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EDITADO: Es un resumen que explica el período comprendido entre 1852 a 1880 visto desde el punto de vista de los autores abajo mencionados. Insisto, es una ficha bibliográfica de dos libros que expresan dos teorías que no se contraponen porque cada uno toma un aspecto diferente: la Penetración material y la penetración ideológica. Los que leen historia saben que no es fácil encontrar el estado de la cuestión en Halperín Donghi. Oszlak es quien escribe mas detallado y con cantidad de notas al pié. Con respecto a las fotos, no corresponde ponerlas ya que es un tema tratado desde el punto de vista de un análisis historiográfico. Insisto, esto no es para aprender que pasó en forma fáctica sino para entender los procesos desde distintas visiones. Historia Argentina de 1852 a 1880 1º Conquista de Buenos Aires Caseros Urquiza derrota a Rosas (1852) El litoral derrota a Buenos Aires. 2º Conquista de Buenos Aires La Capitalización es una nueva conquista de Buenos Aires que se resistía a la misma. Roca a cargo del ejército, en el Gobierno de Avellaneda derrota a Tejedor al gobernador de Buenos Aires. Dos choques: Cepeda y Pavón Alzamientos: Peñaloza y Varela, ambas después de Pavón. Costosa guerra: con Paraguay Guerra de la Triple Alianza Halperín Donghi plantea en su hipótesis el problema entre Caseros y la derrota de Buenos Aires con su capitalización. En 1880 el Estado Nacional ya funciona como tal en 1880. Avellaneda derrota a Tejedor. Antes: Confederación urquicista y por otro lado en los primeros 10 años después de Caseros al Estado de Buenos Aires. Pavón es la victoria de Mitre, el fracaso de la Confederación Urquicista. Cuando gana Buenos Aires hay disconformidad de los Caudillos del interior y es resistida. Peñaloza y Varela derrotados por el Ejército Nacional utilizado en Pavón. Según Oszlak, el Estado utilizó no sólo la fuerza, sino además la cooptación, es decir que atrajo o sedujo a las élites provinciales del interior, les dio un lugar. Además menciona la Penetración material con los Ferrocarriles que les da la posibilidad de expandir su mercado interno nacional a esas provincias, no para exportar sino para poder vender sus productos en Buenos Aires. Otra cosa fue la creación de las escuelas secundarias para crear el Estado y la Identidad Nacional, esto es la Penetración ideológica. Coerción y cooptación: Penetración material e ideológica. Construcción de una economía capitalista en expansión, agraria y exportadora. Los beneficios de la exportación son para Buenos Aires, es cierto, pero también hay que tener en cuenta que las economías interiores crecieron como el azúcar de Tucumán (el autor re categoriza en que Tucumán a su vez es un centro con respecto a Catamarca), y el vino de Cuyo. Las élites del interior y Buenos Aires crean un vínculo y alianza política y acuerdo que hacen posible la Construcción de un Estado Nacional. Halperín Donghi diferencia entre lo que dijo la Historiografía Clásica y la crítica que le hace el Revisionismo, y lo que el mismo cree. Su hipótesis es en este punto que hay una distancia entre el antiguo legado político de Rosas y sus adversarios para ser sus herederos. Si en el orden internacional el legado rosista fue permanente, en la unidad interna fue efímera. La hegemonía sobre Buenos Aires se derrumbó a la caída de Rosas. Los herederos, sin embargo creían que era un legado rosista y que solo faltaba un matíz Constitucional para edificar la Nación, pero descubren que tienen que hacer al mismo tiempo la Nación y el Estado que no había hecho Rosas. En 1880 la etapa de creación de una realidad nueva puede considerarse cerrada. No porque la Nueva Nación haya sido edificada, sino que se ha culminado la construcción del Estado Nacional que se creía pre existente. En 1880 hay un Estado Nacional, que terminará mucho después en una Nación con varias cosas mas (Leyes Laicas, Ley 1420, Servicio Militar Obligatorio, etc.). Desde 1880 hay una Nueva Nación, de eso no hay dudas. En resumen, según Halperín Donghi, hay una hipótesis doble, por un lado lo que caracteriza la etapa es construir y elaborar un proyecto, pero la clave de los 30 años de discordia está en la distancia entre el legado que creían que Rosas había dejado y el que realmente les dejó. El revisionismo tiene una lectura equívoca, según el autor, al considerar que Rosas tenía o, mejor dicho, dejó un legado de Nación y unidad. Ficha bibliográfica y periodización realizada por mi. Resumen del estado de la cuestión de los autores a continuación. Halperín Donghi "Una Nación para el Desierto Argentino" Oszlak "La Formación del Estado Argentino"

Pronunciamiento de Urquiza En Argentina el 1 de mayo de 1851, fue leído el llamado "Pronunciamiento de Urquiza", mediante el cual, el general Justo José de Urquiza expresaba que: El Gobernador y capitán general de Buenos Aires, brigadier Juan Manuel de Rosas ya no se encontraba en condiciones físicas de ejercer su cargo, de manejar las relaciones exteriores de la República Argentina. En reiteradas ocasiones, Urquiza pidió al Gobierno de Buenos Aires que Rosas debía ser destituido de su puesto. Dejar a Rosas en su cargo, era faltar el respeto a su salud y cooperar a la ruina de los intereses económicos nacionales, que el mismo aceptaba no poder controlar. • Los tratados entre el Imperio del Brasil y el gobierno de Montevideo Por su parte, los orientales antirrosistas que ocupaban Montevideo estaban en una delicada situación. Las fuerzas de Oribe los sitiaban por tierra. La escuadra de la Confederación, al mando del almirante Guillermo Brown, los hostigaba por mar. La ayuda material de Inglaterra y Francia al gobierno de Montevideo había cesado por la firma de la paz entre estas potencias y Rosas en los años 1849 y 1850. El Brasil quedaba como única tabla de salvación, aunque esta alternativa no fuera gratuita, ya que implicaba la cesión de territorio al gobierno brasileño a cambio de su ayuda material. Ante el dramático curso de los acontecimientos, Andrés Lamas, ministro plenipotenciario y enviado extraordinario del gobierno oriental ante Brasil, fue autorizado a firmar una serie de tratados en Río de Janeiro que cedían al Brasil parte del territorio oriental, lo cual tuvo lugar el 12 de octubre de 1851. Por el tratado de límites se reconocía como principio el utis possidetis, invalidando cualquier reclamo uruguayo en virtud del tratado de San Ildefonso. La frontera rectificada corría por el río Cuareim, el Yaguarón y la laguna Merín, para terminar en el Chuy, con dichos cursos de agua, de orilla a orilla, en poder exclusivo del Brasil, que conservaba además la posesión exclusiva de la navegación de la laguna Merín y el río Yaguarón. También el Imperio podría levantar fortalezas en la desembocadura de los ríos Tacuarí y Cebollatí, en pleno territorio oriental (1). Por el tratado de alianza, se acordó convertir en "alianza perpetua" la realizada por la convención secreta del 29 de mayo, a fin de sostener "la independencia de los dos Estados contra cualquier dominación extranjera". Para garantizar la "nacionalidad oriental", el Brasil se comprometía a prestar "eficaz apoyo" al primer gobierno que se eligiese, sosteniéndolo ante cualquier "movimiento armado contra su existencia o autoridad". En retribución si "se levantara alguna sublevación contra S.M. el emperador en las provincias limítrofes (Rio Grande) la República Oriental se obligaba a prestar a las autoridades y fuerzas legales de Brasil toda la protección que estuviera a su alcance". Se invitaba además a Paraguay "y los Estados argentinos que accedieran" a garantizar en la misma forma "su orden interno y sus respectivas independencias". Por el tratado de subsidios, Brasil entregaba una suma de 138.000 patacones por una sola vez y luego 60.000 patacones mensuales por el tiempo que creyera necesario, lo que se sumaría a los más de 211.791 patacones otorgados en diversas oportunidades con sus intereses del 6%. Uruguay entregaba como garantía los derechos aduaneros y las rentas del Estado. Para asegurarse del cumplimiento de lo pactado, el conde de Caxias acampó a fines de octubre a tiro de cañón de Montevideo. Urquiza no fue informado oficialmente sobre estos tratados y más adelante denunció, a raíz de dicha falta de información, que no estaba obligado a aceptarlos. Pero luego, en la necesidad de devolver al Brasil el apoyo prestado, obligó a los orientales a ratificarlos. Por el tratado de comercio y navegación se aceptaba la navegación común del río Uruguay y sus afluentes (aunque no atravesaran territorio brasileño), invitando a los demás Estados ribereños a declarar "la libre navegación del río Paraná y Paraguay". La isla de Martín García "quedaría neutralizada". Además, el gobierno oriental renunciaba por diez años a cobrar derechos de tránsito a las haciendas propiedad de brasileños y suprimía el derecho de exportación del ganado en pie. En reciprocidad el Brasil mantendría en la frontera de Río Grande de San Pedro la exención en vigencia de derechos de consumo sobre la carne salada y otros productos ganaderos importados. Por el tratado de extradición ambas partes se devolverían los criminales, desertores y esclavos fugados de ambos territorios (no existía la esclavitud en el territorio oriental), sin otro requisito para reclamar al esclavo fugado que la "petición del señor a la autoridad". Incluso si los brasileños propietarios de estancias en el Uruguay llevaran esclavos a ellas desde el Brasil, éstos mantendrían su condición servil. • NOTA 1. "La batalla de Caseros", op. cit., pp. 17-19; José María Rosa, Historia Argentina, tomo 5, Buenos Aires, J.C. Granda, 1965, pp. 470-471, y V.D. Sierra, op. cit., pp. 587-589. SANCHÍS MUÑOZ, J.R., Japón y la Argentina: Historia de sus Relaciones, Buenos Aires: Sudamericana, 1997. • El nuevo tratado de alianza entre el Brasil, la República Oriental y los gobiernos de Entre Ríos y Corrientes Ante la necesidad por parte del Brasil de obtener la devolución de los préstamos otorgados a Urquiza y de convenir una alianza militar debido a que Rosas había declarado la guerra al Imperio, el 21 de noviembre de 1851 se concretó una alianza entre los Estados de Entre Ríos y Corrientes, la República Oriental y Brasil. La misma fue firmada por el encargado de negocios de los gobiernos de Entre Ríos y Corrientes y hermano del gobernador de Entre Ríos, Diógenes José de Urquiza; el ministro plenipotenciario del Brasil, Honorio Carneiro Leao, y el ministro y secretario de Estado uruguayo, Manuel Herrera y Obes. En el artículo 1º las partes declaraban: "que no pretenden hacer la guerra a la Confederación Argentina (...). Por el contrario, el objeto único, a que los estados aliados se dirigen, es libertar al pueblo argentino de la opresión que sufre bajo la dominación tiránica del gobernador don Juan M. Rosas (...). A su vez, los artículos 6º y 7º establecían mecanismos de financiamiento para poner en marcha la alianza contra Rosas: Artículo 6º - Para poner a los Estados de Entre Ríos y Corrientes en situación de sufragar los gastos extraordinarios, que tendrán que hacer con el movimiento de su Ejército, Su Majestad el Emperador del Brasil les proveerá en calidad de préstamo, la suma mensual de cien mil patacones por el término de cuatro meses, contados desde la fecha en que dichos Estados ratificaron el presente convenio o durante el tiempo que transcurriese hasta la desaparición del gobierno del general Rosas, si este suceso tuviese lugar antes del vencimiento de aquel plazo. Esta suma se realizará por medio de letras libradas sobre el Tesoro