Crisis de Representación Política

Les dejo una monografía que hice para Sociología hace un tiempo.
Un poco largo, pero está bueno.
Al final, la bibliografía.
Que lo disfruten!



I- INTRODUCCIÓN

“Que se vayan todos”. “Los políticos son todos ladrones”. “Yo lo voté a éste para que no gane aquél”. “Yo no lo voté”. “Hay que dejar de robar por dos años”.
Estas frases son indicio del quiebre de la relación entre la dirigencia política y las personas a las cuales ésta representa, quiebre cuyos orígenes no deben buscarse en un hecho aislado, sino que es el fruto de un proceso que lleva varios años.
La crisis de representación política es un fenómeno característico no sólo de las sociedades industrializadas, sino igualmente de las sociedades “en vías de desarrollo”, dentro de las cuales suele incluirse a la Argentina. Entre las causas que se podrían aducir para explicarla, una de las más importantes es, sin dudas, la crisis económica, mas también existen otros no menos importantes, como la falta de medios en los cuales pueda expresarse la voluntad del individuo en relación con los problemas de la comunidad, ya que los partidos políticos han dejado de poseer el otrora alto “status” que los caracterizaba, debido a la gran corrupción entre sus miembros y el ansia de mantenerse en el poder a toda costa, que en el desarrollo de las últimas décadas han llevado al descrédito a la política.
Pero además, hay que nombrar una causa que es aún mayor que las anteriores, y las engloba: es el cambio de mentalidad del individuo que se ha producido en los últimos años del siglo pasado, que se caracteriza por la inmediatez, el “ahora”, la exigencia de resultados rápidos, lo cual incide en la política al no poder ésta responder en igual forma, con la consiguiente pérdida de confianza.
Estos temas son los que se desarrollarán en el presente trabajo, junto con una conclusión en la que se expondrán algunos puntos de vista, tratando de buscar caminos a seguir para solucionar esta crisis en la que se halla sumergida nuestra sociedad.






II- ECONOMÍA Y PARTIDOS POLÍTICOS

Las sucesivas crisis económicas a las que se ha visto sometido nuestro país han sido desde siempre caldo de cultivo de elucubraciones y críticas acerca de la continuidad o no del gobierno al que le ha tocado tal crisis.
Además, durante el transcurso del siglo XX, en varios casos la crisis económica fue motivo –real o no- para la toma del poder por parte de gobiernos militares, con la consiguiente suspensión de los derechos humanos fundamentales y de las garantías tanto respecto de la libertad y dignidad humana, como de la mera supervivencia física, lo cual es una muestra clara y dramática de la crisis legitimatoria.
Estas sucesivas crisis económicas, tanto a nivel internacional como a nivel local, potencian, junto con la dependencia de las sociedades no desarrolladas de los países industrializados, la inestabilidad sistémica y funcional interna de la sociedad, la cual ha tenido y sigue teniendo una injerencia fundamental en el proceso de desarticulación del sistema democrático y en los esfuerzos que se realizan para su restablecimiento y consolidación.
Por otra parte, los partidos políticos, que en otra época fueron un punto intermedio entre los particulares y el Estado, un medio a través del cual se expresaban los distintos sectores de la sociedad en un ámbito de discusión y consenso, no son ya otra cosa, al decir de Touraine, que “empresas políticas puestas al servicio de un candidato más que de un programa o de los intereses sociales de sus mandantes” (Alain Touraine, “¿Podremos vivir juntos?”, FCE, 1998, págs. 244-5), que movilizan recursos, legales o ilegales, para producir elegidos que pueden ser “comprados” por los electores cuando éstos los consideran como defensores de sus intereses particulares. Los partidos políticos no son independientes de los intereses económicos privados, sino que los fondos que necesitan son requeridos de los intereses económicos y sociales más aventajados, por lo cual dejan de tener autonomía frente a estas demandas privadas, es decir, a las demandas no expresadas en el foro público y discutidas abiertamente, y al otorgarle a estos grupos una atención excesiva, las medidas básicas necesarias para establecer una convivencia justa rara vez son presentadas, y “los miembros menos favorecidos de la sociedad, que no pueden ejercer su justo ámbito de influencias a causa de su falta de medios, caen en la apatía y el resentimiento” (John Rawls, “Teoría de la justicia”, FCE, 1997, pág. 214).
