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Republica de Cromagnon República Cromañón —también conocida como República Cromagnón o simplemente como Cromañón— era una discoteca ubicada en la zona de Once en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, trágicamente conocida a raíz de un incendio que comenzó la noche del 30 de diciembre de 2004, durante un recital de la banda de rock Callejeros. Este incendio provocó una de los mayores tragedias no naturales en Argentina, causando la muerte de 194 personas y dejando más de 700 heridos. El incendio causó, además, importantes cambios políticos y culturales. En relación a lo político, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires inició un juicio político para destituir al entonces Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, por considerarlo responsable político de la tragedia. Este enjuiciamiento terminó con su destitución, siendo reemplazado por el Vicejefe de Gobierno Jorge Telerman. En cuanto a lo cultural, la tragedia concientizó a la sociedad sobre el estado de las discotecas y locales destinados a espectáculos musicales, y las autoridades clausuraron muchos de ellos. De esta forma, muchos de los espacios culturales que anteriormente servían para que las pequeñas bandas, o artistas en general, se dieran a conocer fueron clausurados. El Local República Cromañón era un establecimiento donde se realizaban conciertos y eventos. Se encontraba ubicado en la calle Bartolomé Mitre 3060/3066/3070, en el barrio de Balvanera de la Ciudad de Buenos Aires. El lugar se encontraba gerenciado por Omar Chabán, y había sido inaugurado el 12 de abril de 2004 con un recital de la misma banda que tocaría el día del incendio: Callejeros. Chabán fue una figura muy importante para el desarrollo del rock argentino de finales del siglo XX, ya que dos lugares emblemáticos del under de la época, Café Einstein (que funcionó durante la primera mitad de la década de 1980) y Cemento, eran de su propiedad. "En todas estas semanas de autocríticas más o menos reflexivas, el mundo del rock se olvidó de mencionar que los antros de Chabán representaban, en efecto, una especie de alternativa al circuito de espacios civilizados que creció en los últimos tres o cuatro años: Obras concesionado por Pop Art, El Teatro, La Trastienda, etcétera. Esa falta de control que prevalecía en Cromañón y Cemento, de algún modo, les permitía a los artistas imponer sus reglas: por ejemplo, la contratación de patovicas que no maltrataran a la gente. Las bandas nos sentíamos cómodas en Cemento y en Cromañón. No reparábamos en otras cosas, dice Toti, de Jóvenes Pordioseros. Antes había que pasar por Cemento para ser alguien en el under. Y ahora tenías que hacerte fuerte en Cromañón, es la verdad. ¿Por qué no lo dice nadie? Porque nadie quiere quedar pegado." La propiedad donde se encontraba República Cromañón no pertenecía a Chabán, sino a una empresa llamada Nueva Zarelux SA, radicada en la ciudad uruguaya de Montevideo. Debido a una investigación de la Inspección General de Justicia a pedido de la jueza a cargo de la causa, se descubrió que esta empresa había comprado este predio, y del Central Park Hotel ubicado en Jean Jaures 51, y a cuyo estacionamiento conducían dos de las salidas del local, en 1998 por 688 mil dólares a la empresa National Uranums Corp. Ésta última, radicada en las Islas Vírgenes, lo había comprado en 1994 por 2,2 millones de dólares. Nueva Zarelux SA fue creada el 4 de junio de 1997, y los socios fundadores son Herry Luis Vivas San Martín y María Dora Velázquez. Una investigación del diario Brecha de Uruguay entrevistó a Vivas, quien declaró que el Estudio Cukier & Cukier, radicado en Montevideo, le pagó para aparecer como socio en el estatuto. Vivas es un jubilado uruguayo que realiza trabajos de pintura y mantenimiento, y que también figura como socio fundador en los estatutos de Rakers Sociedad Anónima, Sanibel Cardinal Corporation, Mainlop Financing Sociedad Anónima, Bronson Stern Sociedad Anónima y Galion Federal Corporation, todas inscriptas en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Montevideo. La empresa Lagarto S.A. era la locataria del lugar, y cedía la explotación a diferentes personas. De esta forma funcionaron República Cromañón y, anteriormente, otro local de baile: El Reventón. Según la declaración de Rafael Levy, Chabán pactó el pago de un canon mensual de 9 mil dólares con Lagarto S.A., pero como no presentó las garantías suficientes la instrumentación del contrato quedó pendiente. Un testigo señaló a Levy como el verdadero propietario del lugar, por lo que fue citado a declarar. El incendio "[..]ustedes saben cómo nos manejamos, o sea lo saben realmente, pero bueno, son así las cosas. Les pido a todos aquellos que trajeron bengalas, y yo sé que lo hacen de corazón y nosotros lo valoramos un montón, pero se los pido por favor, por lo menos esta noche vamos a saltar y cantar que es lo que mejor nos sale. Y... y cuando estemos en otro lugar vamos a poder hacer todo lo que querramos…" Patricio Fontanet durante un recital realizado en el Estadio Obras Sanitarias, meses antes de la tragedia El 30 de diciembre de 2004 se presentaba en República Cromañón el grupo Callejeros, quienes ya habían tocado en el lugar meses antes, en la inauguración del local. El incendio comenzó aproximadamente a las 22 y 50, después de que uno de los asistentes al espectáculo encendiera un elemento de pirotecnia, cuyos proyectiles incandescentes impactaron en una media sombra, una especie de tela de plástico inflamable, que a su vez apoyaba sobre guata recubierta por planchas de poliuretano. Al notar el incendio, los