Programa de Historia Argentina (3ra. parte)
De Carter a Reagan
Las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos durante el “Proceso’ atravesaron dos etapas diferenciadas. En la primera, el gobierno de los Estados Unidos estaba en manos de James Carter, del partido Demócrata, que hizo de la defensa de los derechos humanos una de sus prioridades en América latina. Esta orientación lo llevó a un conflicto permanente con el gobierno argentino, que violaba sistemática¬mente los derechos humanos. El cambio de administración —cuando el republicano Ronald Reagan reemplazó a Carter— tuvo como consecuencia un cambio de política con respecto a la Argentina. Reagan, que buscaba aliados para su política exterior, encontró en Galtieri un entusiasta adherente, dispuesto a aline¬ar a la Argentina con la política exterior norteamericana y a intervenir militarmente en América central. Los Estados Unidos, por su parte, levantaron las sanciones que la administración Carter había impuesto a la Argentina. Galtieri, entusiasmado con los elogios norteamericanos e ignorante de la importancia relativa de los aliados de Estados Unidos, supuso que este apoyo se traduciría en una neutralidad benévola en el conflicto que pensaba iniciar con Gran Bretaña.
Dadas las condiciones militares del conflicto y el control de la información por parte del gobierno, la derrota militar fue a la vez inevitable e inesperada. Una de sus consecuencias principales fue la descomposición inmediata del gobierno militar. Galtieri renunció, la Marina y la Fuerza Aérea se retiraron de la Junta y el comandante en jefe del Ejército designó a un nuevo presidente, el general Reynaldo Bignone. (foto a la derecha)
Luego de casi ocho años de interrupción democrática a manos de las Juntas Militares, terrorismo de Estado y vuelco total de la economía nacional desde los sectores de la producción y la industria a los de las finanzas y los servicios. y tras la guerra de Malvinas, se reiniciaba el camino dala normalización institucional.
En las elecciones de 1983, Raúl Alfonsín se adjudicó el 51.7% de los votos contra el 40,1% de Italo Argentino Luder. convirtiéndose en el primer postulante radical en derrotara un justicialista.
La U.C.R. estableció también un precedente histórico al obtener 128 de las 254 bancas que componían a Cámara de Diputados, 16 más que el PI y con ello la mayoría absoluta.
En el interior hicieron sentir su fuerza el P.J. y las pequeñas formaciones regionales conservadoras. La UCR sólo ganó los gobiernos de siete de las veintitrés provincias. Este desequilibrio entre el peso electoral de la UCR a nivel nacional y el predominio geográfico del P.J., más homogéneamente implantado en las provincias, quedó reflejado en el Senado, donde de los 46 miembros del partido de Alfonsín sólo conquisté 18 bancas, es decir, la minoría.
Durante su campaña, Alfonsín fue el candidato que más claramente habló sobre el futuro papel de has Fuerzas Armadas como institución subordinada al poder civil, y en particular a él como Comandante en Jefe en su carácter de Presidente de La Nación. Propuso recortar en un tercio el presupuesto militar y que la lucha antisubversiva quedara en manos deja policía dentro del marco de la ley y el respeto a los Derechos Humanos.
Anuncié además un reordenamiento de los sindicatos, hasta entonces mayoritariamente en manos peronistas. Indicó que el objetivo era democratizar estas instituciones gremiales y hacerlas representativas de la mayoría de los trabajadores. Señalé la existencia de un pacto militar-sindical que atentaba contra la democracia argentina y se propuso desbaratarlo apenas asumiera la Presidencia de a Nación.
El electorado no se volcó a la propuesta del radicalismo por sus promesas de progreso económico, sino porque Alfonsín irrumpía como la garantía de una normalización institucional donde la Libertad, la paz, la democracia y el respeto por las garantías individuales y los derechos humanos -mutilados por las Juntas Militares- expresaban justicia y modernidad.
El Gobierno de Raúl Alfonsín estuvo signado por tres hechos o temas fundamentales relacionados a la temática militar: el juicio a los ex comandantes, la política de derechos humanos y el problema militar en si mismo, no sólo con temas relacionados con las fuerzas en forma interna, sino también con los diversos levantamientos que tuvo que afrontar.
La dictadura militar había provocado una profunda fractura entre la sociedad y les Fuerzas Armadas. Esto se debía al rotundo fracaso del Proceso de Reorganización Nacional para solucionar Los gravísimos problemas que tenía el país, al terrorismo de Estado, implantado por las Fuerzas Armadas ya los métodos utilizados para deshacerse de todo aquel que no compartiera sus planes, y por último, a la derrota en la guerra de Malvinas y los hechos que allí se habían producido.
Alfonsín sabía que no podía sentar bases sólidas para el futuro si no se zanjaba la cuestión civil-militar Por ello, manifestó en su campaña política algunas ideas a partir de las cuales superarla. Por un lado, eliminar el cargo de Comandante en Jefe de cualquiera de las armas. La jerarquía militar se terminaría en el cargo de Jefe do Estado Mayor y el Comandante en Jefe seria quien la Constitución establece: el Presidente de la Nación.
Por otro lado, proponía rechazar toda auto amnistía, declarando nula toda ley que quisiera enmendarla acción realizada por el gobierno militar, pero a la vez, reconocer que existían distintas responsabilidades entre los actuantes: una responsabilidad de quien toma la decisión de actuar como lo hizo: otra responsabilidad distinta de quienes, en definitiva, cometieron excesos en la represión, y otra muy distinta de quienes no hicieron otra cosa que cumplir órdenes, La teoría de los tres nivele fue expresada por Alfonsín en un discurso pronunciado en la cancha de Ferro durante la campaña de 1983. Por último se buscaría disminuir el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Es decir, pretendía tener a las Fuerzas Armadas de La Nación en el marco de la Constitución la democracia.
Inmediatamente después de asumir, Alfonsín comenzó a concretar algunos de los puntos que había enunciado antes. A sólo tres días de haber tomado posesión de su cargo, dicta los decretos 167 y 158. El primero establecía la necesidad de perseguir penalmente a los conductores de grupos armados como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P.). El segundo ordenaba el juicio a los ex comandantes que integraron as tres Juntas Militares ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Arma-das por su responsabilidad en los homicidios, torturas y detenciones ilegales perpetrados entre 1976 y 1983 inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional.
También inicia la reestructuración del Ministerio de Defensa, con el objeto de transformarlo en un instrumento a través del cual el gobierno democrático pudiera controlar efectivamente el sector redefensa y por medio de éste a las Fuerzas Armadas.
El Juicio a las Juntas contaría con el aporte de las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas Conadep). convocada por Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 y cuya presidencia se otorgó al escritor Ernesto Sábato. Su objetivo era intervenir en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas otorgándoles la autoridad para recibir denuncias y pruebas y girarlos con posterioridad a la justicia. El Informe, que luego fuera publicado bajo el titulo Nunca más, fue entregado al Presidente el 20 de septiembre do 1984 y determinaba que fueron 8.960 los desaparecidos forzosos durante la dictadura, aunque Amnistía Internacional estimó que el número de victimas superaba los 16.000 y organizaciones argentinas como Madres de Plaza de Mayo hablaron de 30.000 afectados entre muertos y desaparecidos.
