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La urgencia de la Casa Rosada de cambiar la agenda tras la sanción de la reforma jubilatoria El timing de la justicia federal no deja de llamar la atención. La resolución de Ercolini coincide con la urgencia de la Casa Rosada de cambiar la agenda tras la sanción de la reforma jubilatoria, una ley que es rechazada por el 65% de los encuestados, de acuerdo a sondeos de distintas consultoras, lo que quedó demostrado con los cacerolazos que se vieron durante el desarrollo de la sesión en el Congreso, entre otros puntos, en la Capital Federal, bastión del macrismo. La causa inició el 16/03/2016 con una denuncia de Elisa Carrió, en la que señaló que López se había beneficiado "a partir de incumplimiento en el pago de 8.000 millones de pesos correspondientes al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos" y que "uso el dinero retenido para fondear empresas de su propio grupo, entre ellas, Inversora M&S SA y Oil M&S SA". La denuncia también argumentaba que parte del dinero recaudado "fraudulentamente se destinó a satisfacer los retornos de los ex mandatarios Néstor y Cristina Kirchner, sus empresas y sociedades". Ercolini indagó a los 21 imputados, entre quienes se encontraban López, De Sousa y Echegaray, y ordenó una inhibición general de bienes sobre todas las sociedades que integran el Grupo Indalo. "En connivencia y de forma coordinada, (los funcionarios imputados) incumplieron los deberes a su cargo -por acción en algunos casos y mediante omisión en otros- y con sus intervenciones permitieron que Oil Combustibles postergara indefinidamente el pago en forma irregular -acumulando deuda-", acusó Pollicita. Después de horas de incertidumbre, el empresario Cristóbal López se entregó a la Justicia. Según confirmó LA, el empresario K se presentó con dos abogados en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, Resumen nivel globo Cristobal tiene que ir preso,al igual que Cristina. El tema es como manejan los tiempos la justicia a su conveniencia.
Angelici, favorecido por un fallo que exime a sus bingos de pagar Ganancias El juez Lavié Pico le otorgó una medida cautelar frente a las quejas del operador judicial, que se resiste a pagar el impuesto Los bingos del principal operador judicial del presidente Mauricio Macri , Daniel Angelici , ya no pagan el impuesto a las Ganancias que se aplica al resto de la economía argentina. Obtuvo una medida cautelar que convalida su principal argumento: que ese tributo es "confiscatorio" para toda la industria del juego de acuerdo a como fue diseñado. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, le concedió a Angelici la medida cautelar tras compartir, de manera preliminar, sus objeciones a la ley 27.346, que creó un "impuesto específico sobre la realización de apuestas", y al decreto 179/17 de Macri, que elevó la alícuota del impuesto a las ganancias para el sector del 35 al 41,5 por ciento. Lavié Pico estimó que esa suba al 41,5% "aparecería como confiscatoria, violando así el derecho constitucional de propiedad", por lo que estimó que correspondía darle la cautelar a las empresas de Angelici. Con esa medida cautelar a su favor, Angelici ya no tributará un piso de $ 14 millones anuales por sus bingos -como mínimo- y, a cambio, el juez Lavié Pico le ordenó depositar $ 1,5 millón como "caución" en Tribunales, según surge de la resolución judicial cuya copia obtuvo LA NACION. La medida cautelar, dispuesta el 13 de noviembre pero que hasta ahora no había trascendido, beneficia a tres sociedades del "Tano" Angelici: Bingo Ramallo SA, World Games SA, que controla un bingo en Pergamino e intereses en Brasil, y Desarrollos Maipú SA, con un casino en Mendoza. Los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apelaron la medida cautelar. Pero Lavié Pico se inclinó otra vez a favor del "Tano" Angelici y concedió el recurso con efecto "devolutivo". Es decir, que mientras se tramite la apelación, la medida cautelar seguirá vigente y, por tanto, los bingos de Angelici no tributarán el impuesto a las ganancias. PERO PARA LOS JUBILADOS NO ALCANZA