elMAGOzador

Ayer Domingo 25 de Octubre se llevaron a cabo las Elecciones Nacionales en la República Oriental del Uruguay. Además de optar por los candidatos a la presidencia, el pueblo uruguayo debía emitir su opinión en torno a dos Plebiscitos. Uno para la aprobación del voto Epistolar, que permita el sufragio de todos aquellos ciudadanos uruguayos que residen fuera del país. Y el segundo, para anular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. ¿De qué se trata ésta ley? Recurrimos a Wikipedia para conseguir simplemente el encabezado que resume muy bien lo que significa. Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado La ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (popularmente conocida como "Ley de Caducidad", y llamada peyorativamente "Ley de Impunidad" por sus detractores),es una ley vigente en Uruguay mediante la cual se estableció que los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura cívico-militar (1973 - 1985) (incluyendo las múltiples violaciones a los derechos humanos) quedaran amnistiadas. Fue propuesta por el primer gobierno democrático del Dr. Julio María Sanguinetti con el doble propósito de equilibrar el tratamiento dado a los guerrilleros y a los presos comunes, amnistiándolos, y de calmar la agitación militar ante el creciente número de denuncias referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas en la dictadura. La ley fue corredactada por el Partido Nacional opositor y defendida por su máximo líder Wilson Ferreira Aldunate. En 1989, luego de una campaña de recolección de firmas y adhesiones a cargo de los movimientos sociales y políticos relacionados con la izquierda, se votó en un plebiscito con el objeto de derogar dicha ley. El resultado del plebiscito fue favorable a la ley y ésta no fue derogada. A mediados del año 2007 surgió una nueva campaña para plebiscitar la anulación de la ley, lo que implicaría efectos retroactivos, entre ellos la negación de la cosa juzgada. El 14 de junio de 2009, la Corte Electoral de Uruguay, confirmó que se habían alcanzado las firmas para realizar este plebiscito, el cual tuvo lugar en las recientes elecciones en Uruguay (25/10/09). UN PAÍS DE CUARTA. El Jueves previo a la veda electoral el Poder Ejecutivo dispuso que a las 22 horas se emitiera por Cadena Nacional de Radio y Televisión un mensaje de esta Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad. Llegadas las 22 horas, ese mensaje fue emitido desde Canal 5 a toda la red de emisoras pero los canales privados de televisión (Canal 4, Canal 10 y Canal 12) no se incorporaron a la Cadena. Al filo de la medianoche y luego de intensas gestiones desde el Poder Ejecutivo, el mensaje fue finalmente emitido por los tres canales aunque no en Cadena. Al no haberse transmitido en Cadena la emisión del mensaje de esta Coordinadora en las condiciones dispuestas por el Poder Ejecutivo se vulneró el derecho de la ciudadanía a estar informada, causando un daño democrático al negarle a los ciudadanos elementos de juicio fundamentales con los que decidir su voto el próximo domingo. Esta Coordinadora exige una profunda investigación de los hechos y la sanción a los responsables de que no se cumpliera con la resolución del Poder Ejecutivo de emitir una Cadena que había sido resuelta, autorizada y programada con anticipación. Este es el mensaje que se debió emitir, estaría muy bueno que se tomen un tiempito para verlo. Mensaje final de campaña link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=E7tPghf9wgk& El siguiente mensaje debió ser emitido por Cadena Nacional de Radio y Televisón a las 22 horas del 22 de octubre. Fue emitido por Canal 5 pero los canales privados no lo pasaron. Resultó necesaria una reiteración de la Presidencia para que este mensaje fuera emitido por los Canales 4, 10 y 12 pero no se logró que lo pasaran en cadena: lo emitieron por separado y sobre la medianoche. ONU pide anular la ley de impunidad El Consejo de DDHH de la ONU solicitó ayer "abolir" la Ley de Caducidad. La norma violenta normativa internacional en materia de DDHH y no debería dejar rastros en el ordenamiento jurídico. El ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández, participó ayer en Ginebra del Examen Periódico Universal (EPU) de Uruguay, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde la mayoría de los Estados partícipes solicitó "abolir" la ley 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado". El canciller Fernández encabezó la delegación en Ginebra La solicitud del Consejo de DDHH de la ONU pretende la remoción de la ley del ordenamiento jurídico uruguayo, como si nunca hubiera existido, con vistas a permitir las investigaciones y eventuales procesos judiciales contra los responsables de violaciones a los derechos humanos, durante la última dictadura. El Consejo recomendó, además, al Uruguay, la creación de una institución de derechos humanos acreditada ante el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales (ICC), así como crear un instituto compuesto por el Estado y entidades de la sociedad civil para supervisar la aplicación de las políticas de derechos humanos. Ante esto, el canciller Fernández explicó al