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Desde hace un año y medio El Aromo viene publicando lo que es una posición polémica con respecto a Cromañón. A contramano de casi todas las organizaciones políticas, sostenemos que no se trató de una tragedia ni de una masacre. A raíz de “Mala señal”, el artículo de Gabriel Falzetti aparecido en nuestro número 29, varios familiares decidieron respondernos y abrir un debate en torno al hecho. En esta ocasión, nos plantea sus críticas Silvia Bignami, madre de Julián Rozengardt, fallecido en Cromañón, y militante del grupo Memoria y Justicia por Nuestros Pibes. El debate está abierto y esperamos poder continuarlo. La responsabilidad de Callejeros, en su justa medida Una respuesta a “Mala señal” de Gabriel Falzetti Silvia Bignami Militante del grupo Memoria y Justicia por Nuestros Pibes Este artículo es una respuesta a ciertas afirmaciones que se realizan en la nota de Gabriel Falzetti aparecida en el n° 29 de El Aromo. Quiero aclarar, en primer lugar, que las posiciones que se vierten en esta respuesta son a título personal, pero también son un producto de reflexiones hechas dentro del grupo de padres y familiares de víctimas de Cromañón Memoria y Justicia por Nuestros Pibes. Creo que el problema que tiene la nota en cuestión es que partiendo de un debate en torno a la última producción discográfica de Callejeros, realiza afirmaciones un tanto simplistas sobre cuestiones que exceden al debate sobre el disco. Coincido con Razón y Revolución en que Cromañón no es producto de una falla de esta sociedad, sino un producto de cómo ésta funciona. Pero acá empiezo a discutir algunas cosas. En primer lugar, cuando señalan que “la salida es ver nuestras desgracias como la regla de la sociedad en que vivimos y no como una excepción”. Esto no lo ve todo el mundo así, y eso no impide que se pueda librar una lucha justa por algo que hay que cambiar. Porque sino, no podría haber en esta sociedad ninguna lucha reivindicativa. Nosotros dijimos, y cito una producción realizada por el conjunto de los grupos: “Cromañón es además de una realidad, una metáfora de cómo funcionan las cosas en el país, del trato que se da a los jóvenes, de las condiciones de los espacios en donde tocan las bandas, de la desidia, desinterés y corrupción de los gobernantes, el gatillo fácil y los chicos que mueren por la impunidad. ¿Qué fue la masacre de Cromañón? Fue la muerte totalmente evitable, por causas no naturales durante un recital de rock, de, al menos, 194 personas, jóvenes en su mayoría”. Con esto quiero decir lo siguiente: que uno no comprenda todas las reglas de funcionamiento de la sociedad no quiere decir que uno no pueda luchar por esto. Es algo dialéctico. Uno va comprendiendo como funciona la sociedad en la medida en que va operando sobre ella. Y a mí me parece que una organización de izquierda como ustedes, un rol que puede jugar en todo caso es ayudar a pensar al otro si es que tiene un camino más recorrido, pero un ayudar poniendo el cuerpo. En segundo lugar, la nota pone en un plano de igualdad la lucha de los familiares y de los partidos de izquierda en el movimiento de Cromañón. Creo que la lucha la llevaron básicamente los familiares, sobrevivientes y amigos. Los partidos de izquierda y las organizaciones han entendido, a veces sí y a veces no, esta metáfora que es Cromañón, pero nos han acompañado de manera absolutamente insuficiente. La nota parece adjudicarse, o adjudicarle a un partido de izquierda, la destitución de Ibarra. En realidad, se la debemos adjudicar a nuestra lucha, al acompañamiento de algunos, y también -por qué no- a la interna del poder. La caracterización de crimen social Otra discusión importante es la caracterización que ustedes realizan de Cromañón como crimen social. Quiero aclarar que todos los familiares estamos de acuerdo en la responsabilidad política en este crimen, todos nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para imponer en la sociedad la palabra masacre. Si bien es cierto que -por lo menos para algunos de nosotros- la culpa es del capitalismo, decir “del capitalismo” diluye tanto como decir de uno sólo. ¿Cuáles son los nombres? Los empresarios que lucran: Chabán. Callejeros, que siguió esa lógica, aunque no lo pongo al nivel de Chabán. Ibarra, porque era el responsable máximo. La sociedad off shore que estaba detrás de Cromañón. El propio gobierno nacional que se lavó las manos olímpicamente. Estos son los responsables básicos. En ese sentido, diferenciar masacre de crimen social no está bien, porque mientras los medios ponían tragedia o accidente, nosotros decíamos: tragedia es aquello que los dioses miran de lejos; accidente, aquello que ocurre de manera casual. Entonces nosotros quisimos imponer una palabra más fuerte. Y parece más fuerte masacre que crimen social. También fue esto último. Pero, un crimen de un solo chico por gatillo fácil también es un crimen social y no es una masacre. Nosotros decimos que fue evitable, fue en masa, que fue provocado por una decidia prácticamente homicida. De hecho a Ibarra y a Chabán le estamos pidiendo homicidio. Nosotros le llamamos masacre. Para que haya una masacre no necesariamente alguien tiene que haber oprimido un gatillo. De hecho Videla masacró gente y yo no se si Videla estuvo torturando personalmente. Entonces, nosotros necesitamos que la gente que esté con nosotros, que nos ayude. La responsabilidad de Callejeros La otra cosa que yo creo que hay que discutir es la frase “ni Callejeros ni su público tienen responsabilidad”. No es lo mismo Callejeros que su público. Decir que Callejeros y su público como una masa no son responsables es no diferenciarlos. Y además, es meterse en un problema que tenemos los familiares. Este problema se relaciona con la responsabilidad de Callejeros. Si se repasan todos nuestros documentos, ninguno cuestiona a Callejeros. Esto es por respeto a los sobrevivientes y porque entendemos que, en una cadena de responsabilidades, Callejeros tiene una responsabilidad menor. Pero su público no. No son lo mismo. Hablo, por ejemplo, del 40% de los chicos que murieron por entrar a salvar pibes y de los sobrevivientes que yo conozco. Yo creo que se comportaron mejor que Callejeros. Callejeros no hizo una sola denuncia contra Ibarra, de hecho no lo querellan. Tampoco hizo una sola declaración a favor de la lucha de los familiares. Callejeros no entró a rescatar pibes. Sacar este disco puede verse como una elaboración del duelo o como una búsqueda de lucro con lo que está pasando. Nunca intentaron juntarse con nosotros. Cuando se juntaron con alguien, fue con Radio 10. La frutilla del postre es que cuando ellos intentaron entrar en la causa, cosa que la jueza no les permite, quisieron hacerlo querellando al que tiró la bengala. El que tiró la bengala, que sin duda es un irresponsable, es parte de su público. Callejeros le está pidiendo a su público una lealtad que ellos no han tenido. Igual, esto lo digo con mucho cuidado, porque la responsabilidad de Callejeros es mil veces menor que la del gobernante y mil veces menor que la de Chabán. En ese sentido, que tengan la misma calificación es una animalada. Pero tienen una responsabilidad. Si yo esto lo tengo que decir en dos párrafos no lo digo, ni nombro a Callejeros. Pero sí puedo, por ejemplo, cuestionar por qué un grupo tiene letras tan contestatarias, y, en los hechos, los defiende un ex abogado del Gobierno de la Ciudad. Por qué un grupo traiciona, de alguna manera, sus propias letras. Ellos sabían muy bien la cantidad de pibes que entraban. Entonces, ahí me parece que ellos actuaron entrando totalmente en la lógica del mercado. Y las leyes del mercado dicen que puedo meter el triple de pibes. Pero uno elige hacerlo o no hacerlo. Yo creo que Callejeros ha sido víctima de este sistema, pero acá la nota en cuestión dice una cosa con la que estoy muy de acuerdo: que no podemos transformarnos en aquello que odiamos, es lo que desean los enemigos de la sociedad que buscamos construir. Y cuando uno sigue la lógica del mercado, y por ejemplo, querella al de la bengala, está haciendo eso. Ahora tenemos una prueba: Ibarra acaba de denunciar, y están procesando, a tres padres por agresiones. Son los mismos padres que denunció Callejeros. Yo no voy a defender la actitud de esos padres, pero digo, ¿en qué lugar te parás? Es difícil despegarse de las posiciones políticas posteriores de Callejeros, porque fueron muy malas. Fueron casi peores que sus actitudes la noche de la masacre. Yo no voy a pensar que la seguridad de mi hijo depende de una banda de rock. Creo que hay una responsabilidad en el cuidado de los pibes que no pasa sólo por la bengala. Más allá de si promovían o no el uso de bengalas (que lo hacían). Pero, como yo pienso que esto podría haber sido producido por la descarga eléctrica de una guitarra, yo saltaría por encima el tema de la bengala. Ellos, sobre todo a través de su manager, que tiene más responsabilidad, sabían la cantidad de gente que entraba en el lugar. No podían no saberlo, porque existe concretamente una sobreventa de entradas que ellos promovían. Eso sí lo sabían. Yo creo que hay un deslizamiento. La sociedad capitalista impone una cierta forma de hacer las cosas, y uno hasta cierto punto es víctima. Es muy difícil que Callejeros no haya visto cuál era el estado del lugar cuando lo fueron a ver. Y además, hubo incendios anteriores en sus mismos recitales. Entonces, esas son cosas que uno puede ver. Si bien la actitud posterior yo no la puedo poner en la causa penal, yo siempre me puse a pensar -y tengo una duda con eso- si la actitud de Callejeros fue cada vez peor porque estuvieron mal aconsejados o porque en realidad eso son los Callejeros. Querellar al de la bengala es una estafa moral hacia sus seguidores. Ahora, yo tengo la duda y me permito tener dudas. Por eso, no creo conveniente hacer una declaración extemporánea contra Callejeros. Insisto en que no es la misma calificación que para Chabán y su crimen. Pero mi duda es a siguiente: estos Callejeros, que se muestran ahora indiferentes, jugando con nuestros sentimientos, yendo a tocar donde les parece, apareciendo de golpe en un recital donde no estaba previsto, sin pensar que puede haber sobrevivientes a los que les pueda caer mal. ¿Fueron empeorando los Callejeros o siempre fueron así y lo están mostrando? Yo no tengo una respuesta, pero creo que nos merecemos un debate. Conclusión Lo que se cuestiona de la nota de Gabriel Falzetti es que, partiendo del disco de Callejeros se dicen cosas que son fuertes y que se abordan con escasa profundidad. El poner en términos blanco y negro: “no fue una masacre, fue un crimen social”. Fue un crimen social y para nosotros también fue una masacre. Entonces me parece que el pensamiento del periódico debería ser más abierto. Más dispuesto a ayudarnos a elaborar mientras se pone el cuerpo con nosotros. A veces uno tiene esa sensación, que la izquierda escribe cosas desde un escritorio. Me parece que hay que poner el cuerpo y acompañar. La dura tarea de explicar la muerte Respuesta a la crítica de Silvia Bignami, de Memoria y Justicia por Nuestros Pibes Gonzalo Sanz Cerbino Grupo de investigación de Crímenes Sociales - CEICS Es necesario decir que nos resulta particularmente importante encontrarnos con compañeras como Silvia Bignami, que en medio de una lucha tan dura y tan dolorosa se detienen a reflexionar sobre sus acciones. El debate franco de ideas es indispensable para enriquecer las reflexiones y para discutir el sentido de nuestra acción política. En ese sentido, esperamos que no termine aquí y que puedan expresarse el conjunto de las fuerzas políticas que son parte de este movimiento. Con respecto a la discusión, quisiera hacer una serie de precisiones sobre qué es lo que estamos debatiendo. Silvia cuestiona un artículo de nuestro grupo de artistas sobre el último disco de Callejeros. Como ella misma reconoce, el trabajo de Gabriel Falzetti no tiene por objetivo desarrollar el problema del crimen de Cromañón, sino realizar un análisis del último trabajo del grupo en cuestión. En ese sentido, “Malas señales” no toma a la ligera el problema, sino que es un artículo profundo allí donde se lo propone: el terreno estético-político. En relación a lo acontecido en diciembre de 2004, en el boliche de Once, hace un año y medio venimos realizando una profunda investigación que sustenta lo que en abril de 2005 caracterizamos como crimen social. Al respecto, hemos publicado 8 artículos en este periódico que sostienen nuestra posición.1 En ese sentido, lejos de ser superficiales, tal vez seamos la organización de izquierda que más ha escrito sobre el tema. Como ese trabajo recayó bajo mi responsabilidad, no debería resultar insólito que sea yo quien responda. Vamos, entonces, al problema: la caracterización del hecho y la responsabilidad de Callejeros. ¿Masacre o crimen social? La pregunta que ordena el debate es ¿por qué murieron 194 personas en Cromañón? En relación a esta cuestión, lo primero que debemos discutir es por qué afirmamos que Cromañón no es una masacre. Y para eso hay que remitirse a lo que el término implica: una masacre es un asesinato cometido en forma deliberada, en el contexto de un enfrentamiento. Es decir, que el autor, material o intelectual, tiene la intención de producir dichas muertes, ya que la liquidación física de su contrincante le permite conseguir ciertos objetivos. En la lucha de clases, la masacre se produce cuando se han agotado otras vías de disuasión, es el último recurso de una fuerza frente a la organización de su enemiga. Por eso, los asesinatos de Kosteki y Santillán en Puente Pueyrredón son una masacre. El asesinato de militantes políticos por parte del Estado, en los ‘70, también. Videla masacró militantes no porque haya “apretado” o no el gatillo, sino porque es el autor intelectual y jefe técnico político de una serie de asesinatos deliberados. Repasemos una vez más tomando como ejemplos el Proceso Militar y Puente Pueyrredón. La masacre se identifica en tres variables: a) es el producto de un enfrentamiento que no puede resolverse por los cauces que impone la clase dominante: en ambos casos la burguesía combatía contra militantes decididos y veía tambalear su hegemonía; b) es un fenómeno que implica un alto grado de conciencia: en ambos casos, la masacre fue una decisión tomada desde las más altas esferas nacionales e internacionales, luego de que fracasaran todos los mecanismos de disuasión ideológicos y políticos; c) tiene un objetivo concreto, no se mata por gusto: en ambos casos, la burguesía logró cierta recomposición política (con importantes diferencias según el caso). La distinción conceptual es, entonces, definitoria del grado de la lucha de clases en la que nos encontramos y, por lo tanto, cuáles son las medidas a tomar. Para sumar a Cromañón a estos dos fenómenos, Silvia debería probar tres cosas: a) que estos 194 jóvenes fueron militantes, que con su accionar, o en lo que corporizaban, ponían en jaque la hegemonía burguesa; b) que la masacre fue planificada en las altas esferas del Estado, y que se agotaron todas las medidas para reencauzar el conflicto en los términos del sistema; y c) que la burguesía obtuvo un logro político muy importante a raíz de haber matado a semejante cantidad de personas. Como aun nadie ha presentado pruebas para ninguna de estas afirmaciones, tenemos que descartar el concepto. Eso no quiere decir que no haya culpables. Pasemos a explicar por qué nosotros creemos que se trató de un crimen social. La pregunta entonces es ¿el capitalismo mata por su propia dinámica o sólo mata la acción conciente de los individuos? Veamos: ningún funcionario estatal planificó el incendio de Cromañón. Es de destacar, asimismo, que Chabán pudo haber perdido la vida en el hecho. Y sin embargo, la acción de Ibarra, al igual que la de Chabán, produjo las muertes de Cromañón. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Es que ambos aparecen como personificación de un sistema social que produce y reproduce todo el tiempo muertes como las de Cromañón. Porque el incendio no es producto de la acción deliberada, sino el producto de las relaciones sociales que los individuos corporizan. Esas relaciones son las relaciones sociales capitalistas, en donde la ganancia actúa como el motor que guía la acción de una clase social, la burguesía, de la que Chabán es una expresión. Y esa clase posee funcionarios que garantizan el funcionamiento de este estado de cosas, de los que Ibarra es también una expresión. Caracterizar a Cromañón como crimen social no implica dejar de señalar o “diluir” responsabilidades concretas: Ibarra y Chabán son culpables, en tanto expresión de una clase, la burguesía. En todo caso, Silvia “diluye” la responsabilidad del sistema. El problema no es si un término es más o menos fuerte a los oídos de la opinión pública, sino si expresa o no un fenómeno real. Es cierto que la identificación del fenómeno como masacre se impuso en una verdadera batalla ideológica contra quienes sostenían que Cromañón había sido una tragedia. Como señala Silvia, ésta implica diluir las culpas de los victimarios, porque se trata de un hecho fortuito. El concepto de masacre tuvo la virtud de contraponerse a esa adjetivación intencionada. Pero, en primer lugar, la incorrección de la primera no transforma mecánicamnte a la segunda en acertada. En segundo, la caracterización que nos propone la compañera, como argumento contra Ibarra y Chabán, no es convincente jurídica ni políticamente. Sobre la inocencia de Callejeros Partimos de coincidir con Bignami en que las culpas por el crimen de Cromañón son varias y deben ser jerarquizadas. En primer lugar, tenemos a una clase social, de la que Chabán es una expresión, que antepone la ganancia capitalista por encima de la vida de las personas. En el mismo nivel, nos encontramos con un Estado que respalda las acciones de la clase que le da sustento. Entre ellas, el funcionamiento de lugares como Cromañón. Ibarra y todos los funcionarios tenían a su cargo las inspecciones de actividades comerciales en la Ciudad de Buenos Aires. Kirchner, su Ministro del Interior, los bomberos y la policía que dependían de él, fueron igualmente inútiles como instancias de control. De la misma forma, este Estado se muestra incapaz de paliar las consecuencias de su propia acción: buena parte de las víctimas fatales de Cromañón son el producto de su incapacidad para socorrerlas. Sin embargo, no coincidimos en que a Callejeros le quepa alguna responsabilidad en este esquema de culpabilidades. Bignami asimila al grupo a una empresa capitalista, aunque en menor grado de culpabilidad que Chabán, porque la banda se somete a las leyes del mercado. Esto es en parte cierto: como ya hemos dicho, el rock no escapa a las regularidades de la sociedad capitalista y toda banda de rock es un pequeño capital que busca valorizarse. Sin embargo, que Callejeros sea expresión de una pequeña burguesía -poseedora de medios de producción en una escala que no le permite dejar de trabajar para vivir- no implica que su posición social no esté subordinada dentro de la sociedad capitalista. En el capitalismo, en tanto sociedad de clase, la burguesía posee el dominio social y político y a ella corresponde la responsabilidad por el funcionamiento social. Este no es el caso de Callejeros. Pero veamos cómo se manifiesta esto en términos concretos en lo que sucede la noche del crimen. Callejeros no tenía incidencia ni poder de decisión sobre el funcionamiento de una actividad comercial que no era propia. Callejeros no eran los dueños del boliche que estaba recubierto de materiales inflamables, que tenía sus puertas de emergencia cerradas, que tenía sus matafuegos descargados y cuya capacidad estaba excedida en más de un 300%. Bignami señala que deberían haber sido concientes de que el boliche en cuestión no estaba en regla, que era peligroso. Pero hay que preguntarse por qué habrían de sospechar de un boliche que hacía un año que funcionaba en el mismo lugar, en las mismas condiciones y con la misma cantidad de público. ¿Por qué iban a sospechar de un boliche que funcionaba en las mismas condiciones que cualquier boliche de rock de la capital? ¿Con qué herramientas podrían haberlo sospechado? La existencia de material inflamable y la carga de los matafuegos debían ser controlada por los bomberos. La capacidad del local y las puertas de emergencias por los inspectores municipales. Para ello se requieren conocimientos técnicos que no cualquiera tiene y que no cualquiera debe tener. La capacidad excedida no se percibe a simple vista, lo mismo que los materiales inflamables y los matafuegos. Se nos puede objetar que ellos podrían haber contratado técnicos que se asegurasen que el lugar estuviera en condiciones, es cierto. Pero ¿por qué iban a hacerlo si, supuestamente, hay funcionarios encargados de clausurar los boliches que no cumplen estos requisitos de seguridad? ¿Por qué habrían de sospechar, particularmente, de un lugar no menos seguro que cualquiera de los boliches en los que habían tocado durante toda su carrera? La responsabilidad por estas cuestiones sólo le cabe al dueño del boliche y a quienes debían controlarlo. Es más, Callejeros podría haber decidido no tocar esa noche en Cromañón si hubiera detectado todas estas fallas de seguridad y el crimen se hubiera producido igual. Con otra banda o en otro boliche, como sucedió en Kheyvis diez años antes. Esta es una discusión necesaria para desmontar un argumento que en general es utilizado para desviar las culpas de los victimarios a las víctimas. No es el caso de Silvia Bignami, pero la culpabilización de Callejeros, generalmente, sirve a los personeros de la burguesía para culpar al público de Callejeros. La prensa burguesa ha construido en Callejeros un chivo expiatorio, llegando incluso a deslizar argumentos decididamente falsos que buscan demonizarlos. Es necesario desmontar estos argumentos que se encuentran tan bien instalados que hasta se reproducen en los propios compañeros que luchan contra estas campañas. Es falso que Callejeros no haya entrado a rescatar gente del interior del boliche: decenas de testimonios en la causa judicial de los propios sobrevivientes lo demuestran. También es falso que el boliche se haya incendiado anteriormente en otro recital de Callejeros: el boliche se había incendiado, pero en recitales de La 25 y de Jóvenes Pordioseros. Estamos de acuerdo con Bignami, sin embargo, en que la posición política asumida por Callejeros después del crimen y su estrategia judicial son nefastas y los ubican del lado de los victimarios y de espalda a las víctimas. Pero ello no implica que tengan una responsabilidad en el crimen y eso hay que señalarlo. Conclusión Dejamos para el final una última discrepancia con el artículo de Bignami, el balance que realiza sobre el aporte hecho por los partidos de izquierda al movimiento. Creemos, a diferencia de Bignami, que su aporte ha sido fundamental, aunque no pueda adjudicársele a ninguno de ellos en particular los triunfos obtenidos. Los triunfos son del movimiento, y las organizaciones de izquierda, entre las que nos incluimos, son parte de él. Son parte de las marchas y de los agrupamientos de familiares. No son un ente externo que acompaña. Son una parte viva de él. Por consecuencia política con una lucha y porque muchos de los chicos fallecidos y de los sobrevivientes eran militantes de esos partidos. Por último, Razón y Revolución ha puesto “el cuerpo” desde el primer día. De hecho, el primer mural por Cromañón fue pintado por nosotros e inaugurado al mes del hecho. Fuimos a las marchas, combatimos la prensa burguesa con nuestro periódico y estamos preparando un libro sobre el tema. Está claro que hay otros compañeros que están en la línea de fuego y los respetamos por eso. Pero eso no nos obliga a darles la razón en todo o decirles sólo lo que quieren oir. Notas 1Véase Harari, Fabián: “Ni tragedia ni masacre: crimen social”, en El Aromo, nº 18, abril de 2005; Grande Cobián, Leonardo: “La bengala y el rocanrol”, en El Aromo, nº 18, Abril de 2005; Sanz Cervino, Gonzalo “Cromañón, la burguesía y las brasas del Argentinazo”, en El Aromo, nº 18, abril de 2005; del mismo autor: “Un nido de corrupción. El sistema de inspectores de Buenos Aires”, en El Aromo, nº 23, septiembre de 2005, “Terroristas sanitarios”, en El Aromo, nº 24, octubre de 2005, “Los zamoristas en acción”, en El Aromo, nº 27, abril de 2006, “¿Punto final en Cromañón?”, en El Aromo, nº 29, junio-julio de 2006, “Operación triunfo”, en El Aromo nº 30, agosto de 2006. El concepto de crimen social Friederich Engels* Cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que es un homicidio; si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen. Pero cuando la sociedad pone a centenares de proletarios en una situación tal que son necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, a una muerte tan violenta como la muerte por la espada o por la bala; cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida, de modo que les resulta imposible subsistir; cuando ella los obliga por el brazo poderoso de la ley a permanecer en esa situación hasta que sobrevenga la muerte, que es la consecuencia inevitable de ello; cuando ella sabe, cuando ella sabe demasiado bien que esos millares de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia, y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido, un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la vez, porque la muerte de la víctima parece natural, y que es pecar menos por comisión que por omisión. Pero no por ello es menos un crimen. Ahora pasaré a demostrar que la sociedad en Inglaterra comete cada día y a cada hora lo que los periódicos obreros ingleses tienen toda razón en llamar crimen social. Debate con familiares de las victimas publicado en El Aromo nro 31, Septiembre de 2006 comenten

Las armas nucleares son explosivos de alto poder que utilizan la energía nuclear. La primera Normalmente, el concepto arma nuclear incluye el vector transportador, como los misiles balísticos intercontinentales, los misiles balísticos de lanzamiento submarino y parte de la infraestructura involucrada en su manejo y operación. La primera detonación nuclear tuvo su origen en una bomba experimental de fisión, realizada en la población de Alamogordo, Nuevo México, Estados Unidos el 16 de julio de 1945, durante el desarrollo del Proyecto Manhattan. Poco tiempo después dos bombas atómicas fueron detonadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón lo cual no fue el principal motivo de la rendición de esta nación pero provocó un gran impacto en la misma, dando así fin a la Segunda Guerra Mundial en el teatro del Pacífico. Este evento dio inicio a lo que se ha denominado como "la era nuclear". Las bombas nucleares se encuentran entre las armas con mayor poder de destrucción, por lo que comúnmente se les incluye dentro de la clasificación ABQ. Su radio de acción alcanza decenas o centenares de kilómetros a partir del punto de detonación. Aunado a ello, las armas nucleares producen daños asociados como la contaminación radiactiva y el invierno nuclear. En el año de 1945 los Estados Unidos realizan su primer ensayo nuclear, lanzando en agosto del mismo año dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Para el año de 1949 la Unión Soviética efectúa su primer ensayo nuclear y en 1952 es igualado por Gran Bretaña. Estos sucesos condujeron a que aumentara la preocupación de particulares y grupos en todo el mundo ante la contaminación radiactiva causada por las explosiones de ensayo de armas nucleares y la intensificación de la carrera de armamentos. Con este panorama en 1954 Jawaharlal Nehru, entonces Primer Ministro de la India propuso por primera vez el cese de esos ensayos. Desde entonces, Naciones Unidas ha tenido un papel relevante en la reducción de armas nucleares con miras a la total eliminación en un futuro, consigna que se encuentra dentro de sus objetivos principales. Este, ha sido una premisa para mantener y preservar la paz y la seguridad internacional, que es el principal propósito de su creación. Para ello, ha instrumentado diversas conferencias y acuerdos internacionales que buscan el compromiso de los Estados miembro para suprimir las investigaciones en armamento militar nuclear y sus pruebas. LOS EFECTOS DE UNA EXPLOSIÓN NUCLEAR Para comprender el significado de un arsenal nuclear que guarda 45 000 bombas, es necesario conocer la capacidad destructora de cada una de ellas. Este capítulo explica cuáles son los efectos principales causados por la explosión de una bomba nuclear detonada sobre una ciudad moderna. El poder destructivo de una bomba, sea de tipo nuclear o químico, está relacionado directamente con la energía que se libera durante la explosión. La energía que se libera en la explosión de 1000 kilogramos de TNT (trinitrotolueno) es inmensa comparada con las energías encontradas en nuestras necesidades diarias. Por ejemplo, la detonación de una tonelada de TNT, libera 4 000 veces más energía que la necesaria para alzar un coche de 1 000 kilogramos de peso a una altura de 100 metros. Las explosiones de bombas nucleares liberan energías que son entre 1000 y 1000.000 de veces mayores aún que las detonaciones químicas, como sería la del TNT. El poder explosivo de una bomba nuclear, llamado rendimiento, se expresa mediante la comparación con el poder destructivo del TNT, y así se habla de bombas de un kilotón (un kt) si la energía liberada es la misma que se produce al detonar 1 000 toneladas de TNT. La bomba lanzada sobre Hiroshima tuvo un rendimiento cercano a los 13 kt. Si el rendimiento es de 1 000 kt, se trata de una bomba de un megatón (un Mt). Energías del orden de megatones son imposibles de imaginar dentro de las situaciones de nuestra vida diaria. El arsenal nuclear de los Estados Unidos y la URSS juntos hoy en día suma unos 12 000 megatones. Los efectos de una explosión nuclear dependen de muchos factores, entre ellos el rendimiento del artefacto, la altura sobre la superficie a la que es detonado, las condiciones climáticas, etc. El análisis que se presenta a continuación es el resultado de consideraciones físicas sencillas y de las observaciones y estudios realizados en Hiroshima y Nagasaki, las únicas dos oportunidades en que se han empleado bombas nucleares contra una población. A continuación se describen las consecuencias locales de una explosión nuclear superficial. Si la detonación es subterránea, submarina, o en la alta atmósfera, los resultados serán diferentes. Los efectos se encuentran agrupados en inmediatos (calor, presión, radiación y pulso electromagnético) y tardíos (lluvia radiactiva e incendios extendidos). La figura 2 ilustra lo que se entiende por punto cero de una explosión nuclear ocurrida a cierta altura, H. El punto cero se encuentra sobre la superficie, exactamente debajo del lugar de la detonación. Un objeto en un punto P cualquiera está a distancia R de la explosión y a distancia D del punto cero. EFECTOS INMEDIATOS Calor Una millonésima de segundo después de una explosión nuclear la temperatura dentro de la bomba alcanza unos 10 000 000 °C. El material que compone la bomba y el aire que la rodea brillan intensamente formando lo que se conoce como la bola de fuego. El brillo de la bola, unos segundos después de la detonación de una bomba de un megatón, es mayor que el del Sol al mediodía a distancias de hasta 80 km del punto cero. La bola se expande y en 10 segundos alcanza diámetros de un par de kilómetros para detonaciones de un Mt, y luego comienza a contraerse. El aire alrededor de la bola se calienta, la hace ascender a velocidades de unos 100 metros por segundo y forma el conocido hongo, cuyo tallo lo forma una corriente de aire caliente ascendente. A medida que la bola de fuego se enfría, la condensación de vapor de agua causa el color blanco, como una nube, en su extremo superior. Después de cuatro minutos, la nube de una explosión de 1 Mt ha llegado a su máxima altura, 20 km, y su diámetro alcanza unos 16 km. El calor liberado en la explosión llega a los lugares cercanos después de algunos segundos en la forma de un pulso térmico. La energía transportada por este pulso se mide en calorías por centímetro cuadrado por segundo. Como ejemplo, mencionamos que el Sol brillando normalmente entrega 2 calorías por centímetro cuadrado cada minuto. El daño que el pulso térmico puede causar depende de varios factores: la energía que transporta, el tipo de material con que se encuentra, y el tiempo durante el cual actúa. En los seres humanos expuestos al pulso, el daño además depende de la pigmentación de la piel, siendo mayor para pieles morenas que blancas debido a la mayor absorción térmica que presentan las sustancias oscuras. Una quemadura de segundo grado —aquella en que se pierde parte de la piel— cicatriza normalmente en dos semanas, siempre que menos de 25% del cuerpo haya sido quemado; en caso contrario, se requiere de hospitalización. Este tipo de quemaduras se producen al recibir entre cinco y seis calorías por centímetro cuadrado en 10 segundos, lo que ocurrirá a distancias cercanas a los 13 km de una detonación de un megatón. Quemaduras más graves se producen al recibir mayor energía, lo que ocurre a distancias menores. La observación directa de la bola de fuego causa ceguera permanente en individuos que se encuentren a menos de 25 km, y quemadura de la retina a quien mire la explosión en un día despejado hasta los 60 km de distancia. Cualquier material opaco actúa como blindaje contra el pulso térmico, de modo que las personas que se encuentren protegidas detrás de un árbol, una pared, o incluso sus propias vestimentas, no sufren los efectos directos de la energía calórica. Sin embargo, es posible que sufran daño serio de modo indirecto a causa de los incendios que el pulso puede desencadenar a su paso. La ropa se enciende con 20-25 calorías por centímetro cuadrado recibidas en pocos segundos, situación que se encuentra hasta a ocho km del punto de detonación. Entre los materiales que más fácil prenden se encuentran el papel y las hojas secas, 10 calorías por centímetro cuadrado en 10 segundos, y los materiales de relleno en muebles y colchones. Estos incendios pueden verse empeorados debido a los fuertes vientos que acompañarán la onda de choque, tal como se describe en la próxima sección. Sobra recordar que en caso de una explosión nuclear sobre una ciudad los sistemas de urgencia, ambulancias, carros de bomberos, etc., estarán imposibilitados de circular en calles totalmente bloqueadas por los restos de edificios y construcciones. La probabilidad de sufrir una infección debido a las quemaduras recibidas se verá aumentada a causa del daño que el sistema inmunológico recibe por la radiación. Presión La energía liberada por la explosión nuclear calienta la zona de la bomba —de aproximadamente un metro de diámetro inicial— a altas temperaturas. Esto