Siguiendo a Michael Walzer, “actualmente, la modalidad más común de la impotencia en los EEUU proviene del predominio del dinero en la actividad política. El interminable espectáculo de la propiedad / poder, las historias del éxito político de los ricos, ocurridas una y otra vez en distintas esferas sociales, surten a la larga amplios y profundos efectos. Los ciudadanos sin dinero llegan a compartir la profunda convicción de que la actividad política no les ofrece esperanza en absoluto. Se trata de un tipo de conocimiento práctico que aprenden de la experiencia y que transmiten a sus hijos, De tal conocimiento surgen pasividad, sumisión y resentimiento” (Michael Walzer, “Las esferas de la justicia”, FCE, 1997, pág. 320). Muestra de lo dicho en los párrafos precedentes son las exenciones impositivas establecidas en los primeros meses de 2003 por el gobierno de los EEUU, que favorecen a quienes más ganancias obtienen, y que impulsan y promueven la simbiosis entre la dirigencia política y los intereses dominantes en la economía. Se puede hacer un paralelismo con la Argentina, sobre todo si se tiene en cuenta la década de 1990 / 2000.
El hecho de que los políticos sean “comprados”, y de que los partidos sean empresas, se pone de manifiesto en las épocas de campaña electoral, campaña que entendida en términos empresariales debería llamarse de “marketing”, o de publicidad. Se presenta a los políticos como productos (“compre a A, porque es más honesto que B”), que el electorado compra según la vistosidad de su “packaging”, y no según lo que contiene realmente, lo cual es, muchas veces, nada más que un envase vacío.
Parecería que la visión empresarial que predomina en el mundo ha llegado también a la política, a su funcionamiento interno. Actualmente, el juego de la economía sólo puede ser jugado por las grandes empresas multinacionales, y cada vez menos por las empresas medianas o pequeñas, las cuales son absorbidas, fusionadas, eliminadas, o directamente restringidas a un ámbito en el que no tienen posibilidades de competir. En forma similar, la política aparece cada vez más como un juego entre profesionales, o un negocio reservado a las elites de poder, en el cual la gente no está involucrada y se interesa cada vez menos. Mientras las grandes empresas se agrupan en holdings, trusts, etc., para eliminar la competencia, en el ámbito de la política sucede lo mismo, a través de coaliciones, alianzas, pactos y agrupaciones entre políticos y entre partidos políticos para llegar al gobierno, con la consecuente “participación en las ganancias” para el “aliado”.
La “economización” de la política también se pone de manifiesto en la implementación, por parte de ésta, de métodos propios de la economía de mercado. Aunque, mejor dicho, debería hablarse de una invasión de la economía a la esfera política. Como un virus a una computadora, la economía (entendida en un sentido amplio, abarcando empresas, intereses financieros, en una palabra, como capitalismo) “hackea” el sistema político, interfiriendo sus conexiones internas y externas y sus ámbitos de decisión, empapándolo de sus ideas y procedimientos, con lo cual el tema más recurrente en la planificación del gobierno pasa a ser la política económica.
En el proceso de implementación del Estado de Bienestar, que se inició en la década del ’30, la política había alcanzado una relativa autonomía, en virtud de la intervención en los asuntos de mercado, frente a la economía. Ahora, en cambio, el sistema político está ante la amenaza de ser desposeído de su conformación democrática a manos del sistema económico. Este sistema ha evolucionado en forma mucho más rápida que el político, al cual ha arrastrado tras de sí hasta llevarlo a un campo en el que no tiene ningún control, o lo tiene en pequeños aspectos. Ulrich Beck explica que la persecución de los intereses económicos y las innovaciones tecnológicas “incrementan el bienestar colectivo y social. Por el supuesto del nivel de vida, se justifican cada vez más los efectos negativos (descualificación, riesgos relativos a la ocupación o a su transformación, perjuicios para la salud, destrucciones de la naturaleza). Incluso la crítica de las ‘consecuencias sociales’ no consigue impedir el perfeccionamiento de las innovaciones técnico-económicas. Éstas se mantienen legitimadas políticamente, en su núcleo, si se compara con los procedimientos democrático-administrativos y los largos procesos de implantación. El progreso sustituye el consenso”(Ulrich Beck, La sociedad del riesgo, Paidós, 1998, pág. 238). Es decir, queque el progreso económico y técnico entra en contradicción con las más elementales reglas de la democracia, que exigen conocer los fines del cambio social, discusión, aceptación y consenso. La insatisfacción por la política es pues, en este sentido, no sólo descontento por la propia política sino que sobre todo expresa la desproporción entre la política, que es impotente, y la transformación de la economía, que estrecha en forma creciente la capacidad de decisión de aquélla. El ciudadano común se pregunta por qué la política no soluciona los problemas económicos, la desigual distribución de la riqueza, etc. Pero la política no puede darle respuestas, porque se encuentra sometida a fuerzas más poderosas que ella misma, y en las cuales se encuentra inmersa. Parafraseando a Marx, en su Manifiesto Comunista, podría decirse que la política, respecto a la economía, “se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desatado con sus conjuros”(Carlos Marx y Federico Engels, “Manifiesto Comunista”, edición homenaje a 150 años de su primera edición, 1998).








III- LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



El sistema político que se forma ante nuestros ojos se aleja del Estado y se apoya más directamente en la opinión pública. Cosa que explica los temores que muchos experimentan con respecto a los medios de comunicación, como formadores de esa opinión pública.