El juicio a los ex militares comenzó en forma oral y pública el 22 de abril de l985yconcluyó con la sentencia de a Cámara Federal en diciembre del mismo año- Los Tenientes Generales y ex Presidentes de Facto Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, el Brigadier General Orlando Ramón Agosti y los Almirantes Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini fueron acusados y sentenciados por los delitos de homicidio, privación ilegítima do la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos. También fueron sentenciados por e1 Consejo Supremo de as Fuerzas Arma-das el Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, el Brigadier General Basilio Lamí Dozo y el Almirante Jorge Isaac Anaya (absuelto por la justicia civil en el anterior proceso» Si bien esta experiencia de enjuiciamiento generó un precedente histórico no sólo para Argentina, sino también para Latinoamérica, donde las experiencias de los Golpes de Estado siempre hablan quedado impunes, ciertos sectores de la sociedad consideraron que las penas otorgadas eran insuficientes además muchos acusados de m000rrango habían quedado absueltos.
Seguidamente, y para dar por concluido el capítulo correspondiente a los crímenes cometidos durante la dictadura, Alfonsín envía al Congreso el proyecto de ley que se conocería como de Punto Final y que fuera aprobado el 23 de diciembre de 1986. Según esta ley quedaba extinguida toda acción penal contra civiles y/o militares que no hubieran sido imputados por delitos cometidos en las operaciones antisubversivas dentro de un determinado plazo (basta el 23102/87). La Ley de Punto Final produjo el rechazo y malestar en importantes sectores de la sociedad civil, pero también en el seno de los sectores castrenses.
El 16 de abril de 1987 el Teniente Coronel Aldo Rico y un grupo que lo acompañaba! conocidos como los carapintadas, se amotinaron en la Escuela de infantería de Campo de Mayo resistiendo la citación que la Justicia fe hiciera al Mayor Ernesto Guillermo Barreiro (refugiado en el XIV Regimiento de Infantería Aerotransportada, en La Calera! Córdoba, declarada también en rebelión). Los insurrectos solicitaban el cese de la campaña de agresión do los medios de comunicación contra las Fuerzas Armadas, un aumento del presupuesto para esas fuerzas! la elección de un nuevo Jefe del Estado Mayor del Ejército de entre cinco postulantes que ellos propondrían y a exculpación para todos aquellos que hubieran participado en los hechos que se estaban sucediendo. Mientras tanto en todo el país, la gente se agolpó en las calles y las plazas para expresar su apoyo al gobierno constitucional y su repudio a la actitud de los carapintadas.
Luego de varios intentos para solucionar la crisis fue el mismo Alfonsín quien tuvo que hacerse presente en Campo de Mayo y lograr que Aldo Rico depusiera su actitud. Esto fue comunicado rápidamente a gente reunida en la Plaza de Mayo.
Inmediatamente se produjo la sustitución del General Héctor Ríos Ereñú como Jefe del Estado Mayor por el General José Dante Caridi. Pocos días después Alfonsín envió al Congreso el proyecto de Ley de Obediencia Debida promulgada el 8/6/87) que sólo admitía el procesamiento de quienes se desempeñaban por encima del rango de brigadier, es decir! aquellos que habían impartido órdenes y que habían contado con capacidad operativa para ejecutarlas. Hubo sólo una excepción: era el caso de los delitos de sustitución de estado civil y de sustracción y ocultación de menores.
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ponían al descubierto, ante la sociedad, la fragilidad del gobierno constitucional frente a las presiones ejercidas por ciertos sectores de las Fuerzas Armadas -particularmente el Ejército para que se concluyera con la persecución a sus camaradas de armas.
Otros alzamientos militares se sucedieron. En Monte Caseros provincia de Corrientes, entre el 16 y la de enero de 1988 Alda Rico volvió a sublevarse, repudiando la prolongación de su arresto por los hechos de Semana Santa.
Esta vez las fuerzas leales” reencauzaron la situación. Era el primer enfrentamiento entre militares, luego del de los ‘azules y colorados en 1962. El 4 de junio del mismo año el coronel Mohamed Seineldin fue el cabecilla de un nuevo alzamiento! Esta ve en Villa Martelli. Pugnaban por restaurar el honor y la dignidad del personal y la institución militar, reivindicar la guerra contra La subversión, lo actuado en la guerra de Malvinas y alcanzar una amplia amnistía. La rebelión fue sofocada rápidamente.
En 1988, se promulgó la Ley de Defensa Nacional (Nro 23.554), que establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional, Fijando sus finalidades y diferencias con la Ley de Seguridad Interior.
Pero el problema de los derechos humanos y la conflictiva relación con las Fuerzas Armadas no fue e1 único que el gobierno radical tuvo que encarar. El poder económico, formado por los grandes grupos financieros internacionales y por los grandes grupos económicos locales, había logrado hacerse del control de todo el proceso productivo y financiero sobre la base de la explotación de los trabajadores y la subordinación del Estado a sus intereses particulares. Una inflación mensual deL 20%, una deuda externa que rondaba los 45.000 millones de dólares -el 70% de ésta había sido contraído por los grupos privados y estatizada por el entonces presidente del Banco Central! Domingo Felipe Cavallo. en 1932- y una tasa de desocupación que ascendía al 7%. fueron as secuelas que la dictadura había dejado en el campo económico. Para paliar la situación de aquellas familias que no podían satisfacer sus necesidades básicas se lanzó el Plan Alimentario Nacional (PAN).
Una de las ideas de Alfonsín era quitarle a la Confederación General del Trabajo (CGT) el monopolio en la representación de los derechos de los trabajadores. Para alcanzar ese objetivo, en febrero de 1984 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre Reordenamiento Sindical que permitía la creación de nuevas uniones gremiales, pero que ponía en pie de guerra a la central que se encontraba dividida (CGT Azopardo y CGT Brasil) y que! a comienzos de 1984 y como consecuencia de la política sindical alfonsinista, se unificó bajo el liderazgo de Saúl Ubaldini. Durante este gobierno hubo 13 paros generales organizados por la CGT defensa de los intereses sectoriales que representaba.
En junio de 1985 se anunció el Plan Austral. Nuestra moneda cambió el nombre de peso argentino por el de austral. El austral equivalía a 1.000 pesos argentinos y nació cotizando con un tipo de cambio fijo de 0,80 centavos de austral por dólar.
Las medidas incluidas en el plan eran: control de los precios de los productos y tarifas de los servicios públicos, congelamiento salarial y no emisión monetaria. Se pretendía así detener la inflación que crecía por entonces un 1% diario.
