Rusher

La radiodifusión en la Argentina Texto completo de la segunda propuesta para el debate del grupo de 1500 intelectuales de las ciencias, el arte, el periodismo, la literatura, el feminismo y el psicoanálisis. Su primera entrega sirvió de puntapié inicial a una polémica nacional. La sustitución de la vigente Ley de Radiodifusión, anacrónica y reaccionaria, establecida por la dictadura militar en 1980, por un nuevo marco jurídico acorde con los tiempos y a la institucionalidad democrática, es hoy un horizonte tangible, más de lo que nunca fue desde diciembre de 1983. Pero la experiencia de los argentinos en estos veinticinco años que van de gobiernos constitucionalmente elegidos también indica que los proyectos de ley que hoy se están escribiendo pueden eventualmente ir a parar al mismo cajón al que fueron los treinta y siete proyectos que alcanzaron estado parlamentario en este lapso, incluidos dos propuestos por el Poder Ejecutivo, empantanados todos ellos entre las presiones corporativas y la triste ausencia de decisión política gubernamental. En la relación entre la eventual sanción de una nueva ley y el momento que vive el país puede advertirse una característica doble. Por una parte, la crítica coyuntura desatada a partir de la puja que inició el empresariado rural hace casi tres meses nos entrega ahora la visión del abismo, y toda cuestión que se interponga parece destinada a una consideración adecuada, en ese marco, sólo cuando se haya ya diluido este azoro en el que los argentinos nos encontramos sumidos. A la vez, ha sido precisamente este mismo conflicto, la textura de su día a día, el gran responsable de exponer en toda su crudeza la carnadura concreta del poder desplegado por el sistema mediático, el mismo que en tantas ocasiones supo recitarse sin mayor convicción. No hace falta referirse a los lugares ya comunes acerca del tratamiento marcadamente desigual para cada uno de los muchos actores de la escena, o a la permanente sobredramatización de acontecimientos conexos al conflicto, tales como el desabastecimiento, los intentos de corrida contra el peso, la crisis económica, etc. Tal vez quepa, en cambio, llamar la atención sobre cuestiones más elementales y más graves, tan instaladas que cuesta distanciarse de ellas para retomarlas en su justa dimensión, tales como el bautismo con una intención mítica bucólica de "el campo" para lo que es un sector de productores en busca de mayor rentabilidad, o la descripción permanente del conflicto como entre "dos sectores" equivalentes, o ¿más curioso aún? el borramiento radical de todos los reclamos por la calidad institucional que hasta días antes bañaban los medios cuando quienes deterioran de manera ostensible esa calidad institucional reclamada son otros que el mismo gobierno. Cada uno de estos casi imperceptibles dispositivos resulta mucho más distorsivo para la vida político-cultural del país que, incluso, los gestos de discriminación social, visibles y groseros. No se trata de imaginar conspiraciones ni tampoco de pensar de modo simplificador y añejo en el poder mecánico de los mensajes massmediáticos. Pero se trata, sí, de reconocer en los medios masivos a los operadores privilegiados del modo en el que se articulan y escanden discursos de amplia circulación social. Pero no discursos cualesquiera. Porque se trata de reconocer, en fin, su capacidad para recoger, organizar y devolver legitimadas, en especial, las formas más maniqueas, más silvestres y más ansiógenas del propio sentido común de las capas medias y sus elementales fantasmas. Esta es la lógica de los medios masivos y, en particular, de los audiovisuales. Ellos repiten el latiguillo de que entregan al público lo que el público quiere. Pero omiten que esa supuesta demanda es el resultado de una construcción que explota y abusa comercialmente, mediante el exhibicionismo, la banalización, la tragedia o el escándalo fáciles los peores resortes de cualquier audiencia. No hay conspiraciones, vale insistir. Simplemente se llama búsqueda del lucro en el capitalismo avanzado. O más sencillamente "marketing". Este fenómeno no es una exclusividad argentina. Por el contrario. Pero lo que sí constituye parte de un casi privilegio nacional (hay otros países en América latina que comparten ese privilegio) es el triple dato de: (a) la extraordinaria concentración de las empresas que disputan el mercado de la comunicación, (b) la debilidad, por no decir casi inexistencia, de un sistema de medios