yimasohernandez

El gobierno panameño se encuentra metafóricamente en manos de un equipo de neurocirujanos que intenta mantener al presidente Juan Carlos Varela con vida política. El mandatario panameño sufrió su primer derrame con motivo de las declaraciones de Ramón Fonseca Mora que lo asoció con el Grupo Odebrecht, conglomerado industrial de la construcción, y los sobornos que la empresa brasileña repartió en doce países. Fonseca Mora es el mismo abogado especializado en abrir sociedades anónimas en ‘paraísos fiscales’ bajo jurisdicción norteamericana y británica. Se hizo notorio el año pasado cuando un grupo de investigadores en la ciudad de Washington, capital de EEUU, divulgó miles de archivos comprometedores de la firma Mossack & Fonseca. En la jerga periodística internacional, creada en aquel momento, el caso se denominó los ‘Panama Papers’. Como fichas de un dominó, han ido cayendo exgobernantes, políticos y empresarios, en país tras país (un total de 12), como consecuencia del escándalo asociado a los sobornos del Grupo Odebrecht. Las declaraciones de Fonseca Mora en Panamá comprometen al presidente Varela. Según el antiguo ‘ministro consejero’ del gobierno panameñista, durante su campaña presidencial (2013-2014), Varela habría recibido dinero oculto de la constructora brasileña Odebrecht. Era un secreto a voces que los tres últimos presidentes panameños recibirían sobornos de la empresa constructora. De igual manera, se beneficiaban de otros negocios turbios que las autoridades han sido lentas en investigar. Sin embargo, las declaraciones de Fonseca Mora obligan a las fiscalías a realizar una investigación prolija. La Asamblea Nacional anunció que harán una minuciosa pesquisa en torno a las donaciones recibidas por el mandatario. La Asamblea se pronunció después que el presidente Varela le pidiera al Tribunal Electoral que hiciera del conocimiento público su declaración de donantes. Fonseca Mora involucró en sus declaraciones a los diputados panameñistas José Luis Varela (hermano del presidente) y Adolfo Valderrama. Igualmente, mencionó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, a quien caracterizó como ‘manipulable’. Gobernabilidad Varela ha estado permanentemente negociando desde una posición de relativa debilidad para conservar su capacidad para gobernar. Al principio de su gestión (julio de 2014) logró reunir una mayoría de diputados en la Asamblea haciendo diferentes tipos de concesiones. Dividió el partido Cambio Democrático (del expresidente Ricardo Martinelli, autoexiliado en Miami, EEUU). También introdujo una cuña en el Partido Revolucionario Democrático (PRD), donde otro expresidente – Martín Torrijos (2004 a 2009) – sigue con aspiraciones para repetir su mandato. La suma de los miembros de la banacada panameñista (16 diputados) y las otras fracciones le garantiza a Varela una mayoría de diputados en la Asamblea. En la Corte Suprema de Justicia, Varela nombró dos magistrados que le dieron la mayoría para re-elegir a Ayú Prado como presidente. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), empresa pública que maneja presupuestos de miles de millones de dólares y los sobre costos de otros miles de millones, producto de la construcción de la ampliación de la vía acuática, genera dividendos cuantiosos. Incluso, Odebrecht tiene contratos de miles de millones aún vigentes. Varela, a pesar de sus debilidades en el frente político, contaba con un sólido apoyo financiero y económico de un sector de la oligarquía panameña. Detrás de su campaña política, que lo llevó al triunfo electoral en mayo de 2014, dicen que estaba el grupo económico que encabeza Stanley Motta. Este grupo empresarial cuenta con fuertes intereses en la Zona Libre de Colón, Televisora Nacional, Copa Airlines y el Banco General. Sin duda, el grupo económico se benefició de su relación con el gobierno de Varela, especialmente después de la larga ‘sequía’ (2009-2014) que representó Martinelli. Se asocia al grupo Motta con el Movimiento Independiente (MOVIN) que utiliza Televisora Nacional como megáfono para hacer su propaganda en torno a los proyectos económicos, que incluyen el proyecto de Corozal (puerto en el Canal de Panamá) y la Caja de Seguro Social, entre otros. Hace pocos meses MOVIN se distanció del gobierno, creando un vacío peligroso para la estabilidad del gobierno. El otro grupo económico, vinculado a MEDCOM (conglomerado de medios de comunicación) que cuenta con el expresidente Ernesto Pérez Balladares entre sus filas, sufrió recientemente una derrota política en las elecciones internas del PRD. A pesar de ser menos poderoso sobre el terreno financiero que el grupo Motta, cuenta con una base social más amplia y sectores vinculados a la diezmada industria nacional. Por último, la tercera fracción de la oligarquía panameña de principios del siglo XXI, encabezada por Martinelli, observa activamente los traspiés de Varela para ver como ‘pesca en río revuelto’. La bancada en la Asamblea de Cambio Democrático puede convertirse en una pieza muy útil para Varela en esta coyuntura. La alternabilidad La crisis gubernamental panameña es difícil de resolver en la medida en que el sistema político está diseñado para que funcione una especie de ‘alternabilidad’. Fue creado por EEUU después de su invasión militar a Panamá en 1989. Se supone que las fracciones de la oligarquía son estancos cerrados y que deben reemplazarse cuando la oferta del gobernante se agota. El problema de Varela es que se agotó muy temprano: Apenas por la mitad del camino (2 años y medio de un total de 5). Lo políticamente correcto en un sistema montado por la oligarquía, en un caso como éste, es que el gobierno busque reforzamiento entre los partidos políticos de la oposición. La fracción oligarca gobernante tendría que compartir los beneficios de su gestión con la fracción que se pasa de la oposición a las filas oficialistas. Todo indica que esta solución no es viable en estas circunstancias. Es todo o nada. Desde hace 27 años la oligarquía panameña ha gobernado alternando el poder y excluyendo a los sectores populares. Los primeros diez años (1990-1999) fueron de ajuste económico neoliberal radical (bajo el binomio Pérez Balladares-Chapman). Después siguieron 8 años (2000-2008) de crecimiento económico (sin desarrollo) como resultado del traspaso de la administración del Canal de Panamá del gobierno norteamericano al sector público de Panamá y el incremento progresivo de los peajes del Canal. Los últimos 8 años (2009-2016) fueron marcados por los años de más crecimiento (ampliación del Canal) y el declive económico que se vive actualmente.. El ajuste económico premió a la oligarquía – en su conjunto - y castigó severamente a los trabajadores. Estos últimos perdieron muchos empleos, vieron deprimirse sus salarios y desaparecer sus beneficios sociales. Cada quinquenio presidencial es recordado por los enfrentamientos sangrientos entre trabajadores, empleados públicos, estudiantes, indígenas y las fuerzas del orden. La desregulación y la flexibilización, así como los tratados comerciales, han arruinado el agro y la industria. Los gobiernos oligarcas desde 1990 han pregonado la falsedad de que Panamá es un país de servicios y no debe invertir en el desarrollo económico del país. Con el discurso de la posición geográfica y ‘pro mundo beneficio’, la oligarquía cooptó a las capas medias del país y desorganizó a sectores importantes de los trabajadores. En el período mencionado, la oligarquía panameña ha contado siempre con la permanente intervención de EEUU en los asuntos de gobernabilidad, así como en la política económica (neoliberal) del país. En la campaña electoral de 2009 intervino para resolver un pleito entre dos fracciones de la oligárquía. En la actual coyuntura, la estructura gubernamental está tan debilitada que una intervención es muy tarde. ¿Qué puede hacer el neurocirujano-jefe (la Embajada de EEUU)? Las Fuerzas del Orden, también corruptas – parte de la estructura gubernamental - cuentan con dos destacamentos (Policía Nacional y Servicio Nacional de Fronteras) que pueden dar una sorpresa siguiendo órdenes del neurocirujano-jefe. Opciones En la crisis actual hay sectores de las capas medias (denominadas sociedad civil), con niveles de consumo más altos que los trabajadores, que demandan un alto a la corrupción y un cambio de la ‘vieja guardia’ política. Ideológicamente, están atrapados porque no pueden luchar por un retorno al pasado (militar) ni a los discursos liberales y conservadores (agotados por la corrupción). Tampoco pueden levantar un discurso hacia el futuro que ideológicamente no pueden formular. Las capas medias son prisioneras de las promesas de la oligarquía. Agotadas éstas, la sociedad civil sucumbe ante sus propias limitaciones. La promesa de los trabajadores también ha sido golpeada fuertemente. Hay sectores que añoran el retorno al ‘torrijismo’ u otras formas de populismo. Como todo sueño basado en el pasado es inútil, las propuestas se agotan rapidamente. Los trabajadores y sectores populares que levantan banderas ‘progresistas’ también se ven en una jaula con paredes muy angostas. Debido a la incesante propaganda – por más de un cuarto de siglo – contra cualquier proyecto que implique la construcción de un futuro que garantice bienestar social para los trabajadores, no se han podido levantar consignas que entusiasmen a la juventud. A pesar de ello, Panamá cuenta con FRENADESO/Frente Amplio por la Democracia (FAD) y el Movimiento Independiente por la Refundación Nacional (MIREN) que son dos organizaciones político sindicales con fuerte presencia, también, en sectores de las capas medias. La oligarquía panameña está conciente de esta realidad y prefiere entenderse internamente antes de cederle espacio a los sectores populares. La crisis de la oligarquía no puede resolverse con parches. Tiene que cambiar las reglas que se impuso en el período 1990-2015 o colapsa. Las opciones no son muy claras en este momento.

