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Registrate y eliminá la publicidad! AGUANTE POLITINGA! por Manuel Hinds Manuel Hinds ex Ministro de Finanzas de El Salvador y autor de Playing Monopoly with the Devil: Dollarization and Domestic Currencies in Developing Countries (Council on Foreign Relations, 2006). Hace muchos años circuló un chiste muy gastado en el que un hombre decía que en su casa él tomaba las decisiones más importantes —tales como qué estrategia debería utilizar Estados Unidos para ganar la guerra en Iraq o la política que debería seguir Europa con respecto a las inmigraciones de musulmanes—, mientas su mujer tomaba las menos importantes —tales como a qué colegio mandar a los niños, cuánto gastar y cuánto ahorrar, qué casa comprar, adónde ir a pasar las vacaciones y cuándo debe él pedirle un aumento al jefe. Las decisiones claves para el futuro de la humanidad, por supuesto, se tomaban con un traguito en la mano los viernes en la noche en miles de casas en San Salvador. En el momento presente, estos estadistas de traguito de viernes en la noche han decidido que la culpa de la crisis económica la tiene el capitalismo y que por tanto este sistema debe abolirse. En esto se han visto apoyados por algunos presidentes latinoamericanos que se clasifican como de izquierda, tales como Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, aunque no por los serios como Lula de Brasil. La conclusión es curiosa por varias razones: Primero, porque los filósofos sociales no dicen qué sistema ha probado ser mejor que el capitalismo para enfrentar la crisis por la simple razón que no hay otro sistema en funcionamiento contra el que pueda compararse el capitalismo, excepto en lugares que ya eran miserables antes de la crisis, como Cuba y Corea del Norte. Segundo, este sistema, el comunismo, ya falló estrepitosamente con la caída de la Unión Soviética y sus satélites y la conversión de China al capitalismo más crudo durante la década de los noventa. El rechazo del capitalismo necesariamente tendría que llevar al comunismo, ya que éste es el único sistema que niega la base del capitalismo —la propiedad de los bienes de producción en manos privadas— para establecer que toda la propiedad de dichos bienes (es decir, todos los bienes que producen otros bienes, como la maquinaria industrial, la tierra, los tractores, etc.) deben ser propiedad del Estado. Y este sistema ya falló él solito, sin necesidad de una crisis mundial. Tercero, ya antes, durante la Gran Depresión de los años treinta, se había anunciado la terminación del capitalismo. Y después de eso, los países capitalistas se repusieron y crecieron y se desarrollaron mucho más que los países comunistas, que se quedaron estancados en una economía que sólo podía producir (y muy ineficientemente) en medio de dictaduras que reducían a los ciudadanos a la esclavitud de un Estado totalitario. A la caída de la Unión Soviética se comprobó que los países capitalistas no sólo habían crecido muchísimo más que los comunistas sino también disfrutaban de un desarrollo social mucho mayor. Y además tenían libertad y derechos humanos, que no existían en los países comunistas. China comenzó a crecer cuando abandonó el sistema económico comunista para adoptar el capitalismo. Cuarto, por un accidente en la carretera, aunque sea terrible e involucre muchos carros, no significa que debe de abolirse el sistema de transporte, prohibiéndose los automóviles y las carreteras. Sí puede significar que es necesario regular y supervisar mucho más el diseño y la construcción de las carreteras, o de los automóviles, o de ambos, así como la crisis financiera actual demuestra que los bancos y otras instituciones financieras no fueron regulados y supervisados tan estrechamente como se requería. Finalmente, echar culpas sin proponer soluciones es parte de nuestro negativa manera de enfrentar nuestros problemas. Está comprobado que las crisis más grandes y largas son causadas no por los eventos que las comienzan sino por las decisiones erradas que los gobiernos y el sector privado toman o dejan de tomar por ignorancia, precipitación o populismo, que prolongan y vuelven peor los problemas iniciales de la crisis. Así es claro ahora que la Gran Depresión fue tan larga y profunda por errores crasos que se cometieron en medio del pánico de esos años. En estos momentos, pues, en vez de creernos Carlos Marx y predecir el fin del capitalismo que él anunció sin efecto hace más de ciento treinta años (el sistema que se acabó fue el que él creyó que era el futuro, el comunismo), debemos de buscar soluciones prácticas a los problemas que nos plantea la crisis. Uno de los problemas más serios, que está teniendo lugar en todo el mundo, es la negativa de los bancos a prestar. Esto está sucediendo en nuestro país también. Es entendible que los bancos quieran ser prudentes. Pero también deben entender que si cortan el crédito totalmente van a causar el mismo problema que ellos quieren evitar: si no hay liquidez en el mercado, sus clientes buenos no van a poder pagarles. El gobierno y los bancos deben de sentarse juntos y armar un plan financiero para el país en el futuro inmediato, que asegure que la excesiva prudencia de los bancos no resulte en la peor imprudencia que pueden cometer —la de ahogar la economía ahogándose ellos mismos con ella—. La suerte de los bancos, las actividades económicas, el gobierno y el país entero depende de que esto se haga pronto y eficientemente, sin grandiosidades políticas, con madurez de país, sin pensar en cosas irrelevantes como si esto es capitalismo o no. Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 6 de noviembre de 2008.

