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La Justicia porteña habilitó a Macri a un aumento del 40% en la tarifa del subte. Ese incremento consuma el pacto entre Macri y el gobierno nacional, en ocasión de transferirle los subtes, que otorgaba ‘facultades ilimitadas’ al gobierno PRO para financiar la concesión. El aumento del subte apresura un boletazo general en el transporte. El jefe de gabinete, Abal Medina, anticipó ‘una revisión de tarifas (…) necesaria’. Claro, el presupuesto 2014 prevé una reducción del 29% en la participación de los subsidios a los servicios públicos en los gastos totales. Durante una década, los K pusieron todos los recursos del Estado para socorrer a los privatizadores. Ahora que esa caja se ha fundido, quieren prolongar el rescate con un tarifazo. Buitres Pero el tarifazo es solamente un aspecto del ‘ajuste’ en ciernes. Lorenzino-Boudou han habilitado a una negociación que reúne a todos los fondos buitre -los que entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, y aquéllos que no aceptaron reducir el valor de sus títulos. El resultado será nuevos pagos por deuda externa y un mayor endeudamiento en los mercados internacionales. Está claro que la garantía que el gobierno ofrece a la nueva deuda es la dolarización de las tarifas, como ya ha comenzado con los combustibles. Otra garantía que se exige es “cerrar un acuerdo con el Club de París” (Clarín, 3/11), al cual se deben unos 10 ó 15 mil millones de dólares. No tan fina ¿Será este otro intento de ‘sintonía fina’? El gobierno aceleró la devaluación del peso, para sustituir una devaluación brusca. Pero la suma de ‘sintonías finas’ es lo mismo que una sintonía gruesa. A esto se agrega una caída en el valor de las exportaciones y el superávit comercial, y una imparable caída de las reservas. No es casual que el Banco Central haya pedido préstamos al Banco de Basilea y al de Francia. Se observa también, en el plano internacional, la proliferación de préstamos recíprocos entre bancos centrales, por el temor a una ‘corrida’ contra determinadas monedas nacionales -de las que no habría que excluir, en ciertas condiciones, al mismo dólar. El ajuste estará en manos de un gobierno que acaba de sufrir una fuerte derrota electoral y que muestra signos visibles de mayores divisiones. La conquista de un mandato popular por parte del Frente de Izquierda, introduce en esta crisis una novedad profunda, porque amplía su campo de actuación en las luchas obreras que el tarifazo no dejará de generar. Es oportuno recordar ahora que, con la excepción de Macri, de un lado, y del Frente de Izquierda, del otro, todos los partidos y coaliciones restantes coincidieron (en especial, Pino y Lozano) en el planteo de una ‘política de ingresos’, que es la expresión que se usa para poner tope o congelar los aumentos de salarios, con la promesa de hacer lo mismo con los precios. Semejante tentativa de ‘sintonía fina’ equivale a un perro que se muerde la cola y enloquece girando en círculo. La batalla de la etapa próxima es forjar una mayor unidad entre la izquierda revolucionaria y la vanguardia del movimiento obrero. Rechacemos los tarifazos nacionales y locales: que se abran los libros de las empresas, por paritarias formadas con representantes electos, salario mínimo igual a la canasta familiar -hoy en 9.000 pesos- que se ajuste en forma automática a la inflación. Marcelo Ramal Lea la Prensa Obrera On Line Ingresá al espacio de Mariano Ferreyra en la Prensa Obrera

El gobierno sigue utilizando el fondo de la Anses para bajar transitoriamente el precio del dólar que se utiliza en la bolsa para la fuga de capitales (contado con liqui). Es otra defraudación contra los jubilados, al “vender los bonos por debajo de su precio a los bancos…, quienes terminan haciendo un buen negocio al revenderlos a precios de mercado” (Cronista). Así, la baja del dólar se anula en pocas horas. Este tipo de maniobras le ha costado pérdidas millonarias a la Anses. Ahora “Boudou y Kicillof quieren que el organismo previsional venda bonos en el exterior y traiga los dólares al país. Esas divisas se sumarán a las reservas del BCRA” (ídem). El gobierno busca realizar la operación con “grandes fondos de inversión como compradores, en momentos en que el país se acerca a los mercados de la mano de Gramercy y Fintech, entre otros” (ídem). La mesa de dinero con las jubilaciones El intento de vender bonos en poder de la Anses a fondos buitres revela que el gobierno se ha apoderado del patrimonio de los jubilados para crear una gran mesa de dinero que sostenga el pago de la deuda externa. Como reconoció la recientemente depuesta Marcó del Pont, las reservas del Banco Central también caen por el mismo motivo, evidenciando el fraude del “desendeudamiento” por el cual se transfirió la mayor parte de la deuda externa a los organismos públicos. Según el informe de junio de este año, la Anses aumentó al 67% su patrimonio confiscado por el Estado a cambio de títulos que el gobierno nunca paga. Pero el porcentaje supera el 80% -más de 220.000 millones de pesos- al considerar los depósitos y préstamos al Banco Nacion, Enarsa y otros organismos estatales, que, a su vez, le giran al gobierno el dinero recibido de la Anses a cambio de más títulos públicos. Sin fondos para seguir confiscando, el gobierno busca emitir nueva deuda externa, tercerizando la emisión de nuevos bonos a través de la Anses (y de esa manera encubriéndola). El organismo vende los bonos que tiene en cartera, luego le transfiere el resultado de la operación al gobierno y recibe a cambio nuevos títulos pagadiós. Procurando legalizar el saqueo El gobierno busca legalizar esta enorme confiscación con dos grandes operativos. Por un lado, con la pesificación de todas las deudas del Estado con los organismos públicos. Para ello, busca sancionar en el nuevo código civil la cancelación en pesos de las deudas en dólares. Por el otro, con un reciente dictamen de Gils Carbó -procuradora general de la Nación- que se contrapone a los fallos de la Corte Suprema en favor de la actualización de los montos jubilatorios (fallos Badaro y Eliff) -plantea que el monto de los haberes “depende de la determinación de los derechos del resto de los beneficiarios sobre el total de los fondos previsionales” (Clarín). De ese modo, el gobierno considera como “fondos previsionales” sólo las retenciones y aportes actuales y los impuestos (al consumo) destinados a cubrir el presupuesto actual de jubilaciones, desconociendo el Fondo de Garantía de la Anses, originado en los ahorros previsionales de generaciones de trabajadores y confiscado por el gobierno para el pago de la deuda externa. El cese del pago de la usuraria deuda externa y la devolución del patrimonio de la Anses a los jubilados mediante su propia administración, junto a trabajadores electos, es la base para obtener el histórico reclamo del 82% móvil. Sergio Szulman Lea La Prensa Obrera On Line Ingresá al espacio de Mariano Ferreyra en la Prensa Obrera

Tucumán: Comunicado del Partido Obrero La revuelta policial, la descomposición del gobierno y del Estado Alperovich y los funcionarios de su gobierno desaparecieron de la escena, mientras decenas de miles de vecinos se autoorganizaban para defender sus viviendas frente a las bandas organizadas, alentadas o vinculadas con la policía, que aprovechaban las zonas liberadas para realizar acciones de saqueo. Que en algunos lugares los saqueos hayan sido protagonizados por sectores empobrecidos, sólo pone de manifiesto el avance de la crisis social. Alperovich reapareció para denunciar que la rebelión policial era un acto de extorsión contra el Estado y el gobierno. Pero terminó otorgándoles un aumento del 35 por ciento y levantando todos los cargos contra la policía. (…) La rebelión policial se produjo cuando está avanzando el juicio a los ex policías de Raco vinculados a la causa del crimen de Paulina Lebbos. En ese juicio está quedando en evidencia que la policía, la justicia y el gobierno de Alperovich realizaron todo tipo de acciones para encubrir el crimen y proteger a los criminales. La rebelión se produjo, también, en momentos en que la ola de crímenes y delitos han crecido en la provincia, y en los casos más resonantes los delincuentes aparecen vinculados o asociados a las fuerzas policiales y con sectores del poder. La continuidad de este gobierno sólo puede representar mayores desgracias para el pueblo. Desde el Partido Obrero planteamos la necesidad de una investigación independiente de todas las acciones de saqueo y crímenes impunes en la provincia. Que se abran los archivos de la policía y el Ministerio de Seguridad. Por el desmantelamiento de los aparatos de espionaje y de todas las mafias policiales, judiciales y políticas vinculadas con las mafias del juego, la trata y los narcos. Que se abran las cuentas del Estado y se investiguen todas las denuncias de corrupción y malversación de los fondos públicos. Aumento del salario mínimo al nivel del costo de la canasta familiar -hoy valuada en 8.000 pesos- para todos los docentes, trabajadores de la salud y demás trabajadores públicos provinciales y municipales. Pase a planta de todos los trabajadores precarizados. El Partido Obrero señala la necesidad de una acción enérgica de la clase obrera a través de sus sindicatos y junto a los sectores populares empobrecidos para ocupar la escena con sus propios reclamos y salida política. Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Tucumán LEA LA PRENSA OBRERA ON LINE Ingresá al espacio de Mariano Ferreyra en la Prensa Obrera

