Tarmogoyf

El Gobierno de José Alperovich había puesto en marcha una agresiva campaña para controlar las opiniones que se vertían en la televisora. Funcionarios de primera línea fueron los mensajeros y la jueza su ejecutora “Yo respeto a los periodistas y a la libertad de prensa. Pero Llaryora me quiso apretar y eso conmigo no va. Se equivocó. (José Alperovich, publicado por el diario Perfil el domingo 27 de abril de 2008). La intervención que ordenó la jueza Nilda Graciela dalla Fontana a Canal 10 estuvo precedida por una serie de incidentes promovidos por el gobierno de José Alperovich que tenían por único objeto el monopolio del aire de la televisora. Durante meses la pretensión del control absoluto de la pantalla del 10, en medio de un proceso electoral nacional motivó una caza de brujas contra todas aquellas opiniones que resultaran incómodas a su gestión. La acción de Alperovich se concretó contra la libertad de expresión y la independencia del Canal. En esa operación, actuaron sin tapujos, funcionarios de alto rango del Gobierno provincial. Los enviados de Alperovich salieron en pretendida defensa de los comunicadores oficiales que cumplían a raja tabla las órdenes de Casa de Gobierno para silenciar a las voces opositoras al gobierno de José Alperovich. En el mes de octubre de 2005 la Dirección de Televisora de Tucumán Sapem, a cargo de Joaquín Fanjul, resolvió que se levante el programa matinal conducido por el conductor radial Omar Nóblega para emitir el programa que en la misma franja horaria se había adquirido a Canal 13 de Capital Federal y que hasta ese momento no había sido utilizado. El levantamiento del programa de Nóblega, irritó a las autoridades gubernamentales que tenían en él y tienen una importante ventana de difusión de sus puntos de vista. Pocos días después se levantó otro programa conducido por un personero del Gobierno, Raúl Armisen. Tanto Nóblega como Armasen hasta hoy responden a los dictados de Casa de Gobierno y en particular, al seguimiento de aire que realiza el Secretario de Prensa y Difusión, Mauro Castagnerila dirección del Canal, la suspensión de ambos ciclos televisivos apuntaba a dar mayor pluralidad de opinión a la pantalla del canal y que hasta ese momento estaba prácticamente monopolizada por los puntos de vista oficiales. La presión del Gobierno se fue agudizando con el correr de los días. En una ocasión en que se entrevistó a un referente del arco político opositor (el dirigente Gumersindo Parajón, de Pueblo unido) el presidente del Directorio, Joaquín Fanjul, recibió una llamada del Secretario de Prensa y Difusión (Mauro Castagneri) quejándose por haberle dado la oportunidad a ese político de que expresara sus opiniones con el argumento de que aquello era contrario a “nuestra amistad”. Como era de esperarse, los reclamos del funcionario alperovichista fueron rechazados reivindicándose así, la independencia del presidente del Directorio de disponer, conforme a sus facultades, quiénes podían ser invitados o no, y a rechazar de plano la indebida ingerencia gubernamental en la programación del canal. La reacción del Gobierno a este incidente fue casi inmediata. Dos horas después de la entrevista al político en cuestión, la queja oficial se hizo oír en el despacho del director. La escribana de Gobierno Para que el derecho a la información y la pluralidad de opinión estuvieran garantizados en el aire de Canal 10, se resolvió extremarel cuidado en aquellas noticias que provinieran del Gobierno a fin de que se difundieran con independencia y objetividad. La medida produjo una reacción gubernamental que se tradujo en la presencia del secretario de Prensa y Difusión, Mauro Castagneri que, acompañado de una escribana de la Escribanía General de Gobierno, pretendió someter al presidente del Directorio a un insólito interrogatorio. Fanjul se negó y exigió que la comitiva oficial abandone el predio del canal por tratarse de una propiedad privada. Sorpresivo invitado En ocasión de la reunión habitual del Directorio del Canal se presentó inusualmente el Fiscal de Estado, Antonio Estofan. El ahora vocal de la Corte Suprema de Justicia también se prestó al juego del