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porChristian Sanz Pocos lo recuerdan, pero a mediados de febrero pasado Roberto Baradel estuvo en medio de una inesperada polémica cuando trascendieron fotos de un viaje que había realizado en diciembre de 2015 a Roma. Allí fue filmado por dos turistas ocasionales. En una improvisada conferencia de prensa, el dirigente de Suteba buscó victimizarse a través de desmentidas poco creíbles. De paso, intentó evitar dar explicaciones por el vaciamiento de la obra social IOMA, la más importante después de PAMI. Lo primero que hizo fue desmentir el viaje, pero no se dio cuenta de que quedó filmado en video: allí aparece paseando por Trastévere, que es el decimotercer barrio del centro histórico de Roma, ubicado en la ribera oeste del Tíber, al sur de la Ciudad del Vaticano. No fue su única mentira: según el testimonio del autor del video, que fue recogido por diario Hoy de La Plata, cuando terminó de grabar, “Baradel –al que se lo ve visiblemente nervioso, luego de ser reconocido por los turistas argentinos- se le acercó y le dio como un argumento, de su presencia en Roma, que en plena época de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, había ido a un congreso dedicado a que la educación no se transforme en una mercancía”. Jamás existió evento semejante. Como se dijo, el titular de Suteba aparece complicado por una expediente donde aparece imputado junto al titular de UPCN, Carlos Quintana. Ese mamotreto terminó desdoblado en más de 15 causas penales abiertas en los tribunales de La Plata por estafa y diversas irregularidades e involucran al directorio de IOMA, donde aparece el preceptor Baradel. link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=YGiUa6Vr0-s Los procesos penales abiertos tramitan en la Fiscalía de Delitos Complejos por irregulares en la obra social fruto de demandas presentadas durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Uno de ellos involucra a la madre de Cristina Kirchner: según la presentación, se habría favorecido a Ofelia Wilhelm con un reintegro por una operación de cadera a la que fue sometida en 2015. Los otros expedientes que complican a Baradel son los siguientes: Muertos utilizados para hacer negocios Es parte de la causa IPP Nº 06-00-37.646/11 donde ya fueron detenidos y procesado los funcionarios del IOMA Marcelo Piergiácomi, subdirector del área farmacia y bioquímica; y Sergio Massaccesi, jefe del departamento de Auditoría y Fiscalización Farmacéutica. Los profesionales de la Asociación de Profesionales del IOMA (Apioma) denunciaron que afiliados fallecidos por cáncer no se los daba de baja del sistema, se los mantenía con tratamientos activos y oncológicos, a los cuales se le recargaban drogas que sus médicos no le habían indicado. Internaciones domiciliarias truchas Se presentaron denuncias de unos 850 afiliados que nunca recibieron el módulo de internaciones domiciliarias que IOMA. Los módulos estarían armados de forma tal de favorecer a empresas cercanas al poder político y sindical, estando involucrado directores centrales y regionales, y funcionarios provinciales. Sobreprecios en prótesis Es parte de la causa Nº 25934/12, donde se muestra una operatoria realizada para favorecer a un grupo de empresarios relacionados con los funcionarios de Ioma. Facturarían sobreprecios del 600% en pesos y de hasta el 100% en dólares, existiendo claras sospechas de la connivencia de funcionarios de la obra social. Según describieron los denunciantes a diario Hoy, estas operaciones se realizarían sin licitación pública, direccionando las adjudicaciones, compras y suministros. Internaciones domiciliarias truchas Se presentaron denuncias de unos 850 afiliados que nunca recibieron el módulo de internaciones domiciliarias que Ioma, supuestamente, estaba pagando. eso no es todo: los módulos estarían armados de forma tal de favorecer a empresas cercanas al poder político y sindical, estando involucrado directores centrales y regionales, y funcionarios provinciales. "Hemos detectado que empresas contratadas, que perciben sumas muy importantes, no cumplen con los servicios y ofrecen cheques de 3 mil o 4 mil pesos para que los afiliados, a lo que deberían atender, le paguen a una empleada doméstica para que los cuide", dijo el titular del Sindicato Único Profesionales, Trabajadores y Técnicos de IOMA, Idelmar Seillant. Irregularidades con mobiliarios Denunciaron que costosos mobiliarios fueron renovados cuatro veces en dos años, abonando sobreprecios y realizando pagos a empresas fantasmas. Desde Apioma también detallaron que hasta se estaría pagando alquileres de locales que triplican los valores de mercado, como así también se estarían realizando depósitos y traslados de cajas o material de auditoría sin control. Gerenciadoras favorecidas Según Apioma, se habrían permitido gastos administrativos y pagos especiales sin fundamentar a las gerenciadoras, quitando la auditoria de Ioma conformada por profesionales independientes, para favorecer a estas