Nacional a ocho días vistas, y entregadas mensualmente por el Ministro Plenipotenciario del Brasil al Agente de Su Excelencia el Gobernador de Entre Ríos. Artículo 7º - Su Excelencia el señor gobernador de Entre Ríos, se obliga a obtener del gobierno que suceda inmediatamente al del general Rosas, el reconocimiento de aquel empréstito como deuda de la Confederación Argentina, y que efectúe su pronto pago con el interés del seis por ciento al año. En el caso, no probable, de que esto no pueda obtenerse, la deuda quedará a cargo de los Estados de Entre Ríos y Corrientes; y como garantía de su pago con los intereses estipulados sus excelencias los señores gobernadores de Entre Ríos y Corrientes, hipotecan desde ya las rentas y terrenos de propiedad pública de los referidos Estados. El artículo 14º ratificaba la libre navegación de los ríos interiores de la Confederación: los gobiernos de Entre Ríos y Corrientes, se comprometen a emplear toda su influencia cerca del gobierno que se organizare en la Confederación Argentina, para que éste acuerde y consienta la libre navegación del Paraná y de los demás afluentes del río de la Plata (...). Finalmente, el artículo 20º invitaba a Paraguay a formar parte de la coalición antirrosista: "El gobierno de la República de Paraguay será invitado a entrar en alianza, enviándosele un ejemplar del presente convenio (...)" (1). • NOTA 1. Artículos 1º, 6º, 7º, 14º y 20º, en B. Bosch, op. cit., selección documental, pp. 103-109. • El Ejército aliado en marcha Tras la capitulación de Oribe el 8 de octubre de 1851, el Ejército Grande, comandado por Urquiza y nutrido además con las fuerzas de Oribe y el apoyo material del Imperio brasileño, pasó en diciembre de 1851 desde Montevideo hacia Entre Ríos. Por su parte, la escuadra brasileña estaba asentada en el Río de la Plata y ocupó la isla de Martín García y la Colonia. Desde allí, los buques imperiales remontaron el Paraná con el objeto de contribuir al traslado de los ejércitos aliados a Santa Fe, cuyo gobernador Pascual Echagüe se retiró con sus escasas tropas a Buenos Aires sin presentar resistencia. La mayoría de los historiadores coinciden en afirmar su desconcierto ante la pasiva actitud de Rosas frente al avance de los ejércitos aliados encabezados por Urquiza. Según José María Sarobe, Rosas: no tenía ningún plan propio ni tampoco tomó en serio los que le presentaron sus inmediatos colaboradores, Oribe, Chilavert, Mansilla y Pacheco. (...) Desconfiaba, al parecer, de sus subalternos; temía ser traicionado. Las medidas tomadas fueron solamente defensivas y consistieron en hacer pasar algunas fuerzas en protección de Santa Fe, en establecer una vigilancia más estrecha mediante la escuadrilla de Coe, sobre sectores de los ríos, y, finalmente, en enviar el 7 de junio, en dos buques, una cierta cantidad de armas y municiones a Oribe. Luego, destacando la inercia de Rosas, Sarobe afirma: "El grueso del ejército rosista permanecía concentrado entre Palermo y Santos Lugares, casi inactivo y sin comando visible, sin decidirse el dictador por ninguno de los cuatro planes de operaciones que le habían presentado sus colaboradores, ni trazarse siquiera uno propio" (1). José Luis Busaniche opina en términos coincidentes con Sarobe. De acuerdo con aquél la actitud de Rosas frente al avance de las fuerzas de Urquiza y sus aliados no tiene una explicación satisfactoria en lo que respecta a la defensa militar. Ya con el enemigo cerca de Buenos Aires, Rosas no tuvo ni un plan de combate ni jefes de capacidad militar suficiente para combatir al ejército coaligado. El general rosista Pacheco fue acusado de complicidad con el enemigo, pues renunció al mando de las fuerzas de la Confederación cuando las avanzadas de Urquiza estaban cerca de Buenos Aires. El coronel Hilario Lagos opuso su caballería a la vanguardia enemiga, pero no pudo contener su avance. Frente a los 25.000 hombres y 50.000 caballos de los ejércitos aliados, Rosas tenía 20.000 hombres pero le faltaban armas y sobre todo jefes de capacidad militar (2). Al decidirse por una batalla abierta contra las fuerzas de Urquiza, Rosas desestimó la propuesta del coronel Chilavert, partidario de no presentar batalla a las fuerzas aliadas, ocupar la ciudad de Buenos Aires con la infantería y artillería y mandar la caballería al sur para reforzarla con la ayuda de los indios. El Restaurador de las Leyes temía las acciones de los indígenas en la campaña bonaerense en caso de derrota de sus fuerzas. La falta de un plan de combate por parte de Rosas quedó evidenciada en el inesperado nombramiento del coronel unitario Pedro José Díaz, un ex prisionero, al frente de la resistencia militar contra las fuerzas de Urquiza. El desenlace final ocurrió en la localidad de Caseros el 3 de febrero de 1852. Las fuerzas de Urquiza, aprovechando su poderosa caballería, concentraron su ataque en el ala izquierda enemiga, constituida por una caballería mal organizada. La batalla duró cuatro horas y media y terminó con una franca derrota del ejército rosista, cuya única resistencia importante fueron las fuerzas del coronel Chilavert. Tras la batalla, Rosas fue a refugiarse con su hija Manuela en la casa del encargado de negocios inglés en Buenos Aires, Robert Gore. Este convenció al dictador de la conveniencia de que se embarcara para evitar represalias contra su persona, lo que finalmente hizo optando por Inglaterra como destino de su viaje. Por su parte, el 20 de febrero de 1852 el ejército aliado hizo su entrada triunfal en Buenos Aires. • NOTAS 1. José María Sarobe, op. cit., pp. 529-531 y 541. 2. J.L. Busaniche, op. cit., p. 135. • Consecuencias de la batalla de Caseros Pronto Urquiza comprendió que la victoria obtenida sobre Rosas en Caseros tendría un gusto amargo. Con buen tacto político y seguramente para evitar reacciones populares contra su persona, decidió nombrar como gobernador provisorio al rosista Vicente López y Planes. Pero los emigrados unitarios, una vez vueltos a Buenos Aires, no tardarían en hacer sentir su influencia. Para Brasil la batalla de Caseros implicó un resonante triunfo de su política de debilitar la presencia rosista en la cuenca del Plata. Lograba la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, factor que daba salida a la economía del Mato Grosso. Estos beneficios se sumaron a los que ya había obtenido sobre el Estado Oriental, gracias a los acuerdos firmados en octubre de 1851 con el oriental Andrés Lamas. Para Inglaterra y Francia la caída de Rosas ofrecía la tantas veces frustrada oportunidad de negociar la libre navegación de los ríos interiores. En abril de 1852 ambos países europeos mandaron con este objeto a sus enviados especiales, como también lo hizo el gobierno norteamericano. Finalmente, el 10 de julio de 1852 Urquiza firmó tratados con Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que establecían el libre tránsito de los ríos Paraná y Uruguay. Por otra parte, las consecuencias políticas y económicas de la Guerra Grande en la Banda Oriental -que se inició con el comienzo de la lucha de Rivera contra Oribe en 1839, se agravó con el sitio de Montevideo por parte de las fuerzas de Oribe-Rosas establecido en febrero de 1843, y terminó con la capitulación de Oribe pactada con Urquiza el 8 de octubre de 1851- fueron marcadamente negativas para la economía, la sociedad y el gobierno uruguayos. Tanto los "blancos" como los "colorados" estaban desilusionados de la intervención extranjera. Los partidarios de Oribe lo estaban por la vulnerabilidad que demostró Rosas ante el levantamiento de Urquiza. Los seguidores de Rivera por la falta de vocación demostrada por los ingleses y franceses para destruir el régimen de Rosas. Ambos partidos estaban también molestos por la descarada explotación a que sus respectivos aliados "externos" sometieron al Uruguay. La matanza indiscriminada de animales, el asalto de rebaños, el consumo de ganado por parte de las tropas que atravesaban la campaña oriental arruinó la actividad ganadera y saladeril. Además, el gobierno uruguayo se había endeudado con los prestamistas locales y extranjeros. Por último, se registró una notable reducción de la población oriental: de 140.000 habitantes en 1840 a 132.000 en 1852; por su parte, la población de Montevideo disminuyó de 40.000 habitantes a 34.000 (1). No obstante las ventajas territoriales obtenidas por el Brasil en la República del Uruguay, la diplomacia brasileña enfrentaba un obstáculo serio con este país. El tratado del Pantanoso firmado entre Oribe y Urquiza el 8 de octubre de 1851 estableció el principio de "ni vencedores ni vencidos", lo que dejaba a los "blancos" en pleno ejercicio de sus derechos cívicos y con claras posibilidades de llegar al gobierno, ya que eran mayoría en la república oriental. Nuevamente Urquiza había obrado unilateralmente, pero esta vez perjudicaba no a los intereses de Rosas sino a los del Brasil. El Imperio no toleraría a los blancos que habían seguido a Oribe, aliado del tan detestado Rosas. Preocupado por el seguro triunfo de los blancos, el senador y jefe del partido saquarema Honorio Hermete Carneiro Leao se entrevistó con Urquiza días después de Caseros para conversar sobre este tema. Urquiza le contestó que el Brasil debía dejar en paz a los orientales. El 1º de marzo de 1852 se dio el triunfo en Uruguay de Juan Francisco Giró, del partido blanco. Disgustadas por el resultado, las autoridades brasileñas exigieron el cumplimiento de los tratados Lamas a través de Carneiro Leao. El presidente Giró rechazó la exigencia brasileña, confiando en el apoyo de Urquiza y alegando que la Confederación Argentina, en su carácter de firmante de la Convención de Paz de 1828, era parte interesada en la cuestión. Pero a pesar de las expectativas de Giró, Urquiza, que era deudor del Brasil y que a partir del Protocolo de Palermo del 6 de abril de 1852 ya era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, decidió convalidar la posición del Imperio. Además, el 28 de agosto Urquiza decretó la libre navegación de los ríos (2) y se dispuso a reconocer la independencia paraguaya, enviando a Santiago Derqui para negociar con el presidente paraguayo Carlos Antonio López (3). Ambas medidas eran viejas aspiraciones brasileñas. Finalmente, el triunfo de Urquiza trajo una consecuencia no buscada: la rebelión de la provincia de Buenos Aires contra su autoridad a través de la revolución del 11 de septiembre de 1852, y su erección en Estado separado. Este acontecimiento abría una nueva etapa de guerras civiles entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina que recién se cerraría en 1861. • NOTAS 1. Cifras citadas en Leslie Bethell (comp.), Historia de América Latina, Volumen 6, América Latina independiente, 1820-1870, Barcelona, Crítica, 1991, cap. 8, p. 302. 2. La decisión de Urquiza de otorgar la libertad de navegación de los ríos y de abolir las tasas interprovinciales tomó fuerza legal con la sanción de los artículos 12 y 26 de la Constitución de 1853. 3. En julio de 1852 el nuevo gobierno de la Confederación Argentina reconoció oficialmente la independencia del Paraguay, extendiendo a los habitantes de aquel país el mismo derecho de libre navegación del que disfrutaban los ciudadanos de las provincias del Litoral (Tratado de Límites, Amistad, Comercio y Navegación, Asunción, 17 de julio de 1852, ANA-SH, 298, Nº 17, cf. Thomas Lyle Whigham, The Politics of River Commerce in the Upper Plata, 1780-1865, Stanford University, Ph.D. dissertation, 1986, p. 116). A pesar del nuevo orden de cosas, la contradicción de intereses entre Buenos Aires y los estados platenses del norte constituía un obstáculo estructural que fue parte de la vida económica del Alto Plata, más allá de la sanción de medidas legales a favor del libre comercio y la libre navegación de los ríos. FUENTE: Reseña bibliográfica realizada por mi, extracto de los libros a continuación. Oszlak, "La Formación del Estado Argentino" Halperín Donghi, Una nación para el desierto Argentino" Botana "El Orden Conservador"