produce una región de altísima presión que ejerce gran fuerza sobre las capas de aire vecinas, las que comienzan a expandirse a gran velocidad. La velocidad es mayor que la del sonido en aire, así que se forma una onda de choque esférica compuesta por aire muy denso que se desplaza alejándose del punto de explosión. Al pasar esta onda por cualquier obstáculo, edificio, árbol, o cuerpo humano, éstos sentirán un aumento repentino de la presión atmosférica. Una vez que el frente de la onda ha pasado, y debido a la diferencia de presiones, se generan vientos huracanados de gran velocidad. Son estos dos factores, la onda de choque y el viento que la sigue, la causa del daño ocasionado a personas y construcciones. La energía transportada por estos mecanismos llega a ser 50% de la energía liberada por la bomba. El aumento instantáneo de la presión durante el paso de la onda de choque se mide respecto de la presión atmosférica normal, a la diferencia entre ambas se la llama sobrepresión, y su unidad de medida es el psi (iniciales de libras por pulgada cuadrada, en inglés). Sobrepresiones entre medio y un psi tienen como efecto la ruptura de los vidrios de las ventanas, cinco psi causan la destrucción de construcciones de madera, entre ocho y 10 psi destruyen viviendas de ladrillo, y sobrepresiones de 45 psi causan la muerte de 50% de las personas debido a la compresión del cuerpo causada por la altísima presión. Los silos donde actualmente se guardan los misiles nucleares son construidos para soportar sobrepresiones de más de 2 000 psi. Los vientos que siguen al paso de la onda de choque llegan a alcanzar 50 kilómetros por hora tras sobrepresiones de un psi y 500 km/h tras 10 psi. El daño en las construcciones se debe al efecto directo de la sobrepresión y del viento. En caso de una explosión de un megatón a 1 500 m de altura, todo lo que se encuentre en la superficie a una distancia menor que 2.5 km del punto cero sentirá sobrepresiones mayores que 20 psi seguidas por vientos de al menos 700 km/hora. En estas condiciones, incluso los edificios de concreto reforzado resultan destruidos. Sobrepresiones cercanas a un psi se darán en puntos que se encuentran a unos 15 km del punto cero, y en esta zona el daño a viviendas y comercio será moderado. En los seres humanos el efecto directo más serio de la sobrepresión es el daño a la estructura pulmonar, que comienza a las 12 psi. A 100 psi de sobrepresión prácticamente no hay sobrevivencia humana. Sin embargo, la mayoría de víctimas y heridos se deben a los efectos indirectos, sobre todo al impacto de objetos que han sido lanzados por el viento. Una ventana destruida por una sobrepresión de cuatro psi se transforma en miles de proyectiles llevados por vientos de casi 200 kilómetros por hora. La protección de la población frente a los efectos de la onda de presión se puede lograr adentro de edificios que eviten el impacto de los objetos que vuelan en el exterior. Hay que recordar que basta un psi de sobrepresión para que trozos de vidrio y otros materiales se desplacen peligrosamente por el aire libre. En caso de existir un aviso lo bastante anticipado de la explosión, se ha recomendado a la población ingresar a un edificio, abrir las ventanas y puertas interiores para evitar que se rompan, quitar todo objeto suelto que pueda transformarse en proyectil, y cubrirse (idealmente con colchones) como protección. Es preferible acostarse sobre el piso que permanecer de pie y, de ser posible, alejarse de las paredes ya que la onda de presión al ser reflejada por éstas pueden alcanzar fuerzas de hasta ocho veces el valor original. En Hiroshima un edificio público a sólo 160 metros del punto cero protegió efectivamente a sus ocupantes que sobrevivieron en 50% a pesar de una sobrepresión estimada de 30 psi en el lugar. Radiación Las reacciones nucleares que ocurren durante la explosión de una bomba producen diferentes tipos de partículas energéticas y de radiaciones. Algunas son emitidas de inmediato y otras, tiempo después de la detonación. En esta sección nos referiremos a la radiación que es emitida dentro del primer minuto después de la explosión. Los únicos productos de las reacciones nucleares que escapan fuera del material que forma la bomba son los rayos gamma y los neutrones. Los primeros son una forma energética de radiación electromagnética que se desplaza a la velocidad de la luz, y los segundos son partículas sin carga eléctrica que forman parte de los núcleos atómicos. La intensidad de estas radiaciones disminuye con la separación al punto de explosión principalmente debido a que son atenuadas por el aire. El daño causado por una exposición a esta radiación se debe a que, al atravesar el organismo del ser vivo expuesto, los rayos gamma y los neutrones son absorbidos por el cuerpo, pudiendo resultar lesionadas algunas de sus células. Este daño celular se traduce posteriormente en trastornos físicos que, según la cantidad de radiación absorbida, pueden llegar a ocasionar la muerte. De acuerdo con los conocimientos actuales, el daño biológico causado por cualquier tipo de radiación está directamente relacionado con la cantidad de energía depositada por la radiación en el organismo, a lo que llamaremos dosis. La unidad que se usa para medir dosis de radiación es el rad. Todo ser vivo sobre la Tierra recibe anualmente alrededor de un décimo de rad a causa de factores ambientales naturales, como los rayos cósmicos que nos llegan desde el centro de la galaxia, o la radiactividad natural de la corteza terrestre. Dosis similares a este valor se consideran relativamente libres de riesgo debido a que la vida que hoy conocemos sobre nuestro planeta ha logrado desarrollarse y evolucionar en la presencia continua de estos niveles de radiación. En el extremo opuesto, una dosis de 400 rads se considera letal para 50% de los seres humanos expuestos a ella. Las muertes ocurren dentro de los 30 días posteriores a la exposición, y aquellos que consiguen sobrevivir lo hacen gracias a la atención médica especializada. La dosis inmediata causada por una explosión nuclear puede llegar a los millones de rads cerca del lugar de la detonación, pero es rápidamente atenuada por el aire. En el caso de una bomba de alto rendimiento (megatones), la zona de dosis letal se sitúa adentro de la región devastada por el calor y la presión, por lo que la radiación inmediata no contribuye con nuevas víctimas. Para bombas pequeñas (pocos kilotones), la zona de dosis superior a los 400 rads coincide con la zona donde los efectos de la onda de choque y del calor son causa probable de muerte. Las figuras 3 y 4 ilustran el efecto relativo de los factores inmediatos para la detonación de bombas de un kilotón y de un megatón cerca de la superficie. Pulso electromagnético En contraste con los tres efectos inmediatos ya descritos, el pulso electromagnético no causa ni la destrucción física de viviendas ni daño directo a los seres vivos. En cambio, puede ser devastador para los sistemas telefónicos, de comunicaciones, de cómputo, y en general para cualquier circuito que contenga componentes electrónicos. Los efectos del pulso llegan a miles de kilómetros de distancia de la explosión. Al detonar una bomba nuclear se produce una gran cantidad de rayos gamma emitidos en todas direcciones. Estos rayos se encuentran con las moléculas del aire, les arrancan algunos de sus electrones que son así acelerados, y se produce un pulso de campo electromagnético que se desplaza por el espacio a la velocidad de la luz. Ya que la intensidad inicial de radiación es muy grande, las diferencias de potencial producidas por este fenómeno son inmensas, llegando a alcanzar miles de voltios por metro. Diferencias de potencial de esta magnitud inducen corrientes del orden de miles de amperes en los materiales conductores encontrados por el pulso. Estos pueden ser las líneas de alumbrado, las antenas, los aparatos de radio y TV, las estaciones de transmisión y las computadoras. Como estos equipos por lo general no están protegidos contra corrientes tan altas, seguramente quedarán inservibles una vez pasado el pulso. Otros sistemas que podrían resultar dañados por el pulso electromagnético son los de control militar, que quedarían así incapacitados para responder al ataque. Se estima que una sola bomba de un megatón detonada a gran altura (unos 500 km) sobre el centro de los Estados Unidos o la URSS, podría destruir gran parte del sistema de telecomunicaciones, la red de distribución de energía eléctrica, y dañar seriamente el equipo de radares, aviones y misiles militares. Una posible protección contra los efectos del pulso consistiría en encerrar todos los circuitos en "jaulas" metálicas con excelentes conexiones a tierra. Sin embargo, esto no se puede hacer con todas las líneas de teléfono ni las de energía eléctrica debido al altísimo costo de la operación. Las medidas de seguridad contra los efectos del pulso electromagnético, que son hoy en día parte fundamental de cualquier estrategia basada en la capacidad de respuesta ante un ataque nuclear, se limitan al blindaje del sistema de comunicación militar. EFECTOS TARDÍOS Lluvia radiactiva Se llama lluvia radiactiva a la caída sobre la superficie terrestre del material radiactivo producido por una explosión nuclear. Los átomos que forman esta lluvia emiten continuamente algún tipo de radiación que en potencia es dañina para los seres vivos alcanzados por ella. Durante la explosión de una bomba nuclear, se producen muchos tipos de núcleos radiactivos, en particular los fragmentos de la fisión del uranio. Estos núcleos permanecen localizados en la zona que ocupaba la bomba y son vaporizados por la alta temperatura de la bola de fuego. También se producen neutrones que escapan de la bomba a gran velocidad y son absorbidos por los materiales sobre la superficie. Muchos núcleos estables al absorber un neutrón se transforman en núcleos radiactivos que a partir de ese momento comienzan a emitir radiación espontáneamente. Gran parte del material situado cerca del punto cero de la explosión (para una detonación de baja altura) es aspirado por la corriente de aire ascendente creada por la bola de fuego y sube a la atmósfera a través del tallo del hongo nuclear. Entre las sustancias que son inyectadas a la atmósfera por la explosión se encuentran los fragmentos de fisión y los núcleos activados por los neutrones. Este material radiactivo regresará a la superficie terrestre dentro de algunos días, meses o años, de acuerdo con el tamaño de la partícula a la cual están incorporados. Las partículas grandes —de algunos milímetros— ascienden hasta la baja atmósfera y vuelven a caer dentro de uno o dos meses arrastrados principalmente por la lluvia y la nieve. El polvo más fino —de milésimas de milímetro— logra llegar a la alta atmósfera, y ahí puede permanecer entre uno y tres años antes de regresar a la superficie. Los vientos y la circulación del aire entre las capas atmosféricas determinan dónde caerá la lluvia radiactiva, pudiendo trasladarse incluso de un hemisferio a otro antes de volver a la superficie. Debido a la lluvia radiactiva se producen altos niveles de radiación que disminuyen a medida que transcurre el tiempo. La figura 5 es una gráfica de valores relativos de la dosis recibida en un lugar cualquiera a causa de la explosión de una bomba nuclear. Los niveles de radiación disminuyen aproximadamente en proporción con el tiempo transcurrido. Así, si la dosis en un punto es de 100 rads/hora una hora después de la detonación, será de 50 rads/ hora dos horas después, de 25 rads/ hora cuatro horas después, etc. Los valores absolutos de la dosis dependen del tipo de bomba, del rendimiento, de la altura de la explosión, y de la distancia al punto cero, entre otros factores. Si todo el material radiactivo producido por la detonación de una bomba de fisión de un kilotón se distribuyera en un cuadrado de 1 kilómetro por lado, una hora después de la explosión la dosis a un metro de altura en el centro del cuadrado sería de unos 5 000 rads/ hora. El principal riesgo biológico de la lluvia radiactiva lo constituyen los rayos gamma emitidos por el material activado. Esta radiación es muy penetrante y atraviesa el cuerpo de los seres humanos depositando en ellos parte de su energía. También se emiten partículas alfa y beta, pero son poco penetrantes, el grosor de la ropa o la piel las detiene, y sólo causarían quemaduras si se depositaran directamente sobre la piel. Un riesgo especial lo constituye la incorporación de núcleos radiactivos a la cadena alimentaria, ya sea a través de la comida ingerida por los animales o en forma directa por el ser humano. En este caso, la radiación poco penetrante emitida desde el interior del cuerpo es totalmente absorbida por el mismo organismo y el riesgo de enfermedades genéticas y de cáncer es muy alto, incluso para dosis pequeñas de radiación. Este punto se discute más en detalle en el capítulo sobre los efectos globales de una guerra nuclear. La figura 6 muestra la distribución de la dosis causada por un ensayo nuclear norteamericano ocurrido en las islas Marshall en 1954. La bomba que fue probada en esa ocasión tuvo un rendimiento de 15 megatones, produjo un cráter de dos kilómetros de diámetro, y lanzó varios millones de toneladas de material radiactivo a la atmósfera. Según fuentes de información estadounidense, un cambio repentino en el viento causó que el atolón Rongelap, a 160 km del lugar de la explosión, recibiera en su extremo norte dosis acumuladas (durante las 96 horas que siguieron a la detonación) muy superiores a las letales (unos 400 rads). Cientos de isleños que normalmente habitaban en el norte de la isla se encontraban en la parte sur, asistiendo a una celebración religiosa. Recibieron unos 175 rads y se salvaron por milagro de la muerte inmediata, pero el grupo presentó posteriormente alta incidencia de cáncer y enfermedades en la glándula tiroides. Los niveles letales de dosis llegaron hasta los 350 km de distancia, y la radiactividad fue tal que se debió controlar la pesca en el Japón, pues las corrientes marinas transportaron sustancias radiactivas y peces contaminados por ellas hasta las costas niponas. La figura 7 muestra los niveles de contaminación radiactiva del aire en diferentes puntos del territorio chileno después de las pruebas nucleares atmosféricas francesas durante junio y julio de 1972. Francia acostumbra realizar sus ensayos nucleares en territorios de ultramar, y la figura se refiere a la detonación de 60 kilotones en su terreno de pruebas del archipiélago Tuamotú, en el Pacífico Sur, unos 6 000 km al Oeste de las costas chilenas. Los niveles de actividad llegaron a ser 100 veces los normales como consecuencia del transporte de la lluvia radiactiva por el viento. La isla de Pascua, que se encuentra a unos 3 000 km del lugar del ensayo, recibió menos lluvia a causa de las condiciones meteorológicas. Una protección sencilla contra la lluvia radiactiva la constituye cualquier subterráneo o construcción de muros suficientemente gruesos. Unos 30 cm de concreto o medio metro de tierra reducen la intensidad de la radiación en un factor de 10. Ya que 80% de la dosis es recibida durante el primer día, la permanencia en un refugio puede reducir considerablemente los efectos de la radiación. Incendios extendidos Como consecuencia del daño inmediato causado por la onda de presión y el calor, se producirán incendios aislados que podrían incorporarse a uno más generalizado. Tuberías de gas destrozadas, acumulaciones de madera o papeles, y sobre todo detalles geográficos de la ciudad determinarán la extensión del fenómeno. Después de la explosión sobre Hiroshima se produjo un gran incendio que asoló varias manzanas de la ciudad. En .Nagasaki esto no ocurrió debido al terreno accidentado, lleno de colinas, que bloquearon parcialmente el calor y el viento e impidieron que los incendios pequeños se fundieran en uno solo. Estos incendios son similares a las "tormentas de fuego" conocidas en ciudades europeas después de los bombardeos aéreos de la segunda Guerra Mundial. Cualquier edificio o subterráneo es un refugio seguro, al menos durante un par de horas, en la posibilidad de uno de estos grandes incendios. Las principales precauciones que se deben tomar son mantener una reserva suficiente de oxígeno y evitar la entrada del monóxido de carbono producido en la combustión externa al refugio. UN MEGATÓN SOBRE LA CIUDAD DE MÉXICO LUEGO de describir en general los efectos de una exploción nuclear sobre una ciudad, en este capítulo tomaremos como ejemplo concreto los efectos que causaría la detonación de una bomba de un megatón sobre el centro de la ciudad de México. El ejemplo es válido para cualquier metrópoli que se extiende sobre un círculo con radio de 10 kilómetros o más. En un día claro, a 2 000 metros de altura sobre la Plaza de la Constitución mexicana, más conocida como el Zócalo, se detona una bomba nuclear con un rendimiento de un megatón. Esta plaza, ubicada justo debajo del punto de detonación, es el llamado punto cero de la explosión. Dos segundos después de la detonación se ha formado a 2 000 metros de altura una bola de fuego caliente y luminosa y una onda expansiva que toca la superficie del centro de la ciudad. La destrucción de gran parte de la capital se deberá principalmente a los efectos del calor irradiado y de la onda de alta presión que continuará expandiéndose por decenas de kilómetros. La figura 8 indica las diferentes