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INTRODUCCION A LA TEORIA DEL ESTADO INDICE Unidad temática I. Origen del estado Lección 1. Origen y justificación del Estado Unidad temática II. La idea de Nación y el Estado de Derecho Lección 2. La idea de Nación y el Estado de Derecho Unidad temática III. El Estado liberal democrático Lección 3. El Estado liberal democrático Unidad temática IV. Rupturas del Estado liberal democrático Lección 4. Rupturas del Estado liberal democrático Unidad temática IV. Rupturas del Estado liberal democrático Lección 5. Rupturas del Estado liberal democrático II archivo Unidad temática V. El Estado de Bienestar Lección 6. El Estado de Bienestar archivo Lección 7. El Estado de Bienestar II archivo Lección 8. Los sistemas de protección social archivo Lección 9. Las propuestas de reforma del Estado de Bienestar archivo Unidad temática VI. Integración internacional Lección 10. Integración internacional Lección 1. Origen y justificación del Estado Partimos de un dato objetivo: efectivamente el Estado existe. El Estado aparece como una realidad que recibe una denominación de parte nuestra. Realidad difusa, vaga en el sentido de que cuando nos referimos a él no aludimos a un objeto concreto sino a un complejo organizacional, rector de nuestras vidas y que, pese a carecer de una corporeidad palpable, sí produce una serie de manifestaciones que nos permiten adjudicarle un nombre, es precisamente el de Estado. En algunos casos puede identificársele con el concepto de país; en otros con lo que entendemos por gobierno, pero en cualquiera de ellos, cuando nuestras conversaciones habituales se menciona la palabra Estado, nos lo representamos de alguna manera o sabemos a qué hace referencia. Hacer mención al origen y a la justificación del Estado significa intentar identificar las explicaciones acerca de la génesis del fenómeno estatal en general, prescindiendo de la efectiva forma en que fueron apareciendo los Estados en la Historia, es decir, sin hacer referencia a ningún Estado real en particular. A lo largo de la Historia de las ideas, muchos autores han formulado teorías respecto de esa génesis. Podríamos clasificar esas teorías como: • Aquellas que tratan de probar la necesidad del Estado. En este primer grupo se pueden ubicar las que expresan una necesidad religiosa y las que manifiestan otro tipo de necesidad, psicológica, filosófica u otra. • Aquellas que niegan su necesidad. En este segundo grupo se ubican el anarquismo y el marxismo-leninismo o socialismo. La justificación teológica religiosa del Estado En la antigüedad lo natural y lo sobrenatural se confundían, y era lógico entonces que se atribuyera a la divinidad o a alguna encarnación de la misma la existencia de la sociedad política (Estado). La aparición del Cristianismo provoca una delimitación de los campos de acción, realizándose la actividad del Estado en el orden temporal y la de la Iglesia en el orden espiritual. Las teorías de la fuerza Esta doctrina explica el origen del Estado mediante el uso que hacen los más fuertes de la posibilidad de dominar que tienen sobre los más débiles. Puede ejemplificarse con lo expresado en La República, donde Platón trae la opinión de Trasímaco en el sentido de que "la justicia no es otra cosa que lo que le conviene al más fuerte". Juzga Jellinek que para los sostenedores de esta teoría, "el Estado descansa en una ley natural que el arbitrio humano no puede evitar". Ello es visible en el contractualista Hobbes, que luego de hablar de la igualdad de los hombres explica que de la igualdad procede la desconfianza y de la desconfianza la guerra. Luego afirma que fuera del Estado civil hay siempre guerra de cada uno contra todos, por lo que "es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra; una guerra tal que es la de todos contra todos". Pero por sobre todo es la teoría marxista la que nos muestra al Estado como surgiendo y manteniéndose como producto de fuerza. Para el marxismo, el Estado surge al establecerse la propiedad privada. Ese acto de posesión significó que los poseedores necesitaran del Estado para, mediante la fuerza, dominar y oprimir a los desposeídos. Teorías jurídicas Las teorías jurídicas que encaran el problema del origen y la justificación del Estado resultan factibles de ser agrupadas según postulen su fundamentación en la familia, el patrimonio o el contrato. La principal teoría jurídica del Estado es la contractualista, la cual considera al contrato como origen del Estado. Los expositores del Contractualismo Los autores que se basan en el pacto de unión, en base a una hipótesis racional de justificación son, principalmente, Rousseau, Hobbes, Grocio y Kant. Mientras que, los expositores del contrato como pacto de unión y pacto de sujeción; en base al contrato como origen histórico del Estado, son principalmente Pufendorf y Locke. Vinculados a la teoría del contrato, pero mejor incluidos bajo la denominada teoría del consentimiento, encontramos a Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, neoescolásticos cuyas opiniones sobre el origen del poder tuvieron honda repercusión en los acontecimientos que provocaron la independencia de la América española. Rousseau y El Contrato Social Jean Dabin, en su Doctrina del Estado haciendo referencia a El Contrato Social, plantea que el propósito de Rousseau queda claramente enunciado en el libro primero de su obra. Cuando quiere averiguar "si, en el orden civil, puede haber alguna regla de la administración legítima y segura, tomando a los hombres tal como son y a las leyes tal como deben ser". El primer punto entonces es saber cómo son los hombres y a ello procede en el capítulo primero del libro I. Observa Rousseau que "el hombre ha nacido libre, y en todas partes está encadenado”. Hay quien se cree señor de los demás y es más esclavo que ellos: ¿Cómo se ha producido este cambio?, ¿lo ignoro? ¿Qué es lo que puede hacerlo legítimo? creo que puedo resolver la cuestión". Como se ve, entiende que el hombre en el principio fue libre pero que ya no lo es, porque esta sometido a normas que le impone la sociedad. A continuación Rousseau establece una premisa y ella es que "el orden social es un derecho sagrado que sirve de base a lo demás". Como considera que ese derecho no viene de la Naturaleza, deduce que "se funda en una convención". En consecuencia "se trata de saber cuáles son estas convenciones". Considera Rousseau a la familia como la única sociedad natural y la más antigua de todas las sociedades. Basa la relación familiar en la necesidad que tienen los hijos de subsistir, por lo que cuando cesa esa necesidad, también cesa el vínculo natural que es