A continuación quiero compartir con ustedes, para que todos podamos conocer mas NUESTRA HISTORIA, un libro que destaca (por malo y bueno) a Rivadavia y a Rosas.
Obra del Dr. José María Rosa - "Analisis Historico de la Dependencia Argentina" (1974).
Fuente II: http://www.pensamientonacional.com.ar/biblioteca_josemariarosa/Analisis/Analisis.htm
ES MI PRIMER POST! PIEDAD!
Comienza así.
LA COLONIA
Las primeras industrias elaborativas de América Latina tuvieron su origen en el siglo XVII Las extractivas – como la minería – se explotaron inmediatamente después del descubrimiento.
América alcanzó un alto grado de progreso industrial, a partir del siglo XVII, hasta la caída del imperio español a fines del siglo XVIII.
En esos años la América española llegó a bastarse a sí misma, alcanzó la autarquía . La causa de la autarquía fue el monopolio español, el cual si en mínima parte significó la dependencia comercial hacia España, produjo en cambio la autonomía de América, sobre todo industrialmente.
Es cierto que el monopolio español no tuvo como mira la formación de una industria americana autóctona; sino que fue creado por causas militares principalmente. En 1588 el poderío marítimo español se derrumbó con el desastre de la Invencible, quedando España en la paradójica situación de ser la potencia colonial mayor del mundo, mas careciendo de una escuadra con la cual defender sus colonias. Por eso estableció el régimen de galeones, que convenientemente custodiados partían de un puerto único – generalmente Santo Domingo – e iban hacía otro puerto único español – casi siempre Cádiz –. La razón de los galeones era defender el tráfico comercial entre las colonias y la metrópoli de los bucaneros ingleses y holandeses que infestaban los mares.
Esta reducción del comercio hispanoamericano a una flota anual de galeones, aminoró extraordinariamente la dependencia hacia España de la economía americana. América tuvo entonces que producir lo que España no podía enviarle.
A la dificultad de transporte se le unió otra causa. Desde mediados del siglo XVI, España atravesaba una fuerte crisis, debido al alto valor que alcanzaron las mercaderías. La causa de esta crisis fue la importación de oro americano, que produjo un desequilibrio en el valor adquisitivo del dinero, con la grave consecuencia de que mientras el oro se hallaba acaparado en pocas manos, la demanda de mercaderías era general.
Los economistas españoles del siglo XVII creyeron que esta suba se debía a la salida de productos españoles para América. De allí que se tratara de evitar su envío al Nuevo Mundo, limitándose la exportación española a lo estrictamente indispensable.
Por eso tuvo América que bastarse a sí misma. Y ello le significó poblarse de industrias para abastecer el mercado interno en casi su totalidad.
Sin embargo, no toda la América española quedó encerrada en la barrera del monopolio, surgiendo debido a esto a la vida industrial. Hubo parte de ella – el Río de la Plata –, que quedó virtualmente fuera de esta política. Debido a la escasa protección de las costas del Atlántico sur, el contrabando se ejerció impunemente en ellas.
Tan tolerado fue el contrabando, tanto se lo consideró un hecho real, que la Aduana no fue creada en Buenos Aires sino en Córdoba – la famosa Aduana seca de 1622 – para impedir que los productos introducidos por ingleses y holandeses en Buenos Aires compitieran con los industrializados del norte. Y para que el oro y los metales preciosos no emigraran hacia el extranjero por la boca falsa del Río de la Plata.
La libertad de comercio del Río de la Plata – no por virtual menos real – acabó con la única riqueza natural de Buenos Aires: sus ganados cimarrones que llenaban la pampa. Los cueros de este ganado – necesario como materia prima en los talleres europeos – eran canjeados por alcoholes y abalorios a los contrabandistas, al precio impuesto por éstos. Buenos Aires, entregando los cueros de su riqueza pecuaria, no podía tener – y no tuvo – industrias dignas de consideración. Y no sólo no hubo industrias, sino que los contrabandistas acabaron por extinguir el ganado cimarrón.
El Imperialismo y la colonia
Hasta mediados del siglo XVIII, los productos americanos podían competir con los fabricados en Inglaterra, ya que entre ambos no existía mayor diferencia de costo ni de calidad. A fines del siglo XVIII ocurre un cambio tan importante en el modo de hilar y tejer en Inglaterra que llevará a una revolución económica, social y política en el mundo entero. Se produce la aplicación de la máquina – a fuerza humana primero y a vapor enseguida – en la elaboración de mercaderías. Es la “revolución industrial” inglesa, de más trascendencia histórica que la contemporánea revolución francesa.
La gran fábrica reemplaza al modesto taller, y el gran capitalismo sustituye al pequeño capitalismo y a las viejas corporaciones. Comienza a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la era de la hegemonía británica.
La máquina, que permite producir más y a poco costo, en poco tiempo satura el mercado interno y necesita colocar en el exterior parte de su producción. Se hace necesario, imprescindible, encontrar mercados de consumo, y toda la política inglesa girará alrededor de esta cuestión, para ella absolutamente vital. Lo consigue gracias al liberalismo doctrinario que abre las puertas del continente a sus producciones baratas. Sin embargo, la Europa continental no tarda en reaccionar contra la avalancha de hilados y tejidos ingleses que obliga al cierre de sus talleres de mano. Así en 1804 empieza con Napoleón el “bloqueo continental” que cierra los puertos europeos a la entrada de mercaderías británicas. Las consecuencias del bloqueo no se hacen esperar: cierre de fábricas, despidos de obreros, hambre.
Como a partir de 1788 Inglaterra se ve obligada a reconocer como nación a los Estados Unidos, que comienzan su vida independiente con tarifas aduaneras protectoras de sus industrias incipientes, se le hace cuestión primordial la conquista política o económica de América Latina, el único lugar del mundo donde podía colocarse la producción inglesa. En 1805 la victoria naval de Trafalgar la hace dueña de los mares y permite esta expansión.
Es así que en 1806 y 1807 intenta la conquista política, en la cual fracasa; pero quedó la posibilidad de la conquista económica.
Desde 1807 ocupa el ministerio de guerra británico Roberto Enrique Stewart, vizconde de Castlereagh, y con él se produce un cambio en la política exterior inglesa. Contrario desde un principio a la expedición de Whitelocke, Castlereagh es partidario, con respecto a América Latina, de “aproximarse como mercaderes y no como enemigos”.
A partir de 1808, este cambio de política comienza a materializarse. El 2 de mayo España entra en guerra contra Napoleón, y por lo tanto, de enemiga que era de los ingleses, se transforma en su aliada. La Junta Central de Sevilla que dirige la insurrección española necesita el apoyo naval y militar inglés y envía a Londres a Juan Ruiz de Apodaca.
El 14 de enero de 1809, por el tratado Apodaca-Cánning se concierta la alianza militar anglo-española donde, en retribución de la ayuda bélica en la península, la Junta Central de Sevilla “dará facilidades al comercio inglés en América”.
A cambio de la independencia política de la metrópoli, la Junta entregaba la independencia económica de América.
Apertura del puerto de Buenos Aires
El 11 de febrero de 1809, Baltazar Hidalgo de Cisneros fue nombrado Virrey por la Junta Central de Sevilla. Es decir, poco tiempo después de la firma del tratado Apodaca-Cánning.