zonas de daño en la ciudad. Dentro de un radio de cuatro kilómetros centrado en el Zócalo, y durante los 10 primeros segundos después de la explosión, la presión sobrepasará las 10 psi, por lo que toda construcción quedará completamente destruida y no habrá sobrevivientes. Esta zona tiene como limites el monumento a la Raza, el extremo occidental de aeropuerto, el Palacio de los Deportes, el Parque del Seguro Social y las rejas de Chapultepec junto al monumento a los Niños Héroes. Para distancias entre cuatro y seis kilómetros del punto cero, 15 segundos después de la explosión las presiones alcanzarán valores entre cinco y 10 psi, quedando en pie solamente los cimientos y los subterráneos de los edificios. Las calles estarán cubiertas por varios metros de escombros y más o menos la mitad de la población que habita en este anillo morirá principalmente debido al derrumbe de las construcciones. Quienes logren sobrevivir estarán heridos y necesitarán ayuda médica. Los vientos que sigan a la onda explosiva tendrán velocidades de unos 300 kilómetros por hora. Esta zona de destrucción se extiende hasta la Basílica de Guadalupe, por el Norte, el Peñón de los Baños por el Este, la colonia Portales y el Hotel de México por el Sur y el Auditorio Nacional en Chapultepec por el Oeste. El anillo comprendido entre distancias de seis y 11 kilómetros al Zócalo sentirá, medio minuto después de la detonación, presiones entre dos y cinco psi, por lo que las construcciones quedarán gravemente dañadas y habrá muchísimos heridos. Es probable que los edificios que queden en pie se incendien debido al calor producido por la explosión, mismo calor que causará quemaduras en la piel de las personas. Estas distancias desde el punto cero llegan hasta el límite norte con el estado de México, Ciudad Nezahualcóyotl, y Ciudad Universitaria. Desde el Zócalo hasta estos límites, todas las ventanas de construcciones y edificios se quebrarán debido a la onda de presión. Finalmente dentro del anillo formado por radios de 11 y 16 kilómetros desde el centro de la ciudad, el daño de la onda explosiva será menor en las construcciones, pero es posible que 25% de la población resulte herida. Este último anillo llega hasta Tlalnepantla, Tlalpan y la delegación Magdalena Contreras. Medio minuto después de la explosión, la bola de fuego deja de ser visible y al ascender a gran velocidad produce corrientes de aire que arrastran polvo y restos de las construcciones destruidas y forma el hongo nuclear. Una nube radiactiva que contiene elementos activados durante la explosión y productos de la fisión del uranio ascenderá hasta unos 20 kilómetros de altura y luego será dispersada por el viento para volver a caer lentamente sobre regiones alejadas del lugar de la explosión. La radiación inmediata es letal para aquellas personas que se encuentren dentro de un radio de tres kilómetros del punto cero, pero esta zona ya ha sido totalmente devastada por los efectos de la onda de presión y del calor, por lo que de todos modos no hay sobrevivientes. Dentro de un área de unos 1 000 kilómetros cuadrados alrededor del Zócalo y durante uno o dos días después de la explosión, caerá la lluvia radiactiva, en forma de polvo o granitos de tierra que emiten radiación espontáneamente. Los niveles de radiación sobre un área de 2 600 km2 (hasta distancias de 29 km del Centro, es decir, Texcoco, Ecatepec, el Ajusco) serán letales para toda persona expuesta (es decir, sin la protección adecuada), ya que llegarán a los 900 rads. Dentro de una superficie de 10 500 km2 (57 km de distancia al Zócalo), la dosis de radiación recibida por individuos no protegidos durante los primeros días que sigan a la explosión llegará a unos 100 rads. Tal vez esto no causará la muerte inmediata, pero sí aumentará gravemente la incidencia de cáncer y anormalidades genéticas en la población. En nuestro ejemplo, estos efectos se harán sentir en zonas que llegan hasta los volcanes, el valle de Cuernavaca, Chalma y Toluca, o incluso más lejos, dependiendo de la intensidad y dirección de los vientos. El número total de muertes después de una explosión como la descrita dependerá de muchos factores diferentes: la densidad de la población en las cercanías al punto cero, la hora del día en que ocurra la explosión, las condiciones atmosféricas, y otras más difíciles de precisar. Para una ciudad muy poblada se estima que 500 000 personas morirán inmediatamente, quedando un número similar de heridos. Hay, que recordar que debido a la destrucción reinante no se puede esperar ningún tipo de ayuda de bomberos para sofocar los incendios que se declaren, ni de personal médico para rescatar heridos. El tránsito por las calles será imposible (no será fácil reconocer lo que antes era una calle) y seguramente los hospitales habrán sufrido el mismo daño que el resto de la ciudad. Tomando estos factores en cuenta, el número de víctimas podría llegar al 1 000 000 de personas. El análisis presentado ha supuesto que la metrópoli sería atacada con un solo artefacto nuclear. La estrategia militar actual recomienda que toda ciudad con más de 3 000 000 de habitantes sea el blanco de tres bombas de un megatón, 10 bombas de 500 kilotones, y otras tantas de menor poder explosivo. De este modo, es seguro que no habrá sobrevivientes. Las armas nucleares perdidas Un accidente en el que intervengan armas nucleares ya es lo bastante malo. Pero si hay algo peor es un accidente donde se pierdan armas nucleares. Y lo que resulta casi increíble es que docenas de bombas atómicas sigan perdidas. Hace unos días, Daniel Marín comentaba su excelente blog el “despiste” de unos militares norteamericanos que se llevaron de viaje, por error, seis misiles de crucero armados con cabezas nucleares. Por desgracia hay, al menos, una veintena de accidentes de menor o mayor importancia donde las bombas nucleares estaban presentes. En algunos las bombas se desintegraron sin explotar o se perdieron y fueron recuperadas mas tarde como en Palomares. Pero en algunos casos siguen perdidas: * 10 de marzo de 1956: Un bombardero B-47 Stratojet de la fuerza aerea nortamerica desaparece en el Mediterraneo cuando transportaba dos bombas nucleares. Se cree que se estrello pero se desconoce donde ya que nunca aparecieron restos. * 5 de febrero de 1958: Otro B-47 choca en vuelo con un caza cerca de Savannah, Georgia. Tras intentar, sin éxito, aterrizar de emergencia lanzan la bomba al Atlantico para evitar su explosión en caso de estrellarse. Aunque un grupo de búsqueda creyó encontrarla en 2004 se trató de una falsa alarma y sigue perdida. * 4 de junio de 1962: Un cohete Thor con una cabeza nuclear es lanzado para estudiar los efectos de una explosión a gran altitud. Sin embargo, un fallo en el lanzador obliga a destruirlo en vuelo y la bomba cae al Océano Pacifico. * 5 de diciembre de 1965: Un caza del USS Ticonderoga cargando una bomba termonuclear tipo B-43 cae por un lateral de la cubierta. No se encontraron restos ni del piloto, ni del avión debido a la profundidad de las aguas es esa zona (unos 4.875 metros). Como comparación los restos del Titanic fueron encontrados a unos 4000 metros de profundidad. * 21 de junio de 1968: Un B-52 cargado con cuatro bombas atómicas se estrella en las cercanías de la base Thule en Groenlandia. El incendio posterior y la explosión de las cargas químicas provoca el caos en la zona incluyendo una nube radiactiva, la fusión de la capa de hielo y la caída de uno o dos bombas al océano. Una fue recuperada y hay sospechas de que otra aún permanece en el fondo. * 11 de Abril de 1968: El submarino sovietico K-129 se hunde con 98 tripulantes y 5 armas nucleares entre torpedos y misiles. Años después, la CIA intenta recuperar el submarino construyendo para ello un barco especial, el Glomar Explorer. Oficialmente, la operación fue un fracaso y parte o todas las bombas siguen en el fondo del mar. * 21 de mayo de 1968: El submarino USS Scorpion se hunde a unos 800 kilómetros al sudeste de las Azores. Se pierden 99 vidas, un reactor nuclear y dos torpedos con cabezas nucleares. El submarino ha sido localizado pero, por ahora, no se ha intentado recuperar ningún resto. * 12 de abril de 1970: El submarino soviético K-8 se hunde a unos 480 kilómetros al noroeste de España. En su interior, 52 tripulantes y dos reactores nucleares. Con capacidad para 24 torpedos nucleares, en los restos localizados solo aparecen 4 y se ignora la situación del resto. * 6 de octubre de 1986: El submarino soviético K-219 se hunde a unos 100 kilómetros al norte de las Bermudas cuando es remolcado a puerto tras un incendio. Se calcula que contenía 34 cabezas nucleares entre torpedos y misiles balísticas. Hay muchos mas accidentes e incidentes ya que solo he incluido aquellos donde se perdieron armas nucleares que siguen sin ser recuperadas. Aun así la cifra no impresiona tanto como las 2.000 explosiones nucleares, dos mil "ensayos", realizados desde 1945. Tengo la impresión de que tarde o temprano, todas las bombas serán localizadas y extraídas. Solo espero que sea por los mismos que tan imprudentemente las perdieron. Se me ocurren algunas posibilidades mucho peores. H I R O S H I M A El día 5 de agosto de 1945, en la base de Tiniaii, una isla de las Marianas a 200 km. de Guam, una tripulación de B-29 -la famosa superfortaleza volante»- integrante del 509." Grupo Mixto y preparada desde muchos meses antes en la base secreta de Wendover, en Utah, para una misión especialísima, esperaba llena de ansiedad la llegada de una orden. El entrenamiento había sido durísimo y realizado en el más absoluto aislamiento. La tripulación la encabezaba el coronel Paul Tibbets, veterano jefe de grupo de B-17 con múltiples misiones en Europa y el norte de Africa y que había sido elegido por sus excepcionales cualidades técnicas y personales. Él había escogido como hombre de la más absoluta confianza, para acompañarle en la misión, al oficial bombardero Tom Ferebee, experto en el bombardeo por medios visuales, y al oficial de derrota Ted van Kirk, llamado «Dutch», navegante peritísimo. Durante meses habían hecho prácticas de lanzamiento de una rara bomba a la que se llamaba familiarmente «La Cosa", un enorme cilindro dotado de cola, cuyo contenido explosivo era un arcano para casi todos, Sólo Tibbets estaba en el secreto de su carga nuclear y, llegado el momento del lanzamiento, la pregunta que le obsesionaba era: ¿la deflagración alcanzaría a volatilizar el avión portador de la bomba? «No obstante confesaría después el propio Tibbets- yo confiaba plenamente en los científicos y sabía que sus cálculos eran de una precisión total. Ellos me habían explicado que, en el instante de la explosión, mi avión se habría alejado 17 kilómetros del punto cero en relación con la trayectoria de la bomba. Por otra parte, en cuanto al problema de la onda provocada por la bomba, los ingenieros aeronáuticas me aseguraron que mi superfortaleza soportaría¡ un choque de 2 g, es decir, el doble de su propio peso.» Aquel día 5 se llegaba a la fecha de la gran decisión, porque los meteorológicos habían pronosticado que el período entre el 6 y el 9 de agosto ,cría el más favorable para realizar el bombardeo desde el cielo japonés. Robert J. Oppenheimer nació en 1904, en Nueva York, siendo hijo de un emigrante alemán llegado a América a los 14 años y que posteriormente haría fortuna en negocios textiles. Desde su más temprana infancia, Oppenheimer demostró poseer una inteligencia privilegiada. Sus estudios superiores los cursó en Harvard, simultaneando las humanidades con la física y la química. Dotado de una gran ansia de saber, y con una extraordinaria capacidad para asimilar conocimientos, se interesó por el pensamiento oriental, estudió el hinduismo y llegó a dominar el sánscrito, aparte de numerosas lenguas vivas. En 1925 se diplomó cum laude en Harvard. Posteriormente, amplió estudios de física en Cambridge con Rutherford, en Gotinga con Born y Dirac y más, en Zurich Leyde. Su brillantez intelectual y la profundidad de sus estudios le hicieron perfilarse como un científico de gran porvenir, que había encontrado su camino en la más fascinante empresa que en la década de 1930 se le podía proponer a un físico: la investigación atómica. En 1 92 9 empezó a dar clases de física en la Universidad de Berkeley, donde dispuso de un importante laboratorio de investigación. Alineado entre los intelectuales americanos de ideas socialmente progresivas, Qppenheimer no hizo un secreto de su antifascismo ni de su filomarxismo, aunque no llegara a militar en el partido comunista. En el período anterior a la Segunda Guerra Mundial, mantuvo una relación íntima con una doctora, conocida militante del comunismo. En 1942 -a los 38 años- le ofrecieron la supervisión y el control global del proyecto Manhattan y la dirección del superlaboratorio de Los Alamos. La oportunidad de tener a su alcance la construcción del ingenio más poderoso de todos los tiempos fue tentación que venció todos los escrúpulos morales de Oppenheimer. Durante el proceso de fabricación de la bomba volvió a tener contacto con su antigua amiga, la militante comunista, hecho que no escapó al conocimiento del general Groves, responsable máximo de la seguridad. El general, tras una conversación afondo con Oppenheimer, se aseguró de que éste había roto sus relaciones con la extrema izquierda y, valorando la importancia proyecto' lo confirmó en el cargo. El éxito alcanzado con la fabricación de bomba y sus efectos sobre Japón hicieron que Oppenheimerfuera exalta do por la prensa y la opinión pública americana como el hombre que había hecho posible el victorioso final de guerra. Ante el problema moral suscitad por la carrera atómica, Oppenheime descubrió el personaje hamletiano qu llevaba dentro, manifestándose pes a sus reparos íntimos en pro de continuidad de las investigaciones Por eso constituyó una gran sorpresa el saberse, en octubre de 1945, que abandonaba la dirección de Los Alamos y volvía a la enseñanza. En 1947 fue designado director del Instituto Estudios Superiores de Princeton y entró a formar parte de la Comisión de Energía Atómica. Cuando en 1950 el presidente Truman ordenó la construcción de la bomba de hidrógeno, Oppenheimer, una vez más, se mantuvo en una duda atormentada por el alcance de la carrera nuclear, pero sin alinearse entre los opositores. En 1954, al llegar el período de la «caza de brujas», Qppenheimer fue acusado de «actividades antiamericanas» por haber mantenido relaciones con elementos comunistas. Con arreglo a las prácticas utilizadas por la Comisión de Encuesta, se le declaró «indeseable para toda función que supusiese un acceso a secretos militares». Pese a la protesta de gran número de científicos, Oppenheimer hubo de sufrir años de ostracismo oficial Durante ellos, no obstante, continuó trabajando en la Universidad y dando conferencias. En 1958 viajó a París, fue recibido en la Sorbona y el Gobierno francés le otorgó la Legión de Honor, todo lo cual e una especie de desagravio al que se asociaron los científicos europeos. En 1963 fue rehabilitado y se le otorgó el premio Fermi, el más alto galardón que se concede a los destacados en la investigación nuclear.Falleció en 1967, en Princeton. Su vida fue una demostración del enfrentamiento del hombre de ciencia con unos problemas éticos y morales que le desbordan. El mito del «aprendiz de brujo» tuvo en el patético destino de Oppenheimer su más patente manifestación. En el verano de 1939, la energía nuclear había desvelado ya sus inmensas posibilidades destructivas. La fisión del uranio, llevada a cabo por primera vez por Enrico Fermi, iba acompañada por un desprendimiento enorme de energía. Pero esto no era todo: si la fisión del primer núcleo podía emitir varios neutrones, cada uno de éstos podía provocar la fisión de otro núcleo, que a su vez al fisionarse emitía... Era la reacción en cadena prevista por Joliot y Szilard. La idea de estar ante una fuente de energía inimaginable, la posibilidad de tener al alcance la preparación de una mítica fuerza explosiva, sobrecogió a los físicos que habían llegado a abarcar teóricamente los efectos de la fisión en cadena. Pero se estaba en 1939. Muchos físicos, investigadores del átomo, habían abandonado Alemania por su condición de judíos. Otros, como el italiano Fermi, habían emigrado en desacuerdo con el fascismo que imperaba en su país. Y todos ellos se habían refugiado en Estados Unidos. La idea de que los sabios alemanes que habían quedado en su tierra pudieran preparar el arma atómica era una suposición que podía hacer de Hitler el amo del mundo. Ante esta temible eventualidad, Leo Szilard, un científico atómico húngaro refugiado en Norteamérica, pidió a Albert Einstein que llamase la atención del Gobierno americano sobre el peligro que amenazaba, si los nazis conseguían preparar una bomba atómica. Entre dudas y reticencias, el tiempo pasó. Entre tanto, los ensayos y las investigaciones nucleares habían proseguido en Princeton, en Berkeley, en Columbia... En 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor. Estados Unidos era ya un país beligerante. Ello precipitó la decisión. En agosto de 1942 se llegó a un acuerdo para unir esfuerzos entre el Gobierno americano y el británico a fin de comunicarse sus investigaciones, y el Ejército americano recibió el encargo de dar prioridad absoluta, acelerando, coordinando y recabando cuantos recursos fueran necesarios para realizar un proyecto al que se le puso el nombre clave