por Alan Reynolds Alan Reynolds es Académico Titular de Cato Institute. En su libro para su campaña presidencial de 1992, Colocando a la gente primero (Putting People First), Bill Clinton y Al Gore dijeron, “Reduciremos la carga tributaria para los estadounidenses de clase media pidiéndole a los extremadamente ricos que paguen su porción justa. Los contribuyentes de clase media tendrán que elegir entre un crédito tributario para niños o una reducción considerable en su tasa tributaria. Para el 15 de enero de 1993, sin embargo, el recientemente elegido Bill Clinton le dijo al New York Times que debido al empeoramiento de las proyecciones para el déficit comercial se ha visto forzado a incumplir con sus promesas de campaña de reducirle los impuestos a la clase media. “El Sr. Clinton habló durante toda su campaña acerca de la necesidad de lidiar con el declive en los ingresos de la clase media durante los ochenta. Él propuso una reducción de impuestos para la clase media hace aproximadamente un año, en New Hampshire, y repitió la promesa con frecuencia. Pero en las semanas después de su elección … el nuevo equipo de consejeros económicos de Clinton aparentemente han hecho nuevos cálculos y han concluido que la reducción de impuestos no es posible si el Sr. Clinton quiere reducir el déficit y también continuar con un programa de ‘inversión’ para reavivar la economía. Cálculos que arrojan un creciente déficit requieren un presidente que cambie de plan, dijo él, añadiendo: ‘Creo que sería irresponsable por parte de cualquier presidente de EE.UU., en cualquier situación, no responder a las cambiantes circunstancias”. Los cínicos han sugerido que una vez que el Presidente-electo Barack Obama se confronte con el tenebroso déficit de 2009 de por lo menos $1 trillón, él, también, tendrá que incumplir su promesa de “reducciones tributarias para la clase media”. Cuando se le pregunta acerca del precedente de Clinton, no obstante, Obama dijo que el hubiera tomado decisiones distintas. Él implicó que la redistribución a través del código tributario es su principal prioridad. Poco antes de las elecciones yo escribí, “Los más problemáticos aumentos en impuestos en el plan de Barack Obama no son esos que ya podemos ver pero aquellos que seguramente serán anunciados después, luego de que las elecciones hayan pasado y las realidades presupuestarias asomen su fea cabeza”. Una tasa tributaria de 20% sobre los dividendos y ganancias capitales por sobre los contribuyentes de más altos ingresos recaudaría poco o nada de fondos, pero esto no es nada por lo cual agitarse terriblemente. Elevar la tasa tributaria más alta a 39,6% desalentaría algo de esfuerzo e inversiones, pero muchos profesionales y pequeñas empresas podrían evitar aquello refugiando más de su ingreso en el más bajo impuesto corporativo. El plan de Obama de gradualmente eliminar las deducciones y exenciones personales para esos mismos contribuyentes sería brutalmente injusto para las familias grandes y para aquellos que viven en estados “azules” de altos impuestos,por lo que puede ser que hasta demuestre ser una torpeza política. Aquellos que imaginan que el gobierno no intentará aumentar los impuestos durante una recesión tienen memoria de corto plazo. La Ley Obama de Reconciliación de Presupuesto fue firmado por George Bush Sr. El 5 de noviembre de 1990—meses luego de que la economía había entrado en una recesión en julio de ese año. Mirando más allá del próximo año, el mayor peligro fiscal no son los aumentos en impuestos que Obama describe como tales, pero los aumentos en impuestos que el describe como “reducciones tributarias”—específicamente, $1,3 trillones de promesas no financiadas de beneficios sociales a ser “rembolsados” con cheques de entre $500 y $4.000 cada uno. Bajo uno de los planes de Obama, si usted ahorra $1.000 y luego se cuida de no ganar mucho, el gobierno le enviará $500. Un estudiante con un ingreso familiar por debajo de $100.000 (él o su esposa tiene que quedarse en casa) podría obtener $4.000 por 100 horas de servicio a la comunidad, lo cual equivale a $40 por hora (libre de impuestos). Hay un crédito de $3.000 para el cuidado de los niños que es negado cada vez que aumenta el ingreso desde $30.000 hacia $58.000. Hay otro crédito reembolsable de impuestos de $500 por cada trabajo para hacer parecer que el Seguro Social es gratis, pero este se elimina rápidamente después de ganar $75.000 (una figura que Obama describió como $200.000). Es posible recolectar varios de tales cheques, pero ganar más ingresos puede que entonces resulte en perder más de 50 centavos por cada dólar extra ganado ya que los créditos van siendo retirados. Un editorial del 23 de octubre publicado en el Wall Street Journal, “Una previsión acerca de las Obamanomics” (“An Obanomics Preview”), concluyó que “Si el Sr. Obama de verdad quiere un ‘estímulo’, el debe anunciar que dadas las condiciones de la economía él no aumentará los impuestos”. Aunque suenen convincentes, los argumentos contra-cíclicos (Keynesianos) rápidamente se vuelven en su contra cuando sea que la economía no está en una recesión—es decir, gran parte del tiempo. Cuando la economía se recupere el próximo año (como siempre se recupera si los políticos restringen su intromisión), los demócratas seguramente darán crédito para la recuperación del nuevo presidente. Pero también podrían intentar convertir el mantra republicano “no aumenten impuestos durante una recesión” en una invitación a aumentar las tasas tributarias luego de que la recesión se haya acabado. Un problema potencialmente mayor es que Obama utilizará el argumento contra-cíclico para su ventaja posponiendo el asunto hasta 2010, cuando las reducciones tributarias de Bush simplemente expiren. Si los aumentos tributarios no son ley para 2009, ¿por qué molestarse en solo aumentar unos cuantos impuestos durante 2010 cuando hacer nada al respecto automáticamente resultaría en una total eliminación de las reducciones tributarias de 2001-2003? Armados con esa lucrativa cuenta en blanco como nueva línea base, un