.
El ejército también manifestó su disconformidad con la gestión de gobierno. Pero había dos sectores con distintas propuestas. Uno encabezado por el general José Félix Uriburu proponía la reforma total del sistema y la eliminación del sufragio universal para reemplazarlo por un sistema corporativo, dispuesto a imponer en el país una dictadura inspirada en el fascismo italiano, dispuesto a imponer en el país una dictadura inspirada en el fascismo italiano
El otro sector, liderado por el ex ministro de Guerra general Agustín P. Justo de tendencia liberal y conservadora, aspiraba solamente a desplazar al Presidente y a implantar un nuevo gobierno que se apoyara en los grupos opuestos a Yrigoyen, sin alterar esencialmente el sistema político.
El golpe ya era un hecho pero Yrigoyen no creía en él, Dellepiane, ministro de Guerra renunció al sentirse impotente frente a la situación. El 5 de septiembre Yrigoyen delegó el mando en el vicepresidente Martínez, su salud era muy débil. Este declaró el estado de sitio pero la revolución ya estaba en marcha.
Uriburu llegó a la casa de Gobierno sin resistencia alguna. Horas después el vicepresidente entregaba el mando. Yrigoyen debió firmar su renuncia y quedó detenido en la isla Martín García. Uriburu asumió la presidencia.

General Uriburu
LOS FACTORES QUE CONTRIBUYERON
AL GOLPE DE ESTADO DEL 6 DE SEPTIEMBRE
• La influencia de un ejército muy politizado y predispuesto a la conspiración.
• La práctica de una prensa tenazmente opositora.
• La disimulada acción de los intereses petroleros internacionales a los que Yrigoyen se impuso.
• Los grupos conservadores que abandonaron el liberalismo, cambiándolo por principios del fascismo italiano o de la derecha monárquica francesa, recogidos por periódicos nacionalistas como La Nueva República y La Fronda.
El hecho es precedido por una intensa oposición en el Congreso y la prensa, que acusa al líder radical de inoperancia y senilidad.
Es la primera vez en setenta años de vida institucional que un Presidente es expulsado del poder.
Para justificar el levantamiento, las fuerzas armadas emitieron el siguiente comunicado:

"Camaradas: El Ejército y la Armada de la Patria, respondiendo al clamor unánime del pueblo de la Nación y a los propósitos perentorios que nos impone el deber de argentinos en esta hora solemne para los destinos del país, han resuelto levantar su bandera para intimar a los hombres que han traicionado en el gobierno la confianza del pueblo y de la República, el abandono inmediato de los cargos, que ya no ejercen para el bien común, sino para el logro de sus apetitos personales. (...) La misma Constitución obliga a los ciudadanos a armarse en su defensa. Ha llegado el momento. ¡A las armas! para salvar la realidad de las instituciones y la dignidad de la Nación".
1930, la usurpación del poder del pueblo
Lo que sucedió en 1930, fue una usurpación del poder legítimo por la fuerza y la instalación de una dictadura que absorbía los poderes del gobierno. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acordada emitida el día 10 de septiembre, reconoció a las nuevas autoridades como un gobierno de hecho (de facto) y dio validez a sus actos.
El año 30, es un año problematizador: marca el fin de una democracia incipiente y el paso de una república alterada por gobiernos cuya legitimidad fue reiteradamente puesta en duda por las implicancias del fraude electoral eufemísticamente denominado "fraude patriótico".
El debilitamiento y caída de Yrigoyen....
....Sectores conservadores, basados en su supuesta senilidad, fomentaron su derrocamiento. La corrupción y la paralización dentro de su administración le costaron mucho apoyo. La gran depresión que comenzó en 1929 debilitó su gobierno y un Golpe Militar en 1930 terminó con su carrera.
Este año señaló el comienzo de una alteración que se inicia con la ruptura del orden constitucional, sigue con la desnaturalización del sufragio y culmina con la reinserción de la mentalidad conservadora.
Austero en su vida personal, oscuro en muchas de sus declaraciones políticas, Yrigoyen falló en implementar en Argentina las reformas democráticas que quería alcanzar antes de asumir la presidencia.