estatal/cultural y de uno comunitario, y (c) el vacío normativo en el que se desenvuelven, vista la inoperancia y la caducidad de facto de la Ley de Radiodifusión de 1980. Para entender el grado paleolítico en el que nos movemos, baste observar las líneas aplicadas en la materia en el marco de la Unión Europea o en Canadá, entre muchos otros países "serios", así como las directrices políticas para abordar el futuro tecnológico en cuestiones como protección a la diversidad, mandatos de desconcentración y fortalecimiento de medios públicos. El caso de la reformulación de Radio Televisión Española es otra muestra en este sentido. Estos ejemplos de regulación estatal no indican limitaciones a la sacrosanta "libertad de prensa". Nadie, en esos países, lo asume de semejante modo, ni los propios grandes medios de comunicación. Y ello es un cuarto rasgo de la especificidad argentina: el más mínimo gesto de parte de cualquier institución de la sociedad que se vuelve sobre los medios alcanza para que su tarea sea veloz y cómoda y mezquinamente denunciada como una amenaza a la libertad de expresión. Incluso los poco conducentes ¿pero de moda? "observatorios" que desde hace algunos años pululan por doquier. Y hasta se dan el lujo de reclamarle a la universidad pública, en nombre del resguardo de esa mal entendida libertad de expresión, que no opine públicamente sobre la situación del periodismo. Es que las empresas mediáticas se han erigido en los auténticos representantes del pueblo, bajo la excusa de la evidente crisis de fondo que padecen los partidos políticos en Argentina (como en buena parte de Occidente). Es un pretexto engañoso: en su ejercicio, los grandes medios coadyuvan a la agonía de las organizaciones partidarias a cuya suplencia, supuestamente, concurren solidarios. El mecanismo es simple: los grandes medios dicen darles espacio a todas las voces (a todas las voces que invitan, claro), y por carácter transitivo aparecen como depositarios de la soberanía. Desde tan inmaculado lugar, juzgan a gobiernos, a parlamentos, a jueces, absorben la sabiduría de los expertos y las emociones de los sufrientes, diseñan los sueños de la audiencia sin pretensiones para luego acompañarla y premiarla, denuncian delitos, testimonian crímenes, editorializan sobre cualquier sector, compran o fabrican prestigios para más tarde re-venderlos, mientras recurren a los golpes fáciles y a la repetición infinita de sí mismos para lidiar en el mercado del rating y concluir presumiendo que, a ellos, "la gente los elige todos los días" en una suerte de comicios "más directos" que aquellos donde concurren cada dos años las fuerzas partidarias y la ciudadanía. Pero guay que a alguien se le ocurra señalar que también entre ellos, los grandes medios erigidos en jueces supremos, hay, por ejemplo, corrupción, venta de servicios informativos y simbólicos al mejor postor o intereses espurios. En ese instante las pugnas por el rating se suspenden, la corporación cierra sus filas y hasta las voces de los grandes medios europeos o norteamericanos acuden en su ayuda. Es que ¿cómo habrían de ser falibles si apenas se dedican a testimoniar "objetivamente" lo que ocurre? Y la falacia se cierra sobre sí misma. Todos los gobiernos de las últimas décadas han optado por negociar el apoyo de esta corporación antes que meterse en el sin embargo impostergable desafío de plantear reglas que deberían ser casi obvias, referidas a la actividad de estas instituciones, tan pasibles del sometimiento a normas elementales como cualquier hijo de vecino. Por ello es que el propósito expreso del gobierno de Cristina Fernández de sancionar un nuevo marco jurídico constituye una circunstancia de excepcional importancia y de un alcance político-cultural mucho mayor que las alícuotas de las retenciones sobre la exportación agropecuaria. Porque el espacio que instituyen los medios masivos, a través de sus pantallas y de sus sintonías, de sus páginas impresas o de sus sitios web, es un espacio social, y más aún, un espacio público que, por ende, pertenece a todos y al que todos, o al menos muchos más que ahora, deberían poder acceder para transitar por él con relativa libertad. Un espacio público que, salvadas todas las obvias distancias, no debería merecer un trato sustancialmente distinto al que merecen otros espacios públicos, donde sería inadmisible que una corporación privada, con reglas establecidas por un complejo armado de contratos poco o nada transparentes