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María Vacas Sentís Rebelión Estamos en guerra. En tertulias y titulares nos avivan nuestro fervor patriótico. España se moviliza frente a un ataque enemigo. Pero no, no se equivoquen. El Gobierno no está en guerra contra los mercados financieros que nos sangran con la complicidad delictiva de gobiernos e instituciones europeas; ni tampoco estamos en guerra contra Alemania, que nos aplasta sin necesidad de calzarse las botas hitlerianas. El problema, al parecer, es otro; y debe ser más atentatorio hacia España que todo lo anterior. Leo que “España ha activado a la UE y a Estados Unidos (cual si se tratara de un operativo militar) para defenderse -¡defenderse!- de Argentina”. El Gobierno de España está en guerra para evitar que Repsol-YPF sea renacionalizada. El ministro Soria, nuestra estrella mediática canaria, clama venganza en caso de concretarse la pérfida agresión a los intereses españoles, entre machaconas invocaciones a la seguridad jurídica y a las reglas del juego. ¡Ay, si Soria se movilizara con el mismo ahínco para defender los intereses ciudadanos (que casi nunca coinciden con los empresariales), cuando estas sanguijuelas nos suben cada tres meses la luz; o cuando Repsol intenta bañarnos de negro a los canarios! Decididamente el muchacho se está ganando a pulso su sillón dorado en algún consejo de administración. El Gobierno argentino sí que comprende las reglas del juego. Tiene presentes los resultados del corsé neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional, y el Consenso de Washington, durante los años noventa, con sus privatizaciones, su desregulación laboral y sus recortes públicos, políticas que llevaron a la asfixia económica del país, a la suspensión de pagos, y a su tristemente célebre corralito. Hoy su economía, con recetas bien distintas, crece al 9%. La guerra no debería ser nunca contra Argentina, sino contra aquellos que lo quieren todo; los mismos que ahora especulan y se ensañan con Europa hasta dejarla sin sangre, al borde del colapso. O ellos o nosotros. Su desbordante avaricia apenas deja dos caminos. O los gobiernos continúan al servicio de trasnacionales cada vez más poderosas, y les permiten que sigan enriqueciéndose a nuestra costa mientras alzan tarifas, no reinvierten sus beneficios y empeoran servicios; en el último ejercicio el 90% de los beneficios de Repsol-YPF en Argentina se repartieron como dividendos; y hace poco varias provincias argentinas les revocaron sus licencias de explotación, conminándolas a aumentar sus inversiones. O, lo que es mucho más sensato: los gobiernos empiezan a recuperar bajo control público, como persigue Argentina, sectores estratégicos, como la energía, el agua o las comunicaciones, que nunca debieron malvender. No se engañen. La confrontación que se dirime a nivel global no es entre España y Argentina, sino entre los gobiernos que se venden a los intereses económicos de los poderosos, con sus recortes públicos extenuantes y su querencia insana por hacernos regresar a un pasado esclavista, bajo la estúpida excusa de cuadrar unas cuentas; y esos otros gobiernos que, conscientes de la insaciabilidad de los mercados, y de que las trasnacionales no quieren socios sino vasallos, defienden su soberanía, su dignidad y su futuro. Por todo eso y más: ¡Viva Argentina! [email protected]

“Nuestras empresas” y la “seguridad jurídica” Pedro Ramiro Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) "Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental [...] Esto es una política de Estado, que debe unirnos a todos los argentinos [...] YPF es de todos". Cristina Fernández, presidenta de Argentina, 16/04/12. Después de varios días de numerosos rumores sobre la posibilidad de que el gobierno de Argentina anunciara la nacionalización de YPF, finalmente se concretó la noticia: la presidenta Cristina Fernández comunicaba ayer la expropiación del 51% de las acciones de la filial argentina de la petrolera Repsol. Como este asunto va a marcar la agenda política y económica de las próximas semanas, vamos a tener tiempo de ir analizando las muchas y muy importantes decisiones que, tanto la empresa como los gobiernos español y argentino, irán tomando en estos días. Por lo pronto, ante la sucesión de declaraciones y reacciones que se han venido produciendo últimamente en España en torno al “caso Repsol”, pensamos que vale la pena detenernos en cinco cuestiones clave. Veamos. I. “Nuestras empresas” «El gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas, dentro y fuera. Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el gobierno de España». José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, 12/04/12. ¿Son Repsol y otras corporaciones transnacionales como Telefónica, BBVA o Iberdrola “nuestras empresas”? En la última década, hemos visto cómo en muchas ocasiones los principales medios de comunicación y los gobernantes españoles se referían así a las grandes corporaciones cuya sede central se encuentra en el Estado español: «Nuestras empresas están en América Latina para quedarse, se trata de una apuesta de Estado que no tiene marcha atrás», decían desde el gobierno de Zapatero hace tres años. Y es que, según el discurso oficial, la internacionalización de “nuestras multinacionales” es una de las principales fuentes de riqueza para este país. En base a ese argumento, habría que defenderlas por encima de todo y dar por sentada la máxima de que «lo que es bueno para ‘nuestras empresas’ es bueno para la población española». Pero estas empresas, que sí puede decirse que fueron “nuestras” hasta finales de los años noventa -no olvidemos que compañías como Repsol, Telefónica, Endesa y Gas Natural fueron de titularidad pública hasta hace apenas una década y media-, hoy sólo pertenecen a sus accionistas. Y, en realidad, ellos son los únicos beneficiarios, junto con los directivos y ejecutivos de estas compañías y todos esos políticos y empresarios que se han hecho de oro atravesando las “puertas giratorias” que conectan el sector público y el mundo empresarial, con la expansión global de los negocios de estas compañías. Por citar sólo un dato: Antonio Brufau, presidente de Repsol, recibió una retribución por el desempeño de su cargo de 7,08 millones de euros en 2011. II. “Intereses españoles” «Una decisión de este tipo sería muy negativa para los intereses españoles y la obligación del gobierno es defender con todos los instrumentos a su alcance los intereses españoles». Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y portavoz del gobierno, 13/04/12. A pesar de que, si nos fijásemos en el accionariado de todas estas corporaciones transnacionales, no sería correcto técnicamente hablar de “empresas españolas”, ya que puede comprobarse que buena parte de su capital social pertenece a inversores extranjeros -en el caso de Repsol, por ejemplo, más de la mitad de sus acciones está en manos de personas y entidades radicadas fuera de España-, pensamos que sigue siendo útil caracterizarlas como “multinacionales españolas”. ¿Por qué? Pues porque sus principales dirigentes y beneficiarios se encuentran en este país, que es el lugar adonde se repatrían la mayoría de los beneficios obtenidos gracias a las operaciones en otros territorios. Y porque cuando tienen “problemas”, quien sale a defenderlas «con todos los instrumentos a su alcance» es el gobierno español. Ahora bien, una cosa es hablar de “empresas españolas” y otra, muy distinta, referirse a los “intereses españoles” para justificar la intervención gubernamental en favor de los intereses privados de una compañía transnacional. «Es una decisión contra España y los españoles», afirmaba ayer el ministro Soria confundiendo unos intereses meramente empresariales con el interés general de la población. Y es que para la patronal la consigna está muy clara: hay que ampliar la cartera de negocios de las compañías multinacionales para así poder seguir aumentando los beneficios año tras año. Y el gobierno, aplicando los principios de la doctrina neoliberal, defiende que con todo ello crecerá el PIB y mejorarán los indicadores socioeconómicos. Si hay que mirar para otro lado con los hechos que vayan desmintiendo este silogismo -por ejemplo, con el caso de Telefónica, que, a pesar de haber obtenido unas ganancias que suponen el récord en la historia de las empresas españolas, anunció en 2011 que va a despedir a uno de cada cinco de sus trabajadores en España-, pues se hace y listo. Así, se “globaliza” el beneficio empresarial, pero se “localizan” las políticas laborales en derechos, salarios y empleos. Dicho de otro modo: estas empresas se internacionalizan y obtienen la mayor parte de sus beneficios en el exterior, especialmente en América Latina, sin que ello contribuya en absoluto a la “recuperación” de la economía española. III. “Política de Estado” «Sabe que puede contar con nosotros [el gobierno español] y confiamos en que finalmente esto se pueda arreglar y dar marcha atrás a una decisión muy perjudicial». Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, 13/04/12. Estamos acostumbrados a que los dos grandes partidos mayoritarios alcancen un consenso en todo lo que tiene que ver con potenciar la “marca España”. Y es que tanto el actual gobierno español como el anterior siempre han concebido el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas como una “política de Estado”. En eso no hay ni ha habido diferencias: la “diplomacia corporativa” y la “cooperación empresarial” se han convertido en la bandera de la acción exterior de los sucesivos gobiernos españoles. Esta simbiosis entre la política y el mundo empresarial se nos ha hecho tan cotidiana que nos resulta familiar, incluso, que el presidente del gobierno, sea del partido que sea, realice muchos viajes al exterior acompañado por los máximos mandatarios de las transnacionales españolas. Se constata así lo que parece obvio: que la finalidad no es defender un mundo más justo, equitativo y en paz, sino “hacer negocios”. Recordemos, por ejemplo, los viajes que el año pasado hizo el presidente Zapatero a Qatar, Emiratos Árabes y China, o cómo José Bono, encabezando la delegación parlamentaria que en 2011 viajó a Guinea Ecuatorial, le dijo a Obiang que «es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa». En ese mismo sentido, Mariano Rajoy acaba de dar inicio a una gira por México y Colombia con idéntico objetivo: «Allí donde haya una empresa española, allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses», decía ayer el presidente en un acto organizado por el Instituto de Empresa Familiar. IV. “Seguridad jurídica” «El Gobierno de Buenos Aires está dispuesto a pasar por encima de contratos, concesiones y cualquier idea de seguridad jurídica que pueda atraer en el futuro a la inversión extranjera». “Por el mal camino”, editorial del diario El País , 3/04/12. Hace dos años, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado aprobó -con el voto favorable de todos los grupos excepto el de la Entesa Catalana de Progrés- el informe final de la ponencia sobre el papel de las empresas españolas en América Latina. En él se recogía una clasificación de los países de la región en base al “grado de seguridad jurídica”: los más seguros, México, Perú y Colombia; los más inseguros, Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Al mismo tiempo, el informe también agrupaba a los países según el grado de oportunidades de negocio y las facilidades a la inversión extranjera directa que ofrecían, dando como resultado una curiosa coincidencia: los países con mayor “seguridad jurídica” eran los que, precisamente, brindaban las mejores perspectivas para las actividades de las grandes empresas. Colombia, el país del mundo más peligroso para el ejercicio del sindicalismo, y México, donde han sido asesinados varios dirigentes sociales en los últimos años, aparecían así como ejemplos en materia de “seguridad jurídica”. Pero ese razonamiento sólo puede hacerse si se anteponen los intereses comerciales al cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Y es que esta utilización del concepto de “seguridad jurídica” únicamente se concibe en el marco de la nueva lex mercatoria -concretada en una serie de normas y acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde instancias como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el FMI-, con lo que su único fundamento es la protección de los contratos y la defensa de los intereses comerciales de las compañías multinacionales. Sin embargo, no por reiterada resulta menos cuestionable esta interpretación de lo que debe significar la “seguridad jurídica”; se trata de un principio internacional no vinculado únicamente a valoraciones económicas: la verdadera “seguridad jurídica” es la que sitúa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por encima del Derecho Corporativo Global. Es decir, a los intereses de las mayorías sociales frente a los de las minorías que controlan el poder económico. La medida que ha tomado el gobierno argentino sirve para ilustrar que el Estado se encuentra facultado para modificar las leyes y contratos con las empresas transnacionales si éstos establecen un trato que vulnera la soberanía nacional y los derechos fundamentales de la mayoría de la población, ya que las normas imperativas sobre derechos humanos y ambientales prevalecen sobre las normas comerciales y de inversiones. V. “Desarrollo” «YPF es una empresa muy importante en Argentina que ha contribuido muchísimo al desarrollo del país y que contribuye al fisco y que hasta hace muy poco ha sido una empresa casi modelo en Argentina». Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, 13/04/12. En América Latina, las poblaciones afectadas y numerosas organizaciones sociales responsabilizan a las compañías multinacionales del saqueo de los recursos naturales, la privatización de los servicios públicos, la desregulación del mercado laboral, el desplazamiento de comunidades indígenas y el deterioro de los ecosistemas de la región. En ese sentido, en los últimos años se han venido denunciando múltiples casos de violaciones de los derechos humanos e impactos sobre los pueblos indígenas, las condiciones laborales y el medio ambiente por parte de las corporaciones multinacionales en diferentes países latinoamericanos. En el caso de las transnacionales españolas, las operaciones de empresas como Repsol, Endesa, Unión Fenosa, BBVA y Santander, entre otras, han sido objeto de múltiples estudios e investigaciones que permiten concluir, como decía la sentencia de la última sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en Madrid en mayo de 2010, que estos casos no son sino «la expresión (a través de un espectro muy amplio de violaciones, de responsabilidades, de imputabilidades) de una situación caracterizada por la sistematicidad de las prácticas que prueban el papel tanto de las transnacionales europeas como de la Unión Europea y de los Estados de América Latina». Por su parte, Repsol ha sido acusada de operar en 17 resguardos indígenas en Bolivia, contaminar el territorio mapuche en Argentina y el Parque Nacional Yasuni en Ecuador, violar los derechos humanos en Colombia y, en el caso de Argentina, la compañía ha causado importantes y persistentes impactos sobre el ambiente, la vida y la cultura de sus habitantes, en especial de las comunidades indígenas en cuyos territorios opera. Además, con el apoyo de los organismos internacionales, Repsol obtuvo una posición de absoluto control de la energía que ha aprovechado para implementar una infraestructura que ha favorecido el uso irracional de los recursos; la empresa elevó las tarifas del mercado argentino a los precios internacionales, olvidando sus costos y dejando a grandes sectores de la población sin posibilidad de acceder a la energía. ¿Puede hablarse así de “desarrollo”? Fuente original: http://www.omal.info/

Cinco postales de Repsol-YPF en Argentina Marc Gavaldà Rebelion La reciente expropiación del 51% de las acciones de YPF por parte del Gobierno argentino, que tanto ha irritado al clientelismo político español, tiene dilatados antecedentes de injustícia social e impunidad ambiental practicada por Repsol durante más de una década. Recopilamos algunos fragmentos de un recorrido por los campos petroleros de Repsol en Argentina que ya daban motivos para la mentada expropiación. 1. Lo que el viento se llevó YPF tenía más de 55 mil trabajadores, de los que solo quedaron unos 6 mil después de la privatización. Ciudades petroleras como General Mosconi, Tartagal, Luján de Cuyo, Berisso, Ensenada, Cutral Có, Plaza Huincul, Berisso, Caleta Olivia fueron afectados por la caída de empleos y la red social que sostenía la YPF estatal. Felix Herrero, Vicepresidente del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO) resume las pérdidas de la privatización: “Perdimos la configuración empresaria de YPF, la renta petrolera que hoy se va hacia el extranjero, mientras las empresas están autoriazadas a girar el 70 por ciento de las divisas obtenidas sin pasar por el Banco Central. Hemos perdido también por completo los recursos naturales, porque cuando se otorgan concesiones de transporte eléctrico por 95 años, o pozos petroleros por 35 años, se entregan los recursos hasta su agotamiento”. Durante los noventa, las compañías energéticas aumentaron tarifas incumpliendo las leyes, internalizando una renta extraordinaria que en ningún momento se invirtió para ampliar las redes troncales de gasoductos y de alta tensión de energía eléctrica. Tampoco se invirtió en buscar nuevos yacimientos de petróleo y gas natural a fin de extender el horizonte de vida de las reservas. Con las privatizaciones se beneficiaron de la tecnología, infraestructura y nivel de reservas hidrocarburíferas que el Estado les había entregado, y no invirtieron un centavo para desarrollarlas. Por el contrario, el oligopolio energético transfirió la mayor parte de la fenomenal masa de ganancias al exterior, y el resto la invirtió en la construcción de 10 gasoductos que los conecta a mercados extranjeros. Exportación que, vale decir, no es controlada por el Estado y menos aún por las Provincias productoras, ya que se acepta la declaración jurada de las compañías. En términos zoológicos, podríamos catalogar a Repsol , como una sanguijuela de Argentina. Sólo durante el año 2002, en el peor momento de la crisis, mientras millones de argentinos se empobrecían, ganó 2.096 millones de dólares de utilidad a nivel global, de los cuales más de la mitad povenían de sus operaciones en la Argentina. En una marcha realizada en diciembre de 2007, celebrando el centenario del primer pozo argentino, miles de personas se congregaron frente a las puertas de YPF para pedir su recuperación. Un video recoge argumentos económicos, jurídicos y sociales que ya lo justificaban. 2. El sobreprecio del GLP En Argentina instauraron un oligopolio. Antes, YPF embotellaba las garrafas de Gas Licuado de Petróleo y las distribuía en unos camiones por los rincones más remotos del país. Ahí donde nunca ha llegado la red de gas natural. En cambio ahora, una sola empresa (Repsol-YPF ) tiene el 55 por ciento de la producción, el 64,2 por ciento del transporte y el 78,2 por ciento del almacenamiento. Una garrafa de 10 kilos cuesta unos 7 pesos pero en los últimos años, esta compañía ha inflado el precio por las nubes. Entre 2001 y 2003 la garrafa de 10 kilos aumentó de 8 y 9,5 pesos a 25 y 30 pesos según la zona del país. En Argentina, son entre 13 y 15 millones de personas que no tienen acceso al gas natural. De estos, más de 10 millones viven bajo el umbral de pobreza y gastan más de un 12 por ciento de su presupuesto para abastecerse de GLP. En otras palabras, de cada semana de trabajo, medio jornal es destinado a pagar a las distribuidoras de gas. Por otro lado, hay 2 millones de personas que ni siquiera alcanzan a poder pagar la garrafa, y cocinan quemando quemando leña, cartón, residuos vegetales o plásticos. Según la Defensoría del Pueblo de la Nación, la transferencia directa de los precios hacia los consumidores generó un beneficio empresario de más de 4.600 millones de dólares en los últimos años. Literalmente, se trata de una transmisión de dinero de los más pobres a los más ricos producto del oligopolio energético. Repsol se enriquece vampirizando a la población pobre argentina. 3. Los presos de Caleta Olivia Con una población de 40.000 habitantes, esta ciudad petrolera a orillas del mar vive su peor época. La desocupación se multiplicó desde que YPF fue regalada por Menem a Repsol, Pan American y Vintage Oil, dueños de la terminal TERMAP desde donde diariamente se bombean casi dos millones de dólares de petróleo a los barcos exportadores. Esta ciudad ha sido escenario de conflictos sociales que ahora se repiten en la vecina población e Las Heras. Las famílias ex petroleras, hoy día desocupadas, debían conformarse -en el mejor de los casos- con los planes asistenciales para vivir. Sin embargo se organizaron como piqueteros y se movilizaron por empleos efectivos. Fueron al grano, sin rodeos, y ocuparon la terminal portuaria poniendo en juego los millonarios beneficios de las petroleras. Y lo lograron: más de 1.300 puestos de trabajo hasta la última toma de Termap, donde se hizo un acuerdo por mil puestos más. Era agosto de 2004: el invierno argentino y el ejemplo podía extenderse. El 2 de octubre, 50 trabajadores volvieron a ocupar la Termap, mientras otro reducido grupo permanecía fuera. Fueron brutalmente reprimidos: esta vez combinando la intervención de los cuerpos de seguridad de las petroleras con la de 400 gendarmes. Los grupos de seguridad de la petrolera actuaron como bandas paramilitares. Así es como Repsol trató a sus extrabajadores en Caleta Olivia. Hubo 36 detenidos más, golpes, heridos de consideración... y en comisaría torturas. La movilización de los trabajadores y el pueblo fue inmediata y reiterada. Sin embargo, el juez dejaba pasar el tiempo manteniendo por pasiva la negativa de excarcelación de 6 compañeros. El día 23 de noviembre, en pleno proceso de acuerdos entre el gobierno de Kirchner, Estados Unidos, las petroleras y el FMI-, el juez de Caleta Olivia confirmó la prisión preventiva de las seis personas detenidas y el procesamiento de otras 44 como parte de la misma causa. A la espera de juicio, los dirigentes de los movimientos sociales quedaron presos casi un año. 4. Oligopolio repsoliano La ley de hidrocarburos en Argentina es tremendamente beneficiosa para las transnacionales. Comparando con Bolivia, en conflicto social permanente desde la guerra del gas de 2003 por un reclamo popular de elevar las regalías del 18% al 50% -que de todos modos pareció insuficiente- sorprende conocer que en la Argentina privatizada, desprendida de YPF que alimentaba la mitad del Tesoro General de la Nación, las regalías no superan el 12%. Según fuentes reservadas de la Secretaría de Energía de Neuquén, “en realidad es menos de un 11% , porque las empresas se aventajaron de descuentos como el reconocimiento del flete , el tratamiento y acondicionamiento del producto y otros.” Además hay condiciones expresas para el contrabando. Durante el gobierno de Felipe Sapag ( 1995-1999) se instalaron controladores volumétricos en los gasoductos terminales y oleoductos, pero cuando llega Sobisch ordena ignorarlos. ¿Qué motivos tenía el gobernador para no reconocer los aparatos una vez la inversión pública ya estaba realizada? Según las empresas, no es necesario un control estatal de la producción, porque durante el proceso, existe un “auto-control natural” de los volúmenes. Eso es: una petrolera “A” produce 1.000 barriles de petróleo en la planta de producción, una transportadora “B” recibe los 1.000 barriles y los manda a la empresa portuaria “C”, que recibe 1.000 barriles. Todo auto-controlado por las propias reglas de juego del mercado. Pero qué sucede cuando Repsol es a la vez la empresa productora, y socia de las empresas transportadora y portuaria? No hay un mecanismo natural de control, porque ha habido una concentración vertical. Repsol tiene un oligopolio energético en Argentina y como las regalías se cobran en base a una declaración jurada, existen condiciones óptimas para el contrabando. A parte, existen otros mecanismos más sofisticados para estafar al estado en la fase de comercialización, como falsear la calidad del petróleo, el índice WTI (un indicador del precio basado en un promedio del petróleo de Texas), los descuentos... 