Bolilla 6

Los últimos treinta años de la Historia Argentina:
1974: La agonía del gobierno peronista
La muerte de Perón dejó sin control al conjunto de fuerzas que habían coexistido conflictivamente bajo su liderazgo. Cierto es que la ruptura entre las facciones peronistas había alcanzado un punto sin retomo antes de julio de 1974. Pero cierto es también que la muerte de Perón privó al gobierno de una conducción legítima y aceptada por el conjunto del peronismo, que pudiera reformular los acuerdos políticos y sociales para asegurar la gobernabilidad del país.
En su lugar, ejerció una vacilante dirección su viuda, acompañada y aconsejada por el cada vez más influyente ministro de Acción Social y secretario privado de Perón, José López Rega. (En la foto Héctor Cámpora saluda al presidente saliente Alejandro Lanusse en 1973)
Además del entorno presidencial, el otro factor de poder en el seno del gobierno era el sindicalismo. Los sindicatos se sintieron relevados de los compromisos que habían asumido en 1973 y se dedicaron a deshacer el diseño político trabajosamente armado por Perón.
Poco después de la muerte de Perón, la dirección de la CGT pasó a manos de sindicalistas que creían que el movimiento obrero debía entrar en la etapa política abierta con la muerte del presidente libre de viejos compromisos con el gobierno.
Los nuevos compromisos que la nueva dirigencia negoció con el gobierno apuntaban a la reformulación del Pacto Social y al desplazamiento de los líderes sindicales y políticos opositores al oficialismo cegetista.
Perón y su esposa "Isabel" Martínez cuando asumían la presidencia de la republica Argentina el 12 de octubre de 1973
La concesión de la renegociación del pacto social desencadenó la renuncia de Gelbard. Esta reorganización del gobierno, que llevó a López Rega a la cúspide de su poder y fortaleció a la burocracia sindical, coincidió con un recrudecimiento de la violencia.
Isabel Perón se alejó temporariamente del gobierno, que quedó en manos del presidente del Senado, Ítalo Luder (foto izquierda). El ministro de Economía, Antonio Cafiero, apoyado por la CGT, procuró infructuosamente controlar la inflación.
El retorno de Isabel Perón a la presidencia, la crisis interna del peronismo, la agudización de la violencia política, y la falta de colaboración —en muchos casos, abierta oposición— del empresariado y las Fuerzas Armadas, quitaron al gobierno toda base de apoyo.
Hacia mediados de 1975, el conjunto de acuerdos que Perón había articulado y que habían constituido el eje de su proyecto de institucionalización política, habían fracasado y el país parecía marchar sin rumbo. La llegada de Celestino Rodrigo (foto derecha arriba) al Ministerio de Economía agudizó aún más los problemas. Con el apoyo de López Rega, (foto derecha) Rodrigo adoptó una serie de medidas, conocidas como el “Rodrigazo” —devaluación del peso entre un 100% y un 160% incremento del 181 % en el precio de la nafta y del 75% en los precios del transporte, y o-tras medidas similares— que tuvieron como efectos inmediatos una aceleración brusca de la inflación y una crisis política. La crisis política culminó con el desplazamiento de Rodrigo y de López Rega, provocados por una exitosa huelga general declarada por la CGT.

LOPEZ REGA: EL RASPUTIN ARGENTINO: López Rega nació un 17 de octubre y su madre murió en el parto; fue un muchacho educado, cuidadoso en los modales y respetuoso en el trato, pero introvertido; tenía una biblioteca que cubría toda una pared y se interesaba especialmente en temas espirituales; a los 19 años jugaba al fútbol e integró la tercera especial de River Plate; se casó a los 27 años y se incorporó a la Policía Federal en 1944. Sus dos pasiones fueron el canto lírico y el esoterismo.
Una noche de 1943, tristemente ataviado con un traje de etiqueta alquilado y perfumado con una colonia barata, el hombre subió al escenario del Club El Tábano, de Saavedra, y entonó un bolero, al frente de una orquesta que él mismo había contratado. Su debut frente al micrófono fue casi debut y despedida: una seguidilla de necesidades económicas lo llevarían a alistarse poco tiempo después en la Policía Federal. El cantante frustrado tenía la certeza de que el nuevo trabajo terminaría con las penurias que lo llevaban a enredarse en largas disputas verbales con su esposa, Josefa Flora Maseda.