entre particulares, terminara definiendo quién pasa y quién no, qué palabra vale y cuál no, qué representación de los problemas sociales resulta válida para ser puesta en circulación y cuál no. Por esto entendemos imprescindible: - Garantizar el pluralismo, la diversidad y el derecho a la información y la comunicación como derecho humano. - Poner límites a la concentración, los oligopolios y los monopolios porque afectan a la democracia y restringen la libertad de expresión. - Establecer claramente el rol del Estado como regulador, árbitro y emisor de características públicas y no gubernamentales. - Proteger las producciones locales y nacionales como única vía de garantizar la multiplicidad de voces. - Garantizar la existencia de tres franjas de radiodifusores: privados con y sin fines de lucro (entre estos últimos incluidos los comunitarios) y estatales. - Adoptar los mecanismos para que el acceso a las señales de radiodifusión no sea un derecho meramente declamativo, no sólo por la cantidad de medios que cubran el territorio nacional, sino también por el manejo de exclusividades en derechos de exhibición de contenidos de evidente interés público y repercusión social. - Prever que las organizaciones sociales así como las provincias y las universidades tengan participación en las instancias de decisión de las autoridades en la materia, así como que los mecanismos de asignación sean transparentes y sujetos al escrutinio público. Los puntos que se proponen están destinados a que la actividad de los medios electrónicos en la Argentina responda a parámetros de normalidad en el mundo que nos toca y que se compadezca con estándares de libertad de expresión reconocidos en los ámbitos de las organizaciones supranacionales de derechos humanos. No son para nada circunstancias que se puedan entender como limitativas de la libertad de nadie, en tanto nadie suponga que en nombre de su propia libertad tenga posibilidad de impedir que otros se integren al ejercicio de la que disfruta. De lo que se trata, en palabras cortas, es de hacer llegar la democracia hasta el territorio de la comunicación y redistribuir el derecho a la palabra comunitaria (capital tan importante como cualquier otro), asignaturas ambas pendientes cuando menos desde 1983. Restituir el espacio mediático a su auténtica condición de espacio público supone un acto del más estricto credo liberal, comparable al establecimiento de la libertad de cultos religiosos, radicalmente acorde a la defensa básica de la libertad de expresión y de la expansión de los derechos humanos de nuestro tiempo. Es tanta la fuerza inercial del actual modelo corporativo (que, dicho con rigor y pese a sus declamaciones, es profundamente antiliberal) que intentar esta restitución promete convertirse en una auténtica gesta emancipatoria que requerirá de todos los apoyos que puedan ofrecerse. La verdadera libertad de prensa es el progresivo objetivo a lograr con una nueva legislación sobre comunicación social y sobre participación y derechos ciudadanos, frente a la falacia de la "libertad de prensa" reducida al juego de los grandes capitales e intereses políticos mediáticos. Dirán algunos, y con razón, que este mismo gobierno (o su predecesor inmediato) es el mismo que durante cinco años ha autorizado y favorecido el aumento de la concentración (por ejemplo, la autorización de la operación conjunta de Cablevisión y Multicanal y su posterior solicitud de fusión) o ha concedido inconcebibles y graciosas suspensiones de cómputo de diez años en los plazos de licencias a los titulares de concesiones televisivas, radiales y de cable, violentando la ley, la sensatez, la lógica del calendario y el criterio democrático; ha ignorado la justa petición de cumplimiento de 21 puntos a favor de la democracia comunicacional, suscripta por un centenar de organizaciones profesionales y de derechos humanos, y ha ofrecido una y otra vez la vista gorda a cambio de apoyos tácticos. Todo ello es cierto. Pero cabe ahora abrir un cuidadoso crédito a la esperanza, y de pleno apoyo. El gobierno nacional se ha comprometido públicamente a dar un decisivo paso adelante en esta materia. Nada garantiza que cinco minutos antes de la hora no opte por una legislación lavada, que deje sustancialmente las cosas como están, con algunos retoques técnicos. Pero lo cierto es que nunca como en la actual coyuntura el problema comunicacional se ha debatido tanto, y tan coincidentemente en apoyo de una nueva legislación