presidente y congreso demócrata podrían magnánimamente ponerse de acuerdo para preservar solamente los aspectos que además de desperdiciar plata del fisco son populares tales como la ley original de Bush—con una tasa de impuestos altamente costosa de 10% y el crédito para niños, por ejemplo—mientras que permite que más de solamente las dos tasas más altas vuelvan a subir, y aumenta la tasa tributaria a nivel de los estados también. Todo en nombre de la responsabilidad fiscal, por supuesto. Los impuestos más altos siempre fracasan en aumentar las recaudaciones que esperan sus partidarios. Cuando eso sucede, sabemos dónde buscarán los demócratas para aumentar los impuestos. Y eso es meterse cada vez más en el bolsillo de cualquier negocio lucrativo o inversionista exitoso (aún más difícil) que todavía exista. Para aquellos considerando el futuro más allá del próximo año, el principal riesgo tanto para los contribuyentes individuales como para los corporativos no es que el nuevo presidente cumplirá con sus promesas de aumentar unas cuantas tasas tributarias y eliminar algunos vacíos legales. El principal riesgo es que el cumplirá con sus más grandes promesas de establecer todos aquellos programas de beneficios públicos financiados con impuestos y disfrazados como “créditos tributarios”. Si millones de más votantes se han acostumbrado a pagar nada por el gobierno (ni siquiera por sus beneficios de Seguridad Social), y en cambio a recibir un manojo de cheques de la Tesorería, se volverá casi igual de difícil para cualquier presidente terminar con esos programas como lo será para los contribuyentes pagar por ellos. POLITINGA! http://www.elcato.org/node/3804

Politinga! erradicando falsas creencias... por Steven Horwitz Steven Horwitz es profesor de economía de la Universidad de Saint Lawrence. Amigos: En estos últimos meses, he escuchado repetidamente por parte de ustedes que el actual desorden financiero ha sido causado por los fracasos de los mercados libres y la desregulación. He escuchado de ustedes que la ambición por las utilidades, cualquier utilidad, lo cual es fundamental para los mercados libres, es la base de nuestros problemas. Y he escuchado por parte de ustedes que sólo una intervención gubernamental significativa en los mercados financieros puede curar estos problemas, quizás de una vez por todas. Les pido a ustedes que en los próximos minutos, en las palabras de Oliver Cromwell, consideren que pueden estar equivocados. Consideren que ambos el diagnóstico y la cura pueden estar igualmente equivocados. Consideren en cambio que los problemas de este desorden fueron causados por los mismos tipos de regulaciones gubernamentales que ustedes ahora proponen. Consideren, en cambio, que los efectos detrás del afán de lucro que ustedes claman dependen de los incentivos que crean las instituciones, las regulaciones y políticas, que en este caso condujeron a los buscadores de ganancias a ocasionar un gran daño. Consideren, en cambio, que las regulaciones que pudieron haber sido la causa, fueron apoyadas por, tal y como usualmente ha sido a través de la historia de los EE.UU., las mismas empresas que estaban siendo reguladas, principalmente porque estas regulaciones trabajaron a favor de las ganancias de dichas empresas, incluso cuando éstas arruinaron al resto de nosotros. Consideren todo esto mientras ustedes piden más de lo mismo para supuestamente arreglar el problema. Y finalmente, consideren por qué nunca se imaginarían que esos individuos con dinero y poder no construirían un nuevo proceso regulatorio a su favor. Una de las confusiones más grandes en este desorden es la idea que esto es el resultado de la codicia. El problema con esa explicación es que la codicia es siempre una característica de la interacción humana. Siempre lo ha sido. ¿Por qué, de repente, la codicia ha causado tanto daño? ¿Y por qué sólo en un sector de la economía? Después de todo, ¿acaso no hay suficiente codicia en todo lo demás? Las empresas son sin duda alguna buscadoras de utilidades. Y ellas buscarán las utilidades donde los incentivos institucionales sean tales, que las utilidades existan. En un mercado libre, las empresas ganan al proveer los bienes que quieren los consumidores a los precios que están dispuestos a pagar. (Mis amigos, no paren de leer aquí si están en desacuerdo —ahora saben como me siento yo cuando ustedes alegan que este desorden es un fracaso de los mercados libres— por lo menos terminen este párrafo). Sin embargo, las regulaciones y las políticas, e incluso la retórica de actores políticos poderosos, pueden cambiar los incentivos de tener utilidades. Las regulaciones pueden hacer más difícil que las empresas minimicen su riesgo, al exigirles que hagan préstamos a prestatarios marginales. Las instituciones gubernamentales pueden incitar a los bancos a tomar riesgos adicionales al ofrecerles una garantía gubernamental implícita si esos riesgos fracasan. Las políticas pueden dirigir el interés personal a actividades que sólo contribuyen a las utilidades corporativas y no al público. Muchos de ustedes han criticado correctamente el mandato para etanol, el cual hizo rentable que los productores de maíz dejaran de producir maíz para alimento y en su lugar producir maíz para energía, lo cual conllevó a un incremento en los precios mundiales de alimentos. ¡Lo que es interesante es que ustedes culparon en este caso a la política y no culparon a la codicia y la búsqueda de utilidades! Ningún economista liberal piensa que “la codicia es siempre buena”. Lo que pensamos que es bueno son las instituciones que colaboran al interés propio de actores privados, al recompensarlos por servir al público y no sólo a sí mismos. Pensamos que eso es lo que genuinamente hacen los mercados libres. Los intercambios en el mercado son mutuamente beneficiosos. Cuando la ley se equivoca al definir de manera pobre las reglas del juego o al tratar de esquivarlas a través de regulaciones, el interés propio deja de ser mutuamente beneficioso en términos económicos. El sector privado ahora gana al