espectadores comenzaron a evacuar el lugar. Sin embargo, esta evacuación no se realizó en forma normal por diversos motivos: la cantidad de personas que concurrieron al recital era mucho mayor que la capacidad del local, la salida de emergencia se encontraba cerrada con un candado y alambres, y los gases tóxicos producto de los materiales inflamables asfixiaron rápidamente a muchas personas. Muchos de los que lograron salir del lugar volvieron a ingresar para rescatar a las personas que todavía se encontraban en el interior del edificio, mientras que otros improvisaron medidas de primeros auxilios hasta que llegaron refuerzos policiales, médicos y la división policial de bomberos. Pese a sus esfuerzos, en el incendio y en los días subsiguientes murieron 194 personas y 714 resultaron heridas; incluso familiares de integrantes de la banda. Fallecieron varios niños, y varios medios de información declararon que había una guardería en el baño de damas,lo que fue desmentido por los testigos, Los testigos también argumentan que el día de la tragedia sólo se encontraba habilitado el baño de damas, y que sus pequeñas dimensiones imposibilitaban que allí funcionara la supuesta guardería. La mayoría de los decesos fue por inhalación de diferentes gases (monóxido de carbono, ácido cianhídrico, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y vapores de isocianato)[10] y por quemaduras de vías aéreas superiores, no por aplastamiento o incineración como en la mayoría de estos accidentes; algunas de estas muertes ocurrieron ya en los hospitales públicos o privados a los que fueron trasladadas en primera instancia las víctimas. Más de 6 instituciones privadas y estatales estuvieron trabajando hasta pasada la media noche que marcaba el final del año ayudando a amigos y familiares de las víctimas que aún no podían encontrar a sus seres queridos. Más allá de la cantidad de nosocomios en los que se podían encontrar, la falta de organización y las cifras manejadas dificultaban el reconocimiento de los heridos y las víctimas fatales. Materiales inflamables La espuma de poliuretano, al entrar en combustión, genera cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico), dióxido y monóxido de carbono; mientras que la guata produce dióxido y monóxido de carbono. La media sombra originó dióxido y monóxido de carbono y acroleína. Según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el volumen de ácido cianhídrico, con el local lleno, alcanzaba las 255 ppm, siendo el nivel letal para ratas de laboratorio de 150 a 220 ppm. El informe también estableció que la concentración de monóxido de carbono causado por las planchas de espuma, y sin contar el resto de los elementos, ascendía a 3500 o 4000 ppm, que produce efectos fatales en exposiciones menores a una hora. También determinaron que "en base a las características que presentaba “REPUBLICA CROMAÑON” el día del suceso -volumen interno y volumen de aire libre- como así también la superficie de espuma de poliuretano incendiada -177 m2-, ésta tendría que haberse consumido en 13 minutos, mas la colocación de la media sombra y el hecho de que el material pirotécnico no impactó en su centro (de la espuma de poliuretano), reduciendo el tiempo considerablemente" Fallo del 3 de junio de 2005 Capacidad del local y salida de emergencia El local se encontraba habilitado para dichos espectáculos con una capacidad de hasta 1.031 personas; sin embargo el recuento del público era bastante mayor a dicha cifra. En la causa judicial se asegura que ingresaron al menos 2.811 personas,[9] según un recuento realizado por SADAIC que no incluía a los invitados. Empleados de los comercios encargados de la venta de entradas declararon que les fueron entregadas 3.500 entradas para la venta, y que además podían adquirirse otras en Cromañón antes del comienzo del recital. Para agravar la situación, la salida de emergencia (que según declaraciones de Omar Chabán no era una verdadera salida de emergencia) se encontraba clausurada. "[...]la puerta en cuestión se encontraba siempre cerrada con candado por orden de CHABAN, quien decía que no debía abrirse para no tener conflictos con el hotel aledaño, dado que comunicaba con su garage" Fallo del Juez Lucini del 3 de junio de 2005. Este portón metálico de dos hojas, de 2.5 m de ancho por 3.6 m de alto, poseía un sistema de apertura "antipánico", que se encontraba cerrado con un candado y varios alambres. La puerta originalmente se encontraba sellada con una goma espuma ignífuga y tapada por un chapón, que días antes de la tragedia fueron removidos para que el personal del hotel realizara una fiesta. Ésto provocó que todo el público se agolpara para salir por los accesos habilitados o intentara escapar del siniestro por la salida que se encontraba detrás del escenario, y que conducía también hacia el estacionamiento del hotel, lo que se dificultó cuando se cortó la luz del lugar poco después de iniciado el incendio. Además, la entrada principal, compuesta por seis puertas "doble hoja", no habría estado abierta en su totalidad. Habilitación El establecimiento se encontraba habilitado como local de baile clase C en forma autónoma, no como anexo de otro establecimiento. Según el inciso "d" del artículo 10.2.