Muchas de esas medidas eran condiciones que el FMI exigía para continuar las negociaciones que llegaron a buen puerto cuando Alfonsín firmó con esa entidad un acuerdo de re - escalonamiento del pago de la deuda externa que vencía ese año y el otorgamiento de un crédito suplementario de 4.200 millones de dólares, pese a que en los primeros meses de su gobierno promovió la creación de una comisión legislativa para que estableciera el monto de la deuda legítima y a que intentó no negociar el pago de ella solamente con el FMI, acudiendo al Banco Mundial ,a Club de Paris. al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la banca privada. El éxito inicial del Plan Austral se reflejé en las elecciones legislativas de noviembre de 1985. La U.C.R. reforzó su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados manteniendo intactas sus 128 bancas. El PJ, en cambio, disminuyó su representación a 101 bancas. El radicalismo ganó, además, 17 de las 23 gobernaciones, incluyendo la Capital Federal. El triunfo daba indicios de que ¡asocie-dad continuaba confiando en la capacidad de Alfonsín para encarar tos grandes problemas que aquejaban a los argentinos.
Pero a fines del 986, el Plan Austral dio muestras de agotamiento. El austral comenzó a desvalorizarse fuertemente con respecto al dólar en e’ mercado de cambió. La inflación volvió a trepar mientras que la recesión y los conflictos sociales se agravaban más y más. Ante esta situación, se opté por el abandono de tos estrictos controles y por la liberalización económica. Esto significó el rompimiento con el modelo de economía semi cerrada puesto en marcha desde hacia medio siglo y la apertura del mercado a los productos extranjeros, acompañada por la reforma del Estado. Tal política estuvo enmarcada en los cambios que se operaron a nivel internacional. Tanto Inglaterra como EE.UU. propiciaron una serie de reformas en las cuales el Estado ya no intervendría en los problemas económicos y sociales. Así, una ola de privatizaciones, reducción de las prestaciones sociales y del empleo público abrían el camino hacia el neoliberalismo.
En agosto de 1986 la Cámara de Diputados empezó a tratar y aprobó en pocos días el proyecto de Ley de Divorcio. El trámite fue más lento en Senadores, pero luego de algunas modificaciones, el 3 de junio de 1987 el divorcio vincular se hacia Legal en la Argentina <Ley 23.515>. Muchos festejaron la sanción de la ley, especialmente quienes pudieron regularizar su situación (había más de 1.500.000 parejas separadas de hecho). Fueron la Iglesia y los sectores conservadores los que no estuvieron de acuerdo con la nueva ley y preanunciaban una avalancha de rupturas matrimoniales con la consecuente repercusión en a disolución familiar. El Episcopado emitió un comunicado donde pedía que el mal que no se ha podido evitar se difunda lo menos posible. Y convoca una marcha a Plaza de Mayo en defensa de la familia.
Durante su gobierno. Alfonsín trató de dar impulso a la política exterior, abandonada por la dictadura y fue el canciller Dante Caputo el encargado de esa tarea. Se resolvió con Chile el conflicto por la demarcación fronteriza en el Canal de Beagle. a partir del cual casi se inicia una guerra en 1978 y que, en vísperas de las elecciones de 1983, suscité nuevas tensiones. Con la mediación del Vaticano, los dos países australes suscribieron en 1984 primero una declaración de paz y fraternidad y luego un acuerdo sobre e1 canal, que fuera ratificado por la sociedad argentina con un devotos favorables en una consulta popular convocada al efecto. En 1985 el Vaticano rubricó el tratado bilateral, En relación a las negociaciones con el Reino Unido por las Malvinas, sólo consiguió de Londres la reanudación del diálogo bilateral, excluyendo lo relativo a la soberanía de as islas.
Alfonsín inició también tratativas para alcanzar la integración regional con Brasil y Uruguay y firmé en 1988, junto a los mandatarios de ambos países, el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo, que sería la piedra angular del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). El tratado comprometía la creación de un espacio comercial común en diez años, mediante la eliminación dejas barreras arancelarias y no arancelarias y armonización de políticas comerciales.
En los 80 el cine argentino le abrió sus puertas a la voluntad de cambio. Los directores no exiliados se habían volcado al cine publicitario como otra alternativa de trabajo y luego, con la vuelta a la democracia, instauran implícitamente una nueva forma de hacer cine: este ese1 caso de Pino Solanas y Luis Puenzo. Durante el gobierno de Alfonsín. los principales organismos relacionados con la cultura fueron ocupados por figuras y personalidades relacionadas con ese campo, como por ejemplo el actor Luis Brandoni en la asesoría presidencial en temas de cultura; el escritor Pacho O`Donnell, como secretario do Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires, Carlos Gorostiza en la Secretaria de Cultura de La Nación, Miguel Ángel Merellano en A.T.C.. Todas estas transformaciones de base alentaron [a verdadera idea de cambio, pero aun así, la reprobación de las películas seguía vigente. Por este motivo se votó en el Congreso la ley 23.052 que estableció la abolición de la censura cinematográfica que durante casi 30 años había coartado la libertad del público y la creatividad de los autores. En 1984, hubo 24 estrenos. El primero en democracia fue Camila, de María Luisa Bemberg. A partir de ese momento! muchas de las películas intentan reflejar a través de sus historias os años de la dictadura militar. Con la vuelta a la democracia, poco a poco, las diferentes expresiones artísticas y sus creadores que habían estado censurados o exiliados- pudieron plasmar sus ideas libremente e intentar reconstruir el patrimonio cultural argentino. La gente estaba ávida por leer, ver y escuchar. Y los creadores (cineastas, músicos, escritores) ávidos do mostrar y cantar verdades.
Hacia 1986 Alfonsín anunció un ambicioso proyecto para fundar una ‘Segunda Repúblicas. Incluía la incorporación de Fa figura de un primer ministro, la posibilidad de un segundo mandato presidencial consecutivo, reformas administrativas y el traslado de la Capital Federal a la provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma. La idea fue evaluada como inoportuna por gran parle de la opinión pública, que también consideré que lo que se pretendía era tapar la dura realidad a la que se asistía: 1986 culminó con una inflación acumulada del 82% y llegó en 1987 al 175%.
A mediados de 1987, el gobierno declaró oficialmente fenecido el Plan Austral (aunque la moneda que le dio nombre siguió funcionando) y anunció un nuevo paquete de medidas que atraerían el apoyo del FMI a través de otro crédito stand-by. Se atacaría a la inflación y el déficit fiscal interno y externo. Se establecían además pautas estrictas en relación al tipo oficial de cambio del dólar, los salarios, impuestos y tarifas de servicios públicos.
La aplicación de estas medidas, que provocaron una gran disminución en la capacidad adquisitiva de algunos sectores sociales, sumadas a la tibia respuesta al problema militar, a la imposibilidad de hacer frente a los problemas sindicales y otros, repercutieron en los resultados de los comicios electorales de septiembre de 1987. También influyó en ellos el proceso de depuración interna que se dio en el seno del l, conocido como Renovación Peronista, liderada por Antonio Cafiero y Manuel de la Sota. En las elecciones de diputados nacionales de 1987 el P.J. obtuvo el 41.5 % de los sufragios frente al 37,3% de la UCR; en las provinciales, los radicales sólo mantuvieron las gobernaciones de Córdoba y Río Negro junto a la Capital Federal.
