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Un fallo judicial a favor de los usuarios frenó el cierre de Fibertel 26/09/10 Lo dictó un juez de La Plata luego de la presentación de una clienta de la empresa de Internet, como miembro de un grupo de consumidores. La medida suspendió la Resolución 100, que firmó Julio De Vido y que caducaba la licencia. LOS USUARIOS DE FIBERTEL ESTAN INCLUIDOS EN EL FALLO DEL JUEZ DE LA PLATA ELVIO BAUTISTA SAGARRA. Más información Por primera vez, un juez ordenó que el Gobierno no aplique la Resolución 100, que había decretado la caducidad de la licencia de Fibertel y que obligaba a un millón de abonados de Internet a migrar en 90 días hacia otros operadores. El viernes, el juez de La Plata, Elvio Bautista Sagarra, dictó una medida cautelar que impide al Gobierno “la aplicación y la ejecución de la Resolución N° 100, de la Secretaría de Comunicaciones”, dependiente del ministro de Planificación, Julio De Vido. Esto implica que el “Estado Nacional deberá abstenerse” de afectar “la efectiva prestación del servicio de Internet Fibertel que actualmente presta Cablevisión”. Al suspender la aplicación y ejecución de la Resolución 100, la medida incluye a todos los usuarios de Fibertel . Hasta este fallo, los jueces que habían dictado medidas cautelares a favor de usuarios de Fibertel interpretaban que el Estado y/o la empresa debían garantizar la continuidad del servicio de Internet con la misma tecnología y/o calidad que venían recibiendo los usuarios. Pero los jueces no se habían pronunciado explícitamente todavía sobre la decisión de fondo que había tomado el Gobierno respecto a Cablevisión/Fibertel. Por eso, la medida cautelar tomada por el juez Sagarra promete generar un fuerte cimbronazo en el Gobierno, que pretendía obligar a cerrar Fibertel y que abandonaran la compañía más de un millón de abonados a Internet. El fallo del juez de La Plata ordena a Cablevisión cumplir con lo establecido en la Ley de Defensa del Consumidor, en cuanto a seguir brindando el servicio , respetando “los plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales el servicio de Internet ha sido ofrecido, publicitado y contratado”. Todo ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en este proceso. La medida cautelar fue dictada por un pedido de amparo presentado por la usuaria de Fibertel María Eugenia Esposito, que accionó “como miembro del grupo de consumidores que resultan damnificados” por la Resolución 100. Según la usuaria de Fibertel, esa resolución a fecta la libertad de elección y de expresión de todos los usuarios de esta compañía, así como también limita la competencia en el mercado de Internet. El 19 de agosto, el ministro De Vido anunció que el Gobierno había decidido la caducidad de la licencia de Fibertel -de Grupo Clarín - y dio 90 días para que todos sus abonados se fueran de esta compañía. De Vido es uno de los principales impulsores de acciones contra Clarín , sobre todo si esas medidas benefician a las telefónicas dominantes. En este mes se presentaron más de 50 amparos judiciales . El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, dictó la primera medida cautelar para frenar la decisión del Gobierno, al ordenar al Estado y a Cablevisión/Fibertel “que en forma inmediata arbitren los medios necesarios a fin de asegurar a los usuarios” de Internet de Fibertel “la continuidad del servicio en idénticas condiciones” a las que tienen en la actualidad. Luego la jueza federal en lo Contencioso Administrativo, Rita Ailán, intimó al Gobierno a informar “si se encuentra asegurada la continuidad de la prestación del servicio de Internet” a un usuario, “en las mismas condiciones y modalidades que actualmente recibe por parte de Fibertel”. Hace una semana el juez federal de La Plata, José Luis Deglaue, dictó una medida cautelar ordenando garantizar a un abonado “la continuidad” del servicio “en las mismas condiciones y modalidades” que las actuales. Pero el fallo dictado por Sagarra, el juez platense cuya decisión trascendió ayer, es de carácter general , para todos los abonados y suspende integralmente la resolución del Gobierno sobre Fibertel. fuente http://www.clarin.com/politica/judicial-usuarios-freno-cierre-Fibertel_0_342565831.html