¿Cuáles son los polos de poder principales que están en disputa por la aprobación de las reformas constitucionales en Guatemala? La disputa gira en torno a una propuesta de reforma constitucional que proviene de una puesta en escena conservadora, planteada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el Ministerio Público (MP) y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Esta fue delimitada al ámbito del sistema de justicia y puesta a discusión con una metodología prestablecida, todo ello impuesto por los ponentes. Fueron excluidos de la definición y delimitación de la propuesta sujetos políticos representativos de la sociedad guatemalteca como los pueblos indígenas, los campesinos y las representaciones de otro conjunto de movimientos y sectores sociales. A lo sumo, algunos de estos pudieron participar en las mesas de diálogo a través del Gran Consejo de Autoridades Ancestrales y de otras instancias auto adscritas al sujeto maya o a los pueblos indígenas, de manera que se lograron la inclusión del pluralismo jurídico y el reconocimiento de la jurisdicción de sus sistemas de justicia. La propuesta que finalmente ingresó en el Congreso de la República el 4 de octubre de 2016 se refería a un conjunto de cambios relacionados con el antejuicio a funcionarios públicos, con la carrera judicial y con el cambio de actores, procedimientos y dispositivos para la elección de las cortes, entre otros. Por último y no menos importante, se refería a la potestad de las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, normas, procedimientos y costumbres, esto sujeto al control constitucional y a la coordinación y cooperación entre el sistema jurídico ordinario y los sistemas jurídicos indígenas. Una vez ingresada la propuesta al Organismo Legislativo, los polos de poder en disputa por tales reformas quedaron cada vez más claros. Con el inicio del actual gobierno y, finalmente, con la elección de la actual junta directiva del Congreso de la República en 2017 se consolidó un polo de poder que articula, en esencia, los mismos intereses que llevaron a Otto Pérez Molina y al Partido Patriota a la presidencia en 2012. Me refiero a intereses oligárquico-empresariales, a estructuras de exmilitares contrainsurgentes y a redes vinculadas al crimen organizado. Finalmente, esto es lo que se encuentra articulado en el gobierno actual, el partido FCN-Nación (con mayor énfasis después de que muchos ex-Líder y ex-PP se unieron a su bancada en el Congreso), y en la alianza de partidos políticos que hoy controlan la junta directiva del Organismo Legislativo. Estas fuerzas económicas, sociales y políticas son las que están en campaña para que fracase el proyecto de reformas constitucionales, ya que sus intereses de clase social y sus sectores de interés gremial y corrupto podrían salir afectados. El otro polo en disputa está encabezado por la embajada de Estados Unidos, operado por la Cicig, el MP y el PDH. Su interés es que avance una reforma política e institucional que disminuya el poder de las fuerzas articuladas en el anterior polo, en especial en la elección y el control de las cortes de justicia y de constitucionalidad. Es un polo de poder cuyas principales representaciones decidieron que las reformas constitucionales estarían limitadas al sector justicia y que las demandas que incluían la instalación de una nueva asamblea nacional constituyente que reformara o redactara una nueva Constitución política quedaran al margen. En esta disputa existe un tercer bloque, integrado por un conjunto de representaciones y de organizaciones diversas y heterogéneas, descoordinadas en buena medida, para empujar estas reformas. Aquí aparecen un conjunto de fundaciones, oenegés, colectivos e instituciones educativas que coinciden en reformar política e institucionalmente el Estado, además de articulaciones sociopolíticas como la Asamblea Social y Popular y el Gran Consejo de Autoridades Ancestrales, que ven en esta reforma una oportunidad para avanzar en el camino a la gestación de un Estado plurinacional, popular y multisectorial. En esta relación de fuerzas queda claro que las reformas constitucionales constituyen una pretensión en un momento en el cual la disputa principal se da entre el primer polo de poder y el segundo. El tercer bloque, que coincide con el polo de poder reformista, se encuentra en buena medida supeditado a que este pueda influir decisivamente en el Congreso, lo cual pareciera improbable con relación al tema de la jurisdicción indígena y probable en lo relativo al resto de reformas propuestas. La pretensión de instituir el pluralismo jurídico fue derrotada en el Legislativo a finales del 2016 y no existe la correlación de fuerzas necesaria para que se apruebe la jurisdicción de los sistemas de justicia indígena. Las demás propuestas son objeto de negociación y reformulación, lo cual hace que tengan alguna viabilidad. Sin embargo, esto tampoco es seguro, pues afecta a quienes se ubican en el primer polo de poder. El resultado con relación a estas reformas constitucionales (acotadas y útiles al sistema, pero también conservadoras) permitirá dilucidar cuál es el polo de poder finalmente ganador en esta contienda. Más allá serán un indicador de la vía de salida a la crisis que emergió en 2015. Así, será una vía reformista dirigida por Estados Unidos o una vía oligárquico-mafiosa encabezada por el principal partido político del país: el Cacif. La vía alternativa continúa en proceso de gestación.