La Campaña del Desierto La Conquista del Desierto o Campaña del Desierto fue una campaña militar llevada a cabo por el gobierno argentino contra las naciones mapuche y ranquel, con el objetivo de obtener el dominio territorial de la Pampa y la Patagonia oriental, hasta entonces bajo dominio indígena. Antecedentes La Pampa y la Patagonia constituyó una amplia región de los pueblos originarios, que nunca pudo ser conquistada por los europeos, y que desde el siglo XVII se fue unificando bajo la cultura mapuche. Recién a fines del siglo XIX, Argentina y Chile, lograron ocupar la región mediante la guerra contra los indígenas. A la llegada de los europeos, el sur del continente americano, la Pampa y la Patagonia, estaba poblado por los pampas, los tehuelches (patagones) en la Patagonia oriental y los mapuches en la Patagonia occidental; Tierra del Fuego estaba habitado por una rama de los tehuelches, los selknams (onas), los yámana y los kawéskar. Con el desembarco de los conquistadores realistas en las riberas del Río de la Plata y la fundación de la ciudad de Buenos Aires durante el siglo XVI, se produjeron las primeras confrontaciones entre los españoles y el pueblo originario que habitaba la región pampeana, los pampas (het ó querandíes), llamados luego ranqueles, una vez integrados a la cultura mapuche en el siglo XVIII. A partir del siglo XVII una pequeña cantidad de bovinos abandonados por los españoles en las pampas, se multiplicaron naturalmente hasta conformar enormes manadas de bovinos salvajes. Tanto los pampas y mapuches, ocupantes de esos territorios, como los españoles y gauchos libres, se dedicaron a la caza de esos animales, lo que llevó a enfrentamientos entre unos y otros. Los españoles construyeron entonces una línea de fortines cercana a Buenos Aires y Córdoba, para ocupar zonas exclusivas de caza, llamadas vaquerías. Los pampas consideraron que los europeos habían usurpado invadiendo sus territorios, y durante siglos atacaron sus posiciones mediante un sistema de ataques en masa, denominados malones, utilizando diestramente el caballo, largas lanzas y boleadoras. Simultáneamente desde la Capitanía de Chile se procedía a un ataque sistemático sobre los mapuches, conocidos también como araucanos, que se conoció como la Guerra de Arauco. Entre los siglos XVII y XVIII los mapuches impusieron su cultura a la mayor parte de los pueblos indígenas que habitaban la pampa y la Patagonia. Desde fines del siglo XVIII, los españoles comenzaron lentamente a avanzar sobre territorio ranquel. El río Salado (Buenos Aires), que divide al centro la pampa occidental, se convirtió entonces en el límite entre ambas civilizaciones. Algunos indígenas solían trabajar en las estancias españolas, mestizándose con europeos, negros y otros indígenas. El origen social de los gauchos está relacionado con este proceso de mestizaje. Tras la independencia en 1816 Argentina mostró una abierta intención de ocupar las tierras de los ranqueles y mapuches. Las ofensivas coordinadas por Martín Rodríguez en 1823 y Juan Manuel de Rosas en 1833, desde la provincia de Buenos Aires, y de otros ejércitos argentinos desde la región del Cuyo, tuvieron como objetivo conquistar nuevos territorios en poder de ranqueles y mapuches, causando grandes bajas a estos últimos. Para la segunda mitad del siglo XIX, tanto Argentina como Chile se dispusieron a conquistar completamente los territorios habitados por los mapuches. En 1872 el jefe ranquel Cufulcurá, con un ejército originario de 6.000 combatientes, atacó las ciudades de General Alvear, Veinticinco de Mayo (Buenos Aires) y Nueve de Julio (Buenos Aires), resultando muertos 300 criollos y 200.000 cabezas de ganado. El hecho ha sido referido como un antecedente inmediato de las campañas emprendidas por el general Julio A. Roca conocidas como la Conquista del Desierto. La campaña de Alsina En 1875, Adolfo Alsina, ministro de Guerra bajo el presidente Nicolás Avellaneda, se presentó al gobierno con un plan que más tarde describió como apuntar a poblar el desierto y no a destruir. Entonces se firmó un tratado de paz con el cacique Juan José Catriel, sólo para ser roto corto tiempo después cuando atacó junto al cacique Namuncurá, Tres Arroyos, Tandil, Azul (Buenos Aires) y otros pueblos y granjas en un ataque incluso más sangriento que el de 1872. Alsina respondió al atacar a los originarios, forzándolos a retroceder y a dejar los fortines en su camino hacia el sur para proteger los territorios conquistados; y, para evitar el transporte del ganado robado construyó la llamada Zanja de Alsina, que sirvió como límite para los territorios sin conquistar. Los originarios continuaron sus ataques al recolectar vacas de las chacras en la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de Mendoza, pero la hallaron difícil para escapar con los animales que hacían su marcha lenta y tuvieron que enfrentar a las unidades de patrullaje que los seguirían. Muchos originarios que no sólo sufrieron de hambre sino que también la venganza del hombre blanco, decidieron unirse a las granjas-estancias para trabajar para ellos a cambio de comida y refugio, pero los otros se resistieron. Después de que Alsina muriera en 1877, Julio Argentino Roca fue nombrado nuevo Ministro de Guerra y prosiguió su trabajo. La campaña de Roca Roca, en contraste con Alsina, creía que la única solución contra la amenaza de los pueblos de origen era extinguirlos, subyugarlos o expulsarlos. A finales de 1878, empezó la primera ola para "limpiar" la zona entre la trinchera de Alsina y el Río Negro a través de ataques sistemáticos y continuos a los establecimientos de los indígenas. Con 6.000 soldados y rifles nuevos, en 1879 comenzó la segunda ola alcanzando Choele Choel en dos meses, la cual fue entregada pacíficamente por los originarios locales. Desde otros puntos, las compañías del sur hicieron su camino hacia el río Negro y el Neuquén; el tributario norteño del río Negro. Juntos, ambos ríos marcaban la frontera natural desde los Andes hasta el Atlántico. Muchos establecimientos fueron construidos en la cuenca de estos dos ríos, así como también en el río Colorado. Por mar, algunos establecimientos fueron erigidos en la cuenca sur del río Santa Cruz, principalmente por colonos galeses. La campaña final Roca siguió a Nicolás Avellaneda como presidente. Creyó que era imperativo conquistar el territorio al sur del río Negro lo más pronto posible y ordenó la campaña de 1881 bajo el mando del coronel Conrado Villegas. Dentro de un año, Villegas conquistó el territorio de la actual provincia de Neuquén (alcanzó el río Limay). La campaña continuó presionando a la resistencia de los pueblos originarios más al sur, para luchar la última batalla, el 18 de octubre de 1884. El último grupo rebelde de más de 3.000 miembros bajo el mando de los caciques Inacayal y Foyel, se rindieron dos meses después en la actual provincia de Chubut. INFORME OFICIAL DE LA COMISION CIENTIFICA agregada al Estado Mayor General de la EXPEDICION AL RIO NEGRO (PATAGONIA) realizada en los meses de Abril, Mayo y Junio de 1879, BAJO LAS ORDENES DEL GENERAL JULIO A.ROCA (Buenos Aires, 1881) El año 1879 tendrá en los anales de la República Argentina una importancia mucho más considerable que la que le han atribuído los contemporáneos. Ha visto realizarse un acontecimiento cuyas consecuencias sobre la historia nacional obligan más la gratitud de las generaciones venideras que la de la presente, y cuyo alcance, desconocido hoy, por transitorias cuestiones de personas y de partido, necesita, para revelarse en toda su magnitud, la imparcial perspectiva del porvenir. Ese acontecimiento es la supresión de los indios ladrones que ocupaban el Sur de nuestro territorio y asolaban sus distritos fronterizos: es la campaña llevada a cabo con acierto y energía, que ha dado por resultado la ocupación de la línea del Río Negro y del Neuquén. FUENTE: Ficha bibliografica realizada por mi. Autores a continuación. Botana "El orden Conservador" Ozslak "La Formación del Estado Argentino"

• La guerra entre Buenos Aires y la Confederación (mayo a noviembre de 1859) La mediación norteamericana A principios de julio de 1859, el ministro plenipotenciario del gobierno de Estados Unidos, Benjamin Yancey, ofreció su mediación para evitar la guerra entre la Confederación y Buenos Aires. El gobernador de Buenos Aires, Valentín Alsina, presentó por medio de su ministro Dalmacio Vélez Sársfield las siguientes bases generales para negociar: Bases generales cuyas explanaciones y consecuencias serán consignadas en su caso en el consiguiente tratado 1º Cada una de las partes contratantes reconoce la integridad nacional como principal objeto de todo arreglo, esto es, la unión definitiva de las catorce provincias argentinas bajo un gobierno común. 2º Para facilitar y aproximar la consecución de ese objeto, el actual presidente de la Confederación hará, apenas sean firmadas las presentes bases, el patriótico sacrificio de retirarse totalmente y por el espacio, al menos de seis años, de la vida pública; continuando en lo demás así en Buenos Aires como en la Confederación el respectivo orden actual, pero siendo entendido que queda restablecido en todas sus partes el statu quo creado por los tratados de 1854 y 1855. 3º La presente Constitución de la Confederación será revisada y modificada después del plazo que ella establece, es decir, después del 1º de mayo de 1863; e instalado que sea el sistema u orden de cosas que se establezcan entonces, cesará el statu quo de que habla la base 2a. 4º A esa revisación de la Constitución actual concurrirán diputados de Buenos Aires haciéndolo de la forma y lugar que ambas partes acordarán por medio de un convenio ad hoc el cual deberá ser ajustado seis meses antes del 1º de mayo de 1863. 5º El citado statu quo de 1854 y 55 será garantido por el gobierno de los Estados Unidos, al menos en su parte relativa a franquicias y libertades. Como el ministro Yancey se negó a discutir las bases del gobierno porteño, pues la renuncia de Urquiza era inaceptable para el gobierno de la Confederación, el gobierno de Alsina presentó nuevas bases. Desde Paraná, la capital de la Confederación Argentina, ya fracasada la mediación, Benjamin Yancey relató el 30 de agosto de 1859 en un informe dirigido al general Urquiza los detalles de la negociación con el gobierno porteño: En la entrevista del 10 del corriente, que fue la última, los negociadores de Buenos Aires propusieron una sola estipulación en sustitución de sus bases originales y a las mías; la cual trascribo aquí por su brevedad: "Tan pronto como el general Urquiza se retire de la vida política, el estado de Buenos Aires concurrirá a una convención nacional, a revisar la Constitución de la Confederación argentina de 1º de mayo de 1853 con el fin de reunirse inmediatamente a las demás provincias argentinas bajo una ley común". Ya puede concebirse la sorpresa que me causó semejante proposición. Los antecedentes de la última conferencia no justificaban ni aun la más remota sospecha de tal procedimiento. Si se consideraba la persona de V.E. como un obstáculo insuperable a cualquier arreglo ¿por qué continuó el gobernador Alsina sus conferencias conmigo (...)