Gobernador y explicó que su presencia en los predios de Canal 10 era para interiorizarse de los temas que allí se tratarían en representación de los intereses de la provincia. El Presidente hizo saber al Fiscal de Estado que la provincia tenía un director que se encontraba presente y que no resultaba posible, por la índole de la reunión, la asistencia de personas ajenas al cuerpo. Estofán, atendiendo los argumentos expresados se retiró y la reunión del Directorio se realizó sin inconvenientes. El Gobierno de campaña Dos días antes de las elecciones mediante las cuales se elegiría Diputados Nacionales (en noviembre de 2005), para las cuales estaba postulada la señora Beatriz Rojkés de Alperovich, las autoridades del Canal organizaron un debate entre los distintos candidatos para que cada uno de ellos tuviera oportunidad de expresar sus puntos de vista con relación a los temas más importantes de la provincia. No asistió la señora de Alperovich, pero el debate se realizó con todo éxito y gran audiencia. Esto también produjo en el Gobierno un gran malestar, al haberse atrevido el Canal a darle a los opositores de la señora, una oportunidad de hablar. Canal 10, a través de su Presidencia, puso todo esto en conocimiento de la ciudadanía a través de 7 solicitadas que se publicaron en el diario La Gaceta en los días previos a la intervención del Canal (ver solicitadas). Sin embargo, nada pudo impedir el despojo. Éste se concretó judicialmente el 24 de noviembre de 2005 (recordar que la causa fue iniciada el 18.11.05) y al día siguiente el Canal fue entregado a los 3 interventores judiciales designados. Los mismos que en la Asamblea del 28 de abril de 2008 se designan como co-administradores. ¿Quién es en realidad el apretador? El rector complicó a la UNT en una maniobra política En una asamblea insanablemente nula, el gobierno y la UNT despojaron a Newline del Canal 10 de Televisión. Contra la Universidad se abrirán acciones legales que comprometerán el patrimonio moral y económico de la casa de altos estudios La noticia pegó fuerte puertas adentro de la Universidad Nacional de Tucumán y levantó, en el interior de sus claustros, una controversia que va en aumento con el paso de los días, de la que participan decanos y profesores de las distintas facultades, al advertir que se comprometió gravemente el patrimonio moral de la UNT, en una maniobra política que terminará costando, además, cifras millonarias por los juicios, de inminente presentación en los Tribunales Federales. Efervescencia estudiantil En paralelo, crece la efervescencia entre los estudiantes, que transitan en este momento por el proceso de renovación de su dirigencia. El disparador fue la situación del Canal 10 de TV y su entrega al gobierno de la Provincia en una asamblea de oscuro trámite. Fue una operación clandestina, en nocturnidad, soslayando a Newline, uno de los tres socios de la Televisora Tucumán Sapem, con participación del 34,3% de las acciones. Esa reunión, ilegal por donde se la mire, fue impulsada por el Gobierno, a través de la Dirección de Personas Jurídicas que intimó a la UNT a convocarla con la excusa que el Comfer no había aun registrado a la firma como integrante de la sociedad, no obstante que en el momento de constituirse, en 1998, un veedor de ese organismo intervino en la modificación societaria. Es más, Personas Jurídicas aprobó, entonces, el ingreso de Newline mediante la resolución 415/99. El Registro Público de Comercio también tomó nota de la modificación estatutaria y de la incorporación de Newline como socio. Este cumplió con todos los requisitos de legalidad previstos en la provincia. En esa oportunidad, la UNT, en licitación, vendió parte de su paquete accionario y cobró. Por lo tanto, ahora no puede aducir que es poseedora del 70% de las acciones, conforme con lo aprobado en la asamblea del 23 de abril último. Asamblea ilegal La Dirección de Personas Jurídicas se colgó, arbitrariamente, de la nueva resolución del Comfer, resuelta a pedido del Gobierno tucumano, después que se conoció el fallo de la Sala III Civil y Comercial Común ordenando la restitución del Canal 10 a Newline. El trámite administrativo no