5. Impunidad ambiental en Loma de la Lata Cuando la impunidad afecta a los derechos civiles tan elementales como la vida, no sorprende que las compañías petroleras, que mantienen la mitad del presupuesto público, disfruten de una impunidad ambiental en sus operaciones. Desde 1982, YPF explotaba el yacimiento Loma de la Lata, un bloque de 33.000 hectáreas con más de 100 pozos, siendo el primer productor de gas de Argentina. En el interior de esta tupida maraña de rutas camioneras, planchadas con pozos, caños (oleoductos, gasoductos, poliductos), piscinas de crudo, depósitos y otra infraestructura petrolera, habitan desde mucho antes las comunidades mapuches de Kaxipayiñ y Paynemil, que ocupan 440 hectáreas aisladas al interior del lote petrolero. En 1995, una familia de la comunidad Paynemil, perfora un pozo de agua para consumo y se encuentra que había gasolina en lugar de agua. La piscina de residuos de producción de un pozo petrolero cercano a la casa había contamintado la napa freática. En diciembre de 1996, los análisis de la subsecretaría de salud revelan altas concentraciones de mercurio y plomo entre otros en el agua subterránea, la cual “no se puede hervir porque se concentra la toxicidad ni poner lavandina porque puede crear nuevos complejos químicos”. Unos meses antes, mayo de 1996, las comunidades mapuches, junto con la Universidad del Comahue elevan una denuncia por contaminación a seis organismos oficiales; Provincia, Nación, Secretaría de Energía, Poder Ejecutivo con copias al Congreso y a la Defensoría del Pueblo. El litigio llegó a las tres instancias judiciales , siempre favorables a la comunidad, obligando al Estado el suministro de agua. Sin embargo, la contaminación perduraba, así que agotadas las instancias nacionales se eleva la queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso Nº 12.010 ante la CIDH obligó al gobierno de Neuquén a suministrar agua potable a los pobladores de Kaxipayiñ y Paynemil. Luego Repsol construyó una planta potabilizadora que sólo hace un tratamiento biológico del agua, pero no elimina la contaminación química. Se le echa cloro al agua pero los hidrocarburos permanecen. Mientras tanto, la demanda civil de 404 millones de dólares para la reparación ambiental de las comunidades sigue un lento camino judicial en los despachos provinciales. Repsol recurrió para que la jurisdicción sea federal, pero la alegación fue desestimada. El conflicto de las comunidades mapuches ha sido aletargado con el cobro de servidumbres y la esperanza de una resolución judicial. Mientras tanto, las napas freáticas de Kaxipayiñ y Paynemil siguen contaminándose de condensados de gasolina, producto de la “sobreexplotación de un campo gasífero de condensación restringida, muy sensible a los cambios de presión y temperatura”- anota un empleado de la Secretaría de Energía de Neuquén y añade “ Por la búsqueda de beneficios a corto plazo, Repsol está derrochando un recurso como la gasolina, que termina convirtiéndose en problema por mal manejo de la empresa por la permisividad administrativa”. Fuente: Fragmentos del libro "Viaje a Repsolandia", publicado en 2006

Repsol estaba negociando la venta de YPF a la petrolera china Sinopec Diario Financial Times de EEUU: Repsol estaba negociando la venta de YPF a la petrolera china Sinopec Madrid, abril 18 - La nacionalizaciópn de YPF por parte de Argentina ha podido desbaratar los planes de Repsol para vender su filial argentina a la petrolera China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), según informa este miércoles el diario Financial Times. Este diario asegura que justo antes de que el Gobierno argentino anunciara la nacionalización la compañía española mantenía contactos con la petrolera china para vender su participación. Repsol y Sinopec ya colaboran en sus operaciones en Brasil. Los contactos para la venta se habrían desarrollado a espaldas del Gobierno argentino, a pesar de que el Ejecutivo de Cristina Fernández debía dar su visto bueno a la operación en virtud de su 'acción de oro' en YPF. Los planes se frustaron el pasado lunes tras la expropiación de un 51% del accionariado de la compañía en manos de Repsol. En una rueda de prensa celebrada este martes en Madrid, el presidente de Repsol, António Brufau, cifró el valor de YPF en 18.300 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros) y reconoció haber recibido propuestas por escrito de varias empresas internacionales para adquirir una parte de YPF, pero no se refirió en concreto a Sinopec. El interés de las compañías petroleras chinas por YPF no es nuevo: en 2009 Petrochina y CNOOC mostraron su interés en adquirir la compañía a un precio de más de 15.000 millones de dólares.

La realidad del sueño bolivariano en Latinoamérica tiene sólo un escollo: la sumisión de México a los EEUU La reciente sexta Cumbre de las Américas confirmó claramente que los EEU han perdido presencia y capacidad para imponerse como el factor decisivo en el futuro de la región. Las derrotas militares en Irak y Afganistán han llamado más la atención que el declive de su presencia en Latinoamérica, que me parece mucho más significativo en términos geopolíticos, tanto por sus enormes reservas de recursos naturales como por ser el espacio geográfico en el que se aplicó el espíritu de la Doctrina Monroe, clave para que EEUU en el siglo XX se convirtiera el centro del sistema mundo por más de tres décadas. En la opinión pública internacional es común hoy encontrar opiniones que apuntan al reconocimiento de la decadencia yanqui; la pregunta recurrente no es ya si EEUU está en decadencia sino que región lo sustituirá y sobre qué bases. El realineamiento de los integrantes del sistema mundo es hoy el acontecimiento geopolítico que más llama la atención de especialistas, políticos y periodistas. En este sentido, la sexta Cumbre de las Américas fue calificada por algunos observadores especializados como una revuelta generalizada contra el liderazgo de EEUU, particularmente por la cuestión del manejo del narcotráfico como en la producción de armas entre países como Brasil y la India. Si se acepta que el control de la guerra contra el narcotráfico y los acuerdos militares -como el Plan Colombia o el Plan Mérida- así como el monopolio de la producción de armas en el continente representan dos de los mecanismos más importantes para el mantenimiento de la dominación yanqui en la región no queda más que reconocer que la debacle es real e imparable. Raúl Zibechi propone cinco razones para explicar el deterioro del control de EEU en la región latinoamericana: el fracaso de la política antidrogas y el bloqueo a Cuba; el debilitamiento de la OEA y el fortalecimiento de UNASUR; la pérdida de su liderazgo comercial, sobre todo en; el crecimiento de las inversiones de China; y el fin del monopolio de las alianzas militares. Ante semejante escenario, el analista uruguayo define una perspectiva poco halagadora para la vigencia de la Doctrina Monroe en su otrora patio trasero. Las razones expuestas no son tendencias en formación si no hechos consumados. Pero me parece que hay un obstáculo evidente en el realineamiento geopolítico de nuestra América (José Martí dixit): el vergonzoso sometimiento de la clase dominante en México a la precaria hegemonía yanqui. Resulta doloroso observar cómo mientras en Sudamérica está en marcha un proyecto para que las naciones puedan definir con mayor grado de autonomía su futuro, en México los dueños del dinero y sus intelectuales orgánicos sigan empecinados en amarrarse a una economía en declive con el objetivo de subsidiarla -a costa del empobrecimiento y el aumento de la violencia generalizada- a cambio de migajas. Las consecuencias están a la vista de todos: la caída brutal del ingreso por habitante por lo que ahora México ocupa el lugar 83 en ese rubro (perdió nueve lugares desde el 2006); el aumento de la violencia estrechamente relacionada con la multiplicación por cinco veces del volumen de compras de armas a los EEUU, lo que ha provocado también en el crecimiento del personal de las fuerzas armadas en un 62 por ciento. Los datos contenidos en el informe del Banco Mundial Indicadores del desarrollo mundial de 2012 es que la economía mexicana sigue estancada desde 2006, a diferencia de otros países latinoamericanos. El sometimiento de México a la economía y la política de EEU nunca fue tan grande como en estos días. Habrá que asumir que el sistema mundo está cambiando por lo que resulta fundamental empezar a mirar hacia el sur y dejar de mirar sólo al norte. Con esto no quiero decir que hay que ignorar a los EEUU si no que es indispensable redefinir nuestra relación a partir de acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El proyecto histórico geopolítico original para nuestra América en el siglo XIX no era seguir sometidos a Europa o aliarnos a los EEUU para cambiar al amo. El proyecto original era fortalecer las alianzas entre los pueblos latinoamericanos para ofrecer un frente común contra el colonialismo. Lo dijeron Bolívar y Martí. Sería interesante especular acerca de las posibilidades de que alguno de los candidatos a la presidencia estuviera consciente de la necesidad de replantear los intereses geopolíticos de México. Por lo que toca al abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, no parece haber ninguna posibilidad de cambiar las cosas, sobre todo porque detrás de él está el grupo político que acentuó el sometimiento de la economía mexicana al mercado yanqui con la inauguración en 1994 del TLCAN. Más aún y dadas las circunstancias, el candidato priísta parece representar mejor que nadie a la derecha política mexicana. La candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, no parece tampoco tener la menor intención de reconfigurar la política exterior a pesar de representar a un grupo político (Yunque, Opus Dei, Legionarios de Cristo) caracterizado por su fanatismo religioso y que tradicionalmente ha desconfiado de los protestantes del norte, aunque no lo suficiente que esto pudiera afectar su bolsillo, of course. Finalmente está el candidato de las izquierdas, encabezadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, que en esta campaña se ha distinguido por la moderación de su discurso y su desplazamiento hacia el centro -o sea a la derecha, como bien dijo el sup Marcos- lo que no genera mucho optimismo con respecto al tema que nos ocupa. En su afán por ganar no parece tener la menor intención de enfrentarse a los intereses económicos que se benefician de la política comercial que sirve a Wal Mart, Mc Donalds y demás corporaciones y mucho menos con los militares mexicanos y estadounidenses. Sin embargo, del ‘peligro para México’ de hace seis años podría esperarse una mejor química con Cuba, Venezuela o Bolivia, lo que podría detener así la debacle de la tradicional política exterior mexicana, que en su momento encabezó los esfuerzos de buena parte de los países latinoamericanos para mantener viva la llama de la soberanía nacional. Y es ahí donde radica el valor geopolítico de México: en la posibilidad de que se convierta en una fuerza que integre con mayor dinamismo al Caribe con Sudamérica fortaleciendo así el sueño bolivariano y convertirlo en una realidad para los próximos cien años. En este sentido lo que debería está en juego en las presidenciales en México es la posibilidad de aprovechar la coyuntura histórica que vivimos los latinoamericanos hoy para reciclar la idea de nuestra América y de nuestro México. Pero ¿no será esto pedirle peras al olmo?