Estos resultados electorales y el agravamiento de la situación económica llevaron al Gobierno a abandonar algunos proyectos y a replantear su política económica. En agosto de 1988 se lanzó el Plan Primavera (Programa para Fa recuperación económica y el crecimiento sostenido>. Estaba centrado, una vez más, en contener el ascenso inflacionario a través del control de precios de as tarifas públicas y el congelamiento de los salarios estatales. Incluía control de cambio y precios, y negociación con el movimiento obrero. la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio. Quedaban fuera de la negociación Confederaciones Rurales Argentinas. la Federación Agraria, la Sociedad Rural y Coninagro.
1989 sería un año adverso para el gobierno:
• Las sequías afectaron las cosechas y la provisión do energía,
• EL copamiento al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada llevado a cabo por miembros del Movimiento Todos por la Patria. Su recuperación -encargada a la policía y al Ejército- generó un saldo de 39 muertos y explicaciones turbias y oscuridad respecto de los móviles y conexiones de la acción ultraizquierdista -como la denominó el gobierno-y también sobre la forma en que fue resuelta la cuestión,
• Alza incontrolada de las tasas de interés, agotamiento de las reservas del Banco Central para intentar mantener el valor de un austral queso depreciaba cada vez más frente al dólar.
• Golpe de morcado producido por los principales grupos económicos al retirar sus depósitos de los bancos, retener divisas producidas por exportaciones y demorar el pago de impuestos.
La campaña para las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989 se llevó adelante en este merco. La situación se tornaba cada vez menos manejable: hiperinflación, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, remarcación de precios, compra compulsiva de dólares por parte de los especuladores.
En los comicios, el candidato del P.J., Carlos Saúl Menem, se impuso a Eduardo Angeloz. de la U.C.R., con el 47% de los votos, En medio de saqueos a supermercados. la situación social se tornaba insostenible para Alfonsín. Jesús Rodríguez reemplazó a Juan Sourrouille como Ministro de Economía. El 30 de mayo se decretó el estado de sitio y se adoptaron medidas económicas de emergencia. Comenzaba a sonar la palabra ingobernabilidad. Alfonsín se retiró antes del gobierno, sin haber podido cumplir su promesa de recuperación de ‘el orden. Era la primera vez en mucho tiempo que un gobierno civil y elegido constitucionalmente era sucedido por otro de igual condición. Su presidencia había restaurado y abierto la puerta a la consolidación de la democracia en el país y roto con el aislamiento internacional, pero no había podido lograr un crecimiento positivo, la deuda externa había crecido y los salarios decrecido enormemente, Menem llegaba optimista proponiendo síganme, revolución productiva y salariazo, en una Argentina con recesión del 6% de P.B.I., una deuda externa de 63.000 millones de dólares y una hiperinflación cercana al 5000% anual.
La caída del muro de Berlín en 1989 abría paso aun mundo en el que una sola potencia, los Estados Unidos, ejercía una hegemonía militar indiscutible, acompañada de un poder económico formidable.
El 14 de mayo de 1989. Carlos Menem el candidato del Frente Justicialista Popular (Frejupo y una coalición del P.J. con diversos partidos. se impuso al radical Eduardo Angeloz con el 49,3% de los votos. El 8 de julio, con circo meses de antelación -el traspaso de poderes estaba previsto para el 10 de diciembre, ante la delicada situación económica y social, Menem se bacía cargo de la Presidencia de la Nación.
Heredó una economía en rápida descomposición, una hiperinflación cercana al $5.000% y una deuda externa que rondaba los 63.000 millones de dólares. Una vez en la presidencia, cambié el mensaje populista de su campaña por un duro programa de ajuste, cuyo carácter ultraliberal provocó divisiones en la CGT y acusaciones de diversos sectores, por considerarlo contrario a los postulados del general Perón.
El nuevo presidente no hacía más que poner en marcha aquello que académicos, economistas y funcionarios estadounidenses y del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional establecieron a comienzos de 1989 en el denominado ‘Consenso de Washington: En el documento aparecían diez puntos que expresaban las necesidades y las opciones del mundo hacia el siglo XXI: disciplina fiscal, prioridad del gasto público en educación y salud, reforma tributaria, lasas de interés positivas determinadas por el mercado, tipos de cambio competitivos, políticas comerciales liberales, mayor apertura e la inversión extranjera., privatización de empresas públicas, desregulación y protección de la propiedad privada. También se dispuso que se otorgaría ayuda financiera a aquellos países endeudados que adoptaran las políticas sugeridas por el Consenso.
Para dar cauce a estas recomendaciones, Menem abandonó rápidamente sus promesas de salariazo y revolución productiva. Nombró ministro de Economía a Miguel Roig primero, y luego a Néstor Rapanelli, ambos altos ejecutivos de Bunge y Born. El llamado Plan Bunge y Born estableció el control de precios, el cierre a las importaciones y la convocatoria a negociaciones paritarias entre empresarios y sindicatos. También se aprobaron la Ley de Reforma del Estado y La Ley de emergencia Económica, que esbozaban un amplio plan de privatizaciones y dotaban al Ejecutivo de amplias facultades. El plan fracasó. La inflación no se detuvo y la recesión fue en aumento. En consecuencia asumió la Calera de Economía el ministro de Economía de La Rioja Antonio Erman González, quien en 1990 lanzó un nuevo plan. Una de las primeras medidas fue el canje compulsivo de depósitos a plazo fijo por bonos externos. Esto ocasionó pérdidas irreparables al sector de pequeños y medianos ahorristas
Menem cultivó la alianza con sectores Conservadores tradicionalmente antiperonistas quienes ocuparon importantes cargos en el Gobierno. Así, el proceso de privatizaciones estuvo a cargo de José Roberto Dromi y María Julia Alsogaray Hacia el final de la presidencia de Menen y virtualmente no quedó ninguna empresa en manos del Estado. Se privatizaron la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel, gas del Estado, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Obras Sanitarias, los aeropuertos, correo, la energía Eléctrica, la seguridad social, dos plantas siderúrgicas, el Mercado de Hacienda de Liniers las radios, los Canales de televisión. las carreteras los ferrocarriles Si bien la prédica privatista aconsejaba romper con el monopolio estatal, Las empresas adjudicatarias gozaron de un virtual monopolio, ya que se distribuyeron territorialmente la provisión de servicios. Esta transformo a los usuarios en rehenes de las empresas, que fijaron altas tarifas y con total libertad redujeron los servicios a los territorios que mayores ganancias les brindaban. El servicio ferroviario, por ejemplo, quedó reducido al Gran Buenos Aires y dejó aisladas a importantes zonas del país. Las privatizaciones proporcionaron unos 25.006 millones de dólares. Entre 1989 y 1990, como parte de una política de reconciliación nacional. Menem indulté a los máximos culpables de la represión durante la dictadura -Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri- y unos 220 militares y civiles, entre ellos el líder montonero Mario Firmenich, El 3 de diciembre de 1990, se produjo la última asonada de militares carapintadas liderados por el coronel Mohamed Ah Seineldin El alzamiento fue sofocado En 1994, quedó abolido el servicio militar obligatorio