servir intereses políticos en lugar de servir al público. En estos casos, la codicia trae malas consecuencias. Pero no son malas por surgir de la codicia o el interés propio, sino más bien porque el contexto institucional bajo el que ésta opera, canaliza el interés propio en maneras que son socialmente poco productivas. Esto, mis amigos, es exactamente lo que nos ha llevado al desorden en que estamos ahora. Llamar a la crisis hipotecaria y de crédito un fracaso del mercado libre o el producto de una codicia desmesurada es cegarse ante el enjambre de las regulaciones y políticas gubernamentales, y los pronunciamientos políticos que tanto han reducido la “libertad” de este mercado y canalizado el interés propio de una manera que ha producido consecuencias desastrosas, tanto intencionadas como no intencionadas. Déjenme hacerles un breve resumen del papel protagónico del gobierno en este pequeño drama. Para empezar, Fannie Mae y Freddie Mac son “empresas patrocinadas por el gobierno”. Aunque técnicamente son privadas, éstas tienen privilegios particulares otorgados por el gobierno, son monitoreadas por el Congreso, y, más importante, han operado bajo una promesa clara de que, si fracasan, serán rescatadas. Difícilmente se puede llamar a esto un “mercado libre”. Todos los jugadores en el mercado de hipotecas sabían esto desde el inicio. A inicios de los noventas, el Congreso simplificó los requisitos de préstamo de Fanni y Freddie (a 1⁄4 del capital requerido por los bancos comerciales regulares) para incrementar su habilidad de poder prestar a las zonas pobres. El Congreso también creó una agencia regulatoria para supervisarlas, pero esta agencia también tenía que aplicar cada año ante el Congreso para obtener su presupuesto (ninguna otra agencia reguladora financiera está obligada a hacer esto), lo que aseguró que le dijera al Congreso exactamente lo que quería escuchar: “las cosas andan bien”. En 1995, a Fannie y Freddie se les dieron permisos para ingresar al mercado “subprime” y los reguladores empezaron a presionar a los bancos que no estaban prestando suficiente a las zonas pobres. Se hicieron varios intentos por auditar a Fannie y Freddie, pero el Congreso no tenía los votos para hacerlo, especialmente con ambas organizaciones haciendo contribuciones significativas a las campañas de miembros de ambos partidos. Incluso el New York Times, ya desde 1999, visualizó exactamente lo que pasaría gracias a este mercado poco libre, y alertó sobre la necesidad de rescatar a Fannie y Freddie si el mercado mobiliario bajaba. Complicando las cosas aún más fue la renovación/revisión en 1994 del “Community Reinvestment Act (CRA)” de 1977. El CRA exige a los bancos prestar un porcentaje de su cartera dentro de sus comunidades locales, especialmente cuando esas comunidades están económicamente en desventaja. Adicionalmente, el Congreso explícitamente ordenó a Fannie y a Freddie a extender sus préstamos a prestatarios con crédito marginal como una manera de ampliar la adquisición de viviendas. Lo que todo esto hizo fue crear enormes incentivos políticos y gananciales para los bancos, y que Fannie y Freddie prestaran más a personas de bajos ingresos y alto riesgo. A pesar de las buenas intenciones de extender la compra de vivienda a más estadounidenses, el forzar a los bancos y el bajar artificialmente los costos para hacerlo, son gran parte del problema en que hoy en día nos encontramos. Al mismo tiempo, los precios de las propiedades estaban creciendo, haciendo que los que habían tomado grandes préstamos hipotecarios con bajos depósitos iniciales sintieran que los podían manejar e inspiraron una amplia variedad de nuevos instrumentos hipotecarios. Lo que es interesante es que el incremento en los precios afectó más fuerte a las ciudades con regulaciones más estrictas para el uso de la tierra, lo que también explica por qué no todas las ciudades sufrieron el mismo nivel de incremento en el valor de las propiedades. Estas regulaciones impidieron utilizar ciertas tierras para vivienda, por lo que la creciente demanda de viviendas (incentivada por las consideraciones anteriores) conllevó a una respuesta lenta en la oferta de tierra. El resultado fue un rápido incremento de los precios. En las áreas con regulaciones menos estrictas para el uso de la tierra, el efecto sobre los precios de las viviendas fue mucho menor. De nuevo, fue la regulación y no el libre mercado, lo que incentivó la búsqueda de utilidades, siendo responsable en gran medida de los crecientes precios de vivienda que alimentaron una seguidilla de préstamos. Mientras todo esto pasaba, la Reserva Federal, nominalmente privada pero con enormes privilegios monopolísticos otorgados por el gobierno, estaba inyectando dinero y empujando los intereses más y más hacia abajo. Esta inyección de dinero alimentó más la locura por los préstamos. Con tal cantidad de dinero disponible, gracias al amigable monopolio del banco central (difícilmente el libre mercado en acción), los bancos podían darse el lujo de seguir haciendo préstamos más y más riesgosos. El capítulo final de la historia es que en el 2004 y 2005, siguiendo los escándalos contables de Freddie, tanto ésta como Fannie pagaron su penitencia al Congreso al aceptar extender sus préstamos a clientes de bajos recursos. Ambos aceptaron adquirir una mayor cantidad de préstamos tipo “subprime” y “Alt-A”, dando luz verde a los bancos para crear estos préstamos. De 2004 a 2006, el porcentaje de préstamos en estas categorías riesgosas aumentó de un 8% a un 20% de todas las hipotecas de los Estados Unidos. Y la calidad de estos préstamos también estaba bajando: los depósitos iniciales se hacían cada vez más pequeños y un mayor número de préstamos iniciaban con tasas de interés bajas, las cuales se ajustarían hacia arriba más adelante. Los bancos estaban adquiriendo prestatarios más riesgosos, pero sabían que tenían un comprador garantizado para esos préstamos en Fannie y Freddie, respaldados, claro está, por nosotros los contribuyentes. Sí, los bancos fueron “codiciosos” al buscar