? (...) la proposición debió haber sido designada por el gobierno de Buenos Aires para cerrar la puerta a la negociación y cortar toda esperanza de paz. Para hacer justicia a los negociadores, es preciso indicar los argumentos que daban para una base semejante: Buenos Aires había estudiado y trataba de imitar el ejemplo de Estados Unidos de América: había iniciado la supremacía de la autoridad civil sobre la autoridad militar y desconocía el reino de los caudillos. Que V.E. había gobernado este país más o menos bajo una tiranía de veinte años. Que V.E. había demostrado mala fe al sitiar Buenos Aires en 1852, después de haber declarado a su gobierno el 19 de septiembre de 1852, que como director provisorio de la Confederación, dejaba a la provincia de Buenos Aires la completa libertad de disponer de su propio destino. Que también V.E. había violado y anulado los tratados de diciembre y enero de 1854 y 1855. Por consiguiente, Buenos Aires no podía confiar a V.E. o hacer arreglo alguno para incorporarse a la Confederación, mientras V.E. ocupase un puesto en el poder civil o militar. Opuse a estos argumentos que: el mismo doctor Sársfield, con el gobernador Alsina, en Palermo, después de la batalla de Caseros, en 1852, que derribó el poder del general Rosas, ofreció hacer a V.E. el primer presidente del nuevo gobierno. De manera que por su propia boca, deducía 13 de los 20 años de su argumento. Pero aún podía traer a Buenos Aires a una época más reciente. Hizo tratados con V.E. en 1854 y 1855. Tres años más de deducir. Siendo 16 de los 20: aún más. Ahora dos años el honorable señor Christie, ministro plenipotenciario de S.M.B. cerca del gobierno de la Confederación, emprendió una mediación igual a la mía. El gobierno de Buenos Aires, como ahora, presentó sus bases. No contenían esa demanda relativa a la persona de V.E. y pedían menos que las bases que yo ofrecía a Buenos Aires. De los 20 años quedaban pues refutados 18. Pero aún más; el señor ministro de gobierno tuvo a bien facilitarme el día antes, las bases de un arreglo que en 4 de octubre último había presentado al honorable senado de la Confederación, el señor don Benjamín Villafañe. Contenían seis artículos. (...) no contenían demanda alguna sobre el retiro de V.E. de la vida pública. Esto tuvo lugar ahora diez meses. De modo que, el mismo ministro, refutaba su argumento y lo reducía al tiempo presente. Yo me ocupé luego en considerar las cosas en que se imputaba mala fe a V.E. Expuse que V.E. no mandó el ejército de la Confederación a Buenos Aires en 1853, sino después que Buenos Aires había enviado en los buques del gobierno, una partida de filibusteros a la provincia de Entre Ríos, que hizo estragos en la ciudad de la "Concepción del Uruguay". El primer síntoma de mala fe aparecía, pues, por parte de Buenos Aires. Sobre este punto, el doctor Sársfield, pidió permiso para interrumpirme con el fin de hacerme una rectificación cronológica, y sostuvo que el suceso al cual yo aludía ocurrió después del sitio de 1853, durante el cual V.E. había desvastado parte de la provincia de Buenos Aires. Yo manifesté la seguridad que tenía en la exactitud de mi aserto y que no obstante eso me remitía a su co-negociador el señor Mármol, quien dio su fallo en mi favor. Más: la historia establecía el hecho de que la primera violación de los tratados, 1854 y 1855, fue de parte de Buenos Aires; pues la causa que impelió a la Confederación a anular esos tratados, era la violación de la integridad territorial de la Confederación por parte del coronel (hoy general) Mitre, pasando con fuerza armada a la provincia de Santa Fe, en persecución de algunos ladrones de ganado. El aprisionamiento de esos hombres en el territorio de Buenos Aires hubiera sido legítimo. Pero emplear la fuerza no para evitar el delito sino para castigarlo, dentro del territorio de la Confederación, en vez de demandar civilmente el castigo de los delincuentes y reclamar sus perjuicios, es una violación manifiesta de los tratados.(...) Sólo me quedaba decir que no estaba de acuerdo con la opinión de los negociadores y que el juicio del mundo no apoyaría a su gobierno, en esta base. Las naciones más ilustradas de la tierra, la Inglaterra, la Francia, la Prusia, la Cerdeña, la España, el Brasil y los Estados Unidos de América habían acreditado sus ministros cerca del gobierno de la Confederación, presidido por V.E. y no cerca de Buenos Aires; y esas mismas naciones habían considerado a V.E. para tratar. Estos hechos, y el conocimiento de que V.E. respetando la Confederación había mandado ofrecer a aquel gobierno condiciones aún más liberales que las que exigieron en varias ocasiones, darán por resultado que el juicio ilustrado del mundo no sostendrá a Buenos Aires en precipitar al país en una guerra fratricida, por una mera antipatía personal retardando la civilización, destruyendo el bienestar de los colonos extranjeros, y ruinosa para el comercio. Terminada así la negociación, me despedí de los negociadores de Buenos Aires (...). Asimismo, el informe enviado por Yancey al presidente de los Estados Unidos adjudicaba gran parte de la culpa por el fracaso de las negociaciones al gobierno de Buenos Aires. Los documentos relativos a las mismas fueron publicados en Paraná y Montevideo como propaganda en favor de la causa de la Confederación. Sin embargo, Urquiza y el gobierno de Paraná tampoco habían demostrado su inclinación por alcanzar un compromiso. Ejemplo de ello fue que la flota de la Confederación había recibido órdenes el 8 de agosto, cuando las negociaciones todavían estaban en curso, de capturar barcos porteños anclados en la rada exterior del puerto de Buenos Aires. Asimismo, a principios de agosto patrullas confederadas habían cruzado la frontera y matado algunos hombres a pesar de la promesa de Urquiza de suspender las hostilidades. A causa del último incidente Urquiza envió a Buenos Aires a Juan Francisco Seguí para dar explicaciones a Yancey y a las autoridades porteñas. Este llegó después del 10 de agosto, es decir después de finalizada la mediación, y a pesar de que trató de reanudar las negociaciones, el gobierno de Buenos Aires se mostró completamente renuente. Fracasada la mediación de Yancey hubo otros dos ofrecimientos importantes. Las grandes casas comerciales con intereses en el Río de la Plata, incluidas Baring y Rothschild de Londres y Brath de París, solicitaron a sus gobiernos la intercesión en la guerra civil que se vislumbraba en el Río de la Plata. Consecuentemente, el ministro británico en Montevideo, Edward Thornton, y el ministro francés en Paraná, Lefèbvre de Bécour, recibieron instrucciones de ofrecer sus buenos oficios a los beligerantes. A la vez, el ministro británico en Río de Janeiro recibió órdenes de invitar a participar de la mediación al gobierno brasileño. Pero antes de que los preparativos para ésta estuvieran finiquitados, Urquiza aceptó a fines de agosto el ofrecimiento de mediación realizado por Paraguay. Lamentablemente cuando Francisco Solano López llegó al escenario de los sucesos para iniciar las negociaciones, la lucha ya estaba en vías de desencadenarse. • El Convenio de Unión o Pacto de San José de Flores (noviembre de 1859) Las instrucciones del gobierno de Buenos Aires a sus comisionados contenían cláusulas que el presidente Urquiza no podía aceptar. Pero las tensiones entre ambos estados se allanaron con la renuncia del gobernador de Buenos Aires, Valentín Alsina. Su hijo Adolfo, publicó un artículo declarando que el gobernador porteño había renunciado porque "dos comisiones legislativas se lo exigieron". En la Legislatura provincial se había declarado que Valentín Alsina "era en ese momento inútil para la paz como para la guerra" (1). Con la renuncia de Alsina y su reemplazo por el hasta entonces presidente del Senado porteño, Felipe Llavallol, se allanaron todos los obstáculos para la unión de Buenos Aires al resto de la Confederación. La misma se concretó con la firma del Convenio de Unión en San José de Flores el 10 de noviembre de 1859, ratificado por ambas partes al día siguiente. El Convenio de Unión fue firmado en nombre del presidente de la Confederación Argentina por Tomás Guido, Juan Esteban Pedernera y Daniel Aráoz. Por parte del gobierno de Buenos Aires los firmantes fueron el doctor Carlos Tejedor y Juan Bautista Peña. Dicho convenio establecía lo siguiente: Artículo 1º. Buenos Aires se declara parte integrante de la Confederación Argentina y verificará su incorporación por la aceptación y jura solemne de la Constitución nacional. Art. 2º. Dentro de veinte días de haberse firmado el presente convenio se convocará una convención que examinará la Constitución de mayo de 1853, vigente en las demás provincias argentinas. Art. 3º. La elección de los miembros que formarán la convención, se hará libremente por el pueblo y con sujeción a las leyes que rigen actualmente en Buenos Aires. Art. 4º. Si la Convención provincial aceptase la Constitución sancionada en mayo de 1853 y vigente en las demás provincias argentinas, sin hallar nada que observar a ella, la jurará Buenos Aires solemnemente el día y en la forma que esta convención provincial designase. Art. 5º. En el caso que la convención provincial manifieste que tiene que hacer reformas en la Constitución mencionada, estas reformas serán comunicadas al gobierno nacional, para que presentadas al Congreso federal legislativo decida la convocación de una convención ad hoc que las tome en consideración y a la cual la provincia de Buenos Aires se obliga a enviar sus diputados, con arreglo a su población, debiendo acatar lo que esta convención, así integrada, decida definitivamente, salvándose la integridad del territorio de Buenos Aires, que no podrá ser dividido, sin el consentimiento de su legislatura. Art. 6º. Interin llega la mencionada época, Buenos Aires no mantendrá relaciones diplomáticas de ninguna clase. Art. 7º. Todas las propiedades de la provincia que le dan sus leyes particulares, como sus establecimientos públicos, de cualquier clase y género que sean, seguirán correspondiendo a la provincia de Buenos Aires y serán gobernados y legislados por la autoridad de la provincia. Art. 8º. Se exceptúa del artículo anterior la aduana, que como por la Constitución federal corresponden las aduanas exteriores a la nación, queda convenido en razón de ser casi en su totalidad las que forman las rentas de Buenos Aires, que la nación garante a la provincia de Buenos Aires su presupuesto de 1859, hasta cinco años después de su incorporación, para cubrir sus gastos, inclusive su deuda interior y exterior. Art. 9º. Las leyes actuales de aduana de Buenos Aires sobre comercio seguirán rigiendo hasta que el Congreso nacional, revisando las tarifas de aduana de la Confederación y Buenos Aires, establezca la que ha de regir para todas las aduanas exteriores. Art. 10º. Quedando establecido por el presente pacto, un perpetuo olvido de todas las causas que han producido nuestra desunión, ningún ciudadano argentino será molestado de modo alguno, por hechos ni opiniones políticas durante la separación temporal de Buenos Aires, ni confiscados sus bienes por las mismas causas, conforme a la constitución de ambas partes. Art. 11º. Después de ratificado este convenio, el ejército de la Confederación evacuará el territorio de Buenos Aires, dentro de quince días, y ambas partes reducirán sus armamentos al estado de paz. Art. 12º. Habiéndose hecho ya, en las provincias confederadas, la elección de presidente, la provincia de Buenos Aires puede proceder inmediatamente