Por 8.000 pesos de salario mínimo, vital y móvil. 82% a los jubilados. Doble aguinaldo para todos Que la policía haya puesto en la agenda nacional un salario mínimo equivalente a la canasta familiar demuestra, ante todo, la vergonzosa parálisis de la CGT en cualquiera de sus variantes. Las familias de los policías tienen que afrontar el mismo supermercado que las familias obreras. Pero las concesiones a la policía abren una deliberación colosal, en primer lugar, entre los estatales y docentes de todas las provincias del país. En Córdoba, la dirección delasotista de los empleados públicos se ha visto obligada a ir al paro de 48 horas por aumento y habrá marcha conjunta con docentes que medirá el estado de ánimo y de movilización entre los trabajadores. En Neuquén, un paro total de docentes y estatales, con masiva marcha, puso ya en la calle el reclamo de 10 mil pesos de básico y sigue un gran paro de salud. El 18, habrá un paro nacional médico de Fresposa, nacido en la lucha de los residentes de la provincia de Buenos Aires. Es el camino en todas las provincias. Asambleas conjuntas de los estatales, por encima de divisiones de gremios. Unidad con docentes y trabajadores de la salud. Que Ctera convoque un congreso con mandato de asambleas de cada provincia, ningún crédito a la paritaria trucha tradicional de Yasky, quien seguirá el camino entreguista del sindicato de docentes salteño que firmó 25 por ciento en tres cuotas, de espaldas a la docencia. La docencia es cuatro veces más numerosa que la policía, y los estatales un número equivalente a la fuerza policial con variantes, según las provincias. Se abre un cuadro de crisis donde el movimiento obrero en su conjunto tiene que intervenir. El gremio aceitero, que enfrenta la primera paritaria, ha planteado 9.500 pesos de básico, el real monto de una canasta familiar. Aunque claro está, en este cuadro de inflación creciente, hay que imponer mecanismos de indexación salarial. No se pueden admitir tampoco ningún tipo de cuotas, esquema histórico kirchnerista que hoy resulta directamente confiscatorio. Otra paritaria que ha causado impacto en las filas obreras es la de cerveceros, que cerró (atrasada) en 26,5% en tres cuotas, pero con un adicional de fin de año de 10 mil pesos en dos cuotas. El gobierno se preocupa por la “tensión social”. Pero negó bonificación alguna a los jubilados, y el aguinaldo para los 170 mil trabajadores del Argentina Trabaja. Esas reivindicaciones sólo las levanta el clasismo, junto al doble aguinaldo para todos y reapertura de paritarias, en la manifestación del 29 de noviembre. Moyano ha renunciado a jugar un papel de conjunto, apenas trata de cuidar el deterioro de su autoridad puertas adentro del gremio, negociando sin ruidos un bono de fin de año. La burocracia sindical se atomiza y se adapta a las pugnas de los diferentes caciquies pejotistas. Por otro lado, especulan con notables caídas en la producción industrial para mejor frenar el reclamo, pero sin ofrecer política alguna allí donde se producen suspensiones o despidos. Nuestra política es la contraria, es la hora para que el movimiento obrero intervenga. Las asambleas fabriles y de lugares de trabajo tienen que cimentar la intervención de las organizaciones obreras en la crisis mediante un programa: 8.000 de salario mínimo vital y móvil, mínimos de convenio equivalentes a la canasta familiar, doble aguinaldo para activos y jubilados, reapertura de paritarias, indexación de salarios, ningún despido ni suspensión, reparto de horas disponibles sin afectar salarios en las ramas afectadas por caída de producción. Ganemos la calle el 20 de diciembre, todas las organizaciones obreras de lucha, con este programa. Néstor Pitrola LEA LA PRENSA OBRERA ON LINE Ingresá al espacio de Mariano Ferreyra en la Prensa Obrera

La entrega del título de propiedad de la fábrica Zanón a su cooperativa obrera es una incuestionable victoria de los trabajadores, al cabo de trece años desde la ocupación de la fábrica. Todo el movimiento obrero y popular de Neuquén defendió, durante esos años, a los trabajadores de Zanón, frente a los intentos reiterados de desalojo primero, y frente al ahogo económico y financiero al que fue sometida después, por parte del Estado provincial y de los capitalistas. No estamos, sin embargo, frente a la “expropiación del capital”, como se la caracterizó en forma interesada. Los trabajadores deberán resarcir a la patronal vaciadora. La cooperativa deberá pagar, mediante la entrega de la producción de cerámicos, los 23 millones de pesos erogados por el Estado a diversos acreedores. La cooperativa no tiene capacidad productiva para hacer frente a esta deuda. La lucha de Zanón desnudó el