reemplazado por una convención. Por ello considera a la familia como el primer modelo de las sociedades políticas: "el jefe es la imagen del padre; el pueblo, la imagen de los hijos y habiendo nacido todos iguales y libres, sólo por utilidad enajenan su libertad". La diferencia está en que en la familia "el amor del padre a sus hijos es el precio de los cuidados que le dedica, mientras que, en el Estado, el placer de mandar sustituye a ese amor que el jefe no siente por sus hijos". El nudo del problema lo enuncia Rousseau en el “encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado y por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca sin embargo más que a sí mismo y permanezca tan libre como antes". La solución es para Rousseau el contrato social. Lección 2. La idea de Nación y el Estado de Derecho La idea de Nación En el siglo XIV se establecen los cimientos de la idea de nacionalidad que constituyen el meollo de nuestra moderna concepción del Estado. Se admite como expresión de uso común la de Estado Nación que da a entender que el Estado se yergue sobre el concepto sociológico de nación. Acerca de la idea de Nación es mucho lo que se ha escrito sin que exista todavía un pleno acuerdo sobre lo que ella efectivamente es. Algunos resaltan la importancia del origen común que identifica a todos los miembros por el factor étnico; otros, sin desconocer la importancia que éste pueda tener, ponen énfasis en la existencia de una comunidad de tipo espiritual, en el sentido de que el grupo tiene conciencia de formar una unidad histórica con un pasado y un destino comunes. Para otra corriente, la existencia de un ambiente cultural compartido, es ingrediente sustancial de la nación y hay quien sostiene que el vínculo religioso de sus miembros tiene un valor central. Lo cierto es que no puede adjudicarse su esencia de manera aislada a la raza, la lengua, la cultura, la religión o el espíritu de pertenencia a la comunidad, en realidad, es un poco de todo esto a la vez: el conjunto de factores que se entrelazan es el que explica la existencia de la nación. Como lo explica Fédou “que la nación no es exclusivamente una categoría sociológica sino una idea compuesta también por nociones de naturaleza política”. De esta manera, además de los elementos culturales, raciales, históricos, lingüísticos, etcétera, es indispensable añadir el proceso consolidador que significa la presencia de un poder centralizado de carácter estatal. Valdría decir que no hay nación sin Estado. Todos los ingredientes sociológicos que intervienen en el proceso integrador de una nación solamente cristalizan en presencia de un poder estatal, que viene a imprimir a la nación su verdadera y definitiva fisonomía. El Estado de Derecho El Estado de Derecho constituye un límite jurídico al poder del Estado. Su objetivo es garantizar la libertad individual. Mientras que el monarca, según la concepción absolutista del poder, no se encuentra vinculado a las leyes, la idea de Estado de Derecho supone el sometimiento de los poderes públicos al Derecho. Los límites de la autoridad están determinados por criterios jurídicos. No son ya, como podría suceder en otras épocas, de naturaleza ética, religiosa o histórica. Es una legitimidad racional. Los caracteres del Estado de Derechos son: · El imperio · La división de poderes · La legalidad de la Administración · El reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales El imperio de la ley significa que ésta prevalece sobre las decisiones de todos los poderes públicos. Por ley ha de entenderse la expresión de la voluntad general representada en el poder legislativo. Las leyes son instrumentos esenciales para evitar la arbitrariedad del poder, además de contribuir a la despersonalización de su ejercicio. La legalidad de la Administración es otra de las exigencias del Estado de Derecho. Implica, por una parte, la subordinación de la actividad administrativa al imperio de la ley. Por otra, la legalidad de la Administración conlleva la posibilidad de que sus actos sean fiscalizados judicialmente para garantizar la adecuación entre la ley y las decisiones administrativas. Significados El Estado de Derecho es un concepto característico de liberalismo, pero ha trascendido a la época en que surgió. La utilización del concepto en otros contextos sociopolíticos puede ser entendida como una de las causas explicativas de la diversidad de significados que a él se le han atribuido. a) Los fundamentos del concepto originario del Estado de Derecho fueron desarrollados por la escuela racionalista del derecho natural, que tiene Kant como su autor más relevante. Para esta corriente el poder debe limitarse a través de los criterios racionales característicos del Derecho natural. El fin del Estado debe regirse por tres principios a priori de derecho: · La libertad de cada miembro de la sociedad, en cuanto hombre. · La igualdad de cada de uno con los demás, en cuanto súbdito. · La autonomía de cada miembro de la comunidad, en cuanto ciudadano. b) Para el positivismo jurídico el derecho creado por el Estado no tiene como referente un a priori que lo trascienda. Sólo la ley que es aprobada como tal por el poder legislativo es real. En líneas generales, esta corriente mantiene que todo derecho es estatal. Es suficiente que el Estado establezca alguna limitación a su poder para que sea calificado como un Estado de Derecho. El concepto de Estado de Derecho defendido por el positivismo se caracteriza por reducir su especificidad a los elementos formales. Los postulados de la concepción formal del Estado de Derecho impulsaron la revisión de la doctrina de la vinculación negativa de la Administración, defendida por el liberalismo doctrinario. Según esta doctrina, la Administración puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. No es requisito que la norma la habilite para ejercer su actividad. En consecuencia, los actos administrativos no vinculados a la ley eran discrecionales y, además, no podían ser fiscalizados. Los defensores del concepto formal de Estado de Derecho mantienen, frente a la interpretación de la vinculación negativa, que todos los actos de la Administración tienen que fundarse en un precepto jurídico para ser actos del Estado. La discrecionalidad no supone la disponibilidad de poderes ilimitados porque todo acto discrecional contiene elementos reglados y, por lo tanto, permiten su control judicial. Por lo tanto, no cabe interpretar la vinculación de la Administración a la ley sea negativa sino positiva. c) Las críticas vertidas sobre el “concepto formal de Estado de Derecho” fomentaron la construcción del “concepto material”. Este segundo término identifica