Poco después de la llegada de Cisneros a Buenos Aires (30 de julio de 1809) se llena este puerto de buques ingleses provenientes de Río de Janeiro, que enviaba el embajador inglés en el Brasil – el famoso Lord Strangford – “pues esa plaza estaba tan abastecida de toda clase de géneros, que algunos bastimentos no habían podido evacuar la menor parte de ellos; y se tuvo por positivo de que se habían abierto y franqueado, o iba a verificarse pronto al -comercio inglés los puertos españoles. ” La casa comercial inglesa Dillon y Thwaites, consignataria de uno de los navíos, pide al virrey que le permita “por esta vez” comerciar sus productos. Este es el origen del expediente que dio lugar a la apertura del puerto de Buenos Aires.
El virrey conocía los términos del tratado anglo-español, pero dicho tratado solo establecía la promesa de una “facilidad” que aún no se había traducido en su correspondiente ley. Por eso ordena que se forme expediente: oye al Cabildo, al Consulado, al representante de los comerciantes en Cádiz, y al de los hacendados – la famosa “representación de los Hacendados” de Mariano Moreno –, concluyendo por otorgar el permiso. Como virrey carecía de autoridad para no hacer cumplir la ley que prohibía la libre introducción de mercaderías extranjeras, pero no obró como virrey, sino como marino que era ante una situación extraordinaria. Hallándose documentada la opinión favorable de la mayoría, quedaba a cubierto con la responsabilidad de otros, su propósito de hacer cumplir el – aún ignorado oficialmente – acuerdo con Inglaterra.
En dicho expediente se encuentran tres escritos importantísimos. Son los de Yañiz, síndico del Consulado, y Agüero, apoderado de los comerciantes gaditanos: ambos favorables al antiguo sistema protector. Y el de Mariano Moreno – firmado por un José de la Rosa – abogando por el librecambio.
Agüero a su vez encuentra que la admisión del librecambio ha de producir la desunión del virreinato; incluso profetiza la segregación del Alto Perú. También examinó los posibles efectos del imperialismo económico inglés en la incipiente industria criolla. No sólo la industria local se vería precisada a cerrar por la mayor baratura de las manufacturas inglesas, sino que, una vez que esto sucediera podrían imponer el precio que quisieran, no solo a sus manufacturas sino incluso a nuestros propios productos.
A todos estos argumentos dictados con una lógica práctica, Moreno responde con una andanada de libros: Quesnay, los fisiócratas, Filangieri, Jovellanos, Adam Smith. Tan encerrado en sus teorías está, que llega a decir que la introducción de mercaderías inglesas, en lugar de significar un mal para los industriales criollos, ha de reportarles un gran bien, pues les permitiría imitar la producción británica.
En general, la Representación de los Hacendados, no tuvo mayor trascendencia en cuanto al acto en sí de la apertura del puerto de Buenos Aires.
Así, en 1809, seis meses antes de la Revolución de Mayo, el Río de la Plata pasaba a ser virtual colonia económica inglesa.
Política británica ante la Revolución de Mayo
La caída de la Junta de Sevilla arrastra la de su representante en Buenos Aires, el virrey Cisneros. Si bien la ya fuerte población inglesa del puerto (había en 1810, 124 comerciantes y factores ingleses con un capital estimado entre 750.000 y 1.000.000 de libras) no intervino en los sucesos de mayo, recibió alborozada el nuevo orden político, que sabrá derivar en mejores ventajas económicas.
Una doble política seguirá el gobierno inglés ante el hecho de la Revolución. Con mano visible ayuda a sus aliados españoles a recuperar el dominio, mientras con otra invisible apoye, a los insurrectos. Ejecuta aquélla el almirante Sydney Smith, jefe de la estación naval en Río de Janeiro, y cumple – secretamente – ésta su homónimo Lord Sydney Smythe vizconde de Strangford, embajador en la misma corte. En 1815, no obstante la reposición de Fernando VII en el trono de Madrid, la política inglesa sigue con su doble juego. Por un lado Castlereagh, que ocupa desde 1812 la Cancillería inglesa, vende armas a los rebeldes y facilita la llegada a sus filas de militares capacitados e instruidos; por el otro, se compromete con Fernando VII en el tratado del 5 de julio de 1814 a ayudarlo a reprimir la insurrección. De ambos saca provecho: obtiene de las nuevas repúblicas la ampliación del libre comercio, y logra del rey la promesa de hacer lo mismo si llegaba a recuperar América.
Mientras tanto, en el Río de la Plata, la Primera Junta adopta una política ambigua frente al libre comercio. Pese a que la causa del monopolio era la causa popular y la sostenida por las provincias, por una conveniencia política se mantuvo el régimen de 1809, ya que tampoco convenía enemistarse con Inglaterra.
Si los primeros gobiernos revolucionarios no abrogaron la Ordenanza de 1809; nada hicieron tampoco por ampliar la libertad pedida por el comercio inglés. La resolución del virrey solamente toleraba el comercio con extranjeros, sujetándolo a restricciones que la Primera Junta no creyó oportuno modificar.
La Junta Grande restringe las facilidades al comercio inglés prohibiendo la “introducción de efectos al interior del país, por extranjeros” . Las provincias querían alejar lo más posible los resultados perniciosos de la Ordenanza de 1809.
Vencida la Junta Grande, que era una representación nacional, por la conjuración bonaerense del 7 de noviembre de 1811, fueron entregados todos los poderes al Triunvirato porteño. Cúpole a éste y a la Asamblea del XIII el triste honor de abrir franca y totalmente las puertas a la invasión económica extranjera: nueve días después de su creación, el Triunvirato – subsistiendo todavía la Junta – permitió la entrada, libre de derechos, del carbón de piedra europeo, no obstante la industria santafesina de carbón de leña. En la misma política, el 24 de febrero de 1812 se declaraba libre la introducción de azogues, maderas y otros productos. Finalmente, el 11 de setiembre, derogábanse totalmente los derechos de “círculo”, que, según la Ordenanza de Cisneros, pagarían los comerciantes extranjeros, así como la consignación obligatoria a comerciantes nacionales.
Bernardino Rivadavia, secretario y verdadero impulsor del Triunvirato, fue el alma de esta política. Y así como el 11 de setiembre consolidaba el colonialismo económico con la derogación de los derechos de “círculo”, el 20 de octubre abandonaba a los españoles – por sugestión de Lord Strangford – la Banda Oriental y los pueblos entrerrianos de la margen derecha del Uruguay, provocando con esta actitud la lógica reacción de Artigas y del entrerriano Ramírez. También ese mismo año producíase, por la actitud del Triunvirato ante las reclamaciones del Dr. Francia, el aislamiento definitivo del Paraguay.
Finalmente la Asamblea del año XIII, provinciana en apariencia, pero elegida y controlada por la Logia porteña, dictaría el 19 de octubre de 1813 la resolución definitiva, dejando nuevamente sin efecto la consignación – establecida el 8 de marzo – que se encontraban obligados a efectuar los comerciantes extranjeros. Desde esa fecha, éstos quedaron admitidos en libre e igual competencia en todas las actividades comerciales. Igualdad que, en la práctica, significaba hegemonía para los de afuera.