Ni sus más íntimos imaginaban, por entonces, que aquel hombre gris y menor se convertiría en uno de los personajes más influyentes y nefastos de la política argentina. El cantante frustrado que se convirtió en policía se llamaba José López Rega (1916-1989) y buena parte de su época lo identificaba como “El brujo”.
Un golpe anunciado El descontrol económico, la violencia política y la evidencia de la descomposición del gobierno abrieron la brecha por la cual tos militares volvieron al gobierno. El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar —integrada por los comandantes de las tres armas, Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Marina) y Orlando R. Agosti (Aeronáutica) — derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón e inauguró lo que denominó “Proceso de Reorganización Nacional”. Esta nueva intervención militar fue diferente de las anteriores.
El golpe de 1966 había originado un gobierno sostenido, en última instancia, por las Fuerzas Armadas; en 1976 el gobierno fue ejercido en forma directa y en todos sus niveles por las Fuerzas Armadas. Como señaló el nuevo presidente, el general Jorge R. Videla, el 25 de mayo de 1976:
“Las Fuerzas Armadas no fueron escuchadas. Como consecuencia de ello y previendo la inexorabilidad de la crisis, se prepararon para hacer frente a esta situación y las Fuerzas Armadas, como institución, dieron una respuesta institucional a una crisis también institucional.”
El gobierno militar se propuso transformar de raíz la sociedad argentina. No se trataba simplemente de corregir una política económica, de derrotar a la guerrilla o de resolver una crisis institucional. Para ello hubieran bastado algunos cambios dentro de la legalidad constitucional. Lo que para la Junta Militar estaba en cuestión era la existencia misma de una nación. Para resolver esta crisis, entonces había que “reorganizar” la sociedad argentina, en un “proceso” que no tenía “plazos” sino “objetivos”. Había que crear un "ser occidental, nacional y cristiano".
Esta “reorganización” tuvo expresiones concretas: represión política y social, desarticulación de las bases de la economía industrial y ejercicio autoritario del poder. Finalmente, culminó con la derrota militar en la Guerra de las Malvinas.
La represión ilegal —que tuvo su apogeo entre 1976 y 1978— fue uno de los rasgos básicos del gobierno militar. La ilegalidad no fue tal sólo por haber sido llevada a cabo por un gobierno de facto sino porque incluso se violó la legalidad establecida por ese gobierno. La represión, cuidadosamente planeada, organizada y dirigida por los más altos niveles de decisión política y militar, fue, al mismo tiempo, clandestina. Sus destinatarios no fueron exclusivamente los integrantes de las organizaciones guerrilleras comprometidos con la lucha armada, sino que se extendió a un conjunto de actores sociales y políticos sin vinculación directa con las organizaciones guerrilleras.
El decreto N° 6 de la junta Militar suspendió “la actividad política y de los partidos políticos, en jurisdicción nacional, provincial y municipal”. La ley Nro. 21.261 dispuso ‘transitoriamente” la suspensión del “derecho de huelga, como así también el de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción, tanto por parte de trabajadores como de empresarios y de sus respectivas asociaciones u organizaciones”.
Las modalidades clandestinas de la represión incluyeron el secuestro y la detención en centros clandestinos —se verificó la existencia de más de trescientos—, la tortura y, en la mayoría de los casos, la ejecución. La Junta Militar implantó la pena de muerte. Sin embargo no la aplicó legalmente sino fuera de la ley. Como consecuencia de ello, surgió la figura jurídica de la desaparición forzada de personas —alrededor de diez mil casos comprobados, aunque algunas estimaciones triplican esa cifra—, incluyendo a personas detenidas y ejecutadas clandestinamente por las fuerzas de seguridad. Las consecuencias de la represión incluyeron también a la gran mayoría de la población, que vivió en un clima de miedo de censura.
En el primer año de dictadura ya había más de quince mil desaparecidos, diez mil presos,
cuatro mil muertos y decenas de miles de exiliados.