“El populismo en América Latina está creando nuevas formas de legitimidad política” “No puedo menos que reírme cuando escucho hablar del peligro autoritario que los nuevos regímenes populistas representan para las sociedades latinoamericanas. Porque si hay un régimen político al cual es inherente el autoritarismo no son los regímenes populistas, sino el neoliberalismo”, afirmó en Quito, el filósofo y científico social argentino Ernesto Laclau, durante su conferencia magistral en el Seminario Internacional Medios, poder y ciudadanía en Sudamérica, organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador. “Para mí, populismo no es un término peyorativo sino una forma de construcción de los político”, aseguró Laclau, quien aprovechó su presencia en Quito para presentar su revista Debates y Combates. En desarrollo de las charlas que dio en FLACSO entre el 17 y 18 de mayo, Laclau dejó en claro que toda política es populista habida cuenta que el populismo no es otra cosa que la forma en que un líder simboliza y articula demandas sociales insatisfechas. “En América Latina, los nuevos regímenes nacional-populares empiezan a erigirse después de dos derrotas: la existencia de regímenes militares y el predominio del neoliberalismo al comienzo de los años 80 pero hegemónicamente en los 90. Este tipo de política condujo a un desastre generalizado”, explicó. Recordó que para apuntalar las políticas neoliberales en buena parte de la región fue necesario tener dictaduras militares. "Sin Videla, en Argentina, y Pinochet, en Chile, los planes del neoliberalismo no hubiesen sido posibles", argumentó. Con el fracaso del neoliberalismo y con él la desarticulación tanto de las economías como de los sistemas políticos se dieron las condiciones para una interpelación popular a las masas que, a partir de un punto de poder produjeron proyectos de cambio como los que se han dado en buena parte del sur del continente. Para Laclau, el signo de este cambio en América Latina es un predominio del poder ejecutivo sobre el legislativo. “El poder legislativo ha sido, tradicionalmente en América Latina, la sede de reconstitución del poder de las oligarquías locales; mientras que, cuando ha habido proyectos más radicales de cambio, estos han residido en el predominio del poder ejecutivo”. Doctorado en Oxford, a donde llegó con el padrinazgo de Eric Hobsbawn, Laclau es un reputado historiador, sociólogo y filósofo. Profesor emérito de la Universidad de Essex en Inglaterra, también se desempeña como catedrático de Humanidades y estudios retóricos de la Universidad Northwestern en Chicago, Estados Unidos y director del Centro de Estudios del Discurso y las identidades sociopolíticas de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Autor de varios ensayos y libros, entre los que se destacan La razón populista y Hegemonía y estrategia socialista, trabajo este último realizado conjuntamente con su esposa la politóloga belga Chantal Mouffe. Su actividad académica e intelectual la alterna durante el año entre Londres y Buenos Aires y los diversos lugares del mundo a donde es invitado a dictar conferencias. Nuevas formas institucionales La irrupción de gobiernos nacional-populares en varios países latinoamericanos ha generado al decir de Laclau nuevas formas institucionales para ejecutar los proyectos políticos que se caracterizan por su alto impacto social como las misiones en Venezuela, las reformas introducidas por el krischnerismo en Argentina y toda la institucionalidad creada por el gobierno ecuatoriano del presidente Rafael Correa. “Tenemos un nuevo institucionalismo que no rompe con el anterior pero lo va a compensar con las formas del poder popular”, señaló. “Desde el Caracazo y a lo largo de todos los años 90, Venezuela entró en un proceso de desinstitucionalización. Las instituciones no representaban mecanismos viables de las demandas. Todo el mundo percibía que algún cambio radical en la forma de Estado tenía que ocurrir. Cuando esta situación se da, según la lógica de equivalencia de la construcción de un pueblo como agente político y la emergencia de un líder, son elementos casi inevitables. Por eso es difícil que los sectores antiguamente institucionalizados puedan volver. Simplemente porque esa institucionalidad ya estaba quebrada. Por lo tanto, la oposición venezolana no puede ser una oposición nostálgica del antiguo institucionalismo. No creo que pueda haber un populismo sin una ideologización del espacio político, porque el populismo siempre crea nuevas formas de legitimidad que van en contra de las que existían anteriormente. Todo populismo es un momento de ruptura. El desafío se encuentra en aceptar el cambio histórico que se ha producido en la sociedad venezolana y bregar por objetivos nuevos. El desafío del chavismo es consolidar un régimen nacional popular que sea compatible con las instituciones democráticas”. Populismo, una dimensión ideológica Laclau ha trabajado el tema del populismo como una categoría política que implica la existencia de un ícono o símbolo asociado con una ideología que, de acuerdo a su contexto, retiene o renueva su significado. El término populismo desde su óptica no puede ser deslegitimado o satanizado como lo hace la derecha y destaca el anclaje popular y nacional que han logrado los gobiernos de Hugo Chávez, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa, al producir una ruptura en sus respectivos países y una nueva legitimidad política. Fue enfático en precisar que dentro del análisis político, el populismo no es una ideología, sino una dimensión de la ideología. “Se puede ser populista de derecha, centro o izquierda”. Puso como ejemplo a Benito Mussolini y a Mao Tse Tung, el uno fascista y el otro comunista. “El populismo no es en sí ni malo ni bueno: puede avanzar en una dirección fascista o puede avanzar en una dirección de izquierda. El maoísmo, por ejemplo, fue un movimiento populista en el cual las masas de China, que estaban desorganizadas por la invasión japonesa, consiguen una expresión a través del Partido Comunista. Pero también fue populista el fascismo italiano. Otra vez: el populismo no es ni bueno ni malo: es el efecto de construir el escenario político sobre la base de una división de la sociedad en dos campos”. Rechazó la postura de ciertos sectores de la oposición de América Latina que tildan a los presidentes progresistas como autoritarios, al tiempo que se refirió al rol que juegan los grandes medios de comunicación por desprestigiar a los gobiernos de izquierda. “El conglomerado de empresas de medios ejerce una especie de poder opositor de gobiernos que, muchas veces, buscan corregir errores de gobiernos precedentes de matriz neoliberal”. Por ello expresó que, conforme a la actual época de inusitado desarrollo tecnológico, se requiere de una ley de comunicación para democratizar la información en los países de la región. Cadenas de equivalencia Laclau denomina como “cadenas de equivalencia” las diversas reivindicaciones sociales que se dan en la etapa prepopulista en la cual surge un líder que responde a los requerimientos de buena parte de la población. “Una vez que se dan una serie de demandas insatisfechas, éstas deben cristalizar simbólicamente alrededor de un dirigente. ¿Por qué el líder? Mientras más institucionalizada se encuentre una sociedad más la gente vive inmanentemente dentro de un aparato impersonal. Pero mientras más la gente se encuentre con las raíces sociales a la intemperie, más necesitará de una forma de identificación exterior a su experiencia cotidiana a través de la cual reconstituir un sentido de la propia identidad. Y en ese punto la figura del líder es central. Sin una dosis de populismo no habría política. Recuerdo el famoso lema de Saint Simon, según el cual el paso a una sociedad sin política debía ser «la transición del gobierno de los hombres a la administración de las cosas». Pero en una sociedad donde toda demanda se resuelve en forma administrativa y sin disputas, evidentemente no hay política. La política adviene cuando las demandas sociales chocan con un sistema que las niega, y aparecen distintos proyectos que disputan por articularlas. Por otra parte, una sociedad que fuera totalmente reglamentada, donde no hubiera política, sería una sociedad donde el pueblo o «los de abajo» no tendrían ninguna forma de expresión”. “Supongamos -añade- que en una localidad hay un grupo de gente que le pide a la municipalidad que cree una línea de ómnibus para llevarlos desde el lugar donde viven al lugar donde trabajan. Supongamos, también, que la demanda no es satisfecha, con lo cual se genera una frustración. Si esa gente empieza a ver que alrededor de ellos hay una serie de otras demandas que tampoco son satisfechas (con respecto a la salud, a la escolaridad, a la seguridad, por ejemplo), entre todas esas demandas insatisfechas se empieza a crear una cierta solidaridad, y se empieza a ver que hay una especie de distancia entre el espacio en el cual se generan las demandas populares y el poder. Ese tipo de distancia empieza a crear una especie de división en el campo social entre el poder y el ámbito popular. Es decir: empieza a surgir el clima donde el populismo puede emerger”. En cierto momento la gente empieza a advertir que entre todas las demandas insatisfechas se establece lo que yo llamo en mi teoría una cadena de equivalencias, porque todas ellas expresan un cierto rechazo respecto de un sistema. Ahí es donde se crean las bases para el populismo, la existencia de un pueblo que se enfrenta al poder establecido. Si la demanda es esa línea de ómnibus, y se puede articular con otras demandas parecidas, ¿por qué tenemos que pensar que es algo antisistema y no movilizador del sistema? En el sentido en que el sistema tendría que funcionar de todas maneras”. Liberalismo, democracia y populismo Para dar contexto histórico al proceso político que desemboca en las primeras experiencias populistas en Latinoamérica, el científico social argentino se remonta a la Europa del siglo XIX. La génesis de este proceso la explica así: “A principio del siglo XIX, en Europa, liberalismo y democracia eran términos antagónicos, el liberalismo era una forma perfectamente respetable de organización política mientras que la democracia era un término peyorativo porque se la consideraba el gobierno de la turba. Después del ciclo de