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¿Qué país queremos las organizaciones del MNCI? Reforma Agraria: Nuestra palabra es clara y sencilla sobre la democracia que queremos: creemos que la Reforma Agraria es uno de los caminos posibles para resolver la pobreza de la ciudad y del campo. Hablamos de una Reforma Agraria integral, que vaya más allá de la conquista económica de la tierra. El desempleo, la violencia, la pobreza, la falta de educación, de transporte y de vivienda se solucionarían si se democratizan los medios de producción y el control de la comercialización. Pero también luchamos y proponemos una Reforma Agraria que incluya otros aspectos de nuestra vida: lo social, lo económico, lo político y lo cultural. La Reforma Agraria no es sólo para las familias que habitamos el campo, es también una urgencia y una necesidad para quienes viven en pueblos y ciudades. Es una forma de garantizar nuestra alimentación y nuestro desarrollo, de preservar nuestros bienes naturales, para la humanidad y para las generaciones futuras. En nuestro país nunca hubo una Reforma Agraria. Entre todos debemos ir construyéndola y discutiendo cómo quisiéramos que fuera, qué caminos recorremos, sobre qué pilares la asentamos. Nuestras manos estarán siempre dispuestas a eso. Soberanía alimentaria: Reforma agraria y soberanía alimentaria son dos caras de una misma moneda, se cobijan mutuamente. Soberanía alimentaria supone que el trabajo de nuestra tierra tiene como objetivo prioritario alimentar en forma sana y suficiente a todos los que vivimos en nuestro país. Pero además previendo las necesidades de las generaciones futuras, utilizando métodos y tipos de producción no extractivos que permitan la regeneración de los nutrientes de nuestra tierra. Defendemos nuestro derecho a una cultura de producción, que provee de alimentos sanos a nuestro pueblo, a través de un comercio justo. El modelo de agronegocios actual tiende a considerar que la única forma de producir en el campo es desde el punto de vista del libre mercado, favoreciendo a las empresas multinacionales. Y ese es el criterio con el que se distribuyen y se explotan la tierra, el agua y las herramientas para la producción. Ese es el criterio con el que se llevan las riquezas de nuestro país al extranjero. Hoy la producción agropecuaria no está vista como una vía estratégica para solucionar el problema del hambre en Argentina. Y tampoco como una verdadera forma de vida dentro de los parámetros culturales que unen a toda Latinoamérica, la cultura campesina indígena. Es por eso que cuando hablamos de sistemas campesinos de producción, que contemplan el autoconsumo de las familias y la comercialización de los excedentes y el equilibrio con la naturaleza, la lógica del “libre mercado” los tilda de improductivos. Nuestra vida se basa en el uso comunitario de la tierra, tanto para siembra como para el pastoreo de los animales. Criamos, producimos y elaboramos todo aquello que consumimos y consume nuestro pueblo: dulces, quesos, arropes, frutas, miel, pollos, vinos, verduras, vacas, cabritos, tejidos, chanchos, etcétera. Organizamos ferias de semillas, intercambio de productos. Luchamos por un Comercio Justo, porque se pueda comercializar justamente. Para eso creamos Redes de Comercio que venden nuestros productos, generando una ganancia justa al productor y que a su vez garantizan que el alimento llegue a consumirse en los pueblos y las ciudades. Además, estudiantes universitarios, vecinos y compañeros de organizaciones barriales obtienen un porcentaje de ganancia por la venta, como otra forma posible de generar trabajo digno. Pensamos que el comercio puede ser un acto de intercambio y no una acción en donde sólo se produce el lucro. Un acto sin intermediarios. De las manos campesinas indígenas a su mesa. Territorio: Históricamente los campesinos indígenas hemos poseído la tierra comunitariamente, en campos abiertos. El uso comunitario de la tierra es una costumbre arraigada en nuestra cultura y por eso exigimos que el Estado la reconozca. Pero en nuestro sistema jurídico no está reconocida la propiedad comunitaria de la tierra. Los trabajadores rurales sin tierra sufren la explotación de sus patrones cobrando jornales de miseria. Sin que sean reconocidos ninguno de sus derechos laborales: obra social, aportes jubilatorios, seguro por accidentes, vacaciones, etc. Mientras hay muchas tierras que permanecen sin ser utilizadas y que