de « Manhattan». Su objetivo era fabricar la primera bomba atómica. En el otoño de 1942, el general Leslie Groves, que había sido designado responsable del proyecto, se entrevistó secretamente con el físico Robert J. Oppenheimer, un brillante investigador cuyas cualidades personales de animador, capacidades de coordinador y poder de captación le hacían especialmente idóneo para dirigir en lo técnico la suma de esfuerzos que iba a representar el proyecto. El lugar elegido para situar la planta de acabado fue Los Alamos, en Nuevo México, lejos de cualquier centro habitado. En la bomba se puso a trabajar un ejército de científicos, de técnicos, de militares: directa o indirectamente, más de cien mil personas, la mayoría ignorantes de la finalidad real de su trabajo. La movilización fue total. Todos los recursos disponibles se pusieron al servicio de la gigantesca empresa. Cientos de millones de dólares se gastaron en un esfuerzo tecnológico que abarcó una colosal Planta construida en Tennessee, un grandioso laboratorio en la Universidad de Columbia, una enorme instalación en Oak Ridge, otra en Hanford. Yen Los Alamos, junto a la planta atómica, surgió una ciudad habitada por los científicos y sus familias. Era difícil que aquella dispersión no traicionara el secreto exigido. Pero los severísimos controles y la más estricta vigilancia evitaron cualquier filtración. Al principio se creyó que la bomba estaría lista en un año, pero se llegó a 1944, con el proceso muy avanzado. La evidencia de que Alemania no podría ya obtener la bomba y el sesgo favorable de la guerra contra Japón decidieron al científico danés Niels Bohr, premio Nobel de Física, a dirigir un memorándum al presidente Roosevelt previniéndole contra «la terrorífica perspectiva de una competencia futura entre las naciones por un arma tan formidable». Pero el mecanismo infernal no podía ya detenerse. La posesión de la bomba era un objetivo demasiado codiciado. En julio de 1945, todo estaba listo para la gran prueba. En Los Alamos se hallaban Oppenheimer, Bohr, Fermi, Bethe, Lawrence, Frisch... toda la plana mayor de los sabios nucleares. El día 16, a las dos de la madrugada, las personas que debían intervenir en la primera prueba estaban en sus puestos a varios kilómetros del punto cero. Se fijó la hora H para las 5 de la madrugada. A las 5.30, una luz blanca, radiante, mucho más brillante que el sol del mediodía, iluminó el desierto, las montañas en la lejanía... La superfortaleza volante B-29, fabricado por Boeing, fue el mayor avión construido durante la Guerra Mundial. Proyectado en 1939 y tras un período de prueba en el que tuvieron que superarse múltiples deficiencias técnicas, las primeras entregas a ultramar se hicieron en marzo de 1944. Intervino, decisivamente en las operaciones aéreas contra Japón y Alemania. . Fue el primer gran bombardero construido en serie dotado de compartimentos presurizados. También fue el primero que dispuso de un sistema centralizado y sincronizado de tiro de las ametralladoras. Sus dimensiones era n gigantescas: longitud, 30 metros; envergadura, 43 metros. Iba equipado :con cuatro motores Wright de 2.200 HP de potencia, que le daban una velocidad máxima de 585 kilómetros por hora a 7.600 metros de altitud. La ,velocidad de crucero de gran alcance era de 350 kilómetros a la hora, siendo su radio de acción de más de 8. 000 kilómetros y su techo de servicio de 9.700 metros. Su tripulación estaba integrada por 11 hombres. Su armamento constaba de 10 ó 12 ametralladoras y un cañón de 20 mm y su carga explosiva podía ser de cuatro bombas de 1.800 kilos u ocho de 900 kilos. Para cargar la bomba de uranio, el Enola Gay hubo de acomodar su bodega, dado que las dimensiones del ingenio superaban los 70 cm y ,de diámetro ' los 3 m de longitud. La acción más espectacular y destructiva en la que participaron los B-29 fue el bombardeo realizado en la ,noche del 9 al 10 de marzo de 1945, Por 279 aparatos de este tipo sobre: Tokio. En una sola noche, las superfortalezas destruyeron casi 25 kilómetros cuadrados del centro de la capital japonesas arrasaron el 25 % de los edificios de la: ciudad. Cerca de 85.000 personas perdieron la vida y otras tantas ,resultaron heridas, ¡,mientras que un millón de habitantes ,de Tokio quedaron sin hogar. El día de la rendición de Japón, las fuerzas aéreas norteamericanas tenían en servicio 3.700 bombarderos del tipo B-29.Las superfortalezas todavía tuvieron una importante participación en la guerra de Corea; pero en 1955, con la puesta en servicio de los grandes bombarderos a reacción B-47 y B-52 y la del B-36 mixto, los B-29 fueron retirados definitivamente. En esencia, la bomba atómica es un reactor o pila nuclear que no utiliza moderador (es decir, ninguna sustancia que frene las partículas emitidas por el elemento radiactivo) y en la que se origina una reacción en cadena. Dos trozos de material radiactivo (uranio 235 en la Little Boy que se lanzó sobre Hiroshima y que aparece en la fotografía inferior,- plutonio 239 en la Fat Man que se lanzó sobre Nagasaki), de masa inferior a la crítica (es decir, a la masa a la que la reacción en cadena se produce de forma espontánea) y separados por un espacio vacío, son impelidos a chocar entre sí mediante la explosión de dos cargas convencionales, de forma que la nueva masa resultante es superior a la crítica, produciéndose la reacción nuclear. Efectos a partir del centro: Dependiendo de su tamaño, los efectos de una deflagración nuclear, se expanden en círculos concéntricos a partir del punto de impacto, que normalmente se encuentra situado a cierta altura sobre el terreno. El círculo más exterior es, lógicamente, el de menor destrucción y la causa principal de ésta es la radiación térmica, que produce una «tempestad de fuego», quemaduras e incendio. En el círculo intermedio, donde la causa principal de destrucción es la onda de la explosión (expansión y choque), se producen derrumbamientos, roturas de conducciones de gas y agua, proyección de cascotes y cristales, etc. Finalmente, en el círculo interior, la destrucción es total a calísa de las enormes temperaturas (en Hiroshima, 17.000 personas «desaparecieron» carbonizadas y pulverizadas) y la radiación mortal. Los diámetros de estos círculos varían; por el . ejemplo, en una bomba de cien kilotones (unas siete-cinco veces la de Hiroshima) son de dentro a fuera:2,5 km., 8 km. y 16 km. Plan de vuelo El vuelo tenía prevista la hora de despegue para las 2.45 de la madrugada del día 6, esperándose alcanzar el objetivo -que podía ser Hiroshima, objetivo prioritario, o bien Kokura o Nagasaki- seis horas después, es decir a las 8.15, hora exacta que se había precisado en función de las previsiones de la meteorología. Tres superfortalezas acompañarían en el despegue al Enola Gay. Una de ellas tendría como misión el dar los datos meteorológicos en el último momento y ya sobre el espacio aéreo japonés, designando en función de este factor la ciudad que quedaría marcada por el fatal destino de sufrir el comienzo de la era atómica. En los otros dos aviones viajarían los científicos encargados de observar y registrar los efectos de la bomba. Al término de la exposición del plan de vuelo, Tibbets anunció con voz grave que le era necesario dar una información adicional del más alto interés. Y habló de que se trataba de lanzar una bomba cuyos efectos significarían muy probablemente la derrota de Japón y el fin de la guerra. Tibbets, sin embargo, se abstuvo de mencionar el calificativo de «atómica» aplicado ala bomba, pero precisó que la potencia del infernal ingenio equivaldría a la de 20.000 toneladas de trilita. Sus palabras causaron una impresión profunda en la tripulación, a la que se había incorporado el copiloto Bob Lewis, el ametrallador de cola Bob Caron y de la que formarían parte tres personas más: el capitán Parsons -ya citado- y su ayudante el teniente Morris Jeppson, quienes tendrían a su cargo el activado de la bomba una vez en vuelo; y a ellos se añadiría el teniente Beser, especialista en electrónica. El despegue hacia un objetivo desconocido Y llegó el momento decisivo. A la 1.45 de la madrugada despegó el B-29 destinado a la misión meteorológica. Los otros despegarían después. A las 2.15, el B-29 modificado para que en su bodega cupiera la bomba de uranio 235, a la que se había bautizado con el nombre de Little Boy («Muchachito») Entre una hilera de cámaras , iluminado por potentes estaba en la cabecera de la pista probando a plena potencia sus cuatro motores Wright de 2.200 caballos de por que querían registrar el histórico acon proyectores, el Enola Gay arrancó de la pista con los cuatro mil kilos de la bomba en sus entrañas. Eran las 2.45 de la madrugada del 6 de agosto de 1945. Alcanzada la cota de vuelo y con el rumbo puesto hacia el archipiélago japonés, Parsons y su ayudante pusieron manos a la obra en la bodega del bombardero para activar el arma nuclear. Veinte minutos después, habían dado fin a su tarea. Fue entonces cuando el coronel Tibbets, tras conectar el piloto automático, reunió a la tripulación y les explicó la naturaleza exacta del explosivo que llevaba a bordo. Para aquellos hombres, hechos al cumplimiento de unas misiones bélicas destructivas, cualquier reparo moral estaba en aquel momento fuera de lugar. Aún más, la idea de que con aquel explosivo podían acortar la guerra y ahorrar millares de vidas norteamericanas ahuyentaba cualquier escrúpulo de conciencia. Entre tanto, el Enola Gay proseguía su vuelo sin novedad sobre la capa de nubes por encima de la zona de turbulencia. Poco a poco se iban percibiendo las tenues luces del amanecer. Se acercaba la hora del alba. Al llegar el avión a la altura de lwo Jima, según el horario previsto, dos aparatos de escolta esperaban describiendo círculos la llegada del bombardero para, una vez avistado, ponerse a la altura de] Enola Gay y seguir el vuelo juntos, hacia el objetivo. El nuevo día empezaba a despuntar. Un nuevo día que millares de seres humanos de una ciudad todavía ignorada no verían llegar a su crepúsculo, víctimas de una horrible muerte. El sol de la muerte Pero quedaba el tercer y más traicionero efecto: el «sol de la muerte», como llamaron los japoneses al efecto radiactivo que provocó la acción de los rayos gamma, delta y alfa. Las personas, según su cercanía al punto de caída de la bomba atómica, aparecían llagados, llenos de terribles ampollas. Todos los supervivientes, en un radio de 1 km a partir del epicentro, murieron posteriormente de resultas de las radiaciones. Los muertos por estos insidiosos efectos lo fueron a millares y se fueron escalonando a lo largo del tiempo, según el grado de su contaminación. Veinte años después de la explosión, seguían muriendo personas a consecuencia de los efectos radiactivos. Junto a los millares de muertos instantáneamente y de los que con posterioridad fallecieron de resultas de las quemaduras o de la radiación, se registraron hechos singulares. Por ejemplo, algunos habitantes se salvaron por haberles sorprendido los efectos de la explosión con vestimenta clara; en cambio, los que vestían de oscuro murieron rápidamente, por la capacidad del color negro de absorber el calor. Esta misma capacidad de absorción de las ondas calóricas por los cuerpos opacos ocasionó otro sorprendente fenómeno: la fotografía atómica. Hombres desintegrados, así como objetos diversos, dejaron su sombra grabada sobre los muros de las paredes en cuya cercanía se encontraban en el momento de la explosión, como hemos mencionado antes. La onda calórica siguió exactamente los contornos de una silueta y la grabó, para siempre, sobre la piedra. El holocausto Y cuando los supervivientes se recuperaron del horror y los servicios de socorro empezaron a prodigar sus cuidados a los heridos y a los quemados, se produjo la caída de una lluvia viscosa, menuda y pertinaz, que hizo a todos volver los ojos al cielo: el aire devolvía a la tierra, hecho toneladas de polvo y ceniza, todo lo que había ardido en aquel horno personas y cosas - y que las corrientes ascendentes habían succionado hasta las nubes. Al día siguiente del bombardeo, un testigo presencial que recorrió la ciudad explicó el espeluznante panorama de desolación que constituía la visión de una población arrasada, sembrada de restos humanos que estaban en espantosa fase de descomposición, entre un olor nauseabundo a carne quemada. Una zona de 12 kilómetros cuadrados, en los que la densidad de población era de 13.500 habitantes por kilómetro cuadrado, había sido devastada. La llegada de un grupo de científicos confirmó que el explosivo lanzado era una bomba de uranio. La energía atómica había entrado en la historia por la puerta del holocausto. Según los datos más fiables, el número de víctimas sacrificadas en Hiroshima fue de 130.000, de las que 80.000 murieron. Unos 48.000 edificios fueron destruidos completamente y 176.000 personas quedaron sin hogar FOTOS COMENTEN

1.- LA DELINCUENCIA JUVENIL De muchas maneras las comunidades han denominado los grupos de jóvenes y adolescentes calificados en "riesgo social" por sus actitudes, costumbres, situación de vida. Esos nombres varían: pandillas, barras, huelgas, maras, chapulines, gamberros, hooligan, etc.; pero tienen en común dos cosas: por un lado la preocupación y la alarma social que provocan y, por otro, la falta de distinción entre lo que constituye una actividad delictiva propiamente dicha y un comportamiento simplemente desviado de las costumbres y tradiciones, o lo que es peor, "desviado" por los condicionamientos socioeconómicos en que se encuentran y la ausencia de una familia. El problema ha alcanzado una magnitud tal que pretende motivar y determinar la totalidad de la incipiente política criminal referida a los menores de edad. Esto es grave en virtud de que el problema delincuencial es bastante más heterogéneo y además que muchas de las conductas y actitudes de esos grupos no son delictivas, lo cual debiera descartar la intervención represiva del Estado. En estas líneas pretendemos exponer algunas ideas relativas a la reacción que esos grupos generan en la sociedad, como respuestas dirigidas a resolver un conflicto con el fin de implantar una mayor "seguridad ciudadana". Tenemos claro que "seguridad ciudadana" es un concepto bastante difuso, y que hoy se utiliza con muy diversos propósitos, como en épocas pasadas se utilizaron los conceptos de "seguridad nacional" y "seguridad del Estado" en el plano ideológico, que pretendieron constituirse en la razón de ser de la política criminal y justificaron una gran cantidad de atropellos a los derechos humanos. Cuando se habla de las pandillas y grupos juveniles, "seguridad ciudadana" se utiliza, por lo general, como sinónimo de seguridad física en las calles y las casas, olvidándose que un verdadero concepto del vocablo debiera incluir también otras libertades públicas y privadas, conformadas por derechos básicos y fundamentales como los derechos políticos, los derechos económicos y los derechos sociales, los cuales nunca se ven afectados -ni amenazados- por la existencia de esos grupos. Sin embargo hay un verdadero "estado de guerra" generado por la existencia y el accionar de los grupos juveniles, en especial los que se dedican a realizar hechos delictivos, y en esa misma proporción, como veremos, algunos llegan a justificar actuaciones estatales alejadas de los derechos humanos. La situación se ha agravado porque los ciudadanos han sido culturizados hacia la solución represiva como único medio capaz de defenderse ante estos peligros para la seguridad. Se trata de un "estado de guerra" provocado psicológicamente por una percepción distorsionada o exagerada de la realidad, en la que no hay concordancia con el verdadero índice de criminalidad. Hay razón por la alarma social que provocan ciertos delitos que van en constante aumento, como los delitos contra la propiedad, sin embargo algunos de éstos provocan mucha alarma social no obstante su nivel relativamente bajo de violencia, como ocurre con los arrebatos de bolsos y carteras, sólo porque son realizados por menores de edad organizados en grupos. Paralelamente, hay delitos que han aumentado en forma exagerada en relación con años anteriores, que afectan derechos básicos como la vida, pero que no provocan una alarma social proporcionada a esa gravedad. Tal es el caso de los accidentes de tránsito o de la circulación, que generan una gran cantidad de muertos (en muchos países en cantidades bastante mayores que los homicidios dolosos) y sin embargo no provocan una reacción y preocupación equivalente con los resultados. En igual sentido podemos citar los delitos no convencionales (ecológicos, abuso de poder económico y abuso de poder público) cuyos resultados tienen serias repercusiones en los derechos básicos de todos los ciudadanos, pero no llegan a provocar una reacción proporcional con esos resultados, a diferencia de los asaltos en las calles. La criminología distingue entre delito (constituido por el volumen real de la criminalidad y sus repercusiones) y temor al delito (constituido por la percepción de la criminalidad y el riesgo de ser victimizado). La percepción de la criminalidad y el temor a ser víctima de un delito agiganta y distorsiona la realidad, con un efecto multiplicador desproporcionado, sobre todo tratándose de hechos realizados por grupos de jóvenes y adolescentes, lo cual aumenta la posibilidad de adoptar políticas equivocadas e inconstitucionales en aras de la prevención general. De ahí entonces que haya un sentimiento generalizado en la ciudadanía para resolver el problema de la delincuencia infantil y juvenil por medio de la confrontación y el castigo. En Costa Rica, cuya población se precia de ser pacifista, en 1992 una encuesta publicada en uno de los diarios de mayor circulación reveló que más del 70% de los encuestados estaban de acuerdo con la pena de muerte. En 1994 hubo muestras públicas de apoyo (cartas en periódicos, recolección de dinero para la defensa, etc) para policías acusados de torturar y asesinar a un joven detenido, quien era sospechoso de haber agredido a un compañero de los policías. En 1995, en un programa de televisión (En la Mira) se hizo una consulta telefónica en que más del 40% de los consultados se mostraron de acuerdo con escuadrones de la muerte, luego de encontrarse un cuerpo sin cabeza ni manos y de acusarse a policías judiciales del hecho. En otros países latinoamericanos todavía operan grupos paramilitares dedicados a "limpiar" de delincuentes juveniles las calles, según denuncian los cables internacionales, de ahí que clasificamos las respuestas al problema conforme lo hacemos de seguido. 