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la ciudad, se prohíbe a este tipo de locales la comunicación con otros establecimientos, lo que no sucedía ya que la puerta que se encontraba detrás del escenario y la puerta de emergencia daban al estacionamiento de un hotel. Si bien estaba habilitado como local de baile clase C, en la práctica funcionaba como un microestadio, por lo que debían aplicársele otras normas. Estas normas establecen que debía pedírsele autorización a la Dirección de Habilitaciones y Verificaciones con varios días de anticipación, y durante el recital deberían haber estado presentes inspectores del Área Contralor Espectáculos y fiscales contravencionales. También establecen que debe garantizarse una cierta presencia de policías, bomberos y ambulancias. Debido a la habilitación que poseía, se encontraba prohibida la concurrencia de menores de 18 años, que no fueran acompañados por sus padres o tutores, a los espectáculos que se realicen entre las 23 y 6 horas. Sin embargo murieron muchos menores durante el incendio. Además, la Certificación de Bomberos de República Cromañón se encontraba vencida. La Superintendencia de Bomberos es la encargada de expedir la habilitación del sistema contra incendios del local, algo que se había hecho por última vez en noviembre de 2003 y por un período de un año. Por lo tanto, dicha habilitación había caducado y el local debió haber sido clausurado. Como si fuera poco, de los quince matafuegos existentes en el lugar diez se encontraban despresurizados Meses antes de la tragedia, la Defensoría del Pueblo había publicado un informe donde denunciaba que la mayoría de los locales bailables de la Ciudad de Buenos Aires no se encontraban en condiciones. Este informe fue ignorado por el Gobierno de la Ciudad. Pirotecnia La utilización de bengalas y otro tipo de pirotecnia, tanto en espacios abiertos como cerrados, era común en los recitales del llamado rock suburbano o rock chabón. La pirotecnia llegó a convertirse en parte del folklore y de la estética de esa música, un ritual dentro del propio recital. Estas prácticas nunca fueron completamente desalentadas por los artistas. El Indio Solari, uno de los principales referentes, refleja el fenómeno: “En referencia a las bengalas y demás, digamos que la cultura rock tiene eso, también: no es una cultura progresista, de todo prolijito. Ahora les recomendamos a los chicos que no vayan con pirotecnia al show (…) Pero, en definitiva, a mí me cuesta mucho renegar del folklore de las bengalas y las banderas del rock. Creo que el rock es eso. Yo tengo la imagen de ‘Juguetes perdidos’ en River, entrando a cantar con todo eso y… ¡Guau! No es sopa. Yo no quiero renegar definitivamente de todo eso. Aunque, desde ya, en este momento tiene que primar el respeto y el cuidado. (…) [La pirotecnia] Dejó un acento, una marca estética en casi todo lo que llamamos rock nacional, que por algo es diferente del rock belga, del rock japonés o de cualquier otro” Carlos 'Indio' Solari, Rolling Stone Argentina nº 92, noviembre de 2005 Los miembros de Callejeros tampoco repudiaban las prácticas. Figura en la causa una entrevista realizada el día del incendio por el periodista Juan Di Natale, y que iba a emitirse al día siguiente por lo que los miembros del grupo simulaban que el recital ya había sido realizado: "En ella el baterista Vázquez hizo mención a la cantidad de gente que fue a verlos (4000 personas) y al serle preguntado sobre el tema de las bengalas dijo que había habido muchísimas y que eran 'la frutilla de la torta'" Fallo del 3 de junio de 2005 En declaraciones del mes de mayo de 2004, el cantante también hablaba sobre el tema: “Es así, la gente es todo, por eso no me gustan las grabaciones ni estar en un estudio. En cambio, disfruto mucho más de los recitales. Todo lo que pasa en un show me encanta, inclusive el tema de las bengalas, que me mata porque en cierto punto no puedo respirar y menos cantar. Nuestra gente lleva todo tipo de pirotecnia. A veces tratamos que no metan cualquier cosa, pero por una cuestión de que nadie se lastime” Patricio Fontanet, revista 'El Acople'. 18 de mayo de 2004 En su falló, el juez Lucini expresó que Callejeros se encontraba a cargo de la seguridad, algo que la banda había negado. Según las declaraciones de testigos, los controles realizados a las personas que había sido invitadas por la banda y se alojaban en el sector VIP eran prácticamente nulos. En cuanto al público en general, los testimonios sobre el control son diversos: algunos declaran que fueron revisados en forma rigurosa mientras que otros declararon que el control fue mínimo. Antes de que comience el recital del 30 de diciembre, tanto Chabán como Fontanet advirtieron al público que no encendieran bengalas. Según testigos, Chabán declaró: “No sean pelotudos. No tiren bengalas. Acá hay 6000 personas y no quiero que pase lo de Paraguay. Si alguien prende algo nos morimos todos” El uso de pirotecnia ya había causado focos de incendio en el local. El 1 de mayo de 2004, durante un recital de Jóvenes Pordioseros, un principio de incendio causó la evacuación de todos los espectadores y debió ser extinguido por el personal de seguridad. El 25 de diciembre, pocos días antes de la tragedia, se produjo otro foco durante un recital de La 25, que también logró ser sofocado Procesos judiciales Tras la tragedia, la Justicia dictó la orden de captura nacional e internacional de Omar Chabán, gerenciador de República Cromañón. Tras varios allanamientos, Chabán fue arrestado en una casa del barrio porteño de Monserrat.Durante los primeros días, la banda Callejeros declaró a los medios, a través de su abogado, que ellos no habían firmado ningún contrato con Chabán, y que el único organizador del recital fue el empresario. Tras interrogar a varios testigos, la jueza de instrucción María Angélica Crotto dictó el procesamiento de Omar Chabán acusándolo de homicidio simple con dolo eventual de 192 personas (eran las víctimas fatales hasta ese momento). Además, resolvió el embargo de bienes por 57.600.000 pesos. Por problemas de