al nombramiento de electores para que verifiquen la elección de presidente hasta el 1º de enero próximo, debiendo ser enviadas las actas electorales antes de vencido el tiempo señalado para el escrutinio general, si la provincia de Buenos Aires hubiese aceptado sin reservas la Constitución nacional. Art. 13º. Todos los generales, jefes y oficiales del ejército de Buenos Aires dados de baja desde el año 1852, y que estuvieren actualmente al servicio de la Confederación, serán restablecidos en su antigüedad, rango y goce de sus sueldos, pudiendo residir en la provincia o en la Confederación según les convenga. Art. 14º. La República del Paraguay, cuya garantía ha sido solicitada tanto por el Excelentísimo señor presidente de la Confederación Argentina, cuanto por el Excelentísimo gobierno de Buenos Aires, garante el cumplimiento de lo estipulado en este convenio. Art. 15º. El presente convenio será sometido al Excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, para la ratificación del artículo precedente, en el término de cuarenta días, o antes si fuese posible. Art. 16º. El presente convenio será ratificado por el Excelentísimo gobierno de Buenos Aires y por el Excelentísimo señor presidente de la Confederación Argentina, dentro del término de cuarenta y ocho horas, o antes si fuese posible. En fe de lo cual, el ministro mediador y los comisionados del Excelentísimo gobierno de Buenos Aires y del Excelentísimo gobierno de la Confederacióm Argentina lo han firmado y sellado con sus sellos respectivos. Fecho en San José de Flores a los diez días del mes de noviembre de mil ochocientos cincuenta y nueve. Si bien la firma del convenio de unión fue celebrada por muchos sectores locales y extranjeros -por ejemplo, una diputación representativa de los residentes y comerciantes británicos compuesta por los señores Drable, Feen, Drawle, Graham, Boid Hughes y otros se presentó ante el gobernador Llavallol y el presidente Urquiza reunidos en San José de Flores para felicitarlos-, no todos estaban conformes. Muchos de los emigrados porteños que formaron parte de las filas nacionales no estaban satisfechos con el acuerdo. Temían que una vez retirado el ejército confederado, el círculo exclusivista -o localista- porteño volviese a hostilizarlos. A esta desconfianza contribuía el tono belicoso de la prensa porteña, que se mantenía a pesar de la firma del convenio. Incluso llegaron a concretarse reuniones de los descontentos. Algunos opinaban que el mejor medio para modificar la situación era el asesinato del presidente Urquiza y la utilización de sus tropas para volver sobre la ciudad. Este último, al tener conocimiento de lo que se tramaba, se limitó a amonestar y arrestar al coronel Chapaco, el encargado de comandar la rebelión contra el entonces presidente de la Confederación Argentina. • NOTAS 1. J. Victorica, op. cit., p. 161. 2. Convenio de Unión, San José de Flores, 10 de noviembre de 1859, citado en ibid., pp. 162-164. • Las reformas propuestas por Buenos Aires a la Constitución de 1853 y su aprobación en octubre de 1860 Por disposición del pacto de San José de Flores el gobierno porteño debía convocar una convención constituyente en el plazo de veinte días para analizar la Constitución de 1853 y proponer las reformas que considerara necesarias. El proceso electoral al efecto volvió a enfrentar al gobierno surgido de la revolución septembrina y a la oposición. El Club Libertad, el partido de Alsina, Obligado y Mitre, representaba a los que tenían el gobierno en su poder. La oposición, heterogénea en su composición, estaba nucleada en el mucho más débil Club de la Paz. La lista electoral respaldada por el Club Libertad llevaba veinte candidatos de éste, diez del grupo opositor y cinco de grupos no partidistas. No obstante, el resultado final fue una convención dominada por el mismo grupo que había controlado a la provincia desde 1852 (1). Reunida la asamblea, se decidió designar una comisión para estudiar las modificaciones a la Constitución nacional. Integraron ésta siete personas: Luis Domínguez, Dalmacio Vélez Sársfield, José Barros Pazos, Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento, José Mármol y Antonio Cruz Obligado, de las cuales al menos cinco eran enemigos de Urquiza. Las recomendaciones que realizó esta comisión fueron presentadas a la convención a fines de abril de 1860, quedando ratificadas y preparadas para presentarlas al gobierno nacional a mediados de mayo. En virtud de la forma como se había conformado la convención, Scobie señala que las enmiendas sugeridas eran la "justificación de la resistencia porteña contra Urquiza y la Confederación" (2). La reforma propuesta por Buenos Aires trataba de proteger los derechos porteños en cuatro aspectos: ubicación de la capital, soberanía de la provincia, predominio económico y relaciones exteriores (3). Debido a la diversidad de opiniones respecto del primer tema, la cuestión capital fue pospuesta. La enmienda del artículo 3º -que federalizaba a la ciudad de Buenos Aires- estableció que la residencia de las autoridades nacionales debía ser declarada más tarde por ley del Congreso, previa cesión del territorio por una o más provincias. En cuanto al segundo aspecto de preservar la autonomía provincial, se reformaron los artículos 5º y 6º, suprimiendo la cláusula que exigía el sometimiento de las constituciones provinciales a la aprobación del gobierno nacional y restringiendo el poder de intervención federal. Además se aconsejó que los candidatos a legisladores nacionales debían haber residido un lapso de tiempo en la provincia a representar. Se enfatizó que los poderes no expresamente reservados al gobierno nacional pertenecían a las provincias. Se prohibió a los jueces federales ocupar simultáneamente cargos en las cortes provinciales. Se disminuyeron los poderes del ejecutivo nacional en época de receso del Congreso. El tercer aspecto era la cuestión económica. La convención provincial se preocupó por obtener una garantía constitucional para impedir una discriminación como la de los derechos diferenciales contra el puerto o la provincia de Buenos Aires. Asimismo se sumó a las facultades del Congreso una disposición similar para refirmar la igualdad de aranceles y evitar la supresión de las aduanas existentes en el momento de la incorporación de la provincia a la nación. La última gran preocupación de la convención provincial fueron las decisiones en materia de política exterior tomadas por la Confederación desde 1852. Debido a que ésta había firmado con España un tratado que aceptaba el ius sanguinis, los políticos porteños insistieron en que Buenos Aires quedara exenta de ese principio. A tal fin se agregó una reserva al artículo 31º. La Convención nacional ad hoc que debía tratar las reformas propuestas por la provincia de Buenos Aires se reunió en Santa Fe entre el 14 y el 25 de septiembre de 1860. En opinión de Scobie, si bien el objetivo aparente de la convención era la revisión de la Constitución de 1853, el hecho de su reunión constituía a la vez para las fuerzas políticas en pugna una oportunidad de ponerse a prueba. Esta vez, mitristas y urquicistas hicieron causa común contra los partidarios de Derqui. El "arreglo" respaldado por los primeros determinaba la aprobación de los poderes de todos los convencionales salvo dos; la aceptación de todos los tratados internacionales excepto el suscripto con España; la disposición de que después de 1866, ni el gobierno nacional ni los provinciales pudieran imponer derechos de importación; y la aceptación de "Confederación Argentina" como uno de los nombres oficiales del país. Luego que el grupo aliado consiguió la aprobación de sus condiciones, la tarea de la convención resultó sencilla. El 24 de septiembre se realizó la aprobación formal de la Constitución reformada y las sesiones se clausuraron al día siguiente (4). La Constitución con las reformas introducidas fue promulgada el 1º de octubre de 1860 por el presidente Derqui. Se mandó una copia al gobierno de Buenos Aires, quien la juró el día 21 del mismo mes. Por su parte, Derqui había comenzado a dar cumplimiento a su pacto con Mitre. El mismo día de la jura de la Constitución por parte del gobierno porteño, el presidente de la Confederación Argentina expidió un decreto cuyo artículo 1º decía: "Elévase al rango de brigadier general de los ejércitos de la República al coronel mayor don Bartolomé Mitre". Buscó además una participación mayor de los políticos porteños en el gabinete nacional. Así, nombró como ministro de hacienda a Norberto de la Riestra, acérrimo partidario de Mitre, quien dictó el decreto nacionalizando la aduana de Buenos Aires (5). También Derqui decretó el cambio de la denominación de Confederación Argentina por República Argentina y derogó los nombramientos de jueces de la Suprema Corte hechos por la presidencia de Urquiza. Asimismo otro decreto presidencial ordenó la sustitución de los parlamentarios que no estuviesen nombrados con ajuste a la reforma constitucional, que había introducido la variante (artículos 40º a 47º) de exigir a los representantes el requisito de ser naturales de las provincias que los eligieran o al menos tener dos años de residencia inmediata en ellas. Esta decisión de Derqui tendía a otorgar mayoría al partido liberal de Mitre en el Congreso, promesa que Derqui había efectuado al gobernador porteño. Los miembros del partido federal mostraron su irritación y se resistieron a acatar el mandato presidencial, factor que resquebrajó las relaciones entre Urquiza y Derqui. Por último, Derqui, apremiado por las necesidades económicas, decidió el 3 de noviembre, sin esperar la incorporación de los diputados de Buenos Aires, que la provincia disidente entregase no ya el millón y medio mensual sino los excedentes de sus rentas. Esto disgustó a tanto a los partidarios de Derqui como de Urquiza. A este factor se agregaron otras disposiciones de Derqui en materia de relaciones exteriores que favorecían al gobierno de Buenos Aires. La intención del presidente de alejarse de Urquiza y acercarse a Mitre demostrada con todas estas disposiciones terminaría convirtiéndose en explosiva a partir de los sucesos que tendrían lugar en San Juan. • NOTAS 1. J.R. Scobie, op. cit., pp. 262-263. 2. Ibid., p. 264. 3. Ibid., pp. 264-270. 4. Ibid., pp. 290-292. 