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Continúa el paro en LT3, LT8 y La Capital Este sábado hubo una marcha y un acto en el matutino. El gobierno nacional se involucra en el tema. La empresa considera "ilegítima" la medida de fuerza Los trabajadores de LT3, LT8 y La Capital, pertenecientes el Grupo Uno que lideran Daniel Vila y José Luis Manzano, cumplieron cumplían este domingo el quinto día de paro por tiempo indeterminado, en el marco de un conflicto que tiende a nacionalizarse. Es que, según reveló el secretario general del Sindicato de Prensa, Edgardo Carmona, el propio ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, llamó al gremio y transmitió que la presidenta Cristina Kirchner le pidió que arbitre todos los medios a su alcance para buscar una salida. El origen del conflicto es el despido de 26 trabajadores de las radios. Hubo luego instancias de conciliación, pero las mismas fracasaron. Ambas emisoras transmiten sin su programación normal y La Capital sale desde el jueves con ediciones de emergencia. La empresa sostiene que el diario es ajeno al conflicto y por lo tanto considera “ilegítima” la medida de fuerza de sus trabajadores. Además denunció que “hubo violencia gremial que impidió la normal distribución” en los quioscos rosarinos. También acusó que se pretende "silenciar y hostigar el derecho al libre acceso a la información" de los lectores. Este domingo, costaba encontrar el diario en los quioscos. La edición, muy reducida en páginas, no contaba con los habituales suplementos dominicales. Este sábado hubo un acto de protesta frente a La Capital del que participó el diputado nacional Agustín Rossi y otros dirigentes políticos, y una nutrida marcha que contó con la adhesión de organizaciones políticas, sociales y sindicales, entre ellas la CTA –estuvo presente su titular a nivel nacional, Hugo Yasky- y la CGT. Este lunes, en tanto, hay programadas nuevas audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Fuente: http://www.rosario3.com/noticias/noticias.aspx?idNot=68679

Carlotto: "Mañana será un día crucial en la causa Noble" La titular de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que la audiencia pública de mañana en la Cámara de Casación Penal será "crucial" para saber si la justicia "actúa como la ley manda". "Yo apelo al sentido común y digo que existe algo muy oscuro, porque si no, no habría tantas dilaciones", reflexionó Carlotto. La Cámara de Casación Penal realizará una audiencia pública mañana a las 10 con los abogados querellantes de Abuelas y los de los hijos de Noble, Felipe y Marcela, en la que deberá determinar si da lugar al recurso de queja de la defensa ante la resolución que los obligaba a cotejar sus muestras de sangre con todas las del Banco Nacional de Datos Genéticos, y no sólo con dos familias como pretenden, para establecer su posible filiación con padres desaparecidos. "Dentro de lo escandaloso que es la situación por las dilaciones de la justicia que ya llevan ocho años, esperamos salir de los Tribunales de Comodoro Py con una sonrisa", afirmó Carlotto en diálogo con Télam y convocó al público en general a participar de la audiencia pública. La presidenta de Abuelas manifestó además que en caso que la Cámara acepte el recurso de queja de la defensa de los abogados de Noble "seguiremos con otras instancias, como la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales". "Yo apelo al sentido común y digo que existe algo muy oscuro, porque si no, no habría tantas dilaciones", reflexionó Carlotto y lamentó que "a los chicos no se los escuche y continúen viviendo en la incertidumbre" de no saber quiénes son sus padres. link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=CCAe1pbtXh0 link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=HFsxscmJTpE

Carlotto señaló que la solicitada de los hijos de Noble le produjo \"mucha tristeza\" La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo lamentó la solicitada publicada por Felipe y Marcela, los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, a quien le pidió que \"libere a los chicos para que puedan pensar por sí mismos\". La titular de Abuelas de Plaza de Mayo afirmó que la causa judicial iniciada hace ocho años para establecer si los hijos adoptivos de la dueña del multimedio Clarín son hijos de desaparecidos \"no es una cuestión política, sino de defensa de los derechos humanos\". Y le pidió a Ernestina Herrera de Noble que \"libere a los chicos\" para que \"piensen por sí mismos\". En una solicitada aparecida hoy en cuatro matutinos, entre ellos Clarín, con la firma de Felipe y Marcela Noble Herrera, los hijos adoptivos de la dueña del multimedio dicen que \"nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos\". \"Nosotros queremos encontrar a nuestros nietos\", respondió Estela de Carlotto al desvincular la búsqueda de Abuelas de hace más de 30 años a cuestiones políticas. En declaraciones a Canal 7, Carlotto aclaró que \"para las Abuelas, esta no es una pelea entre el Gobierno y un medio. Esta causa se inició hace ocho años y para nosotras no es una cuestión política sino de derechos humanos\". \"Le pido a la señora de Noble que libere a los chicos para que puedan pensar por sí mismos\", y consideró que \"si no existe delito (de apropiación), nada va a pasar; y si son nuestros nietos, van a seguir viviendo como deseen.