nuevos clientes y préstamos riesgosos, pero ellos estaban respondiendo a los incentivos creados por las intervenciones gubernamentales bien intencionadas pero equivocadas. Son estas intervenciones las realmente responsables de los préstamos riesgosos que salieron mal, los cuales representan el corazón de esta crisis, no el “libre mercado”. El desorden actual es claramente un resultado de la interferencia del gobierno en el libre mercado, desde los fondos de la Reserva Federal, las regulaciones del CRA y del uso de la tierra, hasta Freddie y Fannie creando un mercado artificial para hipotecas riesgosas, con tal de cumplir con las solicitudes del Congreso para que las familias de bajos recursos tuvieran más oportunidades de adquirir viviendas. Gracias a esa intervención, muchas de esas familias no sólo han perdido sus viviendas, sino también los ahorros que pudieron haber guardado por unos años más y talvez utilizado para adquirir una hipoteca menos riesgosa sobre una vivienda más barata. Todas estas intervenciones en el mercado crearon el incentivo y los medios para que los bancos ganaran, al crear préstamos que nunca se hubiesen dado en un mercado genuinamente libre. Es importante resaltar que estas regulaciones, políticas e intervenciones fueron muchas veces apoyadas por los sectores privados involucrados. Fannie y Freddie hicieron miles de millones mientras los precios de las viviendas crecieron, y a sus altos ejecutivos se les pagaron grandes sumas. Lo mismo es cierto de los diferentes bancos y otros intermediarios hipotecarios que ayudaron a esparcir y poner precios al riesgo que estaba en juego, incluyendo esos que crearon todo tipo de nuevos instrumentos financieros sofisticados diseñados para lidiar con el creciente riesgo de “no pago” que la intervención trajo con ella. Este era un juego maravilloso que estaban jugando y los mercados financieros estaban felices de tener a Fannie y a Freddie como compradores voraces de sus préstamos riesgosos, sabiendo que los dólares de los contribuyentes de los EE.UU. siempre estarían ahí si los necesitaran. La historia de la regulación financiera en los EE.UU. es la historia de las empresas utilizando la regulación para sus propios intereses, independientemente del interés público. Esto es precisamente lo que pasó en el mercado de las viviendas. Y también es la razón de por qué los llamados para más regulación y más intervención están tan equivocados: han fallado en el pasado y fallarán otra vez, dado que quienes tienen sus utilidades en juego son los que tienen los recursos y el acceso al poder para asegurar que el juego resulte a su favor. Sé, mis amigos, que les preocupa el poder corporativo. A mí también, al igual que a muchos de mis colegas economistas liberales. Nosotros sencillamente creemos, y pensamos, que la historia está de nuestro lado, que el mejor control sobre el poder corporativo es un mercado competitivo y el poder del dólar de los consumidores (enmarcado, claro, por prohibiciones legales contra la fuerza y el fraude). La competencia significa que empresas arrogantes pelean entre sí para servirnos a nosotros. Sí, siempre tendrán poder, pero sus efectos negativos disminuyen. Es cuando las empresas pueden utilizar al Estado para ajustar las reglas a su favor, que los efectos negativos de su poder se magnifican, precisamente porque tienen el respaldo del poder del Estado. El desorden actual demuestra esto tan bien como nada lo ha hecho anteriormente, una vez que uno se percata del papel tan grande que jugó el Estado. Si usted realmente quiere disminuir el poder de las corporaciones, no les dé acceso al Estado a través de la expansión de los poderes regulatorios de éste último. Eso es precisamente lo que quieren, tal y como lo ha demostrado la pelea sobre el botín de los US$700 mil millones. Esta es la razón de por qué muchos de nosotros que estamos comprometidos con el libre mercado nos oponemos a este rescate. El mismo no es sino otro ejemplo de la larga historia del sector privado tratando de enriquecerse por medio del Estado. Cuando lo hace, no existen beneficios para el resto de nosotros, a diferencia de lo que pasa cuando las empresas tratan de enriquecerse en mercados competitivos. Adicionalmente, estas empresas se beneficiaron tremendamente de las intervenciones regulatorias que apoyaron y que tanto afectaron a muchos de nosotros. La eventual explosión de la burbuja y sus pérdidas subsiguientes son, para muchos de nosotros, el postre merecido por haber acomodado el juego y eventualmente ser atrapados. Premiarlos otra vez por su arreglo del juego nos es sólo moralmente irracional, es una política económica muy errada, dado que envía el mensaje a otros posibles tramposos que ellos también serán recompensados por armar un desastre en la economía estadounidense. Si no ayudamos a estas empresas habrá dolor a corto plazo, pero ese es el precio que debemos pagar por 15 años o más de préstamos hecho al apuro y sin consideraciones serias. El rescate planeado no puede prevenir el dolor de lo que ya se hizo; sólo puede taparlo al trasladarlo y distribuirlo entre los que pagan impuestos y una economía golpeada por préstamos, impuestos, y/o una inflación necesaria para pagar esos US$700 mil millones. Es mejor que soportemos el dolor del corto plazo de una vez y que limpiemos nuestros errores del exceso, y que después volvamos a los negocios de los mercados libres sin crear un poder Ejecutivo monstruoso y sin supervisión que trate de “salvar” a esos que más se beneficiaron del exceso, y en el proceso herir a los inocentes contribuyentes del fisco. Lo que les pido a mis amigos de la izquierda no es solamente que continúen trabajando junto a nosotros para oponerse a este o a cualquier rescate similar, sino además que juzguen cuidadosamente si realmente quieren depositar en la entidad que es la principal causante de esta crisis el poder para tratar de solventarla. Nuevas facultades regulatorias pueden parecer la solución, pero eso es justamente lo que la gente dijo cuando el CRA fue aprobado, o cuando nuevos mandatos