estaba -ni está- aún agotado y, sin embargo, lo mismo se llamó a asamblea. Todo este turbio proceso estallará -se descuenta- en la próxima sesión del Consejo Superior, cuya fecha aún no se fijó (se realizaría a fin de mes), ante el cual el rector, Juan Alberto Cerisola, deberá dar cuenta de su decisión adoptada en soledad. Llama poderosamente la atención que Cerisola se haya dejado arrastrar, a sabiendas, por una operacióngubernamental, signada por su torpeza, que promovió el propio Alperovich. Su brazo ejecutor fue su ministro político, Edmundo Jiménez, con el exclusivo fin de quedarse con el manejo de la televisora, para continuar usufructuándola en la campaña política del gobernador y de su gestión, con la que se atosiga a los televidentes, noche y día. Por supuesto, desde hace años, la oposición, ni ninguna voz contradictoria al oficialismo tiene cabida en esa estación. Sopresa para Alperovich En una causa judicial que el Gobierno suponía dormida, después de 30 meses de gestación, la Sala III Civil y Comercial Común el 5 de abril último ordenó poner fin a la intervención judicial que en noviembre de 2005 dispuso la juez Nilda Graciela Della Fontana de Antoraz. Además, determinó, en consecuencia, restituir la televisora a la firma Newline SA. El fallo de la Cámara demuele con sólidos fundamentos la endeble argumentación de la jueza Fontana de Antoraz, quien sostenía que existía el riesgo de que se perdiera la señal televisiva. Esa fue la excusa sin sustento jurídico para intervenir la televisora. Newline tenía a su cargo la dirección y la administración, desde 1998, de las cuales fueron despojadas el 22 de abril de 2005 por la jueza menciona, mediante una amañada intervención judicial, con la presión de Alperovich. En esa confabulación jurídico- politica, guardó sospechoso silencio la Universidad. Newline tomó en sus manos el canal de TV en 1998, por concurso ganado cuando se desempeñaba como rector César Catalán. En esa ocasión, se presentó como postulante el actual gobernador, antes de su borocotización, cuando lucía la boina blanca como legislador por la Unión Cívica Radical. Después, la historia es conocida: se convirtió en el primer hiperkirchnerista de la última hora, tras su incondicional apoyo, antes, a Eduardo Duhalde. Pánico en palacio El fallo que dio por concluida la intervención judicial, esperado con interés por Newline, causó pánico en el palacio de 25 de Mayo y San Martín. A toda máquina, se montó un operativo con el ministro de Gobierno como timonel para frenar la entrega, a cualquier pecio. Es que, de permitir la entrega del Canal a Newline, aunque fuera por un solo día, quedarían al descubierto. De la prolífica imaginación de Jiménez salió la asamblea, celebrada el lunes 28 de abril, en la sede de la televisora. Su trámite fue de una asombrosa rapidez. El mismo día que se la convocó, sesionó y sus resoluciones se adoptaron en sólo 15 minutos. En ese lapso, ¡Oh, sorpresa! se aprobaron los ejercicios económicos de tres años consecutivos, como también el estado de resultados, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, etc, etc. Por el apuro, no se observó las normas más elementales para convocar a una reunión de ese tipo. Socio excluido En primer lugar, se excluyó a Newline, socio que aún posee el 34 % de las acciones, con la evidente intención del despojo. Esa parte del paquete accionario fue cedida en venta por la UNT en 1998, en razón de su deteriorada situación económica. La UNT mantuvo el 36% de las acciones y el Gobierno Provincial el 30 %. No hubo en ese entonces ninguna objeción de la Dirección de Personas Jurídicas ni del Registro Público de Comercio, al frente del cual se encuentra un juez. De todo esto, informó el periódico en su edición del sábado último. El rector es contador público nacional de profesión y, por lo tanto, sabe mejor que ninguno las reglas que rigen las asambleas en las que se decide nada menos que la exclusión de uno de los miembros de la sociedad. No desconoce, desde luego, el artículo 10 de la Ley de sociedades 19.550, que determina con claridad que se debe dar a publicidad los actos importantes de asambleas de ese tipo, mediante un