resto de los Estados partícipes del EPU, la actitud del gobierno uruguayo durante los últimos años con relación a la normativa cuestionada. La interpretación del actual gobierno sobre el artículo 4º de la ley 15.848, habilitó más de 50 investigaciones por violaciones a los derechos humanos, por lo cual se franqueó la condena de diez represores por violaciones a los derechos humanos El ministro recordó además la reciente resolución del Poder Ejecutivo por la cual, en consonancia con el Poder Legislativo, se consideró inconstitucional la Ley de Caducidad en la causa por la muerte de la militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray, y la existencia de un proceso público a nivel de la sociedad civil para promover la recolección de firmas e impulsar un plebiscito popular para anular, vía electoral, la norma, aprobada en 1986. Fernández, que dejó claro que el gobierno no defiende la Ley y nunca lo hizo, también informó sobre las investigaciones realizadas buscando restos de desaparecidos en cuarteles y dependencias militares por primera vez y también las iniciativas de reparación para las víctimas del terrorismo de Estado. El debate desarrollado en Ginebra se sustanció ante el informe presentado por el gobierno uruguayo ante el organismo, y dos informes elaborados por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; uno, donde se resumen elementos obrantes en los organismos pertinentes de Naciones Unidas y otro, con datos y alegaciones provenientes de ONG, según informó AFP. Incompatible La solicitud emitida ayer por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU contra la Ley de Caducidad, no es la primera por la cual un organismo internacional pone "en tela de juicio" la legalidad de la norma, por la cual se impidió el juzgamiento de militares por violaciones a los derechos humanos. La primera resolución en este sentido, fue el informe 29/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el cual se declaró que la Ley de Caducidad es incompatible con el artículo XVIII (derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El informe de la CIDH recomendó entonces al Estado uruguayo "la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período de facto". El fallo no fue vinculante y el gobierno del ex presidente Luis Alberto Lacalle no adoptó ninguna resolución sobre la norma. Sin embargo, más recientemente, el Comité de DDHH de Naciones Unidas dispuso la condena del Estado uruguayo en el caso "por torturas" de Hugo Rodríguez Almada, actual integrante de la Cátedra de Medicina Legal de la UdelaR, durante el 51º período de sesiones de dicho comité. La comunicación 322/88, adoptada el 9 de agosto de 1994, expresa, en su nudo central, que "el Comité reafirma su posición de que amnistías por violaciones graves de los DDHH y las leyes tales como la Ley de Caducidad son incompatibles con las obligaciones de todo Estado parte, en virtud del Pacto de Derechos, Civiles y Políticos". Más adelante, dice la resolución: "también preocupa al Comité que, al aprobar dicha ley, el Estado parte haya contribuido a crear un ambiente de impunidad, que podría socavar el orden democrático y dar lugar a otras graves violaciones a los DDHH" EL RESULTADO DE TODO ESTO Uruguay vota en contra de anular la ley que deja impunes los crímenes de la dictadura Los uruguayos rechazaron la anulación de la Ley de Caducidad que dejó impunes los crímenes de Estado cometidos por la dictadura uruguaya, según reconoció la coordinadora impulsora del plebiscito celebrado este domingo para lograr esa nulidad. Los primeros sondeos parecían otorgar un triunfo al "sí" Luis Puig, portavoz de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad admitió este fracaso, a pesar de que en un primer momento los datos apuntados por encuestadoras a pie de urna parecían otorgar el triunfo del sí al fin de la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidos por policías y militares al servicio de la dictadura (1973-1985). Puig, que manejaba en sus declaraciones los últimos datos de tres encuestadoras a pie de urna, señaló que "la lucha por la verdad y la justicia no termina ni se menoscaba" con este resultado desfavorable a la tesis de la nulidad de la también llamada ley de impunidad. 255.000 firmas "El tema de la memoria y la justicia ha tenido un gran empuje en los jóvenes uruguayos", dijo Puig, también secretario de Derechos Humanos de la principal central obrera de Uruguay, Plenario Intersindical-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT). Los votos a favor de anular la Ley no habrían sobrepasado el 48%Esta organización sindical fue la principal impulsora de la reunión de las 255.000 firmas necesarias para convocar el plebiscito celebrado este domingo, de manera simultánea a las elecciones presidenciales y a la consulta popular sobre la habilitación del voto por correo, que según estos sondeos también fracasó, con apenas 38% de apoyo. Era preciso superar el 50% de los votos emitidos para lograr la nulidad de la Ley de Caducidad, pero según las encuestas manejadas por la Coordinadora no sobrepasaron el 48%. ¿ÉSTO ES IGNORANCIA O QUÉ ES? ¿ES UN PAÍS GARCA? NO LO ENTIENDO fuente: requechando.com