“Para que no hablara de los negocios de Aranda me censuraron”
CEO num 2 .- del grupo Clarín, José Aranda
Enrique Lacour
es el presidente de la Fundación Iberá. En 2008, lo contactó Favio, el hijo de Luis Landriscina. Queria entrevistarlo para el programa de televisión Mano a mano con el campo, que tenía en el Canal Rural. Lacour aceptó. Grabaron la entrevista. Todo salió como lo habían programado. Landriscina le preguntó por la megarrepresa de Aranda y Soros, y Lacour contestó, explicándole el impacto ambiental que produciría y lo negativo que resultaba para los productores de la zona. Poco después, Lacour recibió otro llamado de Landriscina: “Tengo malas noticias. Acabo de recibir una llamada del Canal Rural pidiendo que levantemos el bloque con tu nota en defensa del Río Ayuí. Parece que están pisando callos de gente grande.” Luis Landriscina se atajó a tiempo y se despegó de la movida del canal, controlado en un 15% por el Grupo Clarín a través de Artear: “Nosotros tomamos la decisión de enviar la grabación de la entrevista completa. Si lo cortan sería un caso de censura previa no avalada por nuestra producción.”
Canal Rural levantó el programa completo y en su lugar fue una emisión vieja. Landriscina hizo pública la denuncia por censura. La señal se vio obligada a emitirlo la semana siguiente. Enrique Lacour hace memoria y recuerda aquel episodio de julio de 2008: “Cuando Freire (mano derecha de Aranda en Corrientes) se entera de que me habían invitado al programa, Aranda bajó la orden de que el programa no salga. Primero hay una amenaza a Favio, diciendo que saquen la parte de la entrevista y él se niega. Primó el poder empresarial. Fue escandaloso y tenía una única intención: censurarme para que no hable en contra de los negocios de Aranda.”
Daniel Sabsay
es abogado constitucionalista y presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Su postura a favor del Grupo Clarín durante el debate por la Ley de Medios fue notoria. Sin embargo, a la hora de calificar la mega obra del vicepresidente de ese grupo, José Antonio Aranda, asegura que “esta represa es ilegal. Está viciada desde el origen. El gobernador Arturo Colombi autorizó por decreto el ordenamiento territorial de bosques que posibilita su construcción, y eso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Corrientes, porque una Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos no puede ser saldada con un decreto.”
A pesar de que luego haya salido por ley, Sabsay sostiene que “sigue adoleciendo de graves problemas porque el contenido sustantivo de la norma sancionada incumple con aspectos fundamentales del marco normativo ambiental nacional y provincial, y hasta se violan tratados internacionales que la Argentina suscribió con rango constitucional. Es una barbaridad que se permita la apropiación de un curso de agua que es de dominio público en una zona de altísima biodiversidad, que la propia Unesco definió como una reserva de biosfera.”
Desde el punto de vista del constitucionalista, “está en tela de juicio la autorización de la represa. Hay muchas voces disonantes al respecto. Los dueños de campos privados no pueden apropiarse de un río y de sus costas, convirtiéndolos en un lago, inundando espacios que son públicos y que están protegidos por una batería de leyes. No pueden arrogarse el uso del recurso hídrico del que depende la sustentabilidad de toda una cuenca ubicada aguas abajo, incluyendo a muchos productores que hacen un uso legítimo del mismo recurso y que se verán seriamente perjudicados por un acto unilateral que modificará el régimen de dicho recurso. No es aceptable semejante ataque al orden público ambiental. Pero va más allá de lo ambiental, desde el punto de vista del derecho.”
