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Primer post: 22 abr 2013Último post: 22 abr 2013
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Democratizacion o control absoluto de la Justicia?
Democratizacion o control absoluto de la Justicia?
OfftopicporAnónimo4/22/2013

POST EXPLICADO DE MANERA SIMPLE PARA QUE TODOS LOS TADRINGUEROS ENTIENDAN COMO VIENE LA MANO... PRIMERO EXPLIQUEMOS DE MANERA RAPIDA Forma de gobierno La Nación Argentina adoptó para su gobierno la forma Representativa, Republicana y Federal. Es Representativa porque gobiernan los representantes del pueblo; es Republicana porque dichos representantes son elegidos por el pueblo a través del sufragio. Es Federal porque los Estados Provinciales conservan su autonomía, a pesar de estar reunidos bajo un gobierno común (Gobierno Nacional). El sistema democrático argentino reconoce tres poderes fundamentales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tres poderes se controlan unos a otros para garantizar la descentralización del poder. Desempeñan el Poder Ejecutivo, un Presidente y un Vicepresidente por el término de cuatro años, pueden ser reelectos por un solo período consecutivo. Conforman el Poder Legislativo, representado por el Congreso de la Nación, dos cámaras, la de Senadores, compuesta por tres senadores por cada provincia y tres por la Ciudad de Buenos Aires, y la de Diputados, integrada por representantes elegidos de manera directa y proporcional al número de habitantes de cada distrito. El Poder Judicial es ejercido por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores. Cada provincia de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y bajo el sistema representativo federal, dicta su propia constitución que rige los actos de gobierno Los tres poderes se controlan entre sí. Ese Control mutuo se llama Sistema de frenos y contrapeso. Este sistema apunta a evitar que uno de los poderes adquiera excesivo poder. El Legislativo controla al Ejecutivo cuando aprueba o rechaza los decretos de necesidad y urgencia del Presidente o cuando aprueba los ascensos de los oficiales de las fuerzas armadas . Respecto del Poder Judicial el Senado aprueba las designaciones de los jueces. El Ejecutivo limita al Legislativo porque puede vetar sus leyes y puede llamar a sesiones extraordinarias si lo cree necesario. El Poder Judicial propone la designación de los jueces, pero a su vez dependen de que las propuestas le lleguen del Consejo de la Magistratura. El Judicial sanciona y aplica las leyes que sancionó el Legislativo y también puede declarar su inconstitucionalidad. AHORA VAYAMOS A LO QUE QUIERE HACER EL GOBIERNO... DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA O CONTROLARLA? pero antes debemos o deben entender que: El Gobierno no es sólo el oficialismo, es también la oposición. Cada uno tiene una responsabilidad para lo cual fue elegido por medio del sufragio. Qué mejor lugar para mostrar el descontento y hacer valer las diferentes posturas que en el Congreso de la Nación, donde se expresan las voces e intereses de todos los ciudadanos del país por medio de sus diputados y senadores nacionales. QUE QUIERE HACER LA PRESIDENTA...Y PORQUE? Como las decisiones más importantes del Consejo (la proposición de ternas de candidatos a juez, la acusación para la remoción, o la imposición de medidas disciplinarias) se toman por una mayoría agravada de sus miembros, de dos tercios de los votos -9 sobre 13-, y el oficialismo cuenta con 5 representantes políticos (un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes como mayoría por cada una de las Cámaras Legislativas), el Gobierno se hizo de un poder de veto sobre las cuestiones centrales en tratamiento del Consejo. Así, una terna no puede ser elevada sin su consentimiento, ni un juez sometido a jurado de enjuiciamiento o sancionado. De esa manera, aún un juez corrupto sabe que si está en buena relación con el Gobierno, éste puede impedir que se le inicie un procedimiento de remoción o se le imponga una medida disciplinaria. Con este nuevo proyecto, en que la Presidente busca volver a aumentar el número de miembros del Consejo de la Magistratura -de 13 a 19-, el Gobierno va por más. Al someter a elección popular a sus integrantes, y disponer en todos los casos una integración por mayoría y minoría como disponía nuestro sistema electoral de lista incompleta sancionado en 1912, la conocida Ley “Sáenz Peña” (de 6 académicos, son 4 para la mayoría y 2 para la minoría; de 3 jueces y 3 abogados son 2 para la mayoría y uno para la minoría; de 3 legisladores por cada Cámara, son 2 para la mayoría y uno para la minoría), el oficialismo se asegura que siendo mayoría electoral es también mayoría en el Consejo de la Magistratura. Además, la mayoría agravada para tomar las decisiones importantes se reduce a una mayoría absoluta (de dos tercios a más de la mitad de los votos), por lo cual pasa de tener un poder de veto o poder de bloquear decisiones a un poder autónomo para tomar las decisiones más importantes por su propia voluntad, sin necesidad de acuerdo con el resto de los integrantes. Esto, en definitiva, le da a la mayoría política el control sobre la designación y remoción de los jueces, lo cual destruye la noción de independencia de los jueces respecto del poder político y alinea a los magistrados con las mayorías electorales y partidarias. Así, los nuevos tribunales que se creen, como las Cámaras de Casación que propone otro de los proyectos, acabarán asegurando los intereses de la mayoría política y dejando sin efecto las decisiones de los jueces inferiores que actúen con independencia. Esto puede suceder, por ejemplo, si una nueva Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social (como la denomina el proyecto) revierte la jurisprudencia que la Cámara Federal de la Seguridad Social ha establecido en los casos de reclamos de jubilados por la movilidad de sus haberes. El resultado es particularmente grave si se considera que el Poder Judicial debe tener la capacidad de actuar como un Poder contra mayoritario, es decir, de proteger los derechos de los individuos frente a abusos del Gobierno y de controlar los actos de los poderes políticos y la corrupción. Si la Justicia depende de las mayorías y del poder político, no hay garantías para los derechos ni control.

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