PoderCiudadano

Poder Ciudadano trabaja en las siguientes líneas estratégicas: transparencia y control ciudadano; anticorrupción; monitoreo de las instituciones; fortalecimiento de la educación y participación ciudadanas; y expansión de los canales de comunicación entre la sociedad civil y el Estado. Estas líneas estratégicas son implementadas a través de las siguientes áreas de trabajo: Instituciones Políticas y Gobierno Desde este espacio se promueve la calidad de la representación política, la transparencia en la administración del Estado y la promoción del acceso a la información pública. Nos orientamos a fortalecer a los ciudadanos, poderes del Estado, y organizaciones de la sociedad civil para que incidan en la definición de las políticas públicas. Acción Ciudadana Trabajamos en la construcción de una red de ciudadanos que sepa cómo actuar frente al Estado, cómo involucrarse en los asuntos públicos para incidir en las políticas públicas que definen su calidad de vida. Este espacio busca promover la inclusión social de individuos y comunidades en situación de exclusión o pobreza a partir del desarrollo de sus capacidades y facultades cívicas. A través del Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) se ofrece asesoramiento y asistencia legal gratuita a quienes lo necesiten. Además, este servicio jurídico cuenta con dos instancias de patrocinio jurídico gratuito: la Red de Abogados Voluntarios y la Clínica Jurídica de la Universidad de Buenos Aires. Justicia Desde esta área se trabaja por una justicia transparente, eficaz y accesible a la ciudadanía, promoviendo el debate y la participación para mejorar el sistema judicial. Desarrollamos acciones y herramientas para promover la transparencia en la administración del Estado y la lucha contra la corrupción, desde una perspectiva de derechos.

¿Cómo aborda la Ley Argentina los Delitos de Corrupción? Informe Elaborado por Poder Ciudadano. Delitos contra la Administración Pública La corrupción en Argentina a corrupción es un fenómeno que nos afecta a todos. Es un flagelo moral, económico e institucional, produciendo un impacto mayor en los sectores de bajo recursos. Pero, ¿qué es la corrupción? Las convenciones internacionales contra la corrupción únicamente definen los distintos actos de corrupción. Transparencia Internacional la define como “El abuso de poder para beneficio propio”. El Banco Mundial, como “el abuso de un puesto público para ganancia privada”. El Banco Internacional de Desarrollo la define como “actos realizados por funcionarios que usan su posición con fines propios, o bien lo hacen a pedido de otros, a fin de obtener beneficios para sí o para terceros” El Economista Robert Klitgaard creó la fórmula de la corrupción C = M + D – R (T) Corrupción es igual a Monopolio más Discrecionalidad menos Responsabilidad (Transparencia) A pesar de no existir una única definición, todas ellas abarcan tres elementos comunes: abuso de poder, beneficio, menoscabo de un bien público. Por lo tanto se puede decir que corrupción es la acción u omisión de un funcionario público en beneficio de sí mismo o de un tercero. En las siguientes páginas explicaremos los distintos delitos contemplados en nuestro Código Penal de la Nación (en adelante “C.P.”) que configuran hechos/actos de corrupción. TIPOS PENALES Enriquecimiento ilícito Se encuentra contemplado en el marco de las previsiones del Art. 268 párrafo 2º C.P. se reprime a quién “…al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño.” Un ejemplo sería el caso en que un funcionario adquiere un inmueble a un precio exorbitante, que no se condice con el nivel de sus ingresos, y no puede justificar su procedencia. Acción típica: Se trata de una figura penal por la cual el comportamiento típico del delito se conforma mediante la conducta de enriquecerse apreciablemente y de manera injustificada durante el ejercicio de la función pública. Pena: Reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua. Conoce más en el informe elaborado por Poder Ciudadano: http://poderciudadano.org/sitio/wp-content/uploads/2014/11/Delitos-contra-la-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-2014-FINAL.pdf