NASP12

Hola a todos. Esta es la primera vez que uso Taringa, mi idea es compartir mi opinión sobre la baja de la edad de imputabilidad. Está más bien visto desde el punto de vista de un uruguayo, pero se ajusta a otras realidades. Pequeño resumen: No estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. Si con esta medida los políticos buscan combatir la delincuencia entiendo que no va a ser efectiva. En Uruguay los jóvenes que cometen delitos son sancionados por el código penal del menor, que se aplica a partir de los 13 años de edad. Este código es el que establece el proceso de rehabilitación que tendrá la persona, ya que a fin y al cabo mandar a alguien preso es para que se corrija. Mi opinión es que no se debe trabajar en cambiar la edad de imputabilidad para ser jusgado con el código penal del adulto, sino que hay que cambiar el código penal del menor y todo el sistema penitenciario que este representa. Lograr establecer centros donde se someta a los jóvenes a una sana y severa rehabilitación. Es importante evitar que los jovenes infractores sean derivados a cárceles para mayores, ya que su pésimo funcionamiento hace que sean verdaderas universidades de delincuencia, las cuales también necesitan una gran reforma. Ensayo Argumentativo La sociedad uruguaya llegó, hace ya un buen tiempo, a un estado de molestia excesiva producto de este tema y los perjuicios que les genera los protagonistas del mismo. Este disgusto condujo a que aparezca la intolerancia, la terquedad, la obstinación, factores que no ayudan a poder encontrar una solución efectiva al problema por parte del sistema político, sino alternativas rápidas, que logran calmar el reclamo de la gente, en el corto plazo. Por eso es importante cuestionarse: ¿por qué no es una solución efectiva la baja de la edad de imputabilidad para el Código Penal del adulto? Lo que busca el sector Vamos Uruguay del Partido Colorado es bajar la edad con la cual se pueda imputar a los menores con el código penal del adulto. Concretamente a lo que apunta el movimiento liderado por el Sr. Pedro Bordaberry es considerar, solamente en casos delictivos, a los adolescentes de 16 y 17 años como personas mayores de edad. El proyecto cuenta a su vez con dos medidas más, la creación de un centro descentralizado de reclusión donde se pueda reivindicar a los jóvenes, y por último la modificación de la ley con respecto a los antecedentes de los menores, que se opta por mantenerlos. La realidad es que estas últimas dos propuestas ya fueron acordadas por ley, sin necesidad de consulta popular. A continuación se adjunta la reforma del artículo 34 del Código Penal propuesta por el Partido Colorado seguida por el actual pronuncio. Art.34. Minoría de edad. “No es imputable el que ejecuta el hecho antes de haber cumplido la edad de 18 años, salvo cuando se trate de un mayor de dieciséis años de edad, que cometiere los delitos de homicidio simple, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, violación, lesiones graves, lesiones gravísimas, violencia doméstica, disparo con arma de fuego -acometiendo con arma apropiada, rapiña y copamiento.” Art.34. Minoría de edad. “No es imputable el que ejecuta el hecho antes de haber cumplido la edad de 18 años.” Nicolás Núñez, secretario general de la juventud socialista opina al respecto: “No es efectivo, no va a funcionar. Porque no funcionó en ninguna parte del mundo. Creemos que va a empeorar el problema, va a generar más exclusión, más estigmatización. Nosotros tenemos otras propuestas las cuales no hay que esperar cuatro años para llevarlas a cabo.” Un gran debe del proyecto del Partido Colorado es que en caso que se apruebe, se llevaría a cabo por ley en el próximo gobierno, es decir dentro de cuatro años. El problema necesita soluciones antes. Es responsabilidad del gobierno actual que aparezcan estas soluciones. El sector liderado por Bordaberry, como oposición minoritaria, no tiene la posibilidad de incidir directamente en el asunto, por ende se limita no es la solución para todos los problemas, pero sostiene solamente a aportar ideas. Durante el gobierno de Tabaré Vázquez Vamos Uruguay presentó un combo de 50 medidas para combatir la inseguridad, las cuales no fueron tomadas en cuenta. El diputado Fernando Amado del Partido Colorado reconoce que el proyecto para la baja de la edad de imputabilidad que es algo. En una entrevista al abogado penalista Dr. Juan Fagundez por parte del canal 12 sostiene que: “Los centros de reclusión actualmente son universidades de delincuentes. Llevar a un joven a una situación de esas sería arruinarle la vida. En el sistema que tenemos ahora el joven potenciaría sus problemas” Actualmente la realidad es esa, si no se mejoran las instituciones de reclusión, si no se las dota de infraestructura, tecnología, gente capacitada, el problema no se va a solucionar. La frase “entran por una puerta y salen por la otra” ya es costumbre en este ámbito. La Asociación de Educación Católica se encuentra estrictamente en contra del proyecto de ley. Por medio de un comunicado emitido por el Canal 10 mantienen que: “Hay fallas en todos los sectores, policías, poder judicial, sistema educativo, INAU, los educadores, la sociedad civil, las familias. El problema tiene una multiplicidad de causalidades y no lo podemos resolver sobrecargando la responsabilidad sobre los que ya son víctimas. No nos preguntamos porque estos adolescentes pueden haber asumido el camino del delito.” No es fácil atacar todas esas falencias que tiene la sociedad, y es muy difícil que se logre en el corto plazo. Pero existen aspectos que exigen un cambio inmediato. El código penal juvenil debe ser reformado, no contempla la realidad de la sociedad actual. Esto se ve claramente cuando se observan las cifras de las personas detenidas en el Uruguay. Según datos oficiales de la Suprema Corte de Justicia actualmente hay 9000 mayores procesados y la cuestionable suma de 800 menores. La realidad es que lamentablemente tendrían que ser muchos más. Juan Bustos Ramírez, jurista, académico y político chileno elaboró un gran informe sobre este tema. Si bien las realidades sociales uruguayas y chilenas seguramente sean muy diferentes, existen conceptos interesantes que invitan a reflexionar: “La formula actualmente utilizada señala que ser imputable implica la capacidad de conocer la ilicitud del obrar y de poder actuar conforme a tal conocimiento. En definitiva se pone el acento en solamente dos aspectos psicológicos, el referente al conocimiento y el relativo a la voluntad. Pero la realidad psicológica del individuo no se agota en estos dos aspectos, y habría por ejemplo que considerar todo el problema de la afectividad” Es un tema muy polémico, debatido por muchos, pero planteado y estudiado como se debería por pocos. Afecta directa o indirectamente a toda la sociedad, gracias a esto y lo nombrado en primera instancia es prácticamente un hecho que si se lanza un plebiscito para votar si bajar o no la edad de imputabilidad el resultado sería el primero. Existen ciertos datos, que la sociedad en general ignora. Por ejemplo, Uruguay tiene una de las edades de imputabilidad en América Latina más baja, 13 años, superada por países como Venezuela y México que emplean la edad de 12. La cuestión aquí es el significado del término imputar, según la Real Academia Española imputar significa atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. En Uruguay, si un niño mayor de 13 años comete un delito, se lo imputa, pero con el correspondiente Código Penal del menor. Parece un dato obvio pero la realidad es que la mayoría de la gente desconoce. La falencia entonces, no es la edad de imputabilidad, es el Código Penal que se les atribuye a los adolescentes uruguayos, o mejor dicho el proceso de sanciones que establece el código, destacándose como principal responsable a la ineficiencia del procedimiento correccional del INAU.