democratizadora: en el propio gobierno, en poderes provinciales y municipales, en foros, universidades, sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones políticas, mundos académicos, espacios artísticos y literarios, organizaciones no gubernamentales, grupos feministas, experiencias comunitarias y en el propio sector de los periodistas y trabajadores de la información. Con ese respaldo de conciencia política se cuenta. Existen circunstancias en la vida de una nación en que los dirigentes comprenden la pequeñez del puro cortoplacismo. Ojalá ésta sea una de ellas. Cultural y políticamente la sociedad se merece otra lógica, otra libertad y otras voces que se sumen al diálogo cotidiano sobre qué país se quiere y se enuncia. Es una época la que está a la espera de los actores que la merezcan. Fuente : mail

Bueno muchachos, subo un articulo que me llego por mail... espero que les guste y que los haga pensar Por Roberto Navarro A pesar de que desde el 13 de marzo la dirigencia del campo viene sosteniendo, con breves interrupciones, un lockout y la orden de no exportar granos, en los primeros cinco meses del año se despacharon al exterior 28,8 millones de toneladas de granos y subproductos, 893 mil toneladas más que en el mismo período de 2007. PáginaI12 tuvo acceso exclusivo a datos de Aduana que reflejan que por esas ventas los exportadores percibieron, luego de descontar las retenciones, 10.399 millones de dólares, un 63 por ciento más que los 6371 millones de dólares que habían conseguido en los primeros cinco meses del año pasado. La empresa que más exportó fue Cargill, que facturó 2364 millones de dólares. La que más creció fue Aceitera General Deheza, del senador Roberto Urquía, que ganó la banca por el kirchnerismo, que incrementó sus ventas externas respecto del mismo período de 2007 en un 98 por ciento. Las cifras revelan que el lockout no es para las exportaciones, como aseguran las cuatro entidades del sector: la protesta, y su consecuente escasez de alimentos, la padecen los consumidores argentinos. Además, el fuerte crecimiento de los despachos al exterior da cuenta del excelente momento que vive el sector. Los productores aseguran que con las nuevas retenciones móviles la soja dejó de ser negocio. Pero hasta el 31 de mayo llevaban embarcados 3,78 millones de toneladas de la polémica oleaginosa, un 18 por ciento más que en la misma fecha de 2007. Aún con la suba de las retenciones, los exportadores recibieron por la soja 1363 millones de dólares, un 70 por ciento más que en los primeros cinco meses del año pasado. Del total de las ventas externas de soja, el 80 por ciento se registró durante el período del conflicto, entre mediados de marzo y fines de mayo, ya con las nuevas retenciones. Aunque los dirigentes del campo aseguran que frenaron las ventas externas de granos, Argentina se mantiene como el segundo exportador del mundo de maíz. Hasta el 31 de mayo despachó 7,4 millones de toneladas, un 9 por ciento más que en el mismo lapso del 2007. Pero más impresionante fue el aumento de los ingresos: 1683 millones de dólares, un 71 por ciento más que los 986 millones del año anterior. El dirigente agropecuario más duro en la pulseada con el Gobierno, el presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, dijo en varias oportunidades que su estrategia no era desabastecer el mercado local, sino parar las ventas externas para generar déficit comercial y así convencer al Gobierno de que debía bajar las retenciones. Incluso justificó la detención de camiones internacionales con el argumento de que si no podían exportar 'tampoco vamos a permitir importar'. Pero los datos de Aduana a los que accedió PáginaI12 indican que los despachos al exterior no sólo no se frenaron, sino que aumentaron. Las cámaras de televisión puestas sobre los cortes de ruta más duros no son suficientes para mostrar la realidad: los registros de Aduana muestran que los productores, mientras salen en televisión, pueden, además de seguir sembrando y cosechando, seguir despachando cada vez más granos, aumentando sus ingresos en un porcentaje envidiable y mantener sus mercados internacionales (ver aparte). Fuentes del sector que pidieron mantener en reserva su identidad explicaron a PáginaI12 cómo lo logran: 'Muchos productores de la zona núcleo llegan al puerto por caminos alternativos; otros más alejados están utilizando barcazas en lugar de camiones. Además, la estrategia de levantar el lockout por una o dos semanas para