el Estado de Derecho con la vinculación de los poderes públicos a los valores materiales sancionados por la constitución. Este concepto atribuye validez jurídica a las convicciones éticas y políticas de los textos constitucionales. d) Por último, el Estado de Derecho ha sido formulado como un Estado social de Derecho. Lección 3. El Estado liberal democrático El núcleo del Estado democrático está constituido por los principios e instituciones del Estado liberal. Existe, por tanto, una relación clara entre liberalismo y democracia. Relación entre liberalismo y democracia La idea central del pensamiento liberal es la limitación del poder político. Su objetivo se dirige a definir un ámbito privado en el que no pueda inmiscuirse el poder del Estado, condición imprescindible para garantizar la libertad individual. En consecuencia, el problema prioritario del liberalismo es dar respuesta a cómo se ejercen las funciones del Estado. Por el contrario, la democracia se refiere sobre todo a quién ejerce las funciones estatales. Así, si el liberalismo se identifica con el principio de la libertad, la democracia lo hace con el de la igualdad. Los ultraliberales rechazan la democracia no solo por las dificultades técnicas para ser aplicada a realidades con un mayor tamaño geográfico y demográfico que la polis, sino también por su tendencia a la inestabilidad y a la intolerancia, además de no ser vista como un modelo capaz de garantizar los derechos individuales. El principio de la mayoría, desde la perspectiva liberal, aunque igualitario, conduce a que se imponga la fuerza del número por encima de la individualidad. La democracia encierra la amenaza de desembocar en el despotismo o en la tiranía, no ya del monarca, sino de la mayoría. La distinta naturaleza de la democracia y del gobierno representativo puede explicarse a partir de la diferente concepción que poseen los antiguos y los modernos acerca de la libertad. Para los antiguos, la libertad solo puede defenderse mediante el autogobierno. La libertad individual es fruto de la participación en la voluntad colectiva, de la participación en la política que abarca todos los ámbitos de la sociedad. Por su parte, los modernos entienden que la libertad individual solo es realizable en la vida privada. Estos dos sentidos de libertad fundamentan dos formas de gobierno distintas: la democracia directa, sustentada en la primera concepción de libertad; y el gobierno representativo, anclado en la segunda idea de libertad. La democratización del Estado liberal Aunque la democracia no es incompatible con los principios liberales, la igualdad política no fue efectiva durante la vigencia del Estado liberal. Así, el sufragio tanto activo (derecho a ser elector), como pasivo (derecho a ser elegible), era restringido. La riqueza (sufragio censistario), la capacidad intelectual (sufragio capacitario) y el sexo eran las limitaciones más frecuentes para ejercer el derecho al voto y para ser candidato. La transformación democrática del Estado liberal fue paulatina. Las reformas democráticas comienzan a introducirse a finales del siglo XIX, pero hasta después de la Segunda Guerra Mundial no se consolida el Estado democrático, configurándose como un Estado social y democrático de derecho. La extensión de los derechos políticos tuvo como consecuencia el reconocimiento del sufragio universal que, junto con la libertad de expresión, la pluralidad informativa y la libertad para organizar partidos políticos y sindicatos, permitieron superar la desigualdad política del Estado liberal. Esta implantación del sufragio universal permitió que todos los ciudadanos fuesen electores y elegibles, con independencia del nivel educativo, de la propiedad, de la raza, de la confesión religiosa y del sexo. Lección 4. Rupturas del Estado liberal democrático Los Estados fascistas El Estado liberal ha experimentado, desde su consolidación, distintas crisis que han obtenido respuestas como la creación de modelos que se ajustaban perfectamente a su lógica interna o que se alejaban radicalmente de ella. El Estado de Bienestar es un claro ejemplo del primer caso. En cambio, los Estados fascistas y los Estados socialistas intentaron derrotar al liberalismo desde la alteración de sus mecanismos, en el primer caso, o desde la superación de sus principios en el segundo. El debate sobre el fascismo El fascismo aparece en el periodo de entre guerras como resultado de la aguda crisis política, económica e internacional que en ese momento sufrió el Estado liberal democrático. Las raíces ideológicas y culturales del fascismo pueden encontrarse a finales del siglo XIX, pero fueron la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias las que crearían el caldo de cultivo apropiado para su surgimiento. Si la guerra había mostrado los problemas del Estado liberal para asegurar un orden internacional pacífico, la crisis económica de 1929 puso en evidencia sus limitaciones para asegurar el desarrollo, así como la necesidad de reformar sus principios no intervencionistas. En este contexto aparecieron numerosos grupos, movimientos y partidos que se proclamaban fascistas o podían ser identificados como tales. Entre los elementos comunes pueden destacarse los que Nolte denominó seis puntos del “mínimo fascista”: · Antimarxismo, sería una reacción a la expansión del socialismo que tuvo lugar tras la Revolución Rusa de 1917. · Antiliberalismo, resultado de la crisis del Estado liberal · Anticonservadurismo, pese a establecer alianzas temporales con grupos tradicionales y sectores de la derecha política. · Principio de liderazgo, con un líder carismático indiscutido. · Ejército del partido, se trata de un rasgo organizativo derivado de la militarización de las relaciones políticas. · El totalitarismo como objetivo, es decir, el control total de las relaciones económicas, políticas y sociales. Casos históricos La falta de uniformidad del fascismo se manifiesta al examinar los principales ejemplos históricos en los que alcanzó el poder. Los modelos principales, el fascismo italiano (encabezado por Benito Mussolini) y el nazismo alemán (liderado por Adolf Hitler), presentan suficientes diferencias entre si como para poder hablar de subtipos. Eugen Weber estableció una diferencia entre el modelo fascista o italiano, al que calificaba de pragmático, moderado y conservador; y el nacionalsocialista, motivado teóricamente, radical y destructivo. lección 5. Rupturas del Estado liberal democrático II La llegada del fascismo al poder en Italia y Alemania generó una ola de imitadores en la mayoría de los países europeos. Durante el periodo de entre guerras fueron numerosos los gobiernos parlamentarios