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Durante las protestas de la comunidad mapuche de Cushamen, en la provincia de Chubut, desapareció un joven de 28 años, Santiago Maldonado, oriundo de Buenos Aires y residente en El Bolsón. Santiago se encontraba allí el lunes 31 de julio para apoyar la lucha del pueblo mapuche y acudió a las protestas organizadas por la comunidad en reclamo de la liberación del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, detenido y acusado de terrorismo en Chile. La Gendarmería recibió órdenes de disolver las protestas de forma violenta cargando contra los manifestantes, y así lo hizo. La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, especialista en derecho indígena y defensora de Facundo Jones Huala y Milagro Sala, relató al diario Página 12: “Cuando entraron los gendarmes a los tiros todos salieron corriendo, entre ellos Santiago . Corrieron para un mismo lado para ocultarse entre la vegetación y hay quienes vieron dónde se ocultó Santiago . Pero entre los tiros y las agresiones, un segundo más tarde lo pierden de vista y escuchan que un gendarme da la voz de ‘Tenemos uno’, y luego acercan una camioneta de la Gendarmería, abren las puertas traseras y entre varios rodean las puertas para que no se pueda ver”. En una carta, el hermano del desaparecido, Sergio Maldonado, hizo el fin de semana una descripción similar de lo ocurrido: “Los gendarmes lo rodearon, lo golpearon y lo subieron a una camioneta. No sabemos nada más”. Insistió en que “no se lo tragó la tierra”, sino que “está desaparecido en manos de Gendarmería”. El gobierno no salió a dar su versión de los hechos hasta ayer, después del revuelo causado a una semana de su desaparición y de la aparente pasividad de las instituciones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que fue el Juzgado Federal de Esquel, a cargo del juez Guido Otranto, quien ordenó la intervención policial contra los manifestantes frente a “hechos de violencia extrema como la quema de casas de puesteros y una estación de tren”. Continuó: “Se había tomado la ruta 40, la Gendarmería va por orden del juez a despejar la ruta, en una situación complicada y violenta, porque hay todo tipo de armas. Retiene a dos mujeres con chicos y todos los encapuchados salen corriendo hacia la comunidad de Cushamen, que queda justamente ahí”. Dijo que estas personas fueron liberadas después. Así, según la versión del juez Otranto y del gobierno, no hay indicios de que Santiago hubiera sido detenido por los gendarmes. Por su parte, Pablo Nocetti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, antes del operativo había declarado a Radio Nacional Esquel: “Que sepan que vamos a detener a todos los miembros de este grupo que genera caos y temor en la sociedad”. Fueron varias las organizaciones y movimientos sociales que se pronunciaron sobre este caso y responsabilizan al gobierno de que no se conozca el paradero del joven de 28 años. Nora Cortiñas, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dijo a FM La Patriada que “es muy grave esto que está pasando” y que “la ministra Bullrich debe renunciar ya si tiene un poco de dignidad”. La dirigente consideró que “es una persecución hacia los pueblos originarios”. La ex presidenta Cristina Fernández se puso en contacto con la familia del desaparecido y dijo, en redes sociales, que “el gobierno nacional, de quien depende Gendarmería, tiene la obligación de informar dónde está Santiago y la responsabilidad de su aparición [...] Santiago debe aparecer. Y debe aparecer con vida”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas que actúe “de manera inmediata” para que tome las medidas para encontrar al joven. Según informó anoche el CELS, el Comité respondió al pedido y exigió “la acción urgente del Estado argentino” para encontrar al joven. La familia, por boca de uno de los hermanos de Santiago , Germán Maldonado, llamó “a todo el pueblo argentino” a que participara ayer en movilizaciones pacíficas en distintos puntos del país.