parasitismo de la gestión capitalista. Pero también puso de manifiesto los límites del cooperativismo de producción en el marco del capitalismo y su Estado. La lucha, entonces, continúa: el gobierno de la provincia debe anular la deuda que la ley ha impuesto a los trabajadores. La dirección del sindicato y la cooperativa, con el título de propiedad en la mano, gestionan ante el gobierno nacional un crédito de 70 millones de pesos para la renovación tecnológica de la fábrica (crédito del Bicentenario), que ya tienen pedido desde hace un año. La garantía ofrecida serían los terrenos de la fábrica. Quedan por verse las condiciones económicas y políticas del crédito y aun si será concedido, dadas las nuevas condiciones creadas por la devaluación del peso. Se anuncian tasas de interés cercanas al 30 por ciento. El crédito sería concedido a la empresa proveedora de las maquinarias (la italiana Sacmi). Está claro que no podrá destinarse a otras erogaciones corrientes (deudas, salarios, etc.). La dilación por parte del gobierno nacional de prácticamente un año del otorgamiento del crédito a la cooperativa, ha sido fuertemente perjudicial. La lucha continúa: anulación del resarcimiento impuesto a Fasinpat; fondo compensatorio para sostener el salario del convenio ceramista, aportes previsionales y obra social, a cargo del Estado; fondos necesarios para una renovación tecnológica de la fábrica en condiciones adecuadas; garantía de compra por parte del Estado de la producción de la cooperativa. Que la crisis la paguen los capitalistas. César Parra LEA LA PRENSA OBRERA ON LINE Ingresá al espacio de Mariano Ferreyra en la Prensa Obrera

En el 25º aniversario del asalto al cuartel de La Tablada (23 y 24 de enero de 1989) ha aparecido un libro sobre el acontecimiento de Felipe Celesia y Pablo Waisberg: La Tablada. A vencer o morir. La última batalla de la guerrilla argentina. El enjundioso trabajo de los autores yerra en la conclusión, pues la guerrilla ya no existía más en Argentina y porque los protagonistas del asalto eran fervorosos defensores de la democracia, quienes incluso invocaban para su acción la necesidad de defender a Alfonsín. Los 47 militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que tomaron por asalto el cuartel de La Tablada alegaron la necesidad de enfrentar un presunto golpe ‘carapintada’. Fracasaron y fueron brutalmente masacrados por el ejército, los carapintadas y el propio gobierno. Celesia y Waisberg, periodistas que simpatizan con el kirchnerismo, pintan claramente el cuadro de época. Pero el MTP no fue del PRT-ERP, aunque los aúne la figura de Gorriarán Merlo y la tendencia aventurera al golpe de mano. Gorriarán pretendió, con la acción, obtener un protagonismo especial en el nuevo esquema democrático, a caballo de lo que denunciaba como una nueva tentativa golpista de los carapintadas, a quienes asociaba la candidatura de Menem, que había vencido para sorpresa de todo el mundo a la corriente dominante del Partido Justicialista. Gorriarán Merlo había tratado de recrear un foco guerrillero rural en Jujuy, en la etapa final de la dictadura: “suponíamos que la dictadura iba a perdurar, no se vislumbraba (…) que dos años después se desmoronaría” (Memorias, de Gorriarán Merlo, citado en La Tablada…). Cuando estalló la guerra de Malvinas, sin embargo, Gorriarán viajo de emergencia desde Nicaragua y subió al monte jujeño para “desarmar la tropa”. “No le fue fácil. Un grupo suponía que la Junta Militar no retrocedería y que la convocatoria a elecciones no iba a producirse” (La Tablada…, pág. 87). Como puede verse, la perspectiva electoral era suficiente para disuadir de una nueva tentativa foquista. “La previsión del ex dirigente del ERP chocaba con la de los Montoneros, que consideraban la toma de las Islas una decisión legítima y hasta heroica”. Gorriarán apuntó a la ‘institucionalización’ posterior a la postguerra, igual que Alfonsín. El programa del MTP tenía como centro “la defensa de la democracia” naciente, a la cual quería ‘participativa’. Nada que ver con un programa de revolución socialista. En ocasión del levantamiento de Rico, durante la semana santa de 1985, había suscripto el “acta democrática” que habilitaba la negociación de Alfonsín con los golpistas: “el pueblo -decía Gorriarán- (…) encontró en el presidente Alfonsín, en su gobierno, en la mayoría de los partidos políticos de oposición (…) coraje para enfrentar la muerte y generosidad para abrir los canales de participación” (del MTP, reproducido por Prensa Obrera, 9/2/89). Es claro que lo último que tenía en mente era protagonizar una nueva lucha guerrillera por “el socialismo”. El libro muestra que el MTP fue creado en 1986, por Gorriarán, en Nicaragua, donde era oficial de la inteligencia