por
Tannhausser
Después de 10 años de debates y proyectos de ley, Uruguay acaba de aprobar una ley que institucionaliza el uso del software libre en sus administraciones y la promoción en ámbitos como el educativo.
La Ley de Software Libre y Formatos Abiertos en el Estado, que es como se llama esta norma, establece en sus cinco artículos la obligación de que todos los organismos o empresas donde el estado tengan mayoría accionarial, “deberán distribuir toda la información en al menos un formato, estandar y libre…accesible desde al menos un navegador de código abierto” y “que cuando se contraten licencias de software se dará preferencia a licenciamientos de software libre“, en el caso de que se contrate software privativo se deberá fundamentar la razón (en el proyecto original decía que “por aspectos técnicos” aunque esa parte lamentablemente se cayó a última hora..)
En todo caso, una fantástica noticia para los entusiastas del software libre y también para Uruguay, que da un paso más en la busqueda de su soberanía tecnológica y una adecuada protección de los datos de sus ciudadanos.
Después de 10 años de debates y proyectos de ley, Uruguay acaba de aprobar una ley que institucionaliza el uso del software libre en sus administraciones y la promoción en ámbitos como el educativo.
La Ley de Software Libre y Formatos Abiertos en el Estado, que es como se llama esta norma, establece en sus cinco artículos la obligación de que todos los organismos o empresas donde el estado tengan mayoría accionarial, “deberán distribuir toda la información en al menos un formato, estandar y libre…accesible desde al menos un navegador de código abierto” y “que cuando se contraten licencias de software se dará preferencia a licenciamientos de software libre“, en el caso de que se contrate software privativo se deberá fundamentar la razón (en el proyecto original decía que “por aspectos técnicos” aunque esa parte lamentablemente se cayó a última hora..)
En todo caso, una fantástica noticia para los entusiastas del software libre y también para Uruguay, que da un paso más en la busqueda de su soberanía tecnológica y una adecuada protección de los datos de sus ciudadanos.