Las medidas del Triunvirato, y sobre todo las de la Asamblea, provocaron la explicable reacción del comercio y la industria locales. En 1815 se reúnen en “Junta General” y publican un manifiesto donde critican severamente la política liberal de la Asamblea, y piden una serie de puntos: que los comerciantes extranjeros emplearan dependientes nativos, que se prohibiera la navegación de cabotaje a los buques extranjeros, la prohibición de introducir manufacturas que pudieran producirse en el país, etc.
Pero el gobierno tenía que desenvolverse entre el conflicto de los intereses económicos nacionales y las conveniencias diplomáticas internacionales. Y sacrificaba aquellos a éstas, cuando la necesidad urgía; de allí que a nada llegaran los industriales y comerciantes criollos. En la misma política, Venezuela rebajaba los derechos de importación para Estados Unidos e Inglaterra de 17 1/2% al 6 %, que significaba prácticamente entregar la industria local en pago de la ayuda foránea.
La independencia política se lograba al precio de la dependencia económica.
Al inclinarse hacía 1820 la guerra de la independencia hispanoamericana a favor de los insurrectos, Castlereagh pensó seriamente en reconocer el nuevo orden. Debería apresurarse antes de hacerlo Estados Unidos y Francia y sacar de América española los mejores frutos económicos y políticos. Y antes de madurar dos peligros en el nuevo mundo (que en el futuro podían llegar a uno solo): la unidad hispanoamericana sostenida por Bolívar y San Martín que acabaría con la disgregación localista trabajada desde Londres, y la explosión plebeya y nacionalista de las montoneras en el Plata, que amenazaba barrer del gobierno la complaciente clase “bien pensante” de firme mentalidad liberal.
Para no dejar solo al Reino Unido en esta política, Castlereagh quiso asociarse con Francia, que trabajaba desde 1817 en el establecimiento de monarquías de la Casa Borbón, común a Francia y España, en los nuevos estados americanos. Muy bien podían unirse los propósitos dinásticos y de extensión cultural de Francia con los intereses mercantiles ingleses. Sin embargo, esta política no prospera debido al suicidio de Castlereagh en 1822.
A mediados de 1823 se hace cargo del Foreign Office, Jorge Cánning. Este no era muy partidario de monarquías Borbón ni ejércitos franceses; más bien deseaba una serie de repúblicas aristocráticas de nativos, sostenidas contra rebeliones plebeyas por mercenarios pagados por el dinero inglés. En esta gestión lo ayuda Joseph Planta, antiguo subsecretario de Castlereagh y ahora jefe del negociado de Hispanoamérica en el Foreign Office. Con Planta desenvuelve la política de empréstitos (ya iniciada bajo Castlereagh) para atar con firmeza a las nuevas repúblicas – aún no reconocidas – al dominio de Londres; manda cónsules generales con abundantes partidas de gastos reservados a fin de manejar discretamente las cosas mientras vence la resistencia de Jorge IV y Wellington al reconocimiento de la independencia.
El primer cónsul general en Buenos Aires, por recomendación de Planta – de quien era pariente – fue Sir Woodbine Parish.
Rivadavia
La política británica de dominación, con sus fluctuaciones, fue constante en la Argentina hasta el gobierno de Rosas y volverá a ser retomada después de la caída de Rosas. Pero alcanza su cúspide en la época de Rivadavia, cuando éste llega a ser ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires y más tarde cuando es Presidente de la República, aunque en realidad gobierna nada más que en Buenos Aires.
La historia de la reforma rivadaviana es, así, la historia de la fracasada tentativa de imponer el coloniaje económico disfrazado de mejor conveniencia institucional. La civilización comercial británica, tras la apariencia de un liberalismo a la europea.
Rivadavia se olvida de la guerra de independencia, que aún no había terminado, desentendiéndose de San Martín que, falto de recursos, no podía seguir con su expedición al Perú; también cierra los ojos ante la ocupación portuguesa de la Banda Oriental o la segregación próxima del Alto Perú.
Mientras tanto, Buenos Aires pasaba por una época de prosperidad, traducida en construir escuelas, abrir avenidas, recortar ochavas, alumbrar faroles, empedrar calles y demás obras financiadas con los recursos nacionales, puestos al servicio del adelanto municipal de Buenos Aires.
Es durante la gestión de Rivadavia, cuando el imperialismo, que ha sido mercantil inglés, se transforma en un imperialismo financiero.
El Banco de Buenos Aires
Debido a la libre extracción de oro y plata de Buenos Aires, en 1821 se llegó a una situación angustiosa: faltaba moneda para las transacciones, con la consiguiente limitación del comercio, y el crédito llegaba al 5 y 6 % mensuales.
A principios de 1823, los ministros Rivadavia y García se reunieron en el edificio del Consulado con los principales comerciantes de Buenos Aires para encontrar una solución al problema.
Rivadavia propuso la fundación de una institución bancaria que “repatriase el oro” llevado a Inglaterra. García, más versado en la poca posibilidad de traer metal de Inglaterra, entendió que “los capitalistas aportarían su oro a las cajas”, antes escondido en sus gavetas al parecer, y así el metal saldría a la luz del sol y circularía nuevamente. Quedó decidida la fundación de un Banco. Como al liberalismo de García y Rivadavia, compartido con todos los presentes, repugnaba una institución fiscal, se resolvió que sería particular “con todo el apoyo del gobierno”.
La idea fue, naturalmente, bien acogida. El Banco emitiría billetes de papel para suplir la carencia de metálico, que circularían sin desconfianza pues serían canjeables a la vista en las ventanillas de la institución. El comercio se reactivaría, no habría más usura y retornaría el florecimiento de antes de la evasión del metálico. Se entendió que un encaje de metálico en el tesoro del banco igual a la sexta parte del papel emitido – como enseñaban los manuales de Economía Política al uso – era suficiente garantía para la circulación del papel.
El 15 de enero el gobierno presenta a la junta de comerciantes el proyecto de “Banco de Buenos Aires” preparado por el ministro García; el mismo día queda formada la comisión provisoria encabezada por William Carthwright e integrada, entre otros nombres criollos, por Joshua Thwaites, James Brittain y James Barton, comerciantes de exportación. Sus bases legales serían: 1) Capital de un millón de pesos, descompuesto en mil acciones de mil pesos; los accionistas pagarían el 20 % al suscribirlas, otro 20 % a los 60 días, y el resto cuando el banco lo dispusiese; 2) Monopolio bancario por veinte años prorrogables; 3) Emisión de billetes de banco a prestar mediante un interés al comercio. Los billetes serían canjeables en oro a la vista; 4) Aceptación de depósitos particulares al interés fijado por el Directorio; 5) Recibir los depósitos de Tesorería de la Provincia y actuar como agente financiero de ella; 6) Privilegios impositivos y judiciales. Sus acciones y transacciones no estarían sujetos a impuestos, y no correrían en sus ejecuciones los términos comunes.
Al discutirse en la Junta de Representantes (18, 19 y 20 de junio), el ministro García repite que el objeto del Banco era remediar la falta de metálico con una circulación garantizada de moneda de papel. Como algunos diputados observasen que la fuga del metal fue debida precisamente a quienes aparecían ahora como socios directores del Banco, García corrige que la carencia del metal no se debe a su exportación sino a encontrarse cerradas las comunicaciones con el Alto Perú, proveedor de metales, y, sobre todo, a la circunstancia de haber aumentado en la plaza los capitales en giro por la instalación de gran número de casas de comercio extranjeras.