empresas. Incumplimiento a niños discapacitados Es parte de la causa Nº 49.735/13. Allí, los denunciantes aseguraron que se realizaron pagos completos a módulos de nutrición domiciliaria, destinados a niños con capacidades diferentes, que no se cumplieron. ?las maniobras consisten, por ejemplo, en poner o hacer pasar un diagnóstico que no se condice con la realidad. por ejemplo, nos hemos encontrado con chicos a los que se les prescribe una bomba de infusión de alimentos y cuando vamos al terreno nos encontramos que son niños que comen a cuchillo?, dijeron desde apioma. Negocios con el servicio de limpieza Es parte de la causa 49.734/13, denuncia que consigna que el servicio de limpieza en las instalaciones de Ioma es prestado por empresas que no cumplieron con los establecido en el pliego (cantidad de personal, por ejemplo), pese a lo cual desde la obra social se les sigue pagando montos millonarios. Cheques voladores Causa 44.949/13: la denuncia versa sobre la emisión de cheques falsos e irregulares por parte de funcionarios y administrativos de Ioma. Según los denunciantes, esos cheques voladores habrían sido utilizados por parte de funcionarios de la obra social hasta para comprar dólares y también se habría utilizado para instrumentar mecanismos de pagos clandestinos. Direccionamiento de medicamentos En la presentación penal se consignan graves irregularidades en el direccionamiento de medicamentos del Plan Meppes, el programa que contempla una cobertura al 100% en remedios de elevado costo, que son necesarios para el tratamiento de patologías especiales o de alto impacto sobre la salud. Según los denunciantes, desde Ioma se favorecerían a determinado laboratorios y les permite a determinadas farmacias realizar recetas falsas y troqueles apócrifos por cifras millonarias. en las maniobras estarían involucrados funcionarios del gobierno de Scioli. Traslados sin control Es parte de la causa 39.480/13, donde se registraron numerosos traslados -.ambulancias, combis y remisses- sin control en los kilómetros recorridos y de la complejidad que deben tener. Facturarían kilometrajes y viajes inexistentes. Los directores regionales y centrales habrían direccionado las contrataciones a determinadas empresas de remisses y de ambulancias para favorecer esas firmas. y permitieron que se trasladen varios afiliados de Ioma en camionetas y combis, cuando la obra social lo pagaría como precio unitario, es decir, por afiliado. Prácticas bioquímicas en la mira Parte de la causa 50.156/14, que describe cómo se habilitaron convenios con la Federación de Bioquímicos de la provincia de Buenos Aires, sin control por parte de Ioma. "Se capita por millones, pero a la gran mayoría de afiliados se les cobra igual", dice la presentación penal. La Federación Bioquímica de Buenos Aires (FABA) y Ioma tienen un convenio vigente que implicaba una recaudación mensual de al menos 30 millones de pesos mensuales, en concepto de la cápita que paga la obra social y los bonos que abonan los afiliados por las prácticas realizadas. Según denuncian numerosos afiliados, habría prácticas de laboratorio que no serían reconocidas, lo que lleva a que tengan que pagar de su bolsillo el costo del análisis o estudio, que supera varias veces lo estipulado por Ioma. Para recuperar el dinero, los afiliados deben pedir al directorio del instituto el reintegro del dinero aportado. pero el 90% de los afiliados que pagan prácticas bioquímicas no recurren a este camino ante los extenuantes trámites que deben realizar. La trampa del convenio radica en que la faba se autocontrolaría. Nepotismo al extremo Es parte de la causa 24.350/13 y allí se describe que se habrían instrumentado diversas maniobras para que amigos y familiares de actuales funcionarios de Ioma, como así también de sindicalistas de UOCN, engrosen la planta de personal de la obra social. "Muchos de los denunciados por corrupción lograron que sus hijos fueran nombrados en la obra social", denunció Seillant. Ausencia de auditorías Causa 22.563/14: desde Apioma denunciaron que el directorio de Ioma, con presencia de los vocales de UPCN y Suteba, decidieron eliminar las auditorias propias de la institución para favorecer negocios oscuros. Son auditorias contables, de gestión y de terreno dejando al instituto sin instancias de contralor. "Ahora solo se puede realizar una seudoauditoría y fiscalización en papeles, sin ver a los afiliados", remarcan los querellantes. La internación de un vicegobernador Es parte de la causa 27.577/14, una de las denuncias más espinosas que fue impulsada por Apioma en la justicia. Allí se alude a la internación domiciliaria del ex vicegobernador Alberto Balestrini. "Se está pagando 124 mil pesos por mes, cuando cualquier otro afiliado, con igual patología, le pagaría no más de 56 mil pesos mensuales. creemos que el vicegobernador, como el resto de los afiliado, se merece la mejor atención, pero lo que está pagando es carísimo y evidentemente no hay ningún tipo de control", dijo Seillant de Apioma.