revoluciones y contrarrevoluciones se gesta al fin un equilibro siempre precario entre esos dos términos”. “En América Latina el liberalismo y la democracia siempre marcharon por caminos diferentes porque el liberalismo era la forma de organización política de las oligarquías locales y la democracia era algo que no se expresaba a través de los canales liberales sino que se expresaba muchas veces a través de dictaduras militares de carácter nacionalista. Y los regímenes que eran predominantemente democráticos fueron formalmente antiliberales. Cuando la democracia empieza a surgir en América Latina es siempre rompiendo con los esquemas clientelistas del poder. En la Argentina el peronismo no fue una excepción a este proceso. Hubo muchos otros procesos en América Latina que transitaron vías similares. El Estado Novo de Vargas fue una expresión de un nacionalismo populista democrático formalmente antiliberal y antioligárquico. El peronismo de algún modo lo fue, junto con otros modelos. Cuando uno pensaba el sujeto emancipatorio a principios del siglo XX, pensaba en la clase obrera; pensaba en una simplificación de la estructura social bajo el capitalismo. Era un discurso en torno de la homogeneización y la eliminación progresiva de las diferencias. Hoy ocurre lo contrario: hay una explosión de diferencias y el problema político fundamental es cómo reunirlas en un proyecto de emancipación más global. Desde el punto de vista de la izquierda, el desafío ahora es seguir ampliando los niveles de acceso de los excluidos y, a la vez, encontrar un discurso político articulador para la enorme proliferación de diferencias”. “Dictaduras nacionalistas democráticas” “Los Estados latinoamericanos eran oligárquicos-liberales y caudillistas, pero no eran en absoluto democráticos. Había un clientelismo total con las bases de sustento. El resultado fue que, como consecuencia del desarrollo económico, empiezan a surgir sectores de clase media profesional, sectores populares de distinto tipo que tienen demandas que los regímenes oligárquico-liberales son incapaces de resolver las demandas de las masas. Es ahí donde se produce un cortocircuito. En un momento las demandas van más allá de la capacidad de absorción de los sistemas liberales y entonces empiezan a cristalizar dictaduras militares nacionalistas que son profundamente democráticas. Sí, es la idea de la dictadura del pueblo. Hacia 1910 hubo grandes esfuerzos reformadores del clase media que trataban de ampliar las bases sociales del sistema. Fue el caso de Irigoyen en Argentina, Suárez Ordóñez en Uruguay, Alexandri en Chile, Madero en México, Rui Barbosa en Brasil. Pero como resultado de la crisis económica de los años treinta estos esfuerzos reformistas fracasan y el resultado es que las demandas insatisfecha se empiezan a expresar a través de regímenes que ponen en cuestión las bases de la organización liberal. En Argentina fue el peronismo, en Brasil el varguismo, el MNR en Bolivia y así por el estilo. Es decir, reformas populares democráticas pero que se desarrollan en un cuadro institucional no liberal. La tradición popular-nacional-democrática y la liberal-democrática siguieron separadas. Y yo pienso que solo en los últimos 30 años, como resultado de las dictaduras más brutales que el continente haya experimentado y que golpearon a las dos tradiciones, es que éstas tienden a converger, pues ya no son incompatibles con el funcionamiento democrático-liberal de las instituciones. El imaginario global sigue siendo popular-nacionalistas, pero las formas institucionales son perfectamente compatibles con la idea las instituciones liberal democráticas”. Tensión creativa En concepto de Laclau la tensión que están generando los proyectos populares en América Latina constituyen “tensiones creativas” porque dan lugar a nuevas circunstancias políticas así como a nuevas instituciones, las cuales, afirma, no son ni puede ser “neutrales”. En el ámbito político apunta que los gobiernos populistas de izquierda o centro-izquierda en la región han contribuido a la desintegración de los sistemas tradicionales de partidos. “Los partidos de oposición de derecha se han desgranado y se quedaron sin proyecto político. La derecha en Latinoamérica se ha comenzado a organizar no a través de los partidos sino del poder mediático”. Finalmente, insiste en que estos proyectos progresistas necesariamente chocan con las formas institucionales existentes “por lo que tendrán que cambiarlas en una u otra dirección, es lo que Gramsci llamaba guerra de posición consistente en crear nuevos complejos institucionales”. Laclau es optimista del futuro político de América Latina. Considera que la región atraviesa por un buen momento histórico-político y concluye señalando que hoy esta región va camino a consolidarse como un país, una sola nación, como lo soñó el historiador argentino Abelardo Ramos en uno de sus libros en 1949. Tras advertir que “va haber populismo para rato”, recomienda “reconquistar nuestro pasado para construir un imaginario político nuevo”.

Colombia: Cuñada y sobrina de Alvaro Uribe son detenidas por tráfico de drogas Bogotá, junio 10 - Este sábado fueron detenidas en Colombia y serán extraditadas a EEUU, Dolly Cifuentes Villa cuñada del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, y su sobrina Ana María Uribe Cifuentes, por estar involucradas en el tráfico de cocaína y lavado de activos en conjunto con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, jefe del cartel mexicano de Sinaloa mejor conocido como "El Chapo Guzmán". La Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó la extradición de Cifuentes Villa en febrero de este año, pero fue suspendida en mayo por resolución del ministro de justicia colombiano Juan Carlos Esguerra, sin embargo el proceso fue reactivado y se espera que la próxima semana sean extraditadas, así lo reseñó una nota de prensa de Telesur. Según la DEA, la madre e hija pertenecen al grupo familiar Cifuentes Villa que introdujo a Estados Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre 2009 y 2011 y lavó dinero del narcotráfico en Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y México. La policía colombiana ocupó el derecho de dominio de 116 bienes pertenecientes a los socios principales del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán en Colombia, entre ellos: 31 sociedades, 71 inmuebles y 14 vehículos de propiedad de Jorge Milton y Dolly Cifuentes Villa. Que Perla

Fotos impactantes de manifestaciones Bolivarianas Hoy 11 de Junio El comandante Hugo Chávez, en compañía del pueblo venezolano llega a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas, recorrido que realizó desde el Palacio de Miraflores bajo una lluvia de amor, esperanza y respaldo contundente por parte de los simpatizantes. Su llegada al ente comicial tiene como propósito formalizar su candidatura, además, presentar un programa de gobierno para el país y el pueblo, en el que se alcanzará el camino que se ha venido construyendo hasta ahora. Es importante resaltar, que desde tempranas horas de este lunes, la ciudad capital ha estado repleta de militantes quienes se han congregado en las Plazas Diego Ibarra, Miranda y Caracas y, en El Calvario, para dar apoyo incondicional al candidato de la Patria. Durante la concentración, personajes pintorescos y elocuentes se hacen presentes en esta convocatoria, convirtiendo esta actividad en un evento histórico y de amor venezolano. Hoy los revolucionarios marcan otro hito en la historia de despliegue y movilizaciones en apoyo a su líder Hugo Chávez y su proyecto de país

Narcos estadounidenses Los verdaderos "Amos del paraíso" Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens Mientras crece el recuento de víctimas en todo México, toneladas de drogas siguen fluyendo a través de la frontera. A pesar de la evidente desconexión –una “guerra” contra las drogas que aumenta el suministro mientras reduce el precio, en la mejor tradición de nuestra reinante ideología de “libre mercado”– los medios estadounidenses ofrecen al público cuentos de hadas sobre heroicos “guerreros” que se enfrentan a gángsteres asesinos llamados "Joaquín", "Jorge" y "Amado". El hecho es que lo más probable sea que los verdaderos narcos que obtienen la mayor ganancia desde lo profundo del hediondo matadero de ese espantoso comercio tengan nombres mucho menos prosaicos como "Brett", "Ethan" o "Jason". "El único capital líquido de inversión" A principios de este mes, The Observer informó de que “la nueva investigación ha revelado que los vastos beneficios obtenidos de la producción y tráfico de drogas se recogen en ricos países ‘consumidores’ –sobre todo en Europa y en EE.UU.– en lugar de países ‘productores’ desgarrados por la guerra como Colombia y México”. El periodista Ed Vulliamy nos informó de que los autores de ese informe presentan una evidencia de que “los reguladores financieros en Occidente son renuentes a ir en pos de bancos occidentales en busca de la masiva cantidad de dinero de la droga que se lava a través de sus sistemas”. Por cierto, durante el clímax de la crisis financiera global, Antonio Maria Costa, entonces jefe de la Oficina de la ONU sobre Drogas y Crimen dijo a The Observer que “ha comprobado que los ingresos del crimen organizado eran ‘el único capital líquido de inversión’ disponible en algunos bancos al borde del colapso el año pasado. Dijo que como resultado la mayor parte de los 352.000 millones de dólares de beneficios de las drogas fueron absorbidos por el sistema económico”. “En muchos casos”, dijo Costa, “el dinero de las drogas era el único capital líquido de inversión. En la segunda mitad de 2008, la liquidez fue el principal problema del sistema bancario y por ello el capital líquido se convirtió en un factor importante”. “Los préstamos interbancarios se financieran con dinero originado por el narcotráfico y otras actividades ilegales… Hubo señales de que algunos bancos fueron rescatados de esa manera.” Aunque Costa “se negó a identificar países o bancos que puedan haber recibido dinero de las drogas, dijo que el dinero forma ahora parte del sistema oficial y se ha lavado efectivamente”. En otras palabras, para los banqueros sospechosos fueron “cuentas equilibradas” y una excusa para uno o dos trajes de Armani, una caja de whiskey de malta de 20 años o esa casa de vacaciones para la mujer