Desde los medios oficialistas han comenzado a caerle voces disonantes al gobierno de Mauricio Macri. Algunos reconocidos editores que comulgan con el oficialismo amonestaron al elenco gobernante por la serie de fallidos desconcertantes producidos durante un febrero particularmente negro. Las advertencias tienen que ver con las desprolijidades en medidas como la condonación de deudas al Correo propiedad del grupo Macri o la baja porcentual en las jubilaciones, y apuntan al deterioro de su propia credibilidad mediática en función de sostener el blindaje oficial. Es elocuente que a Clarín y La Nación –en especial al primero- no les interesa la corrupción. Ellos mismos la practicaron hace ya cuarenta años, con la apropiación de Papel Prensa. Y aunque suelen adjudicarse el rol de fiscales de la sociedad, hace décadas que solamente apuestan por los negocios a partir de sus respectivas posiciones dominantes como medios. Exhiben la corrupción de sus enemigos políticos con desmesura y mendacidad, mientras ocultan la de los propios con inmoralidad y torpeza. El encubrimiento, ninguneo o indulgencia sobre algunos hechos de corrupción, como el de Panamá Papers y el caso Odebretch –que salpica al jefe de los espías–, por citar solo algunos casos que tomaron dimensión internacional, alcanzaría para incluir a estos medios en una historia universal de la infamia periodística. Como Mark Bellison, el protagonista de la película La Mentira Original –quien descubrió que mentir le reportaba, en su ficcional sociedad utópica, grandes dividendos–, esta prensa hace años que practica la calumnia y el ocultamiento, la intriga y la extorsión al poder político de turno. Está claro además que a esos medios hegemónicos, sobre todo a Clarín, tampoco les interesa Macri ni su gobierno. La Nación, al menos, tiene una línea editorial coherente con algunos postulados de la derecha gobernante. Y, de tanto en tanto, se permite conciliar su conciencia de clase: de hecho fue Hugo Alconada Mon, un periodista de sus filas, quien develó las tramas oscuras en los casos de corrupción oficial arriba citados. Es que la corrupción macrista –que cada vez se hace más visible, desbordando la malla de contención mediática– y la impopularidad del gobierno obliga a la prensa hegemónica a salirse de su lugar de confort. Por eso las advertencias: claro que no se quejan de la corrupción, sino de la incapacidad manifiesta de los funcionarios oficialistas para ocultarla. “En lugar de CEOS parecen pasantes”, bramó de indignación hace algunos días un editorialista de Clarín. La corrupción oficial y sus desatinos incomodan a la prensa hegemónica pero, sobre todo, la expone. Para colmo, también se le abren frentes internos: el conflicto de los casi 400 despedidos de AGR-Clarín lleva más de un mes y permanece invisibilizado, no solo en el propio Grupo sino también en la mayoría de los grandes medios de comunicación. Desde allí han acallado la protesta de sus trabajadores, logrando infundir el miedo para que otros medios colegas oculten la noticia. Y, sin embargo, la lucha de los trabajadores aun continúa. Hace meses, y por si hiciera falta, un editor estrella de Clarín reconoció: ”hicimos periodismo de guerra, mal periodismo”. El verbo parece incorrecto: siguen haciendo mal periodismo. Mientras tropiezan vendiendo basura en su disparatada protección al oficialismo, reciben como nunca millonarios beneficios económicos de la gestión macrista: la pauta oficial se multiplicó en 2016, y con la cesión del 4G a Nextel en forma gratuita, el monopolio corre con privilegios para operar en el espectro de Internet de alta velocidad, al tiempo que busca imponer demoras a sus competidores. Ocupados en su cruzada militante contra CFK y en sumar cada vez más negocios en el menor tiempo posible, esperan el momento de desembarazarse de Macri. Habrá que recordar una vez más la confesión del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, al fallecido ex dueño del diario La Razón, José Pirillo: ”los dos primeros años hay que sacarles todo. Los segundos dos años hay que golpearlos para seguir sacándoles, y los terceros dos años hay que voltearlos para que venga otro”. Como los períodos presidenciales son de cuatro años, es probable que la segunda parte de aquella estrategia esté muy próxima a comenzar. Claro que primero quieren curarse en salud: necesitan extirpar la pesadilla del kirchnerismo. Hace tiempo que preparan el terreno para la detención de CFK, y lo hacen con la liviandad de quienes se sienten inmunes a todo: el mismo editor estrella de Clarín confirmó, en un artículo reciente, que dos jueces federales y un fiscal pactaron acciones y estrategias contra la ex presidenta ¡durante un cóctel en la embajada norteamericana!. Sin prejuicio por lo dicho ni por las formas, sin miedo al ridículo ni a quedar pedaleando en falso, no temen dilapidar su deprimido capital simbólico en esta larga contienda que lleva ya una década. Clarín quiere asegurarse de que CFK esté presa o fuera de combate para las próximas elecciones. Para esto cuenta con la comparsa de magistrados adictos –por afinidad, temor o revanchismo– del Juzgado Federal. ¿Le conviene al macrismo una hipotética prisión de Cristina? Si la jefa del kirchnerismo llegase a ser detenida, es probable que crezca su imagen pública en detrimento de la del presidente, cuya figura no para de desvanecerse. Pero además, será la oportunidad para que la prensa hegemónica comience a investir a algún otro candidato, acaso proveniente de las filas de un peronismo disciplinado o renovador. ¿Prestigio o negocios? Paradójicamente, las nuevas conquistas económicas y financieras aseguradas por el grupo Clarín a expensas de la administración Macri llegan en el punto más bajo de su prestigio y reputación. Hasta hace una década, la credibilidad y el predicamento del multimedio parecían consolidados. Históricamente, el poder expansivo del grupo fue silencioso y temido. Sólo unas pocas voces, perdidas y en soledad, se animaban a cuestionar sus métodos y prácticas. El silencio pudo sostenerse por efecto del miedo: miedo de periodistas, de artistas, de políticos y de trabajadores de la cultura. A todos los espantaba –y a muchos aun hoy los repele– el poder de fuego de Clarín, con su posición dominante y sus chantajes e incidencia sobre sectores del Poder Judicial. Sin embargo, en los últimos años han aparecido síntomas. En el conflicto contra el kirchnerismo, y en paralelo al declive de su capital simbólico, el multimedio también dejó jirones de su vida. La consigna “Clarín miente” se dejaba ver y escuchar en los espacios mediáticos del anterior oficialismo. Periodistas, comunicadores y otras personalidades de la cultura rompieron el cerco del miedo y desnudaron experiencias, hábitos y costumbres del Grupo. Su prestigio comenzaba a ser interpelado, en especial a partir de los episodios de Papel Prensa durante la dictadura. Y cuando el miedo puede ser nombrado, recién a partir de entonces es posible combatirlo. Vaya como ejemplo lo siguiente: en 1992, las imágenes brutales del atentado contra el juez antimafia Giovanni Falcone, que había condenado en Italia a cientos de integrantes de la Cosa Nostra siciliana, despertó entre los más jóvenes la conciencia imprescindible para combatir el miedo. La mafia, que hasta entonces era omnipresente pero silenciosa e invisible, comenzaba a leerse y nombrarse. El silencio y el miedo componen el ecosistema ideal para que prospere cualquier organización mafiosa sin que nadie la moleste. Hoy el Grupo sabe que ha perdido credibilidad, aunque cuenta todavía con un capital simbólico más que considerable. Mientras suma favores y utilidades contrarreloj, busca mayor expansión para consolidar todavía más su posición dominante. Con la diversificación de sus negocios y la reestructuración de sus empresas intentará recuperar gran parte de aquel prestigio. Eso sí, ninguna reconversión del holding tendrá otra finalidad que no sea la de intrigar en las decisiones políticas del país. Esa parece ser su naturaleza.

El “correogate” es un punto de inflexión para Cambiemos: parte de sus votantes le exige otras respuestas. El presidente que pedía “poner el hombro” ahora está siendo interpelado, dice Alejandro Grimson. Mientras el gobierno agota su estrategia comunicacional en la fórmula “todo lo malo es el pasado”, desde la gestión anterior responden: el pasado es el paraíso. Las preguntas por el acuerdo y los millones adeudados por la familia Macri al Estado hacen crujir el sistema político. Al mismo tiempo que se cocina un malestar que va de la antipolítica a la demanda de futuro. La cuestión del Correo Argentino no fue sólo un episodio de la peor semana del gobierno. Es probable que sea un punto de inflexión. Hasta esa crisis nunca había habido tanto consenso entre algunos analistas y voces públicas hiper críticas del kirchnerismo: Lanata (“nada vuelve a fojas cero”), Borenztein (no abusen con dar marcha atrás porque van a terminar entregando el gobierno el 10 de diciembre de 2015), Morales Solá (“se agotó el margen”). Vale la pena entonces situar al correo en un contexto temporal más amplio. El camino que llevó al actual presidente a formar Cambiemos y romper su techo histórico tiene una protagonista clave: Elisa Carrió. Aunque quizás le resultara difícil ser electa para un cargo ejecutivo, la diputada pudo construir una figura de “fiscal de la República” que la ubicó en un lugar moral. Cuando ella decidió cruzar su propio límite (“mi límite es Macri”, dijo en 2007) y compitió en las PASO con resultado cantado, habilitó “moralmente” a Macri a ir por más. Así y todo el electorado dudó y entre agosto y octubre de 2015 lo elevó sólo 10 puntos, del 24 al 34%. Esos diez puntos fueron un apoyo significativo, pero poco decidido: si el candidato oficialista hubiera alcanzado el 45, ese crecimiento de 10% hubiera sido insuficiente. En ese camino en el que duplicó los votos desde las PASO de agosto hasta el ballotage de noviembre, Macri hizo grandes esfuerzos para que la sociedad se decidiera. Con investigación sociológica y antropológica constante, “Mauricio” se distanció de su propio apellido: ya sabía que ese “capítulo” (el padre) tenía que apartarlo. Pero supo más: prometió, en general, no atacar nada de lo que se había “hecho bien”, juró duplicar la inversión científica, mantener la AUH, Aerolíneas e YPF. Era claro: “cambiemos” estaba formulado en primera persona del plural e incluía estos desplazamientos. Es sabido que la inteligencia y la eficacia no son potestad de ningún sector político específico. El espejo invertido y su límite Cuando los gobiernos no saben por qué les va mal en una encuesta o en unas elecciones dicen que hay “problemas de comunicación”. Si analizamos la comunicación del gobierno podremos ver mejor dónde está realmente el problema. La estrategia comunicacional declarada en la asunción de diciembre fue: no se gobierna para los ricos (“pobreza cero”), seguridad (“lucha contra el narcotráfico”) y cerrar la grieta (“unir a los argentinos”). Ese trío debía combinarse con una salida real del parate económico. Esa salida se iba a producir por la combinación de varios factores: devaluación, baja de retenciones, pago a los “holdouts” y confianza en un gobierno que era la punta de lanza de un “cambio regional”. Menos de tres meses después, el presidente abrió las sesiones ordinarias saldando un intenso debate interno acerca de la “pesada herencia”. Un sector criticaba la estrategia del famoso consultor de no insistir en “el desastre” recibido. Entonces, ya el 1 de marzo del 2016 Macri hizo nacer lo que denominamos “el relato macrista”, basado en la idea de que la Argentina había atravesado una crisis comparable a 1989 o 2001 y que sería lento salir de esa ruina. Con el diario del lunes, en términos de comunicación, ese invento se mostró correcto para los intereses del gobierno. Renunció (si es que había alguna posibilidad) a “unir a los argentinos” y comenzó a atacar al kirchnerismo en diferentes frentes. Esa cuestión que en febrero de 2016 era un debate fue una de las escasas armas con las que contó el gobierno durante el resto del año cuando la inflación voló por los aires, aumentó la pobreza, el desempleo y el país permaneció en recesión, mientras se disparaba la deuda externa y el déficit fiscal. Si el gobierno no hubiera convencido a una gran parte de la población de que todo eso (o buena parte de eso) era culpa de la “pesada herencia”, no podría haber mantenido expectativas altas en un porcentaje importante de la sociedad de que todo mejorará. Ese dispositivo comunicacional de contraste con el kirchnerismo provino de otros estudios sobre cuestiones del gobierno anterior que habían cansado a la sociedad. Si Cristina hacía cadenas nacionales y no daba conferencias de prensa, Macri debe ser el espejo invertido. Si Cristina podía criticar el público a un periodista, Macri debe agradecer las preguntas muy incómodas (aunque no las responda, eso no es importante). Si se instaló la idea de que Cristina no escucha, el PRO hace timbreo, para escuchar. Si Cristina nunca retrocede aunque se equivoque, Macri siempre puede apelar al “errorismo”. Así funciona la regla del espejo invertido. En esa estrategia había algunos inconvenientes. Vamos a mencionar sólo tres. El primero es que si Cristina era dibujada como “muy ideológica”, el espejo invertido se estrelló varias veces con declaraciones muy chocantes de los ministros y funcionarios de Macri, especialmente en temas de derechos humanos, pero también en educación y en un antiperonismo recalcitrante que pretende ser acallado, pero a veces sale a luz. Ese es el primer problema estructural: a diferencia de los noventa la sociedad argentina no quería un viraje ideológico potente hacia la derecha (como dijimos aquí el 23 de noviembre de 2015). Y no siempre a los funcionarios les resulta fácil seguir todos los consejos de Durán Barba, aunque –teniendo una idea acerca de lo que se callan- no lo hacen nada mal. El segundo problema es que el crédito de Carrió tenía y tiene una contradicción insalvable. Hay un apoyo a Cambiemos que deriva del odio que generó tanto la corrupción real como la ficticia. Pero el problema no era la ficticia. El problema era que el protagonista de ese “cambio” sí tenía apellido, acciones, dinero y papers. Allí se recurrió al viejo mito de que “como es millonario no viene a robar”. Debe decirse que en ese punto un sector de la sociedad volvió a mostrar una capacidad asombrosa para olvidar, para disfrutar de su ceguera voluntaria sobre historias muy conocidas acerca de ciertas fortunas. Pero… ¿y si vuelve Riquelme, si salimos campeones? “Roban pero hacen” no tiene propietario político ni clase social. ¿Acaso ven a algunos de los puristas de la pura transparencia protestando hoy en Plaza de Mayo? El tercer problema es que la comunicación no puede hacer arrancar la economía. Y los economistas tampoco. Las cosas son más graves de lo que parecen. Macri asumió para gobernar en el mundo de Obama. Ese mundo ya no existe más. Macri abre los mercados, mientras todos los países centrales debaten cuánto más proteccionismo van a tener, con Estados Unidos y Gran Bretaña a la vanguardia. Hasta ahora no encontramos un solo indicio de que el gobierno haya implementado alguna estrategia respecto de este verdadero y huracanado cambio global. Un presidente interpelado Por más frases hechas sobre la “sociedad de la comunicación”, las buenas estrategias de comunicación tienen límites muy precisos. Y, además, lo que fue eficaz un día puede ser un boomerang una semana después. Por ejemplo, la frase “no soy infalible” paga. Siempre y cuando no haya millones que se pregunten si no es una puesta en escena que oculta un acto de corrupción. ¿Es casual que estos expertos y verdaderos magos de la comunicación hayan comunicado de modo tan calamitoso el asunto del Correo y sigan cometiendo “errores”? Hay ministros que hacen agua. Las contradicciones y falta de respuestas precisas se realzan de un modo muy especial. ¿Puede resolverse el problema del Correo? Veamos. La idea de que Macri (el padre, la familia, sus hijos, una confusión de macris) le debía 290 millones de pesos al Estado en 2001 quedó instalada. Y la gente de a pie más o menos sabe que un peso del 2001 ya no es lo que era. La ley de quiebras, los argumentos de la fiscal y los juicios de los macris contra el Estado, todo eso es más confuso y casi imposible de aclarar para el gran público. El correo fue una cachetada: un sector de la sociedad que sólo tenía preguntas para la economía, ahora también quiere saber el desenlace de la telenovela del Correo. En este melodrama de padres e hijos, de si le dije o no le dije, la sociedad puede tener paciencia pero va a pedir que el final le deje en claro si hay o no espejo invertido respecto de las historias de corrupción. Sobre todo porque el presidente le pide a todos los argentinos que pongan el hombro, les dice a los empresarios “cambiemos”, les exige generosidad en estas horas difíciles. Atención: el presidente pide que se paguen los impuestos. Hasta el correo, era el presidente quien interpelaba al resto. Pero desde ese momento el presidente está siendo interpelado. No se trata de “la verdad”. Ni siquiera de una posición política o moral. Los opositores más decididos al macrismo encuentran con el correo más argumentos a una lista muy extensa. Pero el problema del gobierno aquí es con sus votantes, con su propia popularidad. Porque de allí emanan quienes ahora miran y dudan y preguntan. Obvio que para un sector Macri siempre será su “mal menor”. Pero con eso al gobierno no le alcanza para octubre ni para sostener su eficacia política. Necesitan a los votantes más dubitativos y a los oficialista light y de último momento. Por ahora el gobierno no tiene más recursos comunicacionales que apelar al relato macrista de la “pesada herencia” para tratar de descargar el peso del Correo. Puede advertirse que esa estrategia no va a funcionar por una razón sencilla. Los indecisos que hicieron la diferencia entre las PASO y la segunda vuelta (del 24 al 51%) quieren una “buena respuesta”: desearían que Macri no usara su cargo para favorecer a su familia. Ellos ya tienen el carrito completo sobre la corrupción del pasado y ahora tiene una pregunta nueva. Y esa pregunta necesita una respuesta clara. ¿Hay modo de que el gobierno produzca una “respuesta clara”? ¿Es posible que rechace de plano los intereses económicos de la familia presidencial? No hay indicio alguno en ese sentido y ahí están los casos de Calcaterra, Caputo y ahora la línea aérea de la familia que ayudará a destrozar Aerolíneas. Nada de eso perforaría el teflón si la economía volara. Pero por ahora no es el caso. El tema es que si el malhumor continúa y las respuestas satisfactorias persisten en su ausencia, aquello que antes resbalaba ahora puede lastimar. Todo depende del contexto. Y si no, pueden consultar a cualquier gobierno anterior.