Durante su gestión, Menem se alineó con Estados Unidos, buscando el anclaje del país en Occidente. Su canciller, Guido Di Tella, llegó a decir que Argentina mantenía relaciones camales Con aquel país. En 1991, ante el conflicto en el Golfo Pérsico envió tropas a esa zona, rompiendo lo larga trayectoria de neutralidad argentina. Luego se posicionó del lado de Estados Unidos en lo referente a Cuba y en otros enfoques geopolíticos y llegó a alcanzar el status de aliado de la OTAN Además, el país renuncié, en 1990, e desarrollar armas nucleares Entretanto en el orden interno se sucedieron una serie de escándalos económicos da grandes proporciones. Muchos funcionarios encontraron en la falta de controles a impunidad para hacer negocios a expensas del Estado Miguel Ángel Vicco y Carlos Spadone secretario y asesor presidencial respectivamente quedaron implicados en la venta de leche no apta para el consumo humano el asesor Emir Yoma y el ministro de Obras y Servicios Públicos. Roberto Dromi, decidieron renunciar luego de pedir coimas a empresa norteamericana Swift varios familiares y colaboradores del Presidente fueron investigados por lavado de narcodólares entre ellos su cuñada y secretaría personal, Amira Yoma; funcionarios de la empresa estadounidense IBM y del Banco de la Nación Argentina quedaron involucrados en el cobro y pago de coimas para posibilitar la firma de un contrato que beneficiaba a la empresa extranjera
Ante las numerables denuncias Menem consiguió la sanción de una en que aumentaba de cuatro a nueve los miembros de la Corte Suprema de .Justicia se designaron -por mecanismos que fueron duramente cuestionados seis de los nueve miembros que tendría esa corte. Quedó así conformada una mayoría automática que nunca se expidió en contra de las decisiones del Ejecutivo
En 1991 fue designado ministro de Economía Domingo Felipe una figura aceptada por el establishment ya que había estatizado lo deuda de los grandes grupos económicos privados cuando presidía el Banco Central durante la dictadura. Pronto el Congreso aprobarla la Lev de Convertibilidad Monetaria que fijaba la cotización del austral en razón de 10.000 unidades por 1 dólar. En 1992 el Plan recuperaba el peso como unidad de cuenta nacional sobre la paridad exacta y fija con respecto al dólar. Se prohibía además toda emisión de moneda sin el respaldo en las reservas internacionales de divisas. Si bien el programa trajo aparejada cierta estabilidad, posibilidad de viajes al exterior, compras en cuotas y con tarjetas de crédito, esos frutos tuvieron como contrapartida la caída de los salarios reales, que recuperados del proceso inflacionario, iniciarían un descenso continuo. Los salarios estaban congelados pero los precios de los productos de la canasta familiar y las tarifas de los servicios y de los alquileres no. La disminución del índice de pobreza fue tan solo un reflejo de la disminución de la de inflación acompañada por un breve crecimiento del PBI y no una consecuencia redistributiva de la riqueza. El crecimiento de las exportaciones estuvo centrado en sectores de uso ‘rltensivo de los recursos naturales y la brecha salarial entre mano obra calificada y no calificada creció
En 1992, una bomba destruyó la Embajada de Israel y dos años más tarde, otro artefacto explosivo demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA). Entre los dos atentados murieron 116 personas y 550 resultaron heridas Tras años de investigaciones nada se ha esclarecido aún y los responsables siguen impunes.
En 1992 Argentina renunció a la inmunidad soberana y ratificó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York para los contratos vinculados a la deuda externa. Un año después, el Gobierno emitió 25,000 millones de dólares en bonos, que posibilitaron a los Bancos acreedores desembarazarse de los créditos incobrables Según Cavallo ésta era la forma de Solucionar el problema de la deuda externa. En 1993, Menem y Alfonsín firmaron el denominado Pacto de Olivos por el cual se aceptaba la reforma Constitucional que Se reflejaría en cambios políticos e institucionales cuyo punto más llamativo era la reelección presidencial En 1994, quedó 1mb-mt4gada la nueva Constitución que establecía el acortamiento del mandato presidencial a cuatro años! la reelección presidencial, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la creación del Consejo de la Magistratura, la elección de ‘os senadores y un nuevo capitulo, titulado Nuevos derechos y garantías
Como reacción al Pacto de Olivos, sectores de la Oposición entre los que se encontraban e dirigentes justicialistas como Ferrando Solanas , Chacho Alvarez, Juan Pablo Gallero, sectores de fa Democracia Cristiana de Carlos Auyero y Graciela Fernández Mehide y grupos socialistas liderados por Alfredo Bravo fundaron el Frente Grande.
EL 1 de enero de 1994, en virtud del acuerdo celebrado por Canadá, Estados Unidos y México entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Al mismo tiempo, se generaba en México una reacción encabezada por el subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ante las decisiones gubernamentales que, con el objeto de dar cumplimiento al NAFTA garantizaban los latifundios provocando la extinción de las propiedades comunales
El 15 de marzo de 1995, murió en un accidente de helicóptero el hijo del Presidente Carlos Facundo Menem Su madre, Zulema Yoma, sostuvo la teoría de un atentado proveniente del entorno de su marido.
En 995, Menem obtuvo la reelección con el 49,6% de los votos, seguido por la fórmula José Octavio Bordón-Carlos "Chacho" Alvarez, del Frente País Solidario (Frepaso) El PJ consigue 434 bancas en <a Cámara de Diputados y obtuvo así a primera mayoría absoluta desde 1951. En el discurso inaugural de su segundo mandato! Menem anuncié que trabajaría par a aniquilar la desocupación y en el conjunto del capítulo social.
La CGT, que durante el gobierno de Alfonsín llevó adelante 14 paros generales, sólo hizo oír su voz a partir de 1998, cuando lanzó dos huelgas generales. Ante la escasa o nula combatividad de la central obrera oficial, se conformaron organizaciones alternativas el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), la Central de Trabajadores Argentinos (CIA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
En enero de 1997, se encontró el cuerpo calcinado del periodista gráfico José Luis Cabezas! El crimen quedé pronto ligado a bandas delictivas integradas por electivos de la policía bonaerense y al empresario Alfredo Yabrán, a quien Cavallo había denunciado en 1996 como miembro de una mafia económica. En 1996 el juez José Luis Macchi pidió la capture del empresario, quien se suicidé en una de sus estancias en Entre Ríos.
Luego de las denuncias realizadas contra el empresario Alfredo Yabrán, Domingo Cavallo renuncié a su cargo el 27 de julio de 1996 y fue reemplazado por Roque Fernández quien dio continuidad a su política económica.