2.- LAS RESPUESTAS INCONSTITUCIONALES FRENTE A LA CRIMINALIDAD JUVENIL (RADICALES). En muchos países latinoamericanos, de manera directa los menos, por tolerancia, indiferencia o complicidad los más, se sostiene que la criminalidad juvenil sólo es posible enfrentarla recurriendo a métodos violentos, con el fin de defender a la sociedad. Es así como se plantea la necesidad de organizar grupos paramilitares, compuestos por miembros de las fuerzas armadas, policías, grupos privados de vigilancia, comerciantes y otros ciudadanos, dedicados a actuar en forma clandestina, con el fin de aplicar ajusticiamientos sobre aquellos jóvenes a quienes el grupo "juzga" como personas indeseables para la sociedad. Tal es el grado de tolerancia e impunidad con que operan, incluso todavía hoy, que en algunos casos ni siquiera se preocupan por hacer desaparecer los cuerpos. Otros, al menos en forma más abierta que los anteriores, pero tan radicales como ellos, estiman que a los "delincuentes" no deben reconocérsele derechos, y que en consecuencia deben ser juzgados en procesos sumarísimos, con aplicación irrestricta de la prisión preventiva, invirtiendo el principio de inocencia y sustituyéndolo por el de presunción de culpabilidad, sin costear servicios de abogado defensor, y aplicando penas muy severas que saquen de circulación por largo tiempo a estos delincuentes. Algunos pretenden que los jueces desconozcamos esos derechos en la práctica, pero sin modificar la Constitución, ni la adscripción a convenciones internacionales de derechos humanos, criticando a los funcionarios judiciales por su excesivo garantismo en beneficio de los "delincuentes". Esta última posición encuentra mucha resonancia en la opinión de la gente, en los medios de comunicación, en los órganos represivos (policías, fiscales), e incluso en los mismos tribunales. Hay una marcada tendencia a creer que "sistema duro y represivo" es sinónimo de "sistema penal eficiente", cuando en realidad la historia nos demuestra totalmente lo contrario. En efecto, en la práctica los sistemas penales más represivos, caracterizados por desconocer los derechos de los acusados, no han sido los sistemas más eficientes para tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que por el contrario aumentan la criminalidad y la impunidad. El mejor ejemplo, para no salir de nuestra región, lo constituyen los sistemas penales típicos de las dictaduras militares latinoamericanas, los que -con notables excepciones- legitimaron esos sistemas de poder, convalidaron sus actuaciones y permitieron los mayores abusos que podamos imaginarnos sobre los ciudadanos. Iniciaron con la delincuencia común (supuestamente), pero pronto ampliaron sus actuaciones sobre los grupos que afectaban la "seguridad del Estado" y la "estabilidad social", persiguiendo sindicalistas, dirigentes, opositores, simples ciudadanos, y así surgieron miles de desaparecidos, fosas comunes, el genocidio, para citar solamente lo más grueso. Debemos preguntarnos si esos sistemas penales caracterizados por desconocer los derechos de los acusados, que funcionaron paralelamente con grupos clandestinos dedicados a exterminar personas (supuestamente delincuentes, indigentes, opositores, críticos, etc.), representaron (y representan) una alternativa viable para defender los derechos básicos de los ciudadanos. Desde luego que la respuesta es negativa, pues la "la seguridad ciudadana" (entendida, ahora sí, como el conjunto de los derechos básicos de los ciudadanos, incluidas las libertades políticas, económicas y sociales) nunca se vio tan comprometida y disminuida que en esos sistemas. Debemos aprender de la historia, la cual nos enseña que los sistemas represivos de esa naturaleza no constituyen un medio eficaz para disminuir la criminalidad y menos para proteger los derechos humanos. Por el contrario, ellos dieron ( y dan) espacio a un mayor margen de impunidad porque el genocidio fue patrocinado directamente por las estructuras de poder público, con la complicidad de los órganos encargados de reprimirlos, incluyendo a los tribunales. Algunos ciudadanos creen en esas alternativas como único medio para combatir una creciente criminalidad, sobre todo ante la ineficacia de los cuerpos represivos para disminuirla, pero equivocadamente estiman que el empleo de esos métodos inconstitucionales no los llegará a afectar a ellos, cuando la experiencia demuestra totalmente lo contrario. El problema se ha acrecentado al estimar una gran mayoría que el garantismo judicial es sinónimo de impunidad, cuando la verdad es que todo depende del trabajo eficiente de la policía y del Ministerio Público en la recopilación de los elementos de prueba que permitan incriminar a una persona como autora de un hecho delictivo. Si hay suficientes y eficientes elementos de prueba de cargo, independientemente de los derechos acordados al acusado para el ejercicio de su defensa, existirá una condena. Las garantías procesales no constituyen un obstáculo para una correcta aplicación de la ley penal. El proceso está conformado por un conjunto de reglas cuyo denominador común lo forma la idea de resolver o transformar un conflicto en otro con menor contenido de violencia, y es un medio para prevenirse de la arbitrariedad y de la ineficacia de los órganos represivos. Estos últimos eluden su deber cuando pretenden que los tribunales apliquen la pena sin tramitar adecuadamente un proceso, en el cual se examinen los elementos de prueba válidos que se hubieren recopilado para averiguar la verdad. 3.- LAS RESPUESTAS TRADICIONALES AL PROBLEMA DE LA DELINCUENCIA JUVENIL (CONSERVADORAS). Dentro del marco constitucional y en forma bastante más moderada que las anteriores corrientes, algunos sectores (dentro de los cuales se ubican en su mayoría los mismos órganos represivos del Estado y los Tribunales, así como los medios de comunicación colectiva) proponen las "soluciones" tradicionales al problema de la delincuencia en general, y de la delincuencia juvenil en particular. Estas respuestas tradicionales están inspiradas en la idea de "endurecer" el sistema penal dentro de los límites constitucionales, con algunas medidas que son las que siempre se han utilizado con mayor frecuencia para combatir la criminalidad: Aumentar y militarizar a la policía. Aumentar y endurecer las penas. Aumentar el número de personas detenidas. El aumento y la militarización de la policía. Es cierto que es necesaria una mayor presencia de los cuerpos de policía civil en las calles. Con ello se previenen hechos delictivos y se facilita una intervención rápida para impedir mayores consecuencias, se logra prestar algún auxilio a las víctimas, y además permite realizar de manera más eficiente la labor de aseguramiento y recolección de pruebas, así como también propicia la identificación y detención de los presuntos agresores, entre otras cosas. Sin embargo, el aumento del número de policías o su militarización, no se traducen necesariamente en una mayor "seguridad ciudadana". En primer término porque una gran cantidad de delitos de los que provocan alarma social no se realizan en las calles, pues ocurren en ámbitos de intimidad, al interno incluso de las familias o en oficinas y lugares cerrados. En segundo lugar, porque la eficiencia del sistema depende del buen funcionamiento de la totalidad de sus componentes (policía, fiscales, jueces, sistema penitenciario, etc.) y el subcomponente policial no actúa mejor cuando aumenta su número o cuando utiliza métodos militarizados en sus actuaciones contra la criminalidad. En tercer lugar, como ha puesto en evidencia la criminología, no tiene sentido pretender reducir la violencia callejera (en especial las agresiones y los homicidios) aumentando el número de personas armadas en las calles. Como muy bien se afirma "... en los países que transitan por esa vía errada no se ha reducido la criminalidad, y se ha generado en cambio un fenómeno circular: los delincuentes sancionados por el sistema penal pertenecen en forma desproporcionada a los grupos más pobres de la población, y la numerosa policía que los persigue, con salarios miserables, pertenece también al mismo estrato. Y ambos grupos interactúan multiplicando una violencia espantosa que, obviamente, no puede detenerse sino multiplicarse cada vez más de esa manera" (Carranza, Elías. Criminalidad ¿Prevención o promoción? Euned, San José, 1994, p. 74) Lo anterior no significa, desde luego, que descartemos la necesaria intervención policial. Por el contrario, creemos que es indispensable para una adecuada y correcta aplicación de la ley penal, sin embargo la forma de mejorar su intervención no se reduce a un problema numérico, ni a militarizar sus actuaciones, sino a la profesionalización y a un mejoramiento de la totalidad de las condiciones laborales y sociales en que se encuentra la policía, incluyendo aspectos como el salario, la capacitación, instrumentos de trabajo, etc. El aumento y el endurecimiento de las penas. Otra de las respuestas que solemos encontrar con mayor frecuencia para combatir la criminalidad en general, es la de aumentar y fortalecer la dureza de las penas previstas en el Código Penal y leyes especiales, con la esperanza de que constituyan una forma de desestimular la conducta proclive al delito. Los penalistas denominan ésta la función de prevención general o intimidación, reservada a la pena incluida en el tipo penal. Si bien en materia de menores los montos de la pena de prisión previstas en cada figura delictiva no tienen aplicación directa, la verdad es que siempre tiene alguna incidencia porque los tribunales de menores tienden a establecer el tipo de "medida tutelar" en proporción a la gravedad del hecho y a la gravedad de la pena prevista para los adultos en la ley, más que a las necesidades de tratamiento y atención que requiera el menor. De acuerdo con esta idea, las personas (menores o mayores) no van a cometer hechos delictivos si la pena prevista en la ley para esos delitos es dura y grave. Se tiene la creencia que existe una relación directa entre cantidad y gravedad de la pena por un lado y no inclinación hacia el delito, por otro. Vemos una tendencia en algunos países de América Latina a aumentar las penas de prisión, haciéndolas más largas en el tiempo, así como también a regresar a la pena de muerte (al menos a formalizarla en la legislación). Nuevamente los criminólogos se han encargado de desencantarnos. Por medio de la "teoría de la indiferencia de las sanciones", las investigaciones han mostrado que cualquiera que sea la sanción prevista en la ley (prisión, muerte, inhabilitación, prueba, trabajo, servicio comunal, multa, etc.) ninguna en especial ha tenido incidencia o eficacia en generar menos niveles de delincuencia que otra por el sólo hecho de encontrarse prevista en abstracto y con independencia de su aplicación real. Las razones por las cuales las personas deciden realizar hechos delictivos son otras, y la pena prevista en la ley cuenta sólo algunas veces para determinar los costos del hecho (riesgo), como ocurre en materia de drogas, homicidio, o en delitos como el aborto. En realidad no existe una relación directa entre gravedad de la sanción y desestímulo del hecho. Baste citar el caso de la lucha contra el tráfico de drogas y el "lavado" de dinero para comprenderlo. En esta materia hemos aumentado y endurecido desproporcionadamente las penas, sin embargo ello no se ha traducido en una reducción de la actividad que se quiere reprimir. También en otras áreas hemos incurrido en el mismo error, como ocurrió en Costa Rica donde recientemente se aumentaron las penas de prisión a 50 años, pero ello no ha tenido ningún efecto positivo para disminuir la delincuencia, sino por el contrario comienza a agravar la solución o la redefinición del conflicto. En los países que han adoptado la pena de muerte tampoco encontramos índices de criminalidad y violencia menores que en los países que no la tienen. Por lo anterior, tampoco el camino del aumento y del endurecimiento de las penas ha sido eficaz para disminuir o atenuar los índices de criminalidad. El aumento del número de menores presos en prisión preventiva o sentenciados. Al igual que el aumento y el endurecimiento de la pena, el aumento del número de personas detenidas constituye una de las respuestas más populares para combatir la criminalidad. Popular porque exista una generalizada creencia -sobre todo en sectores externos al sistema penal- de que a mayor cantidad de personas detenidas menor índice de delincuencia existirá en el país. Esta posición tiene dos vertientes. Por un lado se propugna un mayor uso de la prisión preventiva con el fin de "sacar de la circulación" lo más pronto posible a menores que se estima son presuntos violadores de la ley penal desde el inicio de cualquier procedimiento judicial; y por otro también se propugna que la "medida tutelar" definida en sentencia, cuando se determina que el menor efectivamente realizó el hecho delictivo, se aplique en centros cerrados, de manera que también se impida su libre circulación en las calles, para lo cual deben desconocerse todo tipo de beneficios de salida y permisos. Esta es la respuesta que con mayor frecuencia clama la policía frente a los Tribunales. Su queja constante es que ellos detienen a los presuntos delincuentes y los jueces los dejan en libertad, lesionando así -en su opinión- la seguridad de los ciudadanos. Los ciudadanos también tienen una gran confianza en la prisión (preventiva o no), pues creen que es posible por ese medio frenar los índices de delincuencia, y por lo general se pronuncian contra todos los programas dirigidos a racionalizar el uso de esa medida represiva, como resultan ser las medidas sustitutivas, la libertad bajo palabra, la prueba, la excarcelación, etc. En realidad no existe ningún estudio técnico que permita afirmar que a mayor cantidad de personas en prisión habrá menor cantidad de delitos, pero sí hay estudios que señalan que los países que han aplicado desproporcionadamente la prisión preventiva no han disminuido los índices de criminalidad, y han multiplicado sus problemas. En efecto, cuando se hizo el estudio sobre "El preso sin condena en América Latina y el Caribe" (CARRANZA, Elías; MORA, Luis Paulino; HOUED, Mario y ZAFFARONI, Raúl; Ilanud, San José, 1983, pág.22) Paraguay mantenía un 94.25% de presos sin condena en proporción a la población total privada de libertad, Bolivia el 89.70% y El Salvador el 82.57%, sin que a la fecha hayan mejorado esas cifras; pero ninguno de esos países ha logrado disminuir los índices de criminalidad y por el contrario en la actualidad están empeñados en modificar totalmente la legislación penal con el fin de buscar nuevas respuestas para resolver este grave problema, con fórmulas menos rígidas y más modernas que la represión indiscriminada. En este sentido también debiéramos de aprender de la historia, pero lamentablemente parece ser que tampoco es así. Además de lo anterior, la prisión no constituye un medio eficiente para lograr la reeducación, la resocialización o la rehabilitación de una persona, ni siquiera sirve para reafirmar en ella la práctica de una vida sin violación de la ley. Por el contrario, los penitenciaristas han insistido en que la finalidad rehabilitadora no pasa de ser una aspiración difícil de alcanzar no sólo por la falta de recursos y el medio en que se habría que desenvolverse, sino también por la naturaleza misma del encierro carcelario, donde las relaciones son impuestas. Enseñar a alguien en la cárcel a vivir en sociedad es como enseñarlo a nadar segregándolo del agua. Por otra parte, la prisión tiene un altísimo costo. Es una de las respuestas más caras con que cuenta el sistema penal. Sin tomar en consideración la afectación económica que se produce en la persona privada de libertad y su familia, porque no puede trabajar, nos señalaban en el Ministerio de Justicia de Costa Rica que en 1990 el costo mensual de mantenimiento de un reo en prisión ascendía a 312 dólares (USA). Como muy bien se afirma "... ni para adultos ni para menores de edad exacerbar el uso de la prisión parece ser la solución recomendable. En materia de menores UNICEF ha determinado que en América Latina los institutos de internación alcanzan a cubrir solamente el 4.5% del fenómeno de los llamados menores de edad en "situación irregular". De lo que se desprende que, además de sus desventajas y efectos negativos (tales como el de "prisionización" y "rotulamiento" de los niños), los institutos de internamiento no son la solución posible hacia la que los países en vías de desarrollo podrían orientarse." (CARRANZA, Elías; y MAXERA, Rita. El Control social sobre niños, niñas y adolescentes en América Latina, en "La niñez y la adolescencia en conflicto con la ley penal, ed. Hombres de Maíz, San Salvador, 1995, p.78) En resumen, tampoco la prisión ha constituido un medio eficaz para disminuir los índices de criminalidad, ni para resolver los conflictos provocados por los hechos delictivos, aunque constituye la respuesta más buscada por los ciudadanos para esos fines. 