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Entre Ríos es la primera provincia argentina en prohibir el Fracking Es la primera provincia en sancionar una ley que prohíbe la extracción de hidrocarburos por fracking. Diputados le dio sanción a un proyecto que tenía media sanción del Senado desde 2016. La ley prohíbe el fracking y todos los métodos no convencionales Entre Ríos es la primera provincia en prohibir la “fractura hidráulica” (también conocida como “fracking”), cuestionada técnica para extraer hidrocarburos, con probadas consecuencias ambientales, sociales y en la salud. En Argentina se emplea principalmente en Neuquén (en la formación llamada Vaca Muerta). La ley es producto de cinco años de luchas y movilizaciones de las asambleas socioambientales y organizaciones sociales de Entre Ríos. En Vista Alegre (Neuquén), la población logró que aprobaran una ordenanza que prohíbe el fracking, pero fue apelada por el Gobierno y debe decidir el Superior Tribunal de Justicia provincial. Entre Ríos comenzó la movilización contra el fracking en 2012, cuando el presidente de YPF, el entrerriano Miguel Galuccio, firmó acuerdos con el gobierno provincial para explorar la provincia y cuantificar las reservas de hidrocarburos (incluidos los “no convencionales”, que requieren para su extracción la técnica de fracking). “Queremos que se respete la decisión del pueblo, que se cumpla nuestra ordenanza, que protege nuestras tierras productivas y nuestra histórica matriz productiva, la frutihortícola, prohibiendo la técnica de hidrofractura para la extracción de gas dentro de nuestro territorio”, explicó la Asamblea Vista Alegre Libre de Fracking y en Defensa de la Vida.

“Estamos cambiando agua por basura”, denuncia un veterano ecologista. Primero fue la tala de miles de hectáreas de selva, después la plantación de pinos y eucaliptos. Como Cartón Colombia primero, como la irlandesa Smurfit Kappa hoy, la papelera se hizo fuerte, silenciosamente, aliada con el poder (Plantación talada en corregimiento de la Florida, Pereira) En enero de 2016 el acueducto de Salento se quedó seco. La quebrada Cañas Gordas, afluente que abastece al municipio baluarte del turismo en el Quindío, había perdido la totalidad de su caudal, era apenas un chorrito pantanoso debajo de las dos bocatomas que surten al municipio. Mientras la Corporación Autónoma del Quindío responsabilizaba al calentamiento global, autoridades civiles del pueblo, campesinos y ecologistas de la región apuntaron, una vez más, a las cabeceras del afluente: todo, hasta los bordes mismos de la quebrada, está plantado de pinos. Según dicen, son esas plantaciones forestales las culpables de la escasez del agua Pero las afectaciones no son solo a la biodiversidad y a los cursos de agua. La política de la compañía implica la concentración de enormes extensiones de tierra en su poder, en latifundios forestales que fragmentan las comunidades campesinas, donde toda la dinámica social y económica acaba trastocada. La oposición de ecologistas y comunidades se ha saldado con amenazas y casos de homicidios que nunca se han investigado a fondo. También hay abiertas varias reclamaciones de restitución de tierras por comunidades indígenas y particulares. Hasta el Tribunal de los Pueblos reconoció en 2007 que Smurfit Kappa tiene “una deuda ecológica, social, económica y cultural con el país y el total de sus habitantes”. (Yarumos entre pinos) Smurfit Kappa Cartón de Colombia poseía en 2015, según sus propios datos, unas 67.926 hectáreas en 454 grandes fincas entre las cordilleras central y occidental. Hay pinos y eucaliptos de Smurfit desde el nudo de Caramanta hasta las montañas del Macizo colombiano, y desde la vertiente del Magdalena hasta la del Pacífico. Todos los gobiernos otorgaron o ratificaron permisos para que la multinacional explotara las selvas vírgenes del Pacífico en la región del Bajo Calima, al norte de Buenaventura. Entre 1957 y 1974 la compañía recibió cerca de 120.000 hectáreas en concesión, cuando aún no se abastecía de sus propias plantaciones. A partir de ahí, poco a poco la empresa fue haciéndose autosuficiente con los cultivos por lo que acabó abandonando la concesión antes de que acabara el plazo de 50 años. (Marcha contra las forestales en Pereira) Guillermo Castaño, otro veterano ecologista fundador del movimiento ambientalista en el país, resume en pocas palabras la disyuntiva de los cultivos forestales: “¿Cómo es posible que cambiemos la riqueza más grande de nuestra región, que además es de un inmenso valor histórico y natural, por unos cultivos que sólo sirven para hacer cartón? Todo mundo sabe dónde acaba el cartón, es un producto que va a terminar en la basura. Estamos cambiando agua por basura.” (Plantaciones de Smurfit en Salento)