que entraron en crisis, siendo sustituidos por nuevos regímenes autoritarios: España (1923), Polonia, Grecia, Portugal… Sin embargo, los nuevos gobiernos autoritarios no siempre respondieron a un esquema fascista sino que, la mayoría de las veces, quedaron en dictaduras derechistas que reproducían ciertos aspectos del fascismo triunfante. De la misma manera surgieron en Europa numerosos grupos pequeños que se proclamaban fascistas y que pretendieron conseguir lo alcanzado por Hitler y Mussolini. Los Estados socialistas La principal diferencia entre los Estados fascistas y los Estados socialistas desarrollados en Europa, radica en que mientras que los primeros se propagaron estrictamente al hilo de los acontecimientos históricos (como respuesta a la amenaza revolucionaria, a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial o la crisis económica), los segundos lo hicieron conforme a un plan teórico. El fascismo no pretendió cambiar las estructuras económica y social por otras radicalmente distintas, lo cual si era el elemento central de la teoría política comunista seguida por los Estados socialistas. Mientras que los grupos fascistas se apoyaban en un nacionalismo integrador, en el comunismo las referencias se hacían desde planteamientos internacionales y giraban en torno a conceptos elaborados, como la lucha de clases, o utópicos, como el fin de la opresión o la creación de un mundo nuevo. Casos históricos Las teorías de Lenin se practicaron al triunfar la Revolución Rusa de octubre de 1917. Las dificultades de organización, la puesta en marcha del nuevo sistema y, especialmente, la larga guerra civil, ocuparon los primeros años del nuevo Estado revolucionario. La muerte de Lenin dio paso a la lucha por la sucesión, en la que se enfrentaron dos concepciones distintas del modelo que debía seguir el Estado soviético. Leon Trotsky defendía la necesidad de que nuevos Estados abrazaran la causa socialista. Difícilmente podría sobrevivir un único Estado, y menos preparar el camino para el comunismo, por lo que defendió la necesidad de una revolución mundial que acabara totalmente con el capitalismo. Por su parte, Stalin defendió la construcción del socialismo en un solo país. Lo importante era que la Unión Soviética se hiciera fuerte para, de esta forma, facilitar su acceso al comunismo. La victoria de la tesis de Stalin condicionó la historia del comunismo como modelo estatal. No obstante que la Unión Soviética se encontrara entre los países vencedores tras la Segunda Guerra Mundial permitió la expansión de los sistemas comunistas por Europa. Después, la competencia con Norteamérica amplió la esfera de influencia soviética a buena parte del planeta. De esta forma, podemos distinguir tres momentos en el incremento del número de Estados socialistas: 1. Momento de la implantación original en Rusia. 2. Aquel que coincide con la extensión del comunismo por Europa de Este tras 1945 3, El resultante de la confrontación entre los bloques. Las rupturas del orden político Se diferencian dos tipos procesos: a) De reforma, que se define por su carácter de continuidad. b) De ruptura, que se distingue por las revoluciones. Ambos procesos tenían entidad propia antes de que el Estado liberal se consolidara. De hecho, en ocasiones han sido más frecuentes en sistemas poco coincidentes con los principios liberales, como ha ocurrido en buena parte de las dictaduras del “tercer mundo”. En cualquier caso, una vez extendido el Estado liberal tras la desaparición del bloque del Este, todo intento de ruptura violenta del mismo pasaría por el uso de cualquiera de las dos: golpes de Estado o revolución. Los golpes de Estado Un golpe de Estado consiste en la conquista del poder estatal por parte de las élites políticas o de determinados cuerpos de la Administración, generalmente las fuerzas armadas, recurriendo a la violencia o a la amenaza de usarla. Puede ser una técnica de acceso al poder, un mecanismo de permanencia en el mismo, una forma de dirimir rivalidades o de alejar y excluir a determinados grupos. Revoluciones sociales y políticas Las revoluciones, a pesar de sus diferencias claras, poseen algunos elementos en común que las distinguen de otros cambios en lo que también está presente la violencia. El uso de la etiqueta “golpe de Estado” para definir determinados procesos de cambio ha estado ligada al carácter peyorativo que ha acompañado a la expresión. Por el contrario, cuando se ha pretendido dotar a ciertos hechos de connotaciones positivas se ha utilizado el término “revolución”, cuyo componente épico, no conspirativo, popular y liberador de injusticias le dotaba de una presunta legitimidad de origen difícil en los golpes de Estado. Lección 6. El Estado de Bienestar Concepto de Estado de Bienestar El Estado de Bienestar supone un intento de dar respuesta a las tensiones sociales y a los problemas económicos generados por el orden político. Lo que hace es revisar los objetivos liberales, no romper con ellos. Su finalidad no se limita a la seguridad jurídica, sino que se extiende a objetivos de naturaleza económica. En parte se apoya en una concepción distinta del Estado. El Estado de Bienestar es un modelo que se responsabiliza de la seguridad material de los ciudadanos ante los riesgos del mercado. Funciones del Estado de Bienestar Las funciones del Estado de Bienestar implican:  Proporcionar servicios básicos, sobre todo en materia de educación, sanidad y vivienda, que el mercado no suministra.  Proteger la renta, mediante prestaciones sociales en efectivo en situaciones de enfermedad, jubilación, desempleo, viudedad u orfandad.  Garantizar un mínimo de subsistencia mediante las prestaciones asistenciales. Ciudadanía social La ciudadanía social es una idea central de este modelo. Según este concepto, la ciudadanía ya no solo se entiende desde los presupuestos de los derechos civiles y de los derechos políticos sino que, además, incluye la categoría de los derechos sociales y económicos para todos los ciudadanos. Sus herramientas son:  la intervención en la economía con el objetivo de lograr el pleno empleo y el desarrollo de las políticas sociales.  