del nuevo gobierno sandinista y enlace con el castrismo cubano. Ni un gobierno ni el otro buscaban, por supuesto, perjudicar a Alfonsín. El diario Página/12 fue fundado con dinero (un millón de dólares) del MTP, en lo que fue un acuerdo con Lanata, Verbitsky y una línea editorial democratizante. Los sandinistas aportaron poco (pasajes, estadías, etc.), pero no dinero contante. El MTP intentó participar en el proceso electoral, inventando partidos y frentes fantasmas. “La vía electoral demandaba mucho trabajo”, dicen los autores (pág. 135), por eso decidió ir a la rastra del armado de frentes centroizquierdistas. Facsímil de Prensa Obrera, año 89 La amenaza golpista El MTP no quiso emprender una ‘guerrilla’ contra el gobierno de Alfonsín; todo lo contrario. El levantamiento de Villa Martelli, en diciembre del ’88, había sido cerrado por un acuerdo entre militares carapintadas y leales. El pacto Caridi (comandante ‘leal’) -Seineldin (jefe carapintada) fue denunciado en la marcha de la Resistencia, en los primeros días de diciembre. “Conspiración Cívico-Militar”, destacamos en Prensa Obrera; 15/12/88). Jorge Baños, uno de los dirigentes del MTP, había declarado a Página/12 que “Semana Santa y estos hechos desestabilizadores tienen como objetivo la reimplantación de la dictadura militar”. Pero no era ese tipo de golpe lo que estaba en juego. El gran capital no quería reinstalar una dictadura, sino exprimir a la democracia burguesa. La ficción de Baños respondía a la necesidad de sacar al MTP del anonimato político. Lo que estaba en juego, como ahora con Milani, era una lucha política por las Fuerzas Armadas: los carapintadas querían un indulto y se hablaba de un pacto Menen-Seineldín. En enero de 1989, la victoria del riojano estaba lejos de estar asegurada, lo que recién obtuvo un mes después, cuando Alfonsín desató su rodrigazo con una devaluación inesperada y sepultó a la candidatura del radical de Córdoba, Eduardo Angeloz El ejército y Alfonsín reprimieron el mini-asalto de La Tablada como nunca lo habían hecho con los levantamientos carapintadas. Fue una masacre con ayuda de esos comandos carapintadas. Alfonsín no dio la orden de represión hasta corroborar que se trataba de una acción del MTP y no de un nuevo alzamiento carapintada. Llevado con helicóptero, fue testigo directo de la salvajada represiva: tortura, desapariciones, etc. Al frente del operativo había nombrado el General Arrillaga, el cual fue condenado el año pasado (2013) “a prisión perpetua por secuestros, tormentos y homicidios de perseguidos políticos en la Base Naval de Mar del Plata” (pág. 254). La democracia La represión en La Tablada asesinó a militantes que ya se habían rendido; masacró a heridos, hubo ‘desaparecidos’, torturas, etc. Todo esto hecho por el mismo personal que actúo bajo la dictadura. No se atendieron las denuncias de la defensa legal: tormentos, asesinatos y desapariciones. Todo esto, fuertemente documentado en el libro de Celesia y Waisberg. El juez Larrambebere “legítimó todo”. Alberto Nisman, el fiscal de la Aipac y la Daia, nombrado secretario para investigar la desaparición de los militantes Ruiz y Díaz, detenidos por el teniente Naselli, no avanzó un paso (pág. 247). Izquierda Unida, un olvido Izquierda Unida (Néstor Vicente-Luis Zamora, PC-MAS-PH-Patria Libre) acompañó el frente represivo contra los militantes del MTP con una solicitada. Luis Zamora envió condolencias a los militares caídos y repudió a los militantes asesinados. El futuro secretario de derechos humanos del kirchnerismo, Eduardo Luis Duhalde, “intentaba despegarse del MTP” (pág. 267): salió a recorrer las librerías para retirar una edición de su editorial de un libro de Memorias de Gorriarán Merlo. Los únicos que repudiaron la masacre de La Tablada fueron las Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y el Partido Obrero. En este punto, los autores de La Tablada hacen un acto de ‘omisión’. No informan a sus lectores de la actitud del Partido Obrero. Denuncian sólo (parcialmente) a IU, el PC, el MAS, etc. Fue una divisoria de aguas importante: IU, Vicente, Zamora y el MAS no vinieron a la marcha de las Madres el 24 de Marzo, porque rechazaban el repudio de éstas a la masacre. La respuesta fue concluyente: “La Plaza es de las Madres, no de los cobardes”, agitó la masiva concurrencia a la plaza. A partir de la masacre de La Tablada, Alfonsín creó el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), autorizando la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión interior. El juez Larranbebere montaría, meses más tarde, una provocación contra el Partido Obrero, cuando ordenó el allanamiento de sus locales y la detención de sus dirigentes, acusándolos -bajo el estado de sitio decretado por Alfonsín- de promover saqueos para desestabilizar y derribar al gobierno. Nuestro partido respondió con una gran movilización política, la que apoyada por todo lo que hay de honesto en Argentina. El tiro de los provocadores salió por la culata: Alfonsín se iba, semanas después, por la puerta de atrás. Rafael Santos LEA LA PRENSA OBRERA ON LINE Ingresá al espacio de Mariano Ferreyra en la Prensa Obrera