salud, la jueza decidió tomarse una licencia, siendo reemplazada por el juez de instrucción nº 8 Julio Lucini. A finales del mes de febrero de 2005 fueron detenidos Diego Argañaraz, manager de Callejeros, Lorenzo Bussi, encargado de la seguridad, y Raúl Villareal, mencionado como coordinador general del local. Argañaraz y Bussi fueron liberados, ya que fueron procesados por homicidio culposo, un delito excarcelable. A Villareal en cambio, se le dictó la prisión preventiva ya que fue acusado de homicidio con dolo eventual. En el caso de Villareal el juez destacó que "lejos de asumir el rol de simple empleado y/o colaborador, tenía una activa participación en el "negocio", a punto de haberse convertido en la verdadera 'mano derecha' de Chabán", del manager de la banda expresó que "actuó en forma imprudente y negligente, lo cual facilitó la producción del siniestro que terminó con la vida de 193 personas y produjo centenares de heridos" y en el caso de Bussi estableció que "si hubiera actuado en forma correcta, extremando el cacheo de los asistentes y verificando que ninguno de ellos ingrese al lugar sin antes ser exhaustivamente revisado, el incendio no se hubiera producido y las muertes se hubiesen evitado". Los tres sufrieron un embargo de bienes, Villareal de 57 millones de pesos, mientras que Argañaraz y Bussi de 20 millones. En el mes de marzo fueron procesados cinco integrantes de la Policía Federal Argentina. Los comisarios Miguel Ángel Belay y Gabriel Sevald, y el subcomisario Carlos Díaz fueron procesados por el delito de cohecho pasivo, y fueron embargados por la suma de 500 mil pesos. Además se procesó a los agentes Oscar Sosa y Cristian Villegas por incumplimiento de los deberes de funcionario público y fueron embargados por 100 mil pesos. Los imputados expresaron que eran inocentes, mientras que Chabán se negó a declarar por el presunto pago de sobornos. En el mes de mayo, los abogados de Omar Chabán solicitaron al juez Lucini la excarcelación. Lucini la negó, por lo que fue apelada ante la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la Sala Quinta (integrada por Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich) decidió excarcelar al empresario mediante el pago de una fianza de 500 mil pesos. Chabán fue trasladado a la prisión de Marcos Paz, y luego de que fuera pagada la fianza fue liberado el 14 de junio. La excarcelación desató una nueva polémica, no sólo en lo referente a la causa sino en lo referente a todo el sistema judicial. Se discutía la existencia de un excesivo "garantismo", una corriente del Derecho penal que pretende una minimalización del sistema penal, la humanización de las penas y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos fundamentales en el proceso. Como símbolo de los "garantistas" se encontraba el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni, mientras que los opositores eran varios políticos de la derecha argentina y el sr. Juan Carlos Blumberg. El Presidente de la Nación Néstor Kirchner manifestó su rechazo por la excarcelación, lo que derivó en varias disputas con miembros del Poder Judicial, quienes calificaron las palabras del primer mandatario como una injerencia de un Poder de la República en otro. A los dos jueces que votaron a favor de la excarcelación de Chabán, tildados de "garantistas" por diferentes medios de comunicación, se les intentó iniciar un juicio político, pero el Consejo de la Magistratura rechazó, meses después, ese pedido. También fue excarcelado Raúl Villarreal Tras su liberación, Chabán decidió recluirse en la casa de su madre, ubicada en el Partido de General San Martín, en la Provincia de Buenos Aires. Familiares de las víctimas se trasladaron hasta el lugar para manifestar su repudio, lo que produjo quejas de vecinos y comerciantes del lugar. Las diferentes manifestaciones en contra de la excarcelación del empresario afectaban la tranquilidad de la zona. Es por esto que el gobierno provincial reclamó al juez el traslado de Chabán, basándose en la gran cantidad de recursos que eran necesarios para mantener la custodia policial en el lugar. Finalmente el empresario se trasladó a una casa ubicada en el delta del Tigre, que había alquilado uno de sus amigos, en donde decidió entrevistarse con algunos familiares de las víctimas. Sin embargo, debido a que las protestan se trasladaron al lugar y a que los dueños de la casa querían desalojarlo, decidió mudarse a otra casa, también ubicada en el Delta pero más alejada. Sin embargo eso no detuvo a los familiares, quienes lograron apedrear la nueva casa. En medio de estos sucesos hubo un cambio de carátula que benefició a Chabán, ya que los jueces se inclinaron por la figura de estrago doloso seguido de muerte (penado con ocho a veinte años de prisión) en lugar de la de homicidio simple (penado con ocho a veinticinco años de prisión). Finalmente la Cámara de Casación hizo lugar al pedido de anular la excarcelación de Chabán. Debido a esta decisión, el juez Lucini ordenó la detención del empresario y su traslado al penal de Marcos Paz el 24 de noviembre. En medio de la polémica que involucraba al gerenciador del local, el 3 de junio la banda fue procesada por homicidio culposo agravado, y se trabó un embargo de 10 millones de pesos a cada integrante. Además, tres ex funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fueron procesados: el ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López fue procesado por homicidio culposo agravado, mientras que el ex subsecretario de Seguridad del gobierno comunal Enrique Careli y el ex director general de Servicios de Seguridad Privada Vicente Rizzo fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. También