podrían trabajarse de forma cooperativa. Nosotros decimos que la tierra es para un “uso social”. Desde nuestra visión cumplen con una función social las tierras que se encuentran productivas, respetando la biodiversidad del medio ambiente y los derechos sociales de sus trabajadores, sirviendo para la producción de alimentos en condiciones de vida digna. Las leyes existentes protegen a las empresas multinacionales que explotan nuestras minas a cielo abierto. El estado no las controla, les da subsidios y les baja los impuestos. Se calcula que si el Estado se adueñara de uno sólo de los 560 emprendimientos mineros que hay en el país podría construir: 1500 hospitales de alta complejidad con su instrumental, 5000 escuelas equipadas y 70000 kilómetros de rutas asfaltadas. Por eso hemos generado, y propuesto al estado nacional, una Ley Campesina Indígena que contempla estas necesidades urgentes de las comunidades: el uso social de la tierra, la entrega de tierras improductivas a familias sin tierra y la detención inmediata de los desalojos. Porque cada día que pasa nuestras tierras se concentran en menos manos. El 82% de los productores (familias campesinas y trabajadores rurales) ocupan sólo el 13% de la tierra. Mientras que el 4% de las denominadas “explotaciones agropecuarias” son propietarias del 65% total de la tierra utilizada para la producción. El modelo de agronegocios impuesto no sólo desconoce nuestra relación y concepción de la tierra, nuestra posesión ancestral. También nos expulsa de la tierra que trabajamos por generaciones, a través de la violencia, la mentira y la complicidad de los gobiernos. Por esta situación de desamparo jurídico y de usurpación que vivimos las familias campesinas indígenas reclamamos que se detengan inmediatamente los desalojos y los remates de nuestros campos. Para que ninguna familia más tenga que irse de su tierra. Seguridad y Derechos Humanos: Hombres y mujeres uniformados que muchas veces nacieron en el mismo lugar que la familia desalojada. Se niegan a tomar las denuncias o escriben lo que ellos quieren y no lo que el denunciante declara. En definitiva, son cómplices de un sistema que desaloja campesinos indígenas de las tierras en las que nacieron. Sin que les tiemble un poco el corazón por dejar sin casa a una familia para que un empresario se llene de plata. Hoy las familias que resistimos el avance del modelo de agronegocios sufrimos también la represión. La policía y grupos armados civiles nos aprietan con total impunidad. Se pasean armados por nuestros territorios y nos amenazan si hacemos denuncias. Pero somos los campesinos indígenas los que terminamos imputados. Tenemos muchos compañeros y compañeras imputados por defender sus derechos. Pero aún no hemos logrado que la justicia sea justa con los responsables de robarnos las tierras y los bienes de la naturaleza. Las fuerzas de seguridad, mantienen los mismos principios morales que los responsables del genocidio y el terrorismo de Estado. No alcanza sólo con que hagan cursos de Derechos Humanos si después en las comisarías les enseñan a torturar. La política de seguridad de los gobiernos que siguieron a la dictadura militar de 1976 fue siempre la misma: mano dura. Leyes con penas mayores, más policías en las calles y comandos especiales. Fuegos de artificio ante una realidad social que necesita de otras medidas, que no son las de seguridad, para disminuir la violencia en la que vivimos. Esta realidad social requiere de más democracia, más justicia, más soberanía popular para disminuir la violencia. La mano dura vino acompañada del gatillo fácil. Y las detenciones “preventivas” llenan las comisarías de gente que aún no fue juzgada por ningún delito. Las cárceles no tienen ningún proyecto para los hombres y las mujeres que están allí encerrados. Nada más que eso: el encierro. Salud: Para nosotros tener salud es mucho más que tener remedios y médicos. Creemos que el acceso al sistema de salud es un derecho que el Estado debe garantizar y que nosotros, desde nuestra organización, apoyamos. Construimos ese derecho, lo exigimos y lo alentamos desde lo que hacemos. Estas políticas públicas deben además reconocer y articularse con todos aquellos saberes y prácticas en salud que nuestros antepasados han creado y desarrollado a lo largo de generaciones. Nuestra propuesta en salud busca recuperar un proceso de intercambio de saberes, como base para un el trabajo comunitario. Rompiendo