Una comunidad originaria de Salta denunció a un empresario por apropiarse de territorio guaraní y amedrentarlos de manera violenta. Como respuesta, la policía detuvo al líder, César Arias, y reprimió una protesta de los indígenas. Los tuits del empresario contra los DD.HH. César Arias, dirigente guaraní de Salta, estuvo preso doce días acusado de “amenazas” por parte de un empresario del agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au, que integra Arias, denunció el accionar violento del empresario (Humberto Bourlon De Rouvre) para apropiarse del territorio guaraní y reclamó que se cumplan los derechos indígenas. Y la policía reprimió a la comunidad. “Nos tratan como terroristas y usurpadores en la tierra donde siempre vivimos. Y los jueces y el gobernador solo escuchan al empresario”, lamentó Diana Situe, de la comunidad guaraní. En octubre pasado, el empresario Bourlon De Rouvre instaló un portón en el camino que utilizan las comunidades indígenas y comenzó a denunciarlos vía Twitter por “invadir” su tierra (en la localidad de Embarcación). Arrobó al Presidente, al gobernador Juan Manuel Urtubey y a “periodistas agrarios” (que suelen publicitar las semillas y agroquímicos de las empresas). Y se sucedieron artículos que replicaron la versión empresaria. Acusó a los indígenas de robar madera, estar financiados por narcotraficantes y los llamó “falsos indígenas” proveniente de Bolivia. “Los Argentinos no queremos nunca más organizaciones terroristas. Hagamos algo con el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), mapuches, narcotraficantes y otros”, reclamó el empresario Bourlon De Rouvre el 2 de febrero. El 28 de enero sentenció: “No son pueblos originarios, son avivados, son delincuentes”. Subió a Internet un video donde muestra un entredicho con indígenas. Rápidamente fue difundido por los medios que impulsan el agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au (Raíces Nuevas) mostró otro video, donde Bourlon De Rouvre amenaza a la comunidad y tiene un revólver visible en el bolsillo. Pero no tuvo el mismo eco que el difundido por el empresario. La fiscal Lorena Martínez había llamado a mediación y mencionó la vigencia la Ley Nacional 26160 (que ordena relevar los territorios indígenas y frena los desalojos en todos el país). Incluso las nueve comunidades indígenas (guaraníes, wichí y weenhayek) están relevadas, otra prueba del uso del territorio. Bourlon De Rouvre comenzó un proceso de hostigamiento contra la fiscal Martínez, con amplia cobertura mediática y reuniones con funcionarios provinciales. El gobernador Urtubey pidió el juicio político a la fiscal Martínez. El diputado nacional Luis Patiño (Pro) defendió al empresario en un artículo en la agencia de noticias Telam y relativizó los derechos que otorga la Ley Nacional 26160. Durante la feria judicial, la causa la tomó el fiscal Pablo Cabot y el juez Fernando Mariscal Astigueta. Y se redobló el proceso de hostigamiento. El sábado 28 de enero, el guaraní César Arias fue a trabajar con sus hijos en el sembradío. Le cerró el paso un policía. Arias observó que el empresario estaba en el lugar y había destruido sus cultivos. Le advirtió que tendrían problemas si volvía a meterse en su cerco. El lunes 30 a la mañana, mientras Arias estaba en su trabajo de albañil, fue detenido por “amenazas”. Estuvo detenidos doce días. Hernán Mascietti es abogado y hace más de veinte años trabaja junto a comunidad indígenas y organizaciones de derechos humanos. “Nunca vi algo igual. Más de diez días preso, sin antecedentes penales, por supuestas amenazas. Es insólito, pero tiene un motivo: es un empresario con vínculos políticos y judiciales, y las víctimas son indígenas”, explicó. Y recordó que los indígenas hicieron cinco denuncias contra Bourlon De Rouvre (por usurpación, amenazas y daños) pero fueron “sistemáticamente cajoneadas por el Poder Judicial”. Y recordó que actúa junto al empresario Jorge Luis Ortega Velarde. Por Twitter, Bourlon De Rouvre descalificó al abogado de la comunidad por adherir al kirchnerismo y difama a todo aquel que apoya a los indígenas. “Parece que el avispero que patee es grande por el trabajo que se toman en atacarme. Qué nido de víboras los derechos humanos y cuántos curros”, escribió el 10 de febrero. Diana Situe, vocera de la comunidad e hija del cacique, detalló que Burlón De Rouvre tiene como modus operandi denigrar a las familias indígenas, las ataca (incluso delante de los hijos), las acosa y amenaza. Si los indígenas reaccionan, los filma, sube a Internet y se victimiza. “Somos un pueblo pacífico, nunca nos había pasado un nivel de agresión y ensañamiento como este. Y todo sucede porque él quiere la tierra de la comunidad”, afirmó Situe. Las comunidades indígenas cortaron media calzada de la ruta nacional 34 el martes 7 de febrero, en reclamo por la liberación de Arias. La policía provincial, sin orden judicial, reprimió la protesta y apresó a cinco guaraníes, entre ellos menores de edad (fueron liberador por la tarde). El comisario José Antonio Cruz, que ordenó la represión, tiene fotos sonriente en redes sociales con el empresario Bourlon De Rouvre. “La policía nos dice que arreglemos con el empresario o nos meterán presos”, afirmó Diana Situe. La comunidad guaraní se mantiene en un acampe al costado de la ruta nacional 34. En la madrugada del sábado pasado, César Arias fue liberado. La comunidad guaraní adelantó que el conflicto continuará hasta que se respeten los derechos indígenas. Situe lo resumió: “Defenderemos nuestro territorio aunque a empresarios, gobernantes, jueces y algunos medios de comunicación no les guste”.

Faiver Cerón Gómez, líder comunitario y ambientalista de la región del Cauca en Colombia, fue asesinado este 18 de febrero por desconocidos quienes le dispararon mientras se movilizaba en su motocicleta. Organizaciones sociales y la comunidad exigen que se investigue este crimen y se castigue a los responsables. Este 18 de febrero fue asesinado Faiver Cerón Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Esmeraldas en el municipio de Mercaderes, Cauca. Según señala El Espectador, Faiver habría sido interceptado por desconocidos encapuchados mientras se movilizaba en una motocicleta hacia su casa. Fue encontrado con 15 impactos de bala de fusil en un sitio llamado Sajandinga, ubicado a 10 minutos de la cabecera municipal del corregimiento de Esmeraldas Según señala Contagio Radio, Faiver se destacaba en el tema ambiental y participaba en la oposición al proyecto minero de Esmeraldas de la multinacional minera C.I.S.A.S que explotaría el Cerro de la Campana. Desde 2016, la comunidad se ha movilizado en esa región contra la minería ilegal. El pasado 7 de febrero se realizó una marcha en contra de la erradicación forzosa de los cultivos de coca y se estarían llevando a cabo mesas con los gobiernos locales y nacionales por este motivo. Durante esa mañana, Faiver habría estado participando en el concejo comunitario de gobierno con la alcaldía y secretarías de gobernación del Cauca. Diversas organizaciones y la comunidad en general han solicitado que se realicen investigaciones y se castigue a los responsables, exigen garantías de seguridad para las comunidades, organizaciones y líderes sociales en Colombia ante este tipo de crímenes.

El Gobierno de Argentina aprobó este sábado un aumento salarial del 30 por ciento gracias a un huelga docente que mantenía a más de 2,5 millones de alumnos de escuela primaria y media del principal distrito sin clases. De igual modo, el líder sindical explicó que tras aceptarse la propuesta salarial se llevará el sueldo del docente a 5 mil pesos (unos 623 dólares) en agosto y la misma fue aprobada por el 82 por ciento de los docentes que se habían declarado bajo protesta. Con la intención de "nacionalizar el conflicto que está más visibilizado en la provincia de Buenos Aires", la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), el mayor gremio del país, convocó a una marcha el miércoles en reclamo de un sueldo básico de cuatro mil 900 pesos (615 dólares) para todos los maestros, que actualmente era de tres mil 400 pesos (427 dólares). POR LA DIGNIDAD