\" \"No somos apropiadoras\", enfatizó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo cuya institución lleva recuperados 101 hijos de desaparecidos. \"Me pregunto por qué tanta perturbación en un proceso que tenía que haber sido tan simple como otros\", lamentó al aludir a los ocho años de demora de la causa judicial iniciada por Abuelas, y se permitió dudar acerca de que Felipe y Marcela \"hayan sido los autores de la solicitada\". Asimismo, Carlotto se dirigió a Marcela y Felipe Noble Herrera al expresar que \"los queremos y respetamos muchísimo, sean o no hijos de desaparecidos\". \"Queremos lo mejor para ellos, que es su libertad y que, efectivamente, como adultos, que decidan por ellos mismos\", dijo y les recordó que \"tienen derechos y también deberes\". Actualmente, y tras el rechazo a un recurso de apelación presentado por los abogados defensores, las muestras de sangre y de elementos personales para determinar el ADN de Felipe y Marcela se encuentran en el Banco Nacional de Datos Genéticos, a la espera de la orden judicial para que se efectúen los exámenes de histocompatibilidad con todas las familias de desaparecidos registradas y no solo con las dos que iniciaron el trámite de filiación original, como pretendía la defensa. La diputada nacional Victoria Donda, hija de desaparecidos durante la última dictadura militar, afirmó, por su parte, que \"entiendo a Felipe y a Marcela y, en algunas cosas, hasta puedo coincidir con ellos. Ellos no están siendo víctimas ahora, fueron víctimas desde que nacieron y los secuestraron. (...) No existe el fantasma de la manipulación genética. Acá los fanatismos no sirven. Yo estoy segura de que ellos están sufriendo. Es necesario que esto se termine porque se termina uno de los delitos del poder\", agregó, y subrayó: \"La apropiación de Felipe y Marcela es uno de los símbolos de los delitos del poder\". Solicitada de los hijos de Ernestina Herrera de Noble A continuación podrá leer la solicitada publicada en varios matutinos porteños de los hijos de la dueña del Grupo Clarín, Felipe y Marcela, sobre la causa que investiga su identidad. Somos Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos de Ernestina Herrera de Noble. Últimamente escuchamos, vemos y leemos cosas que no son ciertas. Hablan de nosotros sin conocernos, sin saber cómo somos, qué pensamos o qué sentimos. Nunca quisimos hacer de nuestra intimidad algo público. Pero nos sentimos maltratados y no queremos que nos lastimen más. Por eso, ante tantas falsedades, decidimos escribir esta carta y contarles la verdad. Nuestra madre es directora de Clarín, diario que hoy soporta una campaña muy fuerte de ataques oficiales. Y nosotros tenemos miedo de habernos convertido en una pieza más de esa embestida. Pero más allá de todo eso, para nosotros nuestra madre es simplemente nuestra madre. La persona que hace 34 años, en uno de los mayores actos de amor que existen, nos eligió como hijos. La que siempre nos habló con la verdad. La que desde que tenemos uso de razón, nos dijo que somos adoptados. Con ella construimos lo más importante que tenemos: una familia. Gracias a ella aprendimos desde chicos a valorar las oportunidades y a conocer las responsabilidades. Nos inculcó los valores y nos dio las herramientas para desarrollarnos como personas. Nos educó en la libertad para elegir nuestro propio camino en la vida. Desde hace años vivimos algunos episodios que no buscamos pero que tratamos de afrontar con serenidad. Nuestra identidad viene siendo manoseada por intereses políticos, ajenos a nosotros. Todo eso nos marcó y nos hace sufrir. Pero también sirvió para reafirmar lo que sentimos y lo que pensamos. El vínculo con nuestra madre es para nosotros lo más importante. Como tantos hijos adoptados, no conocemos nuestro origen biológico, pero como cualquier persona hemos forjado nuestra identidad a lo largo de nuestras vidas. Nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos. Hace años, dos familias que buscan a sus nietos se presentaron ante la Justicia y alegaron que podríamos ser nosotros. Aunque nada indica que podamos serlo, en 2003 aceptamos voluntariamente hacer las pruebas genéticas, porque entendemos su incertidumbre y