A pesar de su pretensión de homogeneidad y firmeza, el gobierno militar estuvo atravesado desde sus orígenes por profundas divisiones internas, derivadas en buena medida de la particular traducción a la acción que adquirió la decisión de asumir institucionalmente el gobierno. El principio general que aseguró la participación de las tres fuerzas en el gobierno fue la distribución de la administración pública en todos sus niveles y modalidades —nacional, provincial, municipal, empresas del Estado, universidades— en partes iguales. Cada fuerza, o más precisamente, el cuerpo de oficiales de cada fuerza, se quedaron con una tercera parte de los cargos públicos. Esta decisión -que revelaba la índole de las relaciones entre las fuerzas, caracterizadas por una profunda desconfianza— marcó también una diferencia entre el gobierno del “Proceso” y las anteriores intervenciones militares, que contaron con mayor peso de funcionarios civiles en la administración pública.
Entre 1976 y 1981, la gran mayoría de los altos cargos de la administración pública estuvo en manos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Esto perjudicó el funcionamiento del Estado, fundamentalmente porque cada funcionario pasó a depender de dos jefes: su superior jerárquico en el escalafón de la administración pública y su superior militar. Esta doble dependencia contribuyó a fragmentar el Estado en múltiples unidades que gozaban de una autonomía de hecho, con los previsibles efectos de corrupción. Además, el mismo ordenamiento institucional y jurídico del gobierno del “Proceso” se caracterizó por su incoherencia y arbitrariedad. Como lo puso en evidencia la acción represiva, el gobierno militar no cumplió con las leyes que él mismo había dictado.
Estado legal, Estado Clandestino
“El Estado se vio afectado de forma más profunda aún. El llamado Proceso de Reorganización Nacional supuso la coexistencia de un Estado terrorista clandestino, encargado de la represión, y otro visible, sujeto a normas, establecidas por las propias autoridades revolucionarias pero que sometían sus acciones a una cierta juridicidad. En la práctica, esta distinción no se mantuvo, y el Estado ilegal fue corroyendo y corrompiendo al conjunto de las instituciones del Estado y a su misma organización jurídica.
La primera cuestión oscura era dónde residía realmente el poder, pues pese a que la tradición política del país era fuertemente presidencialista, y a que la unidad de mando fue siempre uno de los principios de la Fuerzas Armadas, la autoridad del presidente —al principio el primero entre sus pares, y luego ni siquiera eso— resultó diluida y sometida a permanente escrutinio y limitación por los jefes de las tres armas."

LUIS ALBERTO ROMERO
Breve Historia Contemporánea de Argentina (1994)
La Economía Durante el Gobierno Militar (ampliar)
La política económica del gobierno militar fue decidida y ejecutada durante cinco años por José Alfredo Martínez de Hoz. Ministro de economía entre 1976 y 1981. Martínez de Hoz concentró un enorme poder, que le permitió tomar decisiones que transformaron profundamente el funcionamiento de la economía y la sociedad argentinas.
El programa económico que Martínez de Hoz presentó al país el 2 de abril de 1976 era de inspiración liberal y postulaba la necesidad de pasar de una economía de especulación a una de producción, por medio del estímulo a la libre competencia y la limitación del papel del Estado en la economía. Estos objetivos no fueron alcanzados. Por el contrario, el resultado de la política económica de Martínez de Hoz fue un crecimiento explosivo de la especulación financiera y una caída dramática de las actividades productivas.
En un primer momento, el gobierno militar tomó una serie de medidas de estabilización —que contaron con el apoyo del Fon-do Monetario Internacional y la banca privada extranjera— para controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y equilibrar el sector externo. Se devaluó la moneda, se redujo el déficit del sector público —en buena parte congelando los salarios— y se consiguió financiamiento externo. La política económica tuvo un sesgo fuertemente antiobrero: se suspendió el derecho de huelga y se redujo la participación de los asalariados en el PBI (producto bruto interno).
Una vez controlada la crisis abierta con el Rodrigazo, el equipo económico definió y llevó adelante dos medidas principales: la apertura de la economía y la liberalización de los mercados financieros.