En efecto, la explosión tecnológica que se ha visto en las últimas décadas produjo mayores posibilidades de conocimiento, debido a las mayores facilidades para acceder a los medios para obtenerlo, y una mayor inmediatez en esa obtención. Los medios masivos de comunicación, son masivos, precisamente, por llegar a un gran número de personas. Para llegar a tal cantidad de gente, necesitan recursos adecuados y suficientes para lograrlo. Lo cual hace que deban conformarse como empresa, conglomeradas muchas veces bajo un centro de decisión común, que agrupan medios escritos, visuales y de toda índole (y que usualmente llevan el nombre de algún integrante de ese grupo, como por ejemplo, “Clarín”, “Atlántida”, etc.). La mayor amplitud de horizontes a los cuales llegar coloca a estas empresas en una posición de supremacía frente a otros métodos de formación de la opinión pública, la cual, cada vez más subyugada por la “necesidad” del consumo por el consumo mismo, característica de esta nueva modernidad, absorbe lo que se le ofrece sin indagar acerca de su utilidad o inutilidad. Y esta posibilidad de influencia en las masas tiene mucho valor cuando la política utiliza los medios de comunicación para llegar a ellas, y viceversa, cuando los medios utilizan la política como instrumento para hacer frente a sus necesidades y requerimientos (ejemplo de esto último puede buscarse en las maniobras de “lobby” político que realizan algunos grupos multimedios para el dictado o derogación de leyes que los favorecen o perjudican, respectivamente).
Asimismo, el derecho a la libertad de prensa tiene una gran influencia global en la definición de los problemas sociales. Naturalmente, esa influencia queda limitada y controlada por las condiciones materiales de producción de las informaciones y por el contexto social. Pero de todos modos existe en el ámbito público, de forma tal que la percepción política de los problemas a través de los medios de comunicación adquiere creciente importancia. Esto se pone de manifiesto por el hecho de que cuando la televisión o un periódico informan de ciertas cuestiones, las autoridades afectadas emprenden costosas y amplias indagaciones al respecto. En la administración pública se lee “Clarín” y no los informes especializados. Ello se debe a que resulta más relevante políticamente la opinión expresada en “Clarín”, con independencia del contenido y de los argumentos de éstos. A menudo el resultado se pierde en nada, pero, como es sabido, cuando un tema ronda por miles de mentes obliga a la toma de postura pública.
Esta necesidad de definición de problemas y prioridades originada en esas condiciones, por supuesto se basa, principalmente, en las ligaduras que unen a los medios públicos con las instancias económicas y el gran capital, pero las esferas políticas no pueden ignorar la opinión pública “publicada”, por el peligro que entraña de perder credibilidad, confianza, o las elecciones mismas. Esta opinión pública se refuerza y estabiliza con los hábitos televisivos y las nuevas tecnologías de la información, y se forma en gran medida por obra de la comunicación “massmediática”, que la maneja como mejor conviene a sus intereses.
La pretensión de noticias lleva ínsita la de “rating”, y éste, a su vez, permite la obtención de publicidad y las consecuentes ganancias, lo cual hace que las empresas formadoras de opinión se valgan de todos los medios posibles para subvenir a sus intereses; y para ello manejan los hilos de la información sin importar los perjuicios que se ocasionen. Entonces, como la política se encuentra actualmente en el banquillo de los acusados, el hacer noticia de esta situación “conviene” a los grupos de poder mediático, para lo cual apuntan sus armas contra toda forma de poder político, muchas veces haciéndolo en forma justa, vale reconocerlo, pero muchas otras cayendo en una generalización exagerada, que corroe la base de confianza que debe sustentar a los agentes de la política para el desempeño normal de su función pública y los hace caer en el descrédito. Esto se lleva a cabo también por la inclusión en la discusión pública de temas que no tiene ninguna relación con el ejercicio puro de la función representativa, pero que bajo el influjo de la “necesidad” de noticias sobre todos los aspectos de la vida de los representantes del pueblo, se ponen en el tapete. Ejemplo claro lo da en los últimos días la discusión sobre la sexualidad de un aspirante a un cargo judicial (que aunque no es de índole política es perfectamente aplicable al objeto en estudio), cuestión que no tiene ninguna relevancia para el ejercicio de la función, pero que al ser “noticia”, poco importa el eventual descrédito en que pueda caer la persona (desde una óptica social conservadora en cuanto a determinados temas, como la argentina), siempre que se vendan más diarios o el noticiero de la televisión tenga más “rating”.
Y también se ve esta deslegitimación de la política cuando los grupos multimedios, además de tener intereses económicos, predican una ideología determinada (sea la que fuere). Explícita o subliminalmente, se lanzan acusaciones de corrupción, incompetencia u otra índole contra personas que actúan en el ámbito de la política que no comulgan con la ideología que sostiene la empresa. Todos estos son datos que muchas veces expresan la influencia muchas veces degradante y negativa de los medios de comunicación en el campo político, sobre todo por su masiva llegada a los particulares, cuya opinión es en gran parte constituida según estas pautas.