En 1997, la Alianza -conformada por radicales, frepasistas y pequeños partidos regionales se impuso con el 45,7% de los votos en las elecciones legislativas. El justicialismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez desde 1987. Una de las primeras medidas fue la derogación de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (4987), que no tuvieron carácter retroactivo, y por lo tanto, no afectaron a los militares que gozaban de impunidad gracias a ellas. Las investigaciones relacionadas con los secuestros de bebés durante la dictadura continuaron yen 4998, Jorge Rafael Videla fue arrestado, pero se le concedió la prisión domiciliaria por su avanzada edad.
En las elecciones presidenciales de 1999, el candidato de la Alianza, Fernando De la Rúa, triunfé con el 48,5% de los votos frente al candidato justicialista Eduardo Duhalde. El nuevo presidente designé ministro de Economía a José Luis Machinea, ex Gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante la dictadura militar Ante ¡a delicada situación económica, el Minis1ro dispuso un recorte salarial del 13% a los jubilados y empleo dos estatales que percibieran más de mil pesos.
En agosto de 2000, sobrevine la crisis a raíz de las graves acusaciones al Ejecutivo sobre sobornos en el Senado para aprobar la polémica Ley de Reforma Laboral, pactada con el FMI para conseguir su ayuda. La ley liquidaba los derechos del trabajador. Los principales denunciados fueron el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique y el jefe de ¡a SIDE, Fernando de Santibañes, un banquero miembro de la UCP y amigo personal del Presidente. Restándole importancia al asunto, De la Rúa nombré al primero de ellos como Secretario General de la Presidencia. En consecuencia, el vicepresidente Carlos Alvarez renuncié a su cargo. Se trataba de una ruptura de la Alianza. Las renuncias continuaron: Terragno, a la Jefatura de Gabinete, De Santibáñez a la SIDE, y Flamarique a la Secretaria General de la Presidencia.
En diciembre de 2000, el Gobierno obtuvo un crédito de 30.700 millones de dólares al que denominaron blindaje”. Pero la ineficiente gestión de Machinea abrió paso a un nuevo ministro, Ricardo López Murphy, a quien se le encargó un programa de austeridad que fue rechazado con una ola de protestas en todo el país. El Ministro debió renunciar El 20 de marzo, De la Rúa depositaba sus esperanzas en Domingo Cavallo Por entonces, el ex funcionario del gobierno de tacto y de Carlos Menem contaba con un 70% de imagen Positiva y había salido tercero en las elecciones de 1999, Nueve días después, era investido por el Congreso con poderes especiales que le permitirían gobernar por decreto, transformándose de ese modo en ‘superministro Cavallo diseñé un plan de competitividad que pretendía controlar la evasión de capitales, disminuir el gasto público y aumentarlos ingresos a fin de recuperar liquidez y reducir la necesidad de refinanciación de la deuda externa
La situación social se deterioraba. Las huelgas y los disturbios por los bajo salarios y las malas condiciones laborales se sucedían cotidianamente Los inversores desconfiaban de la paridad cambiaria y de la capacidad del Estado para pagar sus deudas. La bolsa de Buenos Aires registré bajas sucesivas y el riesgo país -índice de la confianza en la solvencia del país- alcan2ó los 1.300 puntos básicos, convirtiendo a la Argentina en la nación más proclive a suspender sus compromisos.
En las elecciones del 14 de octubre los justicialistas obtuvieron el dominio de las dos cámaras del Congreso. El desencanto do la sociedad se hizo sentir en lo que se denominé “voto bronca” (21,1%) yen el alto por000taie devotos en blanco (29,3%). En noviembre Cavallo presentó al FMI un nuevo plan de reformas, pero a) organismo no envió la ayuda acordada, La-crisis de confianza hizo que Los pequeños y medianos ahorristas se lanzaran a los bancos a retirar sus fondos. Los grandes ahorristas hacía tiempo habían puesto a salvo su dinero en el et tenor. La Ley de Convertibilidad se apoyaba en una base ficticia, porque el Banco Central contaba sólo con cerca de la tercera parte de las reservas liquidas en dólares para garantizar los 10.000 millones de pesos circulantes. E) sistema financiero estaba al borde del colapso. El 1 de diciembre, Cavallo decretó el estado de excepción monetario, que implicaba La inmovilizaron parcial de todos Los depósitos bancarios durante 90 días, topes de hasta 250 pesos o dólares por semana en las extracciones de efectivo y la imposición del uso de tarjetas de crédito y débito para la realización do pagos. Esta medida fue conocida como “el corralito. Como consecuencia, disminuyó el consumo y la actividad productiva, Los diversos actores sociales, partidos políticos y centrales sindicales dispusieron movilizaciones y paros so protesta por la situación. Se produjeron saqueos a comercios. El Gobierno respondió con la dimisión de Cavallo y la declaración del estado de sitio, Esta decisión fue repudiada, durante los días 20 y 21 de diciembre con cacerolazos de protesta y movilizaciones que la policía reprimió duramente El saldo fue de 27 muertos y decenas de heridos en todo el país, De la Rua invitó al justicialismo a participar de un gobierno de “concertación nacional”. Los justicialistas no aceptaron y el presidente luego de leer en cadena nacional su renuncio se escurría ríe la Casa Rosada en un helicóptero que lo llevó a la residencia de Olivos, Durante la última década, el poder de los grupos financieros y el modelo socioeconómico excluyente creados durante la última dictadura militar se 000solidaron Las nuevas relaciones de explotación y dominación que se gestaron en la dictadura militar alcanzaron su plena madurez con el mandato de Carlos Menem. La disparidad económica, social y política entre el gran capital y las pequeñas empresas, entre los ricos y los sectores populares, sólo puede compararse con las desigualdades de los años 40, es decir; el perfecto previo a la irrupción del peronismo en la Argentina, ex Gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante la dictadura militar Ante la delicada situación económica, el Ministro dispuso un recorte salarial del 3% a los jubilados y empleados estatales que percibieran más de mil pesos.