5. Mitre a de la Riestra, 29 de octubre de 1860, MM, 10.085; Rejistro Nacional, IV, 360. No obstante, los funcionarios porteños continuaron administrando la aduana hasta la siguiente sesión del Congreso nacional; de la Riestra, en el ministerio de hacienda, constituía una garantía para que esto se cumpliera. R.J. Scobie, op. cit., p. 294, n. 216. • Nuevo convenio entre Buenos Aires y la Confederación (junio de 1860) La decisión de Mitre de enviar a Dalmacio Vélez Sársfield a Paraná no es interpretada de la misma manera por los historiadores. Para Gorostegui de Torres, Mitre demostraba con ello que encarnaba una política favorable a la unión entre los dos Estados. En cambio Julio Victorica señala que, no obstante la mala voluntad del gobernador Mitre en términos de negociación con el gobierno de Paraná, el ministro de gobierno de Buenos Aires, Domingo Faustino Sarmiento, al recibir la nota citada del ministro del interior del gobierno de la Confederación Pujol, decidió enviar un comisionado para negociar con el gobierno de Paraná, designando con ese objetivo a Vélez Sársfield. Por su parte, el gobierno de Derqui designó para entenderse con el comisionado porteño al ministro de guerra, Benjamín Victorica, a los secretarios Daniel Aráoz, Vicente G. Quesada y José María Cantilo. Dichos comisionados celebraron finalmente un convenio el 6 de junio de 1860. Algunos de sus artículos reflejaban los conflictivos intereses en juego: Art. 12º. El gobierno de Buenos Aires continuará en el régimen y administración de todos los objetos comprendidos en el presupuesto de 1859 aunque ellos correspondan por su naturaleza a las autoridades nacionales, hasta que incorporados los diputados de Buenos Aires al Congreso disponga éste sobre la materia y sobre el modo de hacer efectiva la garantía dada a Buenos Aires por el artículo 8º del convenio de 11 de noviembre. Art. 13º. Se exceptúa del artículo anterior, la parte relativa a las relaciones exteriores que Buenos Aires ha suspendido por el artículo 6º del pacto. Art. 14º. Entretanto el gobierno de Buenos Aires, para concurrir por su parte a los gastos nacionales, entregará al gobierno nacional mensualmente la suma de uno y medio millón de pesos moneda corriente, a contar desde la fecha de la ratificación del presente convenio. Art. 15º. El gobierno nacional considerando a la provincia de Buenos Aires, como lo es, una parte integrante de la nación, se compromete a ayudarle en la defensa de sus fronteras de las invasiones de los bárbaros, y al efecto ordenará la aproximación de dos regimientos de caballería a la línea divisoria de Buenos Aires a las órdenes del comandante general de la frontera norte de aquella provincia, para que lo auxilie toda vez que lo requiera, en caso de invasión de indios o de persecución de ellos. Art. 16º. El Congreso legislativo integrado con los diputados de Buenos Aires dictará a la brevedad posible las disposiciones necesarias a uniformar la legislación aduanera y a mejorar en lo posible la protección al comercio general; mientras tanto continuarán rigiendo respectivamente las leyes y prácticas aduaneras hoy vigentes. Art. 17º. Los productos naturales o manufacturados de Buenos Aires son libres de derechos de introducción en las aduanas de las demás provincias, como lo serán en la de aquélla los productos y manufacturas de éstas. Art. 18º. El gobierno nacional en el deseo de que exista un vínculo más de unión, ofrece dictar en la forma que él crea oportuna los reglamentos y disposiciones que estime favorables al comercio recíproco para admitir el papel moneda de Buenos Aires con las aduanas de la Confederación en la cantidad que juzgue conveniente. (...) (1) Del contenido de los artículos citados de este convenio de junio de 1860 se desprende, según Victorica, la intención conciliadora del gobierno de Derqui, quien si bien refutó la intención del gobierno de Buenos Aires de definirse como Estado y no como provincia integrante del territorio de la Confederación (artículo 15º) y de manejar sus relaciones exteriores en forma independiente del gobierno confederado (artículo 13º), a la vez evitó socavar las atribuciones del gobierno de Buenos Aires en temas sensibles para este último -aduana, moneda, gastos de la provincia-, con el fin de favorecer el acercamiento con la provincia escindida y allanar el camino para su incorporación al resto de las provincias argentinas. En este sentido, el convenio fue útil pues logró tranquilizar momentáneamente los ánimos. En cambio, para Gorostegui de Torres, Buenos Aires sacó partido en el convenio de junio de 1860 de la desconfianza que crearon entre Derqui y Urquiza las hábiles intrigas porteñas, consolidando en las negociaciones la autonomía que pareció haber perdido luego de Cepeda (2). El punto clave de la cuestión lo constituía obviamente la entrega de la aduana porteña a la jurisdicción de las autoridades de la Confederación. Las autoridades de Buenos Aires habían demorado dicha entrega -establecida en el pacto de San José de Flores- pretextando que no podía concretarse hasta tanto no se resolviese la aprobación y jura de las reformas a la Constitución de 1853. La intención de dar solución a este punto crucial llevó al gobierno de Derqui a firmar el convenio del 6 de junio. Al mismo tiempo que Buenos Aires conservaba durante un período impreciso su aduana, la suma de 1.500.000 pesos moneda corriente (alrededor de 75.000 metálico) que Buenos Aires se comprometía a entregar mensualmente hasta la jura de la Constitución reformada, mejoraba algo las alicaídas finanzas de la Confederación, que logró colocar bonos al 1% en vez del 2% (3). Como una manera de confirmar que la paz había sido asegurada, Mitre invitó al presidente Derqui y a Urquiza a las celebraciones del 9 de julio a realizarse en Buenos Aires. En las ceremonias oficiales y privadas que se sucedieron hubo discursos emotivos y abrazos entre los tres protagonistas principales de la política nacional, pero el peligro implícito de la discordia estaba latente. Derqui deseaba en ese momento romper la tutela que sobre él ejercía Urquiza, y el contacto con Mitre era una oportunidad para lograr algún acuerdo que contrarrestara la mencionada influencia. La actitud de Derqui encontró respaldo en Mitre, quien a su vez deseaba despegar al nuevo presidente de la órbita del federalismo entrerriano para incorporarlo a su partido liberal en formación. A espaldas de Urquiza se forjó entonces un entendimiento, explicitado en una carta que el presidente de la Confederación enviara al gobernador de Buenos Aires el 17 de octubre de 1860 recordando el plan urdido en la ciudad porteña: Estoy de perfecto acuerdo sobre la política que conviene para garantir el orden y dar a la Administración Nacional una marcha desembarazada y útil, que afiance en el presente y para el porvenir el imperio de las instituciones, a que aspiro ardientemente, como he tenido ocasión de decírselo en ésa. Esa marcha no puede seguirse si no es con el Partido que profesa estos mismos principios y camina al mismo objeto. Ya comuniqué a Ud. en ésa mi resolución de gobernar con el Partido Liberal, donde están las inteligencias, y por esto tengo que trabajar en el sentido de darle mayoría parlamentaria, sin lo que no podría hacerlo; y tengo la seguridad de dársela (...) (4) Este pacto secreto trajo como consecuencia una serie de medidas del presidente de la Confederación que exaltarían los ánimos del partido federal urquicista, al evidenciar la intención del primero de alejarse de Urquiza y acercarse a Mitre, intención que se convertiría en explosiva a partir de los sucesos que tendrían lugar en San Juan. El asesinato del gobernador de San Juan, José Virasoro (noviembre de 1860). Su repercusión en las relaciones entre los gobiernos de Buenos Aires y la Confederación Argentina Urquiza, en un intento por recrear la armonía que amenazaba quebrarse, invitó al presidente Derqui y al gobernador Mitre a festejar el primer aniversario del Pacto de Unión en su residencia San José en noviembre de 1860. Pero un hecho grave quebró toda posible cordialidad: el asesinato del gobernador de San Juan y figura del partido federal, coronel José A. Virasoro, el 16 de noviembre de 1860, y su reemplazo por una figura del partido liberal opositor, el doctor Antonino Aberastain. Precisamente ese mismo día el presidente Derqui y los generales Urquiza y Mitre le habían dirigido la siguiente carta -única realización concreta de la reunión de los tres- instándolo a abandonar el poder. La carta decía: Con perfecto conocimiento del estado en que se encuentra la provincia de San Juan, a cuyo frente V.E. se halla y consultando las altas conveniencias públicas, a la vez que las exigencias de la opinión, de la cual podemos considerarnos intérpretes en esta ocasión, nos permitimos aconsejarle un paso que le honraría altamente y que resolvería de manera decorosa para todos la crisis por que está pasando esa desgraciada provincia. Este paso que le aconsejamos amistosamente es que meditando seriamente sobre la situación de la provincia de San Juan, tenga V.E. la abnegación y el patriotismo de dejar libre y espontáneamente el puesto que ocupa en ella, a fin de que sus aptitudes militares puedan ser utilizadas en otra parte, por la nación, con mayor honra para el país y para V.E. mismo.(...) El texto de esta carta era una prueba de que sus firmantes temían por la vida del gobernador Virasoro y quisieron evitar la posibilidad de un atentado en su contra. La prensa de Buenos Aires, principalmente El Nacional, venía publicitando hace tiempo el asesinato político de Virasoro, considerado como un tirano. Como había ocurrido con el general Nazario Benavides, los comisionados del gobierno llegaron tarde para evitar el asesinato de Virasoro. Según Julio Victorica y Mariano A. Pelliza, la prensa de oposición en Buenos Aires anunció que el ministro de hacienda, Rufino de Elizalde, había facilitado al de gobierno, Domingo Faustino Sarmiento, un millón y medio de pesos papel para derrocar a las autoridades de la provincia de San Juan. El ministro de hacienda quiso defenderse del cargo, pero la constancia de que el órgano oficial del ministro de gobierno había anunciado con una anticipación de seis días la muerte del gobernador Virasoro fue un factor que le impidió a Elizalde desligarse de su responsabilidad en el asesinato. El asesinato del gobernador de San Juan llevó al presidente Derqui, a pesar de los esfuerzos del gobernador de Buenos Aires, a intervenir aquella provincia. El encargado de normalizar la situación interna sanjuanina fue el gobernador de San Luis, coronel Juan Saá. El interventor desconoció la autoridad del nuevo gobernador, Antonino Aberastain, quien intentó resistir, pero fue vencido y tomado prisionero. La situación se complicó aún más cuando, al marchar Saá a ocupar la capital sanjuanina, uno de sus jefes pasó por las armas a Aberastain, temiendo una posible rebelión de los prisioneros. Las instrucciones de Derqui, que habían autorizado el uso de la fuerza, y la insistencia de Urquiza en vengar la muerte de Virasoro llevaron a este desenlace a pesar de que Derqui había dado seguridades a Buenos Aires de que se protegería al grupo liberal. La resolución drástica de la situación sanjuanina mereció la repulsa del gobierno de Buenos Aires e incluso del propio gobierno nacional. Los ministros de la Riestra y Pico renunciaron con lo cual terminó la cooperación porteña con el gobierno nacional. Mitre exhortó al resto de los gobernadores a condenar el asesinato de Aberastain, pero casi todos le contestaron que el asunto era de incumbencia de la autoridad nacional. No obstante, los intercambios de notas y discusiones entre el gobierno de la Confederación, los provinciales y el de Buenos Aires respecto del fusilamiento de Aberastain, con los cuales la prensa contribuía, lograron exacerbar las pasiones hasta el extremo de considerar nuevamente un enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno de Buenos Aires y el de la Confederación. La política de acercamiento de Derqui había fracasado rotundamente. En consecuencia, el presidente buscaría nuevamente el apoyo de Urquiza, quien, desde su gobierno en Entre Ríos y cansado de disputas internas, criticó el papel rector que se arrogaba el gobierno de Buenos Aires. Para Gorostegui de Torres, el asesinato de Virasoro y de Aberastain en San Juan eran capítulos de la rivalidad creciente entre los grupos políticos que respondían respectivamente al presidente de la Confederación, a Urquiza y al gobierno de Buenos Aires. Así, por ejemplo, San Luis y San Juan respondían al presidente Derqui; Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Mendoza estaban bajo influencia urquicista y los porteños contaban con el apoyo de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba. En un clima enrarecido por las tensiones se acercaba el momento