Desde otro punto de vista, Julio de Zan, en su obra “Libertad, poder y discurso”(Ed. Almagesto-Fundación Ross, 1993), dice que es necesaria, para otorgar más eticidad y legitimidad a los sistemas normativos, entre los que incluye el sistema político, una mayor participación de la gente común en las decisiones, por cuanto el mayor peso de las opiniones no expertas es también el peso de un número mucho mayor de opiniones y puntos de vista, y de opiniones calificadas por su mayor proximidad a cada uno de los problemas, o a su experiencia directa con los mismos, que suele ser la carencia manifiesta de los burócratas y tecnócratas. Y los propios políticos saben bien que la fuente de las opciones más confiables es la opinión de los propios afectados. Si esta opinión tuviera además los canales para confrontarse y articularse en un discurso público explícito, abierto y no manipulado, produciría un salto cualitativo de certeza y aproximación, y una consecuente legitimación de la política. En tal sentido, la carencia de estos canales de diálogo horizontal y de formación y desarrollo de la opinión pública por medio del discurso, y la manipulación a que se ve sometida por los “formadores de opinión” a través de los medios masivos de comunicación, no es para este autor una deficiencia ética, sino “el mayor atraso político de las sociedades modernas” (J. De Zan, op. cit., pág. 217).
Los medios, según lo dicho hasta ahora, están dominados (o bajo la constante amenaza de estarlo) por los mercaderes. Pero también son el lugar en que se expresan con mayor libertad las demandas culturales, las restricciones económicas, los problemas de la integración social y los de la seguridad pública. Es el apoyo que pueden dar los medios a las asociaciones y movimientos culturales, lo que permite la penetración de las demandas sociales en el campo político, y por lo tanto, la reconstrucción de su dañada estructura y la re-cimentación de la legitimidad perdida. Frente a la concentración excesiva de la acción política en unos partidos convertidos en centros de gestión de una clientela y de conquista de cargos electivos, no hay que temer a los medios más que cuando se someten a un poder político autoritario o están ligados a una coalición dominante de intereses económicos.
En una entrevista realizada al sociólogo Zygmunt Bauman (Diario “La Nación”, suplemento Cultura, 4/5/03, pág. 2), éste expresa que “hoy, por medio de la televisión, todos somos espectadores [...]. La televisión cambia todo. Ahora ves, sabes. Entonces te concierne. Es la globalización de la responsabilidad”. Relacionando este comentario con lo dicho más arriba, la televisión (o en general, los medios) es la herramienta más útil y poderosa que tiene el ciudadano común para observar la actividad política, y bajarle el pulgar cuando sea necesario.
La TV ya se ha convertido en la realidad profetizada por George Orwell en su libro 1984; hoy una gran parte de la población tiene un televisor en su hogar. Pero esta tecnología de los medios, si es usada en un sentido inverso al orwelliano, es decir, por los particulares contra el Estado, se convierte en una de las formas principales de control que aquéllos poseen para legitimar la política de éste, y también para deslegitimarla, siempre que tanto la legitimación como la deslegitmación sean consecuencia de una decisión racional, obtenida a través de la aplicación de un criterio objetivo e independiente de cualquier influencia que pretenda manipularla.



IV- EL CAMBIO DE MENTALIDAD



La consolidación del proceso de la “transición a la democracia” y la vigencia del principio de legitimación democrática parecen tornar anacrónico el discurso de la crisis de legitimidad en la Argentina actual. Sin embargo, esta legitimidad democrática adolece todavía de limitaciones en sí misma, y ha permitido además que se manifieste con mayor claridad un estado de crisis más amplio y más profundo, que va más allá de lo político. Lo que ha logrado por cierto un fuerte consenso legitimatorio es la legalidad formal de los procedimientos constitucionales, en tanto garantizan los derechos individuales, la libertad, la estabilidad y la previsibilidad política y económica. Todo esto vale como un piso que no admite retroceso, pero esta legitimidad no ha alcanzado a promover la participación política de la gente y coexiste con una insatisfacción que la debilita, y que no puede reducirse al problema de la falta de credibilidad y a la crisis de representatividad de la llamada “clase política”. Lo que parece estar en crisis es la política misma, por su incapacidad para generar los acuerdos básicos de cooperación entre los partidos y entre los distintos sectores de la sociedad, o por su incapacidad para canalizar y articular los consensos y las demandas sociales.
La crisis de legitimidad a la que se quiere aludir ahora se refiere a un contexto más amplio que el de este tipo de análisis políticos. En todo caso, estos fenómenos del campo político se pueden comprender como una manifestación más de esa crisis global y más de fondo.