4.- LAS RECOMENDACIONES TECNICAS (NACIONES UNIDAS). En contraposición a las respuestas inconstitucionales y las tradicionales existe toda una gama de recomendaciones y directrices giradas por los sectores profesionales vinculados directamente con el tratamiento de los menores en riesgo (psicólogos, educadores, trabajadores sociales, abogados, psiquiatras, sociólogos, criminólogos, religiosos, orientadores, etc.), cuyo propósito ha sido dirimir los conflictos provocados con la delincuencia juvenil, disminuir o atenuar este tipo de problemas y dar tratamiento y orientación a los menores, todo dentro del orden constitucional, los derechos humanos, y con profundo respeto para todos los seres humanos involucrados en el conflicto. Para exponer esas "recomendaciones técnicas" creemos conveniente utilizar principalmente las directrices de Naciones Unidas, recogidas en cuatro textos internacionales de aplicación constante en esta materia: Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad, aprobadas por la Asamblea General de las N.U. mediante resolución 45/112 por recomendación del 8º Congreso de N.U. sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente) Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Proyecto de resolución presentado a la Asamblea General de las N.U. por el 8º Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente) Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la justicia de Menores (Reglas de Beijing, Proyecto de resolución presentado a la Asamblea General por el 7º Congreso de las N.U. sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente) Convención sobre los derechos del niño (Aprobada en el cuadragésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989) Dichos textos constituyen el mejor testimonio y el más adecuado conjunto de ideas que podamos encontrar para resolver este grave problema de la delincuencia juvenil, en especial para dar alguna respuesta serena, profesional y efectiva frente a la cada vez mayor cantidad de voces que solicitan resolver el conflicto recurriendo a una mayor violencia, como de hecho está ocurriendo en nuestros países. La prevención antes que la represión. Esta parece ser la regla básica en materia de menores, a la que debiéramos dedicarle mayores esfuerzos institucionales. La mejor manera de prevenirse contra la delincuencia juvenil es la de impedir que surjan delincuentes juveniles, para lo cual se requieren adecuados programas de asistencia social, económica, educacional y laboral. Mientras respecto de otros sectores de la criminalidad el Estado realiza importantes esfuerzos para prevenirla, en materia de menores observamos una actitud bastante más pasiva. En efecto, vemos que las instituciones públicas y privadas dedican gran parte de su tiempo para prevenir delitos forestales, con adecuados mecanismos y programas de control que alerte sobre la deforestación; apreciamos también preocupaciones respecto a los delitos ecológicos en general, donde se discute de los mejores y más eficaces métodos para producir sin contaminar; observamos que en materia económica la comunidad busca prevenirse de los abusos de poder de las empresas; que existen programas para prevenir accidentes de tránsito y evitar los delitos en la circulación de vehículos, etc. Pero cuando llevamos este discurso al tema de los menores de edad parece que la situación es distinta, porque se piensa más en la represión y en la necesidad de someter a castigo a los potenciales delincuentes. Es obvio que debemos prevenir la delincuencia juvenil, y en esto no creo que haya disidentes. El problema está en ver si estamos dispuestos a intentarlo, y más aún, a transformar ese deseo en una verdadera política de gobierno en todas sus implicaciones, pues requiere de la participación de una gran cantidad de sectores, tanto públicos como privados. La prevención verdadera implica el desarrollo de políticas y programas que permitan una mayor distribución de la riqueza, más adecuados programas de asistencia social, el fortalecimiento de la educación en todos los niveles como una prioridad, oportunidad de trabajo, en fin mejores oportunidades de vida en todos los sentidos y para todos. El tema de la prevención aparece claramente recomendado en las Directrices de Riad (Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil): Artículo 5. Deberá reconocerse la necesidad y la importancia de contar con políticas progresistas de prevención de la delincuencia...Esas políticas y medidas deberán comprender lo siguiente: o Suministro de oportunidades, en particular educativas, para tender las diversas necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar por el desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular de aquellos que están latentemente en peligro o en situación de riesgo social y necesitan un cuidado y una protección especiales. o Doctrinas y criterios especializados para la prevención de la delincuencia, basados en las leyes, los procesos, las instituciones, las instalaciones y una red de servicios, cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de las infracciones o las condiciones que las propicien. o Una intervención oficial cuya principal finalidad sea velar por el interés general del joven y se inspire en la justicia y la equidad..." o Doctrinas y criterios especializados para la prevención de la delincuencia, basados en las leyes, los procesos, las instituciones, las instalaciones y una red de servicios, cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de las infracciones o las condiciones que las propicien. o Una intervención oficial cuya principal finalidad sea velar por el interés general del joven y se inspire en la justicia y la equidad..." "Artículo 9. Deberán formularse en todos los niveles del gobierno planes generales de prevención que comprendan, entre otras cosas, lo siguiente:... o Políticas, estrategias y programas basados en estudios de pronósticos que sean objeto de vigilancia permanente y evaluación cuidadosa en el curso de su aplicación. o Métodos para disminuir eficazmente las oportunidades de cometer actos de delincuencia juvenil. o Participación de la comunidad a través de una amplia serie de servicios y programas. o Estrecha cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales, estatales, provinciales y locales, con la participación del sector privado, de ciudadanos representativos de la comunidad interesada y de organismos laborales, de cuidado del niño, de educación sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios de represión, en la adopción de medidas coordinadas para prevenir la delincuencia juvenil y los delitos de los jóvenes. o Participación de los jóvenes en las políticas y en los procesos de prevención de la delincuencia juvenil, incluida la utilización de los recursos comunitarios, y la aplicación de programas de autoayuda juvenil y de indemnización y asistencia a la víctimas. o Personal especializado en todos los niveles." "Artículo 10. Deberá prestarse especial atención a las políticas de prevención que favorezcan la socialización e integración eficaces de todos los niños y jóvenes, en particular por conducto de la familia, la comunidad, los grupos de jóvenes que se encuentran en condiciones similares, la escuela, la formación profesional y el medio laboral, así como mediante la acción de organizaciones voluntarias. Se deberá respetar debidamente el desarrollo personal de los niños y jóvenes y aceptarlos, en pie de igualdad, como copartícipes en los procesos de socialización e integración." b.-Minimizar el uso del sistema de justicia tradicional: Otra de las importantes recomendaciones deducidas de los principales instrumentos de Naciones Unidas es la necesidad de reducir al máximo la utilización del sistema de justicia tradicional, con el objeto de resolver los conflictos generados con la delincuencia juvenil, de manera que se utilicen principalmente otras vías y medios para lograrlo, antes de que intervenga el Juez. Esta minimización del uso del sistema de justicia ordinaria tiene varias implicaciones y puede obtenerse utilizando diferentes mecanismos y alternativas. b1.-Minimizar la intervención estatal En primer término implica la necesidad de reducir la intervención de todos los subsectores del sistema represivo del Estado, tales como la policía, el Ministerio Público, los Jueces y el sistema penitenciario, así como de otros sectores del Estado, dándole mayor intervención a otros grupos de la vida social en la solución del conflicto y en la búsqueda de alternativas viables, como la familia, la escuela, la comunidad, las asociaciones, etc. En parte lo señalan claramente las Reglas de Beijing (Reglas Mínimas de N.U. para la administración de justicia de menores) al disponer: "Artículo 1.3: ...al menor que tenga problemas con la ley, se concederá la debida importancia a la adopción de medidas concretas que permitan movilizar plenamente todos los recursos disponibles, con inclusión de la familia, los voluntarios y otros grupos de carácter comunitario, así como las escuelas y otras instituciones de la comunidad." "Artículo 11.1: "Se examinará la posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de los menores delincuentes sin recurrir a las autoridades competentes, mencionadas en la regla 14.1 infra, para que los juzguen oficialmente" También los arts. 11.2 y 11.3 de ese mismo texto facultan a la propia policía, al Ministerio Público y a otros organismos que se dediquen a estos problemas, e incluso a la propia comunidad para que "fallen dichos casos discrecionalmente" En el mismo sentido podemos citar las Directrices de Riad (Directrices de N.U. para la prevención de la Delincuencia Juvenil) al disponer: "Artículo 2. Para tener éxito, la prevención de la delincuencia juvenil requiere, por parte de toda la sociedad, esfuerzos que tiendan a garantizar un desarrollo armonioso de los adolescentes, que respete y promueva su personalidad a partir de la primera infancia." En el marco de estas ideas también se plantea la necesidad de reducir el campo de acción del sistema de administración de justicia penal (despenalización) y a su vez señalar en forma clara su campo de competencia (racionalización). También en materia de menores es posible plantear el problema de la "despenalización" entendida como una reducción del campo de intervención del Estado en los conflictos penales. Su propósito consiste en reservar al sistema de administración de justicia los casos realmente relevantes, dejándole a los demás (escuela, hogar, comunidad, lugar de trabajo, etc.) la tarea de resolver los conflictos menores y de orientar al menor. Desde ese punto de vista "despenalización" consistirá en materia de menores en una adecuada racionalización del uso del sistema oficial. b2.-Minimizar y hasta eliminar el uso de la prisión preventiva y el encarcelamiento Todos los textos de Naciones Unidas que citamos supra recomiendan la necesidad de usar el encarcelamiento como una regla excepcionalísima tratándose de menores de edad. Las razones son obvias y se desprenden de las consideraciones que hemos hecho antes sobre el encarcelamiento. Las Reglas de N.U. para la protección de los menores privados de libertad señalan: "Artículo 17... En la medida de lo posible deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales, la detención antes de la celebración del juicio. En consecuencia, deberá hacerse todo lo posible para aplicar medidas sustitutorias..." Las Reglas mínimas de N.U. para la administración de justicia de Menores (Reglas de Beijing) disponen: "Artículo 13.1: Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso durante el plazo más breve posible" "Artículo 13.2: Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o institución educativa" "Artículo 17.1.b: Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible." "Artículo 17.1.c: Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona..." En similar sentido, las Reglas de N.U. para la protección de los menores privados de libertad señalan: "Artículo 1: El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental. El encarcelamiento debería usarse como último recurso." Y también la Convención de los Derechos del Niño estatuye: "Artículo 37.b) Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda." c.- Flexibilizar y diversificar la reacción penal: El sistema penal de adultos instauró la rigidez como sinónimo de garantía, para prevenirse de la arbitrariedad. De acuerdo con el principio de legalidad no es posible imponer una sanción penal si ésta no se encuentra prevista con anterioridad en la ley para el tipo de delito realizado. En consecuencia, para cada hecho ya está predeterminada la reacción penal correspondiente, y el juez sólo puede hacer algunos ajustes para el caso concreto, sobre todo determinar el tiempo en que se aplicará la medida entre los límites ya establecidos por el legislador. El sistema de justicia de menores debe prevenirse también de la arbitrariedad, y es necesario sobre todo exigir el cumplimiento del principio de proporcionalidad, de manera que la "medida tutelar" que se llegue a adoptar en el caso concreto guarde relación con el disvalor de la conducta delictiva atribuida al menor, para que constituya un límite a la intervención del Estado. Sin embargo, no obstante lo anterior, dos de las características básicas de la justicia de menores es que exista una amplia gama de respuestas posibles frente al caso concreto, con el fin de escoger la más adecuada a las necesidades del menor; y por otro, que esa medida sea flexible, se pueda ajustar y acondicionar periódicamente a las circunstancias del menor, según las condiciones, el avance y el progreso en el tratamiento o en la ejecución de la medida. Se trata de cumplir con el principio de "personalización de la medida tutelar", según el cual la reacción debe ser proporcional a la gravedad del caso (límite), pero al mismo tiempo adaptarse a las condiciones y necesidades del menor. Al mismo tiempo se requiere de la adopción de medidas alternativas de solución de conflictos, así como medidas sustitutivas a las respuestas tradicionales, con el fin de permitirle a los funcionarios estatales la posibilidad de escoger, entre una gruesa gama de opciones, la medida que mejor se adapte a las condiciones objetivas y subjetivas del caso. Estas ideas surgen de las Reglas Mínimas de N.U. para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), al disponer: "Artículo 6.1: Habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los menores, así como de la diversidad de medidas disponibles, se facultará un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en los distintos niveles de la administración de justicia de menores, incluidos los de investigación, procesamiento, sentencia y de las medidas complementarias de las decisiones" "Artículo 18.1: Para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posible confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones. Entre tales decisiones, algunas de las cuales se pueden aplicar simultáneamente, figuran las siguientes: a) Ordenes en materia de atención, orientación y supervisión; b) Libertad vigilada; c) Ordenes de prestación de servicios a la comunidad; d) Sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones; e) Ordenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento; f) Ordenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en actividades análogas; g) Ordenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros establecimientos educativos; h) Otras órdenes pertinentes." d.- Aplicar a los menores infractores todos los derechos previstos para los adultos: Exigir que a los menores se les reconozcan -al menos- los derechos y las garantías previstas para los adultos, parece ser una verdad que no requiere de justificación. Sin embargo es la práctica la que se encarga de establecer esa necesidad, pues se discute y se avanza mucho sobre los derechos de los acusados adultos, pero se niegan cuando se relacionan con menores, con base en supuestas exigencias de rehabilitación. Como muy bien se afirma, " 1) Tanto la tutela como el castigo reclaman un sistema de garantías;.. 