reducción de la desigualdad económica o la redistribución de la renta, instrumentalizada por medio del sistema impositivo y de los gastos sociales. Sin embargo, son amplios los desacuerdos respecto al logro de esta segunda finalidad. Hay que tener en cuenta que la modificación drástica de la redistribución de la renta no figura en los fundamentos del Estado de Bienestar. En todo caso, su aspiración se dirige a contrarrestar las consecuencias de la pobreza. Sin duda, su articulación descansa en los valores del Estado liberal. Pero, a su vez, sus objetivos introducen modificaciones. La legitimidad del Estado de Bienestar, a diferencia de los fundamentos en los que descansa el Estado de Derecho, no se basa ya en los límites impuestos a la actividad estatal, sino a sus funciones de bienestar. Estado de Derecho y Estado social La armonización del Estado de Derecho con el Estado social ha dado lugar a una polémica jurídica. Se ha planteado que los conceptos de Estado de Derecho y Estado social entran en antinomia por su diferente fundamento y objetivo. El Estado de Derecho, en sus orígenes era un modelo estatal basado en la autonomía de la sociedad, garantizada por medio de los derechos fundamentales que se conciben como limitaciones del poder estatal. Su objetivo es proteger la libertad individual. En cambio, el Estado Social se dirige a garantizar la subsistencia de los ciudadanos. Se trata de un Estado que ayuda, reparte y distribuye, no se limita a sí mismo dejando al individuo en la situación social que tiene. Lección 7. El Estado de Bienestar II La consolidación y expansión del Estado de Bienestar A partir de la segunda posguerra, la política social se vincula a objetivos económicos. Las políticas de posguerra se inspiraron en la necesidad que el Estado favoreciese el crecimiento económico y, además, en que éste se orientase hacia la consecución del bienestar. En estos años se generaliza la idea de que la pobreza, además de ser un problema económico, también lo es político, porque la paz tiene que basarse en la justicia social. Un aspecto a tener en cuenta es la repercusión práctica de las teorías que justificaron el intervencionismo estatal en la economía. La teoría Keynesiana proporcionó el fundamento económico para las propuestas de reforma penetrasen en la realidad. Las circunstancias en las que Keynes elaboró su teoría estuvieron determinadas en parte por la crisis económica de los años treinta, sobrevenidas por la insuficiente demanda para satisfacer la oferta global y sus consecuencias de bajos niveles de consumo y producción, así como elevados índices de paro. Todo ello puso a prueba los postulados de la economía neoclásica. Justificación social Se ha sostenido que si Keynes proporcionó la justificación económica del Estado de Bienestar, Beveridge lo hizo desde la perspectiva social. Fue a partir de su informe, elaborado en 1942, cuando el concepto de seguridad social adquiere repercusiones teóricas y prácticas. Una de las principales aportaciones del Informe Beveridge consistió en la elaboración de un proyecto completo de seguros (enfermedad, desempleo, incapacidad por accidente y enfermedades laborales, viudedad, vejez, gastos de entierro, subvenciones a los niños y aprendizaje de nuevas ocupaciones) que abarcaba a todos los ciudadanos. El Seguro Nacional se entendió como el mínimo de ingresos que debía garantizarse a todas las personas. Además, este ingreso mínim representó un derecho que, por otra parte, sería compatible con el seguro privado. Es decir, se trataba de garantizar una renta mínima de subsistencia. También se preveía la asistencia nacional proporcionada directamente por el Estado, previa comprobación de rentas de aquellos individuos necesitados que no pudiesen contribuir al sistema de la seguridad social. Un aspecto innovador era la previsión de contribuciones uniformes. Beveridge llega a la conclusión de que, en la práctica, la asistencia nacional no conducía a la supresión de la indigencia porque en un gran número de casos los ciudadanos preferirían mantenerse en la indigencia antes que someterse a una investigación de sus necesidades y recursos. En definitiva, el informe deja claro que la generalización de los seguros no solo se guiaba por el objetivo de ampliar el número de beneficiarios, sino también por la necesidad, desde el punto de vista financiero, de extender el número de cotizantes. Por potra parte, de acuerdo con este principio, no se pretendía establecer, al menos directamente, una redistribución de la riqueza, que sí se habría obtenido por medio de la combinación de prestaciones uniformes con cotizaciones proporcionales al salario. El informe incorporaba seis principios fundamentales: 1. Prestaciones uniformes, con independencia del nivel de renta del asegurado. 2. Contribuciones únicas y uniformes, siendo irrelevante la cuantía de los recursos del asegurado. 3. Gestión administrativa unificada, que implicaba que los asegurados debían pagar una contribución única semanalmente, cotizando con ella todas las prestaciones. 4. Suficiencia de las prestaciones, tanto en relación a la cuantía como a la duración, sin necesidad de otros recursos. 5. Amplitud del ámbito de aplicación, tanto con respecto a las personas beneficiarias como a los riesgos que tenían que proteger. 6.Diferenciación. Este último principio supone que la seguridad social se aplicaría teniendo en cuenta los diferentes modos de vida de los asegurados. La repercusión del Informe Beveridge se explica en parte porque la seguridad económica era un valor dominante en la opinión pública de la posguerra. Probablemente la misma guerra desencadenada en 1939 fue en factor decisivo en este sentido. El acontecimiento bélico demostró que la inseguridad era un riesgo colectivo. Por otra parte, con anterioridad, la crisis económica de los años treinta había mermado la eficacia de los mecanismos de capitalización del sector privado y limitó la confianza depositada en él. Se creía que las políticas sociales eran necesarias para todos y no solo para los más menesterosos. lECción 8. Los sistemas de protección social Los modelos de Estado de Bienestar El sistema diseñado por William Beveridge tuvo una proyección parcial en la práctica, mientras que su influencia fue superior en la teoría. En Reino Unido, el Parlamento, siguiendo sus recomendaciones, aprobó un conjunto de leyes desde 1945. Los sistemas de seguridad social en otros estados evolucionaron de acuerdo con los fundamentos imperantes en la época de Bismarck o con el llamado modelo continental. Las diferencias entre este modelo y el británico, consisten en que mientras el régimen de seguridad continental se orientaba preferentemente a la protección laboral, el de Beveridge, ya sea implícita o explícitamente, posee una tendencia hacia la universalización. Factores del desarrollo del Estado de Bienestar La complejidad de los factores que impulsaron el desarrollo del Estado del Bienestar motivó numerosas y matizadas aportaciones teóricas. Unas explicaciones hacen hincapié en las causas económicas. Por ejemplo, Wilensky, ha sostenido que las políticas sociales son una tendencia estructural de las sociedades industrializadas. En este