En agosto de 2000, sobrevino la crisis a raíz de las graves acusaciones al Ejecutivo sobre sobornos en el Senado para aprobar la polémica Ley de Reforma Laboral, pactada con el FMI para conseguir su ayuda, La ley liquidaba los derechos del trabajador. Los principales denunciados fueron el ministro de trabajo, Alberto Flamarique y eL jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, un banquero miembro de la ÜCR y amigo personal del Presidente. Restándole importancia al asunto, De la Rúa nombró al primero de ellos como Secretario General de la Presidencia, En consecuencia, el vicepresidente Carlos Alvarez renuncio a su cargo, Se trataba de una ruptura de la Alianza. Las renuncias continuaron: Terragno, a la Jefatura de Gabinete, De Santibáñez a la SIDE, y Flamanique, a la Secretaria General de la Presidencia, En diciembre de 2000, el Gobierno obtuvo un crédito de 30,700
millones de dólares al que denominaron “blindaje. Pero la ineficiente gestión de Machinea abrió paso a un nuevo ministro, Ricardo López Murphy, a quien se le encargó un programa de austeridad que fue rechazado con una ola de protestas en todo el país. El Ministro debió renunciar. El 20 de marzo, De la Rúa depositaba sus esperanzas en Domingo Cavallo. Por entonces, el ex funcionario del gobierno do tacto y de Carlos Menem contaba con un 70% de imagen positiva y había salido tercero en las elecciones de 4999, Nueve días después, era investido por el Congreso con poderes especiales que lo permitirían gobernar por decreto, transformándose de ese modo en super-ministro Cavallo diseñé un plan de competitividad que pretendía controlar la evasión de capitales, disminuir el gasto público y aumentar los ingresos a fin de recuperar liquidez y reducir la necesidad de refinanciación de la deuda externa, La situación social se deterioraba. Las huelgas y los disturbios por los bajo salarios y las malas condiciones laborales se sucedían cotidianamente. Los inversores desconfiaban de la paridad cambiarla y de la capacidad del Estado para pagar sus deudas, La bolsa de Buenos Aires registré balas sucesivas y el riesgo país -índice de la confianza en la solvencia del país- alcanzó los 1.300 puntos básicos convirtiendo a la Argentina en la nación más proclive a suspender sus compromisos. En las elecciones del 14 de octubre, los justicialistas obtuvieron el dominio de las dos cámaras del Congreso. El desencanto de la sociedad se hizo sentir en lo que se denominé Noto bronca” (21,1%) yen el alto porcentaje de votos en blanco (26,3%).
En noviembre, Cavallo presentó al FMI un nuevo plan de reformas, pero el organismo no envió la ayuda acordada. La crisis de confianza hizo que los pequeños y medianos ahorristas se lanzaran a los bancos a retirar sus tondos- Los grandes ‘ahorristas’ hacia tiempo hablan puesto a salvo su dinero en el exterior. La Ley de Convertibilidad se apoyaba en una base ficticia, porque el Banco Central contaba sólo con cerca de la tercera parle de las reservas liquidas en dólares para garantizar los 10.000 millones de pesos circulantes. El sistema financiero estaba al borde del colapso. El 1 de diciembre, Cavallo decreté el estado de excepción monetario, que implicaba la inmovilización parcial de todos los depósitos bancarios durante 90 días, topes de hasta 250 pesos o dólares por semana en las extracciones de efectivo y la imposición del uso de tarjetas de crédito y débito para la realización de pagos. Esta medida fue conocida como “el corralito. Como consecuencia, disminuyó el consumo y la actividad productiva.
Les diversos actores sociales, partidos políticos y centrales sindicales dispusieron movilizaciones y paros en protesta por la situación. Se produjeron saqueos a comercios. El Gobierne respondió con la dimisión de Cavallo y la declaración del estado de sitio. Esta decisión fue repudiada, durante los días 20 y 21 de diciembre, con cacerolazos de protesta y movilizaciones que la policía reprimió duramente. El saldo fue de 27 muertos y decenas de heridos en todo el país. De la Rúa invitó al justicialismo a participar de un gobierno de ‘concertación nacional. Los justicialistas no aceptaron y el presidente, luego de leer en cadena nacional su renuncia, se escurría de la Casa Rosada en un helicóptero que lo llevó a la residencia de Olivos.
Durante la última década, el poder de los grupos financieros y el modelo socioeconómico excluyente creado durante la última dictadura militar se consolidaron. Las nuevas relaciones de explotación y dominación que se gestaron en la dictadura militar alcanzaron su plena madurez con el mandato de Carlos Menem. La disparidad económica, social y política entre el gran capital y las pequeñas empresas, entre los ricos y los sectores populares, sólo puede compararse con las desigualdades de los años 40, es decir, el periodo previo a la irrupción del peronismo en la Argentina.
ASCENSO Y CAIDA DE LA ALIANZA
Introducción
El 2 de agosto de 1997 se creó la Alianza para la Producción, el Trabajo y la Educación, que reunía a la Unión Cívica Radical y al Frente para un País Solidario (FREPASO). Muy rápidamente recibió el apoyo de otros partidos de la oposición al gobierno de Carlos Menem
El radicalismo había sufrido una derrota importante en 1995, pero mantenía un caudal electoral significativo a nivel provincial y municipal, mientras que el Frente había obtenido casi un 30 % de los sufragios, aunque su peso en el interior del país era muy limitado.
Desde su creación la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación intentó elaborar un discurso que apuntaba a la superación de las falencias del modelo económico y social, sin poner en riesgo ninguno de los supuestos éxitos alcanzados. Este discurso tenía enormes ambigüedades, lo que permitía que los diferentes sectores que se oponían al menemismo encontraran en él respuestas a sus distintas propuestas e intereses.
Por otra parte, en el seno de la coalición existían diferentes posiciones en tenias tan importantes como la situación de las empresas privatizadas, el grado de apertura de la economía y los cambios en el plano judicial. La mayor parte de esas desavenencias quedaba relegada a un segundo plano, el objetivo fundamental era imponerse frente al menemismo.
La Alianza tenía un organismo que se encargaba de la elaboración de un programa, el Instituto Programático de la Alianza (IPA), en el que desempeñaba un papel relevante el ex presidente Raúl Alfonsín. Pero las líneas centrales del discurso de campaña eran definidas de hecho por Fernando De la Rúa y Carlos “Chacho” Alvarez, integrantes de la fórmula presidencial, que por lo general adoptaban posturas más moderadas que las elaboradas por el IPA.
En las propuestas de la Alianza predominaban las buenas intenciones, la voluntad de acabar con la corrupción y de ingresar a los sectores sociales postergados.
Políticas sociales y burocracia pública: intentos de cambios:
El gobierno de De la Rua intentó llevar adelante muchas de las reformas que en la administración Ménem habían quedado inconclusas. Desde los comienzos de su gobierno la Alianza propuso reformas que alivianaran las cargas que el sistema jubilatorio tenía para el Estado. Se reducía la Prestación Compensatoria para aquellos que ganaran más de 640 pesos (Clarín, 27 de diciembre de 1999). Asimismo, el diputado Eduardo Santín reveló que existía un proyecto para reducir las jubilaciones superiores a 3.100 pesos, según un mecanismo de deducciones, con el objetivo de obtener mayores fondos y mejorar los haberes mínimos (Clarín, 3 de enero de 2000). El entonces ministro de Economía José Luis Machinea planteó que estaba trabajando en la presentación de un proyecto para eliminar los regímenes previsionales especiales y aumentar la edad jubilatoria de las mujeres (Clarín, 6 de enero de 2000). Algunas de estas modificaciones, además, formaban parte de una negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Para mejorar la equidad del sistema, el 29 de diciembre de 2000 se dictó un Decreto por el que se reemplazaba la Prestación Básica Universal (igual para todos los beneficiarios) por una Prestación Suplementaria que sería decreciente hasta los que se jubilaran con 800 pesos.