El 16 de julio se constituye la sociedad “Directores y Accionistas del Banco de Buenos Aires”, y el 6 de agosto la institución – comúnmente llamada Banco de Descuentos – abre sus puertas, pese a que la mayor parte de los accionistas habían pagado la primera cuota de sus acciones en pagarés que levantarían después con papel al hacerse otorgar crédito; el restante 80 % seria abonado, también en pagarés. Solamente 289 acciones (menos de la cuarta parte) se pagaron en efectivo y fue el único capital metálico de la institución.
Resultó un negocio magnífico ser accionista del Banco. Como el descuento se fijó en el 9 % anual y el interés de las acciones osciló entre el 19 y 24 % por año, los inversores obtuvieron una ganancia neta del 10 o 15 % de un capital que en ningún momento arriesgaron. Con razón pudo decir Rivadavia en el mensaje de mayo de 1828: “La institución del Banco progresa más allá de toda esperanza: ofrece utilidades muy superiores a su edad”.
Los billetes del Banco reemplazaron a los metales en las transacciones de la plaza. Sirvieron para que los comerciantes al exterior pudieran llevarse el poco metálico de la plaza en una cantidad hasta entonces inusitada: en 1822 salieron 1.858.814 pesos oro en fragatas inglesas. Les bastaba cambiar en el Banco su papel por oro a la vista que se iba de Buenos Aires sin causar, por el momento, perjuicios apreciables.
El crédito en manos de los exportadores, es comprensible que favoreciera principalmente al comercio de exportación inglés. Esa preferencia no fue, con todo, lo más censurable; hubo cosas más graves: el crédito se empleó contra los intereses nacionales como lo denunciaría Nicolás Anchorena. “Cuando (en 1828) los patriotas de Montevideo prevaliéndose o aprovechando de la división que había entre las tropas portuguesas, obligaron al general Lecor a salir fuera de la plaza, esperando por ese medio recuperar su independencia, es decir, su adhesión a Buenos Aires: entonces una casa extranjera que no existe ya en Buenos Aires se comprometió con el general Lecor a darle una suma mensual en onzas de oro. ¿Y de dónde creerán ustedes, señores representantes y compatriotas de la barra, que se sacaba?... Del Banco de Descuentos: descontando letras allí, tomando billetes y después cambiando los billetes por onzas de oro. Los directores del Banco contribuían de este modo indirecto, a continuar nuestra esclavitud y la de nuestros hermanos. ¿Y qué contestaban?... Nosotros no tenemos nada que ver con la política; a nosotros nos traen letras con buenas firmas y no tenemos más que descontar”.
No resultaron los directores ingleses los peores. No le era tan fácil a Parish Robertson (verdadera alma de la institución) manejar al honorable míster Carthwright, presidente nominal, como a los anglófilos Lezica y Castro. Por eso se procuraba rellenar con nombres criollos los puestos del directorio, desde luego que vinculados al comercio de exportación británico.
Esos extranjeros fueron en un principio, comerciantes radicados en el país y ligados a los beneficios del puerto. Pero desde 1825 la mayoría de las acciones no están ya en manos de residentes: el 9 de enero de 1826, sobre un total de 885 acciones presentes en la asamblea, 484, más de la mitad, son de titulares con domicilio en el extranjero, representados por Mr. Amostrong; 185 tienen Robertson, Brittain, Fair, Robinson, etc., y 280 los criollos (Lezica, etc.). Esta emigración es denunciada por García en el Congreso Nacional; no con indignación patriótica ni para quitarle al Banco sus exorbitantes privilegios, ni siquiera para poner freno a la constante salida del oro que el Banco, lejos de impedir, parecía favorecer Lo hace para que los diputados obraran con discreción en las cosas del Banco y no se metieran a crearle dificultades pues “el país necesita de Inglaterra”. “La mayor parte de las acciones – dijo en la sesión del 25 de enero de 1826 – no pertenece ni a los extranjeros residentes aquí, ni a los naturales del país, sino a capitalistas muy distantes de este teatro”. Sus palabras ni extrañaron ni fueron replicadas. Es cierto que Dorrego no se había incorporado aún al Congreso.
En 1826, pese al 11 1/2 % repartido a los accionistas, el Banco estaba expuesto a cerrar sus puertas por la enorme masa de billetes en circulación sin respaldo metálico.
La angustia por la falta de metal en las transacciones corrientes se hizo sentir a mediados de 1825; el gobierno necesitó metálico para el Ejército de Observación acuartelado en Concepción del Uruguay ante la previsible guerra con Brasil, y el Banco no pudo dárselo. Era inútil que Las Heras pidiera a Baring la remisión en oro del escaso remanente del empréstito, pues los banqueros de Londres no pudieron, o no quisieron, mandarle más de 11.000 onzas. Como lo hicieron por intermedio del Banco, éste resolvió quedarse con el metal aduciendo que su existencia de oro disminuía y debía consolidarla.
En noviembre – vísperas de la declaración de guerra a Brasil – se ha retirado por particulares tanto oro que la institución está al borde de la bancarrota mientras el gobierno no tenía ni onzas de plata ni chirolas de cobre para pagar al ejército. El director Fragueiro sugiere un remedio heroico: “resellar los pesos fuertes (de plata) dándoles un aumento para impedir su exportación”; la idea hubiera detenido la exportación de plata, pero el directorio la rechaza: en cambio sugiere al gobierno el expediente de otro empréstito en Londres “en remesas de oro sellado” por 1.200.000 pesos. Para nada parecía servir la experiencia de Baring. El ministro García se limitó a decir que “estaba proyectando arbitrios para suplir la falta de metálico”; los arbitrios, se supo luego, eran llevar al Banco los fondos que quedaban del empréstito y autorizarle a emitir billetes en gran cantidad. De metálico, nada.
En enero de 1826 se llega al estado de falencia. La difícil estabilidad de la institución con tres millones de papel en circulación respaldados solamente por 250 mil en metálico, no iba a resistir el cimbronazo de la declaración de guerra a Brasil. El pánico se inicia el 9 de enero (al empezar el bloqueo) y no se tradujo en corridas de depositantes que sacan sus depósitos, sino de tenedores de billetes que iniciaron una carrera para extraer todo el oro posible. El directorio se ve obligado a pedir al gobierno el curso forzoso, es decir la inconvertibilidad de los billetes de papel. Así se hace el mismo día, cuando quedan en el tesoro apenas 14 mil onzas de oro (224.000 pesos) y 17 mil macuquinas de plata (17.000 pesos). Tal vez para no dar una sensación de desaliento, pese al curso forzoso, los accionistas se votan un eufónico dividendo de 11 1/2 % % en la asamblea semestral de febrero. Con su ejemplo daban fe que el Banco andaba viento en popa y eso del “curso forzoso” había sido un expediente inevitable en una guerra.