sentido, sugiere que los programas sociales debieron introducirse en los diferentes países con niveles análogos de industrialización y urbanización, aunque la realidad nos demuestra que esta condición no se cumple siempre. Las revisiones del Estado de Bienestar. Cambios económicos, sociales e ideológicos El consenso sobre el que reposó el Estado de Bienestar se rompió a mediados de la década de 1970. Desde entonces, se han producido cambios económicos, sociales e ideológicos que han cuestionado su viabilidad; incluso se ha llegado a comentar que se trata de un modelo insostenible. El estancamiento de la economía en 1973, con sus consecuencias de desocupación e inflación, fue el detonante de su cuestionamiento. Es obvio que el desempleo plantea un problema de financiación al aumentar los gastos sociales y disminuir los ingresos. La mundialización de la economía es otro de los factores que impone límites a las políticas de bienestar. La apertura de las fronteras al comercio internacional aumenta la competitividad. Los países que asumen costos de protección social más bajos poseen mayores ventajas para competir en los mercados mundiales, lo que genera presiones tendientes a reducirlos. Las diferencias de los costos laborales se han mantenido, en parte, debido a la distinta cualificación de los trabajadores y a la calidad de los productos entre los países. La eliminación de los controles sobre el capital permite la movilidad de este. La capacidad de los gobiernos para gravarlo se reduce. La autonomía estatal para establecer políticas de empleo también disminuye. Los Estados se ven obligados a favorecer la entrada de capital con el objetivo de satisfacer la demanda de trabajo, lo que les impulsa a establecer condiciones ventajosas a la inversión, entre ellas, la reducción de los impuestos sobre las sociedades y las rentas del capital. Uno de los cambios sociales a los que se enfrenta el Estado de Bienestar en las últimas décadas deriva de la evolución demográfica. Esta tiende al envejecimiento de la población ocasionado por el descenso de la natalidad y por el aumento de la esperanza de vida que, junto con la disminución de la duración media de la vida laboral, conduce al deterioro de la relación entre activos y pasivos. A todas estas dificultades, algunos autores añaden la transformación de la economía postindustrial que se caracteriza porque la capacidad de crear empleo depende de los servicios y porque la mano de obra necesita flexibilidad para la inserción en el mercado de trabajo, lo que supone una trayectoria laboral menos estable. Antes, las prestaciones se concentraban, sobre todo, en el periodo de la infancia y de la vejez. Por el contrario, en la economía postindustrial los riesgos surgen en la fase activa del ciclo vital. El desarrollo del sector servicio, ya sea por la escasez de los espacios rentables para el capital o por el aumento de su demanda, puede ser otra de las razones que presionen a favor de la privatización de los servicios públicos y, en último caso, del debilitamiento del Estado del Bienestar. La modificación de la estructura laboral se aduce como otro cambio más. Antes, las condiciones de trabajo y el consumo eran más homogéneas; en la actualidad, las transformaciones tecnológicas y la movilidad en el trabajo originan una estructura laboral más fragmentada, caracterizada por el amplio grupo de profesionales cualificados en los niveles superiores. Esa diversidad profesional no se adecua a la aplicación de prestaciones universales ni estas satisfacen las necesidades de la clase media. Se argumenta además que una manifestación de la presunta crisis del Estado de Bienestar es fruto del declive del movimiento sindical y de los partidos políticos defensores de la protección social. Por último, es necesario considerar también los cambios ideológicos. La distribución de la renta, la igualdad o la seguridad han cedido su lugar a otros valores postmateriales, como la defensa de los derechos humanos, de la paz, del entorno o de la equidad de género. Es indudable que el neoliberalismo predominó a finales del siglo XX frente a otras corrientes liberales partidarias de la responsabilidad estatal en provisión de los bienes sociales. En definitiva, el Estado de Bienestar se encuentra sometido a una crisis estructural cuya evolución aboca a su desmantelamiento, según las interpretaciones vinculadas a la ortodoxia liberal, o bien a un nuevo modelo más acorde con las actuales condiciones económicas y sociales, de acuerdo con otras interpretaciones. Lección 9. Las propuestas de reforma del Estado de Bienestar Las propuestas de reforma El neoliberalismo ha dominado las discusiones sobre las propuestas de reforma del Estado de Bienestar. Desde estas posturas, se insiste en la idea de que el mercado es el único método de organización económica posible para generar la riqueza, aunque en realidad este postulado nunca fue cuestionado por el Estado de Bienestar. Además, se añade que los agentes individuales, al tratar de maximizar su riqueza, son más eficientes que los gobiernos porque estos se rigen por una racionalidad distinta. No tienen en cuenta la relación entre costos y beneficios, por tanto, genera despilfarros. Desde estos planteamientos se sostiene que los fallos del Estado superan a los del mercado y produce el declive de la economía. La solución solo puede encontrarse en el aumento de la libertad del mercado. Al Estado no le incumbe ser el agente de crecimiento económico sino su impulsor, debe servir de complemento del mercado sin llegar a sustituirlo. Posturas neoliberales Para las posturas neoliberales, las funciones tradicionales del Estado siguen siendo irrenunciables: establecer la ley, mantener el orden público, garantizar la seguridad física y de la propiedad, invertir en infraestructura… Es decir, todas aquellas competencias que crean incentivos para la actividad económica. En aras de la eficacia se defiende la revisión de la intervención pública en el ámbito de las prestaciones sociales y con este propósito se proponen distintas medidas. En materia de seguridad social, privatizar los sistemas de previsión para la vejez y la sanidad, más en concreto, sustituir los sistemas de reparto por los de capitalización. Hacer participe al sector privado en los servicios que el mercado no pueda ofrecer por sí mismo. Para ello se distingue entre la financiación y el suministro, correspondiendo la primera a la Administración Pública y la segunda al sector privado. Esta vía permite que el Estado contrate los servicios en el mercado. Impulsar el sector voluntario con el objetivo de reducir las responsabilidades estatales en la producción de prestaciones