fueron procesados por homicidio culposo agravado Fabiana Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal, Ana María Fernández, ex directora general adjunta del organismo de control porteño, Gustavo Torres, ex director general de Fiscalización, Rodrigo Cozzani, ex coordinador operativo del mismo organismo y Alfredo Ucar, asesor de Fiszbin; y a Víctor Telias, coordinador operativo del área de control, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En octubre, también fue procesado el ex funcionario Roberto Calderini, responsable del área de Habilitaciones, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Sin embargo, para fines del 2005 sólo Juan Carlos López permanecía acusado de homicidio culposo agravado. Fiszbin, Fernández y Torres fueron sobreseídos por ese cargo, mientras que a Ucar y Cozzani se les dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer. El 27 de septiembre la Sala V de la Cámara del crímen cambió la carátula a estrago culposo, y, finalmente, el 16 de diciembre, el juez Lucini imputó al grupo Callejeros por estrago doloso seguido de muerte. El cambio de carátula responde a que el juez consideró que irregularidades en ciertas tareas que se encontraban a cargo del grupo (como la seguridad del local y la cantidad de entradas vendidas) influyeron en gran medida para que se produjera el incendio: "Sin lugar a dudas las decisiones en torno de la cantidad de entradas, los alcances y términos de la seguridad, los alcances, términos y excepciones en los cacheos, el ingreso de pirotecnia y el garantizar la inactividad policial constituyen funciones que operaron de manera indispensable para la ocurrencia del estrago" Fallo del 16 de diciembre de 2005 Durante el 2006 la causa volvió a manos de la jueza Crotto, y la Cámara del Crimen negó el pedido de cambio de carátula de estrago doloso a homicidio culposo, pedido por el grupo musical. Sin embargo, la justicia los autorizó a realizar presentaciones, lo que finalmente sucedería el 6 de julio. En cuanto al ex Jefe de Gobierno, la jueza de la causa se había negado a llamar a Ibarra a declarar, lo que había motivado el enojo de los familiares, algunos de los cuales están denunciados por amenazar a la jueza. Finalmente, Ibarra fue sobreseído de la causa en la que había sido denunciado por homicidio doloso e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, en el mes de julio la justicia civil había revocado la inhibición de bienes que pesaba sobre el ex mandatario y en noviembre la Camara de Casación rechazó un pedido de familiares de las víctimas para revertir el sobreseimiento. En el mes de abril, la Sala V de la Cámara del Crimen desprocesó al ex funcionario, Juan Carlos López, quien estaba imputado por homicidio doloso. Los jueces determinaron que "con solo mirar la diversidad de funciones de la Secretaría a cargo de López, se puede advertir lo dificultoso que resulta para quien se encargue de ella, poseer un conocimiento profundo de todos los problemas que existen en la Ciudad de Buenos Aires vinculados a su competencia". En el mismo fallo fueron sobreseídos Enrique Carelli y Vicente Rizzo, quienes se encontraban imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el mes de septiembre, otros tres funcionarios serían sobreseídos: Juan Carlos Loupías, Juan Carlos Sánchez, Alfredo Ucar también se encontraban imputados por el mismo cargo que los dos anteriores. En agosto de 2006, la jueza María Angélica Crotto elevó a juicio oral las actuaciones de Omar Chabán, Raúl Villarreal, cinco policías y el grupo Callejeros (junto a su manager y el escenógrafo). En septiembre, tres bomberos, por cohecho pasivo, y dos empresarios, por cohecho activo también fueron enviados a juicio oral y público. Los bomberos, acusados de participar en un circuito irregular de tramitación de certificados de habilitación de locales nocturnos, son Alberto Corbellini, el ex jefe de la División Prevención de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, Marcelo Nodar y Marcelo Esnok; mientras que los dos empresarios, Rubén Fuertes y Luis Perucca, fueron acusador por "coautores". El juicio por este hecho comenzó en noviembre de 2007. El 10 de octubre de 2006, los ex funcionarios Fiszbin, Fernández y Torres fueron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y su causa fue elevada a juicio oral. En el mes de septiembre, los integrantes de Callejeros, su manager y el escenógrafó fueron procesados por cohecho activo como partícipes secundarios, lo que se suma a la acusación por estrago doloso. En agosto de 2007 la Sala III de la Cámara de Casación Penal confirmó el sobreseimiento de Ibarra, pero revocó el sobreseimiento de Juan Carlos López, quien volvió a quedar procesado en la causa. Desde fines de ese mes, la causa pasó a manos del juez Alberto Baños, luego de que María Angélica Crotto decidiera pedir una licencia médica por enfermedad. El 22 de noviembre el Tribunal Oral Nº 24 prorrogó la prisión preventiva de Omar Chabán. Sin embargo, a fines de ese mes la Sala III de la Cámara de Casación Penal dispuso que el empresario debía recuperar la libertad. Finalmente, el 7 de diciembre Chabán abandonó el penal de Marcos Paz. Repercusiones políticas y sociales Aníbal Ibarra fue señalado por los familiares de las víctimas como uno de los mayores responsables de la tragedia Aníbal Ibarra fue señalado por los familiares de las víctimas como uno de los mayores responsables de la tragedia Las críticas que se suscitaron tras el episodio provocaron la renuncia del Secretario de Seguridad del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos López.