En la película norteamericana de Brian de Palma, basada en una novela publicada en 1957, “Los Intocables” constituían un equipo especial de agentes escogidos por su valor e incorruptibilidad. Fueron organizados por Elliot Nest, y, bajo su iniciativa, resolvieron acabar con la mafia de Al Capone, que operaba en Chicago en los años 20 del siglo pasado. Los “ Intocables” en el Perú, a la inversa, son la Mafia: la familia Fujimori y Alan García, que bien podría fungir de hijo putativo de esa banda, dado los inmensos favores que ha tenido a bien prestarles, desde que recurrió precisamente a Alberto Fujimori Fujimori -en ese entonces oscuro docente universitario- para instalarlo en Palacio de Gobierno. Era 1990. Años más tarde, quizá recordando ese episodio, el líder aprista diría: “Un Presidente no puede imponer a quien quiera como Jefe de Estado; pero sí puede impedir que lo sea, alguien quien él no quiera”. Y sí, claro, usando como “testaferro político” a AFF, cerró el paso a Vargas Llosa, a quien simplemente detestaba. A partir de allí, se instauró en el país la Mafia que envileció la vida nacional, y que sigue operando impunemente en nuestro tiempo, como una costra adherida a la clase dominante. El denominado “Clan Fujimori” es relativamente numeroso. Está integrado por Alberto y sus hermanos Santiago Pedro, y sus hermanas Rosa y Juana; por Víctor Aritomi, esposo de Rosa; pero también por Keiko Fujimori y sus hermanos Hiro, Sachie y Kenyi –hoy congresista- y por el esposo de Keiko, Mar Vito Villanella, un ciudadano yanqui, cuya familia tiene también oscuros antecedentes delictivos en su país. Por simple adición, hay que incluir en “el clan” a altos funcionarios del Fujimorismo, como los hoy procesados por lavado de activos, los hermanos Joaquín y Bienvenido Ramírez –que se elevaron de cobradores de “combi” a multimillonarios por arte de birlibirloque- José Chlimper y otros; añadiendo por cierto a Cecilia Chacón, Luz Salgado, Martha Chávez y los congresistas Becerril Lourdes Acorta y Úrsula Letona, para no citar sino a algunos. Todos ellos, uña y mugre de una misma mano. Múltiples denuncias recayeron sobre el “Clan” desde un inicio. El manejo de las donaciones japonesas en los años 90, a través de las Fundaciones APENKAI Y AKEN, fue apenas una de las primeras, que nunca pudo ventilarse adecuadamente, Pero se sumaron luego extraños depósitos en el Banco de Tokio y en el Banco de Brasil en la capital nipona; y cuantiosas donaciones hechas a través de la Nipon Fundation, la Fundación Saksakahua, la Matsushita, el Municipio de Kumamotto y otros generosos entes orientales que llenaron bolsas voraces. Dinero obtenido por el remate de empresas públicas, cuantiosas partidas usadas ilegalmente y a espaldas del país; y manejo escandaloso de los resortes del Poder; fueron el pan en “ la década dantesca”. Hay que recordar, por ejemplo, que durante diez años Víctor Aritomi fue “Embajador político” de Fujimori en Tokio, epicentro de todos los desaguisados financieros de la dictadura. Hoy él, su esposa Rosa y su cuñada Juana viven en el país del “sol naciente” sin comparecer ante la justicia peruana, aunque -en teoría- debieran ser capturados y juzgados. En torno al tema, recientemente, el actual Ministro del Interior arguyó la imposibilidad de detenerlos por su condición de “súbditos del Emperador Nipòn”, sin considerar siquiera que, al momento de cometer los delitos que se les imputan, eran ciudadanos peruanos, y actuaban protegidos por representaciones oficiales en nombre del gobierno del Perú Más recientemente asomaron “casos” puntuales, sorprendentes: la empresa Limasa, cuyo socio es precisamente Keny, el congresista, en cuyas instalaciones se encontró droga en abundancia. La mina Pierina, de la que es accionista Keiko, y cuya composición empresarial se mantiene oculta. Los ingresos no conocidos de la candidata del Fujimori y su esposo, que viven ostentosamente en un lujoso barrio de Lima. Las denuncias de la DEA, y el extraño financiamiento de las campañas electorales, la última de las cuales fue considerada –por bordear los 40 millones de dólares- como “la derrota más cara en la historia del Perú”, le ponen la tapa a la bombonera.. En todos estos casos, la justicia ha hecho lo que suele hacer una mujer sorda, muda y ciega. No oye, no dice, ni ve. Y vive fuera de la realidad y de sus avatares. Y es que -hasta hoy- ningún juez se ha atrevido a ponerle la mano encima a los desaguisados de este signo. Y las pocas veces que alguien ha pretendido hacerlo, ha saltado la mano salvadora de quienes detentan el control del Poder Judicial en sus más diversas instancias: el cogollo alanista. Aliados, entonces Keiko y Alan, han sobrevivido a todos los naufragios eludiendo, con felina agilidad, todas las tormentas. De una, u otra manera, se han dado maña para protegerse mutuamente en el entendido -siempre posible- que si cae uno, caen todos. Para ese efecto, el alanismo, desde los años 80 se preocupó por incentivar lo que Haya sembró antes: el proceso de infiltración del poder Judicial para su posterior captura. Y esto, vino ampliado a otras estructuras del Estado: el Ministerio Publico, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Garantías, y otros. Y esto, fue posible a partir del primer régimen aprista. Y desde entonces, el Fujimorismo y el APRA han jugado, en la materia, “ al alimón”, como se dice en términos taurinos. Casos para confirmarlo hubo muchísimos, pero uno salto más recientemente, el de la señora Príncipe , nombrada Presidente de la Jefatura de los Procuradores del Estado. Ella ingresó de la mano del gobierno aprista, pero “se acomodó” a los distintos vaivenes de la política hasta “ubicarse bien”. Cuando tal cosa sucedió, emprendió “serias denuncias” contra el gobierno de Humala actuando, en ese marco, de manera agresiva y provocadora. Sancionada por ello, ´la “prensa grande” se encargó de construirle un presunto “martirologìo” del que se valió para “filtrarse” en las más altas esferas del Poder en el gobierno de hoy. Ahora, desde la cumbre de su ubicación, protege a García con el mismo entusiasmo con que defiende a Keiko. Y asegura que ambos, están libres de sospecha alguna. Sorprendida por la publicación de fotos privadas con el cogollo alanista del APRA, primero las negó, pero finalmente debió admitirlas, atribuyéndolas apenas a “vínculos profesionales”. Hoy muy pocos dudan: la Príncipe, es aprista . Lo que debemos preguntarnos es ¿por qué cuenta con la protección del gobierno actual y con el apoyo de importantes funcionarios del Estado?. ¿Ingenuidad, o complicidad? El peso de los hechos, sin embargo, es mayor que la capacidad de maniobra de estos “intocables” criollos. Desde distintos ángulos han comenzado a brotar quejas y denuncias. Y ellas, ahora llueven copiosamente abriendo flancos que la Mafia difícilmente podrá cerrar. Por eso, actúa a la defensiva. García vino presuroso de Madrid para “rendir una manifestación” ante la Fiscalía, y luego se fue tan orondo como había llegado. Y Keiko presiona descaradamente para no ser investigada. Su hermano Kenyi –mientras tanto- pide el “levantamiento de su inmunidad parlamentaria”, sabiendo perfectamente que eso, no habrá de ocurrir. ¿Qué pretenden entonces?. Es simple: eludir investigación alguna y salir de esta crisis formalmente “limpios“ , y prestos a asumir la conducción de un país que vive horas difíciles Don Manuel González Prada decía, refiriéndose al Perú de su época: “Donde su pone el dedo, brota pus”. Hoy puede decirse algo parecido del cuerpo de nuestros “intocables” criollos: cuando se les ponga el dedo, brotará la pus. De todos modos, hay que añadir que la Mafia tiene abierto el camino: censurar al Vice Presidente. Martin Vizcarra por el “caso Chincheros”: declarar la vacancia de la Presidencia de la República, a tenor de las denuncias contra PPK; doblegar la resistencia de Mercedes Araoz; ungir como “Jefe de Estado” a la Presidenta del Congreso, Luz Sagado; y convocar elecciones antes de fin de año para que Keiko “gane” sin rivales. El viejo Marx tenía razón: la historia se repite, sólo que la primera vez como tragedia; y la segunda, como comedia.