el dolor de quienes buscan a sus familiares. Aún hoy no comprendemos por qué, a lo largo de casi siete años, estas familias nunca aceptaron la realización del análisis. Nos preguntamos una y mil veces por qué siguen con una duda que arrastran hace tantos años. Por qué los tironeos y las demoras pueden ser más importantes que la respuesta que buscan. El uso político de nuestra historia es algo que nos parece injusto. Tratamos de estar serenos pero la presión a veces es muy fuerte. Hace poco, por cadena nacional, la Presidenta de la Nación se refirió a nosotros sin nombrarnos. Su mensaje, lejos de tranquilizarnos, nos inquietó. Sus palabras fueron perturbadoras. Como en 2002, cuando llegaron a detener ilegalmente a nuestra madre, nuevamente las presiones políticas y mediáticas han vuelto a adueñarse de nuestra causa. Y no queremos que algo tan íntimo como nuestra identidad continúe bastardeada por acusaciones lanzadas sin sustento, ni por ataques que tienen otros objetivos y nos hacen daño. No somos chicos, somos dos personas adultas, responsables, que sólo pretendemos ejercer nuestros derechos y tomar nuestras propias decisiones, sin presiones y en libertad. Pero sentimos que no podemos hacerlo frente a un Gobierno que nos persigue. ¿Por qué exponen públicamente sólo nuestro caso? ¿Por qué no se preocuparon por las demoras en los exámenes que ofrecimos y traerían paz a las familias? ¿Se interesan por nosotros o tienen la necesidad política de que seamos hijos de desaparecidos y de inventar acusaciones contra nuestra madre? No nos atrevemos a responder a estas preguntas. Pero vivimos en un estado de angustia permanente. Nuestros temores crecieron los últimos días, cuando un tribunal desoyó nuestros pedidos por una cuestión meramente formal, aunque siempre habíamos actuado de la misma manera y dicha actuación había sido aceptada por la Justicia en todas las instancias. Nos preocupó también observar cómo se intenta presionar a los jueces mediante denuncias penales y amenazas de juicios políticos. Siempre creímos en la Justicia y por eso nos mantuvimos en ese ámbito. Nunca hasta ahora hicimos declaraciones sobre una causa que entendemos personal. Pero cada vez hubo más distorsiones: hasta se llegó a decir que nos manejan, que nuestros abogados no respetan nuestra voluntad. Nuestros miedos son muchos. No somos un botín. No queremos terminar como rehenes de un ataque político. No queremos que nos usen para atacar a nuestra madre. Tampoco queremos ser víctimas de una manipulación en los análisis genéticos. Hoy, las muestras de nuestra sangre que dimos en forma voluntaria para un análisis genético, pretenden usarse en otro tipo de examen, con modalidades y condiciones que no nos ofrecen garantías de seguridad e imparcialidad. No queremos que nos lastimen, ni vivir amenazados, ni que se pretenda ensuciar a nuestra familia o dañar lo que logramos construir. Sólo pedimos que nos respeten. No queremos exponer nuestra intimidad indefinidamente, sin garantías legales ni científicas, y por una persecución política. Seguiremos defendiendo nuestros derechos pese a todas las presiones. Hace 34 años nuestra madre nos eligió como hijos. Y nosotros, todos los días, la elegimos como mamá. Nada ni nadie podrá destruir ese vínculo. Felipe Noble Herrera - Marcela Noble Herrera Marquevich: \"Las presiones políticas y mediáticas han sido introducidas por el grupo Clarín\" El ex juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, afirmó que en los dos expedientes tramitados sobre la tenencia y la adopción de Marcela y Felipe como hijos de Ernestina Herrera de Noble \"hay pruebas y elementos falsos\" y consideró que, además, \"podrían existir otros delitos como la falsedad de los documentos\". \"Las presiones políticas y mediáticas han sido introducidas por el grupo Clarín\", dijo el ex magistrado, quien en a fines del año 2002 ordenó la detención de Noble, en el marco de esta causa. En declaraciones radiales, Marquevich sostuvo que \"lo máximo que se demora en averiguar la verdadera identidad es un año y medio. Si se demora siete años es porque el fiscal no presentó un pronto despacho para apurar al juez\". Sostuvo que \"la muestra de sangre del 2003 fue de forma obligatoria y compulsiva, esto quiere decir que no hay otra opción, si no lo tiene que pedir a través de la fuerza pública\". \"Deberían hacerse el examen de ADN lo antes posible\", indicó, y recordó que \"los abogados pidieron hacerse las pruebas en Barcelona, después en el cuerpo médico Forense, esto es para evitar el banco de datos genéticos y el Hospital Durand\". Consultado sobre como ve la causa respondió \"compleja porque se trata de personas mayores\" y enfatizó que \"si se demuestra que hubo una apropiación ilegítima, la señora de Noble podría ser nuevamente detenida\". \"El daño a los chicos es enorme. La propia Ernestina le puede decir que se hagan los análisis y terminen con esto\", concluyó el destituido juez. FUENTE