Embargan $300 millones a empresario kirchnerista por corrupción con el chavismo Una pelea familiar por plata permitió descubrir irregularidades millonarias en los negocios entre el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner y la administración chavista de Venezuela. Hasta ahora estaban bajo la lupa de la Justicia, las exportaciones de maquinaria agrícola y la valija de Antonini Wilson. Ahora se reveló los capítulos de la venta de productos de limpieza e higiene personal y de decodificadores de TV. Por este rubro, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky embargó en 300 millones de pesos cuentas del empresario Juan José Levy a quien investigado por lavado de dinero y contrabando, junto a otros sospechosos. Levy tiene vínculos con el exministro de Planificación Federal y actual diputado del Frente para la Victoria, Julio De Vido, y sobre todo con su ex jefe de Ceremonial y exespía de la Agencia de Inteligencia Federal (AFI), José María Olasagasti. Fue uno de los empresarios que participó de los viajes de Cristina a Venezuela en al marco de los acuerdos de cooperación estratégica entre ambos países y el fideicomiso argentino-venezolano que maneja la petrolera Pdvsa. Justamente, la oposición venezolana que maneja la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional investiga el destino de los más de 10 mil millones de dólares que el chavismo le dio al kirchnerismo. Junto a Levy en el manejo de estos contratos también aparecen en otros casos los hermanos Vignatti en al llamado arrozgate y Pablo Rubio. Aguinsky dictó el embargo luego de que la fiscal Luz María Rivas Diez allanó domicilios de Levy y de las empresas laboratorios ESME, Corporación Gulfos S.A. y Bleu Tel S.A., entre otras, revelaron a Clarín fuentes judiciales. Clarín llamó ayer al abogado de Levy, Francisco Trovato para tener un descargo de su cliente pero hasta el cierre de esta edición no se había obtenido respuesta. La causa se abrió por una extracción de testimonio que envió la jueza en lo comercial Paula Hualde que interviene en una disputa entre Levy y sus tres hermanos por el control de ESME, que incluyó “insultos y amenazas”. Sucedió que ESME pasó durante el kirchnerismo de ser una PYME a una empresa que recibió un contrato por casi 90 millones de dólares para venderle productos de limpieza y de higiene personal a la estatal venezolana Suministros Venezolanos Industriales. ESME cobró un anticipo del 60 por ciento de ese monto y exportó por 48 millones de dólares. Pero llamativamente a pedido de SUVINCA se suspendieron los embarques de mercaderías hasta nuevo aviso. La justicia sospecha que ESME facturó sus productos por precios que “van de 4 a 10 veces el valor de mercado”. Además, cobró reintegros a las exportaciones por 1.800.000 dólares. Levy también intervino en un negocio con la venta de decodificadores de TV y está investigado por la Aduana por el intento de exportación de medicamentos con la leyenda “gobierno de Santa Fe-distribución gratuita” por 12 millones de dólares a Venezuela y señalado en otro negocio con la ANSeS por el plan Conectar Igualdad. Pero el embargo del juez Aguisnky es por la venta de 150 mil decodificadores de China para vender a Venezuela pero pagados con fondos del fideicomiso del gasoil, cuando se supone que debían ser productos argentinos. El contrato, más las antenas correspondientes, fue por más de 20 millones de dólares. Fue suscripto por Bleu Tel SA y Corporación Gulfos SA -que controla Levy- con la venezolana Cantv. A parte el hecho de que se pagó con el fideicomiso argentino-venezolano una exportación directa de China a Argentina llamó la atención que Gulfos tenga como socio mayoritario a la offshore Frolem Corporation de Nevada, Estados Unidos que a su vez es controlada por Plascot Limited de las islas Seycheles, ambas creadas por el estudio panameño Mossac Fonseca. En este caso, lo más llamativo es que Gulfos haya pagado 2 millones de dólares en concepto de “gastos en el exterior por servicios técnicos y profesionales” y usado una telaraña de offshore. La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional investiga el destino de