La cultura de la competitividad y del éxito que se ha difundido tan agresivamente en nuestra sociedad en los últimos tiempos, el método estratégico y racional dominante en el proceso de modernización (que va en desmedro del discursivo y consensual), han traído aparejada la crisis de todos los sistemas normativos, disolviendo los vínculos comunicativos fundados en valores y creencias de la tradición cultural.
Pero no se trata sin embargo de la crisis de determinados valores o formas institucionales, como consecuencia de algún tipo de cuestionamiento o de crítica de sus pretensiones de validez. Esta crisis es mucho más radical, porque lo que pierde vigencia es en general el obrar conforme a valores, y el significado mismo de la validez. El sujeto ya no plantea ni sostiene pretensiones de validez, es decir, de verdad, de rectitud o de legitimidad para sus expresiones y sus acciones. No interesa la justificabilidad de los cursos de acción con referencia a criterios de validez intersubjetiva, sino solamente el éxito de los propios fines, por lo tanto los argumentos desde el punto de vista de la justicia y de la legitimidad pierden toda eficacia. Y la absolutización de esto trae aparejada la caída de todas las barreras morales, y aún jurídicas. El fenómeno de la corrupción generalizada se comprende mejor sobre la base de estos presupuestos. Y con ello se produce también la deslegitimación del poder político, la crisis de sentido y validez de lo político mismo, que se manifiesta de manera preocupante en nuestra sociedad.
Estamos atravesando una etapa de la modernidad, llamada por Zygnunt Bauman “modernidad líquida”, en la que se acentúan y redistribuyen los poderes de disolución de ésta. El poder de licuefacción, afirma Bauman, “se ha desplazado del ‘sistema’ a la ‘sociedad’, de la ‘política’ a las ‘políticas de vida’, del ‘macronivel’ al ‘micronivel’ de la cohabitación social” (Z. Bauman, “Modernidad líquida”, FCE, 2003, pág. 13). La modernidad de la Ilustración, la modernidad “sólida”, “pesada”, fue el momento de lucha por derrocar un antiguo orden, por “desvanecerlo en el aire”, pero para fundar luego de su caída un orden más sólido aún, inconmovible, sustentado en la razón humana. En la actualidad, aquello que se licúa es la noción de orden en sí misma y sus derivados: progreso, bienestar, comunidad. Este pasaje de la “modernidad sólida” a la “modernidad líquida” se da a parir de la transformación sufrida por valores centrales del proyecto moderno. Desde que el mundo es mundo la perdurabilidad siempre fue un valor, mientras que hoy, por primera vez, son valores la transitoriedad, la no conservación, porque lo que se conserva puede ocupar de cosas siempre “nuevas y mejores”. Esta cultura de lo esporádico, del “ahora”, de lo “light”, influye negativamente en la visión que de la política tiene el individuo, quien, como ha sido convencido de que debe esperar resultados inmediatos en todos los ámbitos en los que se desenvuelve, exige lo mismo del sistema político, no admitiendo la idea de un proceso, no ya a largo, sino siquiera a mediano plazo, que otorgue una mayor solidez y durabilidad a dicho sistema; y dominado por el ideal del “rápido descarte”, demanda el cambio de la estructura, sin siquiera plantearse la posibilidad de tener un mínimo de tolerancia, por no decir confianza, que sirva de base al desarrollo de la idea de gobierno que se pretenda aplicar. En consecuencia, desde el campo de lo político sólo se proponen soluciones inmediatas y superficiales a problemas que, como ya se ha dicho, son más profundos, y por ende, más difíciles de resolver. Sin embargo, es menester admitir que la necesidad imperiosa de hacer frente a otros problemas, mucho más urgentes que la fundamentación ética de las normas que deben sustentar la actividad política, como el hambre, la miseria, la desocupación, ha llevado a concentrar la atención y los medios económicos en los aspectos instrumentales inmediatos del desarrollo y en los aspectos más concretos de la acción política, descuidando la elaboración de propuestas teóricas ético-políticas para la fundamentación y legitimación de las normas que deben guiar las decisiones y acciones políticas.
Pero la crisis de “eticidad” del orden social y político, que erosiona la legitimidad de las instituciones de la sociedad moderna, tiene sin embargo su raíz en el debilitamiento de la fuerza persuasiva de todos los sistemas de ideas y creencias que orientaron hasta ahora la vida de los individuos y sociedades.
No sólo las ideas religiosas, las convicciones tradicionales, sino también las grandes ideologías modernas, van perdiendo su vigor y su capacidad aglutinante de la sociedad en su conjunto. Ya no existe una concepción del mundo y de la vida a la que adhieran todos los hombres y en la cual se sientan cohesionados. No parece quedar ningún sistema de creencias universalmente reconocido que se manifieste como capaz de fundamentar la convivencia y orientar las acciones individuales y sociales de los hombres.