les fueron dados a Fannie y Freddie. Y las mismas compañías que van a ser reguladas serán las primeras en la fila para determinar cómo serán escritas e implementadas esas regulaciones. Ustedes pueden anticipar de qué manera se va a acomodar este juego. Yo sé que ustedes tienen tentación de pensar que los problemas de estas regulaciones son causados por el error de quienes regulan. Si tan sólo, piensan ustedes, Obama pudiera ganar y con ello pudiésemos despachar a los corruptos Republicanos y nombrar a personas éticas y con buenas intenciones. Piensen de nuevo. Por una parte, casi cualquier intervención gubernamental en la raíz de esta crisis tuvo lugar bajo el mandato de un presidente Demócrata o un Congreso controlado por los Demócratas. Aún cuando los Republicanos tuvieron el control del Congreso, el Presidente Clinton movió el asunto para cambiar las reglas y permitirle que incursionaran en el mercado crediticio de mayor riesgo. Mi punto acá es no es señalar a los Demócratas como culpables de la presente crisis. Esa culpa se distribuye proporcionalmente. Mi punto es que albergar la esperanza de que llegar a tener a la “gente correcta” en el ejercicio del poder permitirá evitar este tipo de problemas es tan ingenuo como históricamente ciego. En la medida en que los intereses corporativos eran relevantes, fueron apoyados y ayudados, quizá involuntariamente, a través de intentos bien intencionados de hacer cosas buenas por parte de gente básicamente buena. El problema es que hubo un gran número consecuencias involuntarias indeseables, la mayoría de las cuales eran previsibles y fueron previstas. No importa cuál partido esté conduciendo el barco: las regulaciones traen apareadas consecuencias involuntarias y siempre tenderán a ser capturadas por los intereses privados con la mayoría en juego. Y la historia está llena de casos en los que aquellos con una agenda moral o ideológica se hallan a sí mismos en asocio político con aquellos cuyos intereses materiales están alineados, incluso si ambos grupos están usualmente en extremos opuestos. Este es el famoso fenómeno de los “Bautistas y Contrabandistas de licores”. Si han llegado hasta acá, estoy sumamente agradecido. Sea que acepten o no el argumento completo que les he detallado aquí, les pido una cosa: la historia que les conté al inicio sobre el papel de la intervención gubernamental en este desorden es cierta, cualesquiera que sean sus conclusiones mayores sobre las causas y los remedios. Aún si ustedes no aceptan mi argumento de que mayor regulación no es la cura, culpar al “libre mercado” de este desastre debería ahora consternarlos como la obvia falsedad que es y yo esperaría que, con el mejor espíritu de juego limpio, se abstengan de seguir diciendo lo que hablan y escriben sobre los eventos en curso de los últimos meses. Podemos discrepar de buena fe sobre lo que se debe hacer a continuación, y podemos no estar de acuerdo de buena fe sobre el grado en que la intervención gubernamental causó los problemas, pero culpar a un libre mercado inexistente por una crisis que claramente fue en cierta medida el resultado de la amplia intervención del gobierno en ese mercado es injusto. En consecuencia, si es que no los he convencido de nada más, al menos espero sinceramente haber podido convencerlos de eso. A fin de cuentas, todo lo que puedo pedirles es que continúen meditando estas ideas. Explicar esta crisis a través de la avaricia no los llevará muy lejos dado que la avaricia, al igual que la gravedad, es una constante en nuestro mundo. Explicarla como la falla del libre mercado enfrenta la obvia verdad de que estos mercados distaron, por mucho, de estar lejos de la intervención del gobierno. Consideren que pueden estar equivocados. Consideren que quizá la intervención del gobierno, y no los mercados libres, hicieron que los buscadores de utilidades se involucraran en actividades que perjudicaron a la economía. Consideren que la intervención del gobierno puede haber inducido a los bancos y a otras organizaciones a asumir riesgos que nunca deberían haber asumido. Consideren que los bancos centrales de los gobiernos son las únicas organizaciones capaces de avivar este incendio con exceso de crédito. Y consideren que varias regulaciones podrían haber forzado a los bancos a conceder malos préstamos y con ello empujar artificialmente al alza los precios de las viviendas. Finalmente, consideren que los actores del sector privado son felices apoyando tales intervenciones y regulaciones porque producen ganancias. Aquellos que respaldan los mercados libres no son sus enemigos en este momento. El verdadero problema aquí es el matrimonio entre el poder corporativo y el estatal. Esa es la “asociación corporativa” a la que ambos nos oponemos. Sólo les pido que consideren si esa “asociación corporativa” no es acaso la verdadera causa de este desorden y que, por lo tanto, reconsideren si los mercados libres son la causa y si la mayor regulación es la solución. Gracias por leer esta carta. Steven http://www.elcato.org/node/3795

Politinga! por Ted Galen Carpenter Ted Galen Carpenter es vicepresidente de Estudios de Defensa y Política Exterior del Cato Institute y autor o editor de 16 libros sobre asuntos internacionales, incluyendo Bad Neighbor Policy: Washington's Futile War on Drugs in Latin America (Cato Institute, 2002). Incluso mientras funcionarios estadounidenses se concentran en las estancadas discusiones de política exterior sobre el programa nuclear de Corea del Norte, la creciente probabilidad de que Irán se sume a la lista de países con poderes nucleares y de que se vuelvan aún más tensas las relaciones con Rusia, un serio problema de seguridad se está formando mucho más cerca de casa. Desde hace dos años, la violencia entre organizaciones narcotraficantes y las autoridades en México ha aumentado considerablemente. La matanza es tan intensa que hasta los turistas estadounidenses evitan cada vez más ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y otras ciudades situadas en la frontera Estados Unidos con México, que