Qué lindo que sos Clarín, vos si que tenes periodistas independientes. Por la inflación y la mayor actividad, la recaudación creció 30,7% en abril La recaudación impositiva de abril creció 30,7% con ayuda de la inflación y la reactivación de la economía. "Hemos cerrado el mes de abril con una recaudación de 30.129 millones de pesos, un récord histórico en la Argentina", remarcó ayer la Presidenta Cristina Kirchner. Fue durante un acto en la Casa Rosada, en el cual también aprovechó para destacar el crecimiento que registraron las reservas del Banco Central -que ayer se ubicaron en US$ 48.078 millones- pese a que en el primer cuatrimestre se pagaron, dijo, US$ 1.833 millones de vencimientos de la deuda. De esa forma, Cristina se adelantó al anuncio que más tarde harían el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa. Los funcionarios informaron por la noche que AFIP recaudó en abril 30.129,6 millones de pesos, un 30,7% más que en igual mes del año pasado que llevaron a este récord -sólo nominal- al que se refirió la Presidenta. Estas mejoras se deben a que los impuestos y las contribuciones a la Seguridad Social se vieron favorecidos por varios factores: el repunte de la actividad y el mayor consumo, mayores niveles de exportación y también de importación, las renovaciones de salarios y la mayor inflación. Si bien es difícil precisar el peso de cada factor, se puede estimar que el incremento real de los precios y su correlato en los salarios -del orden del 20% en los últimos 12 meses- explicaría casi el 70% del incremento de los ingresos del Fisco. También ayudó a la AFIP la falta de ajuste por inflación lo que determina que se incremente el peso de ciertos tributos, como sería el caso de Ganancias que registró así un alza del 36% interanual. Cuando se desglosa por sector, surge que los ingresos vinculados a la Aduana subieron el 36,4%, los de Seguridad Social el 33,4% y los impuestos relacionados a la actividad interna un 26,4%. En los primeros 4 meses de 2010 la recaudación suma $ 115.041 millones, un 25,5% más que en igual período de 2009. También la mejora en el cuatrimestre se explica primero por el comercio exterior, luego por la Seguridad Social y en tercer lugar por los impuestos vinculados a la actividad doméstica. link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=Pj1Unq82KjQ Fuente: CLARIN

Ya es ley: cuentas sueldo sin límite de extracción ni cobro de comisiones La modificación de la ley de las cuentas sueldo establece que las entidades financieras no podrán bajo ningún concepto establecer costo alguno para la extracción de fondos de las cuenta sueldo. Se trata de una modificación al artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo (26.590) publicada en el Boletín Oficial. “Dicha cuenta, especial tendrá el nombre de cuenta sueldo y bajo ningún concepto podrá tener límites de extracciones, ni costo alguno para el trabajador, en cuanto a su constitución, mantenimiento o extracción de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad extractiva empleada”, asegura la norma. En adelante, los bancos no podrán aplicar costos por el retiro de dinero. Tampoco ni limitar la cantidad de extracciones gratuitas a través de los cajeros automáticos como ocurre actualmente. La modificación de la norma impactará en los bolsillos de empleados en relación de dependencia ya que tampoco abonarán las comisiones que cobran los bancos por el uso de cajeros automáticos de otras entidades. Fuente: http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2010/05/05/noticia_0040.html

POLÍTICAS PÚBLICAS DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO ARGENTINO: OBJETIVOS Y PRIORIDADES Las políticas públicas de derechos humanos hoy en la Argentina están vinculadas tanto al respeto de valores inherentes a la condición humana como al mejoramiento de la calidad institucional. La exclusión social, la corrupción y las prácticas autoritarias llevaron a que instituciones del Estado se percibieran no como garantía de los derechos y libertades fundamentales, sino en ocasiones como una amenaza al orden constitucional, proclamando normativamente en la Carta Magna. Sería inadmisible equiparar estas situaciones al terrorismo de Estado que practicó una violación masiva y sistemática de derechos humanos fundamentales a través del aparato organizado del poder. Sin embargo, en democracia existieron y aún persisten violaciones extendidas de derechos y libertades, que responden en buena parte a prácticas heredadas de los gobiernos dictatoriales. La manera en que se encara la gravísima cuestión de los niños y jóvenes en conflicto con la ley