De lo que se trata, por lo tanto, es de una crisis radical de fundamentación de los sistemas normativos que hasta ahora cumplieron una función relevante de integración y legitimación de las instituciones y de todo el ordenamiento, no sólo político, sino también económico y social de la sociedad moderna.
Esta crisis de fundamentación afecta no sólo a las normas morales, sino también debilita y torna cuestionables al conjunto de las pautas socioculturales y los sistemas jurídicos y políticos.
Pero lo novedoso de esta situación contemporánea es que no puede interpretarse ya como una situación prerrevolucionaria, en la que un mundo estaría a punto de caer frente al embate de nuevas ideas filosóficas o políticas. Ningún nuevo sistema de ideas o concepción del mundo aparece a la vista, como candidato a sustituir a los que dieron origen y modelaron las formas tradicionales de la vieja civilización, las cuales en gran parte parecen subsistir solamente en virtud de la inercia, como formas vacías, privadas de sustancia y fundamento. En contra de esto se manifiesta Zygmunt Bauman, par quien hay sin embargo algo “sólido” y “viejo”, que es brújula y un instrumento más actual que nunca: el socialismo. “Se necesitan más socialistas des de que cayó el muro de Berlín –dice -. Antes el comunismo le pisaba los talones al capitalismo produciendo un mecanismo de ‘control y equilibrio’ que salvó al mismo capitalismo del abismo. Ahora el socialismo es indispensable: no lo considero un modelo de sociedad alternativo sino una arma apuntada hacia las injusticias de la sociedad, una voz de la conciencia cuya finalidad es debilitar la presunción y la autoadoración de los dominantes”, concluye, confirmando su dicho de que “la neutralidad moral en sociología es imposible, quien la sostiene se miente a sí mismo” (Diario La Nación, cit., pág. 2).
Para cerrar este capítulo, cabe afirmar que si no existen principios y valores objetivos, universalmente reconocidos, que puedan actuar como criterios de legitimación y fundamentación del sistema de normas básicas que hacen posible la convivencia (dentro del cual debe incluirse a la política), entonces todos los sistemas normativos están como en el aire, carecen de consistencia y solidez, y en cualquier momento pueden ser impugnados y quebrantados.





V- CONCLUSIÓN





La crisis de nuestra dirigencia se ha convertido en un tema común de discusión, en los medios y en la calle. Nuestro régimen político ha estallado y nos menos quedado perplejos, mirando los restos quebrados en la mano, sin saber qué hacer, Todo lo que hasta hace poco considerábamos firme y seguro es puesto en tela de juicio y cuestionado. La confianza se ha perdido y esta es la causa de una acelerada decadencia: se ha quebrado el contrato social.
Analizar las causa y las posibles vías de salida de esta crisis, paralela a la económica, es un ejercicio complejo y polémico. Es obvio que los dirigentes políticos no son los únicos responsables de la difícil situación del país. La argentina actual es una obra colectiva, y sus problemas tienen profundas raíces culturales, analizadas más arriba. Pero la dirigencia política de una nación tiene una función y una responsabilidad específicas, y no es posible absolverla con el argumento fácil de que es una expresión de lo que somos (o hemos sido) como sociedad.
Sin dudas que compartimos con otros pueblos esta crisis de la civilización moderna y de sus instituciones políticas. Pero en nuestro país, circunstancias particulares la han agravado y la han puesto sobre la mesa. Ni el más ciego conformismo la puede ocultar.
La indiferencia de la población hacia la mal llamada “clase” política es un síntoma de esta crisis. Pero aún esta indiferencia ya es cosa del pasado. Empujadas por los acontecimientos y la ceguera de los dirigentes, la indiferencia y el conformismo se transformaron en rechazo, y poco después, en abierta rebeldía. Un Estado quebrado, la pobreza generalizada, la injusticia social, la apropiación de la riqueza por unos pocos, son otros síntomas de la misma crisis. La realidad social está en contraposición con los valores que la promovieron.
La corrupción y la incapacidad de los dirigentes es su causa inmediata. Durante los últimos veinticinco años, la franca incapacidad de nuestra dirigencia para conducir los asuntos públicos ha sido causa directa de la actual situación. La mediocridad y corrupción de políticos, gremialistas y empresarios, está en la base de la falta de repuesta a los acontecimientos. Y no es casual que así sea. Por el contrario, es producto de la naturaleza de los aparatos partidarios y sindicales, convertidos en verdaderas “corporaciones mafiosas”, cuya única preocupación reside en perseverar en el poder y mantener indefinidamente sus privilegios. Los aparatos políticos no son “inocentes”, son máquinas productoras (y reproductoras) de burócratas incapaces. Las habilidades requeridas para mantenerse y ascender en el aparato partidario (hacer carrera) son muy distintas de las requeridas para gobernar. La sonrisa de yeso, la habilidad para negociar y lograr acuerdos a espaldas de la población, la capacidad para borrar con al codo lo que se escribió con la mano, para cambiar e ideas con la misma facilidad con que se cambia de camisa, no son las condiciones de un gobernante. Una corporación que valora por sobre todo la “lealtad” y el “silencio” se parece más a una mafia que a una agrupación política. Un aparato apto para producir burócratas “leales” sólo puede reproducir la incapacidad en gran escala. Y los resultados los tenemos a la vista.