El 28 de enero de 1825, el general Las Heras, gobernador de Buenos Aires, había sido investido por la Ley Fundamental dictada Por el Congreso Nacional del Poder Ejecutivo Provisorio con facultades de preparar un ejército y un tesoro nacionales a fin de llevar a cabo la guerra con Brasil. Las Heras era un militar patriota y sus propósitos eran sanos, pero lo asesoraba un “perito” en economía como su ministro de Hacienda, Manuel José García y todo debía irse al traste. Las Heras quería crear con el remanente del empréstito una entidad fiscal nacional para sustituir al Banco inglés en el manejo financiero. Pero la mayoría del Congreso era incrédula sobre una acción del Estado. Una transacción se presenta el 5 de enero de 1826 a estudio del directorio del Banco: formar un banco mixto incorporando el dinero del empréstito como aporte fiscal. El capital de la nueva institución sería (en el primitivo proyecto) de tres millones de pesos: los dos del empréstito y un millón que se reconocería a la existencia del Banco de Buenos Aires, aunque su efectivo apenas pasaba de 260.000 pesos. No fue aceptada.
El 9 se declara el curso forzoso como hemos visto. Insiste cl gobierno en su proyecto, que favorecía a, los accionistas pues se daba a las acciones de una entidad en quiebra su valor escrito. Una asamblea extraordinaria de accionistas reunida el 21 de enero vuelve a rechazar la proposición. No obstante el Congreso vota el 28 la Ley de Banco Nacional que modificaba el primitivo proyecto, sin haberse aprobado todavía el traspaso. El 7 de febrero Rivadavia reemplaza a Las Heras en el Ejecutivo Nacional, y solamente entonces – 8 de febrero – los accionistas aceptan la integración del Banco, pero debiendo tomarse sus acciones al 140 % del valor escrito: por cada título de mil pesos de la vieja institución recibirían siete acciones de doscientos pesos de la nueva. Como el papel circulante del Banco antiguo alcanzaba a tres millones como hemos dicho, y su existencia en efectivo apenas a 250.000 pesos, quería decir en buen castellano, que el nuevo Banco compraba en 1.400.000 pesos una deuda de 2.175.000. ¡ Negocio redondísimo!
El Banco Nacional
La Ley del Banco Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata establecía un capital ilusorio de diez millones de pesos a cubrirse: a) Con “los tres millones del empréstito” (que en realidad eran poco más de dos y debieron suplirse con letras de tesorería y 20 mil pesos en metálico extraídos a la exhausta Tesorera Nacional); b) Con el millón del Banco de Descuentos (en realidad una deuda de dos millones setecientos cincuenta mil pesos); c) Con seis millones en acciones a suscribirse (se cubrirían sola-mente 600 mil pesos).
Todo era ilusorio: el capital real del nuevo Banco eran sola-mente los dos millones de papeles de comercio del empréstito, las 14 mil onzas y 85 mil macuquinas de la caja del Banco de Buenos Aires, y los 20 mil pesos plata y 900 mil en certificados de la Tesoreria de la Provincia. Con eso debería responder a una circulación de tres millones de billetes del extinguido Banco, e iniciarse en nuevas operaciones de crédito. Y además financiar la guerra con el Brasil.
Por supuesto debería recurrirse a nuevas emisiones. Aunque provisoriamente el gobierno prohíbe (por decreto del 18 de marzo, 1826) “poner en circulación billetes de cantidad mayor que la de los valores reales que posea”, como estos valores reales eran difíciles de establecer resultó letra muerta en la práctica.
Para un capital de cinco millones nominales podría suponerse que los tres de aporte fiscal pesarían decididamente. No era el pensamiento de los unitarios – Las Heras aparte –, partidarios de la libre empresa y enemigos del intervencionismo estatal. Una tramoya ideada tal vez por García (redactor de la ley) puso la dirección en exclusivas manos de los accionistas particulares. El artículo 17 estableció la representación en las asambleas: el tenedor de una acción tendría un voto; de dos hasta diez, un voto cada dos; de diez a treinta, un voto cada cuatro; de treinta a sesenta, un voto cada seis; de sesenta a cien, un voto cada ocho; de cien arriba, un voto cada diez. Existía el derecho de representación para todos menos para el Estado. Por lo tanto, las diez mil acciones de doscientos pesos cada una del “capital” particular de un millón podían presentarse fraccionadas en la asamblea para lograr 10.000 votos contra los 1.500 de las quince mil acciones que representaban los tres millones del Estado. Los particulares controlarían el 85 % de las asambleas: podían elegir los directores que les pluguiese y tomar las medidas que quisiesen. Para mayor seguridad todos los directores (que eran dieciséis) deberían ser accionistas particulares con no menos de veinte acciones; el Estado no podía estar representado; solamente tenía el derecho de “darles la venia”. Con razón Julián Segundo de Agüero (futuro ministro de Rivadavia) para quitar escrúpulos contra el Banco mixto a los partidarios de la libre empresa, pudo decir en el Congreso: “Aunque el Estado compre (acciones) no podrá ejercer perjuicio alguno a los accionistas.
Con los mismos privilegios del Banco de Descuentos (monopolio bancario por diez años, facultad de emisión, exenciones impositivas y judiciales), ahora extendidas a toda la nación, el Banco “nacional” inició sus operaciones el 11 de febrero de 1826.
Al abrir sus puertas tenía el pequeño encaje metálico que perteneció al Banco de Descuentos (14.000 onzas de oro y 87 mil macuquinas de plata), y los veinte mil de plata aportados por el gobierno. El curso forzoso (declarado el 8 del mes anterior), fue eufóricamente levantado, permitiéndose el cambio del papel circulante que era el emitido por el Banco anterior, en las ventanillas de la nueva entidad. Con una modificación en el tipo “para evitar la exportación”: el peso – tanto de plata como de papel – valdría la 18ª parte de una onza de oro en vez de la 17ª. Fue la primera desvalorización legal.
Pese a esa desvalorización y al bloqueo brasileño que impedía la exportación de oro, los tenedores de papel se aglomeraron en ventanillas. Algunos obtuvieron créditos del mismo Banco que inmediatamente cambiaron por oro. Levantar el curso forzoso en plena guerra – y en plena crisis – podría calificarse de desatino si no fuera un negocio para los que podían exportar el oro pese al bloqueo brasileño. Que eran solamente quienes podían valerse de la valija diplomática británica facilitada generosamente por Parish, no obstante las protestas del almirante bloqueador.
Naturalmente a los veinte días de reanudado el cambio libre del oro, se agotaron las existencias del Banco. El Directorio, para mantener el canje libre, dispuso comprar pastas y barras en las provincias y en Chile, entregando en pago las letras del empréstito. Algo se consiguió, pagándose la onza a 19 y 20 pesos, insuficiente para la crecida demanda de ventanillas donde se canjeaba a 18. Era la ruina a corto plazo, pero permitía a la presidencia de la república alabarse de “mantener el valor del peso” en plena guerra. ¡ Ni Inglaterra había mantenido la libre venta de oro en tiempos de guerra!