[74] El presidente argentino, Néstor Kirchner, se encontraba descansando en la provincia de Santa Cruz en el momento del episodio, y no se expresó públicamente sino hasta el 4 de enero. En ese lapso, su asesor llamó a la agencia de noticias Télam para señalar que el presidente estaba "compungido". El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, cargó principalmente la culpa sobre el gerenciador del local, Omar Chabán, a quien acusó de irresponsabilidad empresaria. Tras la tragedia, el gobierno porteño prohibió la realización de recitales en discotecas dentro del ámbito de la capital. Asimismo, se estableció que todos los boliches bailables deberían permanecer cerrados durante 15 días, tras lo cual se permitiría la apertura de aquellos que renueven su habilitación, con nuevas condiciones. Manifestaciones populares Tras el hecho, se sucedieron varias marchas populares en reclamo de justicia, y para quejarse por la actuación del Estado en los controles del local. * La primera de ellas se llevó a cabo dos días después de la tragedia, y reunió a unas 600 personas frente a la Jefatura de Gobierno porteña. En esa ocasión, como en las que seguirían, las mayores expresiones de disgusto estuvieron dirigidas a la cara visible de República Cromañón, Omar Chabán, como así también al jefe de gobierno Aníbal Ibarra. * Al día siguiente, familiares y amigos de las víctimas volvieron a reunirse en una segunda marcha que involucró cerca de 2500 personas. Hasta aquí, todo se realizó en orden, sin ningún tipo de violencia. * El 3 de enero, se realizó una tercera manifestación que reunió aproximadamente 5000 personas. Hacia el final de la marcha, un grupo de individuos atacó a pedradas el palacio municipal y se enfrentó a la policía. Algunos familiares de las víctimas acusaron a activistas políticos infiltrados por los hechos ocurridos en esta manifestación. * Las quejas volvieron a repetirse en la protesta del jueves 6, en una marcha que partió desde Once y culminó en la Plaza de Mayo. En esta marcha, que reunió a más de 10 mil personas, nuevamente registró incidentes por parte de un pequeño grupo de manifestantes. Entre los involucrados en estos hechos había menores de edad, aunque la totalidad de los detenidos por la policía recobró su libertad al día siguiente. * El 8 de enero se realizó un señalamiento público en la casa de Ibarra. El Jefe de Gobierno había evitado día anterior su interpelación en la legislatura de la ciudad, gracias a los votos negativos o abstenciones al respecto de los legisladores que responden al presidente Néstor Kirchner, a Eduardo Duhalde y a Ibarra mismo. * Desde entonces, y por el lapso de más de un año, se realizaron marchas los días 30 de cada mes * Actualmente las marchas son anuales, en la fecha en que se conmemora un nuevo aniversario del hecho. Juicio político La Legislatura debía decidir si le iniciaba juicio político al Jefe de Gobierno. El mecanismo de enjuiciamiento es el siguiente: cada dos años la Legislatura se divide por sorteo en una Sala Acusadora, cuya función es la de determinar si se realiza el juicio político, y una Sala de Juzgamiento, que es la encargada de determinar si corresponde la destitución del funcionario. La Sala Acusadora está compuesta por el 75% de los legisladores y la Sala de Juzgamiento por el 25% restante, siempre respetando la proporcionalidad de los partidos. La sala acusadora debe nombrar en la primera sesión del año una comisión investigadora que analiza los hechos, garantizando la defensa del acusado. Si en la sala acusadora se obtienen los votos favorables de los dos tercios de sus miembros, se da curso a la acusación y se suspende al funcionario en sus funciones sin goce de haberes. Luego el debate pasa a la sala de juzgamiento, que si consigue el voto favorable de los dos tercios de sus miembros destituye al funcionario y puede inhabilitarlo para desempeñar cargos públicos por 10 años. Sala Acusadora El 14 de noviembre de 2005 la sala acusadora de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires realizó la votación para llevar a juicio político a Aníbal Ibarra. Se había intentado realizar la votación el 10 de noviembre, pero incidentes causados por algunos familiares de las víctimas produjo que los legisladores del Frente para la Victoria se retiraran de la sesión. Debido a esto se limitó la entrada a sólo 10 familiares, lo que despertó el malestar de las diferentes agrupaciones. La sala acusadora ese día estaba compuesta por 43 legisladores, ya que dos se encontraban ausentes. Con 30 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones la sala aprobó el juicio político y Aníbal Ibarra fue suspendido en su cargo, siendo reemplazado por el Vicejefe de Gobierno Jorge Telerman. Sala de juzgamiento Cuando la sala acusadora falló se inició un debate sobre la conformación de la sala de juzgamiento. El 23 de octubre hubo elecciones legislativas en Buenos Aires, por lo que la conformación partidaria de la Legislatura cambió, al igual que la conformación de la sala de juzgamiento. Como los nuevos legisladores asumían en sus cargos el 10 de diciembre, el debate era si la sala debía permanecer formada por los legisladores que dejaban sus cargos o si debían ser reemplazados por los que asumían. Una sala formada por los antiguos legisladores era favorable al suspendido Jefe de Gobierno, ya que sus aliados políticos no habían obtenido un buen resultado en las últimas elecciones y con el cambio habría más opositores. Como el art. 93º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que cada dos años deben formarse las salas y el art. 4º considera nulos los actos de quienes prolonguen funciones, la intención de que permanecieran los legisladores salientes no