penal, la persistencia de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, aun cuando no fueran masivas ni sistemáticas, bajo distintos gobiernos constitucionales, la tortura y otros malos tratos de personas detenidas en comisarías o establecimientos penitenciarios, o la ineficacia en la prevención y persecución de crímenes graves, permiten medir la magnitud de los problemas. Por ello el debate actual sobre la lucha contra la impunidad, por la verdad, la justicia y la reparación, no encara una problemática centrada en una mera revisión del pasado. Aborda cuestiones de importancia capital para el presente y el futuro del país. Está planteada la recuperación de las aspiraciones hacia un Estado gobernado por la ley y no por la arbitrariedad, un Estado capaz de erradicar la impunidad y su cortejo de efectos perversos, de los cuales uno inmediato y no menor es la pérdida de legitimidad de la persecución penal del delito común, en la medida en que continúen impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos a través del aparato del Estado durante la dictadura militar. Recuperar los fundamentos éticos del Estado. No es otro el sentido del apoyo social a una medida como la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o en el contexto de la lucha contra la impunidad, las expectativas despertadas por la medida más importante, adoptada desde el Informe de la CONADEP y el juicio a los integrantes de las tres primeras juntas militares. Me refiero a la anulación parlamentaria de las leyes de amnistía, acompañada de la ratificación y el otorgamiento de jerarquía constitucional a la Convención internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad. La justificación más importante de los procesos judiciales en estos casos radica en la llamada prevención general positiva, mediante la cual el Estado reafirma ante la sociedad la jerarquía de los valores supremos agraviados por el crimen de lesa humanidad: el valor de la vida, la libertad, la integridad física, la dignidad humana, sin cuya promoción, respeto y garantía el Estado carece de legitimidad y la sociedad se desarticula. Las situaciones de impunidad de crímenes atroces abren el camino al conflicto permanente y a una inestabilidad que conspiran contra la ansiada paz y reconciliación nacional. En realidad, la actitud de olvidar y perdonar todo, que podría corresponder a las víctimas que han sufrido atrocidades e injusticias, ha sido adoptada a menudo por aquellos que las practicaron, dijo el filósofo Theodor Adorno en 1965. La otra gran vertiente de la problemática de los derechos y garantías es su vulneración ante la crisis socioeconómica y la exclusión social. La destructiva década del noventa primero y luego la devaluación no planificada consumaron un desmantelamiento de la protección social, aumentaron la desocupación y la precarización de las relaciones laborales y eyectaron a vastos sectores asalariados hacia la marginalidad. Este proceso por un lado dificulta el ejercicio de los derechos civiles y políticos —un desocupado, un indigente, difícilmente puedan participar y ejercer en plenitud sus derechos políticos y son especialmente vulnerables ante el abuso de poder—. Por otra parte, ese estado de cosas trae aparejado el quebrantamiento de todo el plexo de los derechos económicos, sociales y culturales y los de incidencia colectiva. Estas realidades requieren mecanismos e instituciones del Estado y de la sociedad civil capaces de ejecutar las tareas de observación activa de las obligaciones de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. A ese fin la Secretaría de Derechos Humanos propicia la creación de redes de Observatorios de Derechos Humanos en distintos lugares de la República Argentina. Consecuentemente con ello, puedo adelantar que el apoyo concreto a una iniciativa tal como la de crear un Observatorio de Derechos Humanos del Mercosur y definir su programa de actividad será examinado con sumo interés y en una perspectiva favorable. En efecto, en el plan de los derechos humanos en el ámbito internacional la Argentina ha delineado una estrategia con rasgos bien definidos. Esta estrategia está signada por la defensa de valores comunes expresados en los instrumentos de derechos humanos del sistema universal y del sistema interamericano y está unida a la convicción de que los derechos humanos, además de su valor intrínseco, son inseparables de la gobernabilidad democrática y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Así lo expresaron el secretario de Derechos Humanos de la Argentina, Dr. Eduardo Luis Duhalde, y el secretario especial de los Derechos Humanos de la República Federativa de Brasil, ministro Nilmário Miranda, quien hoy nos honra con su presencia, en una declaración conjunta firmada en Buenos Aires el 8 de