los más de 10 mil millones de dólares que el chavismo le dio al kirchnerismo. En esta causa del juez Aguinsky y la fiscal Rivas Diez se investiga el rol de la contraparte venezolana que sospechosamente no reclamó por el dinero que pagó a ESMA y que podría servir a esa comisión. Se trata de los representantes de la empresa estatal Suvinca, Richard Canan, Eddie Elizabet Betancourt y Vinicio Eusebio Micotti Lanz, entre otros. Por el contrato de los decodificadores se investigan al responsable de Cantv Manuel Angel Fernández Meléndez, entre otros. En la justicia se descuenta que explicaciones de estos funcionarios venezolanos serían claves para saber si hubo algún funcionario argentino como intermediario de los contratos. Si Levy o algún empleado suyo compraron inmuebles o tienen cuentas en Venezuela. El juez y la fiscal también quieren saber si los funcionarios venezolanos saben de extraños pagos por 85 millones de dólares, a través de un banco corresponsal de Estados Unidos, a las firmas chinas Sichuan Changhong y Chain Wan Digital. Hasta ahora otros pedidos de cooperación judicial a Caracas no fueron contestados.

Cuba en los Panama Papers: Los negocios de los funcionarios del Partido Comunista Documentos filtrados revelan la existencia de decenas de negocios asociados con altos funcionarios del gobierno. Los funcionarios del Partido Comunista de Cuba utilizaron a un abogado suizo para establecer compañías offshore para sus actividades de negocios globales, revelan los Papeles de Panamá. La filtración sin precedentes de 11.5 millones de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca en Panamá expuso las acciones offshore y transacciones financieras sospechosas de jefes de estado, funcionarios y celebridades de todo el mundo. La ley cubana no incluye ninguna legislación específica sobre funcionarios del Estado y las offshore, dichos tratos serían cuestionables en el país estrictamente comunista. Los documentos revelan que Albert-Louis Dupont Willemin, un abogado de una familia suiza aristocrática, fue un asesor jurídico de alto nivel e intermediario en más de 20 empresas offshore con vínculos comerciales en Cuba. Dupont Willemin, que también funge como cónsul honorario de Guatemala en Ginebra, creó dos compañías offshore ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas a través del agente registrado Mossack Fonseca – Curtdale Investments Limited y Ardpoint Company Inc. La oficina de Dupont Willemin dijo que él no tenía interés en comentar sobre este asunto. Hernán Aguilar Parra, miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular, aparece en los documentos de Panamá como director de ambas compañías. Parra dejó de ser miembro de la Asamblea en noviembre de 2015, un año después de las elecciones generales de 2014. De acuerdo con los datos filtrados, los paraísos fiscales están asociados con el Grupo Empresarial Tabacuba, una compañía estatal que posee toda la producción y comercialización del tabaco cubano. Parra también sirvió como director de Tabacuba hasta 2015. Se cree que Parra ha abandonado el sector del tabaco. “Los diputados [ de la Asamblea cubana ] tienen restricciones”, dijo un portavoz del Centro de Información Legal Cubalex. “La función de los diputados es ad honores [ no buscan ninguna recompensa ] y no puede ser utilizado para beneficios personales. Es uno de los deberes establecidos por la legislación vigente.” “La ley no impone a los gerentes o directores de empresas ninguna prohibición al respecto de establecer relaciones con empresas privadas,” continuó el portavoz. “Pero no sería muy bien visto que un funcionario del estado, aprovechando la función de su cargo, estableciera relaciones comerciales con empresas privadas.” El ex director de producción de Tabacuba, Inocente Osvaldo Encarnación, también fue vinculado a la offshore Ardpoint Company Inc. Durante una entrevista telefónica, Osvaldo Encarnación confirmó que era accionista de una empresa, pero se negó a nombrarla. Asimismo, se rehusó a comentar sus vínculos con Ardpoint. Los registros de Mossack Fonseca fueron obtenidos por la publicación alemana Süddeutsche Zeitung y compartidos con