La apertura de la economía era la apertura del mercado interno a la competencia exterior —no la promoción de la exportación de la producción nacional—. El instrumento principal de esta política fue la reducción de los aranceles de importación. Posteriormente, la sobrevaluación del peso se sumo a esta medida, lo que comprometió seriamente la actividad productiva —afectada además por las altas tasas de interés—.
La liberalización del mercado financiero se llevó a cabo con la liberación de la tasa de interés y la autorización para el funcionamiento de nuevos bancos e instituciones financieras. Sin embargo el Estado, que renunciaba a los controles, garantizaba los depósitos a plazo fijo tomados por entidades financieras privadas.
En 1978 el gobierno militar estableció una pauta cambiarla —conocida popularmente como la “tablita”— que determinaba una devaluación mensual del peso. Esta devaluación era decreciente y tendía a cero. El objetivo declarado de esta medida era controlar la inflación. Este objetivo no se alcanzó. En cambio, lo que se fomentó fue una fuerte especulación con una gran masa de dinero colocada a corto plazo —favorecida por la abundancia de dólares en el mercado internacional— basada en la existencia de altas tasas de interés y la garantía del Estado sobre el precio de recompra de los dólares.
Algunas palabras y frases de uso habitual en la época —“plata dulce”, ‘bicicleta”,"déme dos"— dan cuenta de las características de un período de prosperidad artificial y de especulación financiera.
La euforia financiera contrastaba con el comportamiento del sector productivo, apremiado por el endeudamiento. El sector industrial, en particular, sufrió una profunda mutación, que incluyó una caída en su producción, una disminución de la mano de obra ocupada y el cierre de numerosas plantas.
El esquema de Martínez de Hoz estalló en 1980, de la mano de la quiebra de importantes entidades financieras —entre ellas uno de los mayores bancos privados— y el Estado terminó haciéndose cargo de los pasivos de los bancos quebrados.
En 1981, el general Viola reemplazó en la presidencia a Videla, y Martínez de Hoz también fue reemplazado. En ese año, el descalabro económico llegó al extremo. El gobierno dispuso una devaluación del peso del 400%, al tiempo que la inflación llegaba al 100% anual. Esta devaluación tomó impagables las deudas en dólares de las empresas privadas. El Estado nacionalizó las deudas, lo que acrecentó el endeudamiento público.
A pesar de su carácter liberal, la política económica de Martínez de Hoz incluyó una expansión considerable del papel del Estado en la esfera económica. Esto se debió en parte a la decisión de la cúpula militar de mantener en la órbita estatal a las empresas públicas —cuyos directorios, por otro lado, fueron ocupados por militares—. Además, durante este período creció la inversión pública. Muchas obras públicas fueron ejecutadas por contratistas privados y algunas empresas del Estado privatizaron parte de sus actividades —lo que se llamó “privatización periférica”—.
En este último caso se incluyó la subcontratación de tareas de búsqueda y explotación petrolera y de tareas de reparación de materiales y mantenimiento de vías en los ferrocarriles, la provisión de equipos telefónicos, la recolección de residuos y el mantenimiento del alumbrado público en la ciudad de Buenos Aires. Alrededor de estas actividades se fue configurando un poderoso grupo de empresas contratistas del Estado.
Otras áreas de crecimiento del gasto público fueron la estatización de empresas privadas en dificultades —como la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad y la compañía Austral— y la notable expansión del gasto militar.
En 1978, el conflicto limítrofe con Chile por la zona del canal Beagle estuvo a punto de desencadenar una guerra. Las Fuerzas Armadas fueron reequipadas con vistas al enfrentamiento y movilizaron tropas hacia la frontera. La guerra se impidió por la mediación del Papa Juan Pablo II.
Entre la apertura y la guerra: El estallido del programa económico coincidió con el cambio de presidente. El débil ganador en la puja interna de la cúpula militar fue el general Roberto Viola, designado presidente por la Junta de comandantes, en septiembre de 1980. Viola, que asumió en marzo de 1981, se propuso modificar la orientación de la política económica y encontrar una salida política para el régimen militar.
