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El pasado 3 de Abril, el gobernador de la Provincia de San Luis, Claudio Javier Poggi , firmó 8 convenios para aumentar la inserción de beneficiarios al plan de inclusión Social en el ámbito privado. La reunión se llevó a cabo en la Sala de Situación. Allí acudieron el primer mandatario junto con el ministro de Inclusión Social y Política Habitacional, Eduardo D’Onofrio, y funcionarios de su gestión. También asistieron empresarios que acompañan la acción estatal de inserción laboral. El Plan de Inclusión Social , nació de la crisis del 2001. Ante la dura situación, que dejó a más de 45.000 personas fuera del sistema laboral, San Luis se propuso reinsertar a sus habitantes. La idea consisitó en poder “recrear la cultura del trabajo” perdida luego de la desocupación y la inestabilidad generada por la difícil situación económica. Los esfuerzos iniciados por el gobierno junto con la colaboración del sector privado, permitieron que actualmente el índice de desempleo baje al 1,3 % y que más de más de 30.000 trabajadores se hayan insertando nuevamente en la economía. En la reunión entre los funcionarios y las empresas, se resaltó la importancia de que el sector privado acompañe las políticas sociales del Estado. Algunas de las empresas con las que el ministro D’Onofrio firmó acuerdos fueron: Megacable S.A., la textil Norfabril S.A., la gastronómica El Pampa SRL Los Tamarindos, El Aserradero SOSA SRL y ADVAL S.A. (call center del banco Superville), Brindar S.R.L. y el hotel Termas de Balde. El primer mandatario felicitó al ministro D’Onofrio y a su equipo de trabajo, como también a los empresarios que los acompañaron en esta etapa y afirmó “esto significa gran importancia, ya que gobernar es generar trabajo, tal es la síntesis de la aspiración que uno tiene”. Poggi resaltó que “el camino que se tomó es el acertado, por lo que la mano de obra que las empresas toman hoy del Plan de Inclusión Social tiene cultura del trabajo y está capacitada”. Finalmente, el gobernador de la Provincia mencionó que durante su discurso en la legislatura, recordó el proyecto de ley que su gestión presentó el año pasado, el cuál ampliaría el programa de inclusión social al “extender a los particulares los derechos de inclusión social, algo que no tiene nada que ver con el derecho laboral ni administrativo, sino con la responsabilidad social del sector privado. Por ejemplo aquellas personas excluidas por alguna discapacidad o con una formación pobre, perfectamente puede trabajar atendiendo la caja de un supermercado, previa capacitación correspondiente. Sin meternos en el derecho laboral, habría un paraguas legal para que el empresario pueda tomar a esas personas y pagarles, como mínimo, lo que le paga el Estado, una obra social y la ART; ésa es la ley, extender el Plan de Inclusión Social al sector privado”.