colegas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Intereses offshore Aunque los datos filtrados no indican ningún delito específico o una violación a la ley, sí ofrece una intrigante perspectiva sobre la red de relaciones. Corporación Panamericana, con sede en La Habana, es la entidad responsable de proporcionar los servicios de Mossack Fonseca a las empresas cubanas. De acuerdo con los documentos, la abogada cubana Katiuska Penado Moreno ha sido la representante legal de la empresa. En una breve entrevista telefónica, Penado Moreno dijo no tener vínculos “actualmente” con Mossack Fonseca ni con Corporación Panamericana. El nombre de Penado Moreno apareció en los Papeles de Panamá en relación con cuatro compañías offshore: Miramar Investment Corporation Ltd, Mercaria Trading, Caribbean Sugar Trader, y Sanford Financial Management. Penado Moreno aparece como beneficiaria efectivo – un término legal donde los derechos de propiedad pertenecen a una persona a pesar de que el título legal pertenece a otro. Dupont Willemin aparece como director de las cuatro empresas. A través de Mossack Fonseca, Dupont Willemin fundó Racuza S.A., una empresa que ofrece ordenadores, periféricos y software para el mercado cubano. La directora general de inversión extranjera del Ministerio de Comercio Exterior, Déborah Rivas Saavedra, es nombrada en los Papeles de Panamá como la directora de Racuza. Asimismo, aparece como directora de Miramar Investment Corporation Ltd y Caribbean Sugar Trader. Después de dos días intentado contactar a Rivas Saavedra, su oficina dirigió las solicitudes de información hacia Roberto Berrier Castro, director del Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Berrier dijo que no tenía información sobre el asunto. Entre los subdirectores de Racuza están José L Fernández de Cossío, ex embajador de Cuba en Japón, así como Porfirio Medero Paiva y Hermes Vaillant, dos abogados cubanos que trabajan para Panamericana. Paiva, Cossío y Vaillant también aparecen como directores de Miramar Investment Corporation Ltd y Caribbean Sugar Trader. No fue posible localizar a ninguno de ellos para comentarios. Los Papeles de Panamá exponen los acuerdos legales entre el gobierno cubano y Mossack Fonseca. Consultoría Jurídica Internacional (CJI) es una firma de abogados cubana que presta asistencia y asesoría jurídica a particulares y empresas. También es un socio legal de Mossack Fonseca. La empresa se convirtió en el principal agente entre el gobierno cubano y Mossack Fonseca a cargo de proveer servicios legales. Al ser contactada, CJI dirigió las solicitudes de información al abogado René de Jesús Burguet Rodríguez, cuyo nombre también aparece en un intercambio de correo electrónico entre CJI y Mossack Fonseca. No se recibió respuesta al momento de la publicación. Los datos filtrados incluyen otros vínculos entre funcionarios y empresas offshore. La Unión de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos es un servicio de consultoría del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), la institución gubernamental encargada de las redes hidráulicas y alcantarillado en la isla. La Unión aparece como accionista en Técnica Hidráulica, una compañía offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas y creada a través de Corporación Panamericana. La compañía – propiedad de una sociedad mercantil del INRH llamada Técnica Hidráulica S.A. – operó hasta 2015, cuando, de acuerdo con los documentos de Panamá, fue liquidada. CJI era encargada, de acuerdo a un contrato, de representar los asuntos legales de las compañías offshore de Técnica Hidráulica S.A. que administra Mossack Fonseca. Los papeles de Panamá revelaron a Wilfredo Leyva Armesto, también conocido como William Leyva, como el director de Técnica Hidráulica. Leyva no pudo ser contactado para comentarios. Un portavoz del parlamento cubano dijo que no podían responder a las preguntas relacionadas con los Papeles de Panamá. Este trabajo es una colaboración entre el Czech Center for Investigative Journalism, Institute for War and Peace Reporting, Periodistas Independientes Cubanos, Cubanet y Diario de Cuba.