prosperó. La sala de juzgamiento tenía cuatro meses para fallar, y si no lo hacía en ese lapso Ibarra sería absuelto. La sala estuvo conformada por 15 Legisladores y presidida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Julio Maier. Además actuaron a modo de Fiscales tres diputados miembros de la sala Acusadora y elegidos por sus pares. Estos fueron Jorge San Martino, Jorge Enriquez y Rubén Devoto. La defensa del suspendido Jefe de Gobierno se encontraba a cargo de Julio César Strassera, quien llegó a ser agredido por padres de las víctimas durante una inspección ocular del local incendiado. El 16 de febrero de 2006 el legislador Gerardo Romagnoli renunció a integrar la Sala Juzgadora porque, según sus declaraciones, el Juicio Político está distrayendo la posibilidad de conocer la verdad acerca de las responsabilidades políticas, y acusó a la Legislatura de autoexcluirse de ser investigada. La salida del legislador porteño iba a complicar las posibilidades de remover del cargo al suspendido Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, ya que Romagnoli había expresado su intención de votar por la destitución. Por esta razón algunos diputados porteños y padres de las víctimas sospecharon de un cobro de soborno por parte del renunciante, sospecha que no fue demostrada. Sin embargo, la Sala Juzgadora no aceptó la renuncia y Gerardo Romagnoli continuó en la Sala Juzgadora hasta la finalización del jucio. El 7 de marzo de 2006, finalizó el Juicio Político contra Aníbal Ibarra. La Sala Juzgadora de la Legislatura lo destituyó de su cargo, pero no hubo consenso para inhabilitarlo por 10 años. La votación se produjo con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención; exactamente los dos tercios necesarios para la destitución. El cargo de Jefe de Gobierno fue ocupado en forma definitiva por Jorge Telerman. El "Efecto Cromañón" Se llamó "efecto Cromañón" a la clausura masiva de discotecas y espacios culturales, en forma posterior al incendio, que incumplían normas de seguridad. Este clausura masiva no se produjo solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en diversas partes del país. Sin embargo, la intención de las autoridades de mejorar la seguridad de los espectadores afectó los circuitos artísticos independientes. Esto produjo el reclamo de diversas asociaciones de artistas, que incluían desde la apertura de nuevos lugares para trabajar hasta la elaboración de una nueva normativa por considerar obsoleta la actual. Noticias sobre cromagnon por los medios http://www.clarin.com/diario/2004/12/31/um/m-896567.htm http://www.lanacion.com.ar/archivo/Nota.asp?nota_id=893540 http://www.infobae.com/contenidos/352376-100799-0-Murieron-dos-sobrevivientes-de-la-tragedia-de-Croma%C3%B1%C3%B3n-y-son-196-las-v%C3%ADctimas-fatales http://www.todoarquitectura.com/v2/noticias/one_news.asp?IDNews=2384 Carta de un padre Estimado Sr. Adolfo Pérez Esquivel: El pasado 30 de diciembre Ud. acompañó solidariamente a los familiares y sobrevivientes de la tragedia de Cromañon en su marcha anual, en reclamo de Justicia, Verdad y Memoria. De allí que ha sido grande mi decepción al leer sus palabras comunicadas a través de un artículo difundido por ALAI-AMLATINA el 15/2/06 (subrayados y cursivas agregadas por mí): "El camino debe ser a través del derecho, no el camino de la venganza y el odio. La vida de los 194 jóvenes no es posible recuperarla, pero si la memoria, los valores, sus ideales y el sentido profundo del amor y la permanencia en los seres queridos. Los jóvenes, hombres y mujeres a quienes la tragedia y la irresponsabilidad de algunos, truncó sus vidas y sus ideales, no deben quedar en la impunidad y el olvido, pero tampoco signados por la venganza. Son semillas de vida y darán su fruto en el pueblo. Por ello no es posible ignorar hechos preocupantes, algunos de ellos marcados por el dolor que permanece y por los reclamos legítimos a los que el gobierno, poder judicial y la sociedad deben responder. Lamentablemente un grupo de familiares de las víctimas han condenado al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, acusándolo de ser responsable de la tragedia y de "asesino, corrupto, etc.. ". Todas las broncas contenidas se descargan sobre el jefe de gobierno de la Ciudad de Bs. As. Las fuertes presiones de algunos familiares y la decisión de los legisladores de diversos partidos políticos, han logrado que fuera suspendido en sus funciones para ser llevado a juicio político. Algunos familiares han recurrido a las amenazas contra los fiscales y legisladores y a "los escarches". Otros legisladores discriminan a familiares que no están de acuerdo con esos procedimientos y que denunciaron en reiteradas oportunidades las amenazas a Ibarra y a su familia y al empresario Chabán. Otros recurren a presiones para evitar que sectores políticos y sociales establezcan contacto con Ibarra, como lo ocurrido con el ex intendente de Rosario. La intolerancia marca las acciones generadas por el miedo. En éste cuadro de situación no faltan las especulaciones de sectores políticos con el dolor de las familias de las víctimas y de los sobrevivientes. Si bien Ibarra tiene la responsabilidad general por ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la misma deriva en otras instancias y responsabilidades tanto de funcionarios como de instituciones, inspectores, los bomberos, la policía. El empresario Chabán debe tener las habilitaciones correspondientes para desarrollar sus actividades comerciales y garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de su establecimiento. Más adelante agrega que: "No es saludable para las familias, ni para la democracia, que se