en que la provincia de Buenos Aires debía proceder a su incorporación a la nación. La provincia eligió sus representantes al Congreso de acuerdo con una ley provincial, procedimiento que había sido aprobado por Derqui. Por su parte, el Congreso debía considerar una serie de cuestiones importantes como la situación en San Juan, la admisión de legisladores correntinos que no tenían el mínimo de residencia en su provincia, los problemas de aranceles ligados con la garantía asegurada a los porteños por los pactos, y la admisión de los diputados porteños. Para los grupos políticos la lucha por obtener la mayoría en la cámara de diputados era un asunto vital. Reunida ésta a principios de abril, decidió el rechazo de los diputados porteños por haber sido elegidos por la ley local. La razón de fondo era que éstos pertenecían al antiurquicismo extremo y habrían reforzado al grupo antifederal. La prueba decisiva para lograr la consolidación de la unión, es decir, la incorporación de los representantes de Buenos Aires al Congreso nacional y por ende su participación en el gobierno nacional, había pues fracasado. Los partidarios de Urquiza habían logrado que Derqui se inclinara otra vez a favor del partido federal. Los sucesos en San Juan y Corrientes y el rechazo de los diputados porteños habían barrido con la posición independiente de Derqui. Las intervenciones a las provincias que habían expresado su hostilidad a las acciones de Saá en San Juan o apoyado a Buenos Aires en el Congreso revelaban el nuevo rumbo tomado por el presidente. Estas amenazas contra los gobiernos provinciales proporteños fueron considerados como ataques al gobierno de Buenos Aires, a tal punto que Mitre prometía a aquéllos su ayuda si resistían. Como en los conflictos anteriores, la economía porteña pudo sobrellevar las medidas tomadas por el gobierno en previsión de la guerra, proceder a la movilización y ayudar a los gobiernos adictos del interior. En el mes de junio Mitre hizo cesar el envío de fondos a Paraná debido a la nacionalización de la aduana porteña. En el caso de la Confederación, nuevamente ésta debió apelar a empréstitos exorbitantes para reemplazar la falta de crédito público. Ante la imposibilidad de hallar forma de enfrentar el costo de la nueva campaña, para cada paso fue necesario una medida de emergencia. Un préstamo de 500.000 pesos de un capitalista local financió la intervención en Córdoba. La movilización de Rosario fue posible gracias a la venta de letras realizada por el gobierno con gran descuento. Los sueldos de los legisladores se pagaron gracias a un préstamo privado en Paraná. Se trató de aumentar las rentas con un aumento en los derechos del 3 al 6%. Debido a la supresión del subsidio porteño, se gravaron los envíos a la Confederación que entraran por las aduanas del Litoral. Ante la proximidad de una nueva guerra, los ánimos de los principales protagonistas estaban unánimemente contrariados. El presidente Derqui, antiguo amigo de Mitre y halagado por el general porteño al principio de su mandato, no se resignaba a que, tras tantos esfuerzos por satisfacer las exigencias del gobierno de Mitre, el amigo de ayer se convirtiese en el enemigo intransigente. Urquiza, por su parte, estaba lógicamente irritado. A diferencia de los días de Caseros, no tenía deseos de abandonar nuevamente su casa y su familia para tomar parte en una lucha para la cual no tenía motivaciones. Incluso en cierto momento pasó por su cabeza la posibilidad de formar un Estado independiente con Entre Ríos y Corrientes. A su vez Mitre era consciente de que todo su discurso de derechos de Buenos Aires, libertades de Buenos Aires y demás patrioterías con que trataba de justificar la guerra eran pretextos para acceder al gobierno del país. Pero estos pretextos habían ido más allá de lo que Mitre deseaba, embarcando a la sociedad porteña en una cruenta guerra cuyo precio político el gobernador porteño no estaba muy dispuesto a pagar. Además de la escasa vocación de Derqui, Mitre y Urquiza por llevar adelante una nueva guerra entre los Estados de Buenos Aires y la Confederación, cuyos réditos políticos eran inciertos en el mejor de los casos, se registraron vanos intentos de mediación para evitar la guerra. A los buenos oficios ofrecidos por los ministros de Francia e Inglaterra se sumó el encargado de negocios del Perú. Las negociaciones de éstos no fueron sencillas pues debían contemplar los puntos de vista de los tres polos de poder existentes en el momento. Los mediadores lograron finalmente que se celebrara una conferencia en el puerto de Las Piedras, ubicado en la provincia de Santa Fe, a bordo del buque de guerra inglés Oberon. A esta conferencia concurrieron el presidente Derqui, el general Urquiza y el gobernador Mitre. Aquí se llegó a un acuerdo sobre los principales puntos y se convino la designación de comisionados especiales para concretar la paz. Derqui nombró a Nicanor Molinas por el gobierno nacional y le entregó instrucciones insistiendo en las mismas condiciones que había presentado por primera vez a fines de junio. A su vez, las instrucciones dadas por Mitre a su comisionado Norberto de la Riestra eran casi puntualmente opuestas a las de Molinas. Los comisionados se reunieron a bordo del barco francés Fulminant el 15 de agosto pero pronto se hizo evidente que no podía llegarse a un acuerdo. Entre las propuestas del comisionado porteño figuraba que Buenos Aires continuara separado de la República Argentina hasta el año 1865, fecha en la que se acordaría el medio de su incorporación, y que la aduana quedase en poder de la provincia, entregando una mensualidad de 750.000 pesos papel. La Confederación exigía en ese momento 2.000.000 de pesos. La propuesta porteña significaba que los productos importados para el consumo de toda la República debían pagar los derechos en Buenos Aires. Estas condiciones resultarían inaceptables para el resto de las provincias. Los comisionados se limitaron al intercambio de proposiciones y acordaron someterlas a sus respectivos gobiernos. Los tres diplomáticos extranjeros presenciaron la reunión final entre Molinas y de la Riestra el 22 de agosto a bordo del Oberon. Las negociaciones se interrumpieron cuando el comisionado porteño anunció que sus instrucciones habían sido confirmadas. Los mediadores presentaron entonces una sugerencia de Urquiza: que se renovara el convenio de junio, agregándole un artículo adicional que estipulara la incorporación de la provincia en 1865. De la Riestra respondió que ese convenio ya no tenía ningún significado. Propuso en cambio una paz basada en un subsidio mensual de un millón de pesos y una limitación de la soberanía de Buenos Aires en relaciones exteriores. Su moción fue rechazada por Molinas. Los negociadores habían llegado al límite que permitían sus instrucciones. Se separaron entonces luego de firmar un protocolo que establecía una tregua de cinco días antes de reiniciar las hostilidades. Por otro lado, las desavenencias entre Derqui y Urquiza no habían ayudado a fortalecer la causa de la Confederación ni sus problemas financieros. El presidente siempre había tratado de lograr una posición más independiente respecto del vencedor de Caseros, incluso después de su ruptura con el grupo liberal. El único modo de lograr aquélla era mediante la constitución de un grupo de partidarios en las provincias, para lo cual había empezado a trabajar. Pero a fines de julio, el desacuerdo entre Derqui y Urquiza era materia de comentarios tanto en la Confederación como en Buenos Aires. Una decisión secreta tomada por el gabinete nacional bajo la gestión del vicepresidente Pedernera y presentada a Urquiza, entregando a éste plenos poderes para hacer la guerra o la paz con Buenos Aires, agudizó aún más el enfrentamiento. Este y otros episodios demostraron que los máximos gobernantes de la Confederación no tenían unidad en sus miras. Finalmente Derqui reasumió la presidencia en Paraná y Urquiza se hizo cargo del comando del ejército de la Confederación. A pesar del fracaso de la mediación de los diplomáticos extranjeros, Urquiza continuó con sus intentos por impedir la batalla. Aceptó rápidamente un llamamiento de Félix Frías, realizado a fines de agosto, para que ambos generales reanudaran las negociaciones. Incluso unos días antes del choque armado envió nota urgente a fin de lograr un arreglo con Mitre. La actitud del comandante en jefe de la Confederación contrastaba con la inclinación que demostraba Mitre hacia la ruptura, sobre todo a partir del 22 de agosto en que se habían dado por fracasadas las negociaciones. Los diarios porteños también exhortaban a la guerra. Los que desde Buenos Aires boicoteaban los intentos de unión nacional estaban de parabienes. Mitre prefería una nueva batalla a un arreglo decoroso para ambas partes. La única alternativa que el gobernador de Buenos Aires aceptaba era la entrega del gobierno nacional en sus manos. • La batalla de Pavón (septiembre de 1861) Finalmente, el ejército nacional, a cuyo frente estaba Urquiza chocó con las fuerzas porteñas comandadas por Mitre en la batalla de Pavón el 17 de septiembre de 1861. Los entretelones de esta decisiva batalla han sido objeto de análisis y discusión entre los historiadores. Para Julio Victorica, Pavón fue una batalla enmarcada en un contexto de comunicaciones previas a la batalla entre dos generales que deseaban negociar, Urquiza y Mitre. El primero no estaba motivado para presentar batalla, y al parecer Mitre garantizó al general entrerriano que sus propósitos eran respetar la Constitución nacional y no hostilizar a la provincia de Entre Ríos. Con estas garantías, Urquiza decidió retirarse del campo de batalla. Victorica rechaza una interpretación peyorativa de la actitud del general entrerriano, equiparando esta actitud de Urquiza a la del general José de San Martín después de la conferencia de Guayaquil con Simón Bolívar. Por su parte, Halperín Donghi sostiene la idea de que Pavón representó un acuerdo implícito entre Mitre y Urquiza, planteándolo en los siguientes términos: Vencedora (Buenos Aires) en 1861, (...) su victoria provoca el derrumbe del gobierno de la Confederación, presidido por Derqui y sólo tibiamente sostenido por Urquiza, que ha desarrollado una viva desconfianza hacia su sucesor en la presidencia. Mitre, gobernador de Buenos Aires, advierte muy bien los límites de su victoria, que pone a su cargo la reconstitución del Estado federal, pero no lo exime de reconocer a Urquiza un lugar en la constelación política que surge (...). A su vez, Isidoro J. Ruiz Moreno aporta una serie de elementos sugestivos para la comprensión de Pavón: el distanciamiento entre el presidente Derqui y el gobernador entrerriano y ex presidente Urquiza, alimentado por la necesidad del primero de despegarse de la influencia que sobre él ejercía el vencedor de Caseros; las negociaciones celebradas entre Derqui y Mitre durante la visita del primero y de Urquiza a Buenos Aires el 9 de julio de 1860, apuntando al fortalecimiento del partido Liberal no sólo en Buenos Aires sino en el resto de la Confederación; los escasos móviles que Urquiza tenía para intervenir militarmente contra las fuerzas de Buenos Aires, apatía potenciada por su distanciamiento de Derqui, su escaso interés en abandonar la tranquilidad de su residencia en Paraná por una lucha cuyo objetivo no percibía con claridad, y por el descubrimiento a través de algunas cartas del doctor Mateo Luque dirigidas al presidente Derqui, que mostraban que el Congreso de la Confederación trabajaba para robustecer la influencia del presidente de la