negociar fue permitiendo, aun con fuertes embotellamientos, la llegada a puerto de los camiones que fueron detenidos durante el conflicto'. Un factor importante para el manejo logístico durante el lockout es que las grandes aceiteras y cerealeras, como Molinos, Cargill y Aceitera General Deheza, tienen sus silos sobre el puerto. Así pudieron recibir y acopiar durante los períodos de tregua hasta que llegaran los barcos a cargar. El único grano que la Aduana registró una caída de un 5 por ciento en la exportación fue el trigo. Fueron 306 mil toneladas menos. Ahora el Gobierno autorizó a exportar un millón de toneladas que en estos días fueron registradas, cuando antes estaban en el limbo. Además, por razones estacionales, es el grano que más se exporta entre febrero y mayo. Según especialistas en comercio exterior, parte de las existencias en negro son exportadas. Una de las maniobras utilizadas es que los barcos declaren que vienen con media bodega cargada en Uruguay. Así, cargan el barco completo y declaran la mitad. Una parte de los granos producidos por el campo se exportan con valor agregado. Es el caso de la harina de trigo, producto que mostró un importantísimo crecimiento en estos primeros cinco meses de 2008. Fueron 484 mil toneladas de despachos externos, un 52 por ciento más que las 320 mil toneladas del mismo período de 2007. Los ingresos por las ventas externas de harina aumentaron un impresionante 175 por ciento, pasando de 76 millones de dólares en 2007 a 206 millones este año. También el aceite de girasol eludió el lockout: despachó 559 mil toneladas, un 25 por ciento más que entre enero y mayo del año pasado. Los ingresos por esas ventas fueron de 711 millones de dólares, 144 por ciento más que en el mismo período de 2007. Volviendo al producto que desató el conflicto entre el Gobierno y el campo a partir del 11 de marzo, parte de la soja se exporta convertida en aceite. Una muestra más de las contradicciones del lockout lo revela el hecho de que Argentina logró mantenerse como el primer exportador del mundo en aceite de soja. En cinco meses despachó 2,05 millones de toneladas de este producto, sólo un tres por ciento menos que en 2007. Pero las facturó a 2095 millones de dólares. Es decir que consiguió 843 millones de dólares más que el año pasado: un aumento del 67 por ciento. En el primer trimestre del año las exportaciones de carne vacuna estuvieron restringidas y en algunos momentos directamente suspendidas por el Gobierno, con el objetivo de frenar la suba del precio en el mercado interno. A raíz del conflicto el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, negoció la apertura de las ventas externas con la condición de que se mantengan los precios de 13 cortes populares. Los dirigentes afirman que el acuerdo no se cumplió. Pero los números de Aduana indican lo contrario. Entre abril y mayo, en pleno lockout, se exportó la mayor parte de las 144 mil toneladas vendidas al exterior en los primeros cinco meses del año. Y así las exportaciones anuales sólo cayeron un 14 por ciento con respecto a enero-mayo de 2007. De todas maneras, medido en divisas, recibieron 565 millones de dólares, un 13 por ciento más que los 498 millones de 2007. De los 10.399 millones de dólares que exportó el campo en lo que va de 2008, el 92 por ciento lo vendieron diez empresas. Las que más exportaron fueron Cargill, con 2364 millones de dólares; Bunge, 1415 millones; LDC Argentina, 1169 millones; Aceitera General Deheza, 1106 millones, y Molinos Río de la Plata, 644 millones de dólares. Estos datos dan cuenta de la enorme concentración del negocio de la exportación de la producción agropecuaria. Estas enormes compañías tienen, en algunos casos, campos propios; también se asocian con los grandes productores y pools y además les compran la cosecha a los más pequeños, realizándole la retención en el momento de la operación. El discurso de la dirigencia agropecuaria es que por culpa del conflicto, cuya responsabilidad es del Ejecutivo, el país se está perdiendo la enorme oportunidad de abastecer a un mundo que demanda alimentos cada vez a mayores precios. El informe de la Aduana demuestra que, por lo contrario, el negocio de la exportación lo está aprovechando a pleno y que el lockout, dispuesto para defender sus aún más abultados bolsillos, sólo ha tenido como efecto concreto desabastecer el mercado interno e impulsar al alza los precios de los alimentos. espero que les guste.. fuente:www.pagina12.com.ar