Las dos noticias que tienen en vilo al país en estos días tienen el valor de ilustrar, con una nitidez que sorprende, los intereses que representa el gobierno kirchnerista y, en especial, el giro que encarna el equipo económico encabezado por Axel Kicillof. Mientras se procede a una indemnización a los vaciadores de Repsol, saludada por toda la clase capitalista, se amenaza a los docentes con un decretazo que imponga una rebaja salarial, ya que en los planes oficiales debe servir para aleccionar a todo el movimiento obrero. Lo más importante, de todos modos, es que la “hoja de ruta” que el gobierno se ha trazado para querer superar su bancarrota económica y política lo pone al arbitrio del capital financiero internacional. Rescatando a los vaciadores El acuerdo sellado con Repsol equivale a una entregada nacional de proporciones inmensas. Es que la letra del convenio sorprende por la minuciosidad con la que se le asegura a Repsol el cobro de la indemnización acordada. Los 5.000 millones de dólares establecidos como indemnización entre el gobierno y Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF contarán con garantías especiales. Como los bonos que se emitirán cotizan aproximadamente al 80% del valor nominal, el gobierno se compromete a emitir un adicional de 1.000 millones de dólares más, hasta un máximo de 6.000 millones. En cualquier caso Repsol no podrá recibir nunca menos de 4.760 millones de dólares, incluso aunque decida vender los bonos no bien los reciba. Y la deuda se considerará cancelada no al momento de la entrega de los bonos, sino sólo cuando éstos hayan sido transformados en dólares. Así la operación adquiere todas las garantías de un pago en efectivo, dado que el cobro de los bonos no estará sometido a los vaivenes del mercado. El texto del acuerdo lo dice con todas las letras: “El acuerdo comprende las garantías para su pago efectivo”. A los 6.000 millones de dólares de nueva deuda creada por el gobierno se le deberán añadir los intereses; estos serán superiores al 8% anual, una tasa usuraria que duplica, como mínimo, lo que pagan países de América Latina. Se estima que, hasta 2033, fecha de vencimiento de los bonos, los intereses serán equivalentes al capital, lo que totaliza pagos por 12.000 millones de dólares. Este beneficio se distribuirá entre Repsol y los bancos que se hagan de los bonos. Si Repsol resolviera mantener los bonos en su cartera, recibirá intereses anuales por entre 360 y 500 millones de dólares -más o menos lo que obtenía como dividendos cuando era propietaria de YPF. En el caso de los bonos 2024, que aún no tienen cotización, el Estado garantizará a través del Banco Nación las tres primeras cuotas de intereses. Las garantías a Repsol no terminan acá. El convenio establece que si surgen problemas de pago o embargos, el Estado deberá pagar de inmediato el saldo adeudado. De ocurrir diferendos, no serán los tribunales argentinos los que decidan, sino la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Para el gobierno “nacional y popular” se ha vuelto una moda renunciar a la soberanía de la Justicia argentina. Aunque el gobierno presenta como positivo que Repsol renuncie a continuar los juicios contra el país, lo cierto es que se trata de una medida recíproca, que compromete a Argentina a renunciar también a los juicios contra la empresa. Los pasivos ambientales que el propio Kicillof había denunciado en el momento de la expropiación nunca fueron tasados y ahora no podrán ser llevados a la Justicia. Tampoco las investigaciones sobre vaciamiento empresario, que constaban en el Informe Mosconi elaborado por el gobierno. De amenazar con no pagar un peso, e incluso declarar que la investigación probaría que es Repsol la que debería indemnizar a la Argentina, Kicillof nos dice que la legislación vigente obliga a este pago oneroso a los vaciadores. El “relato” termina sepultado bajo la Ley Nacional de Expropiaciones dictada por Videla y Massera en 1977, hoy vigente. La cola que sigue El objetivo declarado de “volver a los mercados” que el gobierno se había trazado ha sido tercerizado a Repsol. Será el monopolio petrolero quien colocará los “bonos soberanos” de Argentina en el mercado, con la salvedad de que los dólares se los quedarán ellos y la factura la pagará el país. Es que por muy entreguista que sea el acto indemnizatorio, los “mercados” siguen reclamando más. En la cola de los que esperan un resarcimiento están el Club de París, los bonistas que no han entrado en el canje y las empresas que litigaron en el Ciadi. Entre unos y otros se esconde el FMI. Los países que integran el Club de París ponen como condición para un acuerdo que el gobierno acceda a que el Fondo realice una auditoría de las cuentas nacionales. El nuevo índice de inflación dado a conocer el mes pasado es un primer paso del gobierno en esa dirección. La “normalización económica” con el gran capital implicará la creación de una deuda inmensa. Si se suma a la ya comprometida con Repsol, estaríamos muy por encima de los 30.000 millones de dólares. Cristina Kirchner y Kicillof terminarían sus días como afiliados al “club de los endeudadores”, al costo de una cuota muy alta. Después de haber batido el parche del “desendeudamiento”, tendríamos una deuda pública de unos 300.000 millones de dólares: por lejos la más alta de la historia. Los elementos para una quiebra económica generalizada se van reuniendo a una velocidad inusitada. A medida que el gobierno avanza en esta dirección, su capacidad de arbitraje se reduce a la mínima expresión. El factor decisivo pasa a ser el capital financiero internacional. Mientras en el pasado la cancelación de la deuda con el FMI era presentada como una medida de autonomía nacional para “independizarnos” del Fondo, ahora la indemnización a Repsol persigue el propósito declarado de una asociación con los monopolios petroleros internacionales como Chevron, y conseguir fuentes de financiamiento de los grandes bancos. Estas concesiones empujan a un cambio completo de la política económica, dándole completa libertad al capital para su acción. A los docentes, nada El acuerdo entre el Repsol y el gobierno contrasta con las negociaciones establecidas con los docentes. La propuesta oficial de un 22% en tres cuotas más 2.000 pesos de presentismo a pagar en dos veces equivale a una rebaja salarial hecha y derecha. Contra una inflación prevista por arriba del 40%, es claro que el gobierno quiere que los salarios se reduzcan en relación con la inflación y el índice de devaluación. Reducir el salario en dólares es el nuevo grito de la clase capitalista. En el caso concreto de los docentes, el gobierno ya anticipó que piensa recurrir a un decretazo para imponer este objetivo. La oposición tradicional no sólo apoya el acuerdo con Repsol, y el acuerdo con el Club de París y el FMI. También es partidaria de un ataque al salario. De Mendiguren ha pedido la suspensión de las paritarias -aunque ahora quiere “apurarlas” en acuerdo con la CGT- y Felipe Solá auguró que los trabajadores están dispuestos a aceptar “una rebaja salarial”. La oposición, que ha saludado la devaluación de la moneda, pide bajo el eufemismo de la necesidad de “un plan integral” realizar un ajuste que incluya un tarifazo generalizado y una nueva devaluación. Huelga general La docencia combativa de todo el país se ha convocado para resolver un paro para el 5 y 6 de marzo, y exigió a la Ctera y al resto de los sindicatos la huelga general para defender un salario igual a la canasta familiar. La burocracia, sea oficialista u opositora, no quiere saber nada con ello. Por eso han puesto en el freezer el paro convocado por ellos mismos. Actúan como lo que son: agentes del ajuste al interior del movimiento obrero. Pero la burocracia no es el factor decisivo en la situación. Ante los despidos en Córdoba, ya se han ocupado tres empresas metalúrgicas, lo cual marca un curso a seguir para enfrentar los despidos y suspensiones. Asistimos a los últimos capítulos de un gobierno en disgregación, que se juega su sobrevivencia en una ofensiva contra los trabajadores. En oposición a la intención de “blindar” a Repsol y al gran capital, llamamos a “blindar” a los trabajadores, prohibiendo despidos y suspensiones, con un aumento salarial de emergencia de 3.000 pesos y un salario mínimo igual a la canasta familiar. Está planteado impulsar la huelga general por este programa y estructurar una salida independiente de los trabajadores. Gabriel Solano LEA LA PRENSA OBRERA ON LINE Ingresá al espacio de Mariano Ferreyra en la Prensa Obrera