Pero la corrupción es un fenómeno cultural, y no está limitado a las instituciones políticas ni a los sectores dirigentes. No son lejanos los días en los que se usaba la expresión “roba, pero hace”, para aprobar la gestión de un gobernante del que, con justicia o no, se creía que tomaba para sí fondos públicos pero garantizaba cierto grado de respuesta a nuestros problemas. Ese contrato tácito se ha roto, porque con el ejercicio democrático hemos aprendido, en forma reflexiva o por ensayo y error, que así la corrupción se multiplica y los problemas no se resuelven (por ahora, mientras seguimos aprendiendo, somos menos sensibles a otros actos de corrupción, como la evasión impositiva y el trabajo “en negro”).
La crisis económica, la percepción de corrupción generalizada, los inflados presupuestos legislativos, la ostentosa vida pública de muchos políticos, en abierto contraste con las estrecheces económicas de la gente común, hacen que ésta reclame ante todo una reducción de los gastos de la política, que es necesaria más por razones éticas que financieras.
Sin embargo, la crisis de la dirigencia es mucho más profunda y su solución no llegará con sólo gastar menos o disminuir el número de cargos legislativos. La eliminación de las listas “sábana” es un paso más certero en la dirección correcta, pues pone un límite cierto a la rotación infinita de las mismas caras y a la extendida designación de familiares, amigos y protegidos. Esa es la razón por la cual esta propuesta encuentra una resistencia tenaz en el corazón de la dirigencia política.
Pero hay que buscar causas más profundas debajo de esta turbulenta superficie. Un sistema social basado en la exclusión y la injusticia. Un régimen político oligárquico y esencialmente antidemocrático, basado en la exclusión política, social y económica. El sistema representativo, en la forma que se presenta actualmente, es causa de esta exclusión: la separación entre dirigentes y dirigidos no puede sino terminar en la formación de una casta dirigente separada y enfrentada a la población, sólo preocupada por preservar sus privilegios y mantenerse indefinidamente en el poder, autoreproduciéndose a sí misma. Si unos pocos se apropian del poder político no tardarán en usarlo en su propio y exclusivo beneficio. La exclusión política es fuente de exclusión social. Los políticos “profesionales” son funcionales al poder económico concentrado. Lo mismo sucede con las fuerzas armadas y con la Iglesia. Constituyen el necesario factor de control social para que la exclusión pueda funcionar sin tropiezos. Una sociedad cuyo único valor es la ganancia y la expansión ilimitada produce individuos que sólo valoran el dinero. ¿cómo puede sorprendernos la corrupción, entonces?
Es tiempo de preguntarnos cómo es que tenemos una dirigencia con tan pocas luces y tan desprestigiada ante la población. Ante todo, hay que apuntar algo que ya se ha hecho evidente para todos: entre nuestros políticos hay muy poca gente joven.
Casi todos nuestros actuales dirigentes se formaron en los años sesenta y setenta. Tras la devastación dejada por el proceso militar, el aprendizaje político había estado congelado durante largos años, y ellos ocuparon rápidamente todos los espacios creados por la vertiginosa restauración democrática post- Malvinas. El aprendizaje volvió a empezar, pero los hábitos autoritarios y otros rasgos culturales que no desaparecen fácilmente, en particular las prácticas clientelísticas, el familismo y el amiguismo, conspiraron contra la renovación.
Rotando de un cargo a otro, apelando a los modos tradicionales de hacer política, los mismos dirigentes se han mantenido allí durante veinte años. Intentan comprender el mundo del siglo XXI con los paradigmas de treinta o cuarenta años atrás. Pero durante las últimas dos décadas la sociedad ha madurado y nuevas generaciones, sin experiencia política antes de la recuperación democrática de 1983, se han convertido en la nueva mayoría de la pirámide demográfica. La vieja dirigencia no las representa. Este hecho anuncia su crisis terminal.
Claro que lo mejor sería que los partidos políticos encararan seriamente la renovación de sus dirigentes, cambiando sus práctica por otras más horizontales y democráticas. ¿Darán un paso al costado, permitiendo su reemplazo por gente más joven? Sus antecedentes no lo hacen probable.
Por otro lado, la idea de que no hay dirigentes jóvenes porque los jóvenes no quieren participar en política es cínica. Lo que los jóvenes rechazan, conscientemente o por una cuestión de piel, es todo un modo de hacer política, que empieza por exigir lealtad a un patrón (“estar con fulano’ o “estar con mengano”), sigue por involucrarse en la interna de una interna de una interna, continúa en la lucha por los espacios de poder que se convierten en un fin en sí mismos, y termina en seguir siendo leal al patrón o, eventualmente, cambiar de patrón.