objeto, sin preguntar. Acusaciones selectivas En fuerte contraste con la impunidad de la que gozan nuestros jefes supremos capitalistas, The Wall Street Journal informó de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. “impuso sanciones a dos operativos claves del cártel de la droga Sinaloa” el jueves pasado. The Journal nos informo de que “se impusieron sanciones según la Ley Kingpin a Maria Alajandrina Salazar Hernández y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, esposa e hijo de Joaquín "Chapo" Guzmán, el señor de la droga fugitivo que dirige el Cartel Sinaloa”. También la semana pasada, Associated Press informó de que Sandra Ávila Beltrán, a quien los medios apodaron "La Reina del Pacífico", puede ser extraditada a EE.UU. “donde se enfrenta a acusaciones relacionadas con la cocaína”. Ávila fue arrestada en la Ciudad de México en 2007 y espera su procesamiento por acusaciones de lavado de dinero. Narcotraficante de tercera generación, Ávila es sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, otrora padrino del cártel Guadalajara, que ahora cumple una condena de prisión de 40 años por el asesinato en 1984 del agente de la DEA Enrique Camarena. Camarena fue secuestrado y torturado hasta la muerte después de descubrir la vinculación entre la CIA y la sórdida “Enterprise” de Oliver North con narcotraficantes contras nicaragüenses durante el gobierno de Reagan. Y precisamente esta semana, The Guardian informó de que dos parientes del expresidente colombiano Álvaro Uribe”, esperan la extradición a EE.UU. por acusaciones de vínculos con el señor de la droga más buscado del mundo”. "Ana Maria Uribe Cifuentes y su madre, Dolly Cifuentes Villa, fueron arrestadas el año pasado después de una solicitud de un tribunal federal de EE.UU. por presuntos vínculos con el jefe del cártel de Sinaloa de México, Joaquín 'El Chapo' Guzmán." Según la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA), “se afirma que ambas mujeres pertenecen al clan Cifuentes Villa”, que según la DEA, “traficó por lo menos 30 toneladas de cocaína a EE.UU. entre 2009 y 2011, y lavaron los ingresos en varios países latinoamericanos, incluida Colombia”. Hace tiempo que hay afirmaciones de narcotráfico en relación con la familia Uribe. Un informe de 1991 de la Agencia de Inteligencia de la Defensa publicado por el Archivo de Seguridad Nacional declara explícitamente que durante su período en el Senado colombiano, Uribe fue “amigo personal de Pablo Escobar" y estuvo “dedicado a colaborar con el cártel Medellín [de la droga] a altos niveles gubernamentales”. El documento afirma a continuación que antes de convertirse en un “socio clave de EE.UU. en la guerra de la droga”, y de recibir la recompensa de unos 3.000 millones de dólares bajo el Plan Colombia para “combatir las drogas”, Uribe “estuvo vinculado a un negocio involucrado en actividades de narcóticos en EE.UU.” y “ha trabajado para el cártel de Medellín”. Aunque el gobierno de EE.UU. desautorizó ese informe, diría que por razones puramente políticas, varios miembros de la familia de Uribe, incluido el primo del presidente, Mario Uribe Escobar, expresidente del Congreso colombiano, fue condenado y apartado de su puesto por sus estrechos vínculos con la extrema derecha, un escuadrón de la muerte paramilitar narcotraficante, las Autodefensas Unidas de Colombia, o AUC. Al anunciar las sanciones contra el clan Guzmán, Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, dijo en una declaración: “Esta acción se basa en los agresivos esfuerzos del Tesoro, junto a socios en el mantenimiento del orden, por apuntar a individuos que facilitan las operaciones de narcotráfico de Chapo Guzmán y para buscar el eventual desmantelamiento de su organización, culpable de indecible violencia”. Mientras Chapo Inc., obtuvo una honorable mención como Nº 1153 en la “Lista de Multimillonarios del Mundo” de Forbes, es posible que sea responsable por un 25% de las drogas ilegales traficadas en EE.UU. como afirma la DEA; su sitio Nº 55 en la lista de Forbes de “Las Personas más Poderosas del Mundo”, ubicado entre el fundador de PIMCO y “Rey de los Bonos” Bill Gross y Ahmed Shuja Pasha, director general de la agencia Inteligencia Inter-Servicios de Pakistán, dice mucho sobre las interesantes yuxtaposiciones (es decir ¡hablando parapolíticamente!) entre los mundos de las finanzas, del crimen y de las operaciones encubiertas. Citando conclusiones de dos académicos colombianos, Alejandro Gaviria y Daniel Mejía en su estudio Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, Ed Vulliamy reveló que “un 2,6% del valor en la calle de la cocaína producida queda dentro del país, mientras un sorprendente 97,4% de los beneficios son obtenidos por sindicatos criminales y lavados por los bancos, en países consumidores del primer mundo”. Gaviria dijo a The Observer, “La sociedad colombiana no ha obtenido casi ninguna ventaja económica del narcotráfico, mientras las redes criminales de distribución en los países consumidores obtienen inmensos beneficios que son reciclados por bancos que operan sin que exista nada que se parezca a las restricciones a las que está sometido el propio sistema bancario de Colombia”. El coautor Daniel Mejía agregó: “Todo el sistema operado por las autoridades en las naciones consumidoras se basa en perseguir al sujeto pequeño, el eslabón más débil de la cadena, y nunca a las grandes empresas o sistemas financieros donde está el gran dinero”. Una mente inquisitiva no puede dejar de preguntar dónde están los “esfuerzos agresivos” del Tesoro cuando se trata de esos hechos simples y fácilmente demostrables. Pero como los cárteles de la droga, los bancos y las redes de “antiguos compañeros” que los dirigen tienen nombres, os daré una pista: no son autoproclamados “Señores del Cielo”, aunque es posible que piensen en sí mismos como proverbiales “Amos del Universo”. Un ejemplo claro. En el año 2000, cuando el editor de Narco News Al Giordano y Mario Menéndez, periodista del periódico mexicano ¡Por Esto! fueron enjuiciados por difamación en Nueva York por Banamex-Citigroup, Giordano escribió que “Los verdaderos jefes del narcotráfico ilegal no aparecen en la lista de los “Más Buscados” del FBI. No, afirma Giordano, “Los Jefes Operativos del narcotráfico no son mexicanos ni colombianos: son banqueros estadounidenses y europeos, los que lavan los ingresos ilícitos del narcotráfico. Instituciones como Citibank de Nueva York –como documenta este informe– son las verdaderas beneficiarias de la prohibición de las drogas y sus beneficios ilegales”. Mientras los familiares de Chapo Guzmán son ahora objetivo de las sanciones del Departamento del Tesoro, ¿qué podemos aprender de los recientes informes sobre la inacción del Departamento de Justicia cuando se trató del procesamiento de funcionarios del cuarto banco estadounidense, Wachovia, comprado por Wells Fargo & Co. en 2008 durante el clímax de la catástrofe financiera capitalista? Charlotte: ¿capital mundial del narco? En unas trascendentales revelaciones de codicia, criminalidad y corrupción corporativa, Bloomberg Markets Magazine y The Observer revelaron en 2010 y 2011 respectivamente que Wachovia estaba hasta el cuello en el lavado de dinero caliente para los cárteles colombianos y mexicanos de la droga. Como ya informó en 2010 sobre las correrías de Wachovia en el lavado de dinero para el cártel Sinaloa de Chapo Guzmán (vea: "All in the 'Family.' Global Drug Trade Fueled by Capitalist Elites," Antifascist Calling, July 20, 2010) el entonces director ejecutivo, G. Kennedy "Ken" Thompson, expresidente del Comité Consultivo del Consejo de la Reserva Federal, y Ranger de Bush que reunió unos 200.000 dólares para la campaña presidencial de Bush en 2004, estaba comprando bancos competidores más rápido de lo que tarda decir “seguros de riesgo de la deuda”. Para cuando Wells Fargo compró Wachovia al precio de remate de 12.800 millones de dólares, el banco y Thompson, que se había “retirado a pedido del consejo”, estaban en profundas dificultades. Antes de la adquisición, Wachovia se había lanzado a una verdadera ofensiva de compras. Después de la fusión en 2001 de la firma con First Union Bank, Wachovia se fusionó con la división Prudential Securities de Prudential Financial, Inc., con control por Wachovia de la mayor parte de los 532.100 millones de dólares en activos. Después del golpe, el banco pasó a adquirir Metropolitan West Securities, agregando un portafolio de 50.000 millones de dólares en valores y préstamos a su división de Préstamos. En 2004, Wachovia pasó a otra etapa con la adquisición por 14.300 millones de SouthTrust Corporation. Aparentemente cargado de dinero y de nuevo poder de mercado, Wachovia se dispuso a adquirir Golden West Financial basada en California. Golden West operaba filiales bajo el nombre de World Savings Bank y era la segunda mayor empresa de ahorros y préstamos de la nación. Cuando tuvo lugar la adquisición, Goldman West tenía más de 125.000 millones de dólares en activos. Para Wachovia y Thompson, fue ir demasiado lejos. Pronto vino una escasez de dinero. Expuestos a préstamos riesgosos, incluyendo hipotecas tóxicas con tasas de interés ajustables adquiridas como resultado del acuerdo de Golden West, que Thompson había descrito como la “joya en la corona” de Wachovia, los portafolios de préstamos de la firma fueron afectados por fuertes pérdidas durante la catástrofe de las hipotecas de alto riesgo. Aunque el banco había informado de 2.300 millones de dólares en beneficios durante el primer trimestre de 2007, en 2008 hablaba de fuertes pérdidas que llegaron a 8.900 millones de dólares en el cuarto trimestre. Fue tiempo de pánico en Charlotte. ¿Y de dónde salió parte de ese “capital líquido” que posibilitó la temeraria expansión de Wachovia? “Un cliente que Wachovia adquirió en 2004 fue Casa de Cambio Puebla SA,” informó Bloomberg Markets . La casa de cambios de Puebla, México, fue la idea genial de Pedro Alatorre Damy, un “empresario” que “había creado compañías de fachada para cárteles”. Alatorre y otros 70 conectados a su red fueron arrestados en 2007 por los funcionarios del mantenimiento del orden mexicanos. Las autoridades descubrieron que el presunto lavador de dinero y agente aéreo del cártel Sinaloa controlaba 23 cuentas en la filial del Banco Wachovia en Miami y poseía unos 11 millones