setiembre de 2003. En esa oportunidad ambos funcionarios se comprometieron a coordinar acciones bilaterales y a promover la coordinación en los niveles subregional, regional y universal, tendiente al fortalecimiento de los sistemas internacionales y nacionales de promoción y protección de los derechos humanos. El día de hoy es una oportunidad propicia para reafirmar que el Gobierno argentino busca reforzar su contribución a la promoción y el respeto de los derechos humanos a través de la cooperación internacional en sus diversas formas, tanto en el ámbito del Mercosur como en otros foros internacionales. A este respecto consideramos de fundamental importancia el continuo perfeccionamiento y el refuerzo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Deseo destacar también lo significativo del Acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, firmado para la elaboración del Plan Nacional contra la Discriminación, en seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Durban. La adhesión a acuerdos e instrumentos internacionales se complementa con desarrollos legislativos a nivel nacional de suma importancia, uno de los cuales interesa particularmente a esta reunión: la nueva Ley Nacional Migratoria, superadora de la legislación anterior vigente desde la última dictadura, de naturaleza represiva y discriminatoria. Como lo expresó este año el gobierno argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde el Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) la Argentina continuará brindando un espacio de moderación para encontrar los consensos básicos indispensables para la promoción y protección de los derechos humanos en los foros políticos mundiales. En lo jurídico, la región está en condiciones de contribuir positivamente en diversas instancias internacionales para continuar impulsando el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. Entre estos avances la elaboración de un instrumento universal vinculante sobre desaparición forzada de personas es esencial para el Gobierno argentino, el que ha comprometido su apoyo a los trabajos del grupo de composición abierta que se ocupa de este tema en las Naciones Unidas. La secretaría de Derechos Humanos expresa su firme apoyo a los trabajos de esta Conferencia y desea que contribuya de manera concreta al progreso de la cooperación regional y subregional en la promoción y la defensa de los derechos humanos, tanto en el ámbito estatal como en el de la sociedad civil. Rodolfo Mattarollo FUENTE: http://www.observatoriomercosur.org.uy/libro/politicas_publicas_de_derechos_humanos_del_gobierno_argentino_3.php

Se politizo tanto el tema de la ley de Medios de Comunicación Audiovisual, que es bueno repasar punto por punto la misma, para desenmascarar a los oligopolios mediáticos, los cuales quieren hacer ver a la misma como la ley k. No seamos ignorantes y pensemos por nosotros mismos, exijamos su aplicación ya. Posteo esto para las personas que todavía no se interiorizaron sobre ella. 1) Democratización y universalización La regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia tienen como fines el abaratamiento, la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 2) Servicios de interés público Se considera a la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes una actividad social de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones sin ningún tipo de censura. 3) Órganos colegiados Se crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un órgano autárquico y descentralizado, que tiene como función la aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley. Su directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Existirá también un Consejo Federal cuyos miembros provinciales van a representar a los prestadores privados, a las emisoras universitarias, a los medios públicos y a los trabajadores de prensa. 4) Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual Se crea la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo encargado de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Será designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras. 5) Abono Social Los servicios de televisión por cable deberán disponer de un abono social. Esta disposición atiende a que, en ciertos sitios, el prestador de servicio de radiodifusión por suscripción a título oneroso, es el único servicio que existe para mirar televisión. Se busca que todos los habitantes tengan acceso a los servicios de radiodifusión y comunicación audiovisual. 6) Desmonopolización Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, el proyecto de ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio. Un mismo concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24) y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable. 7) Titulares de las licencias El proyecto establece que para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática. Cuando el prestador del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero sólo de hasta un máximo del 30% del capital accionario. 