Confederación en desmedro de su persona. Todos estos elementos contribuyeron a desmoralizar a Urquiza, quien, ante la sospecha en plena batalla de un nuevo entendimiento entre Mitre y Derqui, optó por retirarse sin definirla. Mas allá de la divergencia en las interpretaciones, lo cierto es que Pavón abrió el camino de la definitiva organización nacional, proceso que tuvo dos arquitectos: Urquiza y Mitre. Paradójicamente, uno y otro pagarían los costos del acuerdo y serían crucificados como traidores por los elementos intransigentes dentro del partido de la Libertad porteño y del federalismo provincial. El presidente Mitre, luego del desgaste del gobierno, acentuado por la guerra del Paraguay, debió renunciar a tener posibilidades protagónicas en la vida política argentina. El destino de Urquiza fue más trágico: sería asesinado por el caudillo entrerriano López Jordán en 1874. Conclusiones La pretensión de Urquiza de conformar un Estado único y organizado constitucionalmente con los débiles Estados provinciales de la época rosista -supuestamente deseado por la mayoría y que Rosas había aplazado indefinidamente- dio como resultado el surgimiento de dos Estados -la Confederación Argentina por una lado, y el Estado de Buenos Aires por el otro. El último, producto del rechazo de la elite gobernante de Buenos Aires a la organización promovida por Urquiza, pareció consolidarse con el paso del tiempo. Al asumir la cuestión visos de ser irreversible, el punto central se desvió entonces a la relación entre ambas partes. Un corto tiempo de relaciones cordiales terminó en marzo de 1856 cuando los tratados que garantizaban el statu quo fueron derogados por la Confederación, posiblemente con la intención de no fortalecer a su contendiente. Pero a su vez la Confederación no conseguía consolidar su poder como gobierno nacional, a pesar de lo cual -si consideramos parámetros realistas- o tal vez para dar solución a su precaria situación, aquélla mantuvo como objetivo principal el tratar de obligar a Buenos Aires a incorporarse al resto del país. Esto se intentó tratando de apoyar a los elementos opositores de los gobernantes porteños, lo cual provocaría la reacción totalmente contraria: es decir el respaldo de la provincia bonaerense al grupo gobernante y la elección del enemigo principal de la Confederación y de Urquiza como gobernador. La Confederación insistió entonces con la guerra económica contra el Estado de Buenos Aires, pero la solidez de éste en el aspecto económico-financiero -basada en su aduana y su banco- respaldaba el deseo segregacionista y frustraba los planes confederados. El fracaso de este esfuerzo, sumado al de la búsqueda de alianzas a nivel regional, hizo que el empleo de la fuerza fuera considerado como una solución plausible. A fines de marzo de 1859, Urquiza decidió exigir la unión del Estado de Buenos Aires proclamando la nulidad de sus actos en política exterior. En mayo, el Congreso lo autorizó a resolver la cuestión de la integridad nacional por medio de la guerra si fuera necesario. No obstante la opción por el choque armado pareció tener eco también en el otro lado del arroyo del Medio, pues la mediación norteamericana atribuyó su fracaso a las condiciones impuestas por Buenos Aires. Malogrados todos los intentos de llevar a las partes a un acuerdo se produjo la batalla de Cepeda. El triunfo de las fuerzas de Urquiza y la amenaza de que éste tomara la ciudad capital convencieron a los porteños de que debían capitular. El triunfo del proyecto de Urquiza de lograr la integración nacional pareció quedar confirmado por el pacto de Unión firmado en San José de Flores. Finalmente Buenos Aires se incorporaba al resto del país sobre la base del respeto a las disposiciones de la Constitución nacional -aunque se le permitía proponer reformas a la misma por no haber participado en su elaboración-. Además -y esto era la consecuencia más relevante- el Estado de Buenos Aires entregaba finalmente su aduana a la nación, con lo cual la Confederación obtenía el instrumento para su supervivencia. No obstante el triunfo urquicista era demasiado duro para ser aceptado por los círculos políticos dominantes en Buenos Aires. En consecuencia, un tácito consenso los llevó a resistir la incorporación y a retardar los pasos establecidos en el pacto firmado. La reunión de la convención constituyente provincial se demoró y no se entregó la aduana. En abril de 1860 se produciría un momento de gran tensión que nuevamente presagiaba la guerra. Pero a comienzos de marzo otro hecho cambió el escenario del poder político nacional. Derqui sucedió a Urquiza en la presidencia y esto creó un tercer polo de poder e inauguró una relación de fuerzas tripartita que sería significativa en términos de interdependencia. En mayo, cuando Mitre fue elegido gobernador de Buenos Aires, se completó el tercer vértice del triángulo. La mala relación entre Derqui- quien intentó forjarse una posición independiente de su antecesor- y Urquiza -quien no se resignaba a perder su papel rector en la política de la Confederación e intentó retenerlo desde su puesto de gobernador de Entre Ríos- derivó en una obligada competencia de ambos por alcanzar una acercamiento con Buenos Aires. Esto finalmente debilitó a la Confederación, al manejarse sus autoridades sin unidad en los objetivos. Derqui que era el peor hombre que podía ser electo presidente de la Confederación para los intereses de la política porteña pronto revirtió esa posición. Ante las posibilidades de jugar con Urquiza o con Mitre, Derqui se resolvió por el último. La perspectiva de la incorporación de los diputados de Buenos Aires al Congreso nacional, y los futuros procesos electorales de renovación de éste hacían prever que el apoyo de Buenos Aires iba a ser decisivo. Derqui decidió entonces inclinarse por Buenos Aires para encontrar respaldo electoral y hacer frente a Urquiza. Consecuentemente el presidente ofreció cargos en el gabinete nacional a hombres de Buenos Aires -especialmente a uno muy cercano a Mitre-, apelando a la justificación de que no estaba aplicando otra cosa que el ya conocido plan urquicista de fusión de los partidos. Urquiza no tuvo más remedio que ser espectador del lento desplazamiento de sus partidarios del gabinete de Derqui, quien sin duda debía la presidencia al apoyo del primero. Probablemente la intención de Derqui fuera situarse en un punto de equilibrio entre las fuerzas de Urquiza y de Mitre, pero su jugada no estaba exenta de cierto riesgo, pues siendo Derqui un hombre que carecía de partido, su afán independentista de Urquiza no tenía otra salida que la caída en la órbita porteña. Así, la maniobra tenía sus límites: cómo conservar el apoyo de los urquicistas al inclinarse por Mitre, y cómo mantener el de Mitre, conociendo éste que el vínculo con los primeros no podía disolverse. De esta manera, la llegada de Mitre al gobierno del Estado de Buenos en mayo de 1860 produjo, a pesar de las perspectivas negativas, un acercamiento con las autoridades de Paraná. Este dio como resultado la firma del convenio de junio, por el cual Buenos Aires recuperaba parte de los privilegios perdidos por el pacto de Unión. Especialmente conservaba la aduana contra entrega de un subsidio mensual a la Confederación. Derqui consideró que podía hacer esta concesión en favor de la paz. Luego de una reunión de los más altos protagonistas de la escena política de la época, con motivo de los festejos del 9 de julio en Buenos Aires, y que sirvió para que incluso observadores extranjeros detectaran facetas de la sórdida lucha entre los tres, un nuevo capítulo de la competencia Derqui-Urquiza-Mitre tendría lugar ante la reunión de la convención nacional ad hoc, que debía considerar las reformas a la Constitución de 1853 finalmente propuestas por el Estado de Buenos Aires. Aquí cada uno de los polos luchó denodadamente por imponer sus candidatos, aunque finalmente mitristas y urquicistas fueron los responsables del resultado de la asamblea, que prácticamente aceptó todas las propuestas de Buenos Aires. La rivalidad entablada entre los tres grandes se manifestó también en la lucha por el dominio de los gobiernos provinciales. Tanto el gobierno de Paraná como el de Buenos Aires trataron de conseguir el apoyo de los gobiernos de algunas provincias y cada uno consiguió cierta esfera de influencia. Si bien los intereses de ambos apuntaban a distintas provincias para evitar el conflicto, en el caso donde éstos confluyeron se produjeron hechos de gravísimas consecuencias. Fue el caso de San Juan, donde la supuesta implicación de los hombres de gobierno de Buenos Aires en el asesinato del gobernador tuvo su contrapartida en la sangrienta represión respaldada por las autoridades de Paraná. El hecho fue tan determinante que provocó el fracaso de la política de acercamiento de Derqui a Mitre y el fin de la cooperación de Buenos Aires en el gobierno nacional. El último capítulo de la competencia tripartita se produjo con motivo de la incorporación de los legisladores porteños al Congreso nacional. Luego de la reforma de la Constitución nacional aceptando las enmiendas propuestas por Buenos Aires, debía con este acto darse por terminado el proceso de integración de Buenos Aires con el resto del país. Los diputados porteños elegidos al efecto -por una ley provincial- pertenecían al antiurquicismo extremo y habrían hecho probablemente causa común con el liberalismo provincial y con el derquismo. Se produjo entonces una lucha entre Derqui -que apoyaba la admisión de los representantes porteños- y Urquiza -que la rechazaba- por obtener el apoyo de los diputados de la Confederación para sus proposiciones. Finalmente se impuso la corriente urquicista -en nombre del partido federal- y la cámara de diputados rechazó la incorporación de los porteños con el pretexto de no haber sido elegidos por la ley electoral nacional. Con ello Urquiza aseguraba la influencia federal en el Congreso, pero al costo de provocar el resurgimiento de la antinomia federalismo-liberalismo. Los sucesos en San Juan y el rechazo de los diputados porteños activaron la cuenta regresiva hacia un nuevo enfrentamiento armado. A diferencia del caso de Cepeda, Buenos Aires parecía esta vez sentirse fuerte. Su situación económica le permitía enfrentar los gastos de movilización y tenía un ejército en buenas condiciones. La Confederación, en cambio emitía señales de debilidad. La rivalidad entre Derqui y Urquiza dilapidaba los esfuerzos. El desgaste de la lucha política había alcanzado a Urquiza, quien ahora aspiraba solamente a proteger sus intereses, los de su provincia y como mucho los de Corrientes. Las fuerzas armadas de la Confederación estaban dispersas en distintas provincias: había que prepararlas y encontrar una motivación para la guerra. Ante este panorama, el círculo gobernante de Buenos Aires advirtió que era un momento inmejorable para hacer la jugada que venían esperando hacía tiempo. Se hicieron fracasar todas las negociaciones de paz y se provocó la batalla. El triunfo de Buenos Aires en Pavón produjo la consolidación de la integridad nacional pero bajo la hegemonía porteña, por lo cual la elite gobernante de esa provincia había luchado durante toda la década. FUENTE: Síntesis del período de la guerra entre Buenos Aires y la Confederación (mayo a noviembre de 1859) realizado por mi. Autores consultados, a continuación. Mirta Lobato y Juan Suriano "Atlas Histórico de la Nueva Historia Argentina" Halperín Donghi "Una Nación para el Desierto Argentino" Ozslak "La Formación del Estado Argentino" Botana "El Orden Conservador" Gallo