El nuevo gabinete debutó con otro aumento en el precio de las naftas. Sólo en noviembre, la suba supera al 12%. Más temprano que tarde, esa escalada reforzará la carestía en alimentos y en toda la canasta familiar. El naftazo vino acompañado de otro anuncio: un acuerdo con Repsol, el gran vaciador de YPF. En vez de investigar una década de desfalcos, el gobierno premiará a Repsol y a sus accionistas con dólares contantes y sonantes. Y con áreas petroleras que ya fueron exploradas. No es difícil sacar la conclusión: la plata para resarcir a Repsol saldrá de los trabajadores y consumidores. Con estos tarifazos, el gobierno quiere ganarse el favor de los monopolios petroleros internacionales. La oposición aplaude esta convocatoria a “inversores”… que no invierten nada. Quieren financiarse con el bolsillo del pueblo, a costa de tarifazos. Y desvalorizando el patrimonio nacional, a través de una devaluación. El naftazo para salvar a Repsol es sólo la punta del ovillo del ajuste que preparan. Después de haber socorrido a los privatizadores y a los buitres de la deuda durante una década, intentan otro rescate en favor de todos ellos. Los opositores -de Massa al Unen- aplauden al gabinete ajustador. Opongamos a este rumbo sin futuro una lucha de conjunto y un programa: • Ningún tarifazo. Nacionalización del petróleo y las privatizadas bajo control obrero, sin resarcimiento a sus vaciadores. • Doble aguinaldo y reapertura inmediata de las paritarias. Reajuste automático de los salarios con la inflación. • Basta de desfalco a la Anses: que sea dirigido por trabajadores y jubilados electos, para asegurar el 82% móvil. Desarrollemos al Partido Obrero y al Frente de Izquierda como alternativa política, frente a los bloques políticos del tarifazo y el rescate a Repsol. Lea La Prensa Obrera On Line Ingresá al espacio de Mariano Ferreyra en la Prensa Obrera

La indemnización que el gobierno le dará a Repsol es escandalosa. A los responsables del mayor vaciamiento energético de la historia nacional, el gobierno les asegura una compensación de 5.000 millones de dólares por el 51% de las acciones de YPF. Para ello, el gobierno emitirá nueva deuda por un monto aún mayor. Sumados los intereses, equivaldrá a pagar de aquí al año 2033 ni más y ni menos que 12.000 millones de dólares. El pacto con Repsol ha sido sólo el primer paso. En la cola sigue el pago de la deuda contraída bajo la dictadura con el Club de París, los fondos buitre y los juicios de las privatizadas en el Ciadi. Una factura que superará holgadamente los 30.000 millones de dólares. Las enormes concesiones al gran capital contrastan con el trato dado por el gobierno a los trabajadores docentes. La propuesta salarial es una burla: 22% en cuotas, más un monto por presentismo en dos pagos. Con una inflación que rondará el 40%, esto representa una reducción salarial más que significativa. La cobardía ante Repsol muta a patoterismo ante los docentes. Si no aceptan la rebaja -dijo el jefe de Gabinete-, les será impuesta por un decretazo. El ataque a la docencia involucra a todos los trabajadores. La disyuntiva es si la crisis la pagan Repsol y las patronales que la levantaron con pala, o los trabajadores. El Partido Obrero plantea: prohibición de despidos y suspensiones, aumento de emergencia de 3.000 pesos para todos los trabajadores, salario mínimo igual a la canasta familiar, abolición del impuesto al salario. Los diputados del Frente de Izquierda han presentado en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales proyectos que contienen estos reclamos. El primer paso para obtenerlos será movilizarnos por el triunfo de los docentes. Preparemos la huelga general. LEA LA PRENSA OBRERA ON LINE Ingresá al espacio de Mariano Ferreyra en la Prensa Obrera

La huelga de los docentes entró en su segunda semana. Cincuenta mil maestros ganaron las calles de la ciudad de La Plata. Movilizaciones masivas se vienen dando en todo el país. La huelga docente concentra un reclamo nacional: defensa y recuperación del salario, cuando una carestía del 40% anual hace estragos en el bolsillo de los argentinos. La colosal movilización ‘blanca’ en La Plata ridiculizó el aumento liquidado unilateralmente por Scioli, rechazado por la más formidable huelga desde 2001. De la Sota tuvo que retirar su proyecto de ley para cercenar el derecho de huelga. Sus principales destinatarios eran los docentes y estatales. El ajuste en curso va dirigido contra el pueblo. No ocurre lo mismo con Chevron o Repsol, que recibieron concesiones leoninas. Los K siguen la misma ruta con los fondos buitre y con el Club de París. El gobierno del “desendeudamiento” se ha lanzado a una carrera desesperada por obtener un socorro del capital financiero. Pero ni siquiera ese pedido evita la cesación de pagos a la que nos conduce la política que impulsan, por igual, oficialistas y opositores. La consigna de la hora de los partidarios del ajuste es derrotar la huelga docente. El interés de la mayoría trabajadora argentina es su victoria. Estamos frente a una gran pulseada: ellos o nosotros. Marchemos con los maestros en todas sus manifestaciones de lucha. Reclamemos la huelga general por la victoria de los docentes, que será la de todos. LEA LA PRENSA OBRERA ON LINE Ingresá al espacio de Mariano Ferreyra en la Prensa Obrera