“Los otros muertos”: víctimas de guerrilla Argentina no deben ser ocultadas PanAm Post conversó con Victoria Villarruel tras el nuevo revuelo mediático que generó su presencia en el programa Intratables By Marcelo Duclos La muerte de Reynaldo Bignone, último presidente de facto del Gobierno militar del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) volvió a abrir el debate sobre el proceder de la dictadura en la lucha antisubversiva y la responsabilidad de las guerrillas de izquierda. Una de las voces más representativas en defensa de “los otros muertos”, es decir, las víctimas de las organizaciones armadas de izquierda que suelen pasar desapercibida ante la “historia oficial” reforzada por el kirchnerismo es la de Victoria Villarruel, del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Cada aparición televisiva de Villarruel suele generar polémica, ya que la historia que visibiliza incomoda al relato oficial sobre los trágicos hechos de los setenta. Esta semana la nueva irrupción mediática de la abogada volvió a encender el debate. Su reclamo es claro y lógico: “Las víctimas del Terrorismo de Estado no deben ocultar a la de las guerrillas“. ¿Por qué creés que cada aparición televisiva tuya genera tanta repercusión? Creo que cuando un tema se bastardea tanto, la sociedad lo termina rechazando. Los setenta fueron embarrados en su contenido histórico y simbólico por muchos que integraban las organizaciones terroristas y que fueron los grandes beneficiarios por el Estado en el otorgamiento de derechos y prebendas en el aseguramiento de la impunidad. Sin embargo la versión de ellos no cierra, le faltan componentes, hechos y protagonistas. Cuando una entidad como CELTYV rompe con ese discurso pétreo, la sociedad se vuelca a escuchar y a permitirse dudar sobre la historia edulcorada que le contaron sobre los jóvenes idealistas. Las víctimas del Terrorismo de Estado…¿Tapan a las de las organizaciones armadas de izquierda? En su mayoría, las víctimas de los abusos del Estado eran militantes, combatientes con mucha formación política, mientras que las víctimas del terrorismo eran ciudadanos comunes, apolíticos, de distinta nacionalidad, religión y origen social. Es por esto que nuclear al primer colectivo de víctimas fue más fácil, ya que se conocían de la militancia y se ayudaban en la clandestinidad. Existían ya vínculos previos. Del otro lado el común denominador es el dolor de los atentados terroristas y el dolor nunca aglutina. En muchos casos los primeros también fueron victimarios de la gente que nosotros representamos. En nuestra última conversación, hace un año, manifestaste que la gestión de Mauricio Macri no había revertido la política del kirchnerismo en este sentido. ¿Percibiste algún cambio en los últimos 12 meses? Nada cambió respecto a las víctimas del terrorismo. El Estado en la gestión de Cambiemos lamentablemente mantiene los lineamientos heredados de la época kirchnerista en materia de Derechos Humanos. Sí puedo destacar, como acto propio e inédito del Ejército Argentino el homenaje a las víctimas de un atentado terrorista del Ejército Revolucionario del Pueblo a la Guarnición Militar de Azul. Fue el primer acto semejante en 35 años y ojalá que esta iniciativa sea continuada por las nuevas autoridades del Ejército. ¿Por qué creés que no hay más personas que defiendan públicamente una visión histórica ecuánime, que condene los excesos de los militares, pero también los de las organizaciones armadas de izquierda? Desde hace 35 años se ha bombardeado a la sociedad con una visión parcial de lo ocurrido en los setenta, subestimando al pueblo argentino que merece saber la verdad. El pueblo, salvo sectores puntuales relacionados ideológicamente con las organizaciones armadas no se han involucrado en esta cuestión. La gran mayoría mira de lejos esto. Sin embargo cuando aparecen las víctimas del terrorismo, la historia gana coherencia y gente que no se sentía representada se da cuenta que tranquilamente podía ser ese padre de familia asesinado en la calle o esa adolescente despedazada por una bomba. ¿Creés que la terrible situación que vive hoy Venezuela ayuda a que una nueva generación sea más consciente de las intenciones autoritarias y del resultado desastroso del socialismo? El drama venezolano mostró en toda su magnitud el modelo que propone la izquierda y el kirchnerismo de exclusión social, donde los únicos que viven con dignidad son los amigos y simpatizantes del régimen. Los que conocemos a los planes totalitarios del terrorismo no podemos más que solidarizarnos y sentir como propio el martirio de Venezuela.