La XIV Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), a celebrarse en Caracas el venidero 5 de marzo, será otra oportunidad para trazar nuevas metas en la batalla que libran actualmente sus países miembros por la definitiva independencia, la unidad y la integración de las naciones latinoamericanas y caribeñas. Nacida el 14 de diciembre de 2004 por un acuerdo suscrito en La Habana entre los líderes históricos de Venezuela, Hugo Chávez, y de Cuba, Fidel Castro, el ALBA sepultó a la neoliberal Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), que creó Estados Unidos con el propósito de mantener su dominio en la región que se extiende del Río Bravo hasta la Patagonia. Concebida por Fidel y Chávez como un mecanismo de cooperación y solidaridad en todas las esferas de la sociedad, en beneficio de los pueblos y contra el neoliberalismo salvaje impuesto en la Patria Grande, esa entidad es blanco hoy de una arremetida derechista que financia y estimula Washington. Desde su fundación, el ALBA siempre fue un escollo para los gobiernos de turno norteamericanos y la oligarquía regional en el viejo empeño por mantener el dominio imperial en Nuestra América. Por esa razón, Venezuela, el país miembro con mayores recursos de los que integran esa organización, y otros como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, además de Cuba, han sido objeto de agresiones de todo tipo por parte de Estados Unidos y la derecha para debilitar y conseguir destronar a sus gobiernos progresistas, y de facto intentar desintegrar al ALBA. La Revolución Bolivariana, que ahora encabeza el presidente Nicolás Maduro, ha sido y es, sin duda alguna, la principal diana de los disparos continuos de Washington dirigidos contra la referida entidad integradora. El Pentágono y la Casa Blanca no esconden su hipótesis que derrumbando el proceso revolucionario en Venezuela, el ALBA sufriría un golpe mortal, precisamente por ser la nación de Hugo Chávez la de mayor fortaleza económica. Y justamente por ese motivo es imprescindible intensificar la solidaridad con Venezuela, en defensa de la paz, su soberanía, su libre autodeterminación, y frente a las injerencias externas en sus asuntos internos. La XIV Cumbre del ALBA en Caracas, el próximo domingo, es escenario ideal para vigorizar el respaldo a la Patria de Bolívar, además de elaborar planes con vista a intensificar la unidad y la integración entre latinoamericanos y caribeños, en momentos de dificultades económicas y políticas en la Patria Grande. Otros de los objetivos cardinales de esa cita debe ser asegurar la distensión en la región, tomando en cuenta los preceptos recogidos en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada en la II Cumbre de la CELAC, efectuada en La Habana, en 2014. Un merecido homenaje a los padres del ALBA, Fidel y Chávez, será activar y fortalecer la organización que en beneficio de los más desposeídos crearon esos dos gigantes de Nuestra América.

En la película norteamericana de Brian de Palma, basada en una novela publicada en 1957, “Los Intocables” constituían un equipo especial de agentes escogidos por su valor e incorruptibilidad. Fueron organizados por Elliot Nest, y, bajo su iniciativa, resolvieron acabar con la mafia de Al Capone, que operaba en Chicago en los años 20 del siglo pasado. Los “ Intocables” en el Perú, a la inversa, son la Mafia: la familia Fujimori y Alan García, que bien podría fungir de hijo putativo de esa banda, dado los inmensos favores que ha tenido a bien prestarles, desde que recurrió precisamente a Alberto Fujimori Fujimori -en ese entonces oscuro docente universitario- para instalarlo en Palacio de Gobierno. Era 1990. Años más tarde, quizá recordando ese episodio, el líder aprista diría: “Un Presidente no puede imponer a quien quiera como Jefe de Estado; pero sí puede impedir que lo sea, alguien quien él no quiera”. Y sí, claro, usando como “testaferro político” a AFF, cerró el paso a Vargas Llosa, a quien simplemente detestaba. A partir de allí, se instauró en el país la Mafia que envileció la vida nacional, y que sigue operando impunemente en nuestro tiempo, como una costra adherida a la clase dominante. El denominado “Clan Fujimori” es relativamente numeroso. Está integrado por Alberto y sus hermanos Santiago Pedro, y sus hermanas Rosa y Juana; por Víctor Aritomi, esposo de Rosa; pero también por Keiko Fujimori y sus hermanos Hiro, Sachie y Kenyi –hoy congresista- y por el esposo de Keiko, Mar Vito Villanella, un ciudadano yanqui, cuya familia tiene también oscuros antecedentes delictivos en su país. Por simple adición, hay que incluir en “el clan” a altos funcionarios del Fujimorismo, como los hoy procesados por lavado de activos, los hermanos Joaquín y Bienvenido Ramírez –que se elevaron de cobradores de “combi” a multimillonarios por arte de birlibirloque- José Chlimper y otros; añadiendo por cierto a Cecilia Chacón, Luz Salgado, Martha Chávez y los congresistas Becerril Lourdes Acorta y Úrsula Letona, para no citar sino a algunos. Todos ellos, uña y mugre de una misma mano. Múltiples denuncias recayeron sobre el “Clan” desde un inicio. El manejo de las donaciones japonesas en los años 90, a través de las Fundaciones APENKAI Y AKEN, fue apenas una de las primeras, que nunca pudo ventilarse adecuadamente, Pero se sumaron luego extraños depósitos en el Banco de Tokio y en el Banco de Brasil en la capital nipona; y cuantiosas donaciones hechas a través de la Nipon Fundation, la Fundación Saksakahua, la Matsushita, el Municipio de Kumamotto y otros generosos entes orientales que llenaron bolsas voraces. Dinero obtenido por el remate de empresas públicas, cuantiosas partidas usadas ilegalmente y a espaldas del país; y manejo escandaloso de los resortes del Poder; fueron el pan en “ la década dantesca”. Hay que recordar, por ejemplo, que durante diez años Víctor Aritomi fue “Embajador político” de Fujimori en Tokio, epicentro de todos los desaguisados financieros de la dictadura. Hoy él, su esposa Rosa y su cuñada Juana viven en el país del “sol naciente” sin comparecer ante la justicia peruana, aunque -en teoría- debieran ser capturados y juzgados. En torno al tema, recientemente, el actual Ministro del Interior arguyó la imposibilidad de detenerlos por su condición de “súbditos del Emperador Nipòn”, sin considerar siquiera que, al momento de cometer los delitos que se les imputan, eran ciudadanos peruanos, y actuaban protegidos por representaciones oficiales en nombre del gobierno del Perú Más recientemente asomaron “casos” puntuales, sorprendentes: la empresa Limasa, cuyo socio es precisamente Keny, el congresista, en cuyas instalaciones se encontró droga en abundancia. La mina Pierina, de la que es accionista Keiko, y cuya composición empresarial se mantiene oculta. Los ingresos no conocidos de la candidata del Fujimori y su esposo, que viven ostentosamente en un lujoso barrio de Lima. Las denuncias de la DEA, y el extraño financiamiento de las campañas electorales, la última de las cuales fue considerada –por bordear los 40 millones de dólares- como “la derrota más cara en la historia del Perú”, le ponen la tapa a la bombonera.. En todos estos casos, la justicia ha hecho lo que suele hacer una mujer sorda, muda y ciega. No oye, no dice, ni ve. Y vive fuera de la realidad y de sus avatares. Y es que -hasta hoy- ningún juez se ha atrevido a ponerle la mano encima a los desaguisados de este signo. Y las pocas veces que alguien ha pretendido hacerlo, ha saltado la mano salvadora de quienes detentan el control del Poder Judicial en sus más diversas instancias: el cogollo alanista. Aliados, entonces Keiko y Alan, han sobrevivido a todos los naufragios eludiendo, con felina agilidad, todas las tormentas. De una, u otra manera, se han dado maña para protegerse mutuamente en el entendido -siempre posible- que si cae uno, caen todos. Para ese efecto, el alanismo, desde los años 80 se preocupó por incentivar lo que Haya sembró antes: el proceso de infiltración del poder Judicial para su posterior captura. Y esto, vino ampliado a otras estructuras del Estado: el Ministerio Publico, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Garantías, y otros. Y esto, fue posible a partir del primer régimen aprista. Y desde entonces, el Fujimorismo y el APRA han jugado, en la materia, “ al alimón”, como se dice en términos taurinos. Casos para confirmarlo hubo muchísimos, pero uno salto más recientemente, el de la señora Príncipe , nombrada Presidente de la Jefatura de los Procuradores del Estado. Ella ingresó de la mano del gobierno aprista, pero “se acomodó” a los distintos vaivenes de la política hasta “ubicarse bien”. Cuando tal cosa sucedió, emprendió “serias denuncias” contra el gobierno de Humala actuando, en ese marco, de manera agresiva y provocadora. Sancionada por ello, ´la “prensa grande” se encargó de construirle un presunto “martirologìo” del que se valió para “filtrarse” en las más altas esferas del Poder en el gobierno de hoy. Ahora, desde la cumbre de su ubicación, protege a García con el mismo entusiasmo con que defiende a Keiko. Y asegura que ambos, están libres de sospecha alguna. Sorprendida por la publicación de fotos privadas con el cogollo alanista del APRA, primero las negó, pero finalmente debió admitirlas, atribuyéndolas apenas a “vínculos profesionales”. Hoy muy pocos dudan: la Príncipe, es aprista . Lo que debemos preguntarnos es ¿por qué cuenta con la protección del gobierno actual y con el apoyo de importantes funcionarios del Estado?. ¿Ingenuidad, o complicidad? El peso de los hechos, sin embargo, es mayor que la capacidad de maniobra de estos “intocables” criollos. Desde distintos ángulos han comenzado a brotar quejas y denuncias. Y ellas, ahora llueven copiosamente abriendo flancos que la Mafia difícilmente podrá cerrar. Por eso, actúa a la defensiva. García vino presuroso de Madrid para “rendir una manifestación” ante la Fiscalía, y luego se fue tan orondo como había llegado. Y Keiko presiona descaradamente para no ser investigada. Su hermano Kenyi –mientras tanto- pide el “levantamiento de su inmunidad parlamentaria”, sabiendo perfectamente que eso, no habrá de ocurrir. ¿Qué pretenden entonces?. Es simple: eludir investigación alguna y salir de esta crisis formalmente “limpios“ , y prestos a asumir la conducción de un país que vive horas difíciles Don Manuel González Prada decía, refiriéndose al Perú de su época: “Donde su pone el dedo, brota pus”. Hoy puede decirse algo parecido del cuerpo de nuestros “intocables” criollos: cuando se les ponga el dedo, brotará la pus. De todos modos, hay que añadir que la Mafia tiene abierto el camino: censurar al Vice Presidente. Martin Vizcarra por el “caso Chincheros”: declarar la vacancia de la Presidencia de la República, a tenor de las denuncias contra PPK; doblegar la resistencia de Mercedes Araoz; ungir como “Jefe de Estado” a la Presidenta del Congreso, Luz Sagado; y convocar elecciones antes de fin de año para que Keiko “gane” sin rivales. El viejo Marx tenía razón: la historia se repite, sólo que la primera vez como tragedia; y la segunda, como comedia.