con los esquemas asistencialistas, verticales y autoritarios que tradicionalmente se han dado en el campo de la salud. El cambio fundamental es que la comunidad y los individuos dejen de ser objeto de atención y se convierten en actores que conocen, participan y toman decisiones sobre su propia salud y asumen responsabilidades especificas ante ella. Para eso nos formamos como promotores de salud, hacemos talleres para capacitarnos y armamos nuestros propios puestos sanitarios y botiquines comunitarios. Creemos que la salud es la búsqueda de mejores condiciones de vida. Porque somos parte inseparable de nuestro ambiente tenemos mucho que aprender del proceso a través del cual se ha construido el conocimiento y los diversos saberes populares, entre ellos los referidos a las plantas, hierbas y yuyos medicinales. La utilización tradicional de las plantas medicinales por los pueblos campesinos indígenas siempre se enmarcó en un sistema mucho más complejo de cuidado de la salud, que implica prácticas culturales y de alimentación sana. Educación y Formación: Como MNCI organizamos nuestros propios espacios de formación e intercambio de saberes: la Escuela de la Memoria Histórica, el Campamento Latinoamericano de Jóvenes y la Escuela de Formación Política. También participamos del Curso de Militantes de base que cada año organiza el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil. Es nuestro sueño y una realidad construir la Universidad Campesina. Ya comenzamos en Santiago del Estero con la Tecnicatura en Agroecología. Y existe el proyecto para la tecnicatura de Promotores de Salud y Maestro Campesino. Realizamos talleres y capacitaciones de discusión y prácticos. Estos espacios de educación popular buscan compartir los conocimientos que cada uno tiene: no hay profesores y alumnos. Todos aprendemos de todos. Todos tenemos algo para aportar en la construcción de los saberes. Las consecuencias de las reformas y los planes de ajuste neoliberal también contribuyeron a la degradación de las sistemas educativos públicos primarios, secundarios y universitarios. La formación que nos da la escuela pública en todos sus niveles desconoce nuestras particularidades culturales y regionales, dificulta la comprensión de nuestro entorno, anula casi cualquier posibilidad de pensar críticamente lo que nos pasa. No se forman técnicos, ni se enseñan oficios. Mucho menos permiten desarrollar pensamiento en función de la realidad. El tema del empleo no puede ser abordado al margen de este contexto. La educación y el desarrollo económico están constantemente interactuando entre sí. En nuestro país cada vez menos niños tienen acceso a las aulas para aprender y jugar con otros niños. Y cada vez más niños van a la escuela sólo porque es el lugar en donde pueden desayunar y conseguir un plato de comida. El Estado debe garantizar un plan de becas que contenga a los estudiantes desde lo económico, pero también desde lo pedagógico. A los estudiantes de todo tipo debe proporcionarles las facilidades para que construyan su formación de libertad, respeto y solidaridad. Comunicación: Para nosotros la comunicación es una acción que parte de la actitud de escuchar y de tratar de conocer el contexto en el que vivimos, que queremos modificar. Es un derecho fundamental de todos nosotros poder construir nuestros propios medios de comunicación comunitarios: boletines, revistas, diarios, radios y canales de televisión. Nosotros tenemos radios FM, boletines gráficos, y páginas web. Desde nuestros medios tratamos de reflejar la vida de las familias campesinas indígenas. Y la única manera de lograrlo es que sean las propias comunidades quienes generen la información que se difundirán en cada medio. La comunicación, desde nuestra mirada, sirve para conocer y comprender cuáles son las causas de la pobreza y la exclusión, las nuestras y las de otros. Y también para conocer y comprender la manera los medios tratan esta cuestión, porque los medios masivos son espacios centrales para construir consensos u oposiciones hacia nuestras luchas y reivindicaciones. Es necesario que todos los sectores puedan tener acceso a los medios públicos masivos, para difundir sus discursos sobre lo que hacen, piensan y buscan a través de su trabajo. Para escuchar y conocer lo que otros hacen y piensan. Para poder construir una sociedad asentada en la verdad, en el respeto a la voluntad popular, en la integración de las mayorías. www.mnci.org.ar