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En medio de una polémica, el Frente para la Victoria, junto a legisladores radicales y macristas defendieron hoy el aumento de las dietas de diputados y senadores, al considerar que el incremento del 37 por ciento sirvió para subsanar "el retraso" salarial de los legisladores. El aumento, que fue otorgado a fines de diciembre pasado pero recién se hizo efectivo este mes, avivó la discusión especialmente entre los sectores sociales y de centroizquierda, que consideraron "excesivo" el incremento salarial de los legisladores, que ahora quedó entre los 30 y los 35 mil pesos. Sin embargo, las quejas principalmente tuvieron que ver con una información publicada en el diario La Nación, que afirmaba que el aumento había sido del 100 por ciento, cuando en realidad fue del 37 por ciento, igualmente superior a la media de incrementos negociadas por las distintas ramas de actividad. El presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, ratificó la decisión tomada por las dos Cámaras y sostuvo que "a través de este aumento se subsana un retraso en la dieta de más de seis años, que ubicaba a los legisladores en una situación de desfase respecto del personal legislativo de planta". "Ahora lo que se hizo fue establecer que la remuneración de los legisladores sea un 20 por ciento más que lo que cobra un agente de la máxima categoría con 20 años de antigüedad", enfatizó el rionegrino. A su entender, "la remuneración que ahora perciben diputados y senadores es totalmente razonable, y está equiparada a la de un secretario de Estado del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)". La diputada del PRO, Laura Alonso, avaló también el aumento de las dietas, al considerar que los ingresos de los legisladores estaban "muy atrasados desde la última década". Según dijo, se trata de una "buena oportunidad para aumentar el nivel de transparencia y de rendición de cuentas" en el Congreso. "Es un ajuste de una dieta que efectivamente venía muy atrasada desde la última década, desde la crisis de 2001", evaluó Alonso en declaraciones radiales. A su turno, el diputado de la UCR, Juan Pedro Tunessi, sostuvo que el aumento "es un sinceramiento", ya que explicó que "había un desfasaje porque las dietas estaban por debajo de los salarios jerárquicos de la Cámara y eso era insostenible". De todos modos destacó que, si bien se incrementó el sueldo, "bajaron los gastos de representación y el (concepto por) desarraigo". En tanto, al entender que la suba había sido del 100 por ciento, el diputado nacional y titular de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, afirmó que la suba era "una barbaridad". "Está a contramano de la situación del país. Es una barbaridad", sostuvo el legislador en declaraciones radiales. Solanas sostuvo que "el aumento en relación a la inflación, es una cosa, pero no el cien por ciento". A su turno, Raúl Castells, asesor del monobloque Socialista del MIJD, sostuvo que su espacio, que es representado en la Cámara baja por Ramona Pucheta, presentó "un proyecto para que ningún legislador cobre más que el sueldo de un profesor de escuela secundaria de 6 mil pesos". "¿Cómo el Gobierno va a dar 100 por ciento de aumento a los diputados? A los jubilados le da el 17, a los trabajadores les plantean el 18 y ellos se van a dar el 100 por ciento", enfatizó Castells. En declaraciones a radio El Mundo, agregó: "Después se enojan con nosotros porque hacemos público estas cosas, pero un jubilado tiene 53 pesos para vivir y los diputados un ingreso diario de 3000". El incremento fue firmado por los titulares de ambas Cámaras en diciembre pasado, cuando los legisladores cobraban un ingreso neto mensual de entre 15 y 17 mil pesos, a lo que sumaban el paquete de pasajes aéreos y terrestres para movilizarse a la Capital, además de otros beneficios, como el de desarraigo, con los que llegaban a casi 25 mil. Boudou y Domínguez dispusieron por resolución conjunta que el ingreso de un legislador debía ser un 20 por ciento superior al del máximo cargo de dirección de los empleados del Congreso. También se dispuso una reducción del 21 por ciento en el beneficio por desarraigo, pero se mantuvo intacto el cobro de pasajes, 20 tramos aéreos y otros 20 terrestres por legislador para movilizarse desde y hacia la Capital. Con esta medida, los salarios de diputados y senadores alcanzarán los 30 y 35 mil pesos. QUE HDP QUE SON!!!!! y a los trabajadores y docentes, etc, no los quieren soltar mil mas, que chorros, aca se unen todos y no hay debate.