aviso que debe contener todas las modificaciones que se produzcan en la sociedad. Con mucha más razón si se iba a decidir la expulsión de uno de los socios, con la modificación de los estatutos para volver al originario: Newline este caso puntual. Nada de estose hizo. Ese solo hecho vuelve nula de nulidad absoluta la asamblea referida. No fue esa la única anomalía. La asamblea, sin que mediara ninguna comunicación de la Justicia, dio por levantada por sí y ante así la intervención al Canal 10. ¿Por qué? Por el temor que el fallo de Cámara se mantuviera firme, al desecharse el recurso de casación. Sin embargo, la asamblea ex profeso reunida por los interventores judiciales Raúl Francisco Armisén, Beatriz Fares y Oscar Humberto Fiorito, a pedido de la UNT y del Poder Ejecutivo, en vez de convocar a los tres accionistas, sólo citaron a dos (¿?) solamente. ¿Qué buscaba el ministro Jiménez con esta maniobra? Generar un hecho nuevo ante el riesgo de que el fallo de la Cámara Civil y Comercial Común, Sala III, (hoy recurrido), se mantuviera firme. Es un tema aún irresuelto y hay que aguardar la definición de la Justicia. ¿Alguien imagina el aquelarre que se armará si esa Sala no hace lugar al recurso de casación e ignora lo resuelto por la asamblea? La televisora deberá volver a manos de Newline que la administraba cuando la jueza Fontana de Antoraz, en noviembre de 2005, dispuso la arbitraria intervención judicial. Cerisola en el laberinto En este mayúsculo laberinto jurídico metió Alperovich a Cerisola, cuyo costo político lo pagará él, en tanto el costo económico, de cifras siderales, deberá aguantarse con fondos universitarios. A Alperovich esto lo tiene sin cuidado, porque no saldrán de sus bolsillos el resarcimiento dinerario por lucro cesante, daños y perjuicios, daño moral, etc, ni los honorarios de los abogados que, seguro, no serán pocos. Será la Universidad Nacional de Tucumán la que abonará la travesura gubernamental, y no Cerisola, porque, para entonces, con seguridad, ya no estará al frente de la casa de estudios. ¿Cómo se pudo comprometer, alegremente y con total irresponsabilidad, los recursos de la Universidad, embarcándola en una aventura jurídica de esta naturaleza? El rector Cerisola acató calladamente, pese a saber fehacientemente que se violaban expresas normas de contabilidad, que no puede ignorar por tener la profesión que ejerce. ¿Por qué lo hizo? ¿En devolución de favores? No hay que olvidar que fue Alperovich quien, desde la misma Casa de Gobierno, lanzó la candidatura de Cerisola como timonel de la UNT y se encargó de obtener fondos para la UNT. En toda la historia universitaria, fue la primera vez que un gobernante se entrometía desembozadamente en la vida interna de la UNT. Entre gallos y medianoche, se efectuó la asamblea para desposeer a Newline de la televisora. Fue un compendio de improlijidades y anomalías jurídicas que la convierten en insanablemente nula. El ingreso de Newline, en su momento, se ajustó a derecho, con la aprobación de la UNT y el Poder Ejecutivo. Ahora, para convocarla no sólo se la eliminó, sino que se utilizó como argumento central para excluirla una simple resolución del Comfer que sostiene que una firma privada no puede formar parte de una Sapem (Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria), contradiciendo su anterior resolución por la cual exigía a la Universidad que para poder vender espacios publicitarios, debía adoptar esta forma societaria. Si no hay un socio particular, no puede conformarse una Sapem. Elemental. La del Comfer es una opinión, nada más, sin sustento jurídico. Por lo tanto, inválida. Este tipo de sociedad fue creada por Ley del Congreso de la Nación, con mayoría asamblearia del Estado, para controlar cualquier desborde que pudiera producirse. Newline no tiene el 51% de las acciones, sino el Estado, que se reservó la mayoría a través de la UNT y el Gobierno provincial. El Estado, precisamente, promovió la Sapem para servir de alternativa a la participación mixta de particulares y el Estado. En la incorporación de Newline se cumplió a rajatabla las exigencias de la ley de creación. Fuente: http://www.elperiodico.com.ar/