solían ser destinos turísticos. Lo peor de todo es que la violencia se está contagiando a los estados sureños del oeste de EE.UU. El problema del narcotráfico no es nuevo. El país es una importante fuente de producción de heroína, marihuana y metanfetamina para el mercado estadounidense así como también el principal punto de distribución de la cocaína procedente de Sudamérica. Por años, la gente dentro y fuera de México se preocupó de que el país sucumbiera en la corrupción y en la violencia que caracterizó al principal proveedor del drogas del hemisferio occidental, Colombia, desde comienzos de 1980 hasta los primeros años de este siglo. Cada vez hay más indicios de que esta “colombianización” de México se está convirtiendo en una realidad. Si México se va por el mismo camino que Colombia, las consecuencias para EE.UU. serán mucho más severas. Colombia está relativamente lejos, pero México comparte una frontera con EE.UU. y está sumamente entrelazado económicamente a este país a través del TLCAN. Simplemente, no hay ninguna manera de que los estadounidenses vean las alarmantes tendencias de nuestro vecino con indiferencia. Washington ha presionado al gobierno mexicano desde hace muchos años para que tome una postura proactiva contra los carteles de narcotráfico. Desde que Felipe Calderón subió a la presidencia en el 2006, se han cumplido sus deseos. Calderón le dio un gran protagonismo a los militares para combatir a los traficantes, postura que ningún presidente anterior había tomado. Sin embargo, el principal resultado de su estrategia ha sido un nivel aún mayor de violencia y cada vez más los militares son el blanco de esta. Los militares también han sido expuestos a la corrupción financiera que ha debilitado severamente a la policía. Hasta las supuestas victorias de México en la guerra contra la droga demuestran que no son del todo una bendición. Así lo describe la consultora de evaluación del riesgo, Stratfor: “La violencia entre carteles tiende a balancearse hacia arriba después de que las autoridades estadounidenses o mexicanas logran desmantelar una organización. En cualquier momento, puede suceder que si los grupos rivales sienten que una de las organizaciones no puede defender su territorio, combatirán no solo al grupo que domina sino también a todos los otros en aras de obtener el control”. Las batallas de campo han sido feroces. En el 2005, poco mas de mil trescientas personas murieron en violencia relacionada con las drogas. Para 2007, el monto total ha ascendido a 2.673. Y esto sigue empeorando. Para mediados del agosto de 2008, la matanza de ese año ya superaba el número de muertos de todo el 2007. El Departamento de Estado de EE.UU. advirtió a los viajeros en mayo de 2008 que las batallas entre pandillas de narcotraficantes (entre ellos y contra los policías y militares mexicanos) en partes del norte de México eran tan serias que constituían “pequeñas unidades de combate”. Esas batallas incluían el uso de armas de fuego y granadas autopropulsadas. Además de la violencia—semejante a la de Colombia entre 1980 y 1990—otra característica similar con ese país está emergiendo en México: la diversificación de las pandillas y cuarteles hacia los secuestros y otras fuentes lucrativas fuente de ingreso. Algunos reportes sugieren que el problema de secuestros en México es peor que en Colombia y que hasta estadounidenses han sido víctimas. Los funcionarios estadounidenses aceptan que la violencia relacionada al narcotráfico en México no conoce fronteras. Según John Walters, director de la Oficina para la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, “la matanza de traficantes rivales ya está atravesando las fronteras. Los testigos están siendo asesinados. No creemos que la frontera funcione como un escudo”. Un oficial de drogas de Dallas llega a la misma conclusión: “estamos viendo, aquí en Dallas, un número alarmante de incidentes que tienen las mismas características de la violencia que se ha convertido algo común en México. Vemos asesinatos por ejecución, cuerpos quemados, y el propio caos… Es como si as batallas llevadas a cabo en México por control han llegado a Dallas”. Las autoridades policiales estadounidenses en la frontera cada vez más son los objetos de la violencia. Un informe del Comité de Seguridad Nacional dice que más de una vez los contrabandistas “dejaban las drogas o las abandonaban en sus vehículos cuando se encontraban con oficiales estadounidenses”. Pero eso ya no es lo que sucede. “En el ambiente que se vive hoy, las patrullas de control de la frontera son el blanco de disparos desde la otra orilla del río, y los policías y asistentes de los sheriffs son atacados con armas automáticas mientras los delincuentes recuperan el contrabando”. Algunos de los ataques vienen de mexicanos vestidos en uniformes militares. No queda claro si los que atacan son los narcotraficantes vestidos con uniformes robados, o si son militares mexicanos—trabajando con los carteles—atacando a autoridades estadounidenses en defensa de los traficantes. La policía estadounidense parece asumir que si el gobierno mexicano logra eliminar a los jefes narcos, sus organizaciones caerán también y, de esa manera, se reducirá la ola de droga ilegal a EE.UU. Washington ahora ha respaldado esta política con un paquete de ayuda lucrativa, la iniciativa de Merida, para ayudar a crear reformas en la aplicación de la ley y para otros esfuerzos anti-drogas. Durante el verano de 2008 el Congreso aprobó la primer reforma ($400 millones) de lo que será un programa de muchos años y muchos miles de millones diseñado de manera similar al Plan Colombia, la iniciativa que empezó en el 2000 para Colombia y sus vecinos andinos—que ya nos ha costado más de $5.000 millones. Creer que neutralizando a los narcotraficantes clave en México alcanzará una importante reducción del trafico de drogas, es lo mismo que asumieron los oficiales estadounidenses con respecto a los que fueron las medidas tomadas en los carteles de Medellín y Cali durante los años 90. Los aontecimientos subsecuentes