En abril se toca fondo, al parecer definitivamente: quedaban en el Tesoro solamente 820 onzas y cinco mil macuquinas. El 12 debe cerrarse la ventanilla “ínterin el Congreso delibera sobre las medidas para garantir el valor de los billetes”. No se la llamó curso forzoso, para no dar una sensación desagradable a quienes no habían retirado oro porque no lo podían exportar en la valija diplomática inglesa. La inconversión fue disimulada el 5 de mayo con una chistosa ley llamada de Lingotes (que valiera al joven ministro de Hacienda, Salvador María del Carril, el remoquete de “Doctor Lingotes”) permitiendo a los tenedores de papel cambiarlo no ya en simples monedas de oro y plata, sino – nada menos – en lingotes de ley y peso purísimos. Pero como deberían prepararse para “eliminar sus impurezas” y esta operación requería un tiempo, se “suspendía hasta el 25 de noviembre la conversión en oro”. Por supuesto nadie creyó en los lingotes, ni esperó al 25 de noviembre: en junio se paga en el mercado libre una onza a 22 1/2 pesos, en octubre a 46 %. Llega el 25 de noviembre y como no hay lingotes de oro ni plata, el curso forzoso debe declararse (7 de diciembre): el peso está a 50 3/4, había subido un 800 % en seis meses. Los soldados que en febrero del año siguiente triunfarían en Ituzaingó, recibirían su paga – con retraso que llegará al año – en “certificados de la deuda” que nadie quería recibir en Río Grande. Debieron pitarse filosóficamente el papel y seguir combatiendo por la patria que nada les daba.
El Banco inició sus operaciones con liberalidad: al instalarse en febrero de 1826 hubo créditos por 2.145.986 pesos, en abril por 8.599.266, no obstante la prohibición de emitir más papel que su existencia de efectivo en caja.
Como a causa del bloqueo brasileño se habían encarecido las mercaderías extranjeras, se presentó la oportunidad de dar impulso a la industria nativa. Los ingleses vieron con recelo esta posibilidad: “En algunas provincias – informa Parish a Cánning el 80-5-26 – han sido compradas grandes cantidades de mercaderías nativas para ser vendidas a altos precios en Buenos Aires”. Rivadavia “en vista de la situación” faculta al directorio en julio a restringir los créditos prestándose solamente a los accionistas. Los créditos se restringen: en agosto quedan reducidos a la mitad ( $ 1. 568.000). Los accionistas, solos beneficiados, sacan dinero pretextando las empresas más ilusorias: granjas en Santa Fe, compañías de construcciones, exportación de yerba mate a Liverpool, que dejan sospechar una finalidad de agiotaje.
El gobierno también saca dinero con facilidad: es comprensible que lo hiciera, pues se estaba en guerra con Brasil, pero sólo en mínima parte se empleó el dinero en la guerra internacional. No se modernizaron los armamentos, ni se renovó la escuadra y no pasó de medio millón la cantidad girada al ejército que, no obstante, no pudo pagar los sueldos atrasados de un año en junio de 1827. La mayor parte fue gastada en proyectos de obras públicas: el canal entre los Andes y Buenos Aires, alumbrado público en San Nicolás, ensanche de las calles de la capital, canal en San Fernando, instalación de una fuente de bronce en la plaza de la Victoria, jardín botánico, etc. , o fundaciones de prescindible urgencia como escuelas de niñas en la campaña, provisión de útiles y creación de nuevas cátedras en la Universidad, un museo de “geología y aves del país”, etc. Poco de eso pasó de proyecto, pero los pesos sacados del Banco no se devolvieron. En realidad iban al Ejército Presidencial que impondría al partido unitario en las provincias federales. Como los “adelantos” del Banco eran a interés compuesto, Rivadavia dejó en julio de 1826 la presidencia con una deuda sideral: más de diez millones de pesos, dos veces el capital nominal del Banco.
No obstante el saqueo al Banco, las asambleas de accionistas seguían votándose jugosos dividendos. El primer ejercicio distribuyó el 12 %. Claro que sólo se dio a los accionistas particulares, pues los beneficios correspondientes al gobierno eran descargados en su cuenta: “Sin esta ficción de pago no habrían podido cobrar los accionistas (particulares) las cuotas declaradas por una razón simple: la falta de fondos”.
Los liberales créditos facilitaron numerosas operaciones de agio. Era un negocio dejar un pagaré en la ventanilla de descuentos, recibir billetes de papel en la de pagos y cambiarlos por oro en la de conversiones. En primer lugar para los que podían exportar oro a Londres valiéndose de la valija diplomática del complaciente Cónsul General inglés. Y también para quienes estuvieran en el secreto de la inevitable inconversión, lo guardaran en su casa para revenderlo a los tres meses cuadruplicando su valor en pesos, levantaran el pagaré embolsándose la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta del metal. Fue el negocio por excelencia de los amigos del gobierno y del Banco. Y como el oro tendría que subir cada vez más, el negocio podría continuarse aun comprando el oro a mayor precio en el mercado libre, que siempre se revendría en ganancia. Todo estaba en la influencia para obtener crédito, que acabó – como hemos visto – otorgándose solamente a los accionistas. Y si alguna vez se producía una inesperada baja del metal – como ocurrió en febrero de 1827 por las también inesperadas victorias argentinas de Juncal e Ituzaingó – siempre quedaba el recurso de presentarse en convocatoria y obtener del Banco acreedor la carta de pago mediante quitas y esperas autorizadas por la ley.
La institución fue un instrumento dócil en manos de Ponsonby, como no podía menos de serlo. Por su intermedio la guerra con Brasil se concluyó como quería Inglaterra. En 1828 Dorrego (Encargado de las relaciones exteriores desde el año anterior) no encontró apoyo en el directorio para seguir la guerra y estuvo obligado a la paz. Ponsonby pudo escribir a Lord Dudley aquellas palabras famosas: “No vacilo en manifestar a Ud. que yo creo que Dorrego está ahora obrando sinceramente en favor de la paz... a ello está forzado.... por la negativa de proporcionársele recursos salvo para pagos mensuales de pequeñas sumas”.
Dorrego quería seguir la guerra con Brasil, pero Ponsonby es el dueño del Banco. Escribe a Dudley el 1-1-28: “... mi propósito es conseguir los medios de impugnar al coronel Dorrego si llega a la temeridad de insistir en la continuación de la guerra”. Pero Dorrego se afirma y tiene popularidad. El 9-3-28 Ponsonby escribe nuevamente a Dudley: “es necesario que yo proceda sin demora a obligar a Dorrego a hacer la paz con el emperador... no sea que esta república democrática en la cual por su esencia no puede haber cosas semejantes al honor, suponga que puede hallar medios de servir su avaricia y su ambición”. La avaricia y ambición consistían en proceder con sentido nacional. Y el 5-4-28 puede informar a Dudley que habría paz, como dijimos, pues Dorrego está forzado por la “negativa de facilitarle recursos, salvo para pagos mensuales de pequeñas sumas”. No obstante, preparó las cosas para voltear a Dorrego, aunque por tener que irse de Buenos Aires en agosto no podrá asistir a su caída y fusilamiento, logrados gracias a la ayuda del Banco que adelantó los sueldos del ejército de línea.
El Empréstito
En sus acuerdos con Chateaubriand entre 1818 y 1822, Castlereagh habría ofertado el dinero británico para consolidar, contra una reacción de los nativos, las monarquías borbónicas que el gobierno de Luis XVIII establecería en los nuevos estados de Hispanoamérica. Pero, al mismo tiempo, los agentes británicos diseminados en el Nuevo Mundo ofrecían dinero a las repúblicas “serias” recientemente creadas para terminar la guerra con España. Ese dinero se conseguiría por la colocación de empréstitos en Londres con un interés que atrajera inversionistas y, previas sólidas garantías, que gravasen sus aduanas y rentas fiscales, hipotecasen la tierra pública, o en casos extremos (como entre nosotros) prendasen “todo el territorio” a fin de asegurar los créditos.