En la elección presidencial de octubre de 1999, la Alianza ganó con el 40% de los votos. Pero las provincias más populosas tenían gobiernos peronistas y la bancada claramente mayoritaria en la Cámara de Senadores del PJ.
Por otra parte, para proteger a algunos sectores que no estaban cubiertos, se instituía el beneficio Universal de 100 pesos para mayores de 75 años, que no tuvieran ningún ingreso ni dispusieran de propiedades, salvo la que usaran como vivienda propia. Quienes accedieran a ese beneficio recibirían también la cobertura médica del PAMI. Además, se creaba la Prestación Proporcional para mujeres mayores de 70 años que tuvieran entre 10 y 29 años de aportes, se generaba un beneficio de 10 pesos por cada año aportado, con un piso de 150 pesos.
Finalmente, el gobierno podría flexibilizar el menú de inversiones de las AFJP, estableciendo además que ninguna de ellas podría cubrir más del 27,5 % del mercado y que los que serían derivados a la Administradora que cobrara la comisión más baja. Con esta medida se buscaba incrementar los niveles de competencia y evitar el fortalecimiento excesivo de alguna AFJP.
El gobierno intentó en primera instancia realizar estos cambios por le» Cuando la iniciativa se estancó
en el Parlamento por el rechazo de un sector importante del radicalismo, encabezado por Leopoldo Moreau, recurrió a un decreto de necesidad y urgencia. No obstante, toda esa situación generó un enorme desgaste en el interior de la Alianza y la necesidad de estrechar vínculos con miembros de Acción por la República (el partido de Domingo Cavallo) y con legisladores de partidos provinciales.
Además, la crisis económica llevó a que se forzara a las Administradoras a comprar bonos del Estado, se alteró por completo la lógica del menú de inversiones que se venía produciendo hasta ese momento.
Con relación a la reforma laboral, luego de una negociación con la CGT para que se mantuvieran las contribuciones obligatorias a las obras sociales, el presidente De la Rua logró generar consensos en torno a un proyecto enviado al Congreso, que fue aprobado en el Senado una vez que le aseguró a los representantes de los trabajadores que no habría recortes en los salarios durante los dos años posteriores a la sanción de la ley.
Esta iniciativa intentaba profundizar el proceso flexibilizador que se había iniciado en el gobierno menemista. Se proponía extender el período de prueba para los ocupados, se introducían modalidades promovidas de trabajo, se descentralizaba la negociación a niveles de fábrica y se disminuían los montos de las indemnizaciones para favorecer la contratación de nuevos operarios.
Sin embargo, rápidamente se acusé a varios senadores de haber recibido sobornos para la aprobación de la iniciativa, situación que produjo fuertes divisiones en la coalición gobernante y llevó a las renuncias del vicepresidente Alvarez y el Ministro de Trabajo Alberto Flamarique . La ley tardó mucho en reglamentarse y el gobierno tuvo enorme dificultades para implementarla, al tiempo que crecían las presiones para obtener su derogación.
Además, la sospecha de pago de sobornos para la sanción de la ley, refor¬zó en muchos sectores la creencia (le que seguían existiendo mecanismos corruptos para la formulación e implementación de políticas, lo cual era visto por la sociedad como una continuidad de las prácticas utilizadas por el menemismo.
Por otra parte, el gobierno trató de profundizar la reforma del sistema de obras sociales. Como no se podía procesar los cambios por la vía legislativa, el 1 de Junio de 2000 el vicepresidente Carlos Álvarez (en ejercicio del poder porque De la Rúa estaba en el exterior) firmó el decreto de necesidad y urgencia para desregular las obras sociales, de ese modo entró en conflicto con algunos dirigentes de su partido. Si bien esa era una medida solicitada por los organismos de crédito internacionales, la inexistencia de apoyos concretos dentro de la coalición gobernante y entre los distintos actores sociales que la habían impulsado, hizo que la implementación de la inicia¬tiva se volviera crecientemente dificultosa.
También en el área de la burocracia gubernamental se introdujeron modificaciones para mejorar las capacidades para la resolución de problemas y para controlar la corrupción. El programa Carta Compromiso con el Ciudadano fue creado a través del decreto 229/00 que establecía en sus considerando que uno de los objetivos del gobierno nacional era potenciar la transparencia y receptividad del Estado hacia los ciudadanos para optimizar el uso de los recursos humanos y materiales que estos financiaban a través de sus impuestos. En este sentido, el ámbito de aplicación del programa eran todas aquellas dependencias de la Administración Pública Nacional (APN) que prestaran de servicios a la ciudadanía. El decreto establecía el desarrollo de herramientas para simplificar y facilitar el seguimiento de los procedimientos administrativos. También instauraba la necesidad de contar con un sistema de información y seguimiento de la relación de los organismos con los usuarios que transparentara su desempeño y rindiera cuenta en forma periódica del nivel de prestación alcanzado a través de estándares de calidad de servicio.
El gobierno de De la Rúa continuó con la idea de mantener la práctica de asignar recursos y controlar la administración a través del mecanismo de acuerdos programa para la realización de determinadas actividades. Por ello, reglamentó estos acuerdos programa a través del decreto 103/01 que también aprobaba el nuevo Plan Nacional de Modernización del Estado.
El Plan de Modernización partía de la idea de que el problema del Estado no era su excesiva dimensión sino su forma inadecuada y buscaba mejorar su capacidad de gestión. Las reformas se basaban en tres puntos: cambio en el modelo de gestión, proyectos de modernización estructural y transparencia y política anticorrupción. El modelo de gestión por resultados y la carta compromiso con el ciudadano hacían referencia al primer pilar, esto es, el cambio en el modelo de gestión para reorientarlo hacia los resultados y los procesos de mejora continua. (Estevez y Lopreite, 2001).
La implementación de la Gestión por Resultados suponía transformar el presupuesto en una herramienta de gestión que permitiera medir los resultados alcanzados y adoptar la reingeniería de procesos para mejorar la gestión interna de los organismos. El modelo buscaba introducir la idea de responsabilizar a los gerentes por los resultados alcanzados por la organización e iba acompañado por la aplicación de incentivos monetarios para estos administradores por el cumplimiento de las metas. En este sentido, la ley 25.152 permitía a los organismos que se incorporaran a los acuerdos programa cierta flexibilidad en la asignación de los recursos (modificaciones presupuestarias) y en las estructuras organizativas. (Art. 5, inc. 3, 4 y 5).
Muchas de estas iniciativas no se pudieron aplicar a causa de la creciente inestabilidad que afectaba al Gobierno que permanentemente introducía cambios de funcionarios. También, los conflictos en el interior de la Alianza dificultaron la implementación de iniciativas en sectores claves de la burocracia estatal. En tal sentido, en áreas como las políticas sociales había una enorme fragmentación entre las diferentes secretarías. Existían más de noventa planes, con un muy bajo nivel de coordinación. Se producían continuas pujas dentro del gabinete por el control de los recursos.