La etapa comprendida entre 1830-1848, donde se realizaron varias revueltas sociales, estuvo marcada por el liderazgo de intelectuales y miembros ilustrados de las clases altas. A partir de 1860, las revueltas estarían dirigidas por trabajadores. En Europa occidental, las burguesías nacionales se habían apoderado de los parlamentos y abolido la esclavitud, sin embargo, las condiciones en las cuales les tocaría “trabajar libremente” distaban de la prosperidad anhelada por todo ser humano. La clase trabajadora había crecido en número debido a la expansión industrial a nivel mundial, igualmente se hizo más culta y por ende consciente de su protagonismo de clase. Comenzaron a formarse estructuras de base a nivel industrial donde la solidaridad era manifiesta y sus liderazgos múltiples, creando de esta forma una base social de trabajadores capaz de confrontar al capital al menos en conquistas laborales necesarias; al tiempo de dar pie a la organización de partidos de trabajadores. La primera gran crisis del capital aparece a principios de la década del 60 del siglo XIX, en parte por la guerra civil en los Estados Unidos, el cual interrumpe las importaciones de algodón hacia Europa y sus centros fabriles, trayendo como consecuencia la disminución en la producción y el despido de cientos de miles de trabajadores con las consecuencias sociales que traen consigo. Es por ello, que la organización en forma de congreso para reunir a los trabajadores de toda Europa en Londres fue el inicio de una etapa de articulación de diferentes organizaciones proletarias; dicho congreso juntó a proudhonistas, blanquistas, nacionalistas irlandeses, patriotas polacos y a Marx. Los asistentes acordaron crear la Asociación Internacional de los Trabajadores, mejor conocida como 1era Internacional Socialista. A Marx se le confiere la responsabilidad de formar parte de la comisión redactora del documento final, aprovechando esta situación para incluir gran parte de sus ideas y nomenclaturas, como por ejemplo: clase trabajadores. Mencionando que “la economía política de la clase media sucumbía ante la economía política de los trabajadores”, debido al logro de los trabajadores ingleses de reducir la jornada laboral a 10 horas (antes de esto la jornada no era menos de 14 horas diarias y en ocasiones 18). Las condiciones de trabajo del proletariado continuaban siendo las mismas desde 1830, con la diferencia que ahora, por medio de su esfuerzo y su intelecto los dueños de grandes medios de producción (burguesía) habían expandido su mercado al resto del mundo. Las ciudades de Londres, Liverpool y Manchester eran conocidas como el origen de las diferentes mercancías que se fabricaban. Aún cuando este nuevo mercado mundial representaba la generación de importantes cantidades de dinero que hicieron todavía más poderosa a las burguesías nacionales explotadoras, muchas personas morían por inanición o enfermedades originadas por la pobreza (el mismo Marx fue víctima de ello), confirmando que el capital solo vela por su reproducción metabólica sin importar de qué manera lo logre. Con todo y el mercado mundial, esta primera gran crisis hizo ver la fragilidad del sistema del capital, que al contraerse el intercambio de mercancías y algunas materias primas produjo un efecto de réplica en gran parte de los países receptores de éstas; igualmente se sintió en toda Europa, arrastrando a la bolsa de valores de Londres que servía de colocación de dinero para reproducirlo de forma especulativa. Podría asegurarse, que este período es el inicio del capital financiero, aunque lograse su supremacía en la economía del capital mundial en la década del 70 del siglo XX. Coincide esta etapa con la aparición del primer tomo de El Capital (Hamburgo 1867), donde Marx desnuda la operatividad del capital para favorecerse de la fuerza de trabajo; al mismo tiempo plantea el origen, funcionamiento y derrocamiento (tomos II y III), confirmando el enajenamiento del ser humano y la depredación del medio ambiente con sus recursos naturales siglo y medio después. Durante la etapa del feudalismo, el trabajo estaba sujeto a la relación mercantil con el dueño del medio de producción (dueño de la tierra); en el período industrial no era tan diferente la relación, solo cambiaba el medio de producción; el salario significaba la venta de la fuerza de trabajo por parte del hombre a cambio de utilizar el medio de producción para generar mercancías y de esta forma perpetuar la relación trabajador-burgués. El salario debía asegurar la resistencia a la jornada día a día y l reproducción de los trabajadores a fin de contar con los sustitutos de estos para cuando las fuerzas se terminen para ser útiles a la producción de mayor capital. Marx y la crisis del capital Para Marx, el trabajo explotador (obtención de plusvalor), el control de los medios de producción y la organización obrera, eran fundamentales en el inicio de la industrialización para emprender un proceso de cambios que favorezcan la sustitución del capital y su idea alienante. Las experiencias vistas en Londres, Manchester, París, Bruselas y Colonia le orientaban a afirmar que dentro de la primera gran crisis del capital estaba por llegar el estallido social liderado por los trabajadores para la toma del poder, no necesariamente violenta, más sí por medio de cambios en las estructuras jerárquicas de los Estados nacionales, teniendo como protagonista las masas obreras más cultas y preparadas para tal coyuntura. En los inicios de las primeras revueltas en Suiza, París y Polonia (la de París fue la más importante por sus implicaciones futuras); Marx pensaba en que sosteniendo acuerdos con un sector de la burguesía era posible levantar un gobierno obrerista; lo cual dejó de lado al observar las posiciones clasistas adoptadas por éstos con la finalidad de mantener espacios de poder que al final le permitirían deslastrarse del apoyo obrero para no establecer transformaciones sustanciales respecto al capital. ¿Acaso era esta idea en Marx una manera de aproximar a las pequeñas burguesía a una nueva etapa en el camino hacia la derrota del capital? No. En todo caso, de acuerdo a lo aprendido de estas jugadas tácticas, era el capital el que movía sus hilos políticos para reordenarse y mantener su hegemonía, pero lo más importante, es que demostró lo débil que podía ser el movimiento obrero si no lograba organizar base social por sí mismo. Efectivamente, esta premisa en la actualidad es tan vigente como la lucha de clases misma; al igual que en el pasado, en el cual las clases sociales con mayor nivel económico pretendían permanecer en el poder en detrimento de la clase más explotada, en el presente, con los elementos propios del siglo XXI, continúa el control del poder político-económico por parte de las burguesías, incluso en acuerdo mundial, situación que aún no se presentaba a mediados del siglo XIX. Es a partir de la publicación del primer ejemplar del Manifiesto del Partido Comunista (Manifeft der Kommuniftifchen Partei) en 1848, que Marx comienza a presagiar la crisis indefectible por la que atravesará el capital para permitir la toma del poder por parte del movimiento obrero, instaurando la dictadura del proletariado para conformar una mejor sociedad en igualdad de condiciones. No obstante, la tan esperada crisis ha sido de manera cíclica en diversas etapas históricas del capital, no sin echar a la calle cientos de miles de trabajadores para conservar sus márgenes de ganancia intactos, provocando desde el siglo XIX la proliferación de ejércitos de desocupados laborales en todo el mundo, sobre todo después del proceso de globalización neoliberal. En la etapa en la cual Marx desarrolla varias facetas (periodista, militante, teórico, agitador, organizador) se pensó que con un sector pequeño burgués demócrata era posible unir esfuerzos para derrocar a las monarquías o los gobiernos autocráticos. Nada más alejado de la realidad si se toma en cuenta que la pequeña burguesía lucha por mantener y reproducir sus privilegios de clase para el control de la sociedad, mientras que la clase obrera es solo un apoyo coyuntural para la conquista de ese poder, lo que degenera en la sumisión de éstos a los designios emanados por el gran capital expoliador de fuerza de trabajo y de plusvalor. Si la pretensión de los sectores revolucionarios es la toma del poder para transformar la realidad entonces deberá hacerlo por sus propios medios, en acuerdos circunstanciales que permitan su avanzada; organizando la base social necesaria para tal fin, pero aún más importante, generar por medio del estudio y el hecho práctico la economía política que guiará los pasos con las condiciones necesarias para la instauración de la sociedad sin clases; una sociedad del conocimiento con consciencia sobre el sujeto histórico, más allá que deba transitarse por un período de contradicciones para avanzar sobre objetivos determinados.