A principios de 1822 los hábiles agentes de Mr. Planta en Méjico, Lima, Bogotá, Guatemala, Santiago de Chile y Buenos Aires habían conseguido que los seis estados votasen leyes de empréstitos curiosamente semejantes en sus montos – entre uno y dos millones de libras –, tipos de colocación – al 70 ó 75 % – y cuantía de interés – entre el 5 y 6 % – aunque diferirían en el objeto de sus inversiones.
En total los seis estados hispanoamericanos quedaron obligados entre 1822 y 1824 por 18 millones de libras esterlinas (exactamente L 18.542.000), debiendo cubrir anualmente intereses por un millón de libras a cuyo servicio hipotecaban los producidos de sus rentas y en algunos casos – Buenos Aires – su “tierra pública y territorio”.
Castlereagh no podía hacerse ilusiones sobre el pago regular de los intereses y amortizaciones de los préstamos. Bien debía saber, por los inteligentes informantes de Mr. Planta, la insolvencia presente o futura de los deudores. Pero el objeto de los empréstitos no era terminar la guerra con España (ni un penique se gastó en ello), ni levantar fortificaciones, ni construir obras públicas; menos aún que los ahorristas ingleses gozaran de una renta segura del 5 ó 6 % en sus inversiones. Poco le interesaban los ahorristas londinenses al tory Castlereagh, cuya clientela electoral se reclutaba exclusivamente en los propietarios de tierras. El objeto, como lo demostraría el tiempo, era solamente atar a los pequeños estados hispanoamericanos al dominio británico mediante un firme lazo. Si no pagaban – que no podían hacerlo –, mejor.
Entre 1822 y 1827, casi toda Hispano América se ha convertido en deudora morosa de Inglaterra por 85 millones de libras: 18 por empréstitos impagos y el resto por deudas con empresas exportadoras de sus riquezas naturales. “Resulta de este hecho – dice Chateaubriand – que en el momento de su emancipación las colonias españolas se volvieron una especie de colonias inglesas. ”
Por ley de la Junta de Representantes de Buenos Aires del 19 de agosto de 1822 se facultó al gobierno de la provincia a negociar “dentro o fuera del país” un empréstito de “tres a cuatro millones de pesos”, para nada menos que: a) construir un puerto en Buenos Aires, b) fundar tres ciudades sobre la costa que sirvieran de puertos al exterior, c) levantar algunos pueblos sobre la nueva frontera de indios, y d) proveer de aguas corrientes a la ciudad de Buenos Aires. Otra ley posterior – del 28 de noviembre del mismo año – especificaba que el empréstito “no podrá circular sino en los mercados extranjeros”, sería por cinco millones y la base mínima de su colocación sería el tipo de 70. En el proyecto originario se fijaba un 6 % de interés anual y 1/2 % de amortización, estableciéndose que habría en el presupuesto una partida anual de 825.000 pesos para atender los intereses y amortizaciones.
Se fijaron como “garantías” las mismas seguridades que a “los fondos y rentas públicas”: es decir, la hipoteca sobre la tierra pública de la provincia.
En Buenos Aires el agente negociador del empréstito fue John Parish Robertson, también agente del Foreign, y quien por la misma época gestionaba un empréstito parecido para el Perú (por 1.800.000 libras). El empréstito en primera instancia fue gestionado ante Nadan Rothschild, iniciador de los empréstitos extranjeros en Londres y, sin disputa, el primer banquero de la City. Pero sea por las exigencias de los hermanos Robertson, o porque Rothschild fuera demasiado celoso del buen nombre de su banco para mezclarlo con bonos de solvencia insegura, o por un atávico horror semita hacia todo lo relacionado con lo español, lo cierto es que su casa no contrataría ninguno de los empréstitos hispanoamericanos. En cambio Alexander Baring, lord Ashburton, jefe de la banca Baring Brothers de 8 Bishopgate en la City londinense, se mostró más tratable: no solamente aceptó lanzar el emprésito de Buenos Aires, sino que se mostró dispuesto a repartir amigablemente con los hermanos Robertson y sus asociados argentinos la diferencia entre las 700.000 libras a entregarse a Buenos Aires (si el gobierno fijaba como tipo normal el de 70 por cada bono de 100 establecido como Mínimo en la ley), y las 850.000 que produciría realmente su lanzamiento en Bolsa, pues la cotización de las obligaciones sudamericanas del 6 % estaba a 86.
Con la aceptación todavía informal de la Casa Baring, los hermanos Robertson (John en Inglaterra y William en Buenos Aires) se lanzan a captar el negocio. El 7 de diciembre William interesa a Rivadavia en la formación de un “consorcio” para la colocación del empréstito en Londres “al tipo de 70” (no ya el mínimo de 70). El “consorcio” estaría formado por: William Parish Roberton por sí y su hermano ausente John, Félix Castro, Braulio Costa, Miguel Riglos, y Juan Pablo Sáenz Valiente; la mayoría directores y todos accionistas del Banco de Descuentos. En las sesiones del 24 y 31 de diciembre, la Junta de Representantes aprueba la gestión.
El 16 de enero de 1824 el Ministro de Hacienda sustituye la autorización que le daba la ley a John Parish Robertson y Félix Castro, debiendo este último embarcarse de inmediato a Londres con los documentos y autorizaciones pertinentes. Nada se decía sobre si la entrega de las escuálidas 700.000 libras sería en oro como había sido el objeto de la ley de 1822.
El empréstito se colocaría al “tipo de 70”; la diferencia entre el tipo de 70 y la cotización real del empréstito sería repartida amigablemente entre banqueros y “consorcio”. Como la cotización se lanzó al tipo de 85, el empréstito se dividió de la siguiente manera:
Gobierno de Buenos Aires 700.000
Casa Baring 80.000
Consorcio 120.000
---------------------
850.000
Castro se encontró a su llegada a Londres con una operación realizada. Se limitó a asegurar la parte del “consorcio” en la diferencia entre la cantidad recaudada y la suma a girarse al gobierno de Buenos Aires (garantizando que el gobierno estaba de acuerdo) y a aventar los escrúpulos de Baring asegurándole un mínimo de 40.000 libras de ganancia por diferencia de tipo, además de su cuantiosa comisión bancaria.
Debería elevarse a escritura pública el contrato con Baring y así se hizo el 1º de julio. Se dispuso en el Bono general de esa fecha:
1) Los intereses (en total 60 mil libras anuales) serían pagados semestralmente con vencimiento el 12 de enero y 12 de julio de cada año; la Casa Baring quedaba encargada de hacerlo a nombre de Buenos Aires mediante una comisión del 1 %. La amortización (5 mil libras) anual se haría de la misma manera. El gobierno de Buenos Aires tendría esas sumas a disposición de Baring, por lo menos seis meses antes de los vencimientos.
2) El Estado de Buenos Aires “empeñaba todos sus efectos, bienes, rentas y tierras, hipotecándolas al pago exacto y fiel de la dicha suma de 1.000.000 de libras esterlinas y su interés.
El 26 de julio se completaba el Bono general estableciéndose la participación de los socios en la operación:
1) Baring retendría 200 mil títulos debiendo por ellos acreditar a Buenos Aires 140.000 libras (es decir los tomaba al tipo de 70) y disponiendo para sí del excedente de su venta.