demuestran que fueron erróneas esas suposiciones. La eliminación de esos dos carteles solamente descentralizó el comercio de drogas. En vez de tener a dos grandes organizaciones controlando todo el comercio, hay, por el contrario, 300 mucho más pequeñas. Específicamente, los arrestos y los asesinatos de los líderes mexicanos y colombianos de los carteles de drogas durante los años pasados no tuvieron un aporte significativo a la cantidad de droga que entra a EE.UU. Degollar a un narcotraficante implica que aparezcan mas cabezas para tomar su lugar. Jorge Chabat, un analista de políticas sobre droga y seguridad, comenta: “Por años, el gobierno estadounidense le dijo a México: ‘El problema es que los narcos siguen siendo poderosos porque ustedes no desmantelan a las pandillas’. Ahora, están haciendo exactamente eso y los narcos están más poderosos que nunca”. México aún puede evitar el camino del caos, pero cada vez el tiempo es menor. Washington deberá prestar bastante más atención al problema de lo que viene haciéndolo y los funcionarios estadounidenses necesitarán mejores respuestas que las indeficientes y desacreditadas políticas del pasado. Si Washington continúa sosteniendo una política de estrategia prohibitiva, que crea las enormes ganancias del mercado negro de las drogas, la violencia y la corrupción se convertirán en un rasgo permanente de la vida mexicana. El comercio ilegal de drogas ya penetró en la economía y en la sociedad mexicana. Las autoridades de los Estados Unidos necesitan preguntarse si quieren arriesgarse a tener que lidiar con un vecino caótico, generador de narcotraficantes al sur de la frontera. Si no quieren lidiar con la agitación que ello produciría, la nueva administración deberá reconsiderar la estrategia prohibitiva que impera ahora y hacerlo lo antes posible. http://www.elcato.org/node/3789

AGUANTE POLITINGA! por Alberto Benegas Lynch (h) Alberto Benegas Lynch (h) es académico asociado del Cato Institute y Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina. En estos días que se discute acaloradamente la situación de los bancos y la falta de crédito, conviene precisar tres conceptos que resultan clave para el futuro del mundo libre. En primer término, debe recordarse que el crédito significa la entrega transitoria de riqueza a un tercero para que devuelva el principal y los intereses pactados en el plazo estipulado. Si ciertas instituciones financieras y bancarias no cuentan con los activos correspondientes como para prestar es debido a que el mercado (es decir, la gente a través de sus arreglos contractuales) no considera pertinente confiarles la administración de esos recursos. Si los gobiernos arrancan riqueza a los contribuyentes para entregarlos a las entidades de marras, provocan una malasignación de los siempre escasos factores productivos debido a que los detraen de áreas eficientes para entregarlos a instituciones insolventes y, a su turno, este consumo de capital inexorablemente se traduce en una disminución de salarios en términos reales puesto que éstos son consecuencia exclusiva de las tasas de capitalización. Si, en cambio, los gobiernos emiten moneda para “inyectar liquidez” estarán diluyendo la riqueza conjunta, además de alterar los precios relativos como efecto del proceso inflacionario lo cual agrava la situación porque falsea las señales del mercado que engañan a los operadores económicos. En segundo lugar, es indispensable revisar el sistema nefasto de la reserva bancaria fraccional que, ante cualquier cambio en la demanda de dinero —fruto de la incertidumbre o la desconfianza— pone en evidencia que todo el sistema está en la cuerda floja. Hay un debate muy jugoso entre los partidarios de la reserva total y el “free banking” pero ambas posiciones concuerdan que la reserva parcial manipulada por la banca central conduce al peor de los mundos. Conviene tener en cuenta que los bancos y financieras son para atender a la gente y no al revés. Por último, resulta de gran relevancia destacar que la llamada “garantía a los depósitos” produce incentivos perversos en cuanto a que estimula colocaciones imprudentes que serán financiadas compulsivamente por quienes manejan con responsabilidad sus patrimonios. Incentiva a que nadie se fije en la solvencia (o bancarrota en potencia) de la entidad bancaria o financiera ni en las trayectorias ( o prontuarios) de sus administradores para, en cambio, prestar atención solamente a las tasas de interés ofrecidas... total “garantiza el estado” (con los recursos del vecino). Las crisis agudas surgen principalmente de la intromisión gubernamental como el aumento en el gasto, el endeudamiento y el déficit estatales, las regulaciones que no se basan en el respeto a la propiedad y la manipulación en la tasa de interés por parte de la banca central, lo cual distorsiona la relación consumo presente-consumo futuro que, a su vez, engaña a los operadores a quienes les aparecen proyectos antieconómicos como si fueran rentables. También barquinazos de otra naturaleza se desatan debido al uso irresponsable de instrumentos financieros, hoy día principalmente a través de derivativos, que como su nombre lo indica derivan su valor por medio de futuros y opciones sobre acciones, hipotecas, commodities, tipos de cambio etc. Esto último, de igual manera que cuando el empresario equivoca el camino, debe ser absorbido por los responsables y no endosarlo sobre las espaldas de terceros. En la sociedad abierta resulta trascendental que los activos inservibles se den de baja y no se disimule la situación “escondiendo la tierra bajo la alfombra”. Los cuadros de resultados muestran quienes acertaron y quienes se equivocaron en los gustos y preferencias de los demás. Los primeros obtienen ganancias, mientras que los segundos incurren en quebrantos. Este es el modo de aprovechar los recursos disponibles. Tergiversar este proceso que debe sustentarse en sólidos marcos institucionales que, como decimos, protegen la propiedad y castigan el fraude, indefectiblemente conduce a la pobreza. http://www.elcato.org/node/3802