Abogados sobre la reforma laboral de Macri: "Es una ley hecha a medida de los empresarios" La Asociación de Abogados Laboralistas emitió un comunicado tras la divulgación del proyecto de reforma laboral del Gobierno de Mauricio Macri y alertaron que se trata de una reforma que “ataca los pilares históricos del derecho del trabajo”.Para los abogados todos los artículos y capítulos del documento son "con un sesgo pro empresario". Luego de la polémica y cuestionada reforma laboral aprobada en Brasil por iniciativa de Michel Temer, este martes se conoció un primer borrador de la ley de reforma laboral que lanzará el Gobierno de Mauricio Macri tras ser enviado por el gobierno a la Confederación General del Trabajo. El documento, que tiene 56 páginas y 145 artículos, define los aspectos centrales del plan de Cambiemos para el mundo del trabajo y contiene un capítulo sobre blanqueo o regularización del trabajo no registrado en el que se eliminan las multas, infracciones y se anula la responsabilidad penal del empleador. Además, se condonan las deudas de las contribuciones patronales no realizadas. El borrador contiene una amplia gama de beneficios empresarios para la contratación y el despido de personal, así como una consecuente reducción de prerrogativas judiciales para los trabajadores y hasta la redefinición del concepto de “trabajo”, que a diferencia de la normativa vigente, pone en igualdad de condiciones al empleador con el asalariado. Las horas extras también figuran en la reforma y el proyecto es dejar de pagarlas y sustituirlas por un “compensatorio”, a través del cual el trabajador podrá recuperar ese tiempo no asistiendo al trabajo. “Es una ley hecha a medida de los empresarios” El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, se pronunció tras la divulgación del proyecto de reforma y advirtió que contrario de lo que el gobierno había anunciado el texto presentado expresa un proyecto de flexibilización laboral y un intento de transformar estructuralmente el mundo del trabajo en la Argentina. “Es una reforma estructural, integral, que ataca los pilares históricos del derecho del trabajo en la Argentina”, denunció Cremonte en un comunicado y agregó que “no existe ningún ejemplo en el mundo que muestre que haber renunciado a derechos haya creado más trabajo”. El texto agrega que la propuesta “extiende de modo exponencial la tercerización laboral, desnaturaliza las multas por el empleo no registrado, crea la fraudulenta figura del ‘trabajador autónomo económicamente dependiente’ y reduce la indemnización por despido”. Para los abogados laboralistas es “una falacia” que, para generar más empleo, se “eliminen las normas que tutelan a la persona que trabaja y el sentido compensador del derecho social”. “Se trata de un presupuesto de matriz neoliberal que ha fracasado una y mil veces en la historia”, afirman. “Modifica toda la ley de contratos de trabajo, incluso algunos aspectos que ni (el ministro de Economía de la última dictadura cívico militar) Alfredo Martínez de Hoz se animó a tocar”, opinó Cremonte a Página/12. Según explicó al mencionado medio la comparación de la reforma laboral con la que se hizo en 1976 no es arbitraria e incluye aspectos simbólicos. “Entre los objetivo que plantea el nuevo texto se propone liberar a las fuerzas productivas, expresión que utilizó Martínez de Hoz para la reforma del 76”, señaló. “Ahora va a ser válido que renuncies a las condiciones que ya habías pautado en el contrato individual y no podrás recurrir a la Justicia para restituir las condiciones” originales, detalló. Además, para calcular la indemnización serán “excluidos de la base salarial el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones”. “No hay ningún mensaje que favorezca la creación del empleo, favorece la destrucción del empleo, y sin consecuencias. Es una ley hecha a medida de los empresarios”, denunció el abogado. El único beneficio para el trabajador es la extensión de la licencia por paternidad, que pasa de dos días a quince, y la posibilidad de tomar un mes sin goce de haberes, sentenció. El texto deberá ser discutido y aprobado por el Congreso argentino, pero los abogados laboristas resaltaron en su comunicado que “resistir esta reforma no puede depender sólo de las representaciones parlamentarias. Los propios trabajadores y sus organizaciones deben dar batalla a esta reforma regresiva; todos los actores del mundo del trabajo deben hacerlo”.