Es necesario cambiar las prácticas políticas. El objetivo ha de ser aumentar el compromiso cívico, la participación ciudadana, las relaciones políticas igualitarias, la cooperación, la tolerancia. Pero todo eso lleva tiempo.
Un proyecto de país es, por definición, estratégico, y requiere una dirigencia política visionaria que, partiendo de un diagnóstico correcto del presente, piense un país con el que la sociedad se pueda identificar y motivar. Las personas aceptan los sacrificios cuando el objetivo vale la pena.
En este contexto, ¿cómo hacemos para recuperar la confianza? ¿Podía perdurar ante la pérdida de pudor de las distintas corporaciones con respecto al orden constitucional y político? ¿Cómo pensar que podía sobrevivir a tanto abuso la fe en las instituciones, la fe en la legalidad?
Aunque en general la confianza tiene un fundamento racional, también contiene un componente, hasta cierto punto, arbitrariamente optimista. Implica una apuesta a favor de que el proyecto será exitoso, de que se cumplirá el pronóstico relativamente favorable, de que en última instancia el futuro será mejor que el presente. Este agregado positivo, en cierto sentido irracional, genera un efecto palanca que potencia el crecimiento, el desarrollo y el progreso. Por lo tanto, el principal objetivo y desafío es reconstituir la confianza por medio de un proceso complejo, lento y gradual que se debe iniciar inmediatamente. Las propuestas deben ser realizables, fundamentadas, coherentes. Los agentes que las apliquen deben ser idóneos y estar convencidos de la viabilidad de las propuestas. Los planes deben tener objetivos comprobables. Los problemas específicos y urgentes no pueden ser resueltos si se carece de una política global y consistente.
La salida de la crisis sólo puede recorrer el camino de la democracia. Pero la democracia no tiene nada que ver con este régimen excluyente e injusto. La democracia es el poder del pueblo. Rousseau ha escrito que ese poder no puede ser enajenado sin que se desnaturalice la forma de gobierno. Esto tiene relevancia si se tiene en cuenta que hoy, la vivencia de los ciudadanos de lo político como protagonistas no pasa del ritual de depositar un voto en las urnas, con lo cual, a pesar de las proclamas de su autonomía y soberanía, se sabe irrelevante en la democracia representativa.
La democracia es el poder en manos de la comunidad. No hay otra forma de gobierno que corresponda a la libertad del ser humano. Pero para que el pueblo gobierne debe estar organizado. Sin organización no hay gobierno del pueblo. Hace falta un pensamiento político democrático que propicie la igualdad y rechace las jerarquías, que desarrolle las nuevas formas de organización política de una sociedad auténticamente igualitaria.
La democracia no pasará de ser una ficción jurídica o una superestructura ideológica, mientras no se institucionalicen los canales de participación o de cogestión en todos los niveles del orden político y social, y mientras subsistan las formas de dominación basadas en diferencias de clase.
En tal situación, la eticidad de los sistemas normativos es enteramente deficiente, y por lo tanto también su legitimidad. Y en esa misma medida, la exigencia del respeto a la ley aparecerá como una pretensión infundada, sin justificación y carente de validez o fuerza moral, porque las condiciones imperantes no permiten la participación de todos los individuos en la discusión de las decisiones y en la fundamentación de las normas que los afectan.
Mientras la sociedad no avance hacia la democratización de sus estructuras, no podrá superar la crisis de legitimidad de sus sistemas normativos, porque no están dados los requisitos objetivos para la generación de un consenso válido, capaz de fundar un orden político (y jurídico) justo. En tal situación, la exigencia ética básica será la de una participación igualitaria, la de avanzar hacia la instauración de las formas participativas y democráticas que institucionalicen el diálogo, la discusión y el consenso en todos los niveles de vida, no ya política, sino también económica y social.
Forjar alternativas es abrir un camino. Ese camino no es fácil, y no se puede decir si será largo o corto. Lo que sí se sabe es que va acompañado de un cambio de mentalidad. Lo alertó premonitoriamente Kant, en vísperas de 1789: si no cambiamos nuestra forma de pensar, pronto nuevos prejuicios servirán de correa, similares a los viejos que se intentan reemplazar. Nuestros recursos humanos y culturales, la creciente conciencia cívica, el inevitable recambio generacional, permiten a pesar de todo ser optimistas. Con un cambio cultural, la Argentina se recuperará. Pero un pueblo no puede cambiar, si no busca el cambio. Tal vez la falta de dirigentes, y las faltas de los dirigentes, nos haya enseñado que podemos hacerlo nosotros mismos.





BIBLIOGRAFÍA

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