sociales. Potenciar, a fin de evitar la crisis fiscal, los sistemas de asistencia social destinados a los grupos más desfavorecidos frente a los sistemas de cobertura universal, los cuales son considerados insostenibles. Desregular el mercado laboral para adecuar la oferta a la demanda como medio de crear empleo. Se argumenta que los sistemas de protección social poseen repercusiones negativas. Se ha señalado que la financiación de los programas sociales mediante impuestos o a través de cotizaciones disminuye la competitividad de las empresas, debido a que las cotizaciones patronales son uno de los componentes del costo total del trabajo y repercuten en la creación de empleo. Por otra parte, se sostiene que el subsidio de desempleo obstaculiza la flexibilidad del mercado laboral. También, que las pensiones de vejez y desempleo desincentivan el trabajo y el ahorro. El aumento de la presión fiscal es valorado como un elemento que favorece el fraude y la evasión fiscal. La Tercera Vía Las propuestas tendientes a disminuir tanto la imposición directa como las cotizaciones, y aumentar la imposición indirecta ganan adeptos al considerarse que poseen menos efectos negativos en la competitividad. El aligeramiento de la carga fiscal también se pretende conseguir mediante el cobro directo de los usuarios que reciben prestaciones. Por último, los gastos de protección social repercuten en el déficit público, lo que a su vez incide en la inflación y en los tipos de interés. Los programas de otros partidos políticos han propuesto alternativas muy poco diferenciadas de las posturas neoliberales. Una de las más destacadas es la llamada “Tercera Vía” de Anthony Giddens, una vía intermedia entre el socialismo y el capitalismo, adoptada por la socialdemocracia. Según Giddens, el Estado de Bienestar es un modelo que no responde a las realidades contemporáneas. Ante ello, defiende la necesidad de establecer un nuevo equilibrio entre la seguridad y el riesgo. Los fundamentos de la Tercera Vía inducen a hacer hincapié en la responsabilidad personal y a sostener que las respuestas pasivas ante el riesgo han de ser sustituidas por políticas activas a fin de proporcionar a las personas instrumentos contra él. Desde el punto de vista práctico, se proponen “programas de bienestar generadores de empleo” y la inversión en educación constituye una prioridad. La idea que guía la Tercera Vía es la creación de la llamada “infraestructura de las oportunidades” más que la redistribución de la riqueza. Esta propuesta sirvió para sustentar el manifiesto presentado por Blair y Schröeder en 1999, defensores del Nuevo Laborismo y del Nuevo Centro, respectivamente. Propuestas privatizadoras Especial controversia suscitan las propuestas privatizadoras de los seguros médicos y de vejez. Las consecuencias beneficiosas son relativizadas por la propia historia. Los seguros privados del siglo XIX plantearon importantes limitaciones derivadas del escaso reparto de los riesgos, de sus elevados costos, así como los inconvenientes de su comercialización. Los sistemas de seguridad social pudieron superar algunas de estas deficiencias, en parte, porque se basaron en el principio de la solidaridad colectiva. La privatización de la protección social podría justificarse por el abaratamiento que supondría respecto al sector público, pero las pruebas en este sentido no son claras. Por ejemplo en Estados Unidos, donde solo las personas jubiladas y los pobres disfrutan de seguros sanitarios públicos, es el país con mayor gasto sanitario. Una propuesta que ha originado intensos debates es la sustitución de los sistemas de pensiones basadas en el reparto por el sistema de capitalización. Este modelo supone que los trabajadores financien su propia jubilación durante su vida activa, de forma que coticen en una cuenta de ahorro y, una vez jubilados, se les devuelva el dinero acumulado más el tipo de interés generado. Los defensores de la capitalización parten de la idea de que las pensiones basadas en las cotizaciones desmotivan el ahorro, mientras que este sistema posibilita la existencia de un capital disponible para ser destinado a la inversión. También ha sido justificado porque es solución a la supuesta quiebra de la seguridad social que plantea el envejecimiento de la población. Sin embargo, las ventajas del sistema de capitalización no son tales. En primer lugar, el modelo presupone que todos los individuos, y no sólo los grupos con mayor poder adquisitivo, tendrán capacidad para financiar su pensión. En segundo lugar, crea problemas de transición ya que en una primera fase los trabajadores tendrían que financiar a los pensionistas dependientes del sistema de reparto y, además, ahorrar para su propia jubilación. Por otro lado, el envejecimiento de la población afecta tanto al sistema de reparto como al de capitalización. También, en este caso serían más las personas que liquidan sus ahorros que las que ahorran, es decir, no hay garantías del crecimiento del ahorro por medio de las distintas generaciones. La propuesta de sustituir las prestaciones universales por programas selectivos podría justificarse, de ser cierto, porque las primeras benefician preferentemente a las personas de renta alta y media. Pero, además de tratarse de una razón contraria a la ética, esta medida plantea un dilema de difícil solución porque la universalidad es una característica intrínseca de los derechos sociales. Por otra parte, la universalidad de las prestaciones permitió evitar los estigmas que generaban las políticas selectivas entre sus miembros. La participación del voluntariado u organizaciones no lucrativas en la prestación de servicios posee limitaciones. Se trata de un secto que proporciona una cobertura desigual e incompleta. Su interés puede centrarse en ciertos grupos, no en la sociedad en general y además sus recursos son insuficientes. Por lo tanto, su actividad es adecuada para complementar, no para sustituir a las instituciones públicas. En conclusión, los efectos de las soluciones tal vez puedan dar respuesta a algunos problemas, pero generan otros. La experiencia demuestra que no hay ninguna combinación de mercado y de Estado de Bienestar que obstaculice el desarrollo de la economía. Los cambios económicos pueden desaconsejar algunas formas de intervención. Sin embargo, no existen razones técnicas o imperativos económicos sobre los que se puedan sostener que el Estado de Bienestar es inviable. Supervivencia o desmantelamiento despenderá más de la opción política que se tome y del apoyo social que lo respalde. Lección 10. Integración internacional En el camino de la integración Hace más de cincuenta años se inició un proceso de