de dólares, posteriormente congelados por los reguladores estadounidenses. En 2008, un gran jurado federal de Miami imputó a Alatorre, que ahora espera juicio en México con otros tres ejecutivos, acusándoles de narcotráfico y lavado de dinero, acusando a la compañía de utilizar “firmas ficticias para lavar 720 millones de dólares a través de bancos en EE.UU.” El Departamento de Justicia solicita actualmente la extradición de México de Alatorre. A pesar de que la oficina de Wachovia en Miami ha sido calificada por los investigadores federales de “área de alta intensidad en el lavado de dinero y otros crímenes financieros”, en un “área de narcotráfico de alta intensidad”, The Observer informó de que incluso ante advertencias internas de sus propios investigadores contra el lavado de dinero, Wachovia no hizo nada para detener el flujo ilícito de dinero caliente. Con la burbuja de la vivienda de EE.UU. totalmente inflada y las señales de que el auge especulativo estaba a punto de terminar, solo se puede conjeturar que la necesidad de obtener liquidez a cualquier precio, había llevado a Wachovia a hacer la vista gorda cuando se trataba de “arreglos” tenebrosos, pero muy lucrativos con Casa de Cambio Puebla SA. Perdiendo dinero más rápido de lo que se tarda en decir “valores respaldados por hipotecas” Wachovia se encontraba en un atolladero por su compra en 2006 por 26.000 millones de dólares de Golden West Financial durante el clímax de la burbuja, una acción que según informes de Bloomberg Businessweek generó “resistencia en su propio equipo de administración” y que fue ignorada por Thompson. ¿Por qué? “Porque nadie aparte de Thompson y el director ejecutivo de Golden West, Herb Sandler, parecía aprobar el trato desde el momento en que se anunció”, dijo una persona de confianza de la compañía a Businessweek. (Un lector alerta señaló cuando mi artículo apareció en 2010, que Herb Sandler, que vendió Golden West durante la mejor situación del mercado para dedicarse a la “filantropía”, “actualmnente es dueño de ProPublica, una publicación investigadora que se ocupa de objetivos fáciles como policías racistas… pero que no examina el ala de Sandler de la elite del poder. Michael Barker escribió una gran serie sobre ese organismo y sus contactos con el Establishment titulada “Investigando a los investigadores – Una mirada crítica a ProPublica”). Mientras la adquisición puede haber dado a Thompson “la cabeza de puente en California que había deseado desde hace tiempo… la tinta apenas se había secado en el trato de Golden West cuando la burbuja de la vivienda en mercados como California y Florida se comenzó a desinflar”. Afectado por el desplome del mercado inmobiliario, el precio de la acción de Wachovia, que había aumentado a 70,51 dólares por acción cuando se anunció el trato de Golden West había caído a 5,71 por acción en octubre de 2008. En otras palabras, Wachovia, junto al resto de la economía mundial se iba por el caño. En su Acuerdo de Procesamiento Postergado con el Departamento de Justicia, Wells Fargo aceptó no disputar las imputaciones presentadas contra Wachovia en la acusación federal. El gigante bancario Wells se vio obligado a admitir: “En numerosas ocasiones, los dineros fueron depositados en una Casa de Cambio (CDC) por una organización de narcotráfico. Utilizando identidades falsas, la CDC entonces transfería ese dinero a través de su banco corresponsal de Wachovia para la compra de aviones para organizaciones del narcotráfico. En diversas fechas entre 2004 y 2007, por lo menos cuatro de esos aviones fueron requisados por agencias extranjeras de mantenimiento del orden en cooperación con EE.UU. y se descubrió que contenían grandes cantidades de cocaína”. Como informó en The Observer Ed Vulliamy, aunque los investigadores de la DEA y del IRS descubrieron que Wachovia había lavado hasta 378.400 millones de dólares “una suma equivalente a un tercio del producto nacional bruto de México a cuentas en dólares de las denominadas casas de cambio en México, “y después pagaron 110 millones de dólares de confiscación, incluida una multa de 50 millones de dólares “por no controlar dinero utilizado para el embarque de 22 toneladas de cocaína”, nunca se presentaron procedimientos penales contra funcionarios del banco. “La conclusión del caso”, escribió Vulliamy, “fue solo la punta de un iceberg que demostró el papel del sector bancario ‘legal’ en el lavado de cientos de miles de millones de dólares –el dinero manchado de sangre del narcotráfico asesino en México y otros lugares del mundo– en sus operaciones globales, rescatadas ahora por el contribuyente”. Mientras Chapo Guzmán y otros dirigentes de las organizaciones mexicanas de narcotraficantes enfrentan acusaciones federales que podrían llevarlos a la prisión el resto de sus vidas, hay que contrastarlo con el trato con guantes de seda usado por el gobierno cuando se trata de narcotraficantes estadounidenses. A pesar de serias acusaciones federales de lavado de dinero contra el “hombre más listo de la sala” Thompson de Wachovia recibió del consejo 15,6 millones de dólares en compensación total en 2007, todo un año después que se suspendió ese fatal acuerdo Golden West. Las pérdidas subsiguientes y una inminente acusación penal (contra el banco, no contra sus funcionarios), tampoco impidieron que Wachovia premiara a Thompson con una indemnización por cese de casi 8 millones de dólares. "Cocaína aérea" Después de años de amplia información en MadCow Morning News del periodista de investigación Daniel Hopsicker y de Bill Conroy de Narco News, sobre los orígenes de dos aviones requisados en México con unas diez toneladas de cocaína a bordo, nos informaron de que hasta 100 aviones habían sido comprados con dinero caliente lavado a través de Wachovia Bank. Y cuando los periodistas “de la línea dominante” Michael Smith y Ed Vulliamy siguieron la pista asiduamente dejada por Hopsicker y Conroy (siempre sin atribuirles crédito), presentaron, no obstante, algunos hechos previamente desconocidos en relación con este sórdido caso. “Justo antes del anochecer del 10 de abril de 2006”, informó Michael Smith de Bloomberg, “un jet DC-9 aterrizó en el aeropuerto internacional de Ciudad del Carmen, a 500 millas al este de Ciudad de México”. Cuando las tropas del ejército sospecharon después que la tripulación trató de “apartarlos, diciendo que había una peligrosa filtración de aceite”, hicieron lo que los buenos funcionarios de mantenimiento del orden deben hacer: registraron el avión. A bordo encontraron 128 maletas negras idénticas, “llenas con 5,7 toneladas de cocaína, valoradas en 100 millones de dólares. Los fiscales mexicanos establecieron posteriormente que el contrabando se entregaría desde Caracas a narcotraficantes en Toluca, cerca de Ciudad de México. Los funcionarios de mantenimiento del orden también descubrieron otra cosa”. “Los contrabandistas”, escribió Smith, “habían comprado el DC-9 con fondos lavados que transfirieron a través de dos de los principales bancos de EE.UU.: Wachovia Corp. Y Bank of America Corp". Pero al publicar esa historia hace seis años, (mucho antes de que Bloomberg y The Observer se unieran a la caza), Hopsicker reveló que “Uno de los dos propietarios del DC-9 (número de cola N900SA) capturado en un aeropuerto de Ciudad del Carmen en el Estado de Campeche, México, la semana pasada cargado con 5,5 toneladas de cocaína había sido nombrado en 2003 al Consejo Consultor Empresarial del Comité Nacional Republicano del Congreso por el entonces Líder de la Mayoría del Congreso Tom Delay, puede informar exclusivamente The MadCow Morning News". Ese avión, reveló Hopsicker, fue adaptado por el propietario Brent Kovar para que se hiciera pasar por un jet de de la Administración de Seguridad del Transporte de EE.UU. Un sello con apariencia oficial decía “"Sky Way Aircraft, Protección de los Cielos de EE.UU.," completo, con la “imagen de un águila federal sujetando la familiar rama de olivo en sus garras”. Y cuando investigó en los registros de la FAA (Administración Federal de Aviación de EE.UU.) y corporativos, Hopsicker descubrió que “una mirada más de cerca a la [compañía ficticia] Royal Sons revela que la empresa forma parte de un grupo de firmas de chárter aéreo relacionadas que se utilizan como fachada para suministrar ‘cobertura’ a vuelos de la CIA”. “Las compañías involucradas”, afirma Hopsicker, “incluyen a Royal Sons, Express One International, Genesis Aviation y United Flite Inc." “Las cuatro compañías parecen estar involucradas en un plan entrelazado y consagrado de la Agencia que se remonta a 50 años: utilizando frecuentes transferencias de títulos de posesión de aviones para dificultar al máximo la identificación de la propiedad de un avión dado en todo momento”. Informes subsiguientes de Hopsicker revelaron que el segundo avión, un jet de negocios Gulfstream II (N987SA) que hizo un aterrizaje forzoso en la península de Yucatán con cuatro toneladas de cocaína a bordo, estaba registrado a nombre de "Donna Blue Aircraft, Inc." (DBA, o “doing business as” [activo como]) y fue empleado previamente como “chárter privado” que hacía vuelos de entrega de “terroristas” para, ¿quién iba a ser?, ¡la CIA! Como reveló Bill Conroy, periodista de Narco News, en 2008: “En el centro de esa controversia hay afirmaciones de que el jet con cocaína caído formaba parte de una operación de narcotráfico respaldada por la CIA”. Según Conroy, la clave del desafortunado embarque de cocaína en el Gulfstream II, es un prolífico narcotraficante colombiano e informante del gobierno de EE.UU. llamado Jose Nelson Urrego Cardenas, recientemente arrestado por la policía en Panamá. Según se informa, Urrego jugó un rol importante en la organización del embarque de cocaína como parte de la operación Mayan Express [del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. ”. “Para los que se pregunten por qué el ICE realiza una operación como Mayan Express”, escribió Conroy, “vale la pena tener en cuenta que Charles E. Allen, subsecretario de la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Interior (DHS) también es, por casualidad, veterano de la CIA y fue un importante protagonista en el escándalo Irán-Contra que se desarrolló durante el gobierno de Reagan”. “Una faceta de Irán-Contra, recordaréis, involucró supuestamente el uso de recursos de la