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Los mineros de YCRT en el acto que se realiza desde 2004 en Río Turbio para recordar a los 14 mineros muertos – Foto: OPI Santa Cruz 26/08 – 10:00 – Después del enterramiento de los 33 mineros en Copiapó, el Estado chileno lazó una fuerte ofensiva contra las mineras del país, para establecer las condiciones de inseguridad en los yacimientos, clausura y controla sin concesión, pretendiendo evitar otro desastre de este tipo que, al menos en este caso, el final parece ser feliz. Nuestro planteo es qué pasa en Argentina donde el nivel de complicidad entre Estado, empresas y gremios trabajan para que nada cambie y la tragedia de YCRT es la prueba más palpable de lo que aquí se plantea. Mientras Chile se conmociona por el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, en la localidad de Copiapó, el gobierno chileno comenzó a avanzar contra otros yacimientos con irregularidades, para evitar que el accidente se repita, publica Perfil.com en una nota sobre el tema. El Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) ya clausuró 18 minas en la región de Atacama por falta de medidas de seguridad. Según el diario chileno El Mercurio , entre las irregularidades se cuentan: falta de proyecto de explotación, ausencia de chimeneas de ventilación, refugios subterráneos y de al menos dos vías de evacuación. “Hay un antes y un después luego del derrumbe en la mina. Y ahora, como sector, estamos en el ojo del huracán“, dijo al matutino Jorge Pavlevic, presidente de la Asociación Minera de Taltal. Unos 300 mineros ya quedaron sin trabajo por los cierres. Mientras tanto, el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería afirmó que hubo una “sobrerreacción” de parte del gobierno. Por su parte, Hernán Cood, vicepresidente de la Asociación Minera de Caldera, explicó que antes del accidente, el Sernageomin daba plazos generosos para corregir las irregularidades, y raramente llegaba a cerrar una mina. “La idea era que el trabajo fuese progresivo y no una ‘cacería de brujas’. Aunque me parece muy bien la preocupación por la seguridad, ahora al empresario que no esté cumpliendo a cabalidad las normas del Código de Seguridad Minera se le cierra la faena inmediatamente“, agregó el dirigente a El Mercurio. Los empresarios mineros ya comenzaron a reclamar recursos estatales para solventar las medidas de seguridad. “Una mina promedio requiere una inversión mínima de $20 millones; y para solventarlos, necesitamos acceder a créditos flexibles, además de recibir parte de los recursos del royalty minero que se han destinado principalmente a innovación en tecnología“, afirmó Pavlevic. “Debieron haber cerrado la mina en 2008“. La frase la pronunció el ex subdirector de minería de Sernageomin, Patricio Leiva, en su declaración ante la comisión investigadora de Minería y Energía que se instituyó en el parlamento chileno. La mina de San José ya había sufrido un accidente en 2007 que obligó a cerrarla. Al año siguiente, se solicitó su reapertura y Leiva consultó si se cumplían los requerimientos de seguridad. Ante la respuesta afirmativa, el entonces funcionario autorizó la medida, informó el diario La Tercera . Nuestra realidad En Santa Cruz hay gran cantidad de complejos mineros en funcionamiento y muchos por venir. Uno de los temas fundamentales que hemos difundido a lo largo de estos años es la falta de seguridad en los yacimientos y la falta de control por parte del gobierno provincial. La Secretaría de Minería ha cambiado de rango, han variado las caras de sus responsables, pero la política en materia de minería sigue siendo la misma, con el agravante de la ausencia total de controles, tal como tenemos registrado en múltiples entrevistas realizadas a personas que han trabajado o trabajan en los complejos mineros de Santa Cruz y reconocimiento implícitos y explícitos de las autoridades. Sin embargo existe una suerte de complicidad entre las empresas, el gremio minero (AOMA) y el gobierno provincial para silenciar todos y cada uno de los resortes que hagan disparar alertas sobre la inseguridad en los yacimientos. Desde la contaminación del personal, hasta la falta de equipos, pasando por condiciones de trabajo deplorables, falta de mantenimiento en las máquinas y obsolescencia en los equipos de trabajo, hasta las más elementales cuestiones de comodidad para los trabajadores, han sido denunciados y lo hemos publicado permanentemente, recibiendo del otro lado una justificación, una desmentida, un ataque o solo el silencio. La reacción de los chilenos es comprensible, pues su sistema de minería es más o menos parecido al nuestro en temas de seguridad, a pesar de que las fuentes consultadas aseguran que en Argentina es aún peor. Si por alguna desgracia sucediera un hecho similar en el país, ahí se escucharían muchas voces que se desconocen hasta hoy. Seguramente el eterno y mal justificador de la minería en santa Cruz, el presidente de Fomicruz, saldría a culpar a otros, pero nunca a reconocer que en todos estos años la seguridad en los yacimientos brilló por su ausencia, ni tampoco diría que la provincia posee un solo policía minero, que por “falta de presupuesto” tiene que ser financiado por las propias empresas, una situación realmente vergonzosa y denigrante para un Estado que se dice propulsor de la minería en el país. A seis años de la tragedia de Río Turbio donde 14 mineros quedaron atrapados sin la suerte que tuvieron los 33 chilenos, aún ni siquiera la justicia ha establecido los culpables reales y políticos (además de los directos) ni ha delimitado las responsabilidades de todos los actores de aquel triste día de junio de 2004. En YCRT aún siguen las carencias y las deficiencias en materia de seguridad, reconocidas por la propia administración. A nivel provincial aquella tragedia no disparó alerta alguna sobre el control minero y no sirvió para que el Estado asumiera un rol preventivo más eficaz. Todo parece ceñirse a la espera de la próxima tragedia y allí comenzará (seguramente) la frenética puesta en escena que lamentablemente nos caracteriza, para finalmente, no cambiar nada. Lo de Chile es un aviso. Es hora de que los medios argentinos y los sectores independizados de los negocios mineros y los acuerdos políticos y económicos, no dejen de ventilar las tranzas y los casos donde el silencio cómplice de varios sectores (incluyendo la prensa), prepara el campo propicio para una nueva tragedia. Después, será tarde y las excusas y medidas posteriores que se adopten, aparecerán tan inocuas como las explicaciones que los funcionarios dan hoy, sobre las actuales condiciones de seguridad en los yacimientos y los controles que ejercen para los mismos se cumplan. ¿Debemos confiar en la política de seguridad minera cuando Miguel Angel Ferro expresa de manera casi tragicómica “Y… los muchachos le ponen ganas” (TN documental sobre los Glaciares), para referirse al poco personal que controla los yacimientos y la imposibilidad de hacer una tarea consecuente con el objetivo de los controles que es nada menos que salvar vidas. (Agencia OPI Santa Cruz) Fuente Acá tenemos info sobre nuestras minas: link: http://www.youtube.com/watch?v=-LqCdNJ03p0 link: http://www.youtube.com/watch?v=ryfCWnDPc5U Uno caserito: link: http://www.youtube.com/watch?v=kJeukUPDfDo

Está bastante desactualizado pero me colgué a escucharlo todo... Hay puteadas para todo el mundo, quitandolas, creo que estoy cerca del pensamiento que manifiesta quien hizo el video... Estamos a un tiempo después y la cosa no ha cambiado tanto.