8) Participación de cooperativas A diferencia de la ley vigente, se permite la participación de cooperativas, siempre y cuando se garantice una porción del mercado a un competidor. 9) Plazo de las licencias La operación de los medios audiovisuales se hará, según la propuesta, por sistema de licencias y las mismas durarán diez años (hoy son por 15) y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título. Al mismo tiempo esas licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías -la digitalización- un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración. 10) Más contenidos nacionales Los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales. Los servicios de televisión por cable no satelital deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia. También deberán incluir en su grilla de señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos. Las radios privadas deberán emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música emitida deberá ser de origen nacional. Quedarán eximidas emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o temáticas. 11) Igualdad de oportunidades Las emisiones de televisión abierta y la señal local de producción propia de los sistemas de cable deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos. 12) Acceso universal para la transmisión de eventos deportivos Se garantiza el derecho al acceso universal -a través de los servicios de comunicación audiovisual- a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad. Los partidos de fútbol y otros encuentros olímpicos que sean de interés para la Argentina se transmitirán por la televisión abierta de acceso libre. 13) Publicidad Se regula el tiempo de emisión de publicidad con el objetivo de proteger al público contra un exceso de interrupciones publicitarias y promover un modelo de radio y televisión de calidad. 14) Nuevas tecnologías y servicios A diferencia de la ley anterior, la propuesta contempla el potencial impacto que provocaría la incorporación de nuevas tecnologías y servicios que no se encuentren operativas en la actualidad. Se procura un desarrollo armónico atendiendo a los espacios futuros a crearse por vía de los procesos de digitalización, en los que la pluralidad debe ser garantizada. 15) Radio y televisión estatales más participativos Se crea Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que reunirá a todos los servicios de radiodifusión sonora y televisiva que en este momento se encuentra bajo la órbita del Estado Nacional. El Directorio estará integrado por siete miembros, con un presidente y un director designado por el Poder Ejecutivo y tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, uno por la primera minoría, otro por la segunda y otro por la tercera. Y se crea un Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos que garantiza mayor participación social. 16) Medios Municipales y Provinciales Se reserva para cada Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una frecuencia AM, una FM y una de televisión abierta. Cada Estado Municipal tendrá reservada una frecuencia FM. 17) Más voces de la sociedad civil Se reserva el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura, para las organizaciones sin fines de lucro. Además, los pueblos originarios serán autorizados para la instalación y funcionamiento de radios AM y FM y así como de señales de televisión abierta. 18) Medios Universitarios y Educativos Las Universidades Nacionales podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión. Deberán dedicar espacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación artística y cultural. 19) Televisión e infancia Se prevé la creación de un Fondo de Fomento Concursable para la Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes que tendrá como objetivo desarrollar estrategias que permitan producir más televisión y radio de carácter educativo, cultural e infantil. 20) Cine nacional Se establece, por primera vez, la fijación de una cuota de pantalla. Los canales de televisión abierta y de cable deberán exhibir de forma obligatoria y en estreno televisivo ocho películas nacionales por año. La ley actual no contempla ninguna normativa de promoción del cine nacional. Link para ver la Ley de Medios sancionada: LEY DE MEDIOS SANCIONADA https://ugc.kn3.net/s/http://www.youtube.com/v/LO56ta1PNq4 link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=LO56ta1PNq4 https://ugc.kn3.net/s/http://www.youtube.com/v/2leo1JA1luQ link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=2leo1JA1luQ www.argentina.ar