CIA para transportar drogas a fin de reunir dinero para financiar la compra de armas para los rebeldes de la Contra que trataban de derrocar el gobierno sandinista en Nicaragua”. “Para que el ICE contara con aprobación para operar una misión de alto perfil en el exterior como Mayan Express, que supuestamente involucraba coordinación con la CIA, es muy probable que Allen, gurú en jefe de inteligencia del DHS, tuviera que ser incluido en la operación, ya que el ICE forma parte del DHS”. Más recientemente, continuando la sucia historia del papel de la CIA en la administración, no eliminando el narcotráfico global, Narco News reveló que la Agencia tenía un acuerdo quid-pro-quo con los dirigentes de Sinaloa Corporation de Chapo Guzmán “y agencias del gobierno de EE.UU. para obtener información sobre organizaciones rivales del narcotráfico”. De hecho, como Narco News reveló el pasado mes de abril, la acusación federal contra Jesús Vicente Zambada Niebla afirma que “sirvió de coordinador logístico” para el “cártel”, ayudando a supervisar una operación que importaba a EE.UU. “muchas toneladas de cocaína… utilizando diversos medios, incluyendo, pero no solo, aviones de carga Boeing 747, aviones privados… autobuses, vagones de tren, remolques de tractores y automóviles”. Por cierto, uno de los “aviones privados” utilizados por los planes de importación de drogas de Chapo Guzmán no fue otro que el desafortunado Gulfstream II (N987SA) que sufrió el aterrizaje forzoso en Yucatán en 2007. Comprado con fondos lavados a través de Wachobia Bank, el jet de negocios posteriormente fue relacionado por los investigadores del Consejo de Europa con vuelos fantasma de la CIA. A pesar de los hechos presentados en la imputación federal de Zambada, el “supuesto negocio”, escribió Conroy, “aseguraba la protección de las operaciones de negocios del cártel Sinaloa mientras debilitaba a su competencia, como la organización de Vicente Carrillo Fuentes desde Juárez, México, capital de asesinatos del mundo”. “Al mismo tiempo”, informó Narco News, “la información suministrada por el cártel Sinaloa a los organismos estadounidenses contra sus rivales asegura un continuo flujo de redadas antidrogas y victorias de las agencias estadounidenses y del gobierno mexicano en los titulares de los medios de comunicación”. Conroy señaló: “Esa propaganda es necesaria para engatusar a los ciudadanos a fin de que crean que se hacen progresos en la guerra contra las drogas, asegurando así el continuo financiamiento de presupuestos inflados para la guerra contra las drogas y el apoyo para políticas fallidas que han costado las vidas de unos 50.000 ciudadanos mexicanos desde finales de 2006 y han terminado con cualquier esperanza de una vida productiva para cientos de miles de ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos desperdiciando sus vidas en prisiones de EE.UU., y una cantidad importante de víctimas de homicidios callejeros vinculados a negocios de drogas fracasados”. Llamadlo negocios como si tal cosa en el “país de Dios”, esa “ciudad brillante sobre una colina”. El pasado como prólogo Si la historia es una guía para las actuales prácticas, la CIA se ha basado desde hace tiempo en el financiamiento de operaciones clandestinas de la Agencia a través de bancos sospechosos y de los banqueros que los dirigen. Entre los timadores que se han beneficiado de confortables relaciones con la Agencia, los lectores seguramente recordarán a Castle Bank Bank & Trust de Paul Helliwell; Nugan-Hand Bank de Michael Hand, Frank Nugan y Bernie Houghton; Bank of Credit and Commerce International (BCCI) de Agha Hasan Abedi; o más recientemente, como Antifascist Calling reveló hace dos años, el timo Ponzi del estafador multimillonario condenado R. Allen Stanford, disfrazado como “banco de servicio completo”, Stanford International. El hecho de que los cuatro bancos que colapsaron en ignominia y escándalos mientras a los inversores les escamoteaban miles de millones de dólares en depósitos en medio de acusaciones de que esos agujeros negros financieros eran poco más que conductos para el crimen organizado y operaciones de inteligencia, solo subraya el hecho indiscutible de que el crimen paga a órganos secretos del Estado como la CIA. Dos años después del estallido del escándalo Wachovia en medio del ensordecedor silencio de los medios de EE.UU., Daniel Mejía dijo a The Observer: “En general, existe considerable renuencia de ir en pos del gran dinero. No apuntan a las partes de la cadena donde existe un gran valor agregado. En Europa y EE.UU. el dinero se dispersa, una vez que llega al país consumidor entra en el sistema, en cada ciudad y Estado. Prefieren ir en pos de la pequeña economía, la gente humilde y los cultivos de coca en Colombia, a pesar de que la economía es ínfima”. “Es una extensión de la forma de operar interna”, dijo Mejía. “Van en pos de las clases bajas, el eslabón débil de la cadena, el sujeto común y corriente, para mostrar resultados. Otra vz transfieren el coste de la guerra de las drogas a los más pobres, pero no al sistema financiero y al gran dinero que mueve todo el asunto”. En vista de la corrupta trayectoria de la “Guerra contra las Drogas”, esto no debiera sorprender a nadie. Como escribió Peter Dale Scott en Deep Events and the CIA's Global Drug Connection: “La conexión global de la droga no es solo una conexión lateral entre agentes de la CIA en el terreno y sus contactos en el narcotráfico. Es de modo más significativo un complejo financiero global de dinero caliente que une a destacadas empresas, las finanzas y el gobierno, así como personajes del hampa”. Según Scott, este nexo global criminal-elite “mantiene su propia influencia política mediante el suministro sistemático de finanzas ilícitas, favores e incluso sexo a políticos en todo el mundo, incluidos dirigentes de ambos partidos en EE.UU. El resultado es un sistema que podría drnominarse 'imperio indirecto', un imperio que, en su búsqueda de mercados y recursos extranjeros, se da por satisfecho con la subversión de la gobernanza existente sin imponer una alternativa progresista”. El análisis de Scott ha sido ciertamente confirmado por funcionarios honestos del mantenimiento del orden. Martin Woods, eximportante detective de la brigada antidrogas de la policía metropolitana de Londres se sumó a Wachovia en 2005 como principal investigador contra el lavado de dinero y pagó un duro precio por su diligencia. Expulsado de su puesto después de negarse a dejar de presentar informes sobre actividades sospechosas a la sede central en Charlotte, sobre prácticas de depósitos sospechosas de filiales de Wachovia en Londres y Miami, Woods dijo a The Observer: “Nueva York y Londres se han convertido en las dos mayores lavanderías de dinero criminal y de la droga y en paraísos fiscales. No las Islas Caimán, no la Isla de Man o Jersey. El gran lavado tiene lugar directamente a través de la City de Londres y Wall Street". “Entre tanto”, dijo Woods, “la industria de la droga tiene dos productos: dinero y sufrimiento. Por una parte masivos beneficios y enriquecimiento. Por la otra masivos sufrimientos, miseria y muerte. No se pueden separar unos de otros. Con cientos de miles de millones de dólares lavados por el sistema cada año, no existen muchos incentivos para echar el guante a los peces gordos. Y de eso no cabe la menor duda. Tom Burghardt es un investigador y activista basado en San Francisco Bay Area. Aparte de publicar en Covert Action Quarterly y Global Research, es editor colaborador en Cyrano's Journal Today. Sus artículos aparecen en: Dissident Voice , Pacific Free Press , Uncommon Thought Journal y en WikiLeaks. Es editor de Police State America: U.S. Military "Civil Disturbance" Planning, distribuido por AK Press y ha colaborado en el nuevo libro de Global Research: The Global Economic Crisis: The Great Depression of the XXI Century. Fuente: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31441

Rebeldes sirios tienen en su poder armas químicas procedentes de Libia según medios Moscú, 10 de junio, RIA Novosti. Grupos extremistas sirios que combaten contra el Gobierno de Damasco se hicieron con armas químicas suministradas desde el territorio libio, informó este domingo la agencia iraní Fars citando a medios de Siria. Según estas informaciones, actualmente los terroristas se entrenan en el uso de gases tóxicos de guerra en el territorio turco, con el objetivo de lanzar un ataque contra civiles para responsabilizar de ello al Ejército sirio. “Cualquier información que se publique ahora o en adelante sobre posible empleo de armas químicas por el Ejército sirio significará que los terroristas han empleado estas armas contra la población y acusan de ello a las fuerzas armadas y el Gobierno de Siria”, afirma la prensa siria a la que cita Fars. Este domingo, los activistas sirios de derechos humanos y los observadores de la ONU informaron sobre nuevos enfrentamientos entre el Ejército y la oposición armada. Así, un barrio céntrico de Damasco se convirtió la víspera en escenario de un violento combate que se prolongó durante 12 horas. Según observadores de la ONU, los grupos armados abrieron fuego con lanzagranadas, disparando contra una central eléctrica y seis autobuses. Imágenes grabadas por unos testigos también muestran barricadas de neumáticos en llamas levantadas en algunas calles de la capital siria por grupos de vecinos que intentaban así impedir el avance de las fuerzas gubernamentales. Por el momento, no hay información sobre víctimas. Por otro lado, agencias internacionales informaron sobre la muerte de al menos 52 civiles víctimas de enfrentamientos que se produjeron la víspera en otras localidades sirias. Entretanto, la principal formación opositora del país árabe, el Consejo Nacional Sirio (CNS), eligió anoche al activista kurda Abdel Basset Sayda como su nueve jefe. Sayda, de 56 años, sustituirá a Burhan Ghalioun, quien dimitió ante las críticas de los Comités de Coordinación Local, otro grupo de la oposición siria. Desde hace un año, Siria es escenario de enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y la oposición que han causado más de 12.000 muertos, según estimaciones de la ONU. Por su parte, las autoridades del país reportan más de 2.500 muertos entre militares y agentes del orden público y al menos 3.200 muertos entre la población civil