2) 2) Baring, “por cuenta del consorcio”, y al 1 % de comisión, vendería en Bolsa – en realidad ya había vendido – las 800.000 libras restantes al precio de 85, acreditando a Buenos Aires solamente 70 y poniendo a la disposición del “consorcio” el remanente de 15 cada título de cien. Si el precio fuese mayor de 75 el “consorcio” reconocería a Baring una comisión adicional del 1/2 % por su cuenta.
3) En toda suma a entregarse en lo futuro por Buenos Aires, en concepto de intereses y amortizaciones, Baring cargaría un l % de comisión a cuenta del gobierno.
No paró allí el aprovechamiento. La Casa Baring, al terminar de lanzar el empréstito en abril, tenía en su caja, por lo menos, la respetable cantidad de 850.000 libras, si hubiera colocado los bonos a 85, y de 981.000 si hubiese aprovechado el mejor momento. De ella, 700.000 solamente serían acreditadas a Buenos Aires, 120.000 al “consorcio” (o más si su parte hubiera sido retenida hasta obtener mejor precio) y 80.000, por lo menos, a los banqueros. No obstante este pillaje, sobre los 700.000 dejados a Buenos Aires se lanzaron ávidos “consorcios” y banqueros para mejorar aún más sus ganancias. El primero fue Hullet, que a nombre de Rivadavia, que renunció a su ministerio y se embarcó para, Londres el 26 de junio, sacó el 20 de julio antes de llegar el ilustre viajero 6.000 libras esterlinas para gastos de su estadía en Londres por “su carácter diplomático”, aunque el viaje de Rivadavia era por asuntos personales y el puesto diplomático vendría después.
Robertson y Castro aceptan que se dé a Rivadavia esa parte de los fondos del gobierno, y aprovechan la ocasión para hacerse reconocer de paso, sobre los mismos, 7 mil libras de “comisión” y 8 mil de “gastos” no obstante no permitirles sus instrucciones se cargasen comisiones a cuenta del gobierno. Baring también acepta dar libras a ellos y al agente de Rivadavia, pero obtiene se le permitiera cargar 131.300 libras por “cuatro servicios adelantados de intereses y amortizaciones”, más una comisión del l % sobre los mismos (120.000 de intereses, 10 mil de amortizaciones y 1.800 de comisión).
Con esas “extracciones” el empréstito del millón de libras había quedado reducido a 552.700 netas antes de finalizar el mes de julio. Era comprensible se mandase de inmediato a Buenos Aires y en oro, aunque nada decían sobre esto último las instrucciones. Pero desde el 2 de julio, el día siguiente de firmarse el Bono General, Baring informaba a Buenos Aires no convenir “por prudencia” mandar oro a tanta distancia, y proponía que el remanente – salvo 60.000 libras (exactamente 64.041.1; £ 62 mil en letras y lo restante en doblones de oro); que creyó prudente remitir a Buenos Aires para que por lo menos le tomasen el olor – quedase depositado en su Banco londinense abonándose al gobierno porteño “un interés del 4 % anual, que es todo lo que podemos dar”.
Las Heras, gobernador de Buenos Aires desde mayo, insiste en que se le mandase el remanente y en oro. No le parecía buen negocio pagar 60.000 libras anuales de interés para sacar un promedio de 15.000 dejándolo en Londres. Necesitaba oro, no solamente por las angustias del comercio porteño, sino en previsión de la inminente guerra con Brasil. Ante la insistencia de Las Heras, Baring adquiere once mil onzas selladas (exactamente 10.991) y las manda a Buenos Aires en dos remesas; importaban 57.400 libras sin contar el uno y medio por seguro y flete cargados al gobierno. Más metálico no pudo o no quiso mandar, no obstante las súplicas angustiosas de Las Heras que carecía de moneda sonante para pagar el ejército nacional acampado en Concepción.
El resto (alrededor de 450 mil libras) llegaría espaciado a Buenos Aires a lo largo de 1826 en paquetes de letras de cambio firmadas en su mayor parte por comerciantes de Buenos Aires para pagos en Inglaterra. Nos volvía de Londres, prestado a alto interés, nuestro propio crédito. ¿Qué se hicieron esos papeles? Con ellos no se construyó el muelle, ni se fundó un pueblo en la costa ni en la frontera, ni se instaló una cañería de agua corriente. Tampoco se empleó en los preparativos de la guerra con Brasil. Ni siquiera las 11 mil onzas de oro que Baring había enviado a consignación del Banco de Descuentos y este, con la aprobación del ministro García, reservó para sus necesidades.
En primer lugar debieron reembolsarse al “consorcio” los 250.000 pesos adelantados, más su considerable interés. El remanente (poco más de dos millones de pesos) junto con otro millón de letras de Tesorería se dispuso que fueran provisoriamente administrados por una Junta para “entretenerlos productivamente” prestándolos – pese al monopolio crediticio del Banco de Descuentos – al comercio de la plaza. Y precisamente a los integrantes del “consorcio”; los más favorecidos fueron Braulio Costa y John Robertson que recibieron juntos, 878.750 pesos; William Robertson 262.840, y Miguel Riglos, 100 mil pesos. En total la Junta Administradora prestó 2.0 14.284 pesos hasta el 24 de abril de 1825 en que traspasó su cartera al recientemente creado Banco Nacional. Allí los descuentos no se cancelaban por regla y renovándose a medida que la cotización del peso bajaba, o se finiquitaban por el sistema de “quitas” en vigencia, y las “ganancias” se distribuían en beneficios del 14 y 15 % a los accionistas particulares (el Estado no cobraba dividendos por sus acciones), votados en asambleas que, a decir de Rosas en 1836 al incautarse del Banco “eran verdaderas fiestas en que hacía el gasto los millones de pesos del empréstito de Londres”.
Como Baring previsoramente había retenido cuatro servicios de intereses y amortizaciones, los vencimientos por intereses y amortizaciones solamente empezarían el 12 de enero de 1827. Seis meses antes de esa fecha, según los términos del contrato, deberían girarse 30.300 libras (30 mil de intereses y 300 de comisión) que en julio de 1826 en Buenos Aires no había materialmente de donde sacarlos por la desastrosa situación financiera de la presidencia con una guerra internacional y otra civil, y bloqueado el puerto por los brasileños. No obstante, Rivadavia “no quiso aceptar que por culpa de la aflígete situación económica llegase a sufrir menoscabo el prestigio de la república”. Quiso pagar la deuda y en oro sonante, porque otra cosa desmerecería el prestigio de la república. Lo malo es que las onzas, que antes de la guerra estaban a 17, ahora habían subido y si el gobierno se lanzaba a comprar subirían aún más. Eso llenaba de angustia a Baring que menudeaba sus cartas a Rivadavia, mientras los títulos del empréstito bajaban en la bolsa de Londres de 90 a 58 1/4. Pero Rivadavia pagó y en oro de buena ley. No cobraron el ejército, ni la escuadra ni los acreedores del Estado, pero sí los acreedores ingleses. El gobierno compró oro en Buenos Aires (debió adquirir onzas a 60, porque cometió el error de anunciar que lo compraría) y lo remitió a Londres: fue un esfuerzo inaudito que volvería a repetir el próximo semestre, en el que además del 8 % de intereses semestrales debía pagar el 1/2