Democracia y terror: De 1983 a la fecha (errores y aciertos)

Es turno de recordar el rol que tuvieron los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura. Sus encubrimientos, sus aciertos y sus actitudes en cuanto al genocidio. Gobierno de Raúl Alfonsín Los primeros pasos del gobierno de Alfonsín fueron indudablemente positivos. A los pocos días de asumir saca dos decretos, uno para enjuiciar a los líderes guerrilleros, y otro para enjuiciar a los integrantes de las tres primeras juntas militares. Creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y anuló la auto-amnistía del último gobierno militar. El máximo corolario fue el informe Nunca Más presentado en 1984 y el Juicio a las Juntas, un año después. No obstante, en todos estos años primó desde los ámbitos oficiales una visión muy cercana a la teoría de los dos demonios. Si bien, en aquel momento, la condena a líderes guerrilleros era correcta, a lo largo de este período desde los ámbitos oficiales se sostuvo que lo que ocurrió en el país fue una lucha entre el terrorismo subversivo y el estatal. El descontento de las Fuerzas Armadas llevó a que Alfonsín comience a borrar con el codo lo que escribía con la mano. Y así en 1986 sale la Ley 23.492 de Punto Final, que estableció la caducidad de la acción penal (prescripción) contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura que no hubieran sido llamados a declarar en un plazo de 60 días más a los ya 2 años que habían pasado; desde el 10 de diciembre de 1983. Un año después, y tras el primer alzamiento carapintada, Alfonsín cedió nuevamente ante las presiones militares, y dictaminó la Ley 23.521 de Obediencia Debida, que estableción la presunción respecto a los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante el Terrorismo de Estado y el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Bajo esta ley, no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida" (concepto militar según el cual los suboficiales se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores). Esta ley, sin embargo, había sido anunciada con anterioridad a los levantamientos carapintadas; en marzo de 1987 por el propio Alfonsín en un discurso público en la localidad de Las Perdices y estaba enmarcado en la promesa electoral de la campaña de 1983 de los "3 niveles de responsabilidad. Gracias a esta norma fueron beneficiados, entre otros, Alfredo Astiz y Domingo Antonio Bussi. Más allá del valor "preservador de la democracia" que estas leyes pudieron haber tenido, el hecho de haber buscado alivianar o relativizar los crímenes de lesa humanidad del Proceso las convierte en anti-constitucionales. Fueron dos leyes nefastas por donde se las mire. De todas maneras, debe hacerse la salvedad que la apropiación de menores, por ser un delito continuado, quedó afuera del alcance de estas leyes. Con respecto a la relación del gobierno con las cúpulas militares, éstas se vieron cambiantes debido al clima inestable que operaba en la época. El primer jefe del Ejército fue Jorge Hugo Arguindegui, declarado defensor del Proceso y de los represores, que renuncia un año después y es sucedido por Ricardo Gustavo Pianta, otro procesista confeso que pidió la amnistía y alertaba sobre los peligros del "terrorismo". Le sucede en 1985 Héctor Ríos Ereñu, procesado recientemente por la desaparición de un militante de la JP de Salta en 1976. Tras las primeras sublevaciones, renuncia y asume José Segundo Dante Caridi, integrante del tristemente célebre Batallón 601 y posteriormente jefe de la Escuela de Artillería, bajo cuyo mandato tuvo lugar el asesinato del conscripto Mario Daniel Palacio. Éste renuncia en 1988 tras el tercer alzamiento carapintada, y asume en su lugar Francisco Eduardo Gassino, que permanece hasta el final del gobierno radical. En los últimos meses de la gestión de Alfonsín tuvo lugar el copamiento del cuartel de La Tablada. El Estado argentino (incluyendo a las FFAA, FFSS y al propio Gobierno) fueron responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la recuperación. Sobre las políticas económicas, Alfonsín pasó de un enfrentamiento al FMI a ceder a sus presiones. El mayor símbolo de eso fue el Plan Austral, negociado con el Fondo, y con efectos devastadores en nuestra economía. También se avanzó