intercomunicación entre los Estados por medio de la creación de distintos mercados comunes. El primer hito se remonta a los años cincuenta e incluyó a una importante parte de Europa. Este proceso luego fue imitado por otras regiones del planeta con el objeto de contrarrestar los efectos negativos que la globalización impone. Un proceso de integración regional es un proceso convergente, voluntario, fundado en la solidaridad, que encaran dos o más Estados generalmente de manera gradual y progresiva, con fundamento en un plan de acción común que puede involucrar tanto aspectos económicos como sociales, culturales o políticos. Este proceso es llevado a cabo mediante arduas negociaciones cuyos objetivos y pautas se cristalizan finalmente con la firma de un tratado de constitución. Dicho tratado actúa como norma supranacional que, en todos los casos, prevé el acuerdo unánime de las partes para avanzar en el proceso de integración. El MERCOSUR Ya por el año 1955, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) había señalado la necesidad de integración latinoamericana para obtener un incremento sostenido del comercio recíproco entre estos países. A partir de esos años se inició la toma de conciencia en la región respecto a abocarse a la construcción de un proceso de integración en el Cono Sur. En noviembre de 1985, nuestro país suscribe la Declaración de Iguazú, consolidando la integración entre Argentina y Brasil a partir de la creación de una Comisión Mixta integrada por representantes gubernamentales y sectores privados. Este instrumento apuntó a la superación de la desconfianza recíproca y la rivalidad que caracterizaba a la relación política bilateral de ambos países. En julio de 1986 se firma el Acta para la Integración Argentino-Brasilera, mediante la cual se estableció un Programa de Integración y Cooperación Económica de carácter gradual, flexible y equilibrado entre los dos países. Posteriormente, en noviembre de 1988, los representantes de los Estados suscribieron el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo ya con el objetivo de consolidar el proceso de integración y cooperación económica bilateral y de conformar un “espacio económico común”. En virtud de ello, se acordó la conformación de una Zona de Libre Comercio en un plazo de diez años y en una segunda etapa, el establecimiento de un Mercado Común por medio de la armonización de políticas aduaneras, comerciales y sectoriales. En este contexto, se suscribió el 29 de julio de 1990 el Acta de Buenos Aires, en la cual se asumieron compromisos para acelerar los plazos tendientes a la puesta en marcha del Mercado Común para el 1 de enero de 1995. Para su conformación, se fijaron como pautas una reducción arancelaria generalizada, lineal y automática, de manera de llegar al año 1994 al arancel cero, y la necesidad de coordinar y armonizar las políticas macroeconómicas de ambos países. Paralelamente, Paraguay y Uruguay manifestaron su interés de incorporarse al proyecto en marcha, dando lugar a que en marzo de 1991 los cuatro países firmasen el Tratado para la constitución de un Mercado Común, más conocido como Tratado de Asunción. En la cumbre de Presidentes de Ouro Preto, en diciembre de 1994, se aprobó un Protocolo Adicional al Tratado de Asunción, por el cual se establece la estructura institucional del MERCOSUR y se lo dota de personalidad jurídica internacional. Es en Ouro Preto donde se le pone fin al periodo de transición y se adoptan los instrumentos fundamentales de política comercial común que rigen la zona de Libre Comercio y la Unión Aduanera que caracterizan actualmente al MERCOSUR, encabezados por el Arancel Externo Común. A partir del año 1995, el MERCOSUR se erigió como Unión Aduanera. Este hecho marcó cambios fundamentales para las economías de la región. Desde entonces, los Estados Partes iniciaron una nueva etapa de consolidación y profundización de los lazos económicos y sociales, donde la Zona de Libre Comercio y la Unión Aduanera constituyen pasos intermedios para alcanzar un mercado único generador de un mayor crecimiento de sus economías, aprovechando el efecto multiplicador de la especialización, las economías de escala y el mayor poder negociador del bloque. Por ello, el MERCOSUR representa la estrategia de mayor alcance que los países de la región han ensayado en la última década para enfrentar el desafío de desarrollarse en un mundo que exige cada vez más competitividad. En este sentido, el éxito del MERCOSUR tendrá que ver con su capacidad para cumplir con dos metas centrales: acelerar el crecimiento económico y optimizar la inserción de los socios en la economía globalizada. Para cumplir con esos objetivos, el MERCOSUR debe llevar en el largo plazo, a la conformación de un espacio económico regional unificado. El principal instrumento para llegar a él es la llamada "integración profunda". Cuando esta existe, no hay trabas diferenciales de ningún tipo para comprar y vender entre los miembros del acuerdo. Este es un activo muy valioso para los países que son capaces de hacerlo. El modelo más avanzado de integración profunda entre países independientes es la unión monetaria. Europa, luego de un arduo proceso, logró llegar a ella. En particular, para seguir el modelo más avanzado de integración regional, el MERCOSUR requiere la armonización de las legislaciones de los países miembros, a los efectos de obtener no solo reglas y procedimientos comunes, sino también la instauración de organismos e instituciones supranacionales destinadas a cumplir sus objetivos. Sin ellos la integración resulta una utopía. En el marco del intercambio comercial creciente que presupone el MERCOSUR, adquiere primordial importancia la armonización de las políticas asociadas a la cobertura previsional y de la seguridad social en su conjunto, vigentes en cada uno de los países miembros. Así fue entendido, ya que en diciembre de 1997 fue suscrito el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR, acuerdo que registró importantes avances en los últimos años y que vio la luz en junio de 2005 cuando entró en vigencia el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR. Este representa el primer mojón social en la etapa de verdadera integración. Ninguna duda cabe, en esta etapa histórica que nos toca vivir, que el camino de la integración represente el futuro que inexorablemente se avecina. Solo resta saber si seremos capaces de estar a la altura de los tiempos y transformar el mercado común en una comunidad de naciones que se plante ante el mundo globalizado y trabaje activamente por un mundo mejor. Un mundo donde desaparezca la desigualdad la miseria la discriminación y el racismo.