busque un "chivo expiatorio", para descargar broncas, culpas y condenar al Jefe de Gobierno. El día después del juicio político a Ibarra, si es condenado o absuelto, cualquiera sea el resultado del mismo, dejará a la sociedad con un sabor amargo y a las familias de las víctimas insatisfechas." Nunca ha sido mi objetivo, ni el de los padres el lograr encontrar un "chivo expiatorio" en el Jefe de Gobierno ahora suspendido Sr. Aníbal Ibarra y descargar las "broncas y culpas" sobre el Jefe de Gobierno como responsable exclusivo de la tragedia. Tampoco comparto por las razones que más abajo detallo, que Ibarra tenga en Cromañon la"responsabilidad general por ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" y que " la misma deriva en otras instancias y responsabilidades tanto de funcionarios como de instituciones, inspectores, los bomberos, la policía" o que la suspensión en las funciones del Sr. Ibarra hayan sido producto de "las fuertes presiones de algunos familiares y la decisión de los legisladores de diversos partidos políticos", sin señalar las razones objetivas que terminaron definiendo esa posición por una mayoría de dos tercios de los votos de la Legislatura de distintos grupos políticos ideológicamente distintos. Respecto a lo señalado al inicio del párrafo anterior, éste es un criterio general para las acciones del poder público en tanto y en cuanto no haya acciones específicas que hayan coadyuvado como condición necesaria a la tragedia, por decisiones impulsadas y adoptadas personalmente por el propio Ibarra. Caso contrario caeríamos en el facilismo del ejemplo que permanentemente el propio Ibarra señala, relacionando por el absurdo un choque trenes con la responsabilidad del Presidente de la Nación. Ésa es sólo una generalidad, pues si el propio presidente decide intempestivamente echar a todos los maquinistas y guardias y reemplazarlos por gente que no sabe conducir ni controlar un tren, si además reduce el personal indispensable a la mitad, si de Secretario de Transportes nombra a un médico amigo de la infancia y si además, le avisan reiteradamente por los organismos de control que por las medidas que tomó se va a producir un choque de trenes y él no adopta ninguna acción para cambiar el estado de cosas, es responsable. Éste es el caso de Cromañon, agravado por las acciones durante la tragedia que son de su responsabilidad funcional y las posteriores a la tragedia que son de carácter moral, pero demuestran su conducta. En el plano político he encontrado, lamentablemente porque he sido votante reiterado del Sr. Ibarra, una amplia cantidad de decisiones adoptadas en forma personal, así como de omisiones que me llevaron a concluir sin lugar a dudas en la gran responsabilidad política y penal que tiene en la tragedia y por ese motivo ha sido mi lucha personal, en la búsqueda de que no queden impunes las responsabilidades políticas, y en el plano judicial las penales, donde están involucrados múltiples responsables privados y públicos, incluyendo al propio Ibarra, a los que Ud. acertadamente hace mención en su artículo. No hay ningún objetivo de venganza ni descargo de culpas o broncas en el Sr. Ibarra, sino el sano deseo de que por un vez en nuestro país los responsables políticos, que es lo que se decide en esta instancia, paguen por sus negligencias, inoperancias, desidia y corrupción. En algún otro artículo que he leído recientemente donde lo citaban, Ud. hacía referencia a la necesidad de que se tomen las medidas de gobierno que se requieren para que no se avance en una "populización" de las decisiones. Yo comparto su criterio, pero debo señalarle que para hacerlo hacen falta dos elementos: conocimiento y vergüenza, como bien lo expresó el Sr. Enrique A. Antonini en su nota de opinión en el Diario La Nación semanas atrás, la cual le adjunto. Estos dos elementos tiñen completamente el caso Cromañon, en lo que a responsabilidades políticas de conducción, acción y omisión, así como de presencia ética y de vergüenza. Ud. hoy, está luchando contra otro caso donde se mezclan los objetivos políticos y la desvergûenza de borrar con el codo lo que se escribió con la mano: la reforma del Consejo de la Magistratura, luego de ver esperanzados la llegada de jueces idóneos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso especifico del Sr. Ibarra, quiero poner en su conocimiento los motivos por los cuales él tiene una responsabilidad política indelegable, que mezquinamente ha evitado no dando su renuncia en tiempo oportuno, como hubiera hecho cualquier hombre de bien, evitándonos toda esta lucha desgastante y vergonzante, donde se mezclan intereses y objetivos políticos que nada tienen que ver con la tragedia. Ha sido a través de un manejo casi total de los medios masivos de comunicación, que los hechos concretos de su responsabilidad política permanecen en silencio. Silencio al que Ud. con este enfoque de la tragedia está implícitamente dando lugar, seguramente con las mejores intenciones de su parte. El Sr. Ibarra esta involucrado en su responsabilidad política personal en la tragedia de Cromañon por los siguientes hechos que se encuentran probados en sede judicial, en las investigaciones de la Comisión Investigadora creada, en las declaraciones ante la Justicia y la Comisión Acusadora, ratificados ahora en la serie de testimonios de la etapa juzgadora que se desarrolla, aunque hayan mediado algunos falsos testimonios denunciados ya ante la justicia penal. link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=x5jj1kxHlSw link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=B3eIJbotShE& link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=D9xsoxxAp6E&