en algunas privatizaciones, hubo intentos de reforma del Estado y se convalidó la estatización de la deuda externa privada que se había iniciado durante el Proceso. Gobierno de Carlos Menem A los pocos meses de asumir, en octubre de 1989, Menem decreta los primeros indultos, dejando en libertad a 220 militares y 70 civiles. Entre los beneficiados estuvieron Galtieri, Anaya y Lami Dozo, y los responsables de los alzamientos carapintadas. Un año más tarde, nuevos indultos por decreto dejan en libertad, entre otros, a Videla, Massera, Agosti, Viola, Lambruschini, Camps, Menéndez, Suárez Mason y Martínez de Hoz. Estos indultos, hechos en teoría para "reconciliar al país", fueron totalmente anti-constitucionales e ilegales. Y contribuyendo con la teoría de los dos demonios que comenzó a legitimarse desde los '80, los indultos también alcanzaron a líderes guerrilleros. De esta manera se pretendía mostrar una equivalencia entre ambos. Menem también se opuso a los pedidos del juez Baltasar Garzón para juzgar por genocidio a los represores del Proceso. La "reconciliación" de Menem fue tal que llegó incluso a abrazarse con el Almirante Isaac Rojas, responsable del golpe de Estado de 1955 y de los bombardeos en Plaza de Mayo. Con respecto a las Fuerzas Armadas, afrontó durante su presidencia el último intento carapintada en 1990, dirigido por Seineldín (figura que siempre fue crítica hacia su gobierno, por eso, a diferencia de los otros líderes, nunca fue indultado). La figura más preponderante de su Gobierno fue Martín Balza, jefe del Ejército de 1991 a 1999, famoso por hacer una autocrítica por las acciones en la última dictadura, pero también procesado por el escándalo de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, escándalo que involucró a decenas de políticos y militares, y que se saldó con la sospechosa explosión de la fábrica de armas de Río Tercero. Bajo la gesión menemista las Fuerzas Armadas aumentaron su colaboración con el imperialismo. Así la Argentina participó activamente en la Guerra del Golfo dirigida por George H. W. Bush, y partició también, de forma activa, en la misión de la OTAN en Yugoslavia dirigda por Bill Clinton. Un aspecto positivo del gobierno de Menem fue la eliminación del servicio militar obligatorio en 1994 tras el asesinato del conscripto Omar Carrasco. En cuanto a lo económico, el gobierno menemista fue el autor de las privatizaciones más salvajes y del aumento considerable de la deuda externa, siguiendo con los preceptos del FMI. Un aspecto de continuidad fue el hecho de haber tenido como Ministro de Economía a Domingo Felipe Cavallo, presidente del BCRA durante la dictadura. Gobiernos en el período 1999-2003 En estos años en donde hubo una gran cantidad de presidentes y una gran estabilidad social, política y económica, la continuidad con el saqueo continuó. No hubo cambios con respecto a las políticas de impunidad. Las Fuerzas Armadas ya no tenían poder real en la política, pero continuaban siendo espacios donde se reivindicaba abiertamente al terrorismo estatal. El Jefe del Ejército en todo este período fue Ricardo Brinzoni, participante en la Masacre de Margarita Belén. Fue quien intentó desacelerar los juicios contra militares procesistas y quien enterró con honores militares a Galtieri. En este período, la teoría de los dos demonios siguió imperando. Muestra de ello es que se haya favorecido mediante el mismo indulto a Seineldín y Gorriarán Merlo, equiparando entonces los alzamientos carapintadas con un ataque guerrillero. En cunato a lo económico, el FMI fue quien dictó, antes, durante, y después de las crisis, las políticas económicas. Las privatizaciones y la deuda ilegítima fueron convalidadas y continuadas. Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2012) El gobierno K establece un cambio de paradigma. Ya no se sostiene desde los ámbitos estatales la impunidad ni la "reconciliación". Entre los actos del gobierno de Néstor Kirchner figuran la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y el retiro de Brinzoni y de otros militares procesistas de las cúpulas de las FFAA. También hubo lugar para actos simbólicos de suma importancia, como el retiro de los retratos de Videla y Bignone del Colegio Militar, los pedidos de disculpas en nombre del Estado a los organismos de DDHH por la impunidad de las últimas décadas, la declaración de la ESMA como museo y el establecimiento del 24 de marzo como feríado. Por último, los gobiernos kirchneristas han impulsado los juicios contra los represores, y en este marco tuvo una importante presencia la renovada Corte Suprema de Justicia, que entre otros hitos anuló muchos indultos y avanzó notablemente en la definición para los delitos de lesa humanidad. Otros hitos de la justicia fueron la declaracion de los crímenes de la Triple A como imprescriptibles y las causas por genocidio contra Etchecolatz y Von Wernich. El gobierno de Cristina, además de continuar con estas posturas, también impulsó leyes para contrarrestar leyes procesistas, tal es el caso de la Ley de Medios o el Estatuto del Peón. También impulsó causas como la de Papel Prensa y la desclasificación total del Informe Rattenbach. Por todos estas cosas, organismos como las Madres o las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron a ver al Gobierno K como un aliado, cosa sin duda comprensible. No obstante, aún hay cosas por resolver. Si bien hubo una gran limpieza dentro de las FFAA, no se puede decir que haya sido completa. Los anteriores jefes del Ejército y la Armada, Bendini y Godoy respectivamente, fueron señalados como partícipes o cómplices en las violaciones a los derechos humanos. Hoy ya no están en esos puestos, pero por motivos ajenos a estos. Se los acusa de corrupción y malversación de fondos. De esta forma las FFAA, lejos de haber sido reformadas, siguen siendo el nido de corrupción que comenzaron a ser en los 90, con una gran presencia de ideas procesistas. Debe recordarse, por último, que tropas argentinas continúan participando en misiones de paz imperialistas como la de Haití y en ejercicios conjuntos con tropas estadounidenses. El oficialismo, desde el Senado, permitió el ascenso del General César Milani, participante en los alzamientos carapintadas. Otra persona relacionada con estos alzamientos es Sergio Berni, actual Viceministro de Seguridad. Hubo en estos últimos años casos muy turbios que nunca fueron esclarecidos. Hubo aprietes y amenazas contra testigos en las causas, siendo los casos más emblemáticos la desaparición de Jorge Julio López y el asesinato de Silvia Suppo. Tuvo también lugar el asesinato en prisión del prefecto Héctor Febrés. Muchos archivos secretos de la dictadura continúan sin darse a conocer. En cuanto a la continuidad del desguace económico, si bien se diero algunos pasos para revertir las privatizaciones, han sido insuficientes, y durante todos estos años el saqueo de nuestros recursos y la concentración económica han continuado. Sigue sin derogarse la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz y sigue sin investigarse el origen ilegítimo de la deuda externa. El hecho de haberse "desprendido" del FMI no implica que la Argentina ya no esté sometida a los designios de la especulación y la usura internacional. Prueba de ello es la reciente sanción de la ley anti-terrorista, impulsada por el GAFI. Y esto sin mencionar como, aunque se luche por los Derechos Humanos del ayer, no pasa lo mismo con los de hoy. Por eso siguen habiendo militantes procesados o detenidos, sigue teniendo lugar la represión policial o paraestatal contra manifestantes como se ha visto en los casos de Mariano Ferreyra o la comunidad qom en Formosa, sigue el gatillo fácil, siguen las torturas y las cárceles en pésimo estado, continúa la militarización de la seguridad mediante el envío de gendarmes y prefectos, continúan sucediendo casos de desapariciones como la de Luciano Arruga o las mujeres secuestradas por las redes de trata, y tantos otros casos que evidencian que, en el presente, los Derechos Humanos son sólo para algunos. Pero más allá del Gobierno de turno, hay algo que queda claro. Sólo la militancia y la movilización popular es quien finalmente logra llevar a los responsables del terrorismo ante la Justicia. Prueba de ello fueron las recientes movilizaciones en Lomas de Zamora que lograron destituir del Consejo Escolar a Raúl Magallanes, quien durante la dictadura fue policía de Camps y Etchecolatz. Sea quien sea que gobierne, sólo la lucha popular es la encargada de llevar la Justicia y de combatir a la impunidad.