2) Como las garantías no son unitarias ni se procede por simple acumulación, sino que se estructuran desde la finalidad de protección y según el tipo de respuesta estatal, existirá una estructuración diferente, ya no sólo si se trata de tutela o castigo, sino por cada tipo de tutela y por cada tipo de castigo." (Binder, Alberto. Menor infractor y proceso... ¿penal?: un modelo para armar. En "La niñez y la adolescencia en conflicto con la ley penal", ed. Hombres de Maíz, San Salvador, 1995, p. 95). Sobre esos extremos Las reglas mínimas de N.U. para la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing), disponen: "Artículo 7.1: Se respetarán las garantías procesales básicas en todas las etapas del proceso, como la presunción de inocencia, el derecho a que se le notifiquen las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior" "Artículo 27.1: En principio, las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos y las recomendaciones conexas serán aplicables en la medida pertinente al tratamiento de los menores delincuentes en establecimientos penitenciarios, inclusive los que estén en prisión preventiva." En igual sentido pueden consultarse los artículos 12, 13, 14 y 18 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. En general, sobre los derechos de los niños y adolescentes véanse los artículos que forman la Primera Parte de la Convención sobre los derechos del niño (arts 1 a 41), y sobre sus derechos procesales, entre otros, véanse los siguientes: "Artículo 37: d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción " "Artículo 40: 2. b) Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes tenga, por lo menos, las siguientes garantías: 1. A que se le presuma inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 2. A ser informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente por intermedio de sus padres o su representante legal, de los cargos que pesan contra él..." 3. A que la causa sea dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente,...." 4. A no ser obligado a prestar testimonio o a declararse culpable,..." e.-Profesionalizar y especializar a la policía de menores: Los sectores que buscan mayor eficiencia en los órganos encargados de la represión penal debieran centrar más sus expectativas en la profesionalización y la especialización de los policías encargados de la delincuencia juvenil, al menos con mayor intensidad que aquella con la cual propugnan medidas más represivas y severas. En efecto, la eficiencia del sector policía no se logra con mayor drasticidad y violencia, como algunos pretenden, sino en la posibilidad de mejorar su situación en todos los niveles. Debe mejorarse el aspecto técnico, para lograr una mayor efectividad y eficacia, en la medida en que actúen profesionalmente, en cumplimiento del orden legal y constitucional. Debe complementarse su preparación con conocimientos de cívica, e informarlos mejor sobre los derechos de los ciudadanos. La situación económica del policía debe mejorarse, pagando salarios adecuados, con el fin de atraer personal mejor preparado y para darle mayor estabilidad económica a la familia del policía. Debe crearse la carrera policial, con cierto grado de permanencia, para evitar las destituciones masivas y las contrataciones masivas generadas con cada renovación de los órganos políticos del Estado, así como también para mejorar la selección y el ingreso a la institución. Deben crearse mecanismos permanentes de control y disciplina, para evitar los abusos, o al menos ponerlos al descubierto y aplicar los correctivos. Señalábamos que el abuso del poder policial es un problema muy grave, pero más grave es aún el sistema que no reacciona frente a la existencia de los abusos, que los disimula, los oculta, los protege o los ignora. Ningún sistema se encuentra vacunado contra los abusos, pero éstos deben ser puestos en evidencia, señalados al público, así como también debe perseguirse a sus autores. En materia de menores -como en ningún otro caso- se requiere de la especialización. Agentes con capacidad y conocimiento para tratar a los niños y niñas en riesgo social, a los infractores, a aquellos jóvenes agresivos de las calles, con el fin de buscar adecuadas medidas para no aumentar el conflicto ya provocado por la sola existencia de los menores. Esa especialización la refiere directamente Las reglas mínimas de N.U. para la administración de justicia de menores(Reglas de Beijing): "Artículo 12.1: Para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía que traten a menudo o de manera exclusiva con menores o que se dediquen fundamentalmente a la prevención de la delincuencia de menores, recibirán instrucción y capacitación especial. En las grandes ciudades habrá contingentes especiales de policía con esa finalidad." Estas y muchas otras medidas se encuentran recomendadas en los textos que venimos citando, en relación con la delincuencia juvenil, las cuales sugieren respuestas más adecuadas, profesionales y con alguna posibilidad de éxito. Para no equivocarnos, sobre todo adoptando medidas dirigidas exclusivamente a la represión desproporcionada, debemos mirar las experiencias pasadas y presentes de nuestros vecinos, y también es necesario contar con mejor y mayor información sobre los problemas que se han enfrentado. 5.- A MODO DE CONCLUSION: transformar el proceso judicial en un instrumento mas eficiente para redefinir el conflicto.- En consonancia con lo expuesto con anterioridad, es indispensable que el proceso judicial relativo a los menores de edad constituya una verdadera alternativa de solución. Que no sea parte de un problema, sino de una solución, y que el objetivo esté centrado en buscar una alternativa viable y aceptable para las partes en conflicto, más que en buscar la represión y el castigo. El proceso de menores tiene que comenzar por sincerarse. En muchas ocasiones el lenguaje encubre y oculta la realidad: llamamos a los menores infractores "niños o adolescentes en riesgo social", pero no imputados de delito, ni acusados; a quienes les aplicamos "medidas" pero no penas privativas de libertad; que todo su abordaje se realiza para "protegerlos" y "tutelarlos", pero no para castigarlos; y que su minoridad justifica adoptar respuestas excepcionales, sin proporcionarlas al hecho del cual se le acusa, sino a su "situación social". Estos sistemas procesales toman al menor como un objeto de protección, y no como un verdadero sujeto de derechos, al extremo de que con ese lenguaje se han ocultado serias violaciones a los derechos que debe tener cualquier ser humano por el solo hecho de serlo. El proceso debe desterrar ese lenguaje, pues ha servido para no reconocer que los menores tienen al menos los mismos derechos de los adultos cuando son acusados de delito; lo cual ha llevado a que las "medidas tutelares" sean peores que las penas privativas de libertad, porque frente a ellas no se tienen las garantías previstas para los adultos, en especial la proporcionalidad frente al hecho, tipicidad, culpabilidad, apelación, fundamentación, transparencia, etc. En este esquema se suele confundir flexibilidad con arbitrariedad. Ninguna utilidad práctica tiene la represión. Con ella todos pierden: la víctima, porque no se recupera de los derechos lesionados; el infractor, porque ningún beneficio le aporta, ni implica una razón para cambiar su comportamiento o actitud; la sociedad, porque se genera un nuevo conflicto, algunas veces más violento que la propia infracción. Nos queda una posibilidad: atenuar, disminuir o canalizar un conflicto por otro de menor violencia, y a lo mejor intentar alguna solución de reorientación, que permita reafirmar en el menor una actitud de mantener un comportamiento menos agresivo, sin lesionar los derechos de los demás, de mayor provecho para él y mayor tolerancia para con los otros. En alguna medida estas ideas se desprenden de Las reglas mínimas de N.U. para la administración de la justicia de menores (REGLAS DE BEIJING), al disponer: "Artículo 1.4: La justicia de menores se ha de concebir como un aparte integrante del proceso de desarrollo nacional de cada país y deberá administrarse en el marco general de justicia social para todos los menores, de manera que contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden pacífico de la sociedad." Como bien lo ha señalado el profesor Binder, debemos preguntarnos si "¿tendrá el proceso de menores capacidad para dar respuesta a estos movimientos de política criminal? Todavía no podemos saberlo. En primer lugar, debe quedar claro que no podrá hacerlo si el proceso se estructura sobre una base rígida y secuencial. La "flexibilidad" aparece como una condición de adaptabilidad..... En segundo lugar, la idea "participativa" aparece como una condición de certeza en las decisiones. Esta idea de participación se expresa en la necesidad de recuperar a los sujetos procesales reales (menor infractor y víctima) y facilitar la comunicación procesal... En tercer lugar, el proceso debe clarificar, no oscurecer: lo que sea castigo que se manifieste como castigo; lo que sea tutela que se manifieste como tal... En cuarto lugar, el proceso debe facilitar la estructuración de las garantías... En quinto lugar el proceso debe fortalecer la reducción del castigo." (Binder, Alberto. Op. ult. cit., pp. 96-97). El Sistema Penal, y en general la justicia ordinaria, se ha quedado al margen para resolver los grandes problemas sociales que demandan los ciudadanos y los actuales cambios estructurales. En América Latina asistimos a una total perdida de confianza de la justicia penal y de la justicia en general. Es nuestra obligación al menos intentar restablecer ese costoso mecanismo que constituye el proceso para resolver nuestros conflictos de una manera civilizada, pacífica, sin generar mayor violencia. Sólo así podremos recuperar un poco esa confianza perdida. 6.- UN COMENTARIO FINAL: La Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica, un ejemplo técnico y conservador. Muy recientemente Costa Rica aprueba una nueva legislación penal dirigida a los menores de dieciocho años de edad (Ley de Justicia Penal Juvenil N° 7576 publicada en La Gaceta N° 82 del 30 de abril de 1996). En principio podemos afirmar que el texto recoge los principales postulados técnicos al establecer, finalmente, una serie de reglas y garantías según las cuales rigen también para los menores de edad (de doce a dieciocho años)todas las garantías previstas para el juzgamiento de los adultos, y además las que les correspondan por su condición especial de menores. La nueva legislación señala en forma expresa que el juzgamiento de los menores de edad se rige, entonces, por una serie de principios rectores tales como el derecho a la igualdad y a no ser discriminados, el principio de justicia especializada, el principio de legalidad, el principio de lesividad, la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, derecho a no declarar, el principio del non bis in idem, aplicación retroactiva de la ley más favorable, derecho a la privacidad, principio de confidencialidad, principio de inviolabilidad de la defensa, derecho de defensa, principio de racionalidad y proporcionalidad, etc. Estas garantías y principios son desarrollados en todo el articulado de la ley, de manera que se destierran viejas prácticas como la que permitió durante mucho tiempo la aplicación de "medidas cautelares" frente a menores de edad que no habían delinquido, por el solo hecho de encontrarse en "riesgo social". Ahora, de acuerdo con los nuevos postulados, ninguna intervención podrá tener la justicia juvenil si no se acredita que el menor ha realizado una conducta que daña o pone en peligro un bien jurídico tutelado penalmente. Esa ley también obligó a crear fiscales del Ministerio Público especializados y dedicados exclusivamente al ejercicio de la acción en la justicia penal juvenil, así como también debieron crearse cuerpos de defensores públicos para que atendieran a los menores acusados, que se adscribirán a los tribunales especializados en menores de edad.- En consecuencia, al separar muy bien la función jurisdiccional de aquella que corresponde al Ministerio Público también se consolida un proceso marcadamente acusatorio, con jueces dedicados en forma exclusiva a la garantizar el respeto de los derechos fundamentales en la justicia de menores.- Podríamos continuar señalando las bondades técnicas de la nueva legislación, porque en verdad las tiene tanto procesales como sustantivas (véase en tal sentido TIFFER SOTOMAYOR, Carlos. Ley de Justicia Penal Juvenil comentada y concordada. Ilanud, Unión Europea, editorial Juritexto, San José, 1996); sin embargo debemos mencionar lamentablemente que una vez que el proyecto había sido discutido y presentado al parlamento, los diputados optaron por aumentar las penas previstas para los menores, de tal manera que éstas ascienden hasta diez años de prisión para las personas de doce a quince años de edad; y hasta quince años de prisión para los sujetos de quince a dieciocho años de edad, evidenciándose así un carácter esencialmente represivo en comparación con las legislaciones latinoamericanas y europeas. Esas penas desproporcionadas se decretaron principalmente atendiéndose la opinión de los ciudadanos y de los medios de comunicación, que claman por la adopción de las medidas que hemos denominado tradicionales y conservadoras, en la creencia de que el aumento y el endurecimiento de las penas tiene un efecto disuasivo muy eficaz para frenar la ola de criminalidad juvenil, sobre todo los asaltos callejeros y la creación de bandas o pandillas juveniles organizadas para cometer delitos. Desde luego que tanto los sectores técnicos y en especial la Corte Suprema de Justicia, se habían pronunciado porque las penas previstas en la legislación para los menores de edad no sobrepasaran en ningún caso los diez años de prisión.- La recomendación y las consultas no fueron atendidas.- De nuevo un ejemplo más de una respuesta técnica acompañada de criterios tradicionales y conservadores, lo que lamentablemente no constituye un adecuado mecanismo para resolver el problema de la criminalidad juvenil.- NOTAS 1 Conferencia pronunciada en el "Taller para Directores e Instructores de las Academias Policiales de Centroamérica", I.I.D.H. Academia de Policía de Panamá.- Publicada en "Nueva Doctrina Penal", Buenos Aires, tomo B, segundo semestre de 1996.- Tiempos de Ira Juvenil. "Se expresan a través de la violencia". Funcionarios de minoridad opinan sobre violencia juvenil y abuso sexual en niños. Según Marta Pascual, titular del Consejo Provincial del Menor, los jóvenes se expresan a través de la violencia "Hoy" consultó a funcionarios del área de minoridad con relación a dos temáticas preocupantes: la violencia en los ámbitos juveniles y el aumento de los casos de maltrato y abuso sexual de niños. Según Marta Pascual, titular del Consejo Provincial del Menor, los adolescentes se expresan a través de la violencia. "La violencia no es patrimonio de las clases sociales bajas. Hoy, los adolescentes tienen cortado el diálogo y la posibilidad de expresarse con los adultos, y lo hacen a través de la violencia" indicó. La funcionaria recordó hechos como la muerte de una joven en una fiesta de egresados en Mar del Plata, la puñalada propinada por una estudiante secundaria a un compañero en una choriceada, o la pelea del fin de semana en una disco del Camino Centenario, de nuestra ciudad. Rol trascendente. En ese sentido, sostuvo que "los chicos vienen con mucha violencia contra sí mismos y contra los demás. La escalada de violencia juvenil tiene que ver con que las familias, la escuela y las instituciones barriales, que fueron las transmisoras de valores, hoy están ausentes, no cumplen ese rol trascendente". Las causas de la violencia de los jóvenes, para Pascual, se relaciona con un modelo de vida, de sociedad y con una forma de expresarse, que no pasa por palabras, gestos o comunicación interpersonal. "Las instituciones que antes contenían a los jóvenes han desaparecido y la única contención la dan los grupos de pertenencia, como las barras de la esquina. Además, los chicos tienen otra escala de valores respecto de la vida: no quieren ni les importa su vida y tampoco les importa la de los demás", opinó. El Estado. Ante el aumento de los casos de violencia en los que participan jóvenes y adolescentes, "el Estado puede cooperar con las instituciones comunitarias. Este es un trabajo muy fuerte" indicó Marta Pascual, titular del Consejo Provincial del Menor. "No es cuestión de represión o poner más policías, sino que todo pasa por la prevención y por otorgar espacios a los jóvenes donde puedan canalizar en forma positiva sus valores, sus habilidades y condiciones naturales" concluyó. Los niños, víctimas sexuales. La Argentina no permanece ajena al incremento de los casos de maltrato y abuso sexual en que los protagonistas son niños. Lejos de eso, el país ingresó al mercado de la pornografía infantil. Además, según Atilio Alvarez, titular del Consejo Nacional del Menor y la Familia, disminuyeron las edades en la prostitución infantil -a 12/14 años- y se registra un aumento del abuso sexual intrafamiliar. En diálogo con este medio, Alvarez aseguró que "en la base de la pirámide del problema, se encuentra el abuso sexual intrafamiliar". La cuestión principal, en abuso intrafamiliar, es la falta de denuncias. "Son muy pocas. No se sabe qué porcentaje representan de la totalidad del cuadro general. Hasta que no se logre en la comunidad una confianza en que hay que denunciar, el abusador queda impune" refirió el funcionario. "Para evitar la impunidad, es necesario tomar medidas como modificaciones legales y en el trato a la víctima" dijo Alvarez. La víctima de abuso sexual "no debe ser investigada porque eso desalienta la denuncia". En otro orden, la práctica del turismo sexual internacional, que se vale de niñas y niños, también registró un fuerte incremento. Si bien la Argentina no está señalada como una plaza importante, "hay que cuidarse de esto" destacó el titular del Consejo Nacional del Menor y la Familia.