El objetivo de la entrevista del grupo Copesa-Saieh en La Tercera fue influir para exonerar, confundir a la opinión pública y lavar la imagen del ex presidente-empresario y candidato de la extrema derecha neoliberal, S. Piñera. Este ha sido imputado, pero no sólo debería serlo por uso de información privilegiada sino que además por abuso de poder y faltas a la probidad pública. Reticente a abordar la lógica del problema, al fiscal Guerra no se le ocurrió hablar de esta “arista” evidente. Para algunos especialistas en el tema de la corrupción, las evaluaciones indulgentes de parte de las autoridades judiciales, de los medios y de los llamados líderes de opinión y editorialistas, en casos de faltas a la probidad pública (corrupción política), alimentan la pasividad de los ciudadanos y contribuyen a la baja generalizada de confianza en las instituciones de las democracias liberales (*). Así por ejemplo, Carlos Peña, el opinólogo estrella de El Mercurio y rector de la U. privada Diego Portales, acostumbrado a esgrimir las “reglas de oro” de las democracias liberales, prefirió este domingo 26 de febrero pontificarle a Cuba y ensalzar la figura de la provocadora oficial de la Democracia Cristiana, Mariana Aylwin cuya visita a la isla fue rechazada por las autoridades. ¿No convenía acaso aplicar las reglas de la ética republicana a Piñera y a la democracia liberal chilena, esta última en plena crisis de legitimidad por los niveles de corrupción recurrentes de su casta política? Porque en el caso Piñera-Exalmar (empresa pesquera peruana) la falta de probidad y corrupción en la “democracia liberal” chilena operaba en la cima del Estado. Peña, sin embargo, evitó pronunciarse sobre la investigación de la fiscalía a Piñera para no referirse a la corrupción criolla. Como buen servidor de los intereses de Agustín Edwards ¡qué mejor que tirarse contra Cuba, agredida y amenazada en tiempos de Trump! Es evidente que el titular progandístico de La Tercera del domingo 26 de febrero “ Fiscal regional Manuel Guerra por caso Exalmar: “Hoy no tengo antecedentes que den cuenta de la intervención del ex Presidente Piñera” busca incidir directamente en el debate público para darle una mano a Piñera. El objetivo de la entrevista del grupo Copesa-Saieh es exonerar y de paso lavar la imagen del ex presidente-empresario y candidato de la extrema derecha neoliberal. Este ha sido imputado, pero no sólo debería serlo por uso de información privilegiada sino que además por abuso de poder y falta a la probidad pública —torciendo la lógica del problema, al fiscal Guerra no se le ocurre hablar de esta “arista” evidente. Como por pura casualidad, el titular de La Tercera aparece en los instantes en que la UDI cerraba filas y designaba al político magnate de Bancorp como su candidato a las primarias de derecha. Preguntamos entonces: ¿se prestó el fiscal Guerra para la maniobra “periodística” de desinformación ciudadana, o es tan cándido que no merece llevar una investigación cuyo núcleo central es la falta de probidad de quien siendo presidente no dio claras órdenes a su hijo, a cargo de sus empresas y capitales, para que no invierta en un negocio incompatible, además de confuso y complejo con empresas extranjeras mientras él era presidente de la nación? En la entrevista que le hizo el periodista de Copesa el juez dejaba entender que el que Piñera sea imputado no significa que podría ser formalizado. Contradiciéndose en los términos, Guerra declaraba que las investigaciones actuales (sin embargo truncas) no permitían decir que Piñera hubiera utilizado información privilegiada para invertir durante su mandato en la empresa pesquera Exalmar a través de un fondo de su empresa Bancorp dirigida por su hijo. Pero, agregaba Guerra —y esto genera dudas razonables acerca de las competencias jurídicas del fiscal— que sin embargo la familia Piñera y sus empresas no habían entregado los mails ni tampoco se habían allanado las numerosas oficinas del holding manejado por ella, para así poder revisar los computadores, como ocurrió, recordemos, con las oficinas del hijo de la Presidenta en La Moneda en el caso Caval-Luksic. ¿No sabe el fiscal que este tipo de operaciones, siendo Piñera Presidente de Chile y Jefe del Estado, con o sin información privilegiada, le daba de facto a las empresas Bancard y Bancorp, dirigidas por su vástago, privilegios abusivos en una negociación con una empresa pesquera de un país limítrofe, con el que se estaba en litigio en la Haya y mientras se sabía que la posición chilena era causa perdida? Es evidente que en el marco de este caso, Piñera-Bancorp-Exalmar, pudo haber una manipulación de la entrevista al fiscal Guerra con el ánimo de desinformar y, por parte de éste, una falta a la deontología; de violación de las reglas propias del oficio: la cautela, la prudencia y la falta de exhaustividad en la investigación. No, no se trata de post verdad, sino de una maniobra periodística típica de los medios dominantes tendientes a desinformar a la ciudadanía. Eso sí, habría que saber si fue con la complicidad o con la ingenuidad del fiscal Guerra. Lo grave es que en la entrevista se ve una falta de visión de conjunto de la corrupción política y de cómo ésta afecta la legitimidad del Estado y sus instituciones. Las declaraciones del fiscal tienden a crear un clima de tolerancia y permisividad institucional ante los delitos del duopolio compuesto por la Nueva Mayoría-Chile Vamos. La coalición gobernante que tiene en sus filas corruptos notorios (sin expulsar) y partidos que, como la DC y el PPD, se han financiado con dineros de Soquimich-Ponce Lerou y de la brasileña OAS, no se ha pronunciado nunca claramente y en bloque contra las prácticas corruptas. No seamos ingenuos. Los estudios demuestran que las derechas son más tolerantes con la corrupción en las llamadas “democracias liberales” con ciudadanías supuestamente “libres”, “bien informadas” y “razonables”. Y cuando hay evidencias que uno de sus políticos es corrupto, los electores de este sector no lo castigan con el voto. Piñera y sus secuaces lo saben. “Las cosas suceden como si la política fuera por “naturaleza” un espacio de compromiso y arreglines ocultos que hace que los abusos de la función y la corrupción de la vida política fuera el precio a pagar por vivir en una democracia con delegación de poderes (liberal) a los llamados representantes de los ciudadanos”. Lo han escrito especialistas en el tema como el politólogo norteamericano Robert Putnam (**).