Este intento de cambio obedecía a la percepción por parte de una fracción del Ejército del fracaso de la política de Martínez de Hoz y de la necesidad de buscar nuevos aliados. Viola dividió el Ministerio de Economía en cinco carteras, con el propósito de “despersonalizar” la política económica, incorporó una mayoría de civiles al gabinete, produjo un acercamiento con los sectores propietarios —nombró dirigentes representativos del sector rural y del industrial en los ministerios de Agricultura e Industria— e inició un diálogo con sindicalistas y políticos.
Este intento de encontrar nuevas bases de apoyo para el régimen militar fracasó. En el terreno político, la apertura fue recibida con frialdad por las principales fuerzas políticas, que dudaban de la representatividad de Viola dentro de las Fuerzas Armadas y, por consiguiente, de la viabilidad de su política. En julio de 1981, se constituyó la Multipartidaria —convocada por la Unión Cívica Radical e integrada por los partidos
Justicialista, Intransigente, Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo—, con la finalidad de ofrecer un bloque político unificado “tendiente a recuperar la vigencia de las instituciones democráticas y a ofrecer al país, coyunturalmente, una propuesta de solución ante la emergencia nacional”.
Sin embargo, la oposición decisiva al proyecto de Viola provino del frente interno militar. Esta oposición se manifestó como un conflicto de poderes entre la Junta Militar y el presidente, que culminó con el desplazamiento de Viola, en diciembre de 1981. Su reemplazante fue el general Leopoldo F. Galtieri. (Foto arriba)
Galtieri intentó restablecer la imagen de autoridad del gobierno militar y retomar la orientación liberal de la política económica, que quedó en manos de un nuevo ministro de Economía, Roberto Alemann (foto izquierda). Endureció las relaciones con los partidos políticos y con el sindicalismo, que por su parte endurecieron también su oposición. Una masiva concentración promovida por la CGT-Brasil —el ala más combativa del sindicalismo, diferenciada de la CGT-Azopardo, más conciliadora—, el 30 de marzo de 1982, fue duramente reprimida. Pero la magnitud y el carácter de la movilización mostraron que la oposición social y política había crecido.
Tres días más tarde, el régimen militar —que en 1978 había llevado al país al borde de la guerra con Chile, evitada por la mediación del Papa— inició su última etapa, con la ocupación militar de las islas Malvinas.
La Guerra de las Malvinas: El 2 de abril de 1982 el gobierno ocupó por la fuerza las islas Malvinas. La ocupación, si bien se originó en una decisión tomada en secreto por unas pocas personas y sin calibrar adecuadamente sus posibles consecuencias militares y políticas, contó con un amplio respaldo popular. (Ver: La Junta Decide Tomar Las Islas Malvinas)
El gobierno imaginó que la recuperación de las Malvinas iba a resolver sus problemas políticos, en un momento en que el rumbo de la experiencia militar se veía comprometido. Al principio, eso pareció posible. Pero el gobierno había subestimado la respuesta de Gran Bretaña y creyó además que los Estados Unidos —cuyo principal aliado era precisamente Gran Bretaña— apoyarían la acción argentina.
La reacción británica —en buena medida motivada por razones de política interna— fue dura. El gobierno de Margaret Thatcher decidió enviar una poderosa flota y fuerzas militares para recuperar las islas. Los Estados Unidos, después del fracaso de la mediación del general Haig —que procuró que el gobierno argentino aceptara la resolución 502 de las Naciones Unidas y retirara las tropas de las islas— apoyaron decididamente a su principal aliado.
El gobierno militar decidió controlar estrictamente la difusión de noticias acerca de la evolución política y militar del conflicto, y creó un clima triunfalista que no se correspondía con el curso real de los acontecimientos.
En el plano de la política internacional, la Argentina recibió la adhesión de los países de América latina y del Movimiento de Países No Alineados, pero quedó aislada de las potencias occidentales. Un intento desesperado del gobierno argentino por cambiar sus alianzas y conseguir el apoyo de la URSS tampoco prosperó. En el plano militar, el poderío y la organización británicos superaron al caótico e improvisado dispositivo militar argentino. El 14 de junio de 1982, el mando militar argentino en Malvinas capituló ante los jefes británicos.
...El 